Uno de los jóvenes pudo constatar lesiones, mientras el segundo, ha sido impedido de ello y está preso en Santiago 1.

Los abusos han ocurrido en el marco del Estado de Emergencia. Movilh prepara acciones legales.

Durante los ocho días consecutivos de protestas en Santiago y otras ciudades de Chile, las redes sociales han funcionado para compartir imágenes de marchas multitudinarias, evidencia de represión policial, carteles ingeniosos, avisos de personas desaparecidas y detenciones arbitrarias. Pero también han servido como plataforma para denunciar vejámenes de índole sexual a mujeres y a personas de la comunidad LBTIQ+, como amenazas de violación, de tocación, penetración vaginal o anal con objetos o armas, golpizas, desnudamientos e insultos.

Josué Maureira, 23 años, estudiante de Medicina de la Universidad Católica, es una de estas víctimas. Desde el 21 de octubre estuvo desaparecido. Su foto fue compartida más de 70 mil veces en redes sociales. Anoche escribió desde su Facebook que fue liberado de la cárcel Santiago 1, donde estuvo seis días encarcelado ilegalmente. “Fui sometido a torturas y violencia sexual por parte de varios carabineros de la 51 comisaría de PAC (Pedro Aguirre Cerda)”, escribió Maureira. Acusó a tres uniformados: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez y dejó claro que otros funcionarios de esa misma comisaría lo amenazaron de muerte.

“Maricón culiao” le gritaron incontables veces al interior de ese cuartel, mientras lo golpeaban sin piedad en el calabozo. Luego de llevarlo a constatar lesiones, donde -sin siquiera revisarlo- indicaron que tenía lesiones leves, lo devolvieron al cuartel en Pedro Aguirre Cerca a registrar sus huellas. Allí, entre amenazas, le preguntaron “si era maricón”, ante lo que el estudiante de medicina respondió que sí, que era homosexual.

“De ahí en adelante, empezaron a golpearme con mucha más fuerza. Me obligaron a gritar que era maricón ante toda la comisaría, entremedio de golpes”, cuenta el joven a El Desconcierto. “Me rompieron la ropa, me bajaron los pantalones. Esto culmina en un hecho que me daña y me duele mucho: introducieron una luma dentro de mí, y me decían “maricón, te gusta por el hoyo”. Me preguntaban si me gustaba. Había un odio tácito por mi orientación sexual”, relata.

Los policías habrían permitido que otro de los imputados allí recluido lo golpeara, sin que ellos intervinieran en la golpiza. Luego de todos estos graves atropellos, el joven fue trasladado hasta el penal Santiago 1. Específicamente al módulo 4, donde debió convivir con otros 104 reclusos, hasta que este viernes fue liberado. En ese lugar, personal de Gendarmería se habría preocupado de su seguridad, señala.

Una querella que invoca la Ley Zamudio

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que hasta ahora denuncia al menos 18 muertos y 3.162 detenidos -343 niños, niñas y adolescentes y 545 mujeres y 2.150 hombres- presentó ayer una querella por este caso, por los delitos de tortura con abuso sexual. Como Moureira es gay, la acción legal también considera la agravante de discriminación contenida en la Ley Zamudio.

“La víctima, estudiante universitario, relató a los observadores del INDH que el 21 de octubre pasado, mientras se trasladaba por la comuna de Pedro Aguirre Cerda, ingresó a un supermercado a entregar primeros auxilios a personas que se encontraban en su interior mientras se desarrollaban incidentes en el recinto. En la confusión de los hechos, Carabineros lo detuvo de manera violenta, propinándole golpes de bastón, puños y patadas. Producto de la golpiza, el joven perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado hasta la comisaría. Luego de recuperar la conciencia, se le informó que fue detenido por el delito de robo en lugar no habitado. Pese a que ya se encontraba detenido, fue golpeado e insultado por su condición homosexual. Incluso, fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo”, detalló el organismo en un comunicado de prensa.

El organismo acusó que al momento de la formalización, el estudiante no habría sido debidamente entrevistado por el defensor público que le fue asignado y tampoco por los jueces, por lo que no habría podido denunciar todas las vejaciones que sufrió en la comisaría.

El INDH presentó este sábado una querella por los delitos de tortura con abuso sexual en contra de efectivos de Carabineros. Esta acción legal considera la agravante de discriminación por orientación sexual, que incluye la Ley Zamudio. Desde la misma institución detallaron que los delitos de tortura sexual son considerados -en todo el mundo- como uno de los atropellos más graves a los Derechos Humanos de las personas.

En este punto coincide la diputada Natalia Castillo (RD), quien calificó esta denuncia como “gravísima”, dado que ningún Estado de Excepción autoriza las graves vulneraciones vividas por Josué. “Las víctimas de violencia sexual tienen derecho, además de que se haga justicia, a tener una debida reparación. Y al ser además en razón de su orientación sexual o expresión de género, esto se cruza con la vulneración de otros derechos fundamentales”, señala la parlamentaria, que ha promovido una agenda LGBTI en el Congreso.

Castillo espera que los uniformados involucrados en las agresiones sean “debidamente sancionados” y anunció que pedirá que se revisen los actuales protocolos de Carabineros y la formación en Derechos Humanos, temas de género y respeto a la diversidad sexual. La diputada además mencionó que no se trata de casos aislados, dado que desde que comenzaron las intensas protestas se han conocido varias hechos similares. Según el último informe del INDH, se denunciaron 15 casos de violencia sexual en todo el país.

Josué Maureira

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) también se hizo eco su caso y de otro donde la víctima es un joven gay de 21 años que salió a comprar pan y fue detenido cuando observaba disturbios y saqueos en un supermercado. Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos de la organización, denunció que “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. “desde ese momento los policías comenzaron a gritar “hay un maricón aquí adentro”. Acto seguido, le propinaron golpes de pies, puños y con objetos contundentes y lo desnudaron, mientras le lanzaban insultos homofóbicos” en la 11 Comisaría de Lo Espejo. “Cuando pidió constatar lesiones, no se lo permitieron. Al otro día, en tribunales no escucharon su versión de los hechos, y lo mandaron a Santiago 1”, apuntó el Movilh. También dijo que lo desnudaron. Por ahora permanece en la cárcel Santiago 1 “sin que la Defensoría presente hasta ahora recurso de amparo alguno”.

“Aquí hay un modus operandi de apremios ilegítimos y torturas homofóbicas policiales. Hay fuerzas del orden actuando con total impunidad para liberar su desprecio por los derechos humanos y también, en estos casos, para canalizar con golpizas su homofobia. Dado que la Defensoría nada hecho en el caso del joven preso en Santiago 1, próximamente presentaremos acciones legales”, apuntó el Movilh. “Llamamos al Gobierno de Chile a implementar con carácter de urgencia todas las medidas para cesar con las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo bajo el amparo del Estado de Emergencia o el toque de queda”, finalizó el Movilh.

“Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal”

La Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) registra al menos 12 denuncias de violencia sexual a mujeres y adolescentes por parte de Carabineros y de uniformados del Ejército, que permanecen en las calles desde el 19 de octubre, cuando el gobierno decretó Estado de Emergencia para tratar de controlar una ola de saqueos e incendios en supermercados y varias estaciones de metro.

Estos casos son adicionales a los que maneja el INDH, dijo a Presentes Rebeca Zamora, socia de Abofem y miembro de la Comisión de Litigación Estratégica a cargo de la coordinación nacional de representación judicial a víctimas de violencia sexual en el contexto de estas manifestaciones.

Lo que más han visto son desnudamientos, algo que escapa al protocolo de Carabineros al momento de una detención. “Están obligando a las mujeres a hacer sentadillas desnudas y les revisan su cavidad vaginal para ver si es que tienen algún objeto. Eso está completamente al margen de nuestro derecho nacional y del derecho internacional”, explicó Zamora.

Víctimas que siguen recibiendo amenazas

Dos lesbianas de la región de Antofagasta, en el norte del país, se cuentan entre estas víctimas. Según Zamora, fueron detenidas durante una manifestación porque caminaban de la mano. Ya están en libertad, después de ser agredidas por uniformados. “No podemos revelar la identidad de quienes hacen estas denuncias por respeto y porque la confidencialidad es parte del éxito en la investigación de estos casos. Hay víctimas que están muy asustadas todavía, algunas siguen recibiendo amenazas o están siendo intimidadas para que no denuncien”, contó la abogada durante una jornada de asesoría legal a mujeres heterosexuales y de la comunidad LBTIQ+ realizada este sábado. Zamora está segura de que el número de casos seguirá aumentando con el paso de los días.

Negación por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género

Esta mañana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, negó haber recibido denuncias por abuso a mujeres en el contexto de las detenciones por las protestas de la última semana. “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, dijo Plá. Sus declaraciones surgen luego de que el INDH presentara tres querellas por abusos sexuales, que habrían sido realizado por policías y militares.

Fuente Agencia Presentes/MOVILH/El Desconcierto

Foto 1: Josean Rivera

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La Isapre apeló al fallo que la obliga a despatologizar la trasexualidad, llegando al extremo de asociar a dicha identidad de género con el “dolor crónico”

La Isapre Colmena apeló al fallo de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones que la obligó a despatologizar la transexualidad para efectos de las prestaciones, insistiendo con que dicha identidad de género es una enfermedad pre-existente, lo cual fue repudiado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El fallo del pasado 6 de agosto se dictó luego de que Colmena rebajara en un 75% la cobertura a un joven trans, Benjamín, y lo instara a declarar su identidad de género como una enfermedad pre-existente, tras lo cual la abogada del Movilh, Mónica Arias, presentó un recurso de protección a favor del afectado.

En su apelación, Colema indica que el fallo que despatologiza la transexualidad es “errado y perjudicial para sus derechos”, lo cual “denota la falta y abuso grave de los sentenciadores” contra la Isapre.

Junto con insistir con que la transexualidad es una enfermedad y confundir distintos conceptos (como el de identidad de género con el de condición sexual), la Isapre calificó de absurda la sentencia, llegando al extremo de vincular la realidad trans con el dolor crónico, las depresiones y las algias.

“Respecto de esta definición que recoge la sentencia, esto nos podría llevar a conclusiones tan absurdas como que la depresión, el dolor crónico, algias, etc, no podrían clasificarse dentro de una “preexistencia”, ya que no constituyen trastornos anatómicos ni fisiológicos de tejidos y órganos”, sostuvo la Isapre, representada por la abogada Macarena Bravo Vega.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, señaló que “esta Isapre ha explicitado transfobia, indolencia y total falta de respeto a la dignidad humana, solo en virtud de sus intereses mercantiles que en nada se relacionan con la salud”.

“La “ignorancia” de Colmena sobre transexualidad, la identidad de género, la Ley Zamudio, la Ley de Identidad de Género y los tratados de derechos humanos ratificados por Chile, demuestran como esta empresa está alejada de todo deber ético y moral. Esperamos que el fallo sea refrendado y que todas las personas trans abusadas por esta mercaderes de la Salud presenten las acciones legales que sean necesarias”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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Así quedó establecido en cita del Movilh con el titular del Minsal, así como en reunión que dicho organismo y el senador Guirardi sostuvieron con la Superintendencia de Salud.

El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que exigió a Colmena cesar con la discriminación y rebaja en la cobertura de las prestaciones a personas trans, provocó que tanto el titular del Minsal, Jaime Mañalich, como el senador Guido Girardi y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitaran a la Superintendencia de Salud investigar el alcance de esta ilegalidad, lo cual ya está rindiendo sus frutos.

Por un lado Mañalich enfatizó en reunión de ayer con la vocera del Movilh, Daniela Andrade, y con el dirigente Rolando Jiménez, que la transexualidad no es una patología y que, en tal sentido, el fallo de la Corte de Apelaciones se ajusta a Derecho.

“Efectivamente el Código Internacional de Enfermedades CI10 no considera a la transexualidad como una patología y esa es la manera como nosotros definimos si una condición determinada es o no una enfermedad. Y la transexualidad, por cierto, no es una enfermedad y lo que ha hecho la Corte de Apelaciones es señalar lo que corresponde en justicia y en derecho”, había indicado Mañalich a la prensa.

En tanto, el Superintendente de Salud, Patricio Fernández, precisó en otra reunión con el senador Girardi, la abogada del Movilh, Mónica Arias y el dirigente del Área Salud de dicho movimiento, Diego Ríos, que ya se inició una investigación en Colmena, descubriéndose que al menos otras 5 personas trans estaban siendo discriminadas por la Isapre.

“La Superintendencia tiene los mismos criterios de la Corte de Apelaciones y estima que esta situación está fuera del ámbito legal. Le pedimos que se haga un catastro de todos los casos que hay en otras isapres donde estarían discriminando y violando derechos humanos de las personas trans”, dijo Girardi.

En tanto, Ríos dijo esperar que “ tras el catastro, la Superintendencia sancione a todas las isapres que incurren en abusos. Es probable que descubramos muchos más casos de transfobia, todos lo cuales deben ser sancionados”.

Arias, la abogada del Movilh que llevó el caso ganado en la Corte, enfatizó, por su lado, que “la Superintendencia se mostró alineada con los fundamentos del fallo unánime de la cuarta sala de la Corte de Apelaciones en cuanto a los principios y derechos internacionales sobre derechos humanos y normativa interna”.

Sin ir más lejos, y tras conocer el fallo, Fernández ya había señalado a la prensa el sábado anterior que “lo que estamos fijando, más allá del caso a caso, es un criterio como Superintendencia para personas que recurran a esta entidad y, en segundo lugar, ya dispusimos una fiscalización extraordinaria  a través de la intendencia de fondos a todas las isapres”

Otra que se pronunció sobre este caso fue la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, quien dijo a la prensa “los fallos en Chile se cumplen, de manera tal que esa Isapre y todas las isapres deberán cumplir el fallo. Es un fallo sienta un precedente”.

Tras un recurso presentado por el Movilh a favor de un joven trans, la Corte de Apelaciones ordenó el pasado 6 de agosto a Colmena Golden Cross que despatologice a la transexualidad para efectos de definir la cobertura en los planes de salud, además de exigirle que entregue a todas las personas igual atención, al margen de su identidad de género. Esto luego de que la isapre le rebajara un 75% la cobertura a un joven trans, solo por considerar que la transexualidad es una enfermedad.

Fuente MOVILH

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En una ceremonia donde el Ministerio Secretaría General de Gobierno traspasó la coordinación de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo a la Subsecretaría de derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Tras dos meses de diálogos y reuniones, el Gobierno de Sebastián Piñera confirmó el cumplimiento de los compromisos que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de una Solución Amistosa (ASA) alcanzada con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La confirmación se dio en el marco de una ceremonia donde la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, traspasó la coordinación de la Comisión de Seguimiento del ASA a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En tal evento, estuvieron junto a Pérez y Recabarren, los ministros de Educación, Gerardo Varela, y de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, quienes junto a los titulares de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero; de Salud, Emilio Santelices y de Justicia, Hernán Larraín firmaron junto al Movilh un documento donde se oficializa el traspaso y el Gobierno confirma el cumplimiento del ASA. Tal texto, será enviado a la CIDH.

“El Presidente Sebastián Piñera se comprometió a crear una Subsecretaría de Derechos Humanos para que pudiese haber un Chile que avanzara y acortara las brechas de discriminación (…) Esa Subsecretaría hoy es una realidad y nosotros con mucha alegría ponemos a disposición de la coordinación que tenía el Ministerio Secretaría General de Gobierno de llevar a cabo el Acuerdo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y el Movilh”, indicó Pérez.

“Lo que hoy nos convoca es coherente con el espíritu de diálogo y acuerdos que ha liderado el Presidente Piñera, que se ha visto plasmado en los distintos encuentros con diferentes actores de la sociedad civil, entre ellos este acuerdo, un acuerdo respecto del que nos comprometemos firmemente como Subsecretaría a seguir velando en su cumplimiento”, añadió Recabarren.

En el acuerdo, el Estado de Chile se comprometió bajo la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet a impulsar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, reformas a la unión civil, a la ley Zamudio y al Código Penal, a crear una institucionalidad antidiscriminatoria y a implementar políticas públicas que involucran a distintos ministerios.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, calificó como una gran señal para los derechos de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans e Intersexuales, que el gobierno, cualquiera sea su signo ideológico, asuma y respete los compromisos de Estado. Este es una mirada país y, en ese sentido, valoramos la decisión del presidente Sebastián Piñera de reafirmar el compromiso estatal con el ASA”.

Añadió que se trata “de un gesto de especial relevancia al considerar que al interior del oficialismo no hay una postura única sobre el matrimonio igualitario, la adopción homoparental o la ley de identidad de género. Pese a ello, Piñera asume que su labor es ser presidente de todos los chilenos y chilenas y que, en tal calidad, su deber es cumplir con los compromisos del Estado, en especial en materia de derechos humanos”

Para el cumplimiento del ASA existen diversas modalidades de trabajo. Una de esa es la denominada Comisión de Seguimiento que desde ahora integran la Cancillería, la CIDH, el Movilh y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Otra forma de funcionamiento de la Mesa Amplia de Trabajo que coordinan el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Movilh y cuenta con la participación de todas las organizaciones LGBTI interesadas en aportar en el desarrollo de leyes y políticas públicas contra la discriminación.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Cecilia Pérez, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Santelices, Gerardo Varela, Hernán Larraín, Isabel Plá, Lorena Recabarren, Mesa Amplia de Trabajo, Michelle Bachelet, MOVILH, Roberto Ampuero, Rolando Jiménez, Sebastián Piñera, Solución Amistosa (ASA)