Para no ser homófobos, hay que reconocer que tanto el Partido Popular como Ciudadanos lo disimulan de maravilla. A los primeros ya los conocemos de hace tiempo, a los otros hay algunos que los están descubriendo ahora. Pero serlo, lo son. Y para muestra un botón.

Hace unos años el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCM), Jose Luis Mendoza, ofreció un discurso para inaugurar el curso en el que dijo, por ejemplo, que “el mal llamado matrimonio homosexual es una abominación a los ojos de Dios“; y también cargó contra el aborto y la eutanasia.

Mendoza ya se enfadó muchísimo cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España porque, según él, “permitir la adopción de niños a las parejas homosexuales es aberrante” porque “está demostrado que los niños que han sido educados por padres homosexuales han acabado siéndolo también ellos en un porcentaje muy elevado“.

En diciembre de 2016 la UCM, junto a la Universidad Católica de Valencia y varias organizaciones ultracatólicas, formaron la “Plataforma por las libertades“.  La asociación en cuestión, con Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez (ambos ex políticos del PP), intentó recurrir la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid, pero sin éxito. Dentro de esa Plataforma había organizaciones como la Asociación de Derechos y Víctimas de la Ideología de Género de Murcia.

Pues Jose Luis Mendoza (en la foto con el ínclito Réig Plá… Tanto Monta, Monta Tanto…), que va misas privadas del Papa, tiene un motivo para estar contento: el Ayuntamiento de Málaga acaba de dar el visto bueno a la cesión de 40.000 metros cuadrados de terreno público para que pueda construir un nuevo campus de la Universidad Católica de Murcia gracias al voto del Partido Popular y Ciudadanos.

Lo del Partido Popular era de esperar. Lo de Ciudadanos es peor: en junio se suben a la carroza de los vientres de alquiler en el Orgullo LGTB+ para parecer súper gay friendlys y en octubre le ceden el terreno de todos a una organización privada y ultra católica que cree que el hecho de que las parejas gais tengan hijos es “abominable“.

Desde el Ayuntamiento su concejal de urbanismo, Francisco Pomares, ha defendido la aprobación de esta cesión de terrenos alegando que “es bueno para el desarrollo de la ciudad” porque el proyecto “está respaldado por el Comité Olímpico Español” y “traerá estudios vinculados con la actividad deportiva“. Por su parte el concejal de Ciudadanos Alejandro Carballo ha querido matizar que a la UCM no le saldrán gratis los terrenos; que “tendría que pagar un canon y le exigiríamos también otras contraprestaciones, como becas“.

Desde Izquierda Unida Málaga para la Gente presentaron una moción reclamando que se rechazara la operación, pero PP y Ciudadanos votaron en contra y dieron vía libre a los planes de la UCM. Tanto IU como PSOE y Málaga Ahora han denunciado la implantación en la ciudad de una universidad “de dudosa reputación” que está calificada entre las más bajas en el ranking de universidades españolas. Para estos partidos la UCM no es más que un negocio privado que se dedica a vender títulos universitarios que no merece el trato de favor que le ofrece el Ayuntamiento. Y es que, como bien dice Sergio Brenes del PSOE, “si quieren venir que lo hagan, pero con sus medios, no a costa del patrimonio de todos los malagueños, que compren suelo y monten su negocio“.

Por lo que parece, es bastante probable que el proyecto no llegue a nada. La competencia para autorizar la construcción e implantación de universidades privadas corresponde a la Junta de Andalucía, que ya denegó a la misma UCM un plan similar para instalarse en Málaga.

Fuente La Opinión de Málaga, vía HazteQueer

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Que lo diga quien afirmaba que con Franco se vivía plácidamente…

Tras los espantosos atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, que han dejado por el momento 14 personas muertas y decenas de personas heridas, no han faltado los carroñeros que han aprovechado la desgracia para intentar obtener algún rédito político. Buen ejemplo son las críticas a los Mossos por usar el catalán en sus comunicaciones, cuando lo cierto es que la policía catalana ha dado todo un ejemplo de transparencia informativa en tres lenguas (catalán, castellano e inglés). Era, por desgracia, previsible. Lo que no esperábamos era que el matrimonio igualitario saliera a relucir como una de las causas del terrorismo yihadista. Así lo ha expresado el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado en el Congreso y eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, uno de los personajes más rabiosamente anti-LGTB de la política española.

Ha sido en una entrevista a El Español, el diario digital que dirigie Pedro J. Ramírez. Puedes leer la entrevista completa aquí, bajo el titular “Los españoles merecían que les explicaran los atentados en español”. Pero al margen de que al señor Mayor Oreja le moleste que los catalanes, en un momento especialmente doloroso para ellos, se expresen en catalán (lengua que al menos a día de hoy sigue siendo tan española como lo es el castellano), la entrevista va mucho más allá y ahonda en la que a, a juicio de Mayor Oreja, es la raíz del terrorismo islamista: la debilidad de Occidente y la pérdida de sus “valores cristianos”. “Los que dicen que quieren crear un nuevo orden mundial, lo que tratan es de destruir los valores cristianos que han constituido los cimientos de la civilización occidental. Ahí se abre una grieta, los terroristas ven esa falta de valores compartidos y deciden pasar al ataque para ahondar en nuestra crisis. Por eso lo urgente no es decidir qué medidas policiales hay que adoptar, que también hay que hacerlo, sino definir qué proyecto político y social puede cohesionar a los europeos”, asegura. “A menos valores compartidos en la sociedad occidental habrá más terrorismo yihadista“, añade más adelante.

Preguntado por el entrevistador “¿Cómo se pueden extender o recuperar esos valores?” y “¿A quién responsabiliza de su destrucción?”, Mayor Oreja responde literalmente: “No tratando de reemplazar valores como la vida, la familia, el matrimonio… Eso lo que va produciendo, en mi opinión, es una distancia, un abismo. Y qué duda cabe que hay más responsabilidad entre aquellos que quieren destruir esos valores que entre quienes quieren mantenerlos. Hoy es una lucha, en términos democráticos, entre David y Goliat”. 

“¿Por qué?”, insiste el entrevistador. “Porque la moda dominante es destruir los valores cristianos. Pero no se trata de que algunos queramos una Europa en la que solo haya cristianos, sino de que podamos aceptar y defender que en Europa nuestras raíces son en buena medida cristianas. No se trata de imponer una religión, sino de defender una civilización”, responde.

Que Jaime Mayor Oreja (en la foto, en el acto de entrega de los premios HazteOír 2015, galardón que él mismo recibió en 2010) es uno de los políticos más abiertamente contrarios a los derechos LGTB es bien conocido, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación: desde el “informe Lunacek” contra la LGTBfobia, al que se opuso; pasando por la inclusión de las parejas del mismo sexo en el derecho a la libre circulación de personas en la Unión Europea, a la que también se opuso; por una resolución para hacer frente al VIH/sida en la Unión Europea y países vecinos, contra la que también votó, hasta simplemente una resolución testimonial contra la discriminación de las personas LGTB, de la que fue el único diputado del PP en votar en contra. Por no hablar de su apoyo a eventos ultraconservadores de indisimulado carácter homófobo o a plataformas cuya finalidad es la de conseguir la derogación de las diferentes leyes contra la LGTBfobia que están siendo aprobadas en nuestro país. Ahora bien, que utilice precisamente este tema, aunque sea de forma insidiosa, para justificar la supuesta “debilidad” de Occidente frente al terrorismo islamista roza ya lo absurdo, y más cuando las personas LGTB son una de las principales víctimas de la represión allí donde los islamistas ejercen el poder o tienen influencia. Y muestra lo miserable del personaje, por si a alguien le quedaba alguna duda.

Fuente Dosmanzanas

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Cuando condenen una sola de la agresiones que sufrimos, que hablen… Y pensar que hay homosexuales que les votan…

Un “centenar” de asociaciones se unen para protestar contra las leyes de protección LGTB que se están aprobando a nivel autonómico en España.

Asociación con numerosos dirigentes del Partido Popular

Numerosas asociaciones provida y ultracatólicas han presentado la Plataforma por las Libertades. Una asociación que bajo el pretexto de defender la libertad de todxs lxs españolxs afirma que vivimos en una dictadura LGTB sustentada en la ‘perfida’ ideología de género.

El acto de presentación del Manifiesto contó con la presencia de los representantes de asociaciones que lo han promovido o se han adhertido a él: Jaime Mayor Oreja (Valores y Sociedad), José Eugenio Azpiroz (Familia y Dignidad Humana), Ignacio Arsuaga (HazteOir.org), Nicolás Jouvé (Civica), Rocío Monasterio (Femidisidencias), Pablo Siegrist (Fundación Jérome Lejeune) o Manuel Oliete (Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción), entre otros.

El mundo al revés. A pesar de que a lo largo del 2016, el colectivo LGTB ha sufrido una agresión cada tres días en la Comunidad de Madrid, algo ue no ha merecido la condena de esta gente, a pesar de que numerosas comunidades niegan el acceso a la reproducción asistida a las parejas lésbicas, a pesar de que el colectivo transexual y bisexual se encuentre en una espiral de silencio y burla, para la recién nacida Plataforma por las Libertades, en España vivimos en una dictadura LGTB.

Sí, varias asociaciones ultraconservadoras que reúnes a cuatro gatos y gatas cada una, de esas que dicen que están muy preocupadas por la vida de los demás y por las familias como debe ser de toda la vida de Dios, y dos universidades católicas (las de Murcia y la de Valencia) han formado una plataforma “por las libertades” cuyo único fin parece ser pedir el fin de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTB que poco a poco se están aprobando en toda España. Por queda alguien #YoSoyGayYDelPP entre quienes entran a esta página, a la cabeza de esta nueva plataforma están Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez, una señora muy católica y muy conservadora que fue diputada del PP hasta hace muy poco y que ahora se dedica a recorrer medios ultras de la caverna lloriqueando por la pérdida de sus valores reaccionarios en la política y prometiendo que habrá un nuevo partido de derechas porque lo de sus antiguos compañeros es una vergüenza.

El primer episodio de esta locura lo vivimos el pasado mes de noviembre. Este grupo de asociaciones mandaron una carta al Defensor del Pueblo indicando que:

“El derecho a la igualdad; el derecho a la integridad física y moral; el derecho a la protección de la salud; el deber de prestar asistencia a los hijos; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de presunción de inocencia; el de seguridad jurídica; el derecho de tutela efectiva y el derecho de educación y a la libertad ideológica y religiosa eran vulnerados por la ‘Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual’ aprobada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes”.

Sin embargo, La defensora del Pueblo decidió- dar carpetazo y rechazar la petición de amparo de los solicitantes y no interponer recurso alguno justificando la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI. 

Ahora, y a pesar del bofetón de realidad que supuso la decisión de la defensora del pueblo, estas asociaciones han decidido crear la Plataforma por las Libertades para seguir luchando contra un elemento que no se puede detener: la evolución de la sociedad.

En noviembre eran  20 las asociaciones que pedían el recurso a la ley Cifuentes, como ellos la llaman, y ahora afirman que más de 100 colectivos se han unido a su pataleta. No hemos encontrado el listado completo, pero viendo el nombre de algunas de ellas os podéis hacer una idea: Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana,  la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos  Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Comunidad Evangélica y la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.

Entre ellas dstacamos la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja, y en cuyo patronato figuran también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil, o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley madrileña (el otro fue el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud era la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Dos organizaciones que precisamente figuran en la lista de las entidades que se han adherido al manifiesto fundacional de la plataforma, presentada esta misma semana en un acto presidido por los ya mencionada Lourdes Méndez y en el que estuvo también presente Jaime Mayor Oreja, un político que siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB (como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación).

Entre el resto de organizaciones que se han adherido hay pocas sorpresas. Está, por supuesto, HazteOír, pero también la Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos  o el Instituto de Política Familiar, entre otros grupos ultraconservadores y tradicionalistas. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de dos universidades católicas (la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Valencia) o de algunos colectivos que sobre el papel aseguran defender causas ajenas a la oposición a los derechos LGTB, como la Federación de Familias Numerosas de Madrid o la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.

Una mirada retrógrada

Ya sabéis que en este tipo de asociaciones siempre repiten que montan estos circos por los niños, no vaya a ser que crezcan siendo un poco más decentes que sus padres y que alguien les explique que pueden usar su religión para otra cosa que no sea difundir ideas absurdas y como excusa discriminar a otras personas.  De todas formas, esta vez estaban más creativos que lo habitual y han escrito un manifiesto  para explicarnos por qué están en contra de estas normas… de nosotros, vamos…

Lo han escrito con todo su amor, porque aseguran que cualquier español debe estar protegido de ideologías totalitarias, y empiezan fuerte, afirmando que la libertad en España está amenazada bajo el pretexto de perseguir la discriminación por orientación sexual o combatir la LGTBIfobia. También dicen que se vulneran artículos de la Constitución española que protegen el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud o a la educación.

Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual. Cualquier español debe estar protegido de cualquier ideología que se quiera imponer de forma totalitaria.”

Este extracto del manifiesto que ha presentado la asociación (se puede leer de manera íntegra aquí) resume la posición de la Plataforma por las Libertades, que se sitúa a la derecha del sector más a la derecha de la política española.

Esta gente tan creyente y tan poco evangélica dice que son “personas que creen en la igualdad”  y que están muy discriminados porque una serie de leyes intentan proteger a un colectivo especialmente perseguido. Aunque a lo mejor es que de verdad creen en la igualdad y por eso han escrito este manifiesto, que ya es todo un ejemplo de por qué son necesarias estas leyes.

También aseguran que a su escrito se han unido científicos muy preocupados porque se defienda la libertad de investigación y profesionales de la sanidad. Y aquí es cuando ya no nos parece gracioso lo que dicen. Detrás de esta preocupación por la salud, la ciencia y la técnica está la última obsesión de moda entre los reaccionarios, que son las falsas terapias de conversión. ¿Qué más da que el criterio científico sea conocido y clarísimo? Ellos tienen amor cristiano que dar y lo demuestran así, diciéndote con una sonrisa que si eres discriminado de alguna forma no es porque hagan todo lo posible porque así sea, es porque te empeñas en vivir de acuerdo con cómo naciste y no como a ellos les gustaría. Igualmente, nos gustaría saber dónde han recibido sus titulos estos profesionales sanitarios que ignoran el altísimo riesgo de depresión y suicidio por el que pasan las personas obligadas a acudir a estas “curas“.

Desde la Plataforma por las Libertades (compuesta por En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia, entre otras) afirman que los derechos del colectivo LGTB se han impuesto de forma totalitaria y de espaldas a los ciudadanos.

Algo que es absolutamente falso, puesto que todas las leyes autonómicas se han votado (algunas han salido por unanimidad como en la Comunidad de Madrid) y todas las encuestas realizadas afirman que la sociedad española se sitúa a la vanguardia en cuanto a tolerancia e inclusión de la comunidad LGTB.

Los mismos perros que en el pasado (y en la actualidad) se postularon contra el divorcio y el aborto ahora ladran contra los derechos del colectivo LGTB y la igualdad de géneros. Y al igual que en el pasado, en la actualidad sus protestas tienen la batalla perdida: por mucho que retumbe la caverna del heteropatriarcado, el progreso no se detiene.

A este espanto de la Plataforma por las Libertades se unen también, entre otros, escritores preocupadisímos por la libertad de expresión, redactores de Actuall, periodistas contrarios a que la homosexualidad se convierta en un dogma de Estado, empresarios y muchos profesores que ven en peligro su libertad porque tendrán que hablar de la diversidad familiar en clase, o al menos no ignorarla si se da el caso.

Por suerte, sabemos que aunque haya unos cuantos profesores con ganas de meterle a sus alumnos la mayor cantidad de homofobia en la cabeza, hay muchísimos docentes por todo el país que están cabreadísimos con los panfletos homófobos que HO está mandando a los colegios. Se sienten muy insultados, precisamente, porque en esos librillos se cuestiona su actividad como educadores. Porque al final eso es lo que realmente les molesta, ver amenazada su libertad como padres para meter tonterías homófobas y discriminatorias en las cabezas de sus hijos.

Como ya comentamos en su momento, el hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores.

Si por ejemplo la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, el texto madrileño, sin duda ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse, pero no conviene bajar la guardia.

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Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Las elecciones al Parlamento Europeo están cada vez más cerca. Con el objetivo de facilitar un criterio más para decidir el voto, ILGA Europa ha analizado cómo se han posicionado, en siete votaciones clave sobre derechos LGTB, cada uno de los 752 diputados que han ocupado un escaño en Estrasburgo durante la legislatura que ahora acaba.

Los europarlamentarios reciben una calificación entre 0 y 100 según el sentido de su voto en siete resoluciones fundamentales que afectan a los ciudadanos LGTB de los últimos cinco años:

• El Informe sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (que recogimos en 2012).
• La Resolución sobre la lucha contra la homofobia en Europa (2012).
• El Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto (2013).
• La Resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas (2011).
• El Informe sobre la ciudadanía de la UE y eliminación de obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la UE (2012).
• El Informe sobre la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (también conocido como Informe Lunacek por su impulsora, del que nos hicimos eco a principios de este año).
• El Informe sobre salud sexual y reproductiva y derechos afines (2013).

Cada voto en línea con las recomendaciones de la ILGA suma 14 puntos, mientras que las abstenciones y las ausencias suman 7 y los votos en dirección contraria a los derechos LGTB suman 0. El criterio de contabilizar de igual manera la abstención y la no asistencia a la votación puede producir resultados engañosos: Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del Partido Popular en 2009 y convencido opositor a la igualdad LGTB, obtiene una puntuación de 21 sobre 100, a pesar de haber votado contra los derechos de gays y lesbianas en las cuatro votaciones sobre el tema en las que ha participado. Mayor Oreja ha renunciado a presentarse de nuevo como candidato.

Sin salirnos de los 54 representantes españoles, destacan positivamente (puntuación de 100 sobre 100) nueve de los 23 socialistas, entre ellos el cabeza de lista en 2009 Juan Fernando López Aguilar; así como el representante de Aralar, Iñaki Irazabalbeitia, la del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Izaskun Bilbao y el de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Francisco Sosa Wagner. Este parlamentario se situó en el punto de mira en 2009 al abstenerse en una votación de condena de la legislación homófoba en Lituania; Sosa lo achacó a un “error técnico” y manifestó su intención de rectificar el voto unos días más tarde.

También obtienen puntuaciones por encima del 75 los dos diputados de IU-ICV (Willy Meyer y Raül Romeva) y el de Convergència Democràtica de Catalunya, Ramón Tremosa. Por el contrario, la media de calificaciones del PP se queda en 38 (siendo la más baja la del mencionado Mayor Oreja y la más elevada las de Pilar Ayuso, Agustín Díaz de Mera y Rosa Estaràs, con 57). El parlamentario de Unió Salvador Sedó consigue solo un 41.

ILGA ha calculado también las notas medias de cada partido político con presencia en el Parlamento Eeuropeo, y de cada país. Las formaciones paneuropeas más homófobas son el Partido Popular Europeo (35) y los euroescépticos de Europa de la Libertad y la Democracia (EFD, 36); mientras que los más favorables a la igualdad LGTB son Los Verdes (95) seguidos de los Socialistas y Demócratas (90). Por países, el único que queda por debajo del 50 es Polonia (32), mientras que la puntuación más alta la obtiene Suecia, con un 90. España, con 68 puntos, supera ligeramente la media de 62.

Información sin duda de gran interés para orientar el voto en las elecciones del próximo domingo, y que complementa a la lista de candidatos que han firmado ya el compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB incluido en la iniciativa Come Out, de la que hemos venido informando periódicamente (en próximos días haremos una última actualización).

Fuente Dosmanzanas

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La UE aprueba el informe Lunacek sobre derechos LGTB con los votos del PP español, excepto Mayor Oreja y Vidal-Quadras

Celebramos la aprobación del Informe Lunacek contra la discriminación sexual y de género en el Parlamento Europeo

Medidas por la igualdad en la educación, la atención sanitaria, el acceso a bienes y servicios y acciones específicas en favor de las personas trans e intersexuales. Estas son algunas de las medidas que contempla el Informe Lunacek, que fue aprobado ayer por el Parlamento Europeo con los votos del PP Europeo (11 a favor, 4 en contra, entre ellos los de Mayor Oreja y Vidal-Quadras y 2 abstenciones).

El informe Lunacek ha sido aprobado esta mañana con 394 votos a favor y 176 votos en contra en el Parlamento Europeo. Este informe hace una recomendación no vinculante a la UE para que desarrolle una hoja de ruta con medidas contra la homofobia, bifobia y transfobia, siguiendo la misma línea que las que se establecen para combatir discriminaciones por razón de género, discapacidad o etnia.

El informe insta a una estrategia por la igualdad en campos como el empleo, la educación, la salud, el libre movimiento, los crímenes de odio o las relaciones internacionales.

El Parlamento Europeo ha sufrido una fuerte presión por parte de grupos extremistas y conservadores con argumentos falsos respecto al informe, que si bien es una buena noticia, está lejos de promover una igualdad legal o real en los países que componen la Unión Europea. Desde la FELGTB se ha trabajado para dar a conocer este informe y pedir la colaboración ciudadana para que las y los representantes del Parlamento Europeo vieran el apoyo de la ciudadanía a medidas que impulsen la igualdad.

Gabriel Aranda, coordinador del Área Internacional de la Federación, ha remarcado que “es intolerable que haya representantes españoles en el Parlamento Europeo incapaces de establecer un marco común contra la discriminación. Vivir libre de discriminación o amenazas es un derecho fundamental básico que eurodiputados como Mayor Oreja, Vidal Quadras y otros del PP han querido negar a lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Este 2014 lo dedicamos precisamente a hacer pedagogía al respecto: los derechos LGTB son Derechos Humanos”.

“La aprobación del informe Lunacek es una buena noticia porque da un mínimo de seguridad jurídica a las personas LGTB en la Unión Europea, pero la igualdad es un camino aún largo. Trabajamos para que el Gobierno abra los ojos y entienda que es necesario promover en España una Ley de Igualdad de Trato que profundice esa lucha contra la discriminación también por motivo de orientación sexual e identidad de género”, ha recordado Boti García Rodrigo, presidenta de la FELGTB

Más sobre el informe:

El informe, del que ha sido ponente la eurodiputada verde austriaca (y copresidenta del Intergrupo LGBT del Parlamento Europeo) Ulrike Lunacek, condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y “deplora profundamente” que los derechos fundamentales de las personas LGTBI no se respeten siempre en la Unión Europea. Además pide a la Comisión Europea, a los Estados miembros y a las agencias comunitarias que trabajen juntos por una hoja de ruta similar a las que ya cuenta la Unión para combatir la discriminación por motivos de género, discapacidad o etnia.

“El estudio sobre las personas LGBT publicado por la Agencia de los Derechos Fundamentales en 2013 indica que un 47 % de las personas LGBT fue objeto de discriminación o acoso en el último año, dándose los índices más elevados de discriminación entre las lesbianas (55 %), los jóvenes (57 %) y las personas LGBT más pobres (52 %); un 26 % fue objeto de agresiones o amenazas violentas debido a su orientación sexual o identidad de género (un 35 % entre las personas trans); únicamente un 10 % se sintió con suficiente seguridad para denunciar la discriminación a la policía, y solo un 22 % denunció casos de violencia o acoso; un 32 % fue objeto de discriminación en el acceso a la vivienda, en el ámbito educativo o en el acceso a la atención sanitaria, los bienes o los servicios; y un 20 % fue objeto de discriminación en el empleo o el trabajo (un 29 % entre las personas trans)”, asegura el informe.

El texto menciona las áreas en las que debe incidir la hoja de ruta, siempre respetando las competencias de los Estados miembros. En materia de familias y libre circulación, por ejemplo, establece que la Comisión debe elaborar directrices para garantizar la aplicación a las personas LGTBI de las directivas sobre el derecho de los ciudadanos europeos y de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de la Unión, “con el fin de asegurar el respeto de todas las formas de familia legalmente reconocidas en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros”. En materia de juventud y educación, se hace un llamamiento a la Comisión para que promueva la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en todos sus programas específicos.

En materia de transexualidad, el texto reclama a los estados miembros que establezcan o revisen los procedimientos jurídicos de reconocimiento del género con el fin de respetar el derecho a la dignidad y la integridad física de las personas transexuales. También pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que sigan trabajando para suprimir los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y del comportamiento. En materia de incitación al odio, el texto pide que el marco actual de la Unión Europea sobre la “lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal” sea reformulado para incluir otras formas de delitos motivados por prejuicios e incitación al odio, entre ellos por razón de orientación sexual e identidad de género.

Aunque el “informe Lunacek” establece solo recomendaciones y no se trata de una directiva de obligado cumplimiento, su aprobación supone un hito importante en la lucha por los derechos LGTB en Europa y una derrota importante para los grupos ultraconservadores que en las últimas semanas se habían movilizado muy activamente para impedirla. “No podemos seguir tolerando la homofobia en Europa. Tantos de nosotros, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales hemos vivido con miedo demasiado tiempo. Miedo a darnos la mano por la calle, miedo a que nos insultaran, miedo a que nos echaran de nuestras casas, colegios o trabajos. Mi informe deja claro que la Unión Europea debe actuar para que nosotros también podamos disfrutar de los derechos garantizados a todos los ciudadanos”, ha declarado al respecto su autora, Ulrike Lunacek.

“La Comisión debe proponer una refundición de la Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, de forma que se incluyan otras formas de delitos motivados por prejuicios y de incitación al odio, entre otros, por motivos de orientación sexual e identidad de género”, incluye también.

 El voto español:

Por lo que se refiere al sentido del voto de los eurodiputados españoles, los eurodiputados de Aralar (Verdes/Alianza Libre Europea), Convergència Democràtica De Catalunya (ALDE), IU (Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica), Iniciativa per Catalunya Verds (Verdes/Alianza Libre Europea) , PSOE (S&D), PNV (ALDE), Unió Democràtica de Catalunya (Grupo Popular Europeo) y UPyD (no integrada en ningún grupo) votaron a favor.

 Por lo que se refiere a los 24 eurodiputados populares, cabe felicitarse de que diez de ellos decidieran votar a favor. Son Agustín Díaz de Mera, Rosa Estarás, Santiago Fisas, Salvador Garriga, Esther Herranz, Teresa Jiménez-Becerril, Verónica Lope, Francisco José Millán, Eva Ortiz y Pablo Zalba. Votaron en contra cuatro: Cristina Gutiérrez-Cortines, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Aleix Vidal-Quadras (si bien este eurodiputado ya no pertenece al PP). Se abstuvieron dos: Carmen Fraga y Luis de Grandes. Ocho eurodiputados populares no votaron (tampoco lo hicieron tres socialistas).

 Por una vez, y nos congratulamos por ello, el PP español ha votado en un sentido más progresista que la media de su grupo: 10 han votado a favor, 4 en contra, 2 se han abstenido y 8 no han votado, mientras que de los 274 eurodiputados del Grupo Popular Europeo 69 han votado a favor, 130 en contra, 25 se han abstenido y 50 no han votado.

General, Historia LGTBI Agustín Díaz de Mera, ALDE, Aleix Vidal-Quadras, Aralar, Boti García Rodrigo, Carmen Fraga, CDC, Cristina Gutiérrez-Cortines, Discriminación, Esther Herranz, Eva Ortiz, FELGTB, Francisco José Millán, Gabriel Aranda, Grupo Popular Europeo, ICV, Informe Lunacek, IU, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Salafranca, Luis de Grandes, Pablo Zalba, PNV, PP, PSOE, Rosa Estarás, S&D, Salvador Garriga, Santiago Fisas, Teresa Jiménez-Becerril, UDC, UPyD, Verdes (Holanda), Verdes/Alianza Libre Europea, Verónica Lope