Algunos de los equipos defensores de las parejas del mismo sexo que han demandado a sus estados por no permitirles contraer matrimonio han decidido solicitar que los jueces castiguen las prácticas abusivas de las fiscalías. En Wisconsin y Carolina del Sur se han presentado solicitudes judiciales para que se condene a los representantes jurídicos de los estados a sufragar las minutas de los abogados defensores. Las cifras pueden superar el millón de dólares en Wisconsin y los cien mil dólares en Carolina del Sur.

El equipo legal de la organización de defensa de los derechos civilesAmerican Civil Liberties Union (ACLU) fue el encargado de sostener la demanda presentada por ocho parejas del mismo sexo a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Aunque la sentencia del tribunal federal presidido por la juez Barbara Crabb fue favorable al matrimonio igualitario, los demandantes tuvieron que enfrentarse a prácticas por parte de la Fiscalía de Wisconsin cuyo objetivo era la mera dilación del proceso.

El fiscal general del estado, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, intentó por todos los medios retrasar la ejecución de la sentencia, consiguiendo que la juez Crabb la suspendiera en espera de la apelación. La juez, sin embargo, estableció un plazo de diez días antes de la suspensión, plazo en el cual algunas secretarías de los condados facilitaron licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La reacción del fiscal fue la de amenazar con demandas a los secretarios que cumpliesen con la sentencia federal y la de calificar a los matrimonios celebrados de “ficticios”.

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito, al que pertenece Wisconsin,confirmó la sentencia favorable al matrimonio igualitario, aunque el fiscal continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso y desde esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió completa legalidad en el estado de Wisconsin.

Pero el equipo legal de ACLU considera que las prácticas disuasorias de la Fiscalía merecen  un resarcimiento. Según se hace constar en la petición presentada, ”la decisión de los demandados de presentar innumerables mociones, hallazgos, nuevos argumentos y tratar frenéticamente de detener los matrimonios, produjo un aumento de la complejidad sustantiva y procesal de los demandantes e incrementó el trabajo de sus abogados, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelaciones, y por lo tanto el tiempo requerido para el procedimiento“.

Por ello, teniendo en cuenta que la ley federal en los pleitos civiles puede compensar en este sentido a los demandantes, han solicitado que la Fiscalía de Wisconsin se haga cargo de la minuta del equipo defensor por el trabajo y las horas añadidas con sus prácticas. La cifra asciende a casi 1.250.000 dólares (algo más de 1.000.000 de euros). Desde la oficina del fiscal general no se han querido hacer declaraciones.

Petición de resarcimiento en Carolina del Sur

Los abogados defensores de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Carolina del Sur por no permitirles contraer matrimonio esgrimen un argumento semejante, aunque con sus diferencias.

Carolina del Sur pertenece al ámbito de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en el mes de julio corroboró la sentencia que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Virginia. Al igual que en el caso de Wisconsin, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso contra ese dictamen. Por ello, según argumentan los abogados de los demandantes, el estado de Carolina del Sur debería haber acatado la jurisprudencia de su Corte de Apelaciones, aceptada de facto por el Tribunal Supremo, y haber derogado las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la Fiscalía, al cargo del también ultraconservador Alan Wilson, no solo continuó defendiendo esas leyes ante el tribunal federal presidido por el juez Richard Mark Gergel, sino que, cuando este dictaminó a favor del matrimonio igualitario, intentó su suspensión permanente durante el proceso de apelación, que fue denegada por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, e incluso llegó a recurrir al Tribunal Supremo, que tampoco admitió la solicitud. Tras todo este proceso, se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo  en Carolina del Sur.

A pesar de todo, la Fiscalía ha continuado con el proceso de apelación, a sabiendas de la práctica seguridad del resultado adverso a su propósito tanto ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito como ante el Tribunal Supremo.

Y ese es precisamente el argumento del equipo de abogados defensores, que denuncian que todo ese trámite inútil acarrea cientos de horas de trabajo para sus bufetes, que deben contrarrestar ante los tribunales las apelaciones de la Fiscalía. Por ello han solicitado que el departamento presidido por el fiscal Wilson se haga cargo de los emolumentos correspondientes a las horas dedicadas al alargamiento del proceso, que cifran en unos 150.000 dólares (unos 120.000 euros).

Si prosperan estas solicitudes, estos emolumentos se sumarán al no cifrado pero sin duda enorme gasto en recursos públicos, e incluso en contratación de bufetes privados, que los estados han dilapidado en la defensa de las leyes contrarias a la igualdad de derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Decenas de parejas gays se casan en Indiana antes de que se suspendan los matrimonios

El juez federal Richard Young ha dictaminado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación del estado de Indiana viola la Constitución de los Estados Unidos. El juez no ha determinado la suspensión de la sentencia, por lo que la misma tarde de este miércoles tenían lugar las primeras bodas entre personas del mismo sexo en el estado. La Fiscalía General de Indiana ya ha anunciado su intención de recurrir el fallo del tribunal federal ante la Corte de Apelaciones.

Aunque en Indiana nunca prosperó ninguna propuesta de modificación de la Constitución estatal para prohibir el matrimonio igualitario, sí que se aprobó en 2004 una Ley de Defensa del Matrimonio que lo definía como la unión de un hombre y una mujer. El juez Young tenía que decidir sobre la demanda presentada por cinco parejas del mismo sexo residentes en Indiana a quienes o bien se les había denegado la posibilidad de contraer matrimonio, o bien no se les habían reconocido sus enlaces celebrados en otros estados donde está permitido. Como ya es habitual en otras sentencias del mismo tipo, el juez ha estimado que “por las razones expuestas a continuación, el tribunal considera que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Indiana viola las cláusulas del debido proceso e igual protección y es, por lo tanto, inconstitucional”.

En su sentencia, el juez Young ha hecho referencia precisamente a la secuencia ininterrumpida de sentencias favorables a los derechos LGTB que le precedían: “El tribunal nunca había sido testigo de un fenómeno semejante en todo el sistema de tribunales federales como el que se refiere a este asunto. En menos de un año, todos los tribunales federales de distrito que han examinado esta cuestión han llegado a la misma conclusión en opiniones reflexivas y profundas:  las leyes que prohíben la celebración y el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo son inconstitucionales. Está claro que no se puede privar a algunos individuos del derecho fundamental a contraer matrimonio basándose ​​únicamente en la persona que elijan amar. Con el tiempo, los estadounidenses verán a parejas como las demandantes y se referirán a ellas simplemente como matrimonios, no como ‘matrimonios entre personas del mismo sexo’. Estas parejas, dejando a un lado el género y la orientación sexual, son en todos los aspectos como cualquier otra familia corriente. La Constitución exige que las tratemos como tal”·

El Fiscal General de Indiana, Greg Zoeller, ya ha comunicado su intención de presentar una petición de suspensión de la sentencia, y de recurrirla ante la Corte de Apelaciones. El gobernador del estado, Mike Pence, un firme defensor de la prohibición del matrimonio igualitario, ha declarado que defenderá “el derecho de Indiana para definir la institución del matrimonio para los residentes de nuestro estado”.

Primeras bodas

En la sentencia, el juez Richard Young ha ordenado la ejecución inmediata respecto a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de los celebrados en otros estados. La Secretaría del condado de Madison, donde está ubicada Indianápolis, la mayor ciudad del estado, ha comenzado apenas una hora después de la comunicación de la sentencia a emitir licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandasen.

Los primeros en contraer matrimonio han sido Craig Bowen y Jake Miller, que formalizaron la ceremonia del matrimonio inmediatamente después de recibir su licencia. Los novios comentaban que todo había sido bastante improvisado, ya que incluso sus propios padres no se habían enterado de su decisión. Ambos concluyeron la ceremonia con un “te quiero” y el beso protocolario.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Indiana se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia,Texas, Michigan, Arkansas, Idaho,  Oregón, Pensilvania y Wisconsin. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados. La decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, con su consiguiente apelación, provocará que este proceso culmine en un futuro más o menos próximo en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 20 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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La juez federal Barbara Crabb ha dictaminado este viernes 6 de junio que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes del estado de Wisconsin viola los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Los condados de Milwaukee y Dane, dos de los más populosos del estado, comenzaron inmediatamente a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, celebrándose las primeras bodas la misma tarde del viernes. El fiscal general de Wisconsin, J.B. Van Hollen, ha comunicado su intención de apelar la sentencia y ha solicitado a la juez Crabb que impida la celebración de matrimonios de manera inmediata.

La juez Crabb debía decidir sobre la demanda presentada conjuntamente por ocho parejas del mismo sexo, a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Los votantes de Wisconsin, por un mayoría del 59 %, habían aprobado en noviembre de 2006 la inclusión de un artículo en la Constitución de su estado que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

La juez ha dictaminado que ese artículo “viola el derecho fundamental  al matrimonio de los demandantes y su derecho a la igual protección ante la ley recogida en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. También ha declarado inconstitucional cualquier normativa o estatuto que impida el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Asimismo, ha declarado contraria a la Constitución de los Estados Unidos la normativa estatal, única en el país, que penaba con penas de prisión y fuertes multas a aquellas parejas del estado que decidían contraer en otras jurisdicciones un matrimonio prohibido por las leyes de Wisconsin.

En esta ocasión, la juez federal no ha suspendido su fallo hasta que se decida su posible apelación, como se decidió en otros casos, a pesar de que así lo había solicitado en su día el fiscal general de Wisconsin, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, aun antes de conocerse el contenido de la sentencia. Por el contrario, la juez ha establecido que los demandantes pueden presentar alegaciones hasta el próximo día 16 de junio, si entienden que su sentencia ha perjudicado sus intereses. La Fiscalía dispondrá de una semana para contrarrestar esas alegaciones, sin que ello suponga la suspensión de la sentencia, que puede ejecutarse de inmediato.

El efecto de este plazo extraordinario para alegaciones es que cualquier petición de suspensión de la sentencia debe esperar hasta que se cumpla para ser considerada. En principio, tampoco se podría apelar ante la Corte de Apelaciones federal hasta que finalice el plazo, pues no se habrían agotado las posibilidades de recurso en primera instancia. Por lo tanto, aun cuando el tribunal superior dicte la suspensión de la sentencia en su día, se habrán celebrado bodas entre personas del mismo sexo durante todo ese periodo.

Primeras bodas

Así lo han entendido las secretarías de los condados de Milwaukee y Dane, que decidieron empezar a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo en la misma tarde del viernes. El secretario ejecutivo del condado de Milwaukee, Chris Abele, decidió incluso que sus dependencias abrirían el viernes hasta las 9 de la noche, corriendo él mismo con los gastos extraordinarios que supusieran esta ampliación del horario. El único requisito a cumplir es que al menos uno de los contrayentes resida, con una antigüedad de al menos 30 días, en el condado donde se solicite la licencia matrimonial. También existe un plazo de 5 días para que se pueda celebrar el matrimonio tras la emisión de la licencia, pero se puede evitar pagando una pequeña tasa.

Esta circunstancia ocasionó que el mismo viernes el fiscal general Van Hollen presentara una moción de urgencia ante el tribunal de la juez Crabb, en la que insta a la magistrada a que suspenda su sentencia hasta que finalice el plazo extraordinario de alegaciones y que, por vía telefónica, ordene a los condados el cese inmediato de la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Sin embargo, las secretarías de los dos condados no han recibido orden alguna en ese sentido, pues han seguido emitiendo licencias de matrimonio durante toda la tarde del viernes y la jornada del sábado. Los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en Wisconsin se cuentan ya por centenares.

Seguiremos atentos a los acontecimientos para seguir informando.

Presentada demanda en Dakota del Norte

Las últimas demandas contra la prohibición del matrimonio igualitario habían sido presentadas semanas atrás en Alaska y Dakota del Sur, dejando a Dakota del Norte como el único estado donde no se había desafiado ese tipo de legislación. Pero este viernes 6 de junio siete parejas del mismo sexo han interpuesto una demanda en un tribunal federal contra el estado de Dakota del Norte por impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados donde están permitidos.

Con la incorporación de Dakota del Norte a la lista, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida tanto en las constituciones estatales como en sus legislaciones ha sido desafiada ante los tribunales en todos y cada uno de los estados.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Wisconsin se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho,  Oregón y Pensilvania. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. A estos 20 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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