Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

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Carina Mejías, una de las personalidades más destacadas de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado la formación naranja tras su reciente giro a posiciones más moderadas de la mano de su nueva líder, Inés Arrimadas. Ciudadanos «pierde» de esta forma a una política que en su momento destacó por su defensa de las políticas homófobas del PP, y cuyo fichaje criticamos en su momento. Justo es que ahora destaquemos su marcha.

Como en su momento destacamos, antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento catalán. Lo fue en una época en la que los populares se oponían con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTBI, muy singularmente en Cataluña, una posición con la que Mejías parecía encontrarse especialmente cómoda. En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians, Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda presidida por el socialista José Montilla) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTBI que según Mejías «utilizaba» en su publicidad la fotografía de un menor.

El motivo de la carta de Mejías no era otro que el de defender al PP de la época como el partido que más frontalmente se oponía a los derechos LGTBI, después de que el presidente de E-Cristians mostrase su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya. Mejías le recordaba a Miró i Ardèvol que el entonces presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía «inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de ‘educación para la ciudadanía`’, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos». «El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso», añadía Mejías.

Años después, tras su incorporación a Ciudadanos, Carina Mejías era preguntada de nuevo sobre la materia en Osoigo.com. «Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social», respondía entonces Mejías. Muy parecida respuesta daba al diario El País. «Hay una ley en vigor y estamos a favor de que se reconozcan los efectos de las uniones de las personas con el mismo sexo», repetía. Pese a su conversión al más puro estilo Pablo de Tarso, resulta curioso con Mejías evitaba todavía el uso de la palabra «matrimonio» en su respuesta e insistía en el concepto «uniones».

Carina Mejías fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán y finalmente en el Congreso de los Diputados (dejó de serlo el pasado diciembre). Hace pocos días anunciaba su abandono de la formación naranja después del giro hacia posiciones más moderadas protagonizado por su nueva líder, Inés Arrimadas. Un giro materializado en el acuerdo con Pedro Sánchez, por el cual Ciudadanos apoyó la última prórroga del estado de alarma por el coronavirus solicitada por el Gobierno a cambio de la aceptación de algunas de sus propuestas. «He solicitado mi baja como militante de Ciudadanos. La decisión tomada ayer, me resulta imposible de compartir, después de estos meses tan difíciles y de una gestión de consecuencias tan devastadoras para todos los españoles y he decidido no mantener mi militancia en el partido», se justificaba Mejías en Twitter.

Una marcha de la que, por qué no decirlo, nos congratulamos. No nos consta que Carina Mejías se ha significado en materia LGTBI durante su vida política dentro de la formación naranja como sí lo hizo cuando militaba en el PP, pero siempre nos parecerá una buena noticia la desaparición de la primera línea política de personas que han defendido en el pasado políticas contrarias a nuestros derechos sin pedir perdón por ello. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía la carta de Mejías al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana del momento contra la decisión de la Generalitat presidida por José Montilla de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

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La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

El próximo 8 de septiembre es la fecha elegida por los activistas LGTB de Bosnia-Herzegovina para celebrar en Sarajevo el primer Orgullo del país balcánico. Un anuncio que ya ha generado una ola de LGTBfobia en redes sociales y que ha desembocado incluso en una agresión a una trabajadora de una organización de defensa de los derechos humanos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen a las autoridades de la capital bosnia que el Orgullo LGTB pueda celebrarse de forma segura para sus participantes.

El anuncio fue hecho el pasado lunes por una quincena de activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país (Prijedor, Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina y Tuzla). Según ha declarado Branko Ćulibrk, la intención de los organizadores es celebrar el Orgullo en el centro de la ciudad, tal y como sucede con otras manifestaciones, y para ello han cursado ya la correspondiente petición a las autoridades del cantón de Sarajevo. El lema de la manifestación será «ima izać’!», expresión que, según explican los propios organizadores, se utiliza en los autobuses bosnios cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor», en un juego de palabras con la expresión «salir del armario».

Por el momento, solo el líder de HDZ BiH (La Unión Democrática Croata de Bosnia y Herzegovina, el principal partido de la minoría croata en Bosnia) ha manifestado de forma inequívoca su apoyo a la organización del Orgullo. El resto de partidos permanecen en silencio o se muestran reticentes. Pero si a nivel político el recibimiento del anuncio ha sido frío, en las redes sociales ha generado una ola de LGTBfobia que demuestra que los valientes activistas bosnios no lo tendrán fácil, con abundantes comentarios de odio y respuestas negativas a encuestas online en medios locales. A pesar de ello, el activista Branko Ćulibrk se muestra optimista y destaca el apoyo recibido. «Lo que más nos ha sorprendido ha sido los mensajes de apoyo y de ánimo, que tenemos presentes mucho más que los mensajes de odio», asegura.

Por desgracia, este mismo viernes la organización de defensa de los derechos humanos Civil Rights Defenders denunciaba la doble agresión sufrida por una de sus trabajadoras, Ehlimana Elma Muslija. La primera agresión tuvo lugar cuando paseaba con su novia por el centro de Sarajevo durante la noche del 3 al 4 de abril. Un hombre se les acercó y las amenazó con un cuchillo, haciendo además mención expresa al Orgullo LGTB y a cómo este ofendía sus creencias y añadiendo que «correría la sangre». Este viernes el mismo agresor, acompañado en esta ocasión de otro individuo, se acercó a la pareja cuando esta se encontraba frente a un comercio y golpeó a Ehlimana Elma Muslija en la cara, haciéndola caer al suelo. Intentaron también agredir a su novia, aunque esta consiguió evitarlo después de que otro viandante hiciera frente a los agresores. «Está claro que este ataque es resultado del anuncio del primer Orgullo LGTB de Bosnia-Herzegovina. Los miembros de la comunidad LGTB tiene derecho a vivir sin miedo de ser atacados por su identidad y es la obligación del Estado asegurar su protección», ha declarado Goran Miletic, director para Europa de Civil Rights Defenders. Esta organización ha exigido a las autoridades locales investigar el ataque sufrido por su trabajadora, así como asegurar una total protección a los participantes en el Orgullo de Sarajevo el próximo 8 de septiembre.

Una realidad política y social complicada

La vida de las personas abiertamente LGTB no es fácil en Bosnia-Herzegovina, la ex república yugoslava que desde los acuerdos de Dayton, que en 1995 pusieron fin a la guerra civil, permanece dividida en dos entidades independientes de facto, la serbia y la musulmano-croata. Estas se subdividen a su vez en regiones y cantones que en la práctica son étnicamente homogéneos. Las relaciones homosexuales no fueron despenalizadas hasta 1996 (en la entidad musulmano-croata), 1998 (en la entidad serbia) y 2003 (en el distrito de Brčko, un distrito fronterizo especial). Por lo que se refiere a la situación jurídica, no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, y las personas trans todavía deben someterse a esterilización quirúrgica para ver reconocida legalmente su identidad, entre otras deficiencias (ver último informe de ILGA Europa, páginas 29 y 30). De acuerdo a la clasificación de ILGA Europa, de hecho, Bosnia-Herzegovina ocupa la posición 27 de 49 estados, con solamente un 31,38% de objetivos logrados.

Pero si la realidad jurídica de las personas LGTB es complicada, más aún lo es su día a día, sometidos como están a una fuerte LGTBfobia social. De ahí la importancia de su próximo Orgullo. Fue en septiembre de 2008 cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo, y ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada  y bajo protección policial. Ojalá en esta ocasión la realidad sea por fin distinta.

General, Historia LGTBI Activismo, Banja Luka, Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, Bosnia-Herzegovina, Branko Ćulibrk, Civil Rights Defenders, Discriminación, Ehlimana Elma Muslija, Goran Miletić, HDZ BiH, Homofobia, ILGA, ILGA Europa, LGTBfobia, Orgullo LGTB, Prijedor, Sarajevo, Tuzla

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

El país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

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Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Macedonia por no disponer de un procedimiento que permita que la mención al sexo de las personas trans en los documentos oficiales se corresponda con su identidad de género. El fallo supone un espaldarazo a los derechos de las personas trans en aquellos países de Europa en los que estos no están todavía reconocidos.

El demandante, «X», es un hombre trans nacido en 1987. Ciudadano de Macedonia, vive en Skopje, la capital de la exrepública yugoslava. Desde muy temprana edad su identidad de género ha sido masculina, aunque no fue hasta 2010 cuando comenzó tratamiento hormonal en un centro especializado de Belgrado, en la vecina Serbia. En 2011 solicitó ante las autoridades de su país el cambio de nombre, que sí le fue concedido, pasando de tener un nombre claramente femenino a uno claramente masculino. Sin embargo, la mención al sexo en su documento de identidad permaneció invariable. El Ministerio de Justicia macedonio argumentó que no disponía de ninguna prueba de que X hubiera «cambiado de sexo». Se da la circunstancia de que X no se había sometido a cirugía de reasignación. X apeló la decisión, contraargumentando que en su país no existía ningún tipo de regulación sobre la materia y que exigirle una cirugía genital para ver reconocida legalmente su identidad masculina suponía obligarlo a un tratamiento al que él no quería someterse y que supone, de hecho, su esterilización forzada. El Ministerio de Justicia, sin embargo, rechazó la petición.

En 2013, X se sometió a una doble mastectomía, también en Belgrado, y X reactivó su demanda. De hecho consiguió un dictamen forense oficial que recomendaba que se procediese a la modificación de la mención al sexo, pese a lo cual el Ministerio de Justicia de Macedonia continuó negándose.

Ahora, tras examinar el caso y los diferentes informes presentados, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la ausencia de reconocimiento legal de su identidad masculina sin necesidad de someterse a cirugía genital ha supuesto para X consecuencias negativas en su salud mental y en su vida, dictaminando que la ausencia de un procedimiento que se lo permita en Macedonia supone una violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El alto tribunal condena a Macedonia a pagar una compensación económica de 9.000 euros al demandante.

Satisfacción de los colectivos LGTB

Diferentes colectivos LGTB han expresado su satisfacción por la sentencia. Antonio Mihajlov, presidente de la organización macedonia Subversive Front, organización macedonia que también se había personado en el proceso, considera que supone un mensaje muy claro a las autoridades de Macedonia, «no solo para introducir el reconocimiento legal de la identidad de género, sino también para aprobar la nueva ley de protección y prevención contra la discriminación que se encuentra en trámite parlamentario desde mayo de 2008». Conviene recordar, en este punto, que Macedonia ocupa el puesto 41 de 49 en la última clasificación de ILGA Europa sobre los derechos LGTB  en el continente.

Precisamente, además de Subversive Front, ILGA Europa (organización paraguas que agrupa a cerca de 600 colectivos LGTB del continente) junto a Transgender Europe y Trans Network Balkan, se había personado también en el proceso como tercera parte.

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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El segundo Orgullo LGTB de Kosovo se ha celebrado con éxito y sin incidentes especialmente reseñables. Eso sí, entre fuertes medidas de seguridad. Este pequeño país balcánico, que hace diez años autoproclamó su independencia de Serbia, ha dado un ejemplo a otras autoridades de la región (e incluso del continente) con mayor recorrido democrático. En la manifestación han participado la ministra de Integración Europea de Kosovo, Dhurata Hoxha, y el alcalde de Pristina, Shpend Ahmeti. Asimismo, también han apoyado la convocatoria la jefa de la oficina de la Unión Europea en Kosovo, Natalia Apostolova y el embajador de los Estados Unidos, Greg Delawie. El mismísimo presidente del país, Hashim Thaçi, se dirigió a los participantes al comienzo de la manifestación.

Lamentablemente, no toda la noticia tiene un tono positivo. Blert Morina, un activista trans de Kosovo ha dicho que las amenazas que afectan a la comunidad LGTB han obligado a muchos de sus miembros a huir a otros países. Además, añade que la policía de Kosovo no responde adecuadamente a los casos denunciados de violencia física contra personas trans. «No tenemos cifras específicas, pero como somos una pequeña comunidad podemos ver a los que faltan», dice Morina.

El primer Orgullo LGTB anunciado con antelación, a diferencia de las pequeñas marchas realizadas durante los años previos, se celebró en octubre del año pasado sin mayores incidentes. En 2016 , coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTBfobia, cuando tuvo lugar la que puede considerarse primera manifestación LGTB. También entonces, de hecho, el presidente Thaçi hizo acto de presencia.

Kosovo ocupa el lugar 26 (de un total de 40 países) en la clasificación de ILGA Europa sobre la situación de los derechos LGTB en el continente europeo (de hecho, ha escalado un puesto con respecto al resultado del año anterior).  Dada su realidad social, es un puesto mejor que el que muchos esperarían. Y es que por ejemplo la Constitución de Kosovo, aprobada pocos meses después de la independencia, prohíbe la discriminación por orientación sexual en su artículo 24, algo que pocas constituciones del mundo incluyen de forma expresa.

Existen además leyes que prohíben tanto la discriminación por orientación sexual como por identidad de género en el empleo y en la provisión de bienes y servicios. Sin embargo, pese al reconocimiento de ciertos derechos básicos (que le permiten situarse por delante de muchos otros países europeos en los que la situación jurídica es peor) no existe reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo ni de los derechos de parentalidad. Tampoco existe un procedimiento legal que permita la modificación registral del sexo de las personas trans.

La lacra de la LGTBfobia social

Igual que recogíamos el año pasado, de nuevo este la lucha de los colectivos convocantes de la manifestación se sigue centrando en combatir la fuerte LGTBfobia social y reducir la violencia contra la población LGTB, que obliga a buena parte de esta a permanecer en el armario o a emigrar a países con sociedades más tolerantes. Y es que aunque Kosovo escape de los últimos puestos de la clasificación de ILGA Europa no significa, por desgracia, que la situación social no sea tremendamente complicada. Conviene tener en cuenta que esta clasificación tiene en cuenta las medidas políticas implementadas (en materia de igualdad y no discriminación, derecho de familia, crímenes y discursos de odio, reconocimiento legal de la identidad de género, libertades de reunión, asociación y expresión y asilo), pero no la aceptación social.

Kosovo tiene una población de alrededor de 200.000 habitantes, la mayoría de etnia albanesa y población musulmana. Serbios y bosniacos constituyen las dos minorías étnicas principales, aunque la población serbia ha disminuido drásticamente en los últimos años.

Os dejamos con un vídeo de Radio Free Europe con imágenes de la manifestación:

Fuente Dosmanzanas

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Estalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

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Foto de la marcha del Orgullo de este año en París (Twitter de Alex)

Según informa El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional ha rechazado dar protección a un ciudadano argelino, amenazado de muerte por su familia por ser homosexual, al considerar que no está perseguido por las autoridades de su país. «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual», expresa la sentencia. Aunque es cierto que en años recientes no han trascendido procesamientos, el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años.  

Según relata el diario ceutí, que ha tenido acceso a la sentencia, el ciudadano argelino llegó a Ceuta en abril de 2017, huyendo se su familia. Un hermano suyo, que pronto iba a salir de prisión, le había amenazado de muerte por ser homosexual. Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, sin embargo, «los únicos actos de persecución o amenaza» que explica el ciudadano argelino «los expone de forma vaga y sin ninguna acreditación», sin que procedan de las autoridades argelinas sino de su propio entorno familiar. Siempre según El Faro de Ceuta, la Audiencia Nacional solicitó un informe a ACNUR (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados), según el cual el solicitante «no parecía encontrarse en necesidad de una protección» y al abogado de Estado, que se mostró desfavorable a la concesión de una protección internacional.

La Audiencia Nacional va más allá y se permite, de hecho, valorar la situación de las personas homosexuales en Argelia como propia «de una sociedad en transición, donde en principio rigen unos principios ancestrales frente a una realidad mucho más tolerante» y asegura que «No se puede considerar que una persona sea objeto de persecución por el mero hecho de ser homosexual». 

La decisión de la Audiencia Nacional, a la que la defensa del ciudadano argelino había recurrido, agota la vía para conseguir el asilo por parte del solicitante, que a partir de este momento puede ser deportado.

ILGA: Argelia sí se encuentra entre los países con homofobia de Estado 

Basta con acudir al informe anual sobre Homofobia de Estado que publica ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex) para saber que el Código Penal argelino castiga los actos de homosexualidad con pena de prisión de 2 meses a 2 años y con multa de 500 a 2.000 dinares argelinos. Cuando alguno de los autores fuera menor de 18 años de edad, la pena impuesta se agrava hasta los 3 años de prisión y los 10.000 dinares de multa. Por otra parte, también se castiga con prisión de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares a «quien cometiere atentado al pudor en público» y en el caso de que «el atentado al pudor consistiere en un acto contra natura con una persona del mismo sexo», la pena será prisión de 6 meses a 3 años y la multa de 1.000 a 10.000 dinares.

No solo eso: el Código Penal también castiga a quien difunda cualquier tipo de material «que atente contra la decencia» con penas de 2 meses a 2 años y multa de 500 a 2.000 dinares. Según el informe de ILGA, «esto va más allá del alcance de la regulación típica basada en el comportamiento, y sigue una línea que se acerca más a las normas sobre ‘propaganda’ de identidades no heterosexuales como las de Medio Oriente o el Norte de África».

El informe de ILGA recoge como ya en 2016 Reino Unido rechazó una solicitud de asilo interpuesta por un hombre gay argelino, basándose en parte en la falta de procesamientos o arrestos en los últimos años. «Sin embargo, la decisión no tuvo debida cuenta de la humillación familiar y social extrema, las amenazas y la violencia que impera en la Argelia rural y urbana respecto de las orientaciones sexuales diversas, tanto en hombres como en mujeres», deja claro la organización LGTB.

Es más, ILGA recuerda que Argelia ha rechazado las recomendaciones para despenalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que por ejemplo el entramado legal sobre entidades sin ánimo de lucro, información y derecho de reunión, junto con el hecho de que los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo están criminalizadas, «produce un ambiente en el que es no es posible registrar una organización que trabaje temas relacionados con la orientación sexual».

La historia de Anouar Rahmani

Hace pocos meses contábamos en esta misma página la historia de Anouar Rahmani, un escritor y activista argelino que había denunciado la agresión que sufrió un amigo suyo por ser homosexual. Tres personas le redujeron y le torturaron dándole latigazos que le dejaron grandes marcas en la espalda, según se puede comprobar en la fotografía que acompañaba al mensaje de Rahmani. «La imagen (de las heridas en la espalda, que hizo públicas) ilustra la justicia popular argelina que se permite atacar e insultar, incluso instaurar su propia ley sobre el resto de la comunidad con total impunidad», escribió. Tras la denuncia, el propio Rahmani recibió graves mensajes de odio e incluso amenazas de muerte.

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Tras cinco años de espera, el Ministerio de Justicia aceptó el registro de Íris Angola, una de las pocas asociaciones LGBT en toda África.

Un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Para el director ejecutivo de Íris Angola, Carlos Fernandes, este paso debe considerarse como un hecho histórico.

“Se trata de un momento histórico, y significa pasar la página para todos los ciudadanos homosexuales, que ahora tienen una entidad reconocida por el Estado, que les da mayor legitimidad a sus intervenciones en su trabajo de defensa y promoción de los derechos LGBT”, ha dicho.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Iain Levine, también se mostró alegre con esta noticia y publicó el documento del registro en su cuenta de Twitter con el siguiente texto: “Buena noticia. “Íris Angola”, grupo LGBT angoleño reconocido como asociación por el Gobierno angoleño”.

Boa notícia. “Iris Angola”, grupo LGBT Angolano reconhecido como associação pelo governo Angolano pic.twitter.com/QtgbkdQb60

— Iain Levine (@iainlevine) 13 de junio de 2018

Situación contraria sucede en la vecina Mozambique, donde Lambda-Mozabique, la única asociación LGBT en todo este país, espera desde hace más de 10 años el registro de parte del Ministerio de Justicia.

Good news from angola! Govt registeres its first LGBTQ organization. Meanwhile, moz govt’s been pushing the “cultural card” for 10yrs! #humanrightsforall, #angola https://t.co/UChFrCUh9c

— Lambda (@lambdaMoz) 13 de junio de 2018

En noviembre de 2017, una decisión del Consejo Constitucional de Mozambique —equivalente a la Suprema Corte— declaró que la cláusula utilizada para negar el registro de Lambda es inconstitucional, pero el Ministerio de Justicia continúa sin procesarlo.

La asociación Íris Angola es una entidad de ámbito nacional y tiene su sede en la provincia de Luanda, en la capital.

En Angola, si bien no se aplica una política penal contra los homosexuales, sí que existen medidas oficiales de restricción de libertades y de discriminación.

Sin embargo, ha habido una mayor amplitud desde febrero de 2017 cuando el Parlamento aprobó preliminarmente un nuevo código penal, pendiente de aprobación definitiva, que no prohíbe la actividad sexual consentida entre personas del mismo sexo.

Alessia Valenza, representante de ILGA (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, por sus siglas en ingles: International Lesbian and Gay Association), en su informe sobre Angola, concluyó: “la sociedad angoleña aún no está preparada para aceptar homosexuales. Sin embargo (…) los homosexuales han dejado de ser invisibles y se incluyen en las discusiones sobre la salud pública y la epidemia del VIH”.

Fuente Universogay

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Como en tantas otras ocasiones, cuando los términos «Rusia» y «LGTB» aparecen en una misma noticia no suele ser buen presagio. La seguridad de los fans LGTB que acudan a Rusia sigue sin estar garantizada en el mayor evento deportivo del año, el Campeonato Mundial de Fútbol, a pesar de las promesas de las autoridades de que serían bienvenidos. Un buen ejemplo de ello es la denuncia de Pride in Football, organización británica que tiene como objetivo luchar por la visibilidad del colectivo LGTB en el mundo del fútbol, que ha recibido varios correos electrónicos amenazantes. En uno de ellos los autores adj untaron la imagen de un hombre sosteniendo un puñal de forma agresiva. En otro, se aseguraba que la organización «sodomita» está en el punto de mira de la Policía rusa, por lo que sus miembros deben abstenerse de viajar al país… Cuando la competición cumple su primera semana, hacemos un primer balance de la situación. 

La polémica empezó de hecho hace ya varios meses, cuando FARE Network (Football Against Racism in Europe, una organización europea contra el racismo en el fútbol) recomendó a las personas LGTB que no se cogieran de la mano por la calle mientras se encontrasen en Rusia con motivo del Mundial dado que «podría ser peligroso». Pocos días antes del inicio de la competición, por su parte, la británica Football Supporter’s Federation advertía también a las parejas del mismo sexo que viajaran a Rusia que no mostrasen «su sexualidad en público» y recomendaba a las personas trans que fueran siempre acompañadas a los baños públicos o que usaran los baños para personas discapacitadas.

Una falta de visibilidad con la que no pocos activistas se han mostrado en desacuerdo. Según apuntaba Joe White, director de campañas de Pride In Football, ocultar al colectivo LGTB en Rusia para evitar agresiones no es una opción, porque precisamente de lo que se trata es de evidenciar que tener que esconderse es un problema. «Si vemos que es seguro, llevaremos banderas arcoiris para aportar algo de visibilidad en los estadios y demostrar que los fans LGTB del fútbol también existen y que valemos lo mismo que cualquier otro aficionado», aseguraba.

Según los índices de ILGA Europa, Rusia se encuentra en el grupo de cola de los países europeos en cuanto a derechos LGTB se refiere. Aunque la homosexualidad dejó de ser considerada delito en 1993, es un país conocido por su apabullante homofobia de Estado. La ley contra la «propaganda homosexual», aprobada en 2013, dio inicio a una escalada discriminatoria que no parece tener fin. Se trata de una norma que sanciona con fuertes multas cualquier información positiva sobre la realidad LGTB que pueda alcanzar a menores, y que en la práctica hace imposible la lucha contra el acoso por LGTBfobia y los crímenes de odio y dificulta la celebración de cualquier evento LGTB, permitiendo por ejemplo que quienes simplemente enarbolan la bandera arcoíris o reivindican la celebración del Orgullo sean detenidos, sancionados o incluso temporalmente encarcelados. La situación ha llegado a ser especialmente desesperada en la República rusa de Chechenia, donde el Gobierno local ha encontrado en el colectivo LGTB el perfecto chivo expiatorio y donde las autoridades rusas han demostrado una ausencia total de voluntad política para investigar los crímenes de odio y llevar a los responsables ante la justicia.

Según recogieron diversos medios internacionales, este contexto de LGTBfobia imperante en Rusia se materializó de forma dramática pocos días antes de la inauguración del Mundial, cuando un aficionado gay francés y su acompañante fueron brutalmente agredidos en San Petersburgo. El ciudadano francés sufrió una fuerte contusión cerebral junto a fractura de mandíbula y tuvo que ser hospitalizado. Es complicado saber hasta qué punto la homofobia de los agresores, ya detenidos, jugó un papel determinante (la agresión se acompañó del robo de los teléfonos móviles), pero de lo que no cabe duda es de que la homofobia sí estuvo muy presente en la forma en la que la noticia se difundió. «Aunque las víctimas sean homosexuales, eso no justifica a los monstruos que les atacaron», se llegó a comentar en el canal de Telegram ruso ‘OperSlil’.

Desafortunadamente, este no ha sido el único incidente en lo que llevamos de Mundial. El jueves 14, día en el que se inauguraba la competición, el activista LGTB británico Peter Tatchell era detenido por la policía rusa en la Plaza Roja de Moscú, tras protestar contra el historial de abusos del Estado ruso contra el colectivo LGTB. Tatchell mostró una pancarta frente al Kremlin en la que se podía leer «Putin no actúa contra la tortura de personas homosexuales en Chechenia». Al poco tiempo, fue abordado por diversos agentes policiales, quienes le advirtieron que su protesta no estaba autorizada. Fue detenido y llevado a dependencias policiales, y liberado al cabo de unas pocas horas. Según declaraciones del propio Tatchell, fue «más o menos bien tratado, en parte porque soy un ciudadano británico y porque un diplomático de la embajada del Reino Unido contactó con la policía. Supongo que los rusos no querían mostrar su faceta más dura durante el Mundial de Fútbol». De hecho, al activista británico se le ha permitido abandonar Rusia pese a estar pendiente de una citación judicial el próximo día 26.

Lo cierto es que Rusia se encuentra inmersa estos días en una gran contradicción. Mientras se suceden amenazas, agresiones y detenciones contra el colectivo LGTB, las autoridades del Mundial han asegurado que las personas homosexuales, bisexuales y trans recibirán una «cálida acogida» y podrán ondear banderas arcoiris a los estadios. Se ha permitido, en teoría, la instalación por parte de FARE de las llamadas «casas de la diversidad» en Moscú y San Petersburgo (espacios seguros donde los fans LGTB pudieran reunirse para ver los partidos y albergar actividades), pero la de San Petersburgo se quedaba sin local en el último minuto. Medidas contradictorias en un contexto social y político adverso hacia la diversidad sexual y de género, que nos recuerdan que el Mundial de Fútbol -y la consecuente mirada internacional posada sobre Rusia- terminará, pero los retos a los que debe enfrentarse la comunidad LGTB en la Federación Rusa persistirán.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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El diccionario de Suecia incluye oficialmente un pronombre de género neutro

“Hen”, el pronombre neutro que ya es oficial en Suecia

La Iglesia de Suecia usará el género neutro para referirse a Dios

El Parlamento de Suecia ha aprobado el pago de una indemnización compensatoria a las personas trans que fueron obligadas a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. Se trata de la primera vez que un país toma esta decisión, en lo que supone una importante victoria de los colectivos en favor de los derechos de las personas trans. En 2016, el ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, confirmó que el Gobierno sueco pagaría una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

El 19 de diciembre de 2012 un tribunal de Estocolmo consideró inconstitucional y contraria a la Convención Europea sobre Derechos Humanos la ley de 1972 que obligaba a aquellas personas transexuales que quisieran modificar su situación registral a someterse a la esterilización. Comprensiblemente, la ley despertaba una fuerte oposición dentro del país (el entonces primer ministro Fredrik Reinfeldt la describió en 2010 como “un capítulo oscuro de la historia sueca”) y provocaba asombro en el extranjero. El Gobierno sueco ya tenía programado eliminar el requisito de esterilización a partir del 1 de julio de 2013, pero el dictamen judicial lo adelantó unos meses (en enero de 2013 nos hicimos eco en esta misma página).

Ya por entonces la presidenta de la Federación Sueca por los Derechos LGTB (RFSL) adelantó su intención de demandar indemnizaciones para las personas que sufrieron la ley (se estima que de 600 a 700). Han pasado cinco años, pero por fin el Parlamento sueco ha tomado la decisión de resacirlas. Recibirán 225.000 coronas suecas (algo más de 22.000 euros). A modo de precedente, en 1999 el Parlamento sueco aprobó indemnizaciones por 175.000 coronas suecas para las víctimas de esterilizaciones forzadas bajo un programa de eugenesia en vigor entre 1935 y 1996. “Ha sido una larga lucha, y estoy feliz de que la RFSL haya jugado un importante papel en esta histórica victoria. Hemos demandado esto desde 2013, cuando el requisito de esterilizarse para modificar legalmente la identidad de género fue abolido. El dinero no puede deshacer el daño de perder de forma forzada tus capacidades reproductivas, pero la compensación monetaria es un paso importante para que el Estado resarza de alguna forma a todas aquellas personas que lo sufrieron”, ha declarado Emelie Mire Åsell, portavoz del área trans e intersex de la RFSL.

La decisión ha sido saludada tanto por ILGA-Europa como por Transgender Europe, que consideran que marcha un importante precedente. “Esta decisión es un mensaje para los 16 países europeos en los que se continua obligando a las personas trans a esterilizarse antes de ver reconocida legalmente su identidad de género. La Corte Europea de Derechos Humanos ya falló en 2017 que los requisitos de infertilidad en las leyes de reconocimiento de la identidad de género son contrarios a los derechos humanos de las personas trans, de modo que todos los países que los siguen exigiendo deben reformar sus leyes”, expresa el comunicado de Transgender Europe.

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017, como señalaba el comunicado de Transgender Europe, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Y aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, según esta organización 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó el pasado mes de octubre tramitar una ley en ese sentido.

En España, aunque la situación es más favorable y no se exige la esterilización como tal, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo pendiente de ser actualizado por el Congreso, donde la proposición de ley correspondiente, presentada por el grupo socialista, fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma. Posteriormente permaneció bloqueada durante varias semanas más por la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos. El desbloqueo no tuvo lugar hasta finales de febrero, un año después de ser registrada. Esperemos que se apruebe en próximas semanas.

Fuente Dosmanzanas

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Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un joven será sometido a juicio desde este lunes por el crimen de la líder de la comunidad trans Diana Sacayán, asesinada a puñaladas en octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, y por primera vez se aplicará la figura de “travesticidio” en la Capital Federal, informaron fuentes judiciales.

Un joven será sometido a juicio desde este lunes por el crimen de la líder de la comunidad trans Diana Sacayán, asesinada a puñaladas en octubre de 2015 en su departamento del barrio porteño de Flores, y por primera vez se aplicará la figura de “travesticidio” en la Capital Federal, informaron fuentes judiciales.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº4, que fijó otras dos audiencias para el 14 y 16 del mismo mes.

El fiscal de juicio será Ariel Yapur, mientras que en el banquillo de los acusados estará Gabriel David Marino (25), quien está detenido desde octubre de 2015 y a quien en noviembre pasado la Cámara de Casación le prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses más.

Según las fuentes, este joven está imputado de los delitos de “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo”.

Esto significa que este será el primer juicio por un travesticidio en la Capital Federal, ya que hasta ahora sólo se realizaron dos, uno por el crimen de Natalia Sandoval (35) -en Mendoza– y otro por el de Vanesa Zabala (31) -en Santa Fe, pero en esos casos, si bien se aplicó pena de perpetua, no se aplicó el agravante de odio de género.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por los fiscales Matías Di Lello y Mariela Labozzetta, Marino, junto a otro hombre (que no se encuentra en esta etapa procesal) asesinaron a Sacayán (40) en el interior del departamento de la avenida Rivadavia al 6700 entre el sábado 10 y el domingo 11 de octubre de 2015.

El cuerpo fue hallado dos días después atado de pies y manos, y la autopsia reveló que la víctima presentaba 27 lesiones en su cuerpo, 13 de ellas producidas por un arma blanca, presumiblemente con un cuchillo de una hoja de 20 centímetros secuestrado en la escena del crimen.

Por su parte, Marino reconoció en su indagatoria que había conocido a Sacayán en el marco de un tratamiento por adicciones y que había tenido un par de encuentros sexuales con ella, pero negó haberla matado.

Según la versión del acusado, él llegó al departamento donde había otro hombre con el que la víctima habría discutido y en esas circunstancias, Sacayán habría sacado un cuchillo, que le fue arrebatado por esa otra persona que la apuñaló.

Para los fiscales que intervinieron en la etapa de instrucción, el contexto y el modo en el que se produjo el hecho permitieron suponer que el homicidio estuvo motivado “por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)“.

Los fiscales sostuvieron que Marino llamaba por teléfono a Sacayán, la contactaba por Facebook e iba seguido a su departamento, al tiempo que ella lo presentó a sus compañeras y amigas como su novio.

Para los acusadores, el imputado ingresó al círculo íntimo de la víctima durante el último mes de su vida y que esas circunstancias le facilitaron el acceso a la vivienda la noche del homicidio.

En cuanto a la acusación, fundada en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal que permite configurar un homicidio en femicidio, los fiscales explicaron que la identificación del género de una persona debe hacerse en función de su identidad de género.

Por ello, el término “mujer” incluye también a las personas travestis, transexuales o transgénero que tienen una identidad femenina.

En ese sentido, los fiscales consideraron que el inciso 11 abarca una modalidad específica de femicidio que es la llamada “travesticidio/transfemicidio” y es la que pretende visibilizar la particular violencia que sufren las travestis y mujeres trans.

Con respecto al odio, indicaron que el primer indicio para establecerlo es el alto grado de violencia con que los autores perpetraron el crimen y “los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar”.

Al respecto, recordaron que la víctima fue apuñalada, amordazada, atada de pies y manos, golpeada, con puños y objetos contundentes y hasta pateada.

Por último, los fiscales remarcaron que en la indagatoria del acusado se evidenciaron “prejuicios que albergaba hacia las personas travestis y homosexuales”.

Por su parte, el otro sospechoso fue detenido al igual que Marino el 28 de octubre de 2015 en el partido bonaerense de Morón, y se estima que será juzgado por el hecho en otro debate oral.

Fuente Ambito.com, vía SentidoG

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En su última colección para Burberry, Christopher Bailey celebra la diversidad sexual incorporando los colores de la bandera del orgullo LGBT a su clásico estampado y anunciando programas y donaciones a asociaciones que luchan por los derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales. 

Coincidiendo con el inicio de la London Fashin Week, el sábado, 17 de febrero, la marca Burberry presenta su nueva colección, que será la última de su actual director artístico, Christopher Bailey, de 46 años de edad y con la firma desde 2001, que ha querido contribuir a la reivindicación de los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales incorporando los colores del orgullo LGBT en el estampado habitual de sus productos en una colección que ha denominado Rainbow check, que se podrán adquirir inmediatamente después de su presentación, siguiendo su política de ‘see now, buy now’, lo ves ahora, lo compras ahora.

«El arco iris, símbolo de inclusión y alegría, se celebra en toda la colección de febrero de 2018 (…). Mi colección final aquí en Burberry está dedicada en apoyo a algunas de las mejores y más brillantes organizaciones que apoyan a los jóvenes LGBTQ+ en todo el mundo. Nunca ha habido un momento más importante para decir que en nuestra diversidad radica nuestra fuerza y nuestra creatividad» asegura Bailey en Instagram, anunciando que la marca tiene la intención de realizar donaciones económicas a asociaciones que luchan por los derechos del colectivo LGBT como The Albert Kennedy Trust, The Trevor Project e ILGA. Fundada por Thomas Burberry en 1856, la compañía se ha comprometido a apoyar a los jóvenes a través de programas de aprendizaje y experiencia laboral en la empresa, así como a través de becas y donaciones.

«El 24% de los 150.000 jóvenes sin techo en el Reino Unido se identifican como LGBT y llegan a esta situación después de haber experimentado abuso y rechazo solo por ser lo suficientemente valientes como para abrirse a sus familias (…). La donación de Burberry servirá para respaldar nuestro continuo trabajo para proporcionar hogares seguros y ayuda a los jóvenes; para desarrollar nuestro programa de participación juvenil y para financiar nuestro planes de llevar AKT a más ciudades para que podamos llegar a las personas más vulnerables», asegura Tim Sigsworth, director ejecutivo de The Albert Kennedy Trust. Imagen de la marca actualmente, Cara Delevingne no ha tardado en celebrar la iniciativa de Burberry en Twitter.

Fuente Universogay

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La delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

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