Jason Gordon

Dos líderes católicos en el Caribe declararon recientemente su acuerdo con la declaración del Papa Francisco a principios de este año de que la homosexualidad no es un delito, aunque ambos líderes reiteraron las enseñanzas negativas de la iglesia sobre la ética sexual.

El arzobispo Jason Gordon de Puerto España, Trinidad y Tobago, y Leela Ramdeen, consultora de la Comisión Católica para la Justicia Social de la arquidiócesis, hicieron declaraciones separadas que muestran su apoyo al llamado del Papa Francisco para poner fin a las leyes que criminalizan a las personas LGBTQ+. Pero ambos también reforzaron la prohibición de la iglesia sobre la actividad sexual entre personas del mismo género (referida como “sodomía” en algunas partes del Caribe).

En una entrevista de radio, se le preguntó a Gordon sobre la condena del Papa a las leyes de criminalización. Trinidad and Tobago Guardian  informó:

“Al contextualizar los comentarios del Papa, el arzobispo Gordon dijo: ‘Hemos dicho durante mucho tiempo, odien el pecado y no al pecador’.

“El arzobispo dijo que si bien la civilización se ha dado cuenta de que el acto de sodomía es ‘moralmente incorrecto’, si debe ser o no un crimen capital, ‘es una historia completamente diferente’.

“Entonces, el adulterio, la sodomía, todas estas cosas fueron delitos capitales en algún momento, así que a medida que pasamos de ser un delito capital, las leyes de sodomía permanecen en los libros como una ley, donde puedes condenar a alguien hasta por 25 años. si son condenados por sodomía, que es un conjunto extraño de perversiones sexuales”, agregó Gordon. . .

“‘Entonces, la pregunta es, ¿debería ser un delito? ¿Está mal? Está absolutamente mal. ¿Es moral? Es un acto inmoral, pero ¿es un crimen? Esa es la pregunta que estaba planteando el Santo Padre y está diciendo que si bien es inmoral y es algo que no es bueno para la sociedad, una persona no debería ir a la cárcel durante 25 años por el acto”, dijo.

Leela Ramdeen,

Ramdeen siguió un razonamiento similar en sus comentarios, según Newsday:

“‘El Papa también dijo que es pecado faltar a la caridad unos con otros, es decir, cualquiera que no sea caritativo, que quiera discriminar a los homosexuales, eso también es un pecado. Todo niño es un hijo de Dios. Todo el mundo es un hijo de Dios, Dios no hace basura.

“‘Entonces, lo que de hecho nuestra iglesia está diciendo es que, si bien no aceptamos que deban ser discriminados, les pedimos el llamado a la castidad’”.

Ramdeen mencionó un caso legal de 2018 que desafió las leyes de Trinidad y Tobago contra la “sodomía” que involucra al activista gay Jason Jones, quien ha pedido a más naciones de la Commonwealth británica que despenalicen la homosexualidad. En el momento de su apelación, la homosexualidad aún era ilegal en 36 de las 56 naciones de la Commonwealth. Jones, que vive en Londres y visita regularmente Trinidad y Tobago, siempre temió que lo encarcelaran 25 años por su sexualidad. Afirmó entonces:

“¿Por qué mientras nuestros amos coloniales se deshicieron de esto hace tanto tiempo, queremos encarcelar a las personas durante 25 años porque son homosexuales? Hay tantos otros problemas que deberíamos abordar’”.

Jason Jones (izda)

Un tribunal determinó que , lo que fue bien recibido por el arzobispo en ese momento en términos similares de que la homosexualidad es inmoral, pero no debe ser criminalizada. La enseñanza de la iglesia es que una orientación homosexual no es inmoral.

Jones evaluó a Gordon y los comentarios recientes del Papa, y señaló que le había escrito a Francisco después de los comentarios de despenalización sugiriendo que el Papa en realidad no estaba ayudando. The Guardian informó:

“Jones también discrepó con la declaración inicial del arzobispo de ‘odiar el pecado, amar al pecador’.

“’Una vez que un sacerdote católico usa el término odio, me desconecto, porque si estás tratando de decir que no debería ser ilegal pero odiamos el pecado, entonces todavía nos estás condenando y no tenemos tiempo para eso. ,’ dijo.”

“Jones dijo que la comunidad LGBTQ+ no se consolará con las palabras del arzobispo, incluso si suenan comprensivos con sus luchas.

“‘En realidad enturbia el agua y crea aún más confusión para el público en general, porque ¿qué significa eso? Y ese tipo de posición hipócrita en la valla no ayuda a nadie’”.

Robert Shine, director asociado del Ministerio New Ways, comentó:

“La afirmación del arzobispo Gordon sobre el llamado del Papa Francisco a despenalizar la comunidad LGBTQ+ es bienvenida. Sin embargo, es lamentable que él y otros líderes de la iglesia insistan en vincular las cuestiones de política social con la ética sexual. En ningún otro contexto los funcionarios católicos defienden los derechos humanos en situaciones de injusticia y al mismo tiempo critican a las mismas personas cuyos derechos están siendo violados. Cuando se habla de criminalización, los líderes de la iglesia deben brindar claridad al simplemente afirmar que ser LGBTQ+ no es un delito y que todas esas leyes deben abandonarse”.

—Bobby Nichols (él/él), New Ways Ministry, 5 de abril de 2023

El largo camino hasta el fin de la penalización

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño.

Finalmente, el 12 abril de2018 la Corte Suprema dictaminó a su favor. Los jueces del alto tribunal opinaron que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También consideraron que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa fue publicada y tomó efectos el 9 de julio.

Fuente New Ways Ministry/Cristianos Gays

General, Iglesia Católica Arquidiócesis de Puerto España, Despenalización de la homosexualidad, Diócesis de Puerto España, Homosexualidad, Iglesia Católica, Jason Gordon, Jason Jones, Leela Ramdeen, Papa Francisco, Trinidad y Tobago

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmado su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y ha emitido el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, ha denegado al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia hasta que concluya el proceso de apelación, al que los mandatarios isleños insisten en acogerse. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago.

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar una nueva audiencia respecto a la penalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago, que fue declarada inconstitucional el pasado mes de abril (aunque tomó efectos en el mes de julio, cuando el dictamen fue publicado en su formato definitivo).

En la audiencia debía decidirse quién se hacía cargo de las costas judiciales del proceso y de qué manera se reformaba el texto de los artículos del Código Penal declarados inconstitucionales. Respecto al primer asunto, la jueza Devindra Rampersad ha dictaminado que las costas deben ser sufragadas por el Gobierno. En cuanto a la reforma de los artículos del Código Penal, estos eran los textos que se han declarado inconstitucionales:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

La juez Rampersad ha comunicado que, tras la sentencia de inconstitucionalidad, la nueva redacción es la siguiente:

El apartado (2) del Artículo 13 ahora reza «En este artículo, “sodomía” significa coito anal sin consentimiento entre dos varones o de un varón con una mujer». El apartado (2) (b) del artículo 16, se refiere ahora a «personas, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento».

Es decir, ahora las relaciones sexuales entre varones solo son delito si no hay consentimiento de todos los implicados. El Gobierno ha insistido en que recurrirá esta última resolución en la Corte de Apelaciones, pero ha visto cómo se denegaba su solicitud de suspensión de la sentencia durante el período de apelación. Por tanto, en Trinidad y Tobago las relaciones homosexuales siguen sin estar castigadas por la ley.

El largo camino hasta el fin de la penalización

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño.

Finalmente, el 12 abril del presente año la Corte Suprema dictaminó a su favor. Los jueces del alto tribunal opinaron que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También consideraron que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa fue publicada y tomó efectos el 9 de julio.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Antonio Emmanuel, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Caribe, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Devindra Rampersad, Discriminación, Homofobia, Jason Jones, Richard Drabble, Trinidad y Tobago

El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago declara nulas las cláusulas de la Ley de Ofensas Sexuales que penalizaban la sodomía con hasta 25 años de cárcel.

Decenas de activistas LGTB+ celebraron con cánticos el veredicto a las puertas del mismo tribunal.

Gran noticia para los derechos LGTB en el mundo. El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago despenalizó el pasado jueves 12 de abril la homosexualidad en el país. El alto tribunal sentenció, a través de una demanda interpuesta por Jason Jones, que la Sección 13 y la Sección 16 de la Ley de Ofensas Sexuales (que ilegalizaba el sexo anal) eran contrarias a la Constitución del país. Ahora el número de países en el mundo que criminalizan la homosexualidad es de 71. Que no son pocos.

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha dictaminado que los artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizan las relaciones homosexuales son inconstitucionales. La jueza Devindra Rampersad, presidenta del tribunal, ha comunicado la decisión con gran elocuencia, llegando a comparar la negación de la humanidad y la dignidad que esos artículos representaban con el apartheid sudafricano y el Holocausto. Así culmina un proceso que comenzó a principios de 2017, cuando el activista Jason Jones decidió denunciar esos artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales ante los tribunales, dada la renuncia del Gobierno a derogarlos.

La jueza Devindra Rampersad no ha podido ser más clara en su comunicado: «El tribunal declara que los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales son inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto y en cuanto tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos». Es decir, solo permancerán en vigor las estipulaciones de estos artículos que afecten a menores.

Los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1986, modificada por la Ley de Reforma sobre Delitos Sexuales (Ley 31 de 2000), establecían lo siguiente:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Curiosamente la oportunidad de denunciar esta ley ante el Tribunal Supremo surgió cuando el gobierno de Trinidad y Tobago decidió en el año 2000 incrementar las penas de cárcel por sodomía de 10 a 25 años de prisión. Cuando el país se independizó de Gran Bretaña en 1962 heredó las leyes coloniales que prohibían la sodomía. En 1986 el Parlamento reescribió la Ley para aumentar la pena de cárcel a 10 años y en 2000 la volvieron a incrementar a 25 años. Antes de eso era imposible llevar la ley ante los tribunales porque existía una “cláusula de protección” que impedía que las leyes británicas no podían ser cambiadas tras la independencia del país. Pero fue el propio gobierno al aumentar las penas el que invalidó esa “cláusula de protección” y abrió la veda para denunciarlas y derogarlas. Y así ha ocurrido.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño. “No tengo intención de hacer que el pueblo se trague una ‘agenda gay’; ni quiero atacar la religión, moral o espiritualidad“, explicó Jones que tuvo que emigrar a Reino Unido cuando su familia le repudió al salir del armario como gay; “Hago esto para mejorar nuestra nación, y por las futuras generaciones“.

Finalmente, este 12 abril la Corte Suprema ha dictaminado a su favor. Los jueces del alto tribunal opinan que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También han considerado que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa será publicada en el plazo de tres meses.

Ante la puerta de Tribunal Supremo se concentraron decenas de activistas LGTB+ que esperaban el veredicto y que estallaron en cánticos de alegría cuando conocieron que las leyes homófobas habían sido anuladas.

Love has won in #Trinidad congz to @trinijayjay and the entire team. Thanks to the judges. @PeterTatchell @PT_Foundation @PinkNews @gaystarnews @MailOnline @Independent @guardian @TheSun pic.twitter.com/n1ZHRegGau

— Edwin Sesange (@EdwinSesange) 12 de abril de 2018

Jason Jones ha acogido el dictamen con gran satisfacción. En su cuenta de Twitter escribía: «¡Victoria! ¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo! ¡Lo hemos conseguido! ¡¡¡Hemos logrado la igualdad!!!».

VICTORY! Thank you so much for everyone’s messages of support! WE DID IT! We found an EQUAL PLACE!!!! 🇹🇹🏳️‍🌈❤️🌈💗💕

— Jones v T&T (@jonesvtnt) 12 de abril de 2018

«Lo que creo que el juez señaló fue que ‘aquí todos los credos y todas las razas tienen el mismo lugar’, y creo que todos debemos unirnos ahora y abrazarnos con verdadero amor y respeto (…). Esto no se trata de LGBT, se trata de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución», declara Jones que como los activistas LGBT han celebrado la decisión judicial.

La activista Kenita Placide, asesora en el Caribe de OutRight Action International, que tiene la esperanza de que otros países con leyes similares sigan el camino de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, valoraba además la importancia que la sentencia pueda tener para los países del entorno. «Los jueces se han ubicado en el lado correcto de la historia en este caso, al anular la ley de sodomía y dictaminarla como inconstitucional. Los activistas y la defensa continuarán en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe hasta que se garantice la igualdad para las personas LGBTIQ.», afirmaba, «con estas resoluciones positivas en Belice y Trinidad y Tobago se impulsará a otras países de la región».

El propio Fiscal General del país, Faris al-Rawi, ha declarado a la prensa: “Nuestra sociedad ha cambiado significativamente en su forma de tolerar la homosexualidad, y lo ha hecho radicalmente en la última generación.”

Sin embargo, también se han oído voces de disconformidad. Durante la mañana del día 12, en espera del dictámen, se congregaron ante el edificio de la Corte Suprema no solo las personas LGTB interesadas en la resolución, sino también miembros de grupos religiosos —cristianos y muslmanes— contrarios a la despenalización de las relaciones homosexuales.

El grupo T&T, uno de los principales grupos que exigen que el tribunal defienda la ley, ha llegado a afirmar que la derogación de las Secciones 13 y 16 podría provocar que «los derechos homosexuales prevalezcan sobre los derechos heterosexuales». Yasin Abu Bakr, líder del grupo islámico Jamaat al Muslimeen, evidenciaba su intolerancia y fanatismo con las siguientes declaraciones: «Independientemente de lo que ocurra, nuestra posición sigue siendo la misma. Hay muchos ejemplos, tanto para los que son cristianos como para los que somos musulmanes, del desagrado de Dios por este tipo de comportamiento. Si no apareciera en las Escrituras, sería una cuestión de opinión, pero no es una cuestión de opinión. Es algo que las Escrituras califican de abominación. ¿Acaso vamos a invocar el desagrado de Dios?».

Pero el juez ha rechazado estas ideas, señalando que su veredicto «no es una evaluación o negación de las creencias religiosas de nadie», sino «un reconocimiento de que las creencias de algunos, por definición, no son la creencia de todos, y, en la República de Trinidad y Tobago, todos están protegidos, según la Constitución». El tribunal se reunirá nuevamente en julio para determinar si la Ley de Delitos Sexuales debe ser eliminada en su totalidad o solo en parte.

Como bien señalaba Kenita Placide, el Tribunal Superior de Belice despenalizó las relaciones homosexuales en 2016. Sin embargo, en el continente americano aún están penalizadas en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, en su mayor parte debido a las leyes de la herencia colonial británica. Esperemos que esta nueva resolución favorable a los derechos LGTB de pie a otras semejantes por todo el continente.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Antonio Emmanuel, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Belice, Caribe, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Devindra Rampersad, Discriminación, Homofobia, Jason Jones, Kenita Placide, OutRight Action International, Richard Drabble, Rishi Dass, T&T, Trinidad y Tobago, Yasin Abu Bakr

Sasha Alister Patterson, una activista trans de 28 años, ha sido asesinada a tiros y abandonada en el parque Nelson Mandela de Puerto España, capital de la república caribeña de Trinidad y Tobago. Con la muerte de Patterson, las víctimas por violencia en el archipiélago trinitario en los últimos días alcanzan la veintena. El activista Jason Jones ha explicado que “cuando presenté mi caso por primera vez, hice algunos cursos de capacitación sobre el VIH con personas de la comunidad. Sasha estaba tratando de desarrollar programas para la comunidad trans en Trinidad y Tobago. Ella fue una persona clave en la difusión de mensajes de sexo seguro”. El colectivo LGTB en este país es víctima de una fuerte represión por parte de las autoridades y de la propia sociedad. De hecho, no existen leyes que protejan el reconocimiento de la libre identidad de género y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, con penas que pueden alcanzar los 25 años.

Aunque la policía detenía a dos hombres tras el asesinato en Puerto España de la activista Sasha Alister Patterson, todavía no se ha confirmado su supuesta relación o responsabilidad en los hechos. Según la versión de los agentes, la joven de 28 años (natural de Tobago) estaba en el parque Nelson Mandela cuando unos hombres se le acercaron y le dispararon varias veces. Posteriormente, la arrojaron a una pila de basura y la abandonaron (desconocemos si en ese momento Patterson seguía con vida).

En declaraciones a medios locales (que, por otra parte, no respetan su auténtica identidad femenina), vecinos del entorno en el que se produjo el crimen han asegurado que “escucharon varias explosiones fuertes”. También “observaron un vehículo de motor Suzuki a toda velocidad”. Pocos más datos se han hecho públicos sobre este lamentable y trágico suceso. En cualquier caso, el asesinato de Patterson ha golpeado al activismo LGTB de Trinidad y Tobago. La joven era una activista por los derechos de las personas trans y estaba implicada en la prevención del VIH.

Colin Robinson, presidente de Coalition Advocacy for Inclusion of Sexual Orientation, ha responsabilizado a los “horribles” reportajes de los medios y los comentarios de las redes sociales sobre el asesinato de Patterson por agregar más violencia hacia la comunidad. Anderson Bridgelal, un activista LGTB con el que compartió su lucha la víctima, añade que Patterson “fue mucho más valiente de lo que me atrevo a aventurar”.

En la misma línea, el activista Jason Jones también ha expresado su lamento por la pérdida de Sasha Alister Patterson: “es una gran pérdida. Era una persona genuinamente encantadora, lo siento profundamente por toda la comunidad”. Jones vive en el exilio, pero tendrá que viajar a Trinidad y Tobago el próximo año para seguir enfrentándose a las leyes LGTBfóbicas del país en los tribunales. Respecto a este punto, está financiando los costes, los viajes y las demandas a través del ‘crowdfunding’. No obstante, ya ha recibido más de 50 amenazas de muerte (que no puede tomarse a la ligera, después del asesinato de su mejor amigo frente a su casa).

Jones dice que se encuentra “muy asustado” tras el asesinato de Patterson: “tanto como hablar sobre los riesgos y las dificultades en un país donde somos criminalizados”. Y añade que “esto ha marcado un tono oscuro a medida que entramos en el caso en enero, lo que hace que mi seguridad sea aún más un problema”.

El mismo activista denuncia que en los viajes que realiza a Trinidad y Tobago carece protección y debido a la persecución y violencia que está padeciendo la comunidad LGTB, ni siquiera se reunirá con sus amigos por temor a ponerlos en el punto de mira de extremistas LGTBfóbicos: “no quiero ser un objetivo que los ponga en riesgo”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Anderson Bridgelal, Asesinatos, Coalition Advocacy for Inclusion of Sexual Orientation, Delitos de Odio, Jason Jones, LGTBfobia, Puerto España, Sasha Alister Patterson, Transexualidad, Transfobia, Trinidad y Tobago

Jason Jones (foto de St. Lucia Times)

El abogado y activista Jason Jones recibe amenazas de muerte a través de las redes sociales por interponer una demanda al gobierno de su país, Trinidad y Tobago, con el objetivo de la modificación de la ley que penaliza la homosexualidad.

Natural de Trinidad y Tobago, Jason Jones es un abogado y activista por los derechos del colectivo LGBT que ha presentado una demanda legal ante el Tribunal Superior de Puerto España contra el gobierno de su país con el objetivo de la derogación de las Secciones 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales que penalizan la sodomía y la indecencia grave incluso entre adultos. Una medida que ha ofendido a algunos, a cuenta de las numerosas amenazas de muerte que el abogado a recibido posteriormente a través de las redes sociales. Por si no fuera suficiente, también ha sido rechazado por su propia familia, que le han negado el acceso a contactar con sus sobrinos y sobrinas.

«La existencia misma de estas secciones afecta de manera continua y directa a la vida privada del reclamante forzándolo a respetar la ley y abstenerse de participar, incluso en privado con sus parejas masculinas consentidas, en actos sexuales prohibidos a los que está dispuesto por razón de su orientación homosexualidad, o para cometer los actos prohibidos y convertirse en objeto de persecución criminal», explica Jones en su reclamación a través de la que expone que la legislación de Trinidad y Tobago contraviene sus derechos constitucionales de privacidad y su libertad de pensamiento y expresión, además de entrar en contradicción directa con la obligación de cumplir los derechos internacionales.

«En consecuencia, es sujeto de un extenso prejuicio social, persecución, marginación, un estigma arraigado a lo largo de toda la vida que es percibido como criminal por virtud de su homosexualidad, enfrentándose al temor de ser castigado por expresar su sexualidad a través de una conducta consensuada con otro adulto», añade en la demanda que a interpuesto a través de un despacho de abogados, y en la que explica como la ley es responsable de los prejuicios y el acoso del que le hace objeto al etiquetarle a él y a las personas homosexuales como criminales, únicamente por su orientación sexual.

La Ley de Delitos Sexuales fue enmendada en 1986 y en 2000, derogando y reemplazando la ley de delitos sexuales heredada de los tiempos de la colonización británica, cubierta por una «cláusula de salvaguardia», que impide que un tribunal anule y revise la legislación anterior a la Constitución, pero que está abierta a revisión.

«No deseo empujar una agenda gay hacia vuestra garganta o atacar vuestra moral, religión o espiritualidad, estoy haciendo esto en beneficio de nuestra nación, y para nuestras futuras generaciones», declara Jones explicando sus motivos para interponer la demanda, con el objetivo de que otras personas no se vean obligadas a emigrar a otros países debido a su orientación sexual. Todavía no se ha fijado la fecha para la audiencia.

Fuente 76 Crimes, vía Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia/Transfobia, Jason Jones, Ley de Delitos Sexuales, Trinidad y Tobago