Gabriel Wikström, ministro de Salud Pública de Suecia

Hasta 2013, la ley sueca establecía que las personas que querían cambiar su sexo legal tenían que “carecer de la capacidad para procrear”.

Cientos de personas trans se vieron obligadas a someterse a cirugía de esterilización a causa de esta ley.

El ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, ha confirmado que el Gobierno sueco pagará una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

Más de 160 víctimas de esta ley, que fue revocada en 2013, presentaron una demanda contra el gobierno por esta práctica y, después de una larga batalla política que ha durado años, el gobierno de Suecia ha confirmado que resolverá el caso pagando una indemnización.

En un comunicado, el ministro de Salud Pública confirmó que el Gobierno desarrollará la legislación con el fin de permitir la compensación a pagar: “Hasta 2013, era un requisito para someterse a la esterilización de cambio de sexo. Era una expresión de una visión del mundo que hoy pensamos que está mal y a la que renunciamos. El gobierno, por tanto, va a introducir un proyecto de ley, lo que significa que los afectados por la ley anterior podrán solicitar una compensación por parte del Estado”, declaró Wikström. “El objetivo es que la ley entre en vigor en julio de 2018“, aclaró.

Kerstin Burman, de la Federación Sueca por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer, dijo que las “reparaciones monetarias no pueden compensar completamente las violaciones de esterilización forzada, pero una reparación financiera iniciada por el gobierno es un reconocimiento oficial de que estas acciones eran malas y que el Estado no debería haber tratado a sus ciudadanos de esta manera”. “Que el gobierno haya optado por tomar la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas es muy positivo. Ahora estamos esperando que el nivel de la compensación sea adecuado y justo”, matizó.

Según Burman, la estimación de esta compensación estaría alrededor de las 300.000 coronas suecas (alrededor de 32.000 €) por persona. “Si el gobierno propone una cantidad significativamente menor, a continuación volveremos a los tribunales”, precisó.

Fuente Agencias

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Un hombre gay de Essex (al este de Londres) ha ganado un juicio amparado por la Ley de Igualdad de Reino Unido. La singularidad de su caso es que se ha considerado probada por el tribunal la discriminación homófoba únicamente a través de gestos y posturas, sin que se mediara una sola palabra ofensiva. Los hechos ocurrieron cuando el hombre (del que no ha trascendido su verdadera identidad) acudió a la cerrajería Taylor Edwards para solicitar una devolución y su correspondiente reembolso. La dependienta que lo atendió realizó cerca de 20 gestos burlescos de diferente naturaleza (entre ellos, una mueca emulando una felación). El afectado decidió llevar a juicio al comercio “para evitar futuros incidentes de discriminación” y el juez le ha dado la razón. Además, recibirá 7.500 libras de indemnización (unos 10.525 euros).

A la cerrajería Taylor Edwards le ha salido cara la falta de respeto de sus empleados hacia los clientes y hacia la diversidad sexual. Concretamente, el establecimiento deberá abonar 7.500 libras a un hombre gay del que se burló una de sus dependientas, tras solicitar este una devolución. Por primera vez, basándose en la Ley de Igualdad del Reino Unido (aprobada en 2010), un juez ha dictado sentencia contra la homofobia proferida mediante el lenguaje no verbal.

Para la Corte del Condado de Southend, el beso sarcástico que la dependienta de la citada cerrajería le sopló al aire, mientras él salía del establecimiento, así como los repetidos gestos burlones, han sido motivo suficiente para condenar a Taylor Edwards. “Obviamente estoy encantado con el resultado de mi caso en el juicio. Tramité esta denuncia para evitar que se produzcan futuros incidentes de discriminación y de homofobia”, ha asegurado el cliente afectado.

Al parecer, en el momento en el que sucedió todo el propietario Taylor Edwards (que además da su nombre a la empresa) se encontraba fuera del establecimiento. Sin embargo, según ha explicado la víctima de las burlas, decidió seguir adelante con la denuncia por vía judicial, ya que, siendo conocedor de los hechos, Edwards ha mantenido a la dependienta en su puesto de trabajo. “Estaré realmente contento si este caso evita que una persona lleve a cabo un acto homófobo en el futuro y si además confiere a otras personas el coraje y la convicción de denunciarlo como un acto de acoso y de homofobia”, añadía el denunciante.

El activismo LGTB del Reino Unido se ha felicitado por esta sentencia pionera y el ha valorado que este caso podría tener implicaciones importantes para la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. Sobre todo, porque puede sentar jurisprudencia y servir como modelo de corte y de referencia para futuros casos de discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014

Se contabilizaron 657 denuncias de abusos sexuales a menores

La iglesia católica de Estados Unidos gastó entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014 unos 120 millones de dólares para apoyar a víctimas de abuso sexual de clérigos y 30 millones en programas de prevención de la pedofilia, según un informe anual publicado el viernes.

La mayor parte de los 150 millones de dólares se destinaron a indemnizaciones, terapias de las víctimas y gastos legales, indicó el informe, encargado por la Conferencia episcopal de Estados Unidos.

Desde que en 2002 estallara un escándalo sobre actos de pedofilia cometidos por sacerdotes, los obispos de Estados Unidos realizan un estudio anual sobre las denuncias presentadas al respecto en el país.

Varios altos funcionarios de la iglesia reconocieron que habían protegido a sacerdotes responsables de abusos sexuales de niños.

Según el informe, hubo en el período considerado 657 denuncias de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, de los cuales 130 han sido reconocidos, 243 están todavía bajo investigación y el resto no han sido probados. La mayoría de las denuncias se refieren a acontecimientos que tuvieron lugar hace años.

“No debemos ser complacientes con lo que se ha logrado. Debemos continuar cumpliendo nuestra promesa” de sanar lo ocurrido en 2002, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Joseph Kurtz. “La iglesia ayudará a (…) echar luz sobre lo oscuro y a combatir el mal y los abusos dondequiera que se cometan”, agregó.

(RD/Agencias)

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