Arzobispo Allen Vigneron de Detroit

Los esfuerzos de la Conferencia Católica de Michigan para diluir las nuevas protecciones LGBTQ+ en el estado finalmente no tuvieron éxito ya que este mes se promulgó una nueva legislación contra la discriminación.

La nueva ley, aprobada por los legisladores y firmada por la gobernadora Gretchen Whitmer, amplía la Ley de derechos civiles Elliott-Larsen de Michigan, aprobada por primera vez en 1977, para incluir la discriminación basada en la identidad de género y la orientación sexual cuando se trata de muchas áreas de la vida, que incluyen empleo, alojamiento público y vivienda. La ley ya “prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda, la educación y los alojamientos y servicios públicos por motivos de religión, raza, color de piel, origen nacional, edad, altura, peso, estado civil y estado civil”, según Michigan Advance.

La Conferencia Católica de Michigan (MCC), el brazo de políticas públicas de las siete diócesis del estado, propuso agregar un lenguaje a la ley que permitiría excepciones basadas en creencias religiosas. El lenguaje propuesto habría eximido efectivamente tanto a las organizaciones religiosas como a los individuos de adherirse a la ley. Michigan Advance informó que “según el lenguaje que propone el MCC, los grupos religiosos podrían discriminar por orientación sexual e identidad de género, así como por sexo en general, y no enfrentar consecuencias legales”.

Los demócratas de Michigan, ahora a cargo de la legislatura del estado por primera vez en casi cuatro décadas, han dejado claro que la propuesta de MCC es un fracaso. El senador estatal Jeremy Moss, el patrocinador de la ley, le dijo a Michigan Advance: “Esta no será una gran pelea; esto no va a ser una pelea en absoluto”. Eso resultó ser cierto ya que la ley, sin las exenciones religiosas deseadas por los obispos, fue aprobada en ambas cámaras siguiendo líneas partidistas y fue firmada por el gobernador este mes.

Después de que el Senado aprobara el proyecto de ley el 10 de marzo, MCC se quejó de la decisión como una derrota de la libertad religiosa. Tom Hickson, vicepresidente de política pública de MCC, afirmó:

“Al no lograr un equilibrio y votar en contra de las enmiendas para garantizar que las organizaciones religiosas no sean atacadas por sus creencias religiosas de larga data sobre el matrimonio y las diferencias de género, el Senado ha aprobado la creación de una clase de ciudadanos contra los cuales la discriminación y los litigios dirigidos serán probable.”

Los defensores de los derechos civiles, sin embargo, interpretaron la votación como un triunfo de la no discriminación. Jay Kaplan, abogado de plantilla del Proyecto LGBTQ+ de la ACLU de Michigan, dijo que las enmiendas propuestas por el MCC “destruirían las protecciones de los derechos civiles… Lo que están proponiendo es… una licencia increíblemente amplia para discriminar en nombre de la religión”.

Erin Knott, directora ejecutiva de Equality Michigan, la organización de derechos LGBTQ+ del estado, identificó ejemplos de discriminación permitidos por la propuesta de MCC, incluidos los trabajadores sociales que rechazan a los clientes LGBTQ+ o las farmacias que se niegan a surtir recetas para el tratamiento del VIH.

Mientras concluye la lucha por esta legislación en particular, MCC ha señalado su intención de continuar presionando contra los derechos LGBTQ+. Su “Plan para el bien común” bienal, publicado a fines de febrero, identifica “Proteger la libertad religiosa y la libertad de servir” como una prioridad legislativa clave.

La oposición a la expansión de la Ley de Derechos Civiles Elliott-Larsen es solo la batalla más reciente en la larga campaña de MCC para oponerse a la legislación que protege a las personas LGBTQ+. Michigan Advance informa que en 2021, MCC “gastó más de $200,000 financiando a un grupo que se opone a una medida electoral para expandir la ley de no discriminación a las personas LGBTQ+”.

—Ariel Simon (ella/ella), 27 de marzo de 2023

Fuente New Ways Ministry

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La Unión Americana de Libertades Civiles presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito con el objetivo de impugnar que las agencias de adopción infantil contratadas por el estado puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union) presenta una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito este miércoles, 20 de septiembre, con el objetivo de que agencias de adopción infantil como Catholic Charities (presente en España con el nombre de Cáritas Española) y Bethany Christian Services, contratadas por el estado no puedan rechazar a las parejas del mismo sexo basándose en la libertad religiosa en lo que consideran una violación de la Constitución de los Estados Unidos. La Conferencia Católica de Michigan, brazo político de la iglesia en Michigan, ha criticado la demanda tachándola de «mezquina, divisiva e intolerante (…). Es imperativo que la ley estatal sea defendida de otro ataque flagrante a la fe religiosa en la vida pública».

A pesar de declarar su intención de proteger a sus ciudadanos de la homofobia, en 2015, el gobernador de Michigan, Rick Snyder, firma una ley que dice que las agencias de colocación infantil no están obligadas a prestar servicios que entren en conflicto con sus creencias religiosas. En ese momento, al menos un 25 % de las agencias de adopción del estado eran religiosas, teniendo la única obligación de entregar a los solicitantes rechazados una lista de otros proveedores. Sin embargo, fue firmada antes de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el matrimonio homosexual. Según ACLU, permitir la discriminación por parte de las podría marcar la diferencia «entre un niño que encuentra un hogar permanente que le proporcione amor o seguir en el sistema», declara Jay Kaplan, abogado de ACLU.

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