Un tribunal federal de Seattle tumba el reformulado veto del presidente Trump a que las personas transgénero sirvan en el ejército estadounidense, emitido a mediados de marzo después de que otro tribunal federal anulara el que emitiera el año pasado.

La Administración de Donald Trump no se limita a apelar la decisión de la juez, Collen Kollar-Kotelly, que revoca el veto a las personas transgénero a alistarse en el ejército, sino que a mediados del mes de marzo emiten una nueva ordenanza más concreta, a la que la Asociación Médica Estadounidense responde asegurando que «no existe razón válida desde el punto de vista médico». Exactamente lo mismo que opina una juez federal de Seattle, Marsha Pechman, que este viernes, 13 de abril, rechaza la nueva reformulación del veto a las personas transgénero en el ejército, señalando que «amenaza con las mismas violaciones que llevaron a otros tribunales a rechazar la prohibición en primera instancia».

Según la implementación de Trump, las personas trasngénero que no hayan sido diagnosticadas con disforia de género podrían servir en el ejército, pero sólo siempre que estén «dispuestas y sean capaces de cumplir con todas las normas asociadas con su sexo biológico». Pero para Pechman, exigir que las personas trasngénero desarrollen su actividad de acuerdo a su «sexo biológico» no constituye un servicio «abierto» de ninguna manera significativa, y no puede considerarse razonablemente una «excepción» del veto a las personas transgénero, tal y como el gobierno defiende. Es más obliga a las personas transgénero a suprimir la característica que les define como transgénero.

«Hasta la fecha, los demandados [el gobierno] no han podido identificar ni siquiera a un experto general o militar que haya sido consultado, a pesar de que se les ordenó hacerlo en repetidas ocasiones (…). De hecho, la única evidencia relacionada con la publicación de Twitter [del veto a trans] revela que los oficiales militares desconocían por completo el veto y que el cambio abrupto en la política fue ‘inesperado’. Incluso [el Secretario de Defensa James Mattis] recibió el aviso solo un día antes de la publicación de Twitter del presidente Trump», declara Pechman, quien ya se había pronunciado contra el veto a trans en el ejército el año pasado, cuando se publica por primera vez. Para la juez, las personas trasngénero son un grupo vulnerable al trato injusto y la discriminación únicamente por su identidad de género, por lo que debe ser examinada y considerada cualquier propuesta para excluirles categóricamente del ejército.

«Como ningún acusado ha sido identificado por los acusados, a pesar de las repetidas órdenes judiciales para hacerlo, el tribunal puede concluir que la prohibición fue ideada por el presidente y solo por el presidente», concluye Pechman, al no haber defendido el punto de vista de la Administración ningún miembro del gobierno o del ejército, lo que ratifica los informes de ThinkProgress y Slate de que este veto no se basa en ninguna recomendación militar en absoluto. Todo parece indicar que el vicepresidente, Mike Pence, organizó su propio grupo de trabajo, integrado por prominentes detractores de la comunidad LGBT, que concluyen que lo mejor que pueden hacer por su país y su gobierno es prohibir el acceso al ejército a las personas transgénero.

«El tribunal quiere exponer este veto intolerante por toda su fealdad en el juicio, y nos complace que lo haga. Si se trata de un informe completo lo que la juez quiere, entonces es un informe completo lo que le daremos (…). Esperamos poner a prueba el capricho y la crueldad de este veto discriminatorio contra las personas transgénero, donde puede ser relegado para siempre al basurero de la historia, junto con otras políticas militares viles que discriminan por raza, sexo y orientación sexual», declara Natalie Nardecchia, abogada principal de Lambda Legal, elogiando la decisión del tribunal, que determina que el nuevo veto es tan inaplicable como el primero.

Fuente Universogay

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Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

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Grupos radicales conservadores y religiosos se oponen al nombramiento de la Coronel Kristin Goodwin como la próxima comandante para dirigir la Academia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos porque es una mujer lesbiana y casada con otra mujer, con la que además tiene dos hijos.

James Mattis, Secretario de Defensa del gabinete de Donald Trump, designaba la semana pasada a la Coronel Kristin Goodwin como la próxima comandante para dirigir la Academia de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (USAF por sus siglas en inglés: United States Air Force), ascendiéndola al rango de general de brigada.

Licenciada en 1993 en esta misma Academia, si bien en un principio no hubo gran oposición ante el nombramiento de una mujer para tal cargo, la cosa ha cambiado en el momento en que se han dado cuenta de que se trata de una mujer lesbiana y casada con otra mujer, con la que además tiene dos hijos, por lo que grupos radicales conservadores y religiosos están demandando que se revierta esta decisión. «Estamos ansiosos de verla a bordo. Es una gran líder y va a ser un gran aliciente a nuestro equipo. Estamos muy entusiasmados con el futuro con Kristin», señala la teniente general Michelle Johnson, superintendente de la Academia USAF sobre Goodwin, quien ha servido en varias posiciones de alto nivel, además de ser una veterana y experimentada piloto.

Entre los grupos que han manifestado su oposición está la Fundación para el Derecho Moral, grupo radical conservador fundado por el ex jefe de Justicia de Alabama, Roy Moore, que afirman que la Coronel Goodwin no debería asumir este destacado papel porque «no establece un ejemplo moral apropiado para los jóvenes (…) La persona responsable de la formación de los cadetes en la academia es un modelo a seguir y un ejemplo de comportamiento y conducta apropiado (…). Goodwin, como lesbiana que está ‘casada’ con otra mujer, no sólo degrada la institución del matrimonio, sino que contradice la base divina para el matrimonio revelada en las Escrituras y evidentemente en la naturaleza (…). Debido a que las relaciones homosexuales no son naturales, son incompatibles con la estructura básica de la sociedad civil y los antecedentes históricos del orden y la disciplina militar (…). Al designar una lesbiana que proclama que está casada con otra mujer, el Departamento de Defensa declara su desprecio por el orden moral fundamental establecido por Dios, rompiendo así la confianza con los millones de cristianos que votaron por el nuevo presidente con la esperanza de que el Las políticas impías de la administración anterior serían repudiadas» expone con esta claridad y contundencia Kayla Moore, esposa del fundador de este grupo radical.

Roy Moore fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de Alabama hasta que fue suspendido indefinidamente por un comité de ética sobre una cruzada ilegal contra las bodas homosexuales. Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor del matrimonio igualitario, en verano de 2015, el juez Moore habría estado actuando en contra de la ley al ignorar la sentencia, emitiendo una serie de órdenes judiciales ilegales y contradictorias en un descarado intento de volver a prohibir las bodas entre parejas del mismo sexo. Ante su reiterado desacato y desobediencia, que le llevan a afirmar que las sentencias de la Corte Suprema «no se aplican» en Alabama, la Comisión de Investigación Judicial emprende acciones legales en su contra al «desatender y abusar de su autoridad de manera fragante» en su cruzada contra el colectivo LGBT. Finalmente, el Tribunal del Poder Judicial le considera culpable de los seis cargos presentados en su contra, suspendiendo al juez electo sin salario hasta el final de su mandato, en 2018, no pudiendo volver a presentarse a la reelección debido a su edad.

Licenciado por la Academia de la Fuerza Aérea y ex capellán de la Armada, Gordon James ‘Chaps’ Klingenschmitt es un activista ultraconservador que ha iniciado una campaña para lleva a la movilización a los ciudadanos con el objetivo de conseguir que los senadores se opongan al nombramiento de Goodwin. Líder del Movimiento Reza en el Nombre de Jesús, Klingenschmitt considera es un «profundo problema estatal que los nombramientos de Obama permanezcan en el cargo mientras el Senado se esfuerza para confirmar los nombramientos de Donald Trump para reemplazarlos (…). Los burócratas de Obama en el Pentágono siguen llevando la batuta. Obama se ha ido. ¿Por qué tienen todavía este poder?».

Klingenschmitt se queja de que en el artículo publicado el 23 de marzo en el que se hacía mención del nombramiento de Goodwin no se hacía mención a su orientación sexual —como si se hiciera habitualmente—, advirtiendo que su ascenso a general de brigada es el primer paso para que se haga con el cargo a la espera de que sea ratificada por el Senado a finales de este año. Su principal problema con que Goodwin asuma su cargo es que no cree en su capacidad para proteger la libertad religiosa de los «cadetes que no son LGBT y creen que la Biblia es la verdad (…). ¿Se comprometerá a defender la Constitución, que enumera ‘el libre ejercicio’ de las creencias religiosas con las que usted personalmente no está de acuerdo? ¿Se sentará con los líderes del grupo de líderes cristianos de creyentes conservadores y escuchará sus preocupaciones? ¿Se abstendrá de convertirse en una activista política por causas anti-cristianas, o simplemente hará su trabajo sin prejuicios, mostrando respeto por todos?».

Para estos grupos radicales, lo único que estuvo haciendo Barack Obama fue contaminar sus instituciones con la infiltración de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, que esperaban concluyera o se ralentizara en el momento en que Trump asumiera su cargo como presidente, por mucho que se hubiera jactado de ser por LGTB.

Fuente Universogay

Homofobia/ Transfobia. Donald Trump, Fundación para el Derecho Moral, Homofobia/Transfobia, James 'Chaps' Klingenschmitt, James Mattis, Kristin Goodwin, Roy Moore