Uganda planea una nueva ley anti gay.
Parecía que la cosa no podía ir a peor en Uganda, pero se ve que sí. Si el parlamento del país aprobó el 24 de febrero (gracias a un informe tergiversado) una ley que permite la cadena perpetua para la población LGBT, ahora podría aprobar una nueva ley anti gay, que prohibiría las ayudas que las ONG les prestan.
El proyecto, que es estudiado por el gabinete antes de ser introducido en el parlamento, también prohibiría la “promoción de la homosexualidad”, según James Baba, Ministro de Interior, en unas declaraciones recogidas por la agencia Reuters. “Hay algunas ONG que han venido aquí para hundirnos, para promover la mala conducta como la homosexualidad”, mantiene Baba. “Como gobierno responsable tenemos que comprobar eso. Las ONG no podrán hacerlo cuando aprobemos esta ley”.
La nueva ley obligaría a todas las organizaciones benéficas a informar al gobierno sobre sus presupuestos anuales, sus fuentes de ingresos y a presentar la contabilidad anual.
Las ONG extranjeras tendrían prohibido comentar o involucrarse política ugandesa. “Son los ugandeses quienes pueden decir si debmos descartar o no un proyecto de ley”, afirma Baba. “Como una ONG extranjera, ¿qué participación tiene usted en nuestra política?”, se pregunta. “Nuestros ciudadanos tienen todo el derecho de poner a su gobierno a trabajar y a cuestionar la tarea del gobierno, pero los extranjeros no deberían tener este privilegio”, añade.
Los opositores a este nuevo proyecto aseguran que con la legislación se erosionarán aún más las libertades civiles y consolidará un clima de opresión de cara a las próximas elecciones de 2016, en las que el presidente Yoweri Museveni cumple 30 años en el poder y que se espera que sea reelegido. En el poder desde 1986, Museveni ha sido objeto de creciente censura por su creciente represión de la oposición y por el fracaso en cuestiones como el control de la corrupción que ha afectado a los servicios públicos esenciales.
Los grupos locales e internacionales de derechos humanos han sido especialmente críticos, y han puesto en relieve la creciente violencia contra los miembros de la oposición, y la impunidad de los funcionarios corruptos leales a Museveni, que dicen que está dispuesto a cerrar todas las plataformas clave que dan una voz a la sociedad civil. El año pasado el Parlamento aprobó una ley de gestión de orden público que obliga a disponer de autorización policial para las reuniones de tres o más personas para hablar sobre asuntos políticos.
Un abogado de derechos humanos en Kampala, Nicholas Opiyo, asegura que la ley está dirigida a evitar las críticas de la ONG sobre la corrupción del gobierno. “Lo que ocurre es que en vez de usar la fuerza bruta, la política de Museveni es cada vez más dependiente en el uso del dinero para ganar las elecciones. Así que con el fin de tener vía libre en el gasto de recursos públicos para comprar votos en las próximas elecciones, comienza a restringir las ONG”, explica.
Fuente Ragap
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