María Elósegui no solo se enroca en sus posiciones en una entrevista a El Confidencial, sino que incluso se muestra desafiante y responde con chulería cuando se le recuerda la petición de dimisión. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, ha declarado. Mientras tanto, los colectivos LGTB europeos muestra su preocupación por el nombramiento de Elósegui como magistrada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: peticiones de cese por el falseamiento del currículum, solicitud de explicaciones al Gobierno, petición de dimisión en change.org… Como era previsible, nada de eso ha sucedido. La propia María Elósegui lo deja claro en la entrevista a El Confidencial. “Parte de la polémica se ha centrado en sus ideas. Miembros del colectivo LGTBI han promovido una recogida de firmas para que usted dimita. ¿Cree usted que debe dimitir?”, le preguntan. “He sido votada por una asamblea parlamentaria y me debo a mis electores. Los periódicos, con todos mis respetos, no es el lugar en el que se vota. Se vota con los procedimientos formales, no se hace un juicio en paralelo. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, responde. “La petición que le hacen es que dimita porque consideran que usted es homófoba”, insiste la periodista. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, añade Elósegui.

La nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste además en que sus palabras han sido manipuladas. “Niego la mayor. No son mis palabras, se han sacado de contexto y tergiversado, han puesto en boca mía cosas que no he dicho yo. Han hecho una mezcla, un popurrí, con idea de lesionar mi honor y buscando un acoso o discriminación laboral”, asegura.

Afirmaciones, es necesario insistir, que no son ciertas: son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras. Ni tergiversación ni manipulación.

Posicionamiento de ILGA Europe

La alarma por las opiniones de Elósegui, entretanto, ya ha sobrepasado nuestras fronteras. ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, hizo público hace varios días un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que expresa su preocupación y asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo. “Seguimos esperando a el Gobierno dé una respuesta sobre las negligencias que llevaron a que sus declaraciones homófobas y tránsfobas no supusiesen su automático descarte para ese puesto”, añade la FELGTB, en referencia a la exigencia al Gobierno español de explicaciones.

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Estados Unidos único país occidental que ha votado en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que pide acabar con la pena de muerte en los casos en que “sea discriminatoria”.

La resolución fue finalmente aprobada con el voto a favor de 27 países y 13 en contra.

Actualmente ser homosexual sigue siendo castigado con pena de muerte en Irán, Arabia Saudita, Sudán, Yemen, en los territorios de Irak y Siria ocupados por el Daesh y en algunos territorios de Somalia y Nigeria.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha votado para condenar la pena de muerte dictada sobre la base de la orientación sexual de las personas. Aunque la resolución se aprobó con 27 países votando a favor de la medida, 13 países, incluyendo a Estados Unidos, votaron en contra.

Sin embargo, esta resolución no pide el fin de la muerte como castigo, si no que pide a los países que tienen la pena de muerte que no la utilicen de manera “discriminatoria”. Concretamente, la medida solicita poner fin a la pena capital a personas con discapacidad intelectual, a menores de 18 años en el momento del crimen, a mujeres embarazadas, a causa de apostasía, blasfemia o adulterio y a las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo.

Aunque ya sabemos que estas resoluciones no sirven para casi nada, es muy grave que EEUU (y Japón, que también tiene lo suyo) hayan votado a favor de que las cosas sigan como están.  Como dijo Renato Sababadini, el director ejecutivo de la ILGA, después de la votación, “es inadmisible pensar que haya cientos de millones de personas que viven en Estados donde alguien puede ser ejecutado por el simple hecho de amar. Este momento es un hito en el que la comunidad internacional ha señalado públicamente que simplemente se debe terminar con estas horribles leyes“.

Hace más de una década, la ahora desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución similar. Sin embargo, esta resolución es la primera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Bangladesh, Botswana, Burundi, China, Egipto, Etiopía, India, Irak, Japón, Catar, Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y Estados Unidos fueron los países que votaron contra la resolución aprobada. Por su parte, el también previsible voto en contra de Rusia no pudo llevarse a cabo debido a que su papel en el bombardeo de ciudades sirias llevó a que al país le fuera negado un lugar en el Consejo en 2016.

Todos ellos, salvo Burundi que la despenalizó hace poco,  son países en los que se aplica (y en la mayoría con entusiasmo) la pena de muerte. Además en casi todos ellos  ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. En Egipto técnicamente no es un delito, aunque como estamos viendo estos días las autoridades se sacan de la manga cualquier tontería para perseguirte igual.  Esto se lo recordamos a toda esa gente que estos días nos está sorprendiendo cuando dicen, como en las mejores dictaduras, que si no quieres que la policía te pegue o te detenga lo que tienes que hacer es quedarte en tu casa y no hacer nada ilegal.

André du Plessis, responsable del Programa de las Naciones Unidas y Defensa en ILGA, mostró su agradecimiento al “liderazgo de los ocho países que presentaron esta resolución: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza“. Por encima de todo, “se mantuvieron firmes en principio a través de una difícil negociación y período de votación“.

Ahora es tenemos que recordar, una vez más, que Estados Unidos ha votado en contra de pedir que se deje de castigar el ser homosexual con la pena de muerte, y  podemos estar seguros de que esto con Obama (o con Hillary, esa que según algunos era igual de mala o incluso peor) no hubiera pasado. A algunos les cuesta admitirlo, pero Trump no es amigo nuestro y ya se encarga de poner en los puestos adecuados a gente que lo demuestra con sus políticas, como por ejemplo Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Aunque no es la más reaccionaria entre las personas que rodean a Trump,  fue una de las que más virulentamente lucho contra el matrimonio igualitario en Carolina del Sur, de donde era gobernadora entonces.

Fuente | Gay Star News, vía Cáscara Amarga/EstoyBaliando

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Detención de un opositor político en Bakú en Octubre de 2016 (Foto: REUTERS)

ILGA, Stonewall, Thomson Reuters Foundation o Civil Right Defenders son algunas de las organizacioens que luchan por los derechos civiles que solicitan al gobierno de Azerbaiyán que libere de la cárcel a decenas de personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, después de que un activista, Javid Nabiyev, denunciara que se estarían realizando detenciones masivas, acompañadas de abusos vervales, agresiones físicas y exámenes médicos forzosos en Baku.

La rama europea de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA por sus siglas en inglés: International Lesbian and Gay Association) ha hecho disparar las alarmas por la detención arbitraria de al menos 50 personas LGTB en Azerbaiyán cifra que algunos medios azerís elevan hasta casi los 100 y solicita al gobierno de Azerbaiyán a liberarlas después de que salieran a la luz unos informes sobre la detención masiva de miembros del colectivo LGBT, denunciada por el activista Javid Nabiyed, que habrían sufrido abusos y palizas en una operación muy similar a la purga de homosexuales en Chechenia.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, deja claro que “obligar a cualquier persona LGBTI a ser examinada médicamente en contra de su voluntad es bastante perturbador, pero también hemos recibido múltiples reportes de abuso verbal y físico. No hay ninguna justificación para esta selección indiscriminada de personas percibidas como miembros de la comunidad LGBTI. Es una violación clara y grave de la Convención Europea de Derechos Humanos(…) Estamos preocupados por el destino de las víctimas de estas incursiones y solicitamos la liberación inmediata de toda persona que aún esté detenida”.

Para ILGA es difícil medir la magnitud de esta presunta represión que sucede desde hace dos semanas, pero que no ha sido confirmada de forma independiente, como tampoco lo fuera inicialmente la de los funcionarios de Razam Kadyrov. Al igual que la pequeña República Rusa, Azarbaiyán también es un país conocido por su pésimo trato a las personas gays, lesbianas, transexuales e intersexuales. Los abogados de algunos de los detenidos han asegurado que sus clientes han sido víctimas de palizas y abusos verbales, obligándoles a pasar exámenes médicos y llegando incluso a rapar las cabezas de las mujeres transexuales.

 El Ministerio del Interior de este país considera, torpemente, que con estas redadas dirigidas al colectivo LGTB y a los trabajadores y trabajadoras del sexo combate nuevas infecciones de transmisión sexual como el VIH/sida, la sífilis o la hepatitis. En un comunicado conjunto del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán, hecho público este lunes,  queda patente que las autoridades nacionales solo ven la paja en el ojo ajeno: “los informes de los medios de comunicación sobre presuntos ataques contra minorías sexuales y la violación de sus derechos son infundados y desearíamos hacer notar, una vez más, que el propósito de tal acción es llevar ante la justicia a aquellos que han violado el orden público y prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”. “Los arrestados son personas que manifiestan demostración de falta de respeto hacia los demás, molestan a los ciudadanos y creen que las autoridades sanitarias tienen enfermedades infecciosas”, declara un portavoz del Ministerio del Interior, Eskhan Zakhidov, en una estrategia similar a la que tuviera el gobierno de Chechenia, que negaba que estuviera sucediendo ninguna purga, alegando el de Azerbaiyán que se trata de una campaña contra la prostitución.

Esta postura no es aceptada por Stonewall, quienes sostienen que las personas detenidas habían sido seleccionadas, exactamente lo mismo que asegura la Thomson Reuters Foundation, con sede en Bakú, desde donde aseguran que «las principales calles, estaciones de metro y lugares como los clubes, pubs y bares como LGBT son los principales objetivos».

En la última quincena de septiembre se ha desatado en la República de Azerbaiyán la enésima oleada LGTBfóbica orquestada por el Estado de este país de la Europa oriental. ILGA-Europa habla de al menos 50 personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, aunque otras fuentes suben hasta el centenar de arrestados. Algunos medios azerís tampoco se quedan atrás en su labor desinformativa y discriminatoria, apoyando las tesis gubernamentales y llegando a asegurar que “está claro que casi todas las minorías sexuales han sido infectadas con las enfermedades de transmisión sexual más peligrosas”.

ILGA-Europa condena que el ataque de Estado contra miembros de la comunidad LGBT, especialmente en Bakú (capital del país), está ofreciendo como resultado redadas de la policía, con los detenidos siendo agredidos, forzosamente examinados médicamente, multados u obligados a revelar detalles de contacto de sus teléfonos móviles. Un operativo y unos objetivos que, salvando las distancias, recuerdan a la persecución LGTBfóbica de la república semiautónoma rusa de Chechenia, destapada en abril de este año.

Activistas locales aseguran que al menos 50 personas homosexuales y transexuales habrían sido detenidas en las redadas policiales durante las últimas dos semanas, aunque Civil Rights Defenders, con sede en Suecia, afirman que el número de detenidos podría llegar al centenar, añadiendo que muchos habrían sido liberados solamente después de denunciar direcciones de otros miembros de la comunidad LGBT.

La justificación del Gobierno a esta escalada en su LGTBfobia de Estado no es en absoluto alentadora y deja al descubierto la ignorancia de las autoridades azerís en la materia. Según el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de Azerbaiyán no se trata de un “ataque” contra minorías sexuales, sino la estrategia gubernamental para “prevenir la propagación de enfermedades contagiosas peligrosas”.

Sin embargo, se ha demostrado que en los países más desarrollados la mejor forma de combatir las infecciones de transmisión sexual son las campañas de educación y prevención. La represión, en cambio, consigue el efecto contrario: desinformación, falta de voluntad de realizarse pruebas y miedo a ser fichados o a sufrir represalias por parte de las autoridades.

Golpeado y torturado con descargas eléctricas por ser gay

Uno de los últimos detenidos en denunciar su arbitraria detención ha sido Xeyal (un apodo usado para evitar nuevos abusos por parte de las autoridades azerís). En declaraciones a BuzzFeed News, este hombre explica que fue retenido durante nueve días en el Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior de Azerbaiyán. Desde su arresto, el pasado 19 de septiembre, tuvo que dejar pasar un lapso de tiempo antes de exponer su caso y de contactar con un abogado porque se sentía aterrorizado. Incluso el abogado, que asiste a muchas de estas víctimas de la LGTBfobia de Estado, tiene miedo de ser reconocido y de que esto pueda perjudicar a sus clientes o él mismo, dado que está hablando con la prensa internacional

Al ser liberado, Xeyal abandonó su apartamento y canceló su teléfono móvil, preocupándose de que no lo arrestaran de nuevo. Cuando encontró el valor para pedir ayuda, su rostro y sus brazos todavía mostraban evidencias de maltrato físico. Según denuncia el afectado, habría sido golpeado con un bastón en la cabeza, en las rodillas y en los brazos. Asimismo, habría sido sometido a descargas eléctricas en la cabeza y en otras partes de su cuerpo más de 30 veces. Durante esta tortura, las autoridades parece que intentaron sonsacarle los nombres de sus ex compañeros sexuales y que tuvo que firmar documentos sin que se le permitiera leerlos.

Por su parte, Daniel Holtgen, director de comunicaciones del Consejo de Europa, ha publicado en su cuenta de Twitter que se siente “muy preocupado por el maltrato que reportan personas LGTB” en Azerbaiyán y que resulta “necesaria” una “investigación en profundidad”.

#Azerbaijan: Very concerned about reported mistreatment of #LGBTI persons. A thorough investigation is necessary.https://t.co/jCkB0t7Pfv

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 2 de octubre de 2017

A través de una breve nota informativa, el propio Consejo de Europa también ha expresado su preocupación y ha insistido en que “la discriminación de las minorías, tanto sexuales como de otra índole, es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos”. Además, al tiempo que aseguran que siguen el tema de cerca, urgen a Azerbaiyán a “velar por que se respeten estos derechos y se investiguen a fondo los malos tratos denunciados”.

Azerbaiyán y su LGTBfobia de Estado

Las relaciones homosexuales fueron despenalizadas en Azerbaiyán en el año 2000, siendo la edad de consentimiento la misma que la de las relaciones heterosexuales. Por lo demás, sigue sin existir reconocimiento jurídico alguno para las personas LGTB. Y el problema no solo se traduce en la falta de derechos como las uniones civiles, la adopción o la falta de libertad de expresión para los colectivos LGTB sino en la existencia de una impunidad implícita para actos de odio por razones de orientación sexual.

El Parlamento Europeo aprobaba en 2015 una resolución mediante la cual, entre otros puntos, pedía “al Gobierno de Azerbaiyán que deje de oprimir e intimidar a los defensores de los derechos humanos que trabajan por los derechos de las personas LGBTI”. En este sentido, la Eurocámara condenaba “enérgicamente los discursos de odio, procedentes de los más altos niveles políticos, contra las personas LGBTI”.

En 2014 nos hacíamos eco del caso de un joven de 18 años al que sus propios padres le rociaron con gasolina y le amenazaron con prenderle fuego al revelarles su homosexualidad. Afortunadamente, el joven logró escapar y no se consumó el parricidio.

En 2012 recogíamos las declaraciones del activista local Yadigyar Sadykov, que afirmaba que “si una familia decidiera matar a un pariente homosexual, la mayoría de la gente lo aprobaría (…) Nunca he encontrado una persona abiertamente homosexual aquí”. Por este motivo, son pocas las personas que se atreven a visibilizar su orientación LGTB en Azerbaiyán, como por otra parte sucede en el resto de ex república soviéticas.

Fuente Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El gobierno de Justin Trudeau lleva varios meses aceptando refugiados homosexuales chechenos aunque no lo ha hecho público hasta ahora.

Se trata de un plan secreto llevado a cabo en colaboración con una ONG rusa y otra canadiense que puede poner en peligro las relaciones diplomáticas entre Canadá y Rusia.

Gracias a la organización Rainbow Railroad y la acción directo del gobierno de Justin Trudeau, Canadá se convierte en el refugio de la gran mayoría de personas que escapan de la purga de homosexuales en Chechenia.

Cuando saltan las alarmas sobre la purga de homosexuales en Chechenia, en el mes de abril, Rainbow Railroad, una organización sin ánimo de lucro que lucha por los derechos humanos desde 2005, ha contribuido a que 35 personas pudieran escapar de Chechenia, 31 de las cuales ya han llegado a Canadá. Lo que ahora solicitan al gobierno de Justin Trudeau es que proporcione los recursos de asentamiento adecuados para los refugiados, así como remodelar este tipo de políticas para beneficiar a otros solicitantes de asilo del colectivo LGBT de otros países, dado que de las más de 140 personas a las que han ayudado este año, salvo los chechenos, muy pocos consiguieron ser admitidos en Canadá.

Chechenia es una república autónoma dentro de la Federación Rusa que se ha hecho tristemente famosa desde que el periódico Novaya Gazeta denunció que sus autoridades estaban realizando una purga de homosexuales en su territorio. Desde entonces la reacción internacional ha sido más bien tibia, y se han quedado en poco más de algunas declaraciones puntuales de políticos como Emmanuel Macron o Angela Merkel, que han pedido una respuesta de las autoridades rusas,  aparte del anuncio de que Francia había empezado a acoger refugiados chechenos perseguidos por su orientación sexual, al igual que Alemania.

Mientras tanto en Rusia han  negado la credibilidad de los informes que hablaban del asesinato de decenas de personas, amenazando con deportar al periodista que había empezado a informar de la “purga gay” diciendo que, en general, en Chechenia no pasa nada y que nos lo estamos inventando todo.

Esta semana el gobierno de Canadá ha hecho público que lleva tres meses admitiendo en el país a refugiados  homosexuales que están huyendo de la persecución a manos de las autoridades chechenas, mediante un programa secreto liderado por la ministra de asuntos exteriores, Chrystia Freeland.

Para ello, el gobierno de Canadá ha colaborado con dos ONG, Russian LGTB Network (que ha abierto una línea telefónica de emergencia y que ayuda a instalarse en otras partes de Rusia a las personas que logran salir de Chechenia) y la canadiense Rainbow Railroad, que ayuda a personas LGTB en todo el mundo a escapar de la violencia y la persecución a la que son sometidas. Tanto las agencias gubernamentales como las ONG han mantenido el programa en secreto para evitar que cualquier filtración pudiera poner en peligro a las personas a las que pretendían ayudar.

Sin embargo, Kimalhi Powell, de la Rainbow Railroad, considera que ha llegado el momento de hacerlo público porque ahora que los primeros refugiados están empezando a entrar en el país necesitan la ayuda de los servicios sociales para encontrar un empleo o para recibir clases de idiomas y es muy complicado dársela si se trata de personas de las que oficialmente no se sabe nada.

«Muchos temen hablar de su calvario, incluso ahora que están aquí (…). En cualquier caso, algunos están dispuestos a hablar porque quieren que el mundo entienda mejor lo terrible y horrorosa que es la situación en Chechenia», declara Kimahli Powell, director ejecutivo de Rainbow Railroad, quien asegura que «es muy excitante percibir el optimismo en sus ojos». La organización canadiense ha estado trabajando de la mano de la Red LGBT rusa, estableciendo casas seguras en Rusia para después proceder a la evacuación de aquellos que lo solicitaran. El propio Powell ha viajado a la zona para reunirse directamente con los supervivientes, al tiempo que ha establecido una línea de comunicación con el gobierno canadiense. Hasta el momento, casi 70 personas han escapado de Chechenia a casas rusas seguras, siendo más de 40 los que ya han abandonado Rusia.

«Pudimos intervenir rápidamente y recibir una respuesta del gobierno canadiense porque somos una de los pocas grades organizaciones internacionales —si no la única— que se centra en poner fuera de peligro a las personas LGBT (…). Buscar asilo no es una forma de saltar a la cola. Se trata de responder cuando el derecho de una persona a la protección es eliminado por el estado o cualquier otra persona, como es el caso en Chechenia para la gente LGBTQ en este momento», asegura Powell, explicando que no tratan de priorizar a un grupo de solicitantes de asilo sobre otro. «La situación en Chechenia es parte de un patrón global de violencia de estado, estados que sanciona a las personas LGBTQ (…). Es por eso que el número de personas que llegan a cada año está creciendo y deberíamos hacer más por asegurar que perseguidos LGBTQ puedan entrar en países seguros como Canadá», declara Powell, citando como ejemplos recientes las situaciones del colectivo en Kenia —donde se practican las torturas anales— o Indonesia —donde se castigan los actos homosexuales con latigazos.

Canadá ha desarrollado este programa secreto, único en el mundo, que queda además fuera de las convenciones de derecho internacional, a través del que proporciona asilo a los homosexuales chechenos. Las evacuaciones están lideradas por la propia ministra de Asuntos Exteriores, Christya Freeland, en una delicada línea de actuación que el gobierno liberal de Trudeau ha decido asumir sin ningún miramiento, pero de manera no oficial, a pesar del riesgo para sus relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. Se trata de algo muy inusual y poco convencional, totalmente ajeno a las convenciones del derecho internacional y que podría dañar las relaciones diplomáticas entre Rusia y Canadá, que no están en su mejor momento. Ahora mismo ya han llegado a Toronto y otras ciudades canadienses 22 refugiados, y se espera que lleguen más en las próximas semanas.

El gobierno de Justin Trudeau, que tiene como la defensa de los derechos LGTB en el mundo una de sus prioridades, fue uno de los que criticó duramente al gobierno ruso por no hacer nada para impedir la persecución de homosexuales en Chechenia, aunque  también reconoció que era poco o prácticamente nada lo que podían hacer usando mecanismos oficiales y que tratar a los gais chechenos como un caso diferente de los de otros países podría establecer un precedente injusto.

Sin embargo, mientras decían estas cosas en público, ya estaban empezando a trabajar con la Rainbow Railroad (que era una de las ONG canadienses que estaban presionando a su gobierno) y con la implicación personal del propio Trudeau, la ministra de asuntos exteriores y con el ministro de inmigración Ahmed Hussen para rescatar al mayor número de personas que estaban alojadas en casas seguras de la ONG.

Desde el gobierno tampoco quieren dar muchas explicaciones de cómo ha sido el procedimiento exactamente, pero señalan que han tenido que esquivar algunas de sus propias reglas, como la que impide aceptar refugiados que hacen una solicitud de asilo desde sus propios países. Tampoco descartan que se pudiera hacer algo similar en el futuro con situaciones parecidas si fuera necesario.

Oficialmente, las autoridades rusas y chechenas no saben nada de esta iniciativa canadiense, aunque ya nos podemos imaginar que no estarán especialmente contentas. Hace poco Kadyrov, el presidente de la región autónoma chechena, que ha insistido varias veces en que no había ninguna purga gay porque en su país no hay homosexuales, volvió a afirmar en una entrevista para la HBO que en Chechenia no hay gais y también dijo que de haber alguno, si por él fuera podrían llevárselos a Canadá. Esperemos que  sea una casualidad y que no signifique que ya estaban al corriente del programa del gobierno de Trudeau.

No a todo el mundo le parece tan bien como a nosotros esta medida, y Canadá está además viviendo su propia crisis de refugiados con la llegada de un gran número de inmigrantes haitianos. También hay críticos que dicen que Chechenia no es el único lugar del mundo en el que la homosexualidad es castigada y perseguida, a lo que las autoridades canadienses han respondido que este es un caso excepcional, en el que los homosexuales de la región están siendo acosados por las fuerzas de seguridad, lo que hacía que estuvieran en necesidad de ser rescatados inmediatamente.

Según el Consejo de Refugiados de Australia, el reasentamiento se ofrece sólo desde unos pocos países, siendo menos del 1% los refugiados del mundo que lo consiguen cada año, considerando que la mejor solución es que el refugiado pueda volver a su país de origen una vez mejoren las condiciones. Pero, lamentablemente, no es una opción para muchos refugiados del colectivo LGBT. Según el informe Homofobia Patrocinada por el Estado, presentado en 2017 por ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, hasta 72 países continúan criminalizando la homosexualidad en la actualidad, aplicándose la pena de muerte en ocho estados miembros de la ONU, entre ellos Irán, Yemen, Somalia, Mauritania y Arabia Saudita.

Fuente The Globe and Mail, vía Universogay/EstoyBailando

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En el mundo hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y donde ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 de ellos. 

Según el último informe Homofobia de Estado, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), la protección y el reconocimiento a los homosexuales se da en los países del norte de América y algunos del Sur, Australia y la mayor parte de Europa.

En cambio, la criminalización a estos colectivos se extiende por buena parte de Europa Oriental, Asia, África –a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde–, y parte de Centroamérica y América del Sur.

En total, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo en privado son legales –bien porque han sido despenalizados o porque nunca fueron criminalizados– en 124 estados (122 miembros de las Naciones Unidas, más Taiwán y Kosovo), en tanto que se consideran delito en 72. En muchos lugares, además, los homosexuales, aunque no son perseguidos por la ley, sí son objeto de rechazo social, discriminación e incluso acoso.

Entre los países que reconocen los derechos LGTB solo nueve contemplan específicamente la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones. En realidad, la mayor parte de los países del mundo no tienen una normativa que proteja los derechos de los homosexuales, aunque en los últimos años se han registrado avances significativos.

Existen, por ejemplo, 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo y 43 que cuentan con leyes contra los delitos de odio.

Las parejas del mismo sexo pueden contraer hoy matrimonio en 22 estados y hay otros 28 que admiten las uniones civiles, sin denominarlas matrimonio, pero con derechos similares. Además, 26 países tienen leyes de adopción conjunta –Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año–; y otros 27 permiten adoptar cuando el hijo lo es de uno de los miembros de la pareja.

En el otro extremo se sitúa un importante número de países en los que los homosexuales se ven obligados a ocultar su orientación sexual, ven diezmados sus derechos, son encarcelados o incluso, pueden ser condenados a muerte. Todavía hay 72 estados –un tercio de los que integran la ONU– que criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo (en 45 de ellos la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres). La pena de muerte para las relaciones homosexuales está vigente en ocho estados: Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán la aplican en todo el territorio; Somalia y Nigeria, en algunas provincias.

Además, la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.

En otros cinco países –Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania– la pena de muerte está técnicamente permitida por una interpretación de la ley islámica (Sharia), aunque no se aplica. En otros lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. Y en países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes contemplan penas de entre tres y siete años de prisión.

El informe de la ILGA menciona también las informaciones, publicadas en abril de este año, sobre la persecución y asesinato de homosexuales en la república rusa de Chechenia, de mayoría musulmana.

En el último ránking europeo sobre la situación de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), se sitúan entre los primeros países: Malta, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, Portugal y España.

Fuente Cáscara Amarga

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Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, entregó una edición más los Premios Margarida Borràs, una distinción que la asociación otorga a personas o entidades que han luchado a favor de la igualdad y el respecto de todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad y expresión de género. Con esta edición, Lambda alcanza a la vigésimo segunda edición de los galardones.

Este año, Lambda hará entrega de un premio, a título póstumo, a Ana Cano, Meluska. Desde el colectivo, Fani Boronat, Coordinadora General, recuerda que este premio no es otra cosa que un reconocimiento “por su imparable militancia como mujer trans contra la transfòbia, la serofòbia, el machismo y las desigualdades de cualquier tipo, y también, por supuesto, por su compromiso con los derechos de las personas trans hasta sus últimos días”.

Además, Lambda también premiará la “Fundación 26 de Diciembre” y la federación internacional de asociaciones LGTB “ILGA”. Pau López-Clavel, Secretario de Organización de Lambda, afirma: “hemos querido distinguir la Fundación 26 de Diciembre por su importantísima y pionera tarea por la visibilidad, igualdad, respeto, cuidado y acogida de las personas LGTB mayores, un tema que, como colectivo, nos preocupa profundamente, debido a la invisibilidad que los compañeros y compañeras LGTB mayores sufren con el paso del tiempo”. Por lo que respecta a ILGA, desde Lambda recuerdan que esta asociación lleva luchando 39 años en defensa de los derechos y libertades, la igualdad, la no discriminación y la despatologización de lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex, además de 100 países en los cinco continentes, y añaden que se trata de una labor más que necesaria, en un año en que, además, se reivindican los derechos humanos en todo el mundo y en medio de la llamada “crisis de los refugiados”.

Esta XXII edición Lambda celebrará los premios Margarida Borràs sin olvidar los grandes hitos que se han vivido en el País Valenciano el último año. “Tenemos por fin una ley que defiende los derechos fundamentales de las personas trans y, no nos olvidamos que, en la Plaza del Mercado, Margarida Borràs y todas las víctimas de delitos de odio cuentan con una placa recordatorio de su valor y su fuerza”.

La ceremonia, que tuvo lugar el pasado 16 de junio a partir de las 19 horas, en el Salón de Actos del MuVIM, contaó con la presencia de representantes del colectivo, instituciones, partidos políticos, sindicados, otras entidades LGTB valencianas y resto de organizaciones sociales, así como de las dos entidades premiadas.

Durante el acto, la entidad aprovechó para presentar la imagen del cupón de ONCE que se sorteará el 1 de julio coincidiendo con la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid. El cupón, con motivo del WorldPride, lucirá los colores del arco Iris y se difundirá por toda España “junto con la reivindicación del colectivo LGTBI, que tiene como base el respecto a la diversidad de toda la sociedad.” indican desde ONCE.

Fuente Nota de Prensa de LAMBDA

General Ana Cano “Meluska”, Fani Boronat, Fundación 26 de Diciembre, ILGA, LAMBDA, ONCE, País Valenciano, Pau López-Clavel, Premios Margarida Borràs, Valencia

Histórico pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia al considerar que las leyes que prohíben la difusión de “propaganda homosexual” a menores violan los artículos 10 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Por seis votos contra uno (este último de un juez ruso), el alto tribunal europeo considera que este tipo de leyes atentan contra la libertad de expresión y violan el principio de no discriminación por razones de orientación sexual. 

En noviembre de 2013 informábamos de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había decidido iniciar el procedimiento contra las leyes homófobas de tres regiones rusas, todas ella previas a la ley federal contra la “propaganda homosexual” aprobada por el Parlamento ruso en junio de 2013. En concreto, Ryazan, Arkhangelsk y San Petersburgo fueron las tres primeras regiones rusas en aprobar leyes que impiden informar positivamente de homosexualidad en cualquier ámbito al que tengan acceso menores. Ello supone que ni marchas del Orgullo ni cualquier otro tipo de manifestaciones públicas, ni programas contra el acoso escolar, ni información sobre salud sexual, ni cualquier cuestión que un juez considere susceptible de ser entendida como “propaganda homosexual” pueden tener lugar. En definitiva, un instrumento para que la homosexualidad quede reducida a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad, y estrangular el activismo LGTB.

Fueron esas leyes las que dieron lugar al inicio del procedimiento, a raíz de las denuncias de tres activistas LGTB rusos: Nikolai Bayev, Aleksei Kiselev (al que por cierto España concedió asilo en 2013) y Nikolai Alekseev (el más conocido mediáticamente). Activistas que durante los años previos violaron intencionadamente las leyes para así conseguir agotar las sucesivas instancias de la justicia rusa y acabar ante la justicia europea. En concreto, lo hicieron manifestándose delante de una bibioteca pública en Arkhangelsk, de un instituto de Educación Secundaria en Ryazan y de un edificio administrativo en San Petersburgo, mostrando pancartas con textos como “Rusia ocupa el primer lugar del mundo en sucidios de adolescentes. Entre ellos, una gran proporción son homosexuales” o “Los niños tienen el derecho de saber, en virtud del artículo 13 de la Convención de Derechos del Niño. Los grandes hombres pueden ser gais. La homosexualidad es normal”.

Tres años y medio después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les ha dado la razón, tras evaluar de forma conjunta las diferentes legislaciones aprobadas en Rusia sobre la materia, que culminaron finalmente con la ley estatal. En concreto, el alto tribunal considera que estas leyes violan el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referido a la libertad de expresión, así como el artículo 14, referido al principio de no discriminación.

Violación del artículo 10

Por lo que se refiere al artículo 10 (libertad de expresión), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los argumentos de Rusia, basados en que la necesidad de regular el debate público sobre la realidad LGTB tiene como fin legítimo proteger la moralidad, no son aplicables en este caso, al entender que están basados en una concepción sesgada por parte de una mayoría (la heterosexual) contra una minoría (la homosexual). Según el alto tribunal, ello atenta contra el consenso europeo sobre los derechos de las personas a reconocerse como gais, lesbianas, transexuales o bisexuales así como a disfrutar de sus correspondientes derechos y libertades.

El alto tribunal tampoco acepta otro argumento de Rusia: la necesidad de proteger la salud. De hecho, considera incluso contraproducente para la salud pública la imposibilidad de informar sobre riesgos asociados a determinadas prácticas sexuales así como los métodos de prevención.

Por lo que se refiere a la preocupación de que los menores puedan “convertirse” en homosexuales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Rusia ha sido incapaz de demostrar, en contra de la evidencia científica disponible, que sea posible modificar la orientación sexual de una persona en base a la información externa que recibe. El alto tribunal tampoco considera que los mensajes por los cuales los demandantes fueron condenados atentasen contra los derechos de los menores ni fueran sexualmente explícitos o agresivos. De hecho, estima positivo para la cohesión social que los menores sean expuestos a “ideas de diversidad, igualdad y tolerancia”.

El alto tribunal, por último, considera que las definiciones y disposiciones de la legislación rusa son vagas y en la práctica dan lugar a un margen potencialmente “ilimitado” de aplicación. Citan, por ejemplo, el hecho de que una de las manifestaciones por las cuales los demandantes fueron condenados tuviera lugar frente a un edificio administrativo de San Petersburgo, un lugar que bajo ningún concepto puede considerarse específicamente destinado a su uso por menores.

Violación del artículo 14

Más sencilla es la argumentación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lo referido al artículo 14, al considerar que el hecho de que la legislación rusa de forma expresa considere que las relaciones entre personas del mismo sexo son de naturaleza inferior a las de las relaciones heterosexuales supone una clara y evidente violación del principio de no discriminación.

Condena

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en definitiva, considera la legislación rusa sobre la materia contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y condena al Estado ruso a pagar  8.000 euros a Nikolai Bayev, 15.000 euros a Nikolai Kiselev y 20.000 euros a Nikolai Alekseev, además de las correspondientes costas.

“El mensaje de Estrasburgo es alto y claro. Las personas LGTBI merecen igualdad, no son una amenaza y no pueden ser obligadas a esconderse. Estas leyes discriminatorias perpetúan el prejuicio, y de hecho han sido dañinas para el interés público”, se ha felicitado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, en un comunicado emitido nada más conocerse la sentencia. “Esperamos que esta importante sentencia atraiga la atención internacional. Es una decisión vital, y no solo para los activistas LGTBI y de derechos humanos que trabajan en Rusia. Envía un mensaje poderoso a activistas de otros países que están combatiendo propuestas legislativas igual de restrictivas”, ha añadido.

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es vinculante para Rusia, cuya justicia deberá tenerla en cuenta en cualquier procedimiento abierto por la infracción de la legislación homófoba si no quiere acabar enfrentandose a nuevas condenas. ILGA Europa ya ha pedido a las autoridades rusas que, a la luz de las argumentaciones contenidas en el fallo, procedan a su reforma. Veremos sí es así.

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans. 

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.

En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.

“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.

Por delante de España

Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

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Es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Una buena fecha para recordar que, según la nueva edición del informe anula de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex), más de 70 países siguen castigando penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo y, lo que resulta igual de preocupante, cada vez más países incorporan a su ordenamiento jurídico normas que limitan la visibilidad y la libre expresión pública de las personas LGTB y de las entidades que las defienden. 

Desde su primera edición en 2006, el informe de ILGA sobre Homofobia de Estado ha ofrecido una amplia recopilación anual de datos útiles y creíbles sobre las leyes que afectan a las personas en todo el mundo sobre la base de su orientación sexual. Es un documento que utilizan tanto defensores de derechos humanos, investigadores u organizaciones de la sociedad civil como agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas.

En este momento, y según el informe de ILGA, 72 estados aún criminalizan los actos sexuales de personas del mismo sexo entre adultos que consienten: en 45 de estos estados la ley se aplica también a las mujeres. ILGA tiene datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato supone una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía el año pasado, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, repetimos, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

Tres pequeños países se han descolgado a lo largo del pasado año de esta lista infame. En ambos casos lo recogimos en nuestra página: se trata de  Nauru, Belice y de Seychelles.

Pena de muerte, posible en 13 estados

La pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo. Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

Leyes contra la “promoción” y de “moralidad”: 19 estados

Pese a la levísima mejoría por lo que a la consideración penal de las relaciones homosexuales se refiere, este año hay empeoramiento en el número de países que tienen en su ordenamiento jurídico leyes contra la “promoción” de las relaciones sexuales no tradicionales o de “moralidad” dirigidas a reprimir la expresión pública de las realidades del mismo sexo y trans, que han pasado de 17, según el contaje de 2016, a 19. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Catar, Egipto, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Marruecos, Nigeria, Rusia, Siria, Somalia, Tanzania y Túnez.

“Con el continuo aumento en el uso de dispositivos digitales, el despliegue de estas leyes se hace aún más siniestro”, expresa Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA. “El caso actual de Chechenia nos ofrece el ejemplo más reciente y horrible de tales abusos, ya que los supervivientes han expresado temores de que las cuentas de los medios sociales de hombres percibidos como homosexuales o bisexuales están siendo hackeadas y usadas para identificar y contactar a otros que aún no han sido detenidos”, ha asegurado. Chechenia, conviene aclarar, no figura como estado independiente en el informe de ILGA, al ser una república de la Federación Rusa.

Estados Unidos: límites a la discusión de la realidad LGTB

Aunque Estados Unidos ha quedado oficialmente fuera de la lista previa de 19 estados, ILGA sí que recuerda en su informe que varios de sus estados han promovido normas que restringen o condicionan la discusión de las relaciones y los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. En algunos estados, los materiales escolares y los contenidos que allí se instruyen deben hacer hincapié en que “la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable para el público en general” (Alabama y Texas); abstenerse de sugerir que “el sexo homosexual” puede ser seguro (Arizona); explicar que hoy en día se sabe que “la participación en actividad homosexual” es “la principal responsable” de la transmisión del sida (Oklahoma) o referirse a las “relaciones homosexuales” solo cuando se imparten conocimientos sobre enfermedades de transmisión sexual (Carolina del Sur), entre otros.

Barreras contra las ONG: 25 estados

Otros 25 estados plantean barreras a la formación, establecimiento o registro de ONG relacionadas con la orientación sexual. Se trata de Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Catar, China, Corea del Norte, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Libia, Malawi, Omán, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Rusia, Siria, Sudán, Tanzania, Uganda y Yemen.

El lado positivo

El informe también señala algunos datos positivos. Es cierto que 72 estados contienen disposiciones legales que protegen contra la discriminación en el empleo basándose en la orientación sexual, 63 han promulgado diversas leyes de no discriminación, tanto amplias como específicas, mientras que 43 contemplan en sus legislaciones la orientación sexual de las víctimas como circunstancia agravante de los crímenes de odio y 39 prohíben la incitación al odio por motivos de orientación sexual. Sin embargo, si se mira la letra pequeña del informe, se puede comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de normas aprobadas en años anteriores, lo que no permite considerar que en estos momentos esta sea ni mucho menos una tendencia significativa.

Por lo que se refiere al matrimonio igualitario, son 23 los estados que lo contemplan en todo o en parte de su territorio, mientras que otros 28 contemplan en sus legislaciones otras formas de unión entre personas del mismo sexo.

En definitiva, como la propia ILGA reconoce, pese a la existencia de algunos avances, “es una verdad ineludible que la plena igualdad para las personas lesbianas, gais y bisexuales está, desafortunadamente, muy lejos de ser alcanzada”. La lucha debe continuar.

Puedes descargar el informe completo de ILGA en castellano sobre Homofobia de Estado (213 páginas)  en este enlace.

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Por su interés publicamos este artículo que hemos leído en Público:

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales

El discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos

Las posibilidades de vivir un cambio sustancial no es esperable a corto plazo

Personas católicas del movimiento LGTBI asumen el reto de desmontar la lectura con la que la doctrina oficial condena a la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, una posición excepcionalmente replicada dentro de las comunidades de creyentes.

Por, Meritxell Rigol

Una pequeña cruz de plata le cuelga del cuello con una fina cadena. En la muñeca, una goma de pelo color cielo junto a un rocío crean una pulsera que hace pensar en la bandera del orgullo trans, casualidad o no. Marta Siscar, de hecho, dice que no cree precisamente, en las casualidades. Proveniente de una familia que no era de ir a misa, encuentra que pasar años dentro de la Iglesia -desde que se acercó de pequeño a hacer de monaguillo hasta ingresar al seminario-, no lo ha sido una, de casualidad. “Si mi trayectoria ha sido la que ha sido es porque Dios ha querido que yo fuera trans y creyente, y poder dar testimonio de las dos cosas juntas”, explica convencida.

O ser cura o vivir como la mujer que era. Hace seis años que Marta tuvo que escoger qué parte de sí misma pesaba más. “Yo no he perdido la vocación sacerdotal y, si algún día se pueden ordenar mujeres, me plantearé volver al seminario”, explica en unos momentos en que ya no mantiene la relación con los curas que tenía cerca. “Ya no puedo hablar con ninguno de ellos, me ven como una loca, como una endemoniada…”, lamenta, con un punto de sarcasmo.

En Barcelona, donde se trasladó desde su Valencia natal al dejar el seminario, Marta no se ha ligado a una comunidad católica, sino que acude a una u otra parroquia una vez a la semana. Se dedica a la música como directora de coro -ahora, sin órgano-, echa un cable a la administración de la Fundació Enllaç -de apoyo a personas mayores LGTBI- y es activista de Generem!, la asociación impulsora de la Plataforma Transforma la salut, la iniciativa que ha promovido los cambios para despatologitzar el modelo de salud para las personas trans en Cataluña. Un reto similar lo ve, también, de cara a la Iglesia.

“Me da igual que haya cuatro obispos que digan tonterías sin fundamento bíblico sobre las personas trans y la homosexualidad, escudándose en un par de pasajes fuera de contexto, aunque con la voluntad de controlar a la sociedad. Lo que hace falta es hacer una relectura de las escrituras desde el contexto actual “, reivindica Marta Siscar, que cursó los dos primeros años de la carrera de teología, antes de abrirse la puerta del armario.

“Tonterías” o “sandeces”, son términos coincidentes con los que personas católicas y, al mismo tiempo, activistas del movimiento de defensa de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros e intersexuales se refieren a las tesis LGTBIfobicas que son predicadas desde el Vaticano en las parroquias de los barrios. Aunque se esfuerzan en diferenciar la posición fundamentalista de la jerarquía contra las realidades no heteronormativas de la realidad que viven las personas LGTBI en las comunidades católicas, el discurso alineado con la doctrina oficial es el único que tiene cabida en sermones y escritos de los hombres de Iglesia y es la perspectiva que empapa a buena parte de los creyentes.

Asignatura pendiente de la comunidad católica

“Aunque siempre hay excepciones, la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género es tabú todavía, y en muchas parroquias se prefiere guardar silencio y discreción. Es una asignatura pendiente de la comunidad católica que, tarde o temprano, deberá afrontar con amor“, valora Alejandro Pastor, dinamizador del grupo de fe y espiritualidad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bissexuals (FELGTB).

La pluralidad a la que apelaba el Arzobispado de Barcelona ante las muestras de rechazo por la celebración de la conferencia del escritor gay Philippe Ariño, organizada hace poco más de una semana en la Parroquia de Santa Ana, es un argumento que cae con la práctica de la institución, por norma, en cualquiera de las diócesis.

Ninguna perspectiva que contradiga la tesis ortodoxa adoptada y difundida por Ariño, según la cual negarse a las relaciones afectivo-sexuales con personas del mismo sexo es la única opción cristiana que tienen gays y lesbianas, no es autorizada en el marco eclesial. Un ejemplo bastante cercano lo encontramos en la prohibición, el pasado marzo en la parroquia de Sant Medir de Barcelona, de una conferencia de Krzysztof Charamsa, el sacerdote de la Congregación para la Doctrina de la Fe expulsado del Vaticano, después de que, en la víspera del Sínodo de Familia, a finales de 2015, hiciera público que era gay y reivindicara su “felicidad y orgullo” junto a su pareja.

Preguntados por este caso, desde el Arzobispado de Barcelona mantienen que la convocatoria “fue suspendida por el rector de la parroquia después de que el conferenciante fuera apartado tanto del dicasterio romano como del sacerdocio”. Sin embargo, la conferencia prevista se celebró unos pasos más allá de la parroquia del barrio de la Bordeta -en un local no eclesial-. Allí, como en muchos otros espacios fuera de la Iglesia, Charamsa se situó en el polo opuesto de la doctrina oficial para defender que la abstinencia de vida afectiva exigida a las personas homosexuales es “inhumana”.

“¿Con qué derecho me dicen con quién me debo acostar y con quién no? ¿Y con quién tengo que vivir y con quién no? Hago daño a alguien? He sido profesora de religión y nunca he estudiado nada en la carrera de teología que me haga sentir contradicción por ser católica y lesbiana “, asegura Amada Rodríguez, miembro de LGTBEbre y de la Asociación de Familias Lesbianas y Gays de Catalunya. “A mi hija la bautizamos, yo le he hecho catequesis, en las noches rezamos … Con mi mujer hemos cuidado esta dimensión y la mía ¿no es una familia cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué somos dos mujeres?”, expresa con indignación.

El “quién soy yo para juzgar a una persona gay?” del papa Francisco fue una declaración que, si bien generó revuelo, no provocó grietas en el rechazo doctrinal a los derechos sexuales y reproductivos de las personas LGTBI. “Varios sacerdotes y profesores de teología no dominados por una ideología fundamentalista, que no hayan estudiado en universidades como las del Opus, comparten un discurso de recuperación del cuerpo, en el que no se ve como contrapuesto al espíritu y pecaminoso, sino como un elemento más para estar contentos de la creación y por tener relaciones con la trascendencia”, remarca Jordi Valls, consiliario de la Asociación de Cristianos LGTBI (ACGIL), entidad miembro de la plataforma LGTBIcat, impulsora de la ley catalana contra la LGTBIfobia.

Valls asegura que una relectura no represiva de la sexualidad, que comprende y respeta la diversidad fuera del heteronorma, puede sentirse en confesionarios y en despachos de consejeros espirituales, pero que “no tiene ningún altavoz”. “Ni lo escriben ni lo predican públicamente, porque es imposible salirse del dogma en el sistema perverso que ha instalado en esta institución total. Se debe tener gran valentía o un trabajo bien atado fuera de la Iglesia para poder decir lo que piensan “, añade.

Silencios cómplices

Consciente del peso que tienen las tesis LGTBIfòbiques a las comunidades católicas, Amada Rodríguez reconoce que, en los entornos eclesiales, es donde más le cuesta visibilizarse como lesbiana. Aunque opta por moverse en ellos “con pies de plomo”, dice, después de 25 años con su pareja y de haber formado una familia lesbomarental.

“Sabes lo que hay y me genera incomodidad pensar en encontrarme en la parroquia con una situación que me dolería mucho”, justifica. “Mi mujer y yo habíamos vivido armariozizadas y, al adoptar a Mila, incluso dejé de frecuentar la parroquia, porque sentía cierta inseguridad de lo que nos podrían decir, pero al final tener una hija nos ha hecho mostrarnos tal como somos; no podíamos dejarle el trabajo que teníamos que hacer nosotros”, explica. En la práctica, sin embargo, asegura que nunca han vivido un ataque lesbofobia en su Los resultados de una encuesta global sobre actitudes ante las personas LGTBI, llevada a cabo el año pasado por la ILGA, la federación mundial de organizaciones por los derechos de las personas LGTBI, recoge que, sin importar la insistencia con que las voces representantes de las religiones condenan las relaciones entre personas del mismo sexo, grandes franjas de las poblaciones no ven conflicto entre tales creencias religiosas y el deseo sexual entre personas del mismo sexo. “Esto sugiere que los argumentos anti LGTB basados en dogmas religiosos reciben una atención desproporcionada. Dicho de otro modo: las cosas están cambiando, más lentamente de lo que esperamos, pero cambian”, concluye el informe, elaborado a partir de las respuestas de más de 700 personas de cada uno de los 54 estados incluidos.

El grueso de personas que declara que sí encuentra conflicto se limita a un 10% en el caso español, el porcentaje más reducido de los estados europeos encuestados. La media europea obtenida doble la cifra.

“Como ocurre en la sociedad en general, en las comunidades cristianas los niveles de homofobia y transfobia crecen en las personas que no conviven con personas LGTBI y bajan cuando conviven, sin embargo, a no ser que estén dominadas por ideologías fundamentalistas, como la del OPUS o los Legionarios, la mayoría de comunidades no excluyen las personas LGTBI “, asegura Valls. Ahora bien, el consiliario de ACGIL reconoce que cuesta encontrar a alguien que, públicamente, “se levante a favor de los derechos de las personas LGTBI” y que corte, así, el eco de LGTBIfòbia episcopal que impregna las parroquias.

“El mensaje oficial tiene mucha influencia en las personas vinculadas a la Iglesia y hay mucha gente sufriendo esto desde el armario, porque la mayoría no tiene formación como para ser capaz de decir a obispos y cardenales que la LGTBIfòbia no tiene ningún sentido bíblico”, lamenta Marta Siscar, y añade: “La poca implicación de las personas LGTBI católicas en la Iglesia, donde somos muy minoritarias, se explica porque, para muchas personas, resulta más fácil apostatar, dejarlo de lado”.

El discurso ortodoxo en las bases

El impacto del discurso oficial, que entiende las prácticas homosexuales y las identidades transgénero como “desórdenes” del “orden natural” -según el cual mujer y hombre son seres opuestos y complementarios-, es fuente de LGTBIfobia y dolor para muchas personas creyentes, que reciben de la doctrina de la Iglesia un mensaje de rechazo frontal a su identidad. Por ello, es habitual que personas que no responden a la heteronormatividad perciban como irreconciliable ser lesbiana, gay o trans y, a la vez, católica.

Romper la idea de contradicción entre fe religiosa e identidad de género u orientación sexual no heteronormativas motivó una campaña de la sección europea de la ILGA, hace unos meses, bajo el lema Gay vs. God. El objetivo ha sido contribuir a derrumbar mitos sobre religión e identidades LGTBI y “defender que no se trata de elegir un bando, sino que ambas piezas son partes profundas de la identidad de muchas personas”. “La compañía, que amamos y lo que creemos no puede justificar nunca la negación de los derechos humanos a nadie”, reivindica la ILGA.

Rechazo de los obispos a la ley contra la LGTBIfobia

La negación de los derechos de las personas LGTBI llevó a los obispos catalanes a pronunciarse en contra de la ley para erradicar la LGTBIfobia, aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento de Catalunya en octubre de 2014 –con los únicos votos en contra del PP y de Unió Democràtica de Catalunya. El gran éxito del movimiento LGTBI en el país fue considerado, para los obispos, como “desacertado”, al advertir en ella “graves consecuencias en el ejercicio de los derechos humanos de la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia”.

Actualmente, los grupos parlamentarios del Congreso estudian un proyecto de ley por los derechos de las personas LGTBI, presentado el pasado septiembre por la FELGTB. La organización confía en que no acabe el año sin tener la ley, inspirada en la decena de leyes autonómicas contra la LGTBIfobia hasta ahora aprobadas al Estado.

Atendiendo a los precedentes, la presión ruidosa del sector más conservador de la sociedad, movilizado en torno a las premisas de la Conferencia Episcopal, es esperable que sea una de las líneas del nuevo capítulo de avance de los derechos de las personas LGTBI que puede empezar a escribirse . “Mientras que la bondad y el respeto son el corazón de las religiones, líderes y autoridades que buscan el apoyo de los sectores más conservadores de sus sociedades interpretan la religión de forma excluyente para justificar violencia y discriminación”, valora Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

Las activistas situadas en la incómoda bisagra entre el movimiento LGTBI y las comunidades católicas coinciden en apuntar que las posibilidades de vivir un cambio sustancial en la posición de la doctrina católica no es esperable a corto plazo, pero no renuncian a ir provocando un efecto revulsivo en las bases de la Iglesia. “La jerarquía católica está tan equivocada y genera tanto sufrimiento que a las entidades LGTBI nos toca luchar, también, por el derecho humano a la libertad religiosa”, defiende Amada Rodríguez, aunque el rebote -cabreo y dolor comprensibles, dice- que es habitual encontrarse en los colectivos LGTBI al hablar con ellos de religión.

Fuente Público

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Se acumulan las informaciones negativas procedentes de Indonesia en relación al colectivo LGTB. La radicalización política del país se está transformando en un hostigamiento hacia cualquier expresión igualitaria. En este sentido, la policía ha informado de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor. Las autoridades, sin embargo, han calificado las imágenes como “pornografía”. A estos hechos se suman el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela para personas trans de Indonesia y la persecución de webs LGTB y apps de contactos gais, entre otras cosas.

Aunque ya han sido puestos en libertad, la pareja gay que fue detenida en Indonesia por subir a Facebook unas fotografías afectivas se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta siete años. Para las autoridades, estas imágenes representan un fomento de la “pornografía LGTB, al mostrar dos hombres besuqueándose”. En el país de mayoría musulmana más poblado del mundo la “lascivia pública” está perseguida por la ley y cualquier muestra de diversidad suele considerarse una “ofensa a la moralidad”.

Los dos jóvenes, de 22 y 24 años (en la fotografía superior), aparecen con los torsos desnudos compartiendo besos y otras muestras de cariño, junto al texto “nuestro amor durará para siempre”. Taufik, que publicó las imágenes, ya las ha retirado de su muro, disculpándose y asegurando que “no se volverá a repetir”. Una postura comprensible al pensar que su juicio puede convertirse en un escarnio público. De hecho, muchos usuarios le han escrito mensajes ofensivos y homófobos y aún así dice que seguirá pidiendo perdón.

Desgraciadamente, las tropelías LGTBfóbicas se acumulan en Indonesia. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia publica una anuncio en el que busca una persona para cubrir un puesto de embajador de la juventud entre cuyos requisitos indica que tiene que demostrar que no pertenece a la comunidad LGTB. Concretamente, el Gobierno está buscando jóvenes con “creatividad” para ocupar una plaza como embajador y, al parecer, solo las personas heterosexuales cuentan con este talento. La convocatoria de la administración incluye, de matera textual, la exigencia de que los candidatos sean “mentalmente sanos, que no sean promiscuos ni con comportamiento sexual desviado, incluyendo personas LGTB, que debe probar mediante certificado médico”, dice el anuncio publicado por el Gerakan Nasional Pemuda Kreatif (Movimiento Nacional creativo para jóvenes), que pretende atraer candidatos, de entre 20 y 27 años de edad, siempre que sean estrictamente heterosexuales, para cubrir un puesto para un programa del Ministerio de Juventud y Deportes que tiene como objetivo buscar a jóvenes creativos en todos los campos que generen proyectos para ayudar al país a reducir el desempleo juvenil.

Desde las redes sociales o han tardado en criticar la ironía de esta convocatoria que busca personas creativas que no sean gays, algo tradicionalmente asociado, precisamente, a las personas de la comunidad LGTB. Un defensor de la igualdad del colectivo LGTB se ha preguntado retóricamente: “¿no saben que [la comunidad LGTB] es la columna vertebral de las artes y la industria creativa?”.

Asimismo, grupos en defensa de los derechos humanos no han dejado de resaltar la fuerte atmósfera de discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales a pesar de la legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, una discriminación que no ha dejado de incrementarse en los últimos meses.

 No obstante, además del apoyo de algunas personas jóvenes hacia las personas LGBT, algunos funcionarios han advertido de que el creciente aumento del sentimiento homófobo perjudicará las posibilidades de detener el aumento de las infecciones de VIH en el país. Entre 2007 y 2015, el VIH entre hombres que mantuvieron relaciones con otros hombres en Indonesia pasó del 5,4% al 25,8%, en contraste con la caída de las tasas globales. En parte, el miedo a la discriminación influye en una reducción de las pruebas de detección y, a su vez, esto ocasiona que las personas infectadas no tomen las oportunas medidas de prevención.

Cierra la única escuela musulmana para personas trans

Hace tan solo unos días la única escuela musulmana de toda Indonesia que admitía  a alumnos trans se ha visto obligada a cerrar sus puertas al ser señalada como promotora de la “inmoralidad”. Hasta el momento de su cierre, este centro ha sido uno de los referentes de tolerancia de la comunidad LGTB en el mundo musulmán. Para Agnes Dwi Rusjiyati, coordinadora local del grupo activista Bhinneka Tunggal, “por desgracia, en los últimos años los grupos intolerantes han ido imponiendo sus creencias rígidas en las personas”.  Y en marzo se clausuró la única mezquita que admitía personas transexuales…

La estigmatización del colectivo LGTB en el ámbito educativo se ha intensificado en Indonesia, especialmente, desde principios de este año. En enero, Muhammad Nasir, ministro de Estudios Superiores de este país asiático apelaba a “normas morales” para perseguir a los alumnos LGTB en la universidad. Pero el sentimiento de odio se ha propagado como un virus en el resto de niveles educativos.

Muhammad Nasir, a la sazón ministro de Investigación, Tecnología y Estudios Superiores, aseveraba que el colectivo LGTB representa “una grave amenaza para la nación”. Nasir, además, negaba que las universidades sean el marco para la “discusión” o la elaboración de “trabajos científicos” relacionados con la comunidad LGTB, una circunstancia que calificaba de “grave”, por ser contraria a la “moral”.

Prohibición de apps de contactos gais y castración química

En febrero, las autoridades indonesias anunciaban su intención de solicitar que Facebook y WhatsApp eliminaran los emojis que aludían a la comunidad LGBT y bloquearan ciertas cuentas de Tumblr por su contenido. Desde el pasado mes de septiembre, por orden del Gobierno de Indonesia, se ha bloqueado Grindr y otras 80 aplicaciones (apps) de contactos gais, así como webs LGTB que, supuestamente, contribuyen a la “propaganda desviada”. Líderes musulmanes iniciaban una campaña contra el colectivo LGTB, poniendo en peligro incluso destinos turísticos como Bali, para posteriormente retener un cargamento de preservativos cuyo único objetivo era el de luchar contra el aumento del VIH en Indonesia y el mes pasado bloqueaban tres aplicaciones de citas

Pero Indonesia no es el único país con homofobia de estado que censura webs LGTB o que prohíbe o utiliza las apps de contacto para perjudicar a hombres gais. En países como los Emiratos Árabes tampoco está permitida la descarga de Grindr y en Egipto la policía utiliza estas apps para “cazar” homosexuales y enjuiciarlos.

Los detractores de los derechos LGTB en Indonesia han construido un peligroso discurso público de asociación de la pedofilia y la homosexualidad, algo similar a lo ocurrido en Rusia con los mensajes de grupos ultras como Occupy Pedofilyaj. Precisamente, por esta acientífica e injusta equiparación, resulta especialmente preocupante la denuncia que hace unas horas ha realizado Amnistía Internacional: el Gobierno empezará a aplicar la castración química a “pedófilos” y “violadores”.

Nadie defiende la impunidad de las personas que abusen de menores o de otros adultos. Según ha explicado Papang Hidayat, investigadora en Indonesia de Amnistía Internacional, “el abuso sexual de los niños es indescriptiblemente horrible. Pero someter a los delincuentes a la castración química o a ejecuciones no es justicia sino que es la adición de una crueldad a otra”. Algunos grupos de médicos han adelantado que se niegan a aplicar estas prácticas porque violan la ética médica. Y también violan el derecho internacional sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del que Indonesia es uno de los estados firmantes.

Sin embargo, a pesar de la crueldad de estas medidas para cualquier condenado, la castración química puede ser una peligrosa arma incluso para personas completamente inocentes. Falsas acusaciones o malentendidos por la ignorancia de la realidad LGTB pueden provocar la privación de la sexualidad física a personas que únicamente tengan una orientación sexual o una identidad de género diversa o contraria a la heteronormatividad.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

No se puede negar la belleza natural de Indonesia, un país de postal que oculta en su interior un infierno para la comunidad LGTB. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero dosmanzanzanas publicaba un post recogiendo cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada ver más a la población LGTB.

Recordemos que la provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más.En la propia Yakarta, la capital, las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga,  abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso.

Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada.

Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays/Universogay

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La Asamblea Nacional francesa votó el pasado 12 de octubre la reforma del Código Civil, que incluye la nueva normativa para la modificación de la referencia al sexo legal en el Registro Civil. El texto final ha decepcionado a la inmensa mayoría de las asociaciones LGTB, dado que el proceso del cambio registral de la referencia al sexo sigue totalmente judicializado. No bastará, como en las legislaciones más avanzadas aprobadas recientemente en otros países, con la mera expresión de la voluntad de la persona transexual. Será un juez quien decida al respecto, después de que la persona solicitante cumpla con la obligación de presentar pruebas que demuestren su identidad de género, si bien se elimina el requisito de someterse previamente a algún tipo de tratamiento médico. Según la Fédéración LGBT, se trata del “peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”.

Hasta ahora, Francia carecía de una legislación que estableciera el procedimiento a seguir para efectuar los cambios registrales necesarios que asegurasen los derechos de las personas transexuales. Únicamente existía la posibilidad de un largo, y muchas veces infructuoso, procedimiento judicial, cuya jurisprudencia exigía, de hecho, la esterilización completa para poder acceder al reconocimiento legal de la identidad de género.

La normativa aprobada se incluye en el Proyecto de Ley de Modernización de la Justicia del siglo XXI, que persigue actualizar los reglamentos sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos para adecuarlos a la realidad imperante. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento de la realidad de las personas transexuales, esa actualización parece haber nacido obsoleta. Se introduce una sección 2 bis en el capítulo II del título II del libro 1º del Código Civil, que consta de los artículos 60 a 61.8 , en los que se describe el proceso para el cambio legal del nombre y el cambio en el registro civil de la referencia al sexo. Las personas transexuales tendrán pues que realizar ambos trámites, que deben instarse ante distintos órganos administrativos.

El cambio de nombre se solicitará ante un funcionario del registro civil, pudiéndolo llevar a cabo las personas mayores de edad y los menores emancipados. Tan solo los tutores legales podrán efectuar la solicitud cuando se trate de menores no emancipados, aunque se requerirá el consentimiento del menor si supera los 13 años de edad. Si el funcionario estima que el requerimiento no responde a un interés legítimo, o si considera que va en menoscabo de un menor, informará al procurador de la República, que podrá denegar solicitud, dando paso a la vía judicial para su resolución.

Sin embargo, la solicitud de modificación registral del sexo tendrá que efectuarse ante un tribunal. El texto de los artículos legales aprobados al respecto es el siguiente:

Sección 2 bis

De la modificación de la referencia al sexo en el Registro Civil

Art. 61-5 – Toda persona adulta o menor emancipado que demuestre, con un conjunto suficiente de hechos, que la referencia al sexo en el registro civil no coincide con aquella con la que se muestra y con la que es conocida puede obtener el cambio.

Los hechos principales, cuya prueba puede ser informada por cualquier medio, pueden ser:

1. Que se muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado;

2. Que sea conocida por el sexo reivindicado por su entorno familiar, de amigos o profesional;

3. Que haya obtenido el cambio de nombre para que coincida con el sexo reivindicado;

Art. 61-6 – La petición se presentará ante el Tribunal de Primera Instancia.

El solicitante dará fe de su consentimiento libre e informado de la modificación de la referencia al sexo en el registro civil y aportará todos los elementos de prueba en apoyo de su  petición.

El hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud.

Si el tribunal constata que el solicitante cumple con las condiciones establecidas en el artículo 61-5, ordenará la modificación relativa al sexo y, si es necesario, al nombre en el Registro Civil.

El artículo 61-7 es meramente procedimental, mientras que el 61-8 establece que la modificación de la referencia al sexo el el Registro Civil “no tendrá efecto en las obligaciones frente a terceros o las afiliaciones establecidas antes del cambio”. Eso quiere decir, por poner un ejemplo, que se conservan los derechos de paternidad o custodia previos a la modificación.

En resumen, queda en manos del juez requerir la presentación de las pruebas que estime oportunas y valorar si permiten o no efectuar la modificación registral del sexo. En esto, el texto finalmente aprobado difiere del proyecto presentado inicialmente en el mes de mayo por el Partido Socialista, que establecía un trámite meramente administrativo que debía resolver en un plazo determinado el procurador de la República, aunque requería el mismo tipo de pruebas para apoyar la solicitud. A pesar de que ese primer proyecto ya fue criticado por las asociaciones LGTB, por no ceñirse a la simple voluntad expresada por la persona transexual para efectuar el cambio registral, fue el propio Partido Socialista quien introdujo posteriormente en el trámite parlamentario las modificaciones que judicializan además todo el proceso. Sí que fueron rechazadas las enmiendas propuestas por la centroderechista Unión de Demócratas e Independientes, que pretendían incluir entre los requisitos la presentación de informes médicos.

La nueva normativa entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente de la República, François Hollande, y posteriormente publicada en el Boletín Oficial, una fecha que se espera próxima pero que aún es incierta.

Sombras e incertidumbres de la ley

Es evidente que la legislación francesa dista mucho de las aprobadas en países como Noruega, Dinamarca, Irlanda, Malta o Argentina, en las que basta con la voluntad expresada libremente por la persona transexual para que se efectúen los cambios registrales oportunos. Por el contrario, en Francia prima la arbitrariedad judicial, al establecer la obligatoria presentación de determinadas pruebas para que un juez las valore. Unas pruebas que, antes de que se siente alguna jurisprudencia o se dicten algunos criterios, siembran dudas y abren interrogantes.

¿Qué debe entender un juez como “mostrarse públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿Quiere decir que la persona transexual debe tener un aspecto físico preciso o haber experimentado unos determinados cambios corporales que satisfagan las expectativas del magistrado? Si bien por una parte se establece que “el hecho de no haber sido sometido a un tratamiento médico, cirugía o esterilización no puede motivar la denegación de la solicitud”, ¿no es posible que un juez estime que no haberse sometido a esos tratamientos hace que no se “muestre públicamente como perteneciente al sexo reivindicado”? ¿No se podría seguir medicalizando el proceso a través de ese subterfugio?

¿Qué ocurre si el entorno familiar o laboral de una persona transexual no quiere reconocer su identidad de género? ¿Y si sus familiares o compañeros de trabajo son tránsfobos? ¿Por qué debe depender el reconocimiento de la identidad de género de una persona transexual de la opinión de otras personas?

En cuanto al cambio del nombre también surgen dudas. Si bien se trata de un trámite meramente administrativo, la normativa no obliga al funcionario del Registro Civil a admitir las solicitudes con capítulos sancionadores. Dado que en las localidades medianas y pequeñas esos funcionarios son los alcaldes, ¿no podrían un alcalde o procurador de la República tránsfobos judicializar el proceso arbitrariamente, con el consiguiente transtorno para la persona transexual?

Repercusión en asociaciones y partidos

Han sido pocas las reacciones positivas a la redacción aprobada entre el activismo LGTB, aunque algunos colectivos han querido destacar que supone un avance respecto a la situación previa. Así han hecho desde SOS-Homophobie, al admitir que la nueva normativa supone un avance, aunque lo encuentran insuficiente: “A SOS-Homophobie le hubiera gustado que la solicitud de modificación en el Registro Civil se hiciera ante un funcionario del propio registro, pues es la única opción que permite garantizar la autodeterminación efectiva de las personas transexuales. Además, los menores no emancipados no se benefician de la nueva normativa. SOS-Homophobie considera que la ley debería haber permitido que los menores puedan iniciar un tratamiento tras obtener el consentimiento de sus padres”.

El Partido de Izquierda, por su parte, “lamenta el carácter timorato” de la nueva legislación, y denuncia “la cobardía del Gobierno y de numeroso diputados” en el proceso de su aprobación. Para la formación, “solo un procedimiento declarativo sin intervención judicial es una garantía plena contra la arbitrariedad”, por lo que estima que “lejos de ponerse al día, Francia ha adoptado esta semana una nueva ley… particularmente retrógrada en Europa”.

Más crítica aún ha sido la reacción de la Association Nationale Transgenre (ANT), que publicaba el siguiente comentario en su cuenta oficial de Facebook: “El Parlamento francés acaba de aprobar una ley que no ofrece ninguna garantía de desmedicalización en el procedimiento del cambio registral para las personas transexuales ante un tribunal. La ANT no felicita al gobierno ni a los parlamentarios que han participado en la adopción de una ley de este tipo, la peor votada en Europa en los últimos años”.

Contundente también ha sido la oposición a la nueva normativa de la Fédération LGTB, que comentaba en su cuenta de Twitter: “Ayer por la noche, la Asamblea Nacional ha aprobado el peor texto escrito nunca en el mundo sobre el cambio registral de las personas transgénero”. Posteriormente añadía: “Judicialización, disparidad entre territorios, evaluación arbitraria por parte de los jueces, binariedad: la cuenta no acaba”.

Judiciarisation, disparité selon les territoires, appréciation arbitraire par des magistrats, binarité : le compte n’y est pas.

— Fédération LGBT (@FederationLGBT) 13 de octubre de 2016

La directora de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, hacía unas declaraciones en las que, ha felicitado a la comunidad trans del país por la nueva norma: “Felicitaciones a toda la comunidad trans en Francia y el movimiento activista que ha empujado este profundo cambio. Esta es una clara señal del progreso en Europa.” A pesar de felicitarse por la desmedicalización del proceso en Francia, consideraba que “en Europa, existen varios modelos que estaban disponibles para que Francia los siguiera. Dinamarca, Malta, Irlanda y, más recientemente, Noruega han elegido respetar la integridad física de las personas transexuales y han optado por la autodeterminación. El hecho de que Francia no haya seguido la senda más progresista y humana es muy lamentable. La lucha continuará por la plena igualdad y el respeto a las personas transexuales en Francia”.

El único en defender con cierta firmeza la regulación aprobada ha sido el grupo LGTB asociado al Partido Socialista, Homosexualités et Socialisme (HES), que emitía el siguiente comunicado: “Al rechazar cualquier condición médica, quirúrgica o psiquiátrica, la Asamblea Nacional conduce a Francia por el curso adoptado por las naciones más avanzadas en la consideración de las personas transexuales, como Malta, Argentina, Noruega, Irlanda o Dinamarca, por ejemplo. Desde HES esperamos y trabajaremos por que esta dirección se intensifique”.

El colectivo LGTBI francés lucha además contra un enemigo invisible pero con un gran poder: el populismo. La moderación política ha sido derrotada por una derecha trasnochada e intolerante que hace una década no dejaba de ser una anécdota electoral.

Los resultados obtenidos por el Frente Nacional de Marine Le Pen han ido mejorando en los últimos comicios y sabemos de su deseo de prohibir el matrimonio igualitario. El partido ha cobrado tanto protagonismo en el panorama político del país galo que Nicolas Sarkozy había prometido abolir el matrimonio igualitario si llega al poder con el ánimo de captar los votos homofóbicos que le devuelvan al Elíseo, aunque luego se retractó.

Ante esta enrevesada situación, aunque hay que recordar que la mayor parte de la población francesa muestra su apoyo al colectivo LGTBI, los avances legislativos logrados, a esar de sus defciencia se tienen que celebrar por partida doble.

España, retrasada

En Europa, el grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación del género son Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca y Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). En el continente americano, también lo hace Argentina, cuya ley fue pionera en el proceso de desmedicalización y desjudicialización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha nombrado al tailandés Vitit Muntarbhorn experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, tiene una trayectoria dilatada al servicio de Naciones Unidas. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. 

Lo recogimos en su momento como noticia de especial relevancia. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaba por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. La propia votación para aprobar la creación de este puesto lo demuestra, de hecho: se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

Tres meses después de que se aprobara la creación de esta figura se ha conocido por fin el nombre de la persona que la encarnará. Se trata del tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

ILGA, “encantada” con el nombramiento

Un nombramiento que ha sido celebrado por organizaciones LGTB y de defensa de los derechos humanos. Valga como ejemplo la reacción de ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales), la organización “paraguas” de colectivos LGTB más importante del mundo, que se ha mostrado literalmente “encantada”. “Es particularmente apropiado que él sea nombrado para este cargo en el décimo aniversario de los Principios de Yogyakarta, que él ayudó a escribir en 2006”, han declarado Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA.

“Tenemos muchas ganas de trabajar con el profesor Muntarbhorn en los próximos años. Nunca ha habido una necesidad más urgente de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. Atacadas, discriminadas, dirigidas y invisibilizadas, nuestras comunidades necesitan un aliado como el profesor Muntarbhorn para asegurar que el que ‘todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, como la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente, sea una realidad y no solo un sueño”, ha expresado por su parte Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

¿Cuáles serán sus funciones?

Vitit Muntarbhorn cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esperamos de todo corazón que el nombramiento de Muntarbhorn, primero de este tipo que aprueba Naciones Unidas, sirva para mejorar de forma efectiva la situación de las personas LGTB en todo el mundo. Hace mucha falta.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Discriminación, Helen Kennedy, ILGA, LGTBfobia, Naciones Unidas, Principios de Yogyakarta, Renato Sabbadini, Ruth Baldacchino, Tailandia, Vitit Muntarbhorn

Tras la derogación de las leyes homófobas de Nauru, Belice y Seychelles, las relaciones homosexuales siguen castigadas en 72 países y 4 territorios del mundo. Atendiendo a la religión mayoritaria en cada uno de ellos, la homosexualidad estaría penada en 38 de mayoría musulmana (el 50 %), en 33 países o territorios de mayoría cristiana (el 43 % del total) y en 5 cuya población profesa otras religiones (el 7 % restante). El número de habitantes que viven bajo regímenes que condenan la homosexualidad asciende a 2.326.265.000, un 31,5 % de la población mundial (estimada en 7.386.010.000 personas). De ellos, 488.045.000 lo hacen en países de mayoría cristiana (el 21 %), 434.987.000 en países de mayoría musulmana (el 19 %) y 1.404.039.000 en países que profesan otras religiones (el 60 %, un elevado porcentaje debido a la enorme población de la India). Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en los territorios donde rige la ley islámica. No hay ningún país que castigue la homosexualidad entre aquellos en los que su población mayoritariamente se declara no creyente o poco interesada en la religión.

Los datos de los países que penalizan las relaciones homosexuales se han recogido del último informe de ILGA, restando a Nuaru, Belice y Seychelles, que han despenalizado las relaciones homosexuales recientemente. Por otra parte, se han sumado territorios como Palestina/Franja de Gaza, no reconocido internacionalmente o el Estado Islámico; también provincias autónomas como las Islas Cook o los territorios con legislación homófoba de Indonesia. Para el dato de la población de cada país se ha tomado una proyección estimatoria de la población mundial al 01/07/2016. Podéis comprobar gráficamente estos datos en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Países de mayoría cristiana

Los 33 países y territorios de mayoría cristiana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 43 % del total. Los 488.045.000 habitantes que albergan suponen el 21 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que hacer la salvedad de que el presidente de Dominica aseguró en 2014 que no aplicaría las leyes homófobas, aunque aún persisten en su Código Penal. Muchas de estas legislaciones son herencia de las leyes coloniales británicas o francesas, pero la fuerte presión social (sobre todo proveniente de las organizaciones religiosas) hace que aún se mantengan.

Países de mayoría musulmana

Los 38 países y territorios de mayoría musulmana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 50 % del total. Los 434.987.000 de habitantes que albergan suponen el 19 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que en el Líbano existe una sentencia de un tribunal superior que considera que la legislación que castiga la indecencia no es aplicable a las personas homosexuales. En Irak no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra las personas LGTB como arma propagandística, si bien la población afectada está enmarcada en la de cada país ocupado. En Palestina/Franja de Gaza está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Indonesia no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en las provincias de Aceh y Sumatra Meridional.

Sin embargo, los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana: Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Mauritania, Pakistán, Somalia (en algunos estados del sur), Sudán, y Yemen. También Nigeria, pues aunque aparece en el listado de países de mayoría cristiana, la pena de muerte solo se aplica en los estados del norte donde rige la ley islámica.

Libia 6.330.000

Otras religiones

Aunque los cinco países que profesan otras religiones cuya legislación castiga las relaciones homosexuales solo representan el 7 % del total, la enorme población de la India hace que supongan el 60 % de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Se hace evidente así la dimensión extraordinaria de la decisión de la Corte Suprema india, que en 2013 ordenó que volvieran a considerarse delito las relaciones homosexuales, un dictamen que afecta a un país de más de mil millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Islam, Judaísmo Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Cristianismo, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islam, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Religión, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

El Tribunal Constitucional de Rumanía ha dado su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal ha decidido este 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75 % de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

En el mismo dictamen, el Tribunal Constitucional ha aplazado su decisión sobre el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en países donde es legal, referido al requerimiento de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica.

La organización rumana de defensa de los derechos de las personas LGTB Accept ha manifestado su temor a que los derechos de las personas LGTB se conviertan en objetivo en las próximas elecciones generales, si es que se promueve una votación conjunta con el referéndum, así como ha recordado al Parlamento rumano que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanas indica que debe haber un reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo y sus familias. Lo ha hecho a través del siguiente comunicado de prensa:

El Tribunal Constitucional rumano ha decidido hoy que la iniciativa de modificar la definición constitucional de familia puede iniciar el trámite parlamentario. También hoy, el Tribunal ha decidido aplazar su decisión sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Código Civil rumano que prohíben el reconocimiento de matrimonios del mismo sexo registradas en el extranjero. Esta última cuestión se suscitó ante el Tribunal Constitucional por Accept y la Coalición Antidiscriminación en el caso de la familia Coman-Hamilton.

Accept respeta la decisión del Tribunal, dentro del contexto del estado de derecho. “Lamentamos que los prejuicios sociales hayan hecho que el Tribunal niegue las normas internacionales de derechos humanos sobre la familia y el respeto de la dignidad humana. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece las normas sobre los derechos fundamentales, ha mostrado de forma clara y consistente que deben ser reconocidos los derechos a la vida privada y familiar de las personas LGBT y respetados a través de alguna forma de protección en los Estados miembros del Consejo de Europa”, ha declarado Romanita Iordache, vicepresidente de Accept.

Hacemos un llamamiento a los políticos para que actúen de forma responsable en lo que respecta a la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). En primer lugar, pedimos al Parlamento que aclare la pregunta que se planteará en la consulta, a fin de evitar la confusión entre familia y matrimonio. Los políticos no deben olvidar que la familia es un concepto jurídico incluyente, basado en el amor y el respeto. Incluye a las familias homosexuales y a las familias monoparentales, así como a las parejas heterosexuales no casadas. Es un hecho que existen todas esas familias y que son parte de la sociedad. En una democracia representativa, todas esas familias tienen derecho a la misma protección constitucional.

Desde hace tres años, los miembros del Parlamento de Rumanía han tenido en su agenda un proyecto de ley para la reforma de la Constitución. Pedimos al Parlamento que no utilice dinero de los contribuyentes para organizar un referéndum centrado en un solo artículo de la Constitución, mientras que no hay suficiente financiación pública para la salud, la educación y la cultura. El Parlamento debe incluir la petición de la Coalición por la Familia en los debates sobre el proyecto de ley existente para modificar la constitución, y así demostrar su responsabilidad en relación con el gasto público y lograr una reforma constitucional coherente.

La organización de un referéndum, cuyo objetivo son claramente las personas homosexuales, al mismo tiempo que las elecciones parlamentarias es una amenaza social. Los sentimientos homofóbicos, que predominan en todos los ámbitos de la sociedad, llegarán sin duda hasta el nivel de las declaraciones políticas y electorales. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán antes de finales de 2016 no pueden ser secuestradas por ese tipo de mensajes, haciendo que las personas LGBT se conviertan en el chivo expiatorio de todos los problemas de los rumanos.

En el caso Coman-Hamilton, el Tribunal Constitucional ha decidido posponer su decisión hasta septiembre. Los dos demandantes ya han esperado dos años para ver qué tribunal tenía jurisdicción sobre el caso. El Tribunal confirma la forma en que funciona la justicia en Rumanía: todo para otro día. Sin embargo, los dos siguen siendo una familia en todas partes, excepto en su país de origen, Rumanía.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, expresaba su preocupación por el dictamen del Tribunal Constitucional rumano en los siguientes términos: “La noticia de hoy es muy preocupante. En la práctica, el cambio de esas pocas palabras en el artículo constitucional tendrá profundas implicaciones para las parejas del mismo sexo que viven en Rumania y para sus hijos”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Coalición por la Familia (Rumanía), Discriminación, Evelyne Paradis, Homofobia, ILGA, Matrimonio, Referendum, Romanita Iordache, Rumanía

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Muy importante fallo el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Italia por no reconocer el derecho de residencia a la pareja del mismo sexo de un ciudadano italiano. Estrasburgo considera que la negativa supuso una violación del artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación, así como del artículo 8, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar.

Roberto Taddeucci y Douglas McCall son pareja desde 1999. Vivieron en Nueva Zelanda hasta el año 2003, cuando debido a problemas de salud de Taddeucci decidieron instalarse en Italia, país del que este es ciudadano. Sin embargo, tras agotar sus permisos temporales de residencia, el Estado italiano se negó a conceder a McCall, ciudadano neozelandés, el derecho a residir legalmente en Italia en aplicación del derecho a la reagrupación familiar.

La pareja llevó el caso a los tribunales, y tras perder ante la Corte de Casación, el más alto tribunal italiano, decidió acudir a Estrasburgo. La Corte de Casación les negó el derecho a la reagrupación familiar al considerar que la legislación italiana solo reconocía ese derecho con respecto a los cónyuges y a los hijos menores o dependientes (Italia, recordemos, no reconoce el matrimonio igualitario, y solo muy recientemente ha aprobado una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo). De hecho, al no poder vivir legalmente en Italia como pareja, Taddeucci y McCall se vieron forzados a abandonar el país e instalarse en Holanda, donde el neozelandés no tuvo problema alguno en obtener el permiso de residencia como pareja de un ciudadano de la Unión Europea.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado ahora a favor de la pareja (puedes descargar aquí el comunicado oficial), al considerar que pese a no constituir un matrimonio sí tienen derecho a que se reconozca su realidad familiar. Condena además al Estado italiano a indemnizar a la pareja con 20.000 euros, en concepto de daños no materiales, y con 18.924,58 euros en concepto de gastos.

El fallo se remonta, por cierto, a la sentencia del caso Schalk y Kopf contra Austria, emitida en 2010, en la que se dirimía si el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio quedaba cubierto por la Convención Europea de Derechos Humanos. Curiosamente en aquella ocasión Estrasburgo falló a favor de Austria, al estimar que no era así, pero como contrapartida aquella sentencia supuso el reconocimiento de que las parejas del mismo sexo sí tienen derecho al reconocimiento de su vida familiar (algo que consideraba que Austria cumplía con su ley de uniones civiles). “Las parejas del mismo sexo son tan capaces como las de diferente sexo de establecer relaciones estables de compromiso mutuo”, consideró entonces el alto tribunal europeo, lo que las coloca en una“situación similar a las de las parejas de distinto sexo por lo que se refiere a su reconocimiento legal y a la protección de su relación”. Nosotros mismos decíamos entonces que aquella argumentación “podría facilitar en el futuro los recursos de parejas del mismo sexo de estados en los que -como Italia o en buena parte de los países del Este- en los que carecen de cualquier tipo de reconocimiento jurídico”. Teníamos razón…

“Este caso es un perfecto ejemplo de las luchas a las que a diario tienen que enfrentarse a lo largo y ancho de Europa las parejas del mismo sexo. Esta pareja volvió a Italia porque uno de ellos estaba enfermo. Sufrir un problema personal de este tipo ya es suficientemente duro, pero las parejas del mismo sexo se encuentran con obstáculos discriminatorios adicionales”, ha expresado en un comunicado la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis. “ILGA Europa saluda la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una nueva confirmación de que la discriminación contra las parejas del mismo sexo basada en su orientación sexual no puede ser permitida”, añade el texto.

En la misma línea que otra sentencia reciente

Conviene destacar que se trata de la segunda sentencia en pocos meses a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a beneficiarse de los permisos de residencia por reagrupación familiar. En febrero de este mismo año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó también que las leyes de extranjería de Croacia, que tampoco reconocían a las parejas del mismo sexo la condición de familia, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. Aquel caso afectaba a una ciudadana de Bosnia-Herzegovina, que solicitó un permiso de residencia en Croacia por reunificación familiar al acreditar que mantenía una relación estable con una ciudadana croata.

“Habrá que ver si esta jurisprudencia termina por aplicarse a los casos en que las leyes del país impiden el matrimonio igualitario y las leyes de extranjería solo permiten la concesión de permisos de residencia a las personas unidas en matrimonio”, decíamos precisamente entonces (la ley croata sí reconocía el derecho a reagrupación familiar en el caso de relaciones no maritales, aunque heterosexuales). Pues bien, ya tenemos la respuesta: también es de aplicación en estos casos. Una muy buena noticia.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Austria, Bosnia-Herzegovina, Convención Europea de Derechos Humanos, Corte de Casación (Italia), Croacia, Discriminación, Douglas McCall, Evelyne Paradis, Familia, Holanda, Homofobia, ILGA, Italia, Nueva Zelanda, Roberto Taddeucci, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Interesante reflexión:

ILGA Europa, la organización “paraguas” que agrupa a los colectivos LGTB más importantes del continente europeo, ha emitido un comunicado de prensa en el que, tras la decisión de la ciudadanía británica de abandonar la Unión Europea, ha hecho un llamamiento a seguir luchando en favor de la igualdad de las personas LGTB en el Reino Unido y el resto de Europa. Y es que el Reino Unido, no lo olvidemos, es hoy día uno de los estados miembros de la Unión Europea más avanzados en materia de derechos LGTB. 

El referéndum convocado por David Cameron se saldó con una victoria de los partidarios de abandonar la Unión Europea por cuatro puntos de diferencia (un 52% frente al 48%). Lo hizo, además, con una participación más elevada de lo previsto. La decisión parece haber pillado con el pie cambiado a la clase política de medio mundo, además de a buena parte de analistas y opinadores, desatando además una reacción que en ocasiones ha bordeado la histeria. Y ello a pesar de que el referéndum para decidir sobre la permanencia en la Unión Europea era una de las promesas electorales de Cameron y de que días antes las encuestas ya señalaban la tendencia favorable al brexit, que solo amortiguó el terrible asesinato de la diputada laborista Jo Cox.

Dejando aparte otras importantes consecuencias políticas, económicas y sociales en las que no entraremos, ¿qué supondrá la salida de la Unión Europea para los derechos LGTB en Reino Unido? Es difícil decirlo, pero posiblemente no demasiado, al menos a corto o medio plazo. Si bien es cierto que el resultado supone un reforzamiento de las posiciones mas conservadoras, tradicionalmente asociadas a una mayor oposición a los derechos LGTB, la situación jurídica en Reino Unido se sitúa ya entre las más avanzadas del continente (así lo atestigua el propio barómetro anual de ILGA Europa) y no es previsible que haya marcha atrás a este respecto. De hecho, el mayor impulsor del Brexit, el conservador Boris Johnson (a quienes muchos consideran probable primer ministro en unos meses, tras el anuncio de retirada de Cameron) siempre ha presumido de ser un claro partidario de los derechos LGTB, y de hecho durante su etapa como alcalde de Londres se preocupó muy especialmente de consolidar una buena relación con la comunidad LGTB. Él fue, por ejemplo, uno de los políticos conservadores que más se significó por su apoyo al matrimonio igualitario, un tema en el que hizo causa común con Cameron pese a adivinarse ya como su principal rival en el seno de su partido.

Muy comentada (y ridiculizada por sus adversarios, por cierto) fue la llamada de Boris Johnson al colectivo LGTB para que se unieran a la corriente anti Unión Europea, con el argumento de que un Reino Unido no sometido a las directrices de Bruselas era una mejor garantía para sus derechos. Incluso se llegó a constituir un grupo de apoyo al Brexit formado por seguidores LGTB de Johnson, denominado Out & Proud. “Hicimos campaña asegurando que los derechos LGTB estarían mejor aquí y en el exterior fuera de la Unión Europea. Demostraremos que teníamos razón”, tuiteaba el grupo, tras conocerse el resultado del referéndum:

We campaigned off the back of the idea that LGBT rights would be better both here and abroad outside of the EU. We will prove we were right.

— Out & Proud (@OutandProudUK) 24 de junio de 2016

Sin embargo, sí creemos que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una muy mala noticia para los derechos LGTB en el resto del continente. Una Europa que queda en buena parte huérfana del componente anglosajón, en la que el peso de Alemania -un país cuya clase política se resiste como gato panza arriba a aprobar el matrimonio igualitario-  será aún mayor y en la que la homofobia institucional de los estados de Europa del Este tendra menos contrapesos no ofrece, desde luego, un horizonte especialmente halagüeño. Esperamos equivocarnos.

Quizá por eso ILGA Europa ha querido hacer un llamamiento a que la salida de la Unión Europea del Reino Unido no suponga freno al avance de los derechos LGTB en el continente. “En nuestros 20 años de historia, hemos apoyado el esforzado trabajo de nuestros miembros del Reino Unido, y aprendido mucho de ellos a cambio. Por eso, como la red europea de activistas de derechos humanos que somos, lamentamos naturalmente el hecho de que el Reino Unido ya no será una voz para el progreso de la Unión Europea”, se lamenta ILGA Europa en su comunicado, en el que muestra además su preocupación por el debilitamiento del activismo compartido que puede suponer. ILGA Europa pide de hecho que del resultado del referéndum británico se derive “mayor solidaridad, no menos”, y no solo por lo que respecta a los derechos LGTB, sino a otros derechos humanos y a otras organizaciones que lucan por la igualdad.

Veremos si Europa reacciona en la dirección adecuada tras el varapalo británico. Porque mucho se habla de los perjuicios para Reino Unido del brexit, pero poco de la delicada situación en la que esta Europa se encuentra… con y sin brexit.

Fuente Dosmanzanas

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