En 2022, ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenaron el uso de la violencia contra las personas LGBTQ+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).
En la declaración, las organizaciones LGBTQ+ señalaron que 70 países de todo el mundo seguían penalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.
ILGA Asia señaló que 11 países -Afganistán, Brunéi, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGBTQ+. Ocho de esos países están en Asia.
Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunéi, Mauritania, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Imponer la pena de muerte a las personas LGBTQ+ viola el “derecho a la vida”
Las leyes anti-LGBTQ+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, señalaron las organizaciones.
“El mantenimiento y la imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.
Tan afirmó que tales leyes vulneran numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a la gente el acceso a los sistemas sanitarios.
Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió la despenalización de las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debería abolirse en cualquier circunstancia.
“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte. Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a representación legal y a juicios justos a quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”
Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado reiteradamente el uso de la pena de muerte en numerosos países de todo el mundo.
En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que siguen aplicando la pena de muerte que garantizaran que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.
Dos homosexuales fueron ejecutados en Irán en enero de 2022
Incluso en países donde no se aplica la pena de muerte a las personas LGBTQ+, muchas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.
Algunos países, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán, mantienen leyes arbitrarias contra la “inmoralidad” dirigidas contra miembros de la comunidad LGBTQ+.
Los dos hombres, a los que la agencia de noticias Human Rights Activists llamó Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.
Comentarios desactivados en Monje budista trans sufrió una terapia de conversión durante cinco años: “Se supone que el hogar es seguro”
Una historia de libertad, “queerness” y fe| Parte 1 | Parte 2
Cuando Tashi Choedup se declaró trans no binario, sus padres los llevaron a un líder espiritual y a un psicólogo en un intento desesperado por hacerlos cambiar.
Un monje budista de la India, Tashi desde entonces ha aceptado quién es, pero aún siente los efectos de la terapia de conversión, que le dejó deprimido y con intenciones suicidas.
Está compartiendo su historia en medio de un gran impulso para prohibir la terapia de conversión en India.
Tashi es una de las cinco personas que encabezan una campaña de los grupos de derechos ILGA Asia y All Out, instando a la gente a firmar una petición que se entregará al gobierno indio.
Como tantas personas queer, Tashi fue acosado cuando era niño por la forma en que hablaban y se comportaban. “Tuve padres amorosos, afectuosos y amables y un hermano amoroso, pero para ellos todo esto es normal, ser intimidados por la forma en que soy normal. Soy yo quien se supone que debe cambiar”, le dice Tashi a PinkNews.
Cuando Tashi fue a la universidad, se dieron cuenta de que eran trans no binario. Con poco más de 20 años, regresó a la casa familiar y salió del armario. Los padres se sorprendieron y, desesperados por cambiar a su hijo, hicieron arreglos para que Tashi viera a un sanador espiritual.
Tashi fotografiado en un video fijo para una campaña de ILGA Asia y All Out sobre terapia de conversión. (ILGA-Asia)
“No sé qué conversación hubo entre ellos, pero una vez que llegué allí, quedó claro que se trataba principalmente de mi sexualidad y mi identidad de género y que necesitaba curarme”, dice Tashi. “El religioso me preguntó algunas cosas y decidió hacer lo suyo de ponerme las manos en la cabeza, bendiciendo. Sabía lo que estaba pasando y era bastante incómodo. No estaba preparado y no estaba bien porque sabía que no me pasaba nada. Era intrusivo y no estaba de acuerdo con ello. No lo estaba buscando en ningún sentido”.
Cuando eso falló, llevaron a Tashi a un psicólogo clínico. “Más que mi padre creyendo en lo que creía, era más espantoso ver en qué podía creer una persona de ciencia”, dice Tashi.
La experiencia fue un doloroso recordatorio para Tashi de que el mundo piensa que hay “algo mal” con ellos. “He visto a muchos de mis amigos que han pasado por experiencias similares, por lo que no es raro, lo que lo hace más aterrador. Es tan común que lo aceptamos”. Tashi se imaginó hablando por un micrófono.
Tashi se vio obligado a ver a un sanador espiritual y un psicólogo. (Suministrado)
Tashi consideró suicidarse después de la terrible experiencia de la terapia de conversión.
En total, Tashi pasó unos cinco años experimentando varios intentos de conversión. “Duró hasta que me fui de casa, después de convertirme en un monástico, después de que me ordenaron. Hasta entonces, siempre fue un sanador religioso o un psicólogo o las llamadas “intervenciones familiares”: todos te dicen que esto está mal, que no estás bien, que debes cambiar, avergonzándote, culpándote, chantaje emocional. Todo eso es parte de la llamada conversión, creo”.
Tashi continúa: “Estuve deprimido durante mucho tiempo. Hubo pensamientos de suicidarme, también hubo intentos. No se lo deseo a nadie. No creo que nadie deba pasar por eso en ningún sentido. Se supone que el hogar es seguro, pero desafortunadamente, como sabemos, para las personas trans queer, los hogares familiares natales en especial no lo son”.
Tashi finalmente se fue de casa después de que fuera ordenado. De su familia, dice: “Me aman, creo, a su manera retorcida… También he experimentado su amor, lo que significa que, de alguna manera, siento el [deber] de mantenerme en contacto con ellos”.
Ryan Ong, oficial de comunicaciones de ILGA Asia, le dice a PinkNews que los sobrevivientes de la terapia de conversión en los países asiáticos a menudo quedan con un trauma emocional y psicológico duradero. “Algunos defensores afirman que estas prácticas se llevan a cabo con consentimiento, pero a menudo existen leyes imperantes, discriminación, estigma y presión de la sociedad en estos contextos que hacen que las personas LGBTQIQ interioricen la idea de que están equivocadas, enfermas o pecadoras, y busquen terapia de conversión bajo presiones extremas”, dice Ong.
“Nuestra campaña está diseñada para aumentar la conciencia sobre la naturaleza dañina de la terapia de conversión y generar defensa para la protección de las personas LGBTIQ contra estas prácticas nocivas, que no tienen una base científica. Implicamos a los gobiernos y comunidades de Asia que tomen medidas para proteger los derechos humanos y la dignidad de todas las personas y que tomen medidas decisivas y concretas para poner fin a la terapia de conversión de forma permanente”.
Henry Koh, director ejecutivo de ILGA Asia, dice que la terapia de conversión “viola la dignidad inherente y los derechos humanos de las personas LGBTIQ”. Y agrega: “Entendemos que puede haber factores culturales, religiosos u otros factores contextuales que contribuyan a la resistencia a nuestra campaña, pero instamos a todas las partes a abordar este tema con sensibilidad y empatía por las experiencias de las personas LGBTIQ que han sufrido graves daños emocionales. y daños psicológicos como resultado de estas prácticas”.
El pasado mes de octubre, el Senado de México votó para prohibir todas las terapias de conversión. En agosto, la ya dimitida primera ministra del Reino Unido Liz Truss, se posicionaba en contra de prohibir las terapias de conversión. El Partido Conservador había estado prometiendo una prohibición de la terapia de conversión en el Reino Unido desde 2018, y el año pasado finalmente produjo un documento de consulta. Sin embargo, la consulta estuvo plagada de banderas rojas, comparando el tratamiento médico afirmativo para niños trans con la terapia de conversión, brindando exenciones religiosas e incluso afirmando que los adultos pueden dar su consentimiento libremente a la terapia de conversión.
Las propuestas de legislación del Reino Unido empeoraron este año cuando se anunció que la prohibición solo cubriría la orientación sexual y no la identidad de género. Por otro lado, Escocia se ha separado de la postura arcaica de los Tories, produciendo su propio informe de un grupo asesor de expertos del gobierno. El informe integral fue bien recibido por la comunidad LGBTQ+, centró a los sobrevivientes en todas las áreas y estableció principios clave para legislar en contra de la terapia de conversión.
Estos incluyeron una prohibición futura que debe cubrir cualquier tratamiento, práctica o esfuerzo que tenga como objetivo cambiar, suprimir o eliminar la orientación sexual, la expresión de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona, y brindar orientación específica sobre las experiencias de las personas de color LGBTQ+. – y sobrevivientes de grupos religiosos étnicos minoritarios.
En abril del mismo año también se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y en mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. La siguió Alemania el año pasado, aunque con un texto limitado a los menores de edad y con ciertas ambigüedades que el próximo Gobierno de Olaf Scholz se ha comprometido a revisar. El próximo país en sumarse será posiblemente Francia, cuya Asamblea Nacional aprobó en octubre, también por unanimidad, el veto a las pseudoterapias de conversión. Irlanda ha dado pasos en la misma dirección, antes de la disolución del Parlamento con la convocatoria de elecciones en 2020, y también se debate sobre el asunto en Austria. En mayo de este año, el Gobierno británico de Boris Johnson anunció un proyecto de ley, mientras que en Albania existe un veto de facto, toda vez que el colegio de Psicología prohíbe a sus miembros la práctica de cualquier procedimiento encaminado a intentar cambiar la orientación sexual o la identidad de género, ya sea en menores de edad o en adultos.
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
«No» rotundo de los especialistas a las pseudoterapias reparadoras
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. A nivel internacional, ya en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles «terapias»reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en Los 11 países donde las personas LGTBI+ siguen enfrentándose a la pena de muerte son urgidos a abolirla de una vez por todas.
Varias organizaciones LGTBI+ de primera línea han pedido a 11 países que pongan fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer.
ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenan el uso de la violencia contra las personas LGTBI+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), que se celebró el martes (17 de mayo).
ILGA Asia señala que 11 países -Afganistán, Brunei, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGTBI+. Ocho de esos países están en Asia.
Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunei, Mauritania, Pakistán, Catar y EAU.
Imponer la pena de muerte a las personas LGTBI+ viola el “derecho a la vida”
Las leyes anti-LGTBI+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas de procedencias socioeconómicas desfavorecidas, afirman las organizaciones.
“La fidelización e imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo es una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.
Tan dijo que estas leyes infringen numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a las personas el acceso a los sistemas de atención sanitaria.
Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió que se despenalicen las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debe abolirse en todas las circunstancias.
“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte.
“Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a la representación legal y a juicios justos para quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”
Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado repetidamente el uso de la pena de muerte en numerosos países del mundo.
En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que aún utilizan la pena de muerte que se aseguraran de que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.
Dos hombres homosexuales fueron ejecutados en Irán a principios de este año
Incluso en los países en los que no se aplica la pena de muerte a las personas LGTBI+, muchas de ellas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.
Algunos países mantienen leyes de “inmoralidad” arbitrarias que atacan a los miembros de la comunidad LGTBI+, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán.
Los dos hombres, a los que la gestoría de derechos humanos nombró como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.
Al parecer, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.
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