La provincia indonesia de Aceh podría ocultar a la vista del público los castigos físicos a los condenados por homosexualidad. La posible reforma ha sido discutida entre el presidente indonesio, Joko Widodo, y el recientemente elegido gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, y está motivada por el deterioro de imagen internacional que para Aceh en particular y para Indonesia en general supuso la difusión hace escasas semanas de la flagelación de dos jóvenes, de 20 y 23 años. Una mala fama que podría poner en riesgo la inversión extranjera. De aprobarse la decisión, los castigos se ejecutarían en el interior de las cárceles, sin público ni prensa.

El pasado mes de abril ya adelantábamos que los dos muchachos habían sido condenados a ser flagelados en público con una vara de ratán, después de ser grabados en vídeo, acosados y denunciados por sus propios vecinos. La condena se ejecutó en mayo, después de que pasaran además dos meses en prisión. El espectáculo público, cuyo objetivo “ejemplarizante” fue ensalzado por la alcaldesa de Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal (“imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo”), trascendió sin embargo internacionalmente y las condenas no se hicieron esperar.

Algo que no ha gustado a las autoridades de Aceh y de Indonesia, que ante el temor de que lo sucedido desincentive la inversión extranjera se plantean ahora no suspender los castigos a las personas condenadas por homosexualidad, sino ejecutarlos privadamente en el interior de las prisiones, de forma que las imágenes no trasciendan a los medios de comunicación y no puedan ser difundidas a través de dispositivos móviles. Así lo habrían discutido el presidente indonesio y el nuevo gobernador de Aceh en una reciente reunión mantenida en Yakarta, la capital indonesia. Una muestra de hipocresía que la organización de derechos humanos Human Rights Watch ya ha denunciado. Está por ver, en cualquier caso, si la decisión llega a materializarse: según asegura The New York Times, la oficina del gobernador ha expresado que aún debe recibir el visto bueno de los “sabios” musulmanes y del Parlamento local.

En Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).

Indonesia: deterioro preocupante de los derechos LGTB

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Hace pocas semanas, por ejemplo, la policía detenía en Yakarta, la capital, a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades calificaron como “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es allí ilegal. El portavoz de la policía aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía. Semanas antes, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad del país. Y en Java Occidental, la provincia más poblada del país, el jefe de policía ha hecho público el plan de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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“Repugnante espectáculo”. Así ha definido Amnistía Internacional la aplicación del brutal castigo infligido a dos hombres por tener sexo entre ellos en la región indonesia de Aceh. Como adelantamos a principios de abril, los jóvenes (de 20 y 23 años) fueron condenados y han recibido ahora 83 latigazos en público con una vara de ratán, ante una multitud que se reía, jaleaba y que lo grababa con sus teléfonos móviles, como si se tratara de un concierto. Illiza Sa’aduddin Djamal, alcaldesa de Banda Aceh, asegura querer “salvar a nuestra próxima generación. Imaginen qué pasaría si a toda la gente le empezara a atraer su mismo género y la enfermedad se empezara a esparcir por el mundo”.

La flagelación a la que han sido sometidos dos jóvenes acusados de “homosexualidad” en la región indonesia de Aceh es la primera que se ejecuta contra personas de la comunidad LGTB. El pasado 29 de marzo se presentó una denuncia por parte de los vecinos de un inmueble, que acusaban a la pareja de jóvenes de practicar la homosexualidad. Uno de los residentes grabó en vídeo a los denunciados, para posteriormente compartir las imágenes en las redes sociales. Al reconocer que eran una pareja gay, fueron detenidos y han estados dos meses recluidos. Por si no fuera suficiente, a la privación de libertad y a los latigazos se suma el escarnio público.

Josef Benedict, director adjunto para el Sureste Asiático y Oceanía de Amnistía Internacional, ha denunciado que “este repugnante espectáculo, llevado a cabo delante de más de un millar de espectadores que insultaban a las víctimas, es un acto de la máxima crueldad. La emboscada que sufrieron en su propio domicilio fue una invasión forzosa de su intimidad, y el ‘castigo’ que se les ha infligido hoy estaba concebido para humillarlos, además de para causarles lesiones físicas”.

Desde Amnistía Internacional, además, han añadido que “las autoridades de Aceh y de Indonesia deben derogar de inmediato la ley que impone estos castigos, que constituyen un trato cruel, inhumano y degradante y podrían equivaler a tortura”. Asimismo, dejan claro que “las penas de flagelación y la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son violaciones flagrantes del derecho internacional de los derechos humanos. La comunidad internacional debe presionar a Indonesia para crear un entorno más seguro para la comunidad LGBTI antes de que la situación se deteriore aún más. Nadie debe ser castigado por mantener relaciones sexuales consentidas”.

En muy diferentes términos se ha expresado la alcaldesa de Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal: “No les odiamos a ellos como seres humanos, pero no nos gusta lo que hacen”. Con estas palabras justifica la primera edil la ejecución de la pena a los jóvenes de 20 y 23 años, al tiempo que ha calificado la homosexualidad de “enfermedad” y, como tal, considera que se debe de prevenir para evitar que se extienda. Y más tristes aún son las palabras del padre de uno de los muchachos, víctima de la homofobia institucional de Aceh: “después de que se resuelva este problema, lo enviaremos a un internado islámico para que lo eduque para que ya no sea un desviado”.

Advertimos a nuestros lectores que las imágenes del vídeo, en el que se recogen varios momentos de la flagelación, son muy duras:

141 detenidos, acusados de participar en una supuesta orgía gay

El pasado domingo (21 de mayo) la policía de Indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”. La homosexualidad no es ilegal en el país, a excepción de la provincia conservadora de Aceh. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía de Indonesia. “Había personas homosexuales que fueron capturadas desnudándose y masturbándose”, explicaba el representante policial.

Por otra parte, hace tan solo un mes, ocho hombre eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay”. Ocurría en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Shinto Silitonga, el jefe de la policía local, declaraba que había 14 hombres en dos habitaciones de hotel viendo porno gay y realizando “actos sexuales desviados”. Las otras seis personas fueron puestas en libertad con cargos. A todos ellos se les acusaba, como en el caso de los 141 arrestados en Yakarta, bajo las moldeables normas contra la pornografía. Los organizadores se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión.

Creación de una policía específicamente LGTBfóbica

Anton Charliyan, jefe de policía de Java Occidental, ha hecho público el plan de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGBT. Este anuncio, que ha coincidido con la flagelación a los dos jóvenes de Aceh, es extremadamente preocupante para la comunidad LGTB de Indonesia, que observa atemorizada cómo aumenta la represión contra la diversidad sexual y de género, deteriorándose forzosamente su calidad de vida.

Lejos de cualquier rastro de humanidad, el responsable de las que deberían ser las fuerzas de seguridad de esta provincia ha dicho esperar que “no haya seguidores en Java Occidental de ningún estilo de vida o tradición gay o LGBT”. A lo que ha añadido que “si hay alguien siguiéndolo, se enfrentará a la ley y a pesadas sanciones sociales. No serán aceptados por la sociedad”.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015.

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