El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato a los funcionarios de Mississippi, por el que les impide objetar la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas.  La orden es de inmediata aplicación e impide que la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa promulgada por el gobernador del estado el pasado mes de abril, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, sea utilizada con ese propósito. Tanto el gobernador como el fiscal general de Mississippi han expresado su intención de apelar la decisión del juez Reeves.

Carlton W. Reeves fue el juez federal que en noviembre de 2014 dictaminó que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Mississippi violaban el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En aquella ocasión, también emitió un mandato a los funcionarios del estado sureño para que dejasen de aplicar dichas leyes y facilitasen el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Su mandato, sin embargo, fue suspendido por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito mientras se decidía la apelación presentada por el gobernador Phil Bryant y el fiscal general Jim Hood. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, no obstante, nunca llegó a decidir al respecto, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio igualitario en todo el país antes de que tomara decisión alguna.

El pasado mes de abril, el gobernador Bryant promulgó la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor o funcionario estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB. En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

La ley tomará efectos el próximo 1 de julio, y ya ha sido recurrida por organizaciones de defensa de los derechos civiles como Campaign for Southern Equality. El juez encargado del recurso no es otro que el propio Carlton W. Reeves, que aún debe decidir si todas las medidas que establece la ley se ajustan o no a derecho. Pero antes de que prosiga el proceso del recurso y emita su dictamen, el juez Reeves ha tomado la decisión de emitir un mandato que impide a los funcionarios de Mississippi que objeten la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas. Y lo ha hecho porque entiende que este nuevo mandato no es más que una prolongación del que emitió en noviembre de 2014, cuando dictaminó a favor del matrimonio igualitario, dictamen respaldado por el propio Tribunal Supremo. Es decir, esa parte de la ley aprobada por las cámaras de Mississippi contraviene su sentencia anterior y por lo tanto no puede ser aplicada.

En su mandato, el juez Reeves aclara que “los funcionarios electos de Mississippi pueden estar en desacuerdo con Obergefell [el nombre con que es conocida la sentencia del Tribunal Supremo favorable al matrimonio igualitario], por supuesto, y pueden expresar ese desacuerdo como mejor les parezca —por ejemplo, abogando por una enmienda constitucional para revocar la decisión—, pero la cuestión de las licencias de matrimonio no va a ser considerada de nuevo después de cada sesión legislativa”.

Roberta Kaplan, abogada contratada por Campaign for Southern Equality, bien conocida por su exitosa labor en el precursor caso Windsor (el que dio fin a la discriminación federal de los matrimonios del mismo sexo), emitió el siguiente comunicado elogiando la decisión de juez Reeves: “Un año después de que el Tribunal Supremo garantizase el matrimonio igualitario en el caso Obergefell, estamos encantados de que el juez Reeves reafirme el poder de los tribunales federales para aclarar definitivamente lo que significa la Constitución de los Estados Unidos”.

Por su parte, la portavocía del gobernador Bryant y la del fiscal general Hood han comunicado que se encuentran estudiando el mandato del juez Reeves, y que se plantean presentar el correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.

Fuente Dosmanzanas

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Tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reacción adversa de los representantes políticos más conservadores no se ha hecho esperar. Los jueces y fiscales más reaccionarios también han expresado su indignación con la igualdad para los ciudadanos LGTB estadounidenses. Todo augura la presentación de un abanico interminable de leyes, que subrepticiamente traten de impedir el ejercicio de lo que ya se ha dictaminado que es un derecho constitucional inalienable.

El hecho de que la sentencia haya llegado prácticamente en fin de semana, y que además ya haya comenzado el período de inactividad estival en las cámaras estatales, ha jugado a favor para que las celebraciones del Orgullo este 28 de junio hayan podido tener lugar sin demasiado alboroto político o judicial en los Estados Unidos. Sin embargo, todo hace prever que no será así siempre. Por lo pronto, ya son varios los gobernadores que han afirmado que funcionarios y jueces pueden negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo si esto contraviene sus creencias religiosas. Una normativa semejante fue aprobada recientemente en Carolina del Norte, que parece ser el ejemplo a seguir por los gobernadores más recalcitrantes.

Texas

El primero de ellos ha sido el vicegobernador de Texas, el republicano Dan Patrick. Cerrado el periodo de sesiones de Cámara de Representantes y Senado sin que hayan prosperado las iniciativas LGTBfóbas presentadas por problemas de calendario, a Patrick solo le ha quedado la “imaginación legislativa” como recurso.

Este año se aprobó la “Ley de Protección de los Eclesiásticos”, que permite a las responsables de las confesiones religiosas rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Durante su aprobación, los ponentes llegaron a comparar a los gais con asesinos en serie, el matrimonio entre personas del mismo sexo con el holocausto judío y la homosexualidad con la pedofilia y el bestialismo. La ley fue aprobada por 141 votos a favor y 2 en contra.

El vicegobernador Patrick ha ordenado al fiscal general de Texas que amplíe la ley para incluir en ella a jueces, secretarios de condado y funcionarios. De esta forma, podrán rechazar a las parejas del mismo sexo que pretendan casarse si eso contraviene sus sinceras creencias religiosas. No cabe duda de que esta iniciativa es tan solo un parche en espera de que el nuevo período legislativo posvacacional dé comienzo y leyes mucho más severas sean presentadas y aprobadas por amplia mayoría. Obviamente, todas ellas serán denunciadas ante los tribunales por su evidente inconstitucionalidad, pero son una seria cortapisa al ejercidio de los derechos LGTB.

Luisiana

Bobby Jindal es el gobernador republicano de Luisiana, y comunicó recientemente su intención de luchar para ser candidato a las elecciones presidenciales por su partido. Quizás por ello fue uno de los más duros en su reacción inicial. Jindal pretendía ignorar la prevalencia de la sentencia del Tribunal Supremo y demorar su ejecución hasta que la Corte de Apelaciones del  5º Circuito decidiera sobre la sentencia desfavorable al matrimonio igualitario de septiembre de 2014, la única de este cariz en un tribunal federal.

Las parejas implicadas ya habían presentado sus peticiones para una moción de urgencia de la Corte de Apelaciones que obligara al acatamiento de la sentencia del Supremo. Sin embargo, la realidad jurídica se ha impuesto y las primeras bodas de parejas del mismo sexo ya se han celebrado, a pesar de que la asociación de secretarios de condado aventurase que la ejecución sentencia del alto tribunal podría posponerse 25 días, que es el plazo existente para que se puedan presentar alegaciones.

Pero Jindal no se ha rendido, y ha comunicado de inmediato que la orden ejecutiva que firmó el pasado mes de mayo sobre la “libertad religiosa”, ampara a los funcionarios y jueces que rehúsen celebrar enlaces entre personas del mismo sexo si contraviene sus creencias religiosas. La orden ejecutiva fue emitida por el gobernador Jindal después de que un proyecto de ley con ese contenido fuera rechazado por el comité legislativo de la Cámara de Representantes del estado, dada su evidente inconstitucionalidad.

Alabama

Quien no puso objeciones a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fue el gobernador de Alabama, Robert Bentley, que comunicó de inmediato que la acataría, como es su deber, a pesar de su fuerte desacuerdo. Pero en Alabama el problema no es el gobernador, sino el presidente de su Corte Suprema, Roy Moore. A pesar de que existía una sentencia favorable al matrimonio igualitario de la juez federal Callie V. S. Granade, y que tanto la Corte de Apelaciones como el propio Tribunal Supremo rehusaron suspenderla durante la apelación, el juez decidió ordenar a todos los funcionarios de Alabama que rechazasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

Los abogados de las parejas demandantes acudieron a la juez Callie V. S. Granade con una inteligente fórmula judicial: hacer que el grupo de demandantes se abriera a todas las parejas del mismo sexo de Alabama a quienes se impidiera contraer matrimonio, e incluir como demandados a todos los jueces de familia y funcionarios del estado. La juez lo admitió, y ordenó que se emitieran licencias de matrimonio a todas las parejas que los solicitasen, aunque suspendió la ejecución de su mandato hasta la sentencia del Tribunal Supremo.

Una vez dado a conocer el fallo, la orden de la juez era de ejecución inmediata, y todo parecía dar a entender que los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo se celebrarían con normalidad. Pero entonces llegó la última decisión del juez, un evidente pataleo ante lo inevitable: ordenar a los funcionarios del estado que pospongan la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo durante un período de 25 días, que, como comentábamos anteriormente, es el plazo existente para que el Tribunal Supremo pueda rectificar una sentencia si así lo estima ante las alegaciones que se le presenten.

Queda aún por saber qué nueva ocurrencia tendrá el juez Moore una vez pasados esos 25 días.

Mississippi

En Mississippi quedaba por discernir si el fallo del Tribunal Supremo se ejecutaba de inmediato, o había que esperar a que se levantara la suspensión de la sentencia de un tribunal estatal. Aunque el fiscal general, el demócrata Jim Hood, aseveraba que no alegaría nada en contra del levantamiento de la suspensión, sí que comunicaba a los secretarios de los condados que no debían emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito no ordenase ese levantamiento.

Las críticas de los abogados de las parejas demandantes y de los expertos constitucionales arreciaron, obligando al fiscal Hood a rectificar. En una carta dirigida a los secretarios de los condados, el fiscal explicaba que “Obergefell [la sentencia sobre el matrimonio igualitario del Tribunal Supremo] es la ley del país. Si un empleado ha emitido o decide emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo, el fiscal general no tomará ninguna actuación en su contra en nombre del estado… Por otro lado, si un empleado público se niega a emitir una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo podría ser demandado por la pareja a la que se la ha negado y podría enfrentarse a responsabilidad civil”.

Las primeras bodas de parejas del mismo sexo comenzaron de inmediato.

En resumen, aunque la victoria para la igualdad de derechos de la comunidad LGTB ha sido histórica, aún habrá muchas barreras e impedimentos que superar para hacerla efectiva.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alabama, Bobby Jindal, Callie V. S. Granade, Carolina del Norte, Corte Suprema de Alabama, Dan Patrick, Discriminación, Estados Unidos, Jim Hood, Luisiana, Matrimonio, Mississippi, Robert Bentley, Roy Moore, Texas, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Este martes 25 de noviembre se han emitido dos nuevas sentencias favorables al matrimonio igualitario desde dos tribunales federales de los Estados Unidos. Ambas han quedado en suspenso en espera de recurso, pues coinciden en pertenecer a jurisdicciones cuya Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Mississippi, el juez federal ha dictado un mandato cautelar que declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación estatal. En Arkansas, una juez federal ha dictaminado que las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la sentencia se une a la ya existente de un juez local, que aún está suspendida mientras la Corte Suprema de Arkansas decide sobre su apelación.

El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato cautelar, dirigido a todos los funcionarios del estado de Mississippi, en el que ordena que dejen de aplicar las leyes o enmiendas constitucionales que impidan el acceso al matrimonio y sus beneficios a las parejas del mismo sexo. El mandato, sin embargo, queda en suspenso durante 14 días, para que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puedan dictar bien una suspensión permanente de la sentencia mientras se decide su apelación o bien su aplicación inmediata.

En el mandato del juez Reeves se establece que “el tribunal concluye que la prohibición de su matrimonio en Mississippi priva a las parejas del mismo sexo y a sus hijos de igual dignidad ante la ley. Los ciudadanos gais y lesbianas no pueden ser sometidos a una ciudadanía de segunda clase. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo de Mississippi viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de la Decimocuarta Enmienda”.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, y el fiscal general de ese estado, Jim Hood, han presentado este mismo miércoles un recurso contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y una solicitud de suspensión permanente mientras se resuelve la apelación, por lo que queda en manos de dicha Corte de Apelaciones el acceder o no a esta solicitud de suspensión. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito debe resolver también en los casos de Texas, con sentencia favorable al matrimonio igualitario, y de Luisiana, con sentencia desfavorable, cuya audiencia de presentación de argumentos orales está programada para el próximo 9 de enero de 2015. Lo más probable es que a este mismo calendario se sume la apelación de Mississippi.

Nueva sentencia favorable en Arkansas

La juez federal Kristine G. Baker ha resuelto que tanto la legislación como las enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se decida sobre su posible recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, o hasta que haya transcurrido el plazo establecido legalmente para la presentación de la apelación sin que esta se haya formulado, en cuyo caso la sentencia tendrá efectos inmediatos.

La novedad del dictamen de la juez Baker es el motivo por el que fundamenta que se viola la Decimocuarta Enmienda. En este caso no es por discriminación por razón de orientación sexual, que ha rechazado en su fallo, sino porque “se impide a las parejas del mismo sexo el ejercicio de su derecho fundamental a contraer matrimonio en Arkansas, al no reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo válidos de otros estados, y por discriminar por razón de género”. Es decir, se discrimina en razón del sexo de la persona elegida para contraer matrimonio.

Los expertos se felicitan de esta argumentación, pues la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, al que pertenece Arkansas, ya ha fallado en otros casos que la orientación sexual no es un rango especialmente protegido, mientras que el género (o sexo) alcanza el más alto escrutinio de protección. La juez también ha considerado las resoluciones sobre el matrimonio igualitario formuladas por las distintas Cortes de Apelaciones, y resuelve que “este tribunal considera que el razonamiento del Sexto Circuito no es tan convincente sobre este asunto como los del Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Circuitos”. Recordemos que la resolución de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha sido hasta ahora la única desfavorable al matrimonio igualitario.

Hasta el momento no se tiene constancia de que se haya presentado recurso contra la sentencia de la juez Baker por parte de la administración de Arkansas, aunque la Fiscalía General ya recurrió en su día la sentencia de un tribunal local favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según declaró en aquellos momentos, el fiscal Dustin McDaniel se confesaba favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero se sentía obligado a defender la legislación del estado.

El recurso de esa sentencia del tribunal local debe ser resuelto por la Corte Suprema de Arkansas. La audiencia de presentación de argumentos orales tuvo lugar el pasado jueves 20 de noviembre, sin que se sepa la fecha en que el alto tribunal comunicará su fallo.

Continúa la insumisión del estado de Kansas

En Kansas ya ha habido una sentencia favorable al matrimonio igualitario de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia. Pero la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos cuyos secretarios aparecían como parte en la sentencia del juez federal. Sin embargo, muchas de las secretarías han entendido que el fallo del tribunal federal implica a todo el estado, y son 25 los condados donde se facilitan estas licencias de matrimonio, entre ellos los más populosos.

Por otra parte, el ultraconservador gobernador de Kansas, Sam Brownback, en un acto que se puede considerar como de insumisión a la autoridad federal, ha ordenado a las agencias y administraciones estatales que no reconozcan estos matrimonios hasta que se resuelva la apelación de la sentencia, a pesar de que el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya denegado su suspensión. Esta falta de reconocimiento por la administración estatal implica la pérdida de múltiples derechos, como el de cambiar los apellidos en las licencias de conducir tras el matrimonio, el acceso a las exenciones de impuestos establecidas para las parejas casadas o no poder incluir al cónyuge en los seguros sanitarios.

Los abogados de las parejas demandantes han solicitado al tribunal federal que enmiende su sentencia para obligar a todas las agencias y administraciones del estado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se les apliquen todos los beneficios establecidos por la ley.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

El matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas y comprende a más del 64 % de sus ciudadanos. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y Misuri (8º Circuito), a los que se suman ahora Mississippi (5º Circuito) y Arkansas (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). Recordamos que en Arkansas, la Corte Suprema estatal también debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 15 jurisdicciones tribales.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Arkansas, Carlton W. Reeves, Corte de Apelaciones del 5º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 8º Circuito, Corte Suprema (Arkansas), Discriminación, Dustin McDaniel, Estados Unidos, Jim Hood, Kansas, Kristine G. Baker, Matrimonio, Mississippi, Phil Bryant, Sam Brownback, Tribunal Supremo (Estados Unidos)