La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba la Ley de Igualdad para proteger a las personas LGTBI contra la discriminación
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.
El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».
La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.
Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.
Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.
Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.
Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.
La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».
A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».
Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans
Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.
La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».
Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».
Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».
La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI
Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):
También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):
Fuente Dosmanzanas
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