El Lehendakari Urkullu reafirma el compromiso del Gobierno Vasco contra la “discriminación” del colectivo LGTBI
El Gobierno Vasco reconoce con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda
Frank Mugisha, director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, recogía este lunes el Premio René Cassin 2017de manos del lehendakari, Iñigo Urkullu. La organización vasca Ortzadar LGTB fue la que propuso en su momento la candidatura de Sexual Minorities Uganda, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB en el continente africano, a pesar de las amenazas y la persecución a la que tienen que hacer frente con frecuencia los activistas que se integran en ella (especialmente en Uganda). La entrega del galardón se enmarcaba en los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemoró el pasado domingo 10 de diciembre. Mugisha ha denunciado que “sufrimos discriminación social e institucional. Solo por ser gay, en Uganda puedes ser arrestado y encarcelado”. Por ello, el activista añade que están comprometidos a “no parar hasta lograr la igualdad”.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reafirmado este lunes, con motivo de la entrega del ‘Premio René Cassin 2017‘ a la ONG Sexual Minorities Uganda, el compromiso del Gobierno Vasco con la lucha contra la “discriminación” por razón de identidad de género y orientación sexual. “Con este premio reconocemos a todas las personas y entidades que luchan por la dignidad en África y desde África; Euskadi hoy se hermana con todas ellas y muestra su empatía”, decía el lehendakari, Iñigo Urkullu, al entregar el Premio René Cassin 2017 a Sexual Minorities Uganda. A la cita celebrada en Lehendakaritza (sede de la presidencia de Euskadi), asistieron todos los consejeros del Gobierno Vasco, además del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández, y de la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.
El activista trans Víctor Mukasa fue el promotor en 2004 de Sexual Minorities Uganda. Actualmente, la organización está formada por 18 asociaciones que luchan contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en Uganda y en el resto del continente africano. El director ejecutivo de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha (que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz), recogía el mencionado galardón, acompañado de Diane Sydney Bakuraira (también miembro de la entidad premiada).
Urkullu ha presidido la ceremonia de entrega de este galardón del Gobierno autonómico a Sexual Minorities Uganda, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBI en África.
El jurado del ‘Premio René Cassin‘, con el que el Ejecutivo reconoce cada año la labor de personas y entidades en el ámbito de los derechos humanos, ha destacado el trabajo esta organización para denunciar de la situación de la comunidad LGTBI en algunos países de África y en Uganda, en particular, y su defensa del respeto de los derechos de estas personas.
En su intervención, Urkullu ha explicado que este galardón supone un reconocimiento del trabajo de “todas las personas que luchan por la igualdad y el derecho a la no discriminación motivada por la orientación sexual o la identidad de género”.
El lehendakari ha reafirmado “la empatía, la solidaridad y el compromiso” del Gobierno Vasco con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Además, ha mostrado su reconocimiento por la labor que desarrolla Sexual Minorities Uganda para “dar a conocer una realidad que les resulta invisible, desconocida o lejana” a muchas personas.
Urkullu ha recordado que los integrantes de esta organización trabajan en unas condiciones muy “complicadas”, dado que, en países como Uganda, “la diversidad sexual es un delito penado con cadena perpetua”.
El lehendakari ha recordado que el artículo segundo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
Dicho artículo añade que “no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
Historia de la ONG
La ONG Sexual Minorities Uganda se fundó en 2004 por el activista transgénero Victor Mukasa, y está integrada por 18 organizaciones de distinto signo, que luchan por el reconocimiento y el respeto de la dignidad y derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.
La situación de las personas LGTBI en algunos países de África es especialmente dramática. En muchos países están perseguidas penalmente, incluso -como en el caso de Uganda- con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Sexual Minorities Uganda brinda espacios seguros a las personas LGBTI; promueve iniciativas vinculadas a su empoderamiento afectivo e identitario; asesora frente a las enfermedades de transmisión sexual; y trabaja en el ámbito de los medios de comunicación y la denuncia social.
El premio ha sido recogido por el director ejecutivo de la entidad, Frank Mugisha, que en 2014 fue nominado al Premio Nobel de la Paz. Mugisha ha estado acompañado por Diane Sydney Bakuraira, perteneciente también a Sexual Minorities Uganda.
El Premio René Cassin fue creado por el Gobierno Vasco con el fin de “reconocer públicamente la labor de personas físicas o jurídicas que con su actuación contribuyan de manera destacada a la promoción de los valores de los derechos humanos en la sociedad”. El premio es un homenaje a René Cassin, nacido en Bayona en 1887, y al que se le considera el principal inspirador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1968.
Uganda: una pesadilla continua
La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.
Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía el año pasado en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, aprobada por el Parlamento en diciembre de 2013 y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. Esta ley, que provocó la indignación internacional, fue anulada por vicio de forma por el Tribunal Constitucional en agosto de 2014. La ley finalmente fue invalidada por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había aprobado sin el quórum necesario. Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación.
En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.
Por fortuna, hace unos meses el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH. Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Fuente EiTB, Portal Irekia del Gobierno Vasco, vía Cáscara Amarga/Dosmanzanas
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