El 37 % de los médicos especialistas en VIH vieron su trabajo dificultado por la exclusión de inmigrantes en la sanidad
Un estudio sobre el impacto del real decreto en la atención médica de los inmigrantes irregulares infectados por el VIH y el alcance de su aplicación en las diferentes comunidades autónomas, concluyó que la norma tuvo un impacto negativo en la práctica asistencial y generó profundas inequidades en el territorio nacional.
El 37 % de los médicos especialistas en VIH vio dificultada siempre o con frecuencia su práctica asistencial tras la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012, que supuso la exclusión del colectivo de inmigrantes en situación irregular en España de la asistencia sanitaria, según señala un estudio del Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Gesida).
En relación con la atención y el seguimiento de los pacientes infectados por el VIH en situación irregular, el 37 % de los médicos reconoció en la encuesta que su práctica asistencial se había visto dificultada siempre o con frecuencia por este real decreto.
Asimismo, el 21 % de los doctores aseguró que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley, mientras que el 16,1 % manifestó haber tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos.
Los motivos referidos por los participantes de la encuesta acerca de los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento fueron la imposibilidad de citar a los pacientes (34 %), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19 %), la exigencia de pago (15 %) y otras dificultades de acceso por problemas económicos.
Por otro lado, Gesida reseñó que solo el 26 % de los médicos refirieron que en sus hospitales se pusieron en marcha medidas extraordinarias para atender a este colectivo, como la autorización directa por la Dirección Médica del centro, trámites específicos a partir del servicio de atención al paciente, de trabajadores sociales o servicios sociales de las CCAA, acuerdos entre médicos y otros trabajadores sanitarios para seguir prestando asistencia médica, o la atención por reingreso o urgencias.
El 71% de los médicos mostraron su desacuerdo con la norma. Los motivos principales fueron razones de tipo ético y humanitario, aunque también destacaron el efecto negativo que tendrían estas medidas sobre la salud pública y el gasto sanitario a largo plazo.
Por el contrario, Las opiniones favorables al real decreto se basaron en argumentos relacionados con la necesidad de regular el turismo sanitario y en la necesidad de contribuir al erario público para ser beneficiario de prestaciones sanitarias.
La opinión sobre el impacto del real decreto entre las ONG implicadas en la atención a este colectivo fue aún más desfavorable. Gesida reseñó que, en relación a la atención y seguimiento, el 46 % de los encargados de ONG encuestados reconoció que había tenido dificultades con la asistencia sanitaria siempre o con frecuencia.
Asimismo, todos los encuestados, salvo dos, aseguraron no estar de acuerdo.
El estudio de Gesida concluyó que el impacto del RD 16/2012 podría haber sido mayor sin las indicaciones explícitas dadas en algunas autonomías de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento.
Este es el principal factor que ha evitado el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el RD 16/2012 de manera estricta, aunque eso no ha evitado que tanto médicos como ONG hayan detectado problemas de acceso a la asistencia y al tratamiento en este grupo de pacientes, incluso en comunidades autónomas con normativa explícita, subrayó la investigación.
El estudio recabó la opinión de 97 médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas de 16 comunidades autónomas diferentes y 25 miembros de 23 ONGs radicadas en 11 autonomías.
Fuente La Información
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