Adriano Antinoo, la entidad proponente de la iniciativa, lamenta la abstención del PP con la excusa de cuestiones técnicas.

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTB fallecido en junio de 2015, una plaza en el centro de la ciudad. En concreto, el espacio que recibirá su nombre está situado junto a la Alameda de Hércules, al frente de los cines Alameda. A día de hoy carece de nombre diferenciado. El Partido Popular no ha querido sumarse al homenaje del resto de grupos políticos del Ayuntamiento sevillano y ha preferido abstenerse alegando cuestiones técnicas.

La asociación Adriano Antinoo felicita la aprobación por parte del Pleno Municipal de Sevilla de dedicar a Pedro Zerolo, activista LGTBI que impulsó la lucha por el matrimonio igualitario en España, que estará situada en el espacio situado delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. Esta iniciativa es fruto de la petición de la asociación Adriano Antinoo, que informaba a través de un tuity pretende incorporar al callejero de la ciudad de Sevilla personas que se han distinguido en la lucha por los derechos y la visibilidad LGTBI.

La propuesta, que ya había recibido el visto bueno de la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo en julio del año pasado, ha sido aprobada finalmente con los votos de PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). «Los grupos municipales del PSOE, Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida han apoyado Este reconocimiento permite a nuestra ciudad incorporarse a la lista de ciudades españolas que reconocen la importancia histórica de Zerolo a favor de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales», se ha felicitado el colectivo Adriano Antinoo, promotor de la medida, en un comunicado de prensa hecho público tras la aprobación de la propuesta.  Este colectivo también ha lamentado la abstención del PP, «que una vez más ha desaprovechado la ocasión para ponerse junto a las personas LGTBI y no a contra corriente de los avances de los derechos y las libertades de este colectivo».

Sevilla | PEDRO ZEROLO TIENE YA UNA PLAZA EN SEVILLA. A propuesta de la Asociación Adriano Antinoo, el Pleno del @Ayto_Sevilla ha aprobado hoy dedicar al activista #LGTBI la plaza existente delante de los cines Alameda, junto a la Alameda de Hércules. pic.twitter.com/p5MJmQzEUw

— Adriano Antinoo LGTB (@AdrianoAntinoo) 25 de mayo de 2018

Desde Cristianos Gays felicitamos al Ayuntamiento de Sevilla por su decisión. Pedro Zerolo, presidió la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) desde 1997 a 2003 (siendo precisos, fue presidente de la FELGT, ya que la entidad aún no había añadido la “B” a su denominación oficial). Desde esa posición Zerolo resistió los duros embates del aznarismo entonces gobernante y contribuyó a desarrollar el movimiento asociativo LGTB en España tal y como lo conocemos hoy. Cuando consideró necesario incorporarse a la política lo hizo desde las filas del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, partido del que fue secretario de Movimientos Sociales y concejal en el Ayuntamiento de Madrid. La historia del movimiento LGTB en España y de sus conquistas (muy singularmente ser uno de los primeros países del mundo en aprobar el matrimonio igualitario) no hubiera sido la misma sin Zerolo, que también contribuyó personalmente a la extensión de estos avances a América Latina.

Por lo que respecto a la abstención final del Partido Popular (que en 2007 sí que apoyó la propuesta cuando la discutió la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo) no supone demasiada sorpresa si se tiene en cuenta el antecedente de lo sucedido en Madrid en el año 2015. Los populares tampoco quisieron adherirse entonces a la decisión del resto de grupos municipales de renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella como Plaza Pedro Zerolo.

El partido que más activamente se ha opuesto a la igualdad de derechos de las personas LGTB entre los grandes partidos españoles queda nuevamente retratado.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos).

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para promover de forma conjunta una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, después de que el pasado mes de octubre el Parlamento andaluz aprobara la toma en consideración de sus dos proyectos, que diferían, sobre todo, en el tratamiento legal de la transexualidad en menores. Tras el acuerdo, la preferencia explícita que el proyecto de Podemos daba a la voluntad del menor sobre la de sus padres a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal durante la pubertad (algo a lo que se negaba en redondo el PSOE) queda sustituida por una redacción más genérica, que sigue considerando como valor supremo el derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad, pero sin establecer preferencias explícitas en su articulado.

El Parlamento andaluz aprobó en octubre la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas (ello no significa que el resto de grupos estuvieran de acuerdo con su articulado, sino con el hecho de que el proyecto debía tramitarse). La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese hace confluir ambas propuestas.

¿Cuál fue la causa de que se presentasen dos proposiciones? Podemos optó por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. Su texto, por ejemplo, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. No es algo nuevo: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE, que entonces gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar detalles y remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añade de hecho aquella ley.

El PSOE, por su parte, prefirió elaborar un proyecto alternativo de ley de igualdad y no discriminación, que en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans remitía simplemente a esos mismos textos de la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojas, ambos partidos han llegado a un acuerdo para retirar sus dos textos y presentar uno conjunto. El texto acordado mantiene el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal en el momento adecuado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su misma edad e identidad, pero la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres será sustituida, según adelantaba Infolibre, por una fórmula que garantiza “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual” y establece que la administración velará para que los padres “desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”, garantizando “el interés superior del menor”. A la espera de conocer el texto definitivo, parece que ambos partidos han cedido: el PSOE acepta que la ley reconozca de forma expresa el derecho de los menores trans al tratamiento hormonal, mientras que Podemos acepta que la preferencia de la voluntad de los menores sobre la de sus padres (que el PSOE rechazaba que figurase de forma explícita en el texto) se refleje de una forma mucho más genérica.

Posible acuerdo unánime

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que juntos tienen mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (aunque PSOE gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos) garantiza que la ley saldrá adelante. Es esperable, en cualquier caso, que lo haga también con el apoyo tanto de Ciudadanos como de IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos).

La incognita será lo que haga el PP, aunque en Andalucía este partido mantiene posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTB. De hecho, durante el debate de la toma de consideración de los anteriores proyectos, la portavoz popular, Esperanza Oña, reconocía expresamente que el texto de Podemos era “más avanzado”. Un posicionamiento que abre la puerta a que el texto pueda ser aprobado por unanimidad, como ya sucediera en 2014 con la ley integral de transexualidad. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

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El Pleno del Parlamento de Andalucía aceptó el pasado miércoles la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una presentada por Podemos y otra por el PSOE, contra la LGTBIfobia y la no discriminación de las personas LGTB. La toma en consideración del texto de Podemos, más ambicioso, recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas. La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, grupo que espera que se pueda llegar a un acuerdo y confluir en un único texto. Ambas proposiciones deberán ahora ser trabajadas en comisión. Esperamos que ahora todos los grupos políticos sean capaces de dejar atrás sus rencillas y consigan, en efecto, aprobar la mejor ley.

¿Cuál es la causa de que se hayan presentando dos proposiciones? Podemos ha optado por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo de la formación con varios colectivos LGTB andaluces. Ello ha dado lugar a un texto especialmente ambicioso, que incluye por ejemplo dar preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que va en la línea de respetar el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE está en desacuerdo.

No es algo nuevo, por cierto: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE andaluz, que en aquel momento gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar en más detalles y simplemente remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añadía de hecho el texto de aquella ley. Una solución un tanto ambigua que el texto presentado ahora por Podemos clarifica.

El PSOE, por su parte, ha preferido elaborar un proyecto alternativo al del Podemos, que ha presentado posteriormente. La propuesta socialista, en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans, remite simplemente a la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

No se trata, de todas formas, de único punto de discrepancia. Las hay, e importantes, a nivel laboral. El texto presentado por Podemos recoge una reserva de cuota de empleo público específica para personas transexuales. E incorpora el principio de inversión de la carga de la prueba: en casos de discriminación por LGTBIfobia, será el infractor el que deberá demostrar que no ha cometido la infracción.

Rivalidades políticas de fondo

PSOE y Podemos bien podrían haber intentado llegar a un acuerdo previo, pero lo que resulta en cualquier caso poco comprensible es la actitud de los socialistas, oponiéndose incluso a que el texto de Podemos fuese tomado en consideración. Una opinión extendida es que PSOE andaluz no ha querido que Podemos “se apuntase un tanto” ante el colectivo LGTB. En este sentido, resulta llamativo que tanto Ciudadanos como el PP hayan apoyado la toma en consideración de ambas propuestas, y que incluso la portavoz popular, Esperanza Oña, haya reconocido expresamente que el texto de Podemos es “más avanzado”. IULV-CA, por su parte, apoya el texto de Podemos.

Cabe destacar, de hecho, que el apoyo del PP a la toma en consideración de la propuesta de Podemos ha levantado ampollas en círculos conservadores. Buen ejemplo es el artículo publicado en ABC por Antonio Burgos, uno de los más ilustres representantes de la carcundia, que utilizando su habitual lenguaje faltón reprocha al PP que apoye “algo que les encanta a los votantes del PP (¡tararí!): una ley para que los menores puedan cambiar de sexo sin permiso de los padres y para que en el funcionariado reserven plazas para homosexuales y transexuales. Como ven, grandes preocupaciones que traen sin sueño a los votantes del PP”.

Un argumento de fondo, por cierto, que Burgos comparte con la diputada socialista en el Parlamento de Andalucía Soledad Pérez, encargada de defender la propuesta de su grupo el pasado miércoles. “Y, señora Oña, y señores y señoras del Partido Popular, ¿es menos o más ambicioso, que sin permiso paterno y sin pedirle ni opinión a los médicos, un menor de edad, transexual, se pueda hormonar solo? ¿Eso es más progresista o no? Eso es lo que dice la iniciativa del Grupo Podemos. ¿Eso es progresista, eso es avanzado…?”., le espetó la socialista a la diputada popular, después de que esta anunciase su apoyo a la toma en consideración de la proposición de Podemos.

Mar Cambrollé pide al PSOE que “deje de utilizar a los menores transexuales”

Todo apunta a que el tema de los menores transexuales seguirá dando que hablar. La presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, ha solicitado de hecho al PSOE y al Gobierno andaluz “el cese de la campaña iniciada por este partido contra la ley contra la LGTBIfobia redactada por los colectivos” y en concreto ha pedido a Mario Jiménez, portavoz socialista en el Parlamento andaluz (por cierto, uno de los miembros de la gestora que actualmente gobierna al PSOE tras la caída de Pedro Sánchez) “la rectificación inmediata” de unas declaraciones en las que el socialista precisamente pedía al PP que pensase “si es coherente con su trayecto y pensamiento político aprobar una norma que permite que los menores, por su cuenta y riesgo, sin consentimiento paterno, puedan iniciar un procedimiento de reasignación de sexo” (cabe precisar, en este punto, que el procedimiento en discusión no es la cirugía de reasignación, sino un tratamiento médico que permite al menor que tras la pubertad su desarrollo corporal no se produzca en sentido opuesto a su identidad de género y que es reversible).

El político socialista, de hecho, cargaba en esas mismas declaraciones contra el hecho de que “la administración tenga que reservar plazas para transexuales en las convocatorias públicas”, algo que en su opinión “no es coherente ni razonable y que rompe la igualdad de oportunidades”, e incluso contra el principio de inversión de la carga de la prueba, algo que no se acaba de entender cuando ese mismo principio ha sido incorporado ya en diversas leyes autonómicas contra la LGTBfobia que han contando con el respaldo del PSOE o que incluso han sido promovidas directamente por este partido…

Y ahora otras organizaciones critican a Cambrollé

Para acabar de embrollar aún más el asunto, este viernes varias organizaciones (Junt@s tod@s por la igualdad, Glaidis, Fraternidad Apostólica de María, Adriano Antinoo, DeFrente y Andalucía Diversidad) hacían público un comunicado en el que “lamentan” el protagonismo de Mar Cambrollé y piden directamente a Podemos que elimine de su proposición de ley los aspectos que ya se abordan en la ley andaluza de transexualidad. “Ni Cambrollé ni su supuesta asociación son representantes de las personas LGTBI en Andalucía. No compartimos en absoluto las manifestaciones de Mar Cambrollé, quién se arroga una representatividad que no tiene, ya que no representa, ni mucho menos, al conjunto de entidades que se ven afectadas por el contenido de estas iniciativas legislativas”, expresa el comunicado, que llega incluso a considerar que Cambrollé “no está legitimada para ser portavoz del colectivo transexual desde el mismo momento en que fue expulsada de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por unanimidad de los representantes del área trans de esta federación”.

Para estos colectivos, es más adecuado “encauzar las reivindicaciones en materia de transexualidad en la evaluación de la ley integral aprobada en Andalucía” y muestran su rechazo a que “se inicie la tramitación de dos leyes en el Parlamento de Andalucía, porque esto generaría un bloqueo, un retraso en alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto”. “Creemos que este tema no puede esperar y ante el análisis de las dos iniciativas consideramos que el texto del Grupo Socialista es el mejor punto de partida posible porque incorpora todas las sensibilidades y permitiría un acuerdo unánime de la Cámara andaluza”, añade el texto.

Mar Cambrollé, por su parte, ha expresado a dosmanzanas su indignación por unas acusaciones que directamente considera calumniosas hacia su persona. La presidenta de ATA insiste, en primer lugar, en que en ella habla en nombre de su asociación. Y respecto a su salida del área trans de la FELGTB, Cambrollé asegura que fue ella la que en su momento presentó la dimisión por propia voluntad, por lo que es “absolutamente falso” que fuera expulsada. Cambrollé señala, de hecho, que está estudiando emprender acciones legales para defender su honor e imagen.

Chrysallis Andalucía, a favor de la propuesta de Podemos

También la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis Andalucía ha terciado en la polémica, rechazado “el uso demagógico en la batalla política que se ha hecho del articulado de la proposición de ley presentada por Podemos en el Parlamento autonómico para garantizar los derechos de las personas LGTBI”. Chrysallis asegura en un comunicado que las afirmaciones de que esta permite que los menores inicien un procedimiento de reasignación de sexo sin consentimiento paterno simplemente “no se ajusta a la realidad”.

Chrysallis insiste en que a lo que se refiere el texto es a los “tratamientos hormonales, bloqueadores del inicio de la pubertad y cruzados, no a ninguna cirugía de ‘reasignación’ o reconstrucción genital, ‘como insidiosamente se ha pretendido hacer ver’”. Tratamiento que “para los y las adolescentes trans es esencial para su bienestar emocional, de modo que negárselo es tanto como abocarles al suicidio. Por ello todas las leyes autonómicas que han regulado en las últimas fechas esta materia recogen expresamente el derecho de los menores trans a recibir ese tratamiento hormonal; leyes en la mayoría de los casos aprobadas por unanimidad en sus respectivos parlamentos, porque en esta materia no debería haber intereses partidistas”.

Es por eso, según Chrysallis, que para proteger el interés del menor y dar cobertura a los profesionales sanitarios “que se encuentran impotentes antes la negativa injustificada de algunos padres, consideramos muy acertada la previsión contenida en la Proposición presentada por Podemos y cuya toma en consideración ha contado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción del socialista”. “Instamos a todos los grupos parlamentarios a que den prioridad al interés superior de estos menores trans que no cuentan con el apoyo de alguno de sus progenitores, y que están siendo objeto de arma arrojadiza en una batalla política que no debería haber llegado a producirse”, añade el comunicado.

Confiemos en que se imponga el sentido común

El PSOE tiene en su haber una larga trayectoria de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTB, eso es indiscutible. Pero eso no debería suponer un cheque en blanco para que se arrogue en exclusiva una causa que no pertenece a ningún partido. En este sentido, no podemos sino calificar las mencionadas palabras de Soledad Pérez durante el pleno del miércoles, o las declaraciones de Mario Jiménez (anteriores a la votación), como muy poco afortunadas. Resulta especialmente difícil de entender que el portavoz socialista pareciese en ellas más preocupado de descalificar la propuesta de Podemos o de que el PP se saltase “sus propios principios y lo que viene defendiendo desde hace mucho tiempo [sic]“ que de defender las bondades de la propuesta del PSOE.

Es legítimamente discutible si esta ley debe entrar o no de lleno en la realidad sanitaria de los menores trans o ese capítulo debería reservarse para las discusiones sobre el desarrollo de la ley trans. Pero la descalificación de fondo que han hecho los portavoces socialistas del derecho de los menores trans a su autodeterminación de género, y sobre todo los términos en los que la hacen, es absolutamente reprochable.

Ojalá el PSOE sea capaz de reconducir la situación y en lugar de entrar en una absurda pelea para ver quien “se pone la medalla” sea capaz de confluir con la propuesta de Podemos y dar lugar al mejor texto posible. Y que las asociaciones LGTB andaluzas, libres de intromisiones de partidos y gobiernos, personalismos y luchas cainitas, remen también en ese sentido. Por el bien de todo el colectivo.

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Para todos los que queráis conocer las posturas de los grupos políticos sin intermediarios, en este enlace podéis acceder a la transcripción literal del debate que tuvo lugar el día 5 en el pleno del Parlamento andaluz (Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, páginas 6 a 32 del PDF).

Para los que queraís consultar las dos propuestas legislativas que están sobre la mesa, aquí tenéis el texto presentado por Podemos (páginas 8 a 38 del PDF), publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía el 5 de agosto, mientras que aquí podéis consultar el presentado posteriormente por el PSOE (páginas 3 a 32 del PDF), publicado en ese mismo Boletín el 20 de septiembre.

Fuente Dosmanzanas

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La segunda edición de los Premios LGTB Andalucía ha anunciado a los ganadores que recogerán el galardón en la gala que se celebrará en Córdoba. Políticos, embajadores, asociaciones LGTBQ, los galardonados se encuentran en diferentes áreas sociales pero comparten una misma labor: luchar contra la LGTBfobia.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario en se crearon los Premios LGTB Andalucia. Estos galardones se otorgan a quienes trabajan y luchan por la igualdad del colectivo LGTB. A fín de cuentas, un reconocimiento público que busca inspirar y promover la lucha por tantos derechos que aún faltan por conquistar.

En su segunda edición, estos galardones buscan dar voz a la silenciosa labor del activismo y los premios que se otorgarán del 3 al 9 de octubre van en esta dirección.

De este modo, Antonio Maíllo, coordinador general de IULV-CA, el diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado, o el embajador de Italia en España, Stefano Sannino, y el de EEUU, James Costos, están entre los galardonados de los II Premios LGTB Andalucía.

No son los únicos. Ni mucho menos. Con motivo del décimo aniversario de los Premios Plumas y Látigos, los galardones realizarán un reconocimiento especial para la Federación Estatal de Lesbianas, Gay, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). 

Los galardones otorgados al Turismo y las Instituciones han ido a parar a la provincia de Córdoba. El primer galardón se lo lleva el Patronato Provincial de turismo de Córdoba, por ser el primero de Andalucia en realizar una Guía LGTBFriendly, mientras que el premio a la Institución lo alzará el Ayuntamiento de Posadas por ser el primer municipio de España que incluye al colectivo transexual en sus planes de empleo.

El Premio a las asociaciones sin ánimo de lucro se lo repartirán entre el Observatorio Español contra la LGBTfobia, Andalucía Diversidad y Colega Torremolinos, tras ONG’s que trabajan por la reivindicación de los derechos LGBT y contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El galardón al mundo de la cultura está destinado a Roberto Pérez Toledo (Guionista, Director y Productor de cine Español), uno de los creadores audiovisuales que aporta mayor visibilidad al movimiento LGTB, con mención especial a su corto ‘Hola Mamá, Hola Papá‘.

Según han confirmado desde LGTB Andalucía, se van a organizar multitud de actividades como talleres contra la homofobia a cargo del Observatorio Español contra la LGBTFobia, actividades culturales, jornadas gastronómicas, pasacalles y rutas turísticas con el fin de promover el turismo LGTBFriendly, especialmente con el Club Patrimonio, a través del Consorcio Provincial Desarrollo Económico y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba.

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¿Y qué dicen de esto los “yo soy gay y del PP”?

La exposición ‘Orgullo de Sevilla’ que recoge fotografías de celebraciones anteriores del Día del Orgullo en la ciudad, ha sido inaugurada este miércoles.

El PP exige su retirada y el alcalde hispalense, el socialista Juan Espadas; su grupo municipal; IU y los colectivos defienden la muestra por su capacidad de “normalizar” la situación.

En pleno siglo XXI, el Partido Popular de Sevilla ha puesto el grito en el cielo por una exposición de fotografías del Orgullo LGTB en el centro de la capital andaluza. La reacción homófoba contra la exposición llegaba a su punto culminante cuando una de las fotografías de la exposición aparecía vandalizada con un mensaje homófobo.

La exposición “Orgullo de Sevilla”, que recoge fotografías de celebraciones anteriores del Orgullo hispalense, fue inaugurada el pasado miércoles en la Avenida de la Constitución. La presencia de las fotografías, perfectamente asimilables a la de Orgullos del resto y del mundo y que muestran desde escenas de besos entre personas del mismo sexo hasta asistentes al Orgullo ligeros de ropa, desató la ira del PP sevillano. La polémica se originaba después de que el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Gregorio Serrano, pidiera al alcalde socialista Juan Espadas la retirada de la exposición al considerar que “roza la obscenidad y el mal gusto” y supondría una “falta de respeto” al colectivo Lgtbi. “Una cosa es la defensa de los derechos de los homosexuales y otra muy diferente es el mal gusto”, afirma el edil quien ha indicado que su formación “no solamente respeta, sino que defiende y apoya la diversidad de género y los derechos de estas personas, pero se les hace un flaco favor con exposiciones como ésta”. “No se trata de que sea una exposición sobre homosexuales o de heterosexuales, sino de falta de respeto y de mal gusto, nos parecería igual de criticable si fuera de parejas heterosexuales”, agrega, asegurando que “los primeros ofendidos son muchísimos homosexuales que así nos lo están transmitiendo porque no quieren que ésa sea la imagen que transmiten de ellos”.

La reacción de los populares contra la exposición ha sido secundada por VOX, un pequeño partido de extrema derecha fundado por destacados exmilitantes del PP, que ha dirigido además una queja al Defensor del Menor por considerar que las imágenes “ofenden y lesionan la moral de quienes no comparten la ideología homosexualista” al mostrar a “personas en abierta actitud exhibicionista e impúdica”.

Durante los años que gobernó la capital hispalense, el PP sevillano no se caracterizó precisamente por sus gestos amables hacia el colectivo LGTB. La bandera arcoíris dejó de ondear en lo alto del Ayuntamiento con motivo del Orgullo, y accediendo a la petición de la plataforma ultraconservadora HazteOír eliminó de la web municipal las referencias a un servicio de atención y asesoramiento a mujeres bisexuales y lesbianas que la Delegación de la Mujer financiaba.

Sin embargo, en las elecciones municipales del año 2015 los populares perdieron de una tacada ocho concejales y la mayoría absoluta. Ni siquiera una alianza con los tres concejales de Ciudadanos les permitía retener la alcaldía. El actual alcalde es Juan Espadas, del PSOE, investido gracias a los votos favorables de IU y Participa Sevilla. Un giro político que ha hecho posible que la visibilidad LGTB llegue en forma de paneles al centro de la ciudad.

Espadas, de hecho, ha defendido la exposición, al considerar que la mayoría de la sociedad sevillana es una sociedad inclusiva “que respeta la diversidad sexual y que ya ha hecho suyo el respeto al otro y a la diferencia”. El alcalde de Sevilla ha insistido en que “aquellos que se escandalizan son seguramente los que están fuera de juego”, porque el resto de la sociedad hispalense “es una sociedad inclusiva que respeta la diversidad sexual y que ya ha hecho suyo el respeto al otro y a la diferencia”. “Quienes se escandalizan deberían pensar si están o no en la sociedad del siglo XXI y en la Sevilla que queremos”, ha enfatizado. Además, recuerda que Sevilla ha hecho de la celebración de este día “un elemento de identidad también, donde nos sentimos orgullosos de ser una sociedad respetuosa”. En esa línea se ha mostrado el portavoz local del PSOE, Antonio Muñoz, quien critica que el PP fomente “actitudes homofóbicas”, demostrando “su lado más rancio y censor, propio de un partido alineado en la extrema derecha capaz de defender la ley mordaza y dispuesto a censurar e impedir cualquier manifestación contraria a sus ideología ultraconservadora”.

También el portavoz municipal de IU, Daniel González Rojas (abiertamente gay, por cierto) ha mostrado su rechazo a las críticas del PP. “Lo que es una falta de respeto es recurriera la ley de matrimonio igualitario o que se impida que las lesbianas puedan ir a la reproducción asistida pública, por no cumplir con los cánones del matrimonio bíblico”, ha asegurado.  Rojas ha recordado que a nadie le alarma el número de pechos o de glúteos que se ven habitualmente en la publicidad. Afirma que el PP está “en el pleistoceno en materia de derechos civiles” y matiza que “lo que es una falta de respeto es recurriera la ley de matrimonio igualitario o que se impida que las lesbianas puedan ir a la reproducción asistida pública, por no cumplir con los cánones del matrimonio bíblico”. Rojas subraya la importancia de dar visibilidad para que “desde pequeños se vea con normalidad que dos hombres se den un beso” para evitar “acosos” y recuerda que nadie crea “alarma” sobre el número de pechos o de glúteos que se ven habitualmente en la publicidad. “No creo que pase nada por se le vea un pezón a un hombre en la avenida”, añade.

“Como era de esperar, aunque no de desear, al colectivo LGTBI no nos dejan respirar ni en nuestra semana grande. Sobre todo en nuestra semana grande”, se lamentaba por su parte el colectivo LGTB sevillano DeFrente, que en un comunicado emitido al respecto se preguntaba “¿a quién denigra un beso?”.

Igualmente, la Plataforma 28J de Sevilla, compuesta por la entidades Fundación Triángulo, Defrente, Acción Diversa, Adriano Antinoo y Ojalá y organizadora del ‘Orgullo de Andalucía’, ha afirmado que la exposición “no les degrada sino que les dignifica”. Desde la plataforma se indica a Europa Press que es una muestra fotográfica “realizada con toda la dignidad, que muestra la diversidad existente del colectivo Lgtbi, que muestra a padres con sus hijos y a gente manifestándose por sus derechos en la ciudad”. Asimismo, señala que “ha llegado el momento de dejarnos de historias” y que si PP “quiere exponer y visibilizar su homofobia que lo haga, pero que no se refugie en el colectivo Lgtbi para hacer esa homofobia”, porque detrás de esas imágenes “hay un colectivo luchador, activista y que las avala”. “Salir a las calles, como vamos hacer el próximo sábado, nos dignifica porque los que nos degrada, nos oscurece y nos mete en un callejón del miedo es no decir nada y hacer que no existimos”, sentencia.

Precisamente la Plataforma 28J de Sevilla, que además de DeFrente agrupa a los colectivos Acción Diversa, Adriano Antinoo, Fundación Triángulo y Ojalá y que organiza el Orgullo de Andalucía convocaba este viernes una rueda de prensa, en la que estuvieron acompañados de representantes de todos los partidos representados en el Ayuntamiento salvo el PP (Ciudadanos, Participa Sevilla, PSOE e IULV-CA), y en la que reclamaron al PP que diera marcha atrás en su oposición a la muestra. El presidente de Adriano Antinoo, Pablo Morterero, fue claro: calificó las palabras de Gonzalo Serrano de repugnantes y aseguró que el sector “más casposo y homófobo” está ganando la batalla interna que se libra en el PP sevillano.

Por su parte, el Defensor del PP andaluz, Jesús Maeztu, no considera que a priori la exposición lesione derechos de los menores, pero sí ha reconocido que en las últimas horas se han recibido varios cientos de llamadas de personas movilizadas en su contra, asegurando que “valorará”  algunas de las cuestiones planteadas por las más de 400 consultas realizadas a la institución en estos dos días sobre la exposición..

Vandalismo homófobo contra una de las fotografías

Por desgracia, la reacción homófoba del sector más conservador de la sociedad sevillana daba un paso más el viernes por la mañana, al aparecer vandalizada una de las fotografías, obra de Selu Pérez, con una pintada que decía “Lo siguiente será un póster de un tío dándole por culo a otro… Total… También es amor homosexual… En fin..”:

Una frase escrita, por cierto, con una perfecta ortografía, que no denota precisamente una gamberrada espontánea sino que más bien es expresión de una homofobia perfectamente articulada.

Esta tarde, manifestación del Orgullo

Esperamos que la sociedad sevillana más abierta e inclusiva apoye al colectivo LGTB en la manifestación del Orgullo de Andalucía que la Plataforma 28J  organiza este mismo sábado, 25 de junio, en Sevilla.

La manifestación dará inicio frente a la Diputación de Sevilla, en la Avenida Menéndez Pelayo, a las 20:00 horas, y discurrirá por las calles de la ciudad hasta la Alameda de Hércules.

Fuente Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Se cumplen tres años de legislatura de Rajoy y de recortes en derechos LGTB

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La amenaza del gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional la ley integral de transexualidad aprobada con la unanimidad de todos los grupos representados en el Parlamento andaluz continúa despertando asombro e indignación. Asociaciones de transexuales de Andalucía e Izquierda Unida coincidían este martes en defender el anclaje jurídico de una ley “de la que no nos moveremos un ápice”. Y es que, como bien señalaba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, “lo que es inconstitucional es no equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”.

En una rueda de prensa que tuvo lugar en el Parlamento andaluz, Alba Doblas (portavoz adjunta del grupo de IULV-CA) aseguraba que ya en su momento los servicios jurídicos del Parlamento dieron su visto bueno al texto tras un trabajo arduo en el que no se dejó ningún fleco suelto. Doblas, eso sí, reprochó a la Junta de Andalucía no haber informado “desde el minuto cero” a los colectivos y a su fuerza política de la amenaza del Gobierno central, de la que al parecer no tuvieron conocimiento hasta que se hizo pública por parte de la Junta la creación de un grupo de trabajo mixto que ponga solución a los puntos de fricción e impida el recurso. No obstante Doblas aseguró que “se tiende la mano a la Junta para que entre todos, desde esa unanimidad de partidos y colectivos que hemos abanderado la defensa de la ley, podamos trabajar unidos para contrarrestar ese chantaje del gobierno del PP y defender la soberanía del Parlamento y del pueblo andaluz”. En este sentido, Doblas se mostró dispuesta a aclarar todas las dudas del gobierno, pero añadiendo que “no hay nada en este texto que pueda ser recurrido”.

Alba Doblas añadió, en referencia al PP (que apoyó la ley en Andalucía) que “una vez más se demuestra el nulo papel del PP andaluz ante el Gobierno de la nación” en tanto “el Gobierno de Rajoy ha demostrado que no le importa ni la unanimidad de la Cámara andaluza ni la opinión del PP andaluz”.

Mar Cambrollé, por su parte, tras agradecer la actitud de IU, aseguro que “nos sentimos molestos, también las familias de menores, por habernos enterado por el BOJA [Boletín Oficial de la Junta de Andalucía] y por la prensa y no por la Junta, de estas intenciones del Gobierno de Rajoy”. Para la presidenta de ATA, en cualquier caso, “lo único que hay inconstitucional es no reconocer el libre desarrollo de la personalidad del menor, el interés superior del menor, el derecho a la propia imagen, al honor y la dignidad de los menores” por lo que “inconstitucional es no querer equiparar a las personas transexuales con el resto de la ciudadanía”. Cambrollé dijo sentirse tranquila ”porque lo único que puede hacer el PP es el mismo ridículo que con el matrimonio igualitario” en tanto “se opone a cualquier avance en derechos civiles”.

María Orellana, vicepresidenta de la asociación de madres y padres de menores transexuales (Chrysallis Andalucía), recordó por su parte que “no pedimos que nuestros niños sean más que el resto de niños, sino que sean iguales” e invitó a los que tengan dudas a “venir a conocer la realidad de esos menores”.

Daniel González, coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA (ALEAS Andalucía), destacó finalmente que la fortaleza de la ley radica precisamente en que el texto original surgió del propio colectivo transexual y este estuvo presente en el proceso hasta el final, por lo que considera que la actitud del gobierno de Mariano Rajoy es, en último término, “un chantaje al colectivo de transexuales de Andalucía”.

PSOE-A y la Junta de Andalucía se mantienen firmes en la defensa de la Ley d Transexualidad

Por otra parte, la Junta no va a “cambiar de posición” sobre la ley en el grupo de trabajo que va a crear con el Gobierno de la Nación para proponer una solución a las “discrepancias” expresadas por el Ejecutivo central sobre varios artículos de la normativa.

En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo ha insistido en que las “discrepancias” que puedan existir por parte del Gobierno de Rajoy sobre varios aspectos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales no van a suponer “ningún cambio” en la posición del PSOE-A ni tampoco del Gobierno andaluz.

Asimismo, ha dicho que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario”, ya que, según ha explicado el socialista, es el paso previo que siempre se da cuando el Gobierno de la Nación plantea la posibilidad de elevar un recurso al Tribunal Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha subrayado Cornejo.

Gobierno y Junta decidieron poner en marcha este órgano el pasado 15 de octubre en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, según recoge un acuerdo suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. En dicho acuerdo, los representantes de Gobierno y Junta en la citada Subcomisión acuerdan “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias” en relación con los artículos 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4 de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

Estos artículos regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Fundación Triángulo Andalucía lo considera una “desvergüenza”

También Fundación Triángulo Andalucía se ha pronunciado, denunciando que el PP actúa una vez más contra el colectivo LGTB “apurando los plazos, dilatando los procesos y generando indefensión y malestar en todas las poblaciones trans de Andalucía y del resto del estado español”. “No es nuevo, ya lo hizo en 2005 generando una situación de desamparo legal durante 8 años a todas las parejas del mismo sexo, y, por ende, sus familias a raíz de la ley de matrimonio igualitario; para después demostrarse lo que ya se sabía, que era legal. Pero durante 8 años mantuvo un recurso que para siempre quedará como el de la vergüenza”, expresa en un comunicado.

“Pero la desvergüenza de este partido en esta ocasión es incluso mayor, ya que todo apunta a que volverá a repetir la jugada, pero, ahora con la singularidad de que los diputados y las diputadas populares en el Parlamento andaluz votaron a favor de dicha ley. Cinismo en estado puro”, ha declarado Raúl González, presidente de Fundación Triángulo Andalucía, que considera que “la utilización torticera de la Constitución del 78 y del Tribunal Constitucional ha sido sin duda lo que más ha debilitado a este país, y eso se lo tendremos que agradecer al Partido Popular”.

Triángulo Andalucía pide al PP explicaciones sobre “como puede ser que un día voten a favor y al día siguiente piensen que 6 artículos que apoyaron son anticonstitucionales”. “O hacen muy mal su labor parlamentaria o simplemente no piensan en Andalucía y sus ciudadanos, sino en los intereses de los lobbies ultraconservadores que, una vez más, demuestran el poder que tienen en el PP”, concluye la nota.

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La Junta de Andalucía defiende la Ley Integral de Transexualidad ante las presiones del Gobierno

Sea en la oposición, sea en el gobierno, parece que el PP de Mariano Rajoy sigue empeñado en utilizar la Constitución Española como arma arrojadiza contra el autogobierno de las comunidades y contra los derechos de las personas LGTB. En esta ocasión, con motivo de la avanzada ley integral de transexualidad aprobada en junio por el Parlamento andaluz, que el gobierno central amenaza con llevar ante el Tribunal Constitucional pese a haber sido aprobada por unanimidad (también con los votos del PP andaluz).

Gobierno central y Junta de Andalucía han decidido poner en marcha un grupo de trabajo que proponga soluciones a las reticencias expresadas por el primero sobre varios artículos básicos de la ley, en concreto los 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4, que regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la identidad de género manifestada, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que hayan elegido o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad.

El grupo de trabajo debe ahora comunicar el acuerdo al Constitucional para que, como permite la ley en estos casos, amplíe de tres a nueve meses el plazo que tiene el gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, así como proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía una solución que evite el recurso.

El secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha asegurado sin embargo que la Junta no va a cambiar de posición sobre la ley. Cornejo ha asegurado que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario” siempre que el gobierno central plantea la posibilidad de un recurso al Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha reiterado. El PSOE, recordamos, gobierna Andalucía en coalición con IULV-CA.

Una ley modélica…

La ley andaluza de transexualidad es un texto modélico, sin duda el más ambicioso de los que se han aprobado en España en esta materia, al recoger sin matices el principio del derecho a la libre autodeterminación de género. La ley permite a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo.

El texto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo.

…y un Tribunal Constitucional en manos conservadoras

La noticia, sin embargo, no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que a raíz de sus últimas renovaciones el Tribunal Constitucional está controlado por una mayoría conservadora afín al gobierno del PP que no ha dudado, por poner un ejemplo referido específicamente a los derechos LGTB, en sentenciar que la discriminación en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio (por estar prohibido) es plenamente constitucional.

Confiemos en que la Junta de Andalucía no ceda y en que finalmente el gobierno central desista de su propósito de plantear otro nuevo recurso para limitar derechos de ciudadanía cuya conquista tanto trabajo ha costado.

Fuente Dosmanzanas

Y además, podemos ver esta contundente respuesta al PP valenciano:

Fran Ferri, al PP valenciano: “la homofobia y ustedes tienen los días contados”

Por su interés, os presentamos la intervención ante el pleno de las Cortes Valencianas del diputado de Compromís y activista LGTB Fran Ferri en defensa de la proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada por el grupo socialista y rechazada por la mayoría absoluta del PP. Y ello a pesar de que, como comentábamos hace unos días, en un primer momento el gobierno valenciano se mostró favorable a tramitarla.

El grueso de la intervención de Ferri tiene lugar en valenciano, pero si no os aparecen vosotros mismos podéis activar los subtítulos en castellano:

Como explicábamos en nuestra anterior entrada, el argumento esgrimido por el PP valenciano para oponerse a la tramitación fue que según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la proposición invadía “la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral”. Todo apunta, sin embargo, a que el cambio de opinión se debió a la reacción del sector más ultraconservador del partido.

La tramitación de la proposición de ley presentada por los socialistas contaba con el apoyo tanto de Compromís como de Esquerra Unida, las otras dos fuerzas presentes en las Cortes Valencianas. Habrá que esperar hasta después de las próximas elecciones autonómicas, donde todas las encuestas coinciden en que el PP perderá la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, para que un texto de este tipo pueda ver la luz.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya habíamos anunciado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, ha presentando este viernes el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que establece medidas para prevenir, detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros sostenidos con fondos públicos.  Con la presentación de este protocolo culmina una semana histórica para el colectivo transexual en Andalucía, en la que también ha sido aprobada una avanzada ley integral de transexualidad.

El protocolo tiene como objetivo establecer orientaciones y pautas de intervención para una adecuada atención educativa al alumnado transexual así como garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Así por ejemplo, en los casos que se requiera, la comunidad educativa del centro escolar se dirigirá al alumno o alumna con el nombre que acuerde la familia con la dirección del colegio o instituto. También se adecuará la documentación administrativa del centro (listas de clase, boletín informativo de calificaciones, carnet de estudiante…) en aquellas situaciones en la que se estime conveniente, considerando el género con el que se siente identificado el alumno o la alumna. Además, se garantizará la libertad en el uso de la vestimenta con la que el estudiante se sienta identificado. Si en el centro es obligatorio vestir un uniforme diferenciado por sexos, se reconocerá el derecho del escolar a vestir con ropas o uniforme femenino o masculino, en función de la identidad de género manifestada.

Otra de las medidas previstas en el documento es que se eviten realizar actividades diferenciadas por sexo en los colegios y en los casos en el que centro no disponga de aseos o vestuarios unisex, se garantizará que el alumnado transexual tenga acceso a los aseos que le corresponda de acuerdo con su identidad de género.

El consejero de Educación ha explicado que el protocolo se ha desarrollado al amparo de un marco normativo “amplio y garantista”, en referencia a la reciente aprobación en el Parlamento andaluz de la ley integral de transexualidad. Asimismo ha avanzado que el siguiente paso es establecer el desarrollo normativo de esta ley por lo que se refiere a la atención a este alumnado. Para ello, se modificará la orden de 2011 que regula otros protocolos relativos a convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, con lo que quedará “completamente garantizada la obligación del cumplimiento del protocolo” por parte de todos los centros públicos y concertados y en todas la etapas educativas. Andalucía blindará así su sistema normativo contra episodios de discriminación tránsfoba como el sucedido hace unos meses en Málaga, donde una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado que se negó a respetar su identidad de género.

“Esta medida no viene a ampliar derechos ni a reconocer privilegios, solo viene a garantizar que las personas transexuales, por su diferencias, diversidad y circunstancias personales, no tengan menos derecho que el resto de los ciudadanos”, ha declarado Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), colectivo que han colaborado en la elaboración del protocolo.

Un verdadero ejemplo de progreso en materia LGTB

Si en ocasiones anteriores nos hemos mostrado críticos con algunas de las actuaciones de la Junta de Andalucía por su falta de energía, en esta ocasión no podemos sino felicitar a dicho organismo y a las fuerzas políticas que la gobiernan, PSOE e IULV-CA, que han demostrado que cuando existe voluntad política real es posible adoptar decisiones efectivas en favor de los derechos LGTB que vayan más allá de gestos meramente simbólicos.

También debemos hacer extensiva dicha felicitación a los colectivos trans andaluces, que tanto han luchando por conseguir un marco normativo que hasta donde llega el nivel competencial de la comunidad autónoma andaluza es uno de los más avanzados del mundo. Esperemos ahora que su implementación práctica se haga lo más rápida y eficazmente posible.

Fotografía Nuevos Republicanos 1905

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El Parlamento de Andalucíaaprobó este miércoles y por unanimidad la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialista y de IULV-CA para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Una normativa integral que busca dar respuesta a las demandas planteadas por este colectivo más allá de la rectificación registral de la mención de sexo y nombre propio, que desde 2007 permite la legislación estatal. El proyecto, tercero que se aprueba en España de estas características (tras los de Navarra y Euskadi) es de todo ellos el más ambicioso, al recoger sin matices como principio fundamental el del derecho a la libre autodeterminación de género.

La nueva ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo. Situaciones tan lamentables como las vividas hace unos meses, cuando una niña transexual se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado en Málaga que se negó a respectar su identidad de género, tendrán mucho más difícil volver a repetirse una vez se proceda al desarrollo reglamentario de la ley.

Con la aprobación de la ley culmina un proceso que ni mucho menos ha estado exento de dificultades. Mucho han luchado los colectivos trans andaluces, huelgas de hambre incluidas, para ver este sueño hecho realidad. Pero por fin, después de más de un año y medio de debate, vacilaciones, esperas, discusiones, enfados y tensión, hace pocas semanas se producía el acuerdo de los tres grupos del Parlamento andaluz: los dos proponentes y el PP, que ha querido sumarse al proceso de discusión en su fase de tramitación parlamentaria y ha votado finalmente a favor de la ley. Una actitud que por cierto contrasta con la que ese mismo partido ha mantenido en la Asamblea de Madrid (donde hace pocas semanas se negó a tramitar un proyecto similar presentado por el grupo socialista).

¿Actuará ahora al Congreso de los Diputados?

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que fue luego aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU), si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales y a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

Curiosamente, también en Andalucía se ha hablado de elevar este tema a las Cortes, aunque el punto de partida es distinto: aquí ya hay una ley que protege y reconoce sus derechos a las personas transexuales en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, que es muy amplio. Lo ha hecho la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha anunciado que su formación va a presentar esta ley integral en forma de proposición de ley en las Cortes y ha pedido al resto de los grupos que la apoyen “con el mismo ímpetu” que en Andalucía para que pueda ser extensible al conjunto del Estado.

Merece la pena recordar que también el Parlamento canario ha llegado recientemente al acuerdo unánime de admitir a trámite un proyecto similar.

Un paso más en la larga lucha por la despatologización

La ley andaluza, además de su importancia práctica a la hora de luchar contra la discriminación, supone un paso muy significativo en la larga lucha por la despatologización de la transexualidad. Y es que hasta la fecha son todavía muy pocas las iniciativas legislativas que incorporan de forma plena ese principio. La pionera fue sin duda la magnífica leyaprobada en 2012 por Argentina, que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un ejemplo que hace pocos días seguía Dinamarca.

España, aunque dio un gran paso en 2007 con la aprobación de la ley que permite la modificación registral del sexo sin necesidad de pronunciamiento judicial ni de cirugía de reasignación (sigue siendo de hecho una de las más avanzadas de Europa en esa materia) sigue manteniendo sin embargo el requisito del diagnóstico previo y exige (aunque con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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En relación con las enmiendas del PSOE-A se ha aprobado suprimir tres artículos incluidos en el apartado de la ley que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales.

Cuatro horas y media que fueron “bien aprovechadas”, según ha declarado la portavoz de IULV-CA, Alba Doblas. Doblas ha explicado que el texto ha incluido la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha afirmado. En aras del acuerdo también ha habido varias enmiendas que se han quedado fuera, aunque los grupos las consideran secundarias. El texto será previsiblemente debatido en el último pleno de este mes de junio (jueves 26). Una excelente forma, sin duda, de celebrar el Orgullo LGTB en Andalucía.

Según ha apuntado la parlamentaria, el texto del proyecto de ley ha sido mejorado incluyendo la gran mayoría de las enmiendas presentadas por las tres formaciones, aunque muchas de ellas han sido transaccionadas. “Se ha producido una mejora sustancial, con enmiendas clarificadoras y una mejor redacción gracias a la colaboración del letrado de la comisión”, ha destacado.

IULV-CA ha renunciado a varias de sus enmiendas registradas. Una de ellas por entender que suponía una “desautorización” del sistema médico. En concreto, se pedía que en procedimientos de asistencia a los transexuales no podrán incluirse terapias aversivas o que supongan un intento de anulación o menoscabo del derecho de autodeterminación de género.

También se ha renunciado a la disposición adicional que se demandaba, en relación a la creación de una unidad de seguimiento y evaluación de esta ley, que se reuniría periódicamente y contará con la participación de la Junta y de las organizaciones de transexuales. El grupo ha considerado que esta enmienda “no aportaba nada”.

Entre las enmiendas que sí han salido adelante de IULV-CA, destacan que los medios públicos promuevan el conocimiento de la realidad transexual, o la creación de programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito educativo acciones discriminatorias por motivos de identidad de género.

Entre los cambios introducidos a la ley, destaca la supresión, a iniciativa del PSOE, de tres artículos incluidos en el apartado que hace referencia a la documentación administrativa para los transexuales, con el objetivo de desarrollarlos en un reglamento que se aprobará con posterioridad. Se mantiene en el texto, sin embargo, el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole, y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Si bien, continúa en el proyecto de ley el artículo que dicta proveer a toda persona que lo solicite de las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada que sean necesarias para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole; y otro sobre que los trámites de expedición sean gratuitos y no requieran de intermediación alguna ni de la obligación de acreditar documentación médica.

Uno de los tres artículos suprimidos se refiere a que la administración quedará obligada a adoptar medidas administrativas y de cualquier índole para garantizar que en todos los casos y procedimientos en los que participe la Comunidad se obrará teniendo en cuenta que las personas deben ser tratadas de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

El segundo de ellos, recogía que cuando por la naturaleza de la gestión administrativa se haga necesario registrar los datos que obran en el documento nacional de identidad, se recogerán las iniciales del nombre legal, los apellidos completos y el nombre elegido por razones de identidad de género.

En el último, se incluía que la Comunidad habilitará los mecanismos administrativos oportunos y coordinados para eliminar de los archivos y bases de datos de la Comunidad Autónoma toda referencia a la identificación anterior de la persona o a cualquier dato que haga conocer su condición de persona transexual, con excepción de las referencias necesarias en el historial médico confidencial de la persona a cargo del Servicio Andaluz de Salud.

Finalmente, Alba ha explicado que las enmiendas del PP-A que han sido rechazadas son las relativas a “ampliar la cartera de servicios”. Según ha manifestado, es inviable incrementar desde la Junta de Andalucía estos servicios, cuando el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, “no nos deja margen económico para ello”.

Una vez aprobada, la ley será la más avanzada de las aprobadas en Europa en esta materia. Permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Nuestra felicitación, en este punto, a los colectivos trans andaluces que tanto han peleado por sacar adelante este proyecto, huelgas de hambre incluidas.

Canarias, muy posiblemente la siguiente

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi. La ley andaluza sería la tercera, pero no será previsiblemente la última. Hace solo dos semanas el Parlamento canario aprobaba, también con la unanimidad de todos sus grupos, admitir a trámite un proyecto similar.

Pero no Madrid

La que no tendrá por el momento ley integral de transexualidad es la Comunidad de Madrid, donde el PP, que dispone de mayoría absoluta, se negó hace pocas semanas a tramitar el proyecto presentado por el grupo socialista en la Asamblea de Madrid pese a haber dado señales de que sí lo haría en los días previos.

El PP de Madrid, argumentando que una ley así debe ser aprobada por la Cortes, registraba a cambio una proposición no de ley para instar al gobierno de Mariano Rajoy a impulsar una ley de ámbito estatal. Una proposición que era aprobada por unanimidad de los grupos representados en la Asamblea de Madrid (PP, PSOE, UPyD e IU) la semana pasada, si bien el PP se negó a incluir la petición de que la ley de identidad de género de 2007 fuera actualizada eliminando la necesidad de que las personas transexuales deban aportar un diagnóstico médico para modificar el sexo en los documentos oficiales. El PP también se negó a pedir que dicha ley recoja la garantía de acceso a los tratamientos a los menores transexuales.

En definitiva, Madrid se queda sin ley integral de transexualidad, aunque se hace un llamamiento al gobierno central a promover una ley de alcance nacional. Está por ver que tenga un resultado práctico…

Insertamos a continuación la reveladora intervención de la diputada socialista y activista transexual Carla Antonelli en el pleno de la Asamblea en el que se debatió la proposición:

Fuente Dosmanzanas y  Cáscara amarga

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Por fin hay luz al final del túnel para las personas transexuales en Andalucía. Por primera vez, las diferencias entre las sensibilidades políticas se diluían en el Parlamento y, en la sesión de ayer, todos los grupos se han puesto de acuerdo para dar el visto bueno a la proposición de la Ley Integral para la No Discriminación por Motivos de Identidad de Género. El futuro texto legal incluirá medidas para asegurar la atención educativa, social, familiar y sanitaria de las personas transexuales. De hecho, se prevé que el Servicio Andaluz de Salud generalice un procedimiento integral de reasignación sexual y una atención sanitaria multidisciplinar segura y de calidad. Su cartera de servicios proporcionará los tratamientos y la cirugía, minimizando desplazamientos innecesarios. Además, el Plan Integral de Formación del sistema sanitario público desarrollará acciones formativas específicas en esta materia.

Esta proposición de Ley, que había sido presentada conjuntamente por PSOE-A e IULV-CA y en la que se ha tenido en consideración las aportaciones de los colectivos de personas transexuales a través de las asociaciones “Autonomía Trans” y la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, se encuentra en su fase constitutiva cuya aprobación esta prevista para el mes de junio.

Durante el debate en el Pleno, la diputada del PSOE-A, Soledad Pérez, ha manifestado: “No es una ley que dé derechos, sino que es una ley que solo da un derecho, el de autodefinirse”, quien ha recalcado que se pretende acabar con la “discriminación” que sufren actualmente estas personas.

Por su parte, la diputada de IULV-CA, Alba Doblas, ha opinado que la sociedad tiene una “deuda” con estas personas, que hoy no eran “beneficiarias de la igualdad”. Ha señalado que las administraciones públicas tienen la obligación y el deber de remover los obstáculos que dificultan e impiden la igualdad.

En nombre del PP ha expuesto su postura la diputada y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, quien ha pedido a PSOE-A e IULV-CA que “no tengan la tentación de excluir al PP-A” de las reivindicaciones de este colectivo porque se trata “de un problema exclusivamente de derechos humanos, del más básico de todos, del derecho a la vida completa”, algo que su grupo respalda y apoya. En su opinión, el objetivo de la normativa deben ser, entre otros, los de “recomponer la concordancia entre el sexo físico y el interior” y “desmitificar la operación de sexos”.

Entre las principales cuestiones que recoge la proposición destaca la creación de una tarjeta identificativa para este colectivo que podrán presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo colegios, universidades y hospitales. No sustituye al Documento Nacional de Identidad (DNI) y servirá para acreditarse ante las administraciones andaluzas mientras que se tramita el cambio de nombre en el registro, una competencia estatal.

De otro lado, los menores tendrán pleno derecho a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención a la etapa de la pubertad. La atención sanitaria que se preste en este ámbito se realizará de acuerdo con lo dispuesto en las leyes autonómicas de menores y de derechos en materia de información y documentación clínica.

En el ámbito educativo, el texto de la proposición prevé programas de coordinación para detectar situaciones de riesgo para el desarrollo integral de los menores que manifiesten una identidad de género distinta de la de su sexo biológico.

Finalmente, la propuesta incluye medidas de tipo laboral como el establecimiento de cláusulas administrativas para garantizar que las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas, en ninguna jurisdicción, por discriminación a las personas objeto de la futura normativa.

La Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera celebra que, la lucha por los derechos de las personas trans haya apartado diferencias políticas e ideológicas: “Este nuevo paso que Andalucía da en avances sociales supone un nuevo horizonte para miles de jóvenes y adolescentes transexuales que vivirán un futuro sin tener que enfrentarse a la discriminación en los centros escolares, institutos, universidades y sobre todo porque podrán tener una atención sanitaria normalizada sin segregación y sin la continua sospecha de ser “enfermos mentales”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera”, quien a continuación afirma, “la igualdad no es un derecho condicionado porque de ser así, no es igualdad”.

Fuente Ragap

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Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

En relación al protocolo específico para estos casos, la Junta manifiesta ser consciente de que los factores implicados en este tipo de casuística (psicológicos, de salud, de educación, de igualdad, de justicia) aconsejan la creación de una comisión interdisciplinar e interinstitucional.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha subrayado su disposición a desarrollar un protocolo específico de actuación a ejecutar en colegios con la presencia de menores transexuales, después de que a inicios del presente curso escolar se registraran problemas de adaptación de algunos de ellos en distintos centros educativos.

Así lo asegura el consejero del ramo, Luciano Alonso, en una respuesta parlamentaria tras una pregunta formulada por la diputada de IULV-CA Alba Doblas, en la que apunta como causa de la inadaptación a la negativa de algunos directores, “e incluso algún inspector“, a aceptar la identidad de género de varios de estos alumnos, situación ante la cual la Asociación de Transexuales de Andalucía propuso a esta Consejería la elaboración de un protocolo de actuación.

En su respuesta, Alonso recuerda que estos casos tienen ya cobertura legal, con lo que “la normativa actual es o debe ser suficiente para evitar cualquier tipo de discriminación por razón de identidad de género en el sistema educativo público andaluz”.

De esta manera, la Consejería se remite a la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía, que incluyen preceptos, principios y objetivos que son “conculcados” cuando en un centro se produce un trato vejatorio, discriminatorio o de imposición de creencias religiosas con cualquier alumno o alumna que defiende una identidad de género concreta. “Nuestro ordenamiento jurídico prohíbe con claridad ese tipo de conductas“, especifica.

Dada la existencia de protocolos en casos de maltrato infantil, casos de violencia de género en el ámbito educativo y acoso escolar, Alonso manifiesta que para abordar de manera específica el tema de la transexualidad la Consejería está pendiente de una norma legal que se tramita en la actualidad, la Ley para la no discriminación por motivo de identidad y de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que sentará los principios generales del Ejecutivo autonómico al respecto.

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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La Asociación de transexuales, indignada con el acuerdo entre la Junta andaluza y el colegio transfóbico de Málaga

“Veremos si la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado”. La frase es nuestra: la incluíamos en nuestra anterior entrada dedicada al tema, en la que expresábamos nuestro temor de que la Junta de Andalucía no se atreviera a retirar la subvención al colegio religioso de Málaga que se negó a respetar la identidad de género de una niña transexual, hasta el punto de que la familia se vio obligada a cambiarla de centro. Un temor que se ha visto confirmado este lunes. La Junta ha llegado a un acuerdo con el centro que salda el episodio con un simple “apercibimiento”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

Como informamos hace poco más de dos semanas, la familia se vio obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, del Colegio San Patricio. Se trata de un centro concertado (es decir, financiado con fondos públicos aportados en este caso por la Junta de Andalucía) dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, vinculada al Obispado de Málaga. El centro se negó desde principios de curso a respetar la identidad de género de la niña, negándose a que apareciera en las listas escolares con nombre femenino, a que pudiera vestir el uniforme de niña y a que fuera tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro.

Tras divulgarse la historia, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. El centro no dio marcha atrás y la Fiscalía decidió finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Mientras tanto la niña acudía a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según explicó el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se volvió ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que tomó la decisión de sacar a la niña del centro “con todo el dolor de su corazón” se trató de hecho de una expulsión forzada.

Un acuerdo sobre la no obligatoriedad del uniforme

Tras conocer el abandono del centro por parte de la niña, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, lamentó que fueran los “injustificados prejuicios ideológicos del centro docente” los que motivaron la decisión de la familia, que en todo caso “respetaba”. A la Junta, sin embargo, le quedaba un as en la manga. En diciembre Educación anunció la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Un procedimiento administrativo que ha seguido adelante… hasta ahora. Este lunes Junta y colegio alcanzaban un acuerdo por el que este simplemente era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. “El el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo”, añadía el Ejecutivo andaluz. La Junta ha recordado al centro que la legislación vigente “especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de estas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos”.

Aspecto sin duda muy loable, el de censurar la uniformidad obligatoria, pero que más bien parece una forma alambicada de soslayar el problema de fondo: la discriminación tránsfoba ejercida por el colegio. El problema no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se ha limitado a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme “se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. Nos preguntamos qué grado de compromiso supone esto para el colegio. Si la pequeña Gabi volviera ¿se le permitiría vestir ropa de niña con total libertad? ¿se usaría su nombre femenino en las listas? ¿se le permitiría usar el baño de niñas?

La Fundación Diocesana, gran vencedora

El episodio se salda con la victoria clara de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que una vez firmado el acuerdo de conciliación se ha permitido incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no ha llegado ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, resulta significativo que la Fundación no exprese rectificación alguna y argumente que la Fiscalía archivó el procedimiento. No parece que exista propósito de enmienda.

Un final decepcionante, aún más si se tiene en cuenta que la decisión de sancionar al centro dependía de una administración gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA, a la que se supone mayor sensibilidad a los derechos LGTB. Resulta en cualquier caso poco creíble que la Junta no dispusiera de suficiente margen de maniobra como para haber forzado un acuerdo más favorable a los intereses de la menor discriminada.

Fuente Dosmanzanas

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Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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