La iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que debate el Congreso guatemalteco supondría un gran retroceso en los derechos del colectivo LGTB+ y de las mujeres.

Las protestas de los activistas y la presión internacional han logrado retrasar el tercer debate parlamentario previo a su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional denuncia que el Congreso de Guatemala está debatiendo una iniciativa de ley que pone en riesgo la vida de miles de niñas, mujeres y personas LGTBI.

Se trata de la 5272, una propuesta que fue presentada por un grupo de diputados conservadores encabezados por el presidente de la Comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, y que es conocida como Iniciativa por la protección de la vida y la familia. 

Viniendo de la derecha y con ese título no podemos esperar nada bueno de una ley que, si fuera aprobada (y sobre el papel está a punto de hacerlo), impondría una definición de familia exclusivamente heterosexual, prohibiendo expresamente los matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo.También formula el “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” y prohíbe promover programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. La 5272 pretende poner las cosas aún más difíciles y propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto”.

Aníbal Rojas, el principal impulsor de la 5272, es uno de esos diputados que basa su actividad política en decir que la familia y la vida no son negociables porque “el país tiene que recuperar sus valores cristianos”.

El rechazo ha sido mayoritario entre muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Para Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se trata de un descabellado proyecto que amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias. Luis Barrueto, de la organización LGTB+ Visibles, afirma que de aprobarse la iniciativa Guatemala volvería al siglo XVIII. Desde su asociación consideran, además, que la propuesta es una cortina de humo para desviar la atención del intento de aprobar otras medidas que otorgarían impunidad a los corruptos. Más o menos lo mismo que ha pasado en Rumanía.

La iniciativa 5272 ya ha superado los dos primeros debates parlamentarios y está a falta de un tercer y último debate para ser aprobada definitivamente artículo por artículo. El presidente, Jimmy Morales, también se ha manifestado a favor de que se apruebe, afirmando que “Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”

Este tercer debate se tenía que haber celebrado ya a principios de septiembre, aunque finalmente no fue así después de una manifestación de rechazo a la 5272 convocada en  las puertas del Congreso. Sandra Morán, una diputada feminista y que es de las pocas que se preocupa por los derechos LGTB+ en el país, agradeció a los presentes por su visibilidad y por luchar por sus derechos.

Morán se muestra optimista y afirmó que “puede que la 5272 ya no regrese, porque ganamos la batalla“. Sin embargo las asociaciones de mujeres, las organizaciones LGTB+ y otros activistas por los derechos humanos dicen que hay que seguir atentos y desde Amnistía Internacional piden que se continúe haciendo presión sobre el gobierno y los diputados guatemaltecos para que finalmente la iniciativa desaparezca de la agenda del Congreso.

Fuentes | Amnistía Internacional, Soy 502, vía EstoyBailando

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A pesar de que Guatemala es un firmante de la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas y ha apoyado diversas resoluciones de la Organización de los Estados Americanos sobre Derechos Humanos, orientación sexual e identidad y expresión de género, la discriminación social e institucional sigue siendo muy frecuente en el país. Además, la discriminación racista hacia la comunidad indígena y misógina hacia las mujeres hace que estos grupos sean especialmente vulnerables cuando pertenecen también al colectivo LGBTI. Con la victoria del candidato antisistema, teólogo evangelista y cómico de chiste facilón, Jimmy Morales, el domingo en las elecciones a la Presidencia de Guatemala todo apunta que los derechos para el colectivo LGBTI sufrirán un retroceso.

Morales responde con destellos de predicador cuando le preguntan sobre el aborto, el matrimonio homosexual y la legalización de cultivo de la marihuana: ‘No acepto ninguna de las tres. En el caso del matrimonio de personas del mismo sexo, lo rechazo porque no creo en eso y porque en Guatemala el 97% de la población tiene un pensamiento ético cristiano. Aprobar una ley así generaría desorden social’.

Sobre el aborto Morales dice firme: ‘No es propicio para el pensamiento guatemalteco. Soy cristiano evangélico. Mi fe está formada en la Iglesia bautista. Creo en la libertad de conciencia pero no en el aborto’.

Pese a sus 14 años en televisión, el humorista Jimmy Morales, era prácticamente desconocido en los sondeos hasta abril, cuando comenzaron a revelarse los casos de corrupción a los que la población respondió con manifestaciones de protesta sin precedentes.

Jimmy Morales, de 46 años, batió con un histórico 68,5 por ciento de los votos a la ex primera dama Sandra Torres, que obtuvo un 31,5 por ciento, haciendo de su falta de experiencia en la administración pública su principal baza electoral.

El ganador de las elecciones se comprometió a apoyar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mientras dure su gobierno de cuatro años que comienza en enero.

Para llegar a la presidencia, el actor cómico Jimmy Morales echó mano a los chistes y a los pasajes bíblicos a fin de explotar al máximo el descrédito de la elite política de Guatemala, hundida en una ola de escándalos de corrupción. Pero ahora tiene el reto de gobernar un país que no está para bromas. Sin experiencia política, ni plan de Gobierno, Morales prometió sacar a la mayor economía de Centroamérica de su peor crisis institucional en décadas a la cabeza del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) una heterogénea alianza de militares e izquierdistas. Sin embargo, algunos militares retirados serán clave para su gestión, como el teniente coronel retirado Edgar Ovalle, quien liderará a los 11 diputados de su débil bancada en el Congreso.

Declarado “nacionalista cristiano”, a favor de la pena de muerte y en contra del aborto, el matrimonio homosexual y la legalización de las drogas en un país profundamente religioso, Morales no ha dado más nombres de quién lo acompañará en su gabinete cuando asuma oficialmente en enero. Casado y con cuatro hijos, el artista buscó conectar con la mayoría pobre del país, con su historia niño humilde y madre viuda, a la que prometió poner fin a la corrupción reforzando la Fiscalía y renovando a la CICIG, el ente internacional que lideró las investigaciones contra Pérez Molina.

La homosexualidad en Guatemala es legal desde la Reforma Liberal de 1871, aunque los ciudadanos LGBTI guatemaltecos aún hoy sufren diversas formas de discriminación. Actitudes machistas, homofóbicas, lesfóbicas y transfóbicas todavía están muy arraigadas en la sociedad. Las identidades sexuales y de género no están reconocidas por el sistema legal de Guatemala y el Estado no garantiza ninguna protección para las parejas del mismo sexo.

La mayor parte de la población es miembro de alguna iglesia cristiana, instituciones que tradicionalmente han mantenido una actitud conservadora, patriarcal y heteronormativa acerca de la diversidad sexual, condenando la homosexualidad, el travestismo o la transexualidad por la creencia de que son conductas inmorales.

Los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género siguen siendo tolerados por el gobierno a pesar de numerosos informes nacionales e internacionales que alertan sobre esta problemática. Es especialmente preocupante la violencia dirigida hacia las personas transgénero. Sólo entre 2001 y 2006 fueron asesinadas 17 personas transexuales. La falta de derechos civiles y políticos así como de protecciones contra los crímenes de odio contribuye a que la violencia contra el colectivo LGBTI permanezca ignorada.

La comunidad LGBTI guatemalteca se ha mostrado muy activa en los últimos años organizando numerosos eventos a través de distintas campañas de concienciación sobre la diversidad sexual, las Marchas por la diversidad sexual que vienen celebrándose anualmente desde 2010 en Quetzaltenango con reivindicaciones por la igualdad o el Festival de cine por la diversidad sexual que incluye películas nacionales e internacionales además de exposiciones, talleres y charlas informativas.

Fuente Agencias

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