Cuatro adolescentes trans presentaron un recurso de amparo contra el DNU de Milei que prohíbe el tratamiento hormonal en menores de edad.

Fuente Agencia Presentes

26 de febrero de 2025
Maby Sosa
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, presentaron un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 donde se restringe el acceso a terapias de hormonización. También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron una acción ante la justicia federal e invitan a niñeces, adolescencias y familias en riesgo a tomar contacto para recibir asesoramiento legal. En las provincias, Tucumán ya presentó dos acciones legales a través de Fundación MujeresxMujeres y Trans-formando familias.

Una de las acciones tuvo lugar el martes 18 de febrero cuando cuatro adolescentes pidieron una medida cautelar para continuar con sus tratamientos. Destacaron que buscaban también evitar los graves perjuicios que su interrupción abrupta podría causar en su desarrollo y bienestar. El amparo tiene el impulso del Frente Nacional Orgullo y Lucha, el patrocinio jurídico del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera.

La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.

“Deben continuar con su tratamiento”

Organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron que la interrupción abrupta en las terapias hormonales en adolescentes trans puede generar consecuencias tanto físicas como psicológicas. Mencionan entre ellas depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio.

“Es nuestro deber como Sociedad Científica encargada del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina informar a la sociedad en su conjunto que desde los equipos de salud no se realizan hormonizaciones ni cirugías en la infancia. Durante esta etapa se realiza un acompañamiento médico pediátrico, social y psicológico”, expresó la SAP en un comunicado que se adjuntó a la medida cautelar. “Las intervenciones médicas farmacológicas, en el caso de ser necesarias sólo pueden realizarse una vez iniciada la pubertad, bajo estándares científicos y principios éticos. Del total de los casos asistidos, solo una proporción menor necesita tratamiento farmacológico. Consideramos que esta población debe continuar su tratamiento”, agregaron.

Con respecto a la importancia que tuvo la Ley 26.743 de Identidad de Género, resaltaron el avance en términos de salud que implicó el reconocimiento de las identidades trans. “Estudios científicos han mostrado que la falta de acceso a la salud integral aumenta la prevalencia de depresión, ansiedad e intentos de suicidio. En contraste, el acceso a tratamientos adecuados respaldados por equipos interdisciplinarios especializados mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar”, sumaron desde la sociedad de profesionales.

Un decreto ilegal

El DNU 62/2025 además de intervenir en forma anómala en la Ley de Identidad de Género que garantiza el acceso a terapias hormonales en base al principio de autonomía progresiva también contradice el Código Civil y Comercial de la Nación. Allí se reconoce el derecho de los y las adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud.

El abogado patrocinante, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que el DNU 62/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable porque “no cumple con los requisitos de habilitación para su dictado previstos por la constitución argentina”. Y destaca que, además, el decreto “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculca el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos respecto de un grupo de personas vulnerables que tienen una protección especial de la constitución y los derechos humanos.”

Acerca de la acción de amparo presentada el 18 de febrero, expresó: “espero que, ante un caso tan concreto, tan evidente, la justicia responda de manera célere para garantizar dichos derechos y el plan de vida a adolescentes que, en este momento, debido a este decreto, están sufriendo mucho.”

“Esperemos que el Poder Judicial sepa escuchar”

La abogada e investigadora del Conicet Marisa Herrera expresó que la presentación que realizaron los cuatro adolescentes “sintetiza la puesta en práctica del verdadero interés superior del niño”. Herrera elaboró un informe técnico que respalda el amparo.

Dijo a Presentes que también en el ámbito profesional surge la pregunta respecto a si los médicos pueden o no recetar. “Desde el punto estrictamente jurídico, el decreto lo prohíbe y se encuentra vigente hasta que no se decrete su inconstitucionalidad”, aclaró. “Algunos profesionales han decidido no suspender los tratamientos en curso por las implicancias a la salud física y psíquica que trae consigo una interrupción brusca. Pero también decidieron no comenzar nuevos tratamientos, con las consecuencias negativas que se deriva de ello”.

Destaca que las consecuencias son más grandes tratándose de adolescentes, en especial, tratándose de adolescentes trans.

Herrera explicó, “esta acción pretende, entre otras tantas cosas, lograr un verdadero acto de reparación como lo sería conseguir que la autoridad judicial declare la inconstitucionalidad del Decreto 62/2025”. Y agrega, “celebramos que, en esta oportunidad, el nefasto decreto mencionado sea defendido en primera persona. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, o sea, que sepa escuchar”.

Una medida contra los derechos humanos

Desde 100% Diversidad y Derechos junto a la,,expresaron que el decreto de Javier Milei es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y que si no se declara inconstitucional, “abre la puerta a nuevas restricciones que podrían afectar otros derechos fundamentales, debilitando el marco de protección jurídica en Argentina.”

En ese sentido, Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que: “confiamos en que el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo será respetado para las personas trans. El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans menores de edad y de sus familias, que sólo buscan vivir sus vidas en paz”.

Como integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Valeria Pavan advirtió que “en el pasado la imposibilidad de las personas trans de acceder a terapias de hormonización e intervenciones quirúrgicas provocó que para intentar acceder a cambios corporales se recurra a la inyección de silicona liquida que ha provocado graves daños a la salud y contribuido a una esperanza de vida disminuida de las personas travestis y trans”.

La Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB Munay representada por Natalia Bertazzoli expresó que esperan una respuesta favorable al pedido de los adolescentes. “No podemos retroceder en materia de derechos humanos, y no vamos a permitir que se les arrebate la posibilidad del acceso a la salud y al trato digno”.

Más acciones 

Apenas se dio a conocer el DNU, dos organizaciones de Tucumán presentaron un amparo contra el Estado para que se anule el decreto de Javier Milei. Se trata de la Fundación Mujeres x Mujeres y Transformando familias. Ambas llevan un intenso trabajo en acompañamiento de salud integral para personas trans.

También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), representada por su presidenta, María Rachid, junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esa acción judicial lleva también el patrocinio del letrado Andrés Gil Domínguez, la abogada Flavia Massenzio y el abogado Martín Muñoz. Busca que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto.

«Esta prohibición absoluta no solo vulnera la autonomía progresiva y la igualdad ante la ley, sino que además genera consecuencias gravísimas en la salud de las personas trans adolescentes. Suspender tratamientos en curso puede provocar daños irreversibles en la salud física, mientras que impedir el acceso a quienes aún no han iniciado el proceso le expone a un grave deterioro de su salud mental», expresó Rachid en el comunicado sobre la presentación judicial. Además, la organización convoca a todas las niñeces, adolescencias y familias en riesgo por esta medida discriminatoria, a tomar contacto a los fines de recibir asesoramiento legal.

El 11 de febrero en Diputados se comenzó a debatir las diversas posturas respecto al DNU para lograr el rechazo de la Cámara Baja. También ILGA, la organización más grande de la diversidad sexual en el mundo, repudió la modificación de la Ley de Identidad de Género, pidió la derogación del decreto e instó a organismos e instituciones que se posicionen al respecto.

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20 de febrero Escrito por Sophie Perry

El asesinato del «primer imán gay del mundo» Muhsin Hendricks ha causado conmoción en todo el mundo, especialmente entre los musulmanes LGBTQ+.

Hendricks fue asesinado en un ataque al estilo de una ejecución a plena luz del día el sábado por la mañana (15 de febrero) después de que el coche en el que viajaba, cerca de la ciudad costera de Gqeberha, en la provincia del Cabo Oriental del país, fuera emboscado. Tenía 57 años.

Una figura encapuchada fue captada por las cámaras de seguridad saliendo de una camioneta que había bloqueado el vehículo de Hendricks antes de disparar a través de la ventana.

No ha habido arrestos, pero el viceministro de justicia Andries Nel ha dicho que las autoridades están «pisándoles los talones» a los sospechosos. Aunque el motivo exacto del asesinato sigue sin estar claro, el incidente ha dejado a los musulmanes LGBTQ+ temerosos.

En declaraciones a PinkNews sobre el asesinato del imán sudafricano, Al, un musulmán queer residente en el Reino Unido, preguntó si alguien como Hendricks, que era conocido en todo el mundo, podía ser asesinado abiertamente, y si lo hacía, “¿qué pasa con el resto de nosotros?”.

Al continuó diciendo: “La gente ha planteado esto como un problema que ocurre en otros espacios, no en el Reino Unido, [pero] con demasiada frecuencia los musulmanes queer en el Reino Unido sufren amenazas de muerte, abusos, violencia física [y] tortura a manos de la familia y la comunidad en general.

“Los musulmanes queer jóvenes crecen con este miedo –e incluso cuando nos hacemos mayores seguimos viviendo con este miedo– de que un día algo así nos pueda pasar a nosotros. Cuando le ha pasado al primer imán abiertamente queer, nos hemos dado cuenta de que nos puede pasar a cualquiera de nosotros”.

Hendricks, un pionero en los círculos religiosamente conservadores, fue apodado el primer imán abiertamente gay del mundo, después de que se declarara homosexual en los años 90.

Luego creó The Inner Circle, más tarde conocida como Fundación Al-Fitrah, que trabajaba para apoyar a los musulmanes LGBTQ+ a reconciliar su fe e identidades y buscaba educar a otros imanes, ayudándolos a desarrollar una comprensión inclusiva del género y la sexualidad en el Islam.

“Hay que desaprender mucho [pero] es asombroso lo que se les ocurre a los imanes”, dijo en 2020. “Aportan investigación y contexto y lo combinan con el texto religioso, y se producen estos momentos de ‘¡ajá!’”.

Al, miembro del equipo de Imaan, la principal organización benéfica musulmana LGBTQ+ del Reino Unido, dijo que Hendricks era un amigo personal y que su muerte había sido un “profundo shock” para la comunidad, y que algunos sintieron la “necesidad de volver al armario”.

Añadió: “[Los miembros de la comunidad] sienten que necesitan adaptarse. El trauma que eso conlleva es muy problemático porque el trabajo de personas como Muhsin Hendricks, en particular, [permitió] que las personas vivan [como] su yo auténtico. Nadie debería quedar fuera de su familia, comunidad o grupo religioso, y la divinidad no debería ser exclusiva de un grupo. Todo el mundo debería tener acceso a eso, en todo el Reino Unido y en todo el mundo. Nos sentimos silenciados, nuestras palabras no hacen justicia a nuestros sentimientos”.

Tras la muerte de Hendricks, Imaan está apoyando directamente a la comunidad LGBTQ+ al continuar con sus numerosos servicios: sesiones de terapia, reuniones presenciales y en línea y grupos de apoyo.

El asesinato de Hendricks tenía todas las características de un atentado.

Dos importantes organizaciones musulmanas de Sudáfrica, el Consejo Judicial Musulmán (MJC) y el Consejo de Ulamas Unidos de Sudáfrica (UUCSA), condenaron el asesinato, pero siguen denunciando sus enseñanzas sobre género y sexualidad en el Islam, lo que refleja la opinión de muchos de que el Corán prohíbe las relaciones entre personas del mismo sexo.

Inicialmente se informó de que Hendricks había recibido un disparo después de celebrar una ceremonia de boda lésbica, pero su Fundación Al-Ghurbaah publicó un comunicado en el que revelaba que estaba en Gqeberha para oficiar dos matrimonios heterosexuales interreligiosos.

Como señaló la reportera de la BBC con sede en Johannesburgo Khanyisile Ngcobo, los imanes tradicionales de Sudáfrica rara vez celebran matrimonios entre una pareja musulmana y una no musulmana. Es otra de las formas en las que Hendricks estaba en desacuerdo con los líderes religiosos más conservadores.

Al dijo que las respuestas del MJC y la UUCSA fueron las “más esperanzadoras” que han visto en medio de una ola de odio desde dentro y fuera de la comunidad musulmana. Señaló que no ha habido mensajes similares de organizaciones islámicas en el Reino Unido.

“Me encantaría ver a las principales mezquitas e instituciones aquí hablando de esto y realmente asumiendo la responsabilidad de cómo los musulmanes queer son rechazados y no aceptados en esos espacios, y qué van a hacer para asegurarse de que dejen de alienarnos”, dijo Al.

“[Los] menos educados [están] todavía burlándose de la causa y burlándose de su muerte. Esto es doloroso para nosotros”.

 El año pasado, Imaan organizó el primer Orgullo Musulmán del Reino Unido, una celebración de un día completo de la cultura, el activismo y la historia musulmana queer. Originalmente programado para 2020, tuvo que cancelarse debido a la pandemia de COVID-19.

En ese momento, Ferhan Khan, musulmán practicante no binario, dijo que el evento desafiaba la idea de que el Islam era “inherentemente queerfóbico“, y agregó: “Esta es una suposición que no se basa necesariamente en hechos porque si lees las partes del Corán que supuestamente condenan la homosexualidad, no está claro. Para muchos musulmanes queer, esto es difícil porque es posible que quieran conservar su fe. Es posible que simplemente quieran estar en un espacio donde se les valide por ser queer y musulmanes, y eso es lo que está haciendo Imaan: ofrecer un espacio donde se les pueda validar por esa elección“.

Fuente PinkNews

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Se trata el informe anual de la entidad LGTBI+ Ilga Europa, en el que ha participado la Federación Estatal LGTBI+

Según el informe anual de la entidad internacional LGTBI+ Ilga Europa, en el que ha participado la Federación Estatal LGTBI+, estamos al inicio de “una nueva era” de ataques coordinados contra los derechos fundamentales no solo de las personas LGTBI+, sino de toda la sociedad.

Tal y como recoge el «Informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en Europa y Asia Central», publicado este martes, existe una corriente global que promueve el aumento de legislación anti-LGBTI y amenaza los derechos fundamentales. Según la investigación, que analiza la situación de todos los países de Europa y Asia Central, los gobiernos están alimentando el sentimiento anti-LGBTI para impulsar leyes que restringen la libertad de expresión, asociación y las elecciones justas.

La investigación refleja una tendencia internacional a promover los discursos de odio LGBTIfóbicos, el sexismo y la misoginia, por parte de figuras públicas y registra intentos de introducir legislaciones para vetar la educación afectivo-sexual, familiar y de género en Bulgaria, Hungría, Italia, Países Bajos, Luxemburgo, Noruega, Rumanía, Rusia y Eslovaquia. Además, la normalización del odio también ha justificado el bloqueo de la asistencia sanitaria a las personas trans en Andorra, Georgia, Hungría, Irlanda, Moldavia, Rumanía, Rusia y el Reino Unido.

Situación en España

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, explica que “estamos en un momento agridulce. Frente a la restricción de derechos que se está produciendo en EEUU y en muchos países de Europa, en España, seguimos siendo vanguardia y ampliando libertades. El pasado junio, nos convertimos en el primer país del mundo en contar con una legislación que protege a las personas LGTBI+ en el ámbito laboral. En la actualidad, seguimos trabajando, ya desde una subcomisión en la comisión de Igualdad del Congreso, en la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio”.

“Sin embargo, asistimos con estupor al señalamiento que se está produciendo a nivel internacional y que está permeando en España a través de nuestras Comunidades, donde los partidos reaccionarios tienen poder. Y es que el Parlamento de Cantabria acaba de rechazar que deportistas trans compitan en categorías femeninas de élite. Una nueva evidencia de que a las derechas nunca les han importado los derechos de las mujeres, no han trabajado por erradicar la desigualdad salarial, las condiciones precarias o las agresiones sexuales. Es manifiesto que solo quieren subirse a la ola reaccionaria que ahora cuenta con Trump como altavoz para ver si así consiguen rédito político”, denuncia.

El director ejecutivo de ILGA-Europa, Chaber, explica que el informe publicado este martes confirma que los pasos son siempre los mismos.  “Lo que comienza como un ataque a los derechos de las personas LGBTI+ se convierte rápidamente en un ataque más amplio a los derechos y libertades de la sociedad en su conjunto. No se trata sólo de una cuestión LGBTI+, es una crisis para los derechos humanos y la democracia”, asegura.

Por su parte, la directora de Incidencia Política de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel, declara que mientras los gobiernos utilizan cada vez más a las personas LGTBI+ como chivos expiatorios para impulsar leyes restrictivas, los tribunales, tanto en la UE como en toda Europa, defienden a su vez los derechos humanos de las personas LGTBI+, con sentencias clave. “Pero en este momento crítico, no podemos dejar la protección de los derechos humanos en manos de los tribunales. La clase política, tanto a nivel europeo como nacional, debe actuar con decisión para contrarrestar los crecientes ataques contra las piedras angulares de la democracia a los que estamos asistiendo”, defiende.

“Así pues, sigamos vigilantes y sigamos ampliando derechos. Además de legislar necesitamos educación y pedagogía, para ganar conciencias. Y un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables que ponga freno a los bulos y los discursos de odio que tanto daño están haciendo sobre todo en las generaciones más jóvenes. Hagamos frente al odio, defendamos nuestros derechos con orgullo y determinación”, manifiesta Paula Iglesias.

NOTA ILGA 2025

INFORME COMPLETO ILGA 2025

Fuente FELGTBI+

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Dr. Raymond Perrier

El director de una importante agencia católica de servicios sociales en Sudáfrica recientemente combinó reflexiones sobre el tema del Año Jubilar 2025 –“Peregrinos de la esperanza”– con su experiencia asistiendo a una conferencia internacional de activistas LGBTQ+, y publicó sus pensamientos en The Southern Cross, una revista católica para la parte sur del continente africano.

Dr. Raymond Perrier, director del Centro Denis Hurley, un centro comunitario interreligioso de Durban, asistió a la más reciente conferencia de ILGA World, una asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, que es una federación mundial de más de 1.900 organizaciones de más de 160 países y territorios. Este año, Perrier se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y contó con la presencia de otros 1.400 participantes en representación de 120 países. La conferencia presentó una oportunidad para que los activistas LGBTQ+ y sus aliados compartieran sus historias y discutieran caminos a seguir.

Para Perrier, la conferencia le ayudó a establecer una conexión entre las personas LGBTQ+ y el tema de la esperanza que el Papa Francisco ha elegido para el Año Jubilar 2025, especialmente en un mundo que parece cada vez más inclinado hacia la desesperación. Él escribió:

“Las personas LGBTQI+ que conocí son peregrinos de la esperanza. Se aferran a esa esperanza a pesar de siglos de opresión; Incluso se aferran a la esperanza cuando se les arrebatan destellos de luz (de las discusiones sinodales en Roma, o de la reciente votación anglicana en Sudáfrica sobre las bendiciones entre personas del mismo sexo).

Logotipo del año jubilar

Aunque muchos participantes tenían historias personales marcadas por el sufrimiento, el rechazo y el dolor, Perrier señala que la gran mayoría de los participantes se centraron en la esperanza, la resiliencia y los sueños para el futuro, y para Perrier, esto es un eco directo del mensaje del año jubilar:

“…me llamó la atención que fueran Peregrinos de la Esperanza. No estaban en Ciudad del Cabo para quejarse de lo que habían experimentado, sino para trabajar juntos para discutir maneras en que el mundo podría ser mejor para ellos y los miembros de su comunidad. Confío en que esto sea lo que también atraerá a los peregrinos católicos a Roma y a otros centros jubilares en 2025: ¿Qué esperanza tenemos y qué esperanza podemos compartir con los demás?”

Lamentablemente, muchos de los participantes, que eran “con frecuencia cristianos y a menudo católicos”, descubrieron que sus comunidades de fe a menudo eran lugares de rechazo y desesperación, no de esperanza. Sin embargo, aunque su comunidad religiosa pudo haberlos rechazado, muchos tuvieron un fuerte sentido de bienvenida y aceptación por parte de Dios. De esa relación espiritual surge un sentimiento de esperanza. Perrier observó un fuerte sentido de espiritualidad y conexión con Dios entre los asistentes a la conferencia de IGLA, que es un evento secular, no religioso:

“Un número sorprendente de personas participaron en el evento interreligioso que dio inicio a los procedimientos. Aquí la gente pudo compartir con franqueza sus viajes espirituales —todos somos peregrinos— y me impresionó la profundidad de la reflexión y el profundo anhelo de Dios que muchos expresaron… Eran personas que hacían preguntas profundas, oraban intensamente, recurrían a los rituales y prácticas de sus tradiciones de fe y compartían sus Escrituras. Frente a muros de piedra y miradas frías, buscaron nuevas formas de explorar su fe”.

Mf Andrea Tutu

En la conferencia, Mpho Andrea Tutu, sacerdote anglicana e hija del arzobispo anglicano Desmond Tutu, habló sobre su experiencia cuando la iglesia que una vez dirigió su padre le dijo que ya no podía ejercer como sacerdote después de casarse con una mujer. Sin embargo, a pesar del dolor de ser rechazada por la iglesia, ella todavía habló de la belleza de la diversa creación de Dios:

“Este universo es tan increíblemente bello y diverso. ¿Por qué toleramos entonces la mezquina tristeza de una religión que no es conservadora, sino más bien conservadora?”

Al reflexionar sobre sus palabras y la conferencia en su conjunto, Perrier vio la conexión directa entre la perseverancia y la esperanza de las personas de fe LGBTQ+ y los objetivos del año jubilar más reciente, expresados en la primera cita anterior.

Mientras todos emprendemos nuestras propias formas de vivir los objetivos del año jubilar, Perrier ofrece el siguiente desafío:

“No puedo evitar mirar el logotipo del Año Jubilar desde un nuevo ángulo. Muestra un mar tempestuoso —las olas que nos rodean no ceden— y el foco está en la cruz. Como cristianos, Cristo es siempre nuestra esperanza, aun cuando otros quieran quitárnoslo. Aferrados a esa cruz —o marchando hacia ella— hay un grupo de personas (sin género definido) de distintos colores. Esto podría recordarnos a la Nación Arcoíris de Sudáfrica, o a la bandera Arcoíris del movimiento LGBTQI+.

“Somos peregrinos juntos, afrontamos juntos las tormentas del conflicto y caminamos juntos hacia Cristo. Ya seamos sacerdotes, obispos, cardenales o católicos habituales en los bancos de la iglesia, cada uno de nosotros puede elegir si queremos ver y escuchar a nuestros compañeros peregrinos y tenderles una mano de esperanza, o abandonarlos para que se ahoguen”.

Phoebe Carstens (ellos/ellas), New Ways Ministry, 14 de febrero de 2025

Fuente New Ways Ministry

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Muhsin Hendricks dirigía una mezquita en Ciudad del Cabo que era refugio para homosexuales.

El mundo ha perdido una voz valiente e inspiradora. Muhsin Hendricks, el primer imán abiertamente gay, fue asesinado a tiros a los 57 años en un crimen que ha conmocionado a la comunidad LGTBI y al mundo musulmán progresista. Su labor incansable por la inclusión y los derechos de las personas queer dentro del islam le convirtió en un referente global, pero también en un blanco de odio.

Muhsin Hendricks, una figura pionera en el mundo musulmán que era considerado primer imán abiertamente gay e del mundo, murió a tiros este sábado en Sudáfrica. Después de declararse gay en 1996, Hendricks organizó reuniones en su casa para otras personas musulmanas de la comunidad LGBTQ+ y más tarde dirigió su propia mezquita.

El activista y religioso musulmán Muhsin Hendricks, ha sido asesinado este sábado en una emboscada contra el vehículo en el que se desplazaba por la ciudad de Gqeberha.

El imán estaba en un automóvil con otra persona cuando un vehículo se detuvo frente a ellos y les impidió el paso. Posteriormente, dos atacantes no identificados salieron del vehículo y dispararon varias veces, lo que acabó con la vida de Hendricks. “Dos individuos desconocidos y con la cara cubierta salieron del vehículo y comenzaron a disparar contra el vehículo“, ha explicado la Policía en un comunicado recogido por la BBC.

Hendricks, de 57 años, dirigía una mezquita en Ciudad del Cabo que era además refugio para homosexuales y otros musulmanes marginados. El asesinato ha sido ya condenado por organizaciones LGTBI de todo el mundo.

La directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA), Julia Ehrt, ha instado a las autoridades a investigar porque “nos tememos que ha sido un crimen de odio”.

“Apoyó a tanta gente en Sudáfrica y en todo el mundo en su viaje para reconciliarse con su fe. Y su vida ha sido un testamento de lo sanadora que es la solidaridad entre comunidades“, ha destacado.

La Fundación Al Ghurbaah de Hendricks ha confirmado la muerte del imán en un ataque intencionado perpetrado en la mañana del sábado. El presidente de la Fundación, Abdulmugheeth Petersen, ha pedido a sus seguidores paciencia y protección para los familiares de Hendricks.

Hendricks hizo pública su homosexualidad en 1996 y provocó una agria polémica en los círculos musulmanes tanto en Ciudad del Cabo como en el resto del mundo. El mismo año fundo The Inner Circle, (El Círculo Interior), una organización pionera que apoyaba y daba un espacio seguro a musulmanes LGTBI  y promovía un islam más inclusivo. Con su liderazgo, muchas personas encontraron un espacio seguro donde reconciliar su fe con su identidad. Un espacio que fue el germen de lo que posteriormente fue la Mezquita de Masjidul Ghurbaah. En 2022 fue inmortalizado en un documental titulado El Radical.

Desde que hizo público que era gay, Hendricks dedicó su vida al activismo y ha trabajado con comunidades de todo el mundo. El imán también realizó diversas investigaciones sobre el islam y la diversidad sexual. El erudito sudafricano era un gran defensor de las comunidades interreligiosas como un factor de sanación para aquellas personas LGTBI que buscan reconciliarse con su fe.

A pesar de las amenazas que enfrentó durante años, nunca dejó de alzar la voz. “Dios no comete errores”, solía decir, defendiendo que la espiritualidad y la orientación sexual no deberían ser incompatibles. Su valentía y amor por la justicia le ganaron el respeto de muchas personas, pero también la animadversión de sectores conservadores.

“Para mí, es importante que dejemos de ver a la religión como el enemigo”, dijo Hendricks durante la Conferencia Mundial de ILGA el pasado noviembre.“La religión es probablemente una de las principales causas de los problemas de salud mental y los traumas en nuestras comunidades, pero al mismo tiempo tenemos relatos de personas queer de fe que hablan de cómo la religión las ha salvado y sanado. Pero, ¿qué tipo de religión es esa? Es la religión en la que nosotras, las personas queer, podemos desconectarnos de aquellas partes que son extremistas y no hablan de inclusión y compasión”.

En una ntrevista con el canal Openly en la red social TikTok, Muhsin Hendricks afirmaba: “Creo que es posible ser  ‘queer’ y musulmán, o ‘queer’ y cristiano. La representación de la fe o de la religión que nos ha sido transmitida no nos incluye. Si analizas la religión, y me refiero específicamente al islam, compruebas hasta qué punto el patriarcado ha moldeado la interpretación de las Escrituras. Por eso, para los musulmanes ‘queer’ que desean seguir fieles a sus tradiciones, es importante revisar esas interpretaciones y, de algún modo, lograr que estas tengan en cuenta a las personas ‘queer’. Nadie tiene el monopolio de la fe”.

El brutal asesinato de Hendricks no solo es una pérdida para la comunidad LGTBI, sino también un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes desafían las normas establecidas en defensa de los derechos humanos. La policía aún investiga las circunstancias de su muerte, y activistas han exigido que se haga justicia, pidiendo que no quede impune como tantos otros crímenes de odio.

Su legado, sin embargo, seguirá vivo. Muhsin Hendricks demostró que el amor y la fe pueden coexistir, y su lucha ha dejado una huella imborrable en la historia del islam inclusivo. Hoy, su comunidad y seguidores lloran su partida, pero también se comprometen a continuar su misión: construir un mundo donde todas las personas, sin importar su orientación o identidad, puedan vivir su espiritualidad en libertad y sin miedo.

Sudáfrica fue el primer país en incluir en su Constitución la prohibición de la discriminación por orientación sexual y en 2006 se convirtió en el primer país africano en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

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Fuente Agencias/20Minutos/Oveja Rosa

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Según el Rainbow Map de Ilga Europa

Según el Rainbow Map de Ilga Europa, índice que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, España mantiene la cuarta posición del ranking de derechos LGTBI+ de Europa. Según el vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, Óscar Rodríguez, “seguimos a la vanguardia de los derechos LGTBI+ pero podríamos haber sido líderes en igualdad LGTBI+ de haber desarrollado la estrategia de la Ley LGTBI y haber puesto en funcionamiento la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación o de haber aprobado el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia colectivos vulnerables”.

Según la directora de defensa de ILGA-Europa, Katrin Hugendubel: “En toda Europa, las personas LGBTI+ están siendo blanco de discursos de odio y violencia y sus derechos humanos están siendo socavados activamente. Sin embargo, todavía vemos demasiados países en toda la región que se estancan en el avance de la protección legal y no renuevan sus compromisos a través de estrategias y planes de acción nacionales”.

“Es fundamental blindar los derechos conseguidos de cara a futuro”

“Esta inacción es peligrosa, ya que, sin una legislación adecuada para proteger a las minorías, incluidas las personas LGBTI+, será demasiado fácil para los gobiernos recién elegidos socavar rápidamente los derechos humanos y la democracia”, explica.

Por eso, según Rodríguez, es fundamental blindar los derechos conseguidos de cara a futuro, así como desarrollar a máximos la legislación vigente y adoptar medidas políticas urgentes que frenen el discurso de odio”. Y es que, según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea LGBTI Survey III, más de dos de cada tres personas LGTBI+ encuestadas han sido víctimas de discurso de odio desde la última encuesta realizada en 2019.

Según el Mapa de ILGA, en un año en el que se van a producir más de 30 elecciones, incluidas las de la Unión Europea, existe una firme voluntad política de avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI en varios países. Alemania, Islandia, Estonia, Liechtenstein y Grecia han dado grandes saltos en la clasificación del Mapa Arco Iris. Tanto Estonia como Grecia modificaron sus leyes para permitir a las parejas del mismo género casarse y adoptar, Grecia también solucionó las lagunas hasta el momento existentes en su legislación contra la discriminación por LGTBIfobia, y Liechtenstein amplió los derechos de adopción a las parejas del mismo género.

Alemania, que dio el mayor salto en la clasificación este 2024, ha prohibido los delitos de odio basados en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. Otros países que legislaron contra los delitos de odio fueron Bulgaria, Islandia (que ha saltado al segundo puesto de la clasificación) y Eslovenia. Además, en Bélgica, Chipre, Islandia, Noruega y Portugal se prohibieron las supuestas terapias de conversión.

Amenazas y ola reaccionaria

Sin embargo, existe también una ola reaccionaria, según muestra el mapa, puesto que en algunas regiones italianas están retirando los derechos de filiación a las parejas del mismo género y en países como Eslovaquia, Croacia, Francia y el Reino Unido se está intentando limitar los derechos sanitarios de las personas trans. Además, el índice de ILGA también denuncia la influencia en Europa de las medidas sin precedentes de Rusia para criminalizar al “movimiento internacional LGBTI” como “organización extremista”. Así, refleja como Georgia, uno de los países de más reciente adhesión, ha reprimido las protestas a favor de la UE contra su propuesta de ley de “agentes extranjeros”, que procede directamente del manual ruso contra el colectivo LGBTI+.

Según el director ejecutivo de ILGA-Europa, Chaber: “La UE también debe prestar atención a las nuevas herramientas de opresión, como la criminalización por parte de Rusia de todo un segmento de la población. Los esfuerzos de división y distracción de los regímenes autoritarios se están filtrando a otros países europeos en un momento en el que las elecciones podrían poner a Europa en manos de líderes que desean que la Unión Europea vire hacia una política de derecha radical y antidemocrática”. “Por eso, Europa necesita leyes y políticas más sólidas para proteger a las personas LGBTI+. Sin ellas, no podemos hablar de seguridad ni de Estado de derecho y democracia”, asegura.

Por eso, la Federación Estatal LGTBI+ considera fundamental la participación ciudadana LGTBI+ en las próximas elecciones europeas que se celebrarán el próximo 9 de junio. Según su investigación Estado LGTBI+ realizada con 40dB, si solo votaran las personas LGTBI+ en las elecciones europeas, los partidos progresistas ganarían las elecciones por mayoría absoluta. Así, para animar al voto, sobre todo el de la población menor de 30 años que presenta el casi el 40% de las personas que se identifican como LGTBI+ en España, ha lanzado su campaña Europa Sirve.

NOTA. EMBARGADA-MAPA ILGA COMPARATIVA ENTRE PAÍSES

Fuente FELGTBI+

General, Historia LGTBI Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea LGBTI Survey III, Chaber, DDHH, Delitos de Odio, España, Europa, FELGTBI+, ILGA, Katrin Hugendubel, Óscar Rodríguez, Rainbow Map de Ilga Europa

Los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género -también llamados ECOSIG o “terapias de conversión”– aún acechan al colectivo LGBTI. Se camuflan en nuevas estrategias para reclutar personas, por ejemplo a través de las redes sociales de las instituciones, como consejerías de vida y coaching de espiritualidad. Santa Fe es la primera provincia de Argentina donde se instaló la conversación pública y profesional sobre el tema. Fue en 2022, a partir de la denuncia de un joven a un profesional de la psicología por forzarlo a cambiar su orientación sexual.  El Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de esa provincia se pronunció y dijo que los ECOSIG equivalían a prácticas de tortura.

Campamentos *educativos*, grupos de ayuda, tratamientos psicológicos son algunas de las tácticas de los grupos religiosos conservadores para perseguir a gays, lesbianas, trans y travestis en el siglo xxi. Aunque en cada territorio adoptan sus particularidades, ciertos patrones en común se replican en todo el mundo.

Gastón, Dino, Stephan y Diego sobrevivieron a estas mal llamadas terapias de conversión y cuentan sus experiencias desde la provincia de Santa Fe. También convocan a otres a compartir sus historias, visibilizar los casos y lograr que se prohíban en todos los países. En esta investigación, las voces de las víctimas, los datos de las ECOSIG en el mundo, los avances de los países que lograron prohibirlas, el rol de los Estados y una caja de herramientas legales.

Quiénes ofrecen estas falsas terapias

Distintos grupos religiosos en todo el mundo siguen ofreciendo “terapias” para “curar” a las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas. Aunque no se trata exclusivamente de cultos. Los mecanismos básicos son los mismos que se utilizan desde hace décadas. Y pueden adoptar rasgos singulares en cada territorio para camuflarse de maneras más sutiles.

En esta investigación, exploramos cuáles son las nuevas tácticas con que operan las organizaciones en las redes sociales y los espacios virtuales.

Escuchamos los testimonios de personas que sufrieron  las presiones de los cultos y profesionales a lxs que se acercaron buscando contención en la provincia de Santa Fe. Y las contextualizamos con información acerca de cómo operan estas redes antiderechos a nivel transnacional. También consultamos el marco de derechos humanos que protege a las personas LGBIQ* de estas prácticas reaccionarias en la región y en el mundo. Y qué se está haciendo hoy para prevenir y prohibir las mal llamadas terapias de conversión.

Sólo en la provincia de Santa Fe, conocimos a Gastón Onetto, Dino Germani, Stephan Zambrano y Diego. Los cuatro relatos coinciden: en esos espacios a los que llegaron buscando apoyo, los mensajes en contra de las disidencias fueron socavando su autoestima, aislándolos y dejándolos en una situación de vulnerabilidad. Si bien los casos ocurrieron hace años, hoy pueden contarlas y transmitir algunas reflexiones a partir de ellas. En sus historias hay elementos cruciales que las conectan con las experiencias que afrontan otrxs hoy, y es que detrás de estas historias se mantiene el mismo mecanismo.

Explotar la culpa y prometer un falso bienestar suelen ser los primeros pasos para captar a quienes atraviesan un momento de afirmación de su identidad, de búsqueda de respuestas y acompañamiento.

Tácticas de captación en redes y espacios virtuales

La clave de esos mecanismos, que se reproducen en los espacios de captación en las redes sociales y en las webs de distintas organizaciones internacionales con sede en la Argentina, es casi siempre la misma: un supuesto planteo amoroso para acompañar a alguien que, “por sufrimientos de su infancia, ha perdido el camino”. Para eso ofrecen testimonios de personas “recuperadas” y ponen a disposición materiales de estudio e investigación.

“«Si me gusta alguien de mi mismo sexo, ¿significa que soy homosexual? No. La realidad es que la atracción por alguien del mismo sexo por lo general es algo pasajero»”, se lee en un apartado de enseñanzas bíblicas llamado Los jóvenes preguntan en la página web oficial de Testigos de Jehová. Continúa con una estrategia que se reitera en otras páginas y redes: una historia de vida, contada en primera persona, con un lenguaje que sugiere cercanía. Otros artículos del mismo sitio hasta recomiendan cómo contestar preguntas sobre homosexualidad de acuerdo a la Biblia.

También las redes sociales se convirtieron en una herramienta de acercamiento utilizada por estos sectores para convocar a quienes están conflictuados o no tienen espacios de contención real. En instagram, el grupo Juventud Evangélica Bautista Nacional convocó semanas atrás a un encuentro por Zoom bajo el título “Conflicto de identidad. Atracción sexual indeseada al mismo sexo”, donde disertaban Gustavo Schneir, Diego Sauan y Mauricio Montion.

En tanto, en el Facebook del Ministerio Restauración de Argentina se publicó un video sobre “Atracción al mismo sexo. Una mirada bíblica y compasiva” que a los pocos días fue eliminado de YouTube. Pero en la web de la organización están los testimonios de personas “recuperadas” y se puede acceder a un curso online, llamado Programa de Estudio Ministerial, “para todas aquellas personas interesadas en el tema de la restauración emocional, racional y sexual”.

En el módulo 7 indica qué hacer cuando “alguien que amas es homosexual” o “alguien que amas ora por ti, un ser querido homosexual”. También propone como ejes de estudio: Cómo interactuar con un ser querido homosexual; Comprendiendo la Homosexualidad y el Lesbianismo; ¿Cómo la Iglesia puede responder a los que están quebrantados?

Estos ejemplos son parte de antiguas estrategias de estas religiones o cultos vehiculizadas hoy por recursos tecnológicos más actuales pero que sustentan las mismas violencias hacia el colectivo LGBTI+ aplicadas desde hace décadas. Son tácticas que acompañan un trabajo en territorio facilitado por adeptos que circulan en todos los estratos sociales, que logran un menor o mayor impacto acorde a su formación y a la vulnerabilidad de sus víctimas.

Cómo operan las falsas promesas territoriales y transnacionales

LINK https://youtu.be/YQc6jH_fsV0

Algunas organizaciones operan en barrios populares de distintas ciudades, con “iglesias” montadas en pequeños inmuebles o hasta en salones de algún domicilio particular. Otras construyen redes internacionales de trabajo y anclajes como la iglesia Aguas Vivas, afiliada al movimiento religioso estadounidense Desert Stream. Cobró popularidad en la Argentina en 2012, tras convocar a un seminario de tres días en la ciudad de Paraná donde prometía «sanar las vidas quebrantadas» y «la homosexualidad indeseada».

En esa oportunidad, pentecostales, evangélicos, adventistas y otros grupos protestantes de la capital entrerriana organizaron con los norteamericanos el curso intensivo. En la misma línea operaba la organización Exodus Latinoamérica, que forma parte de Exodus Global Alliance y que se autodefine como “asociación interdenominacional de ministerios cristianos a nivel mundial, dedicada a proveer herramientas para comunicar el mensaje de salvación e integridad sexual a través del poder transformador de Jesucristo”.

Hoy, en la Argentina, se encuentra operativa una de las organizaciones mencionadas con anterioridad, el Ministerio Restauración, en la ciudad de Córdoba. Fue fundado y liderado por Mauricio Montion, también nombrado en párrafos anteriores, quien montó esa institución sobre las bases teóricas de Aguas Vivas. En su presentación él mismo describe cómo llegó a conocer a la organización internacional a través de una psicóloga cristiana en Buenos Aires, que había traído los libros y CDs desde Estados Unidos. Luego de ese contacto, él viajó a ese país en 1998 y dos años después abrió su propia organización en Córdoba.

El Ministerio Restauración no solo está activo en su web y en sus redes sino que continúa con una agenda completa de retiros, seminarios y encuentros virtuales y presenciales. Incluso organizan también en Chile, donde funcionaba en modo virtual con una web similar que hoy no está más en línea. Los ofrecimientos para ese país hoy los hacen desde la misma página argentina. Por ejemplo, convocan a un retiro de estas características para mayo de 2024. Esta situación se da más allá de que en territorio chileno hubo cambios legislativos en los últimos dos años. En 2022, se aprobó la ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, la cual prohíbe las “terapias reparativas” de la orientación sexual o la identidad de género.

El Ministerio Restauración opera en actividades con la Fundación y Ministerio Internacional Evangelistico Siloé, como organizadora. Al buscar la organización en internet aparece en primer lugar la radio Siloé, que funciona en el barrio Villa Unión de la capital cordobesa. Se ubica en Río Yuspe y Atilio Cattáneo en la ciudad de Córdoba, domicilio utilizado por la organización liderada por Montion para dictar seminarios (ver en las propias redes sociales).

Pero al ingresar a la web de la radio Siloé se encuentran también una serie de bloques que hablan de la Iglesia Siloé Internacional, fundada por una persona llamada Carlos Juárez; y un enlace para hacer estudios teológicos online. Al ingresar al enlace, se abre otra web: es la Universidad Teológica Internacional que ofrece formación para pastores, ministros, capellanes y otras denominaciones. Y allí tiene su aula virtual también la Universidad Cristiana Internacional El Shaddai, institución de tradición pentecostal.

Un punto en común en el abordaje de todas estas propuestas es que el planteo es siempre desde la escucha, el cariño y la búsqueda de sentirse bien con une misme. En tiempos de crisis social y económica, también hay otros temas que sirven como puertas de ingreso a estos espacios como capacitaciones sobre finanzas personales y desarrollo de una personalidad de líder.

EN PRIMERA PERSONA

En la búsqueda de testimonios acerca del accionar de este tipo de organizaciones surgieron las palabras en primera persona de Gastón, Diego, Dino y Stephan. Por distintos caminos y religiones y resultaron sometidos a esas prácticas culpabilizantes y violentas respecto de sus subjetividades. Cada historia es diferente pero el trasfondo del accionar de los grupos conservadores dentro de las religiones es siempre el mismo.

Gastón                          Diego                             Dino                                      Stephan

 

Gastón: En el diván con Dios

Diego: Un psicólogo religioso «para gente como vos»

Dino: Dos religiones y la misma trampa

Stephan: Migrar de país y de identidad de género

El primero de los casos testimoniales fue noticia en 2022, tras una resolución del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe Primera Circunscripción en relación a una denuncia a un profesional de la psicología por forzar a una persona, Gastón Onetto, a someterse a estas prácticas con el fin de procurar modificar su orientación sexual.

Tras conocerse las definiciones del Tribunal, en diálogo con Presentes, la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Betsabé Caspani, se refirió a estas prácticas. Las calificó como “arrasadoras, con un impacto subjetivo desgarrador. Y de un orden traumático porque hay un desdibujamiento del deseo, de la elección, un sometimiento en cambiar su identidad sexual”.

Por ese impacto que generan estas prácticas tan violentas es que denunciar estos hechos es muy difícil para las víctimas. A veces requiere de un tiempo necesario para procesar lo ocurrido y traducirlo en palabras. Algunas personas nunca llegan a esa instancia.

Entre los puntos cruciales de realizar las denuncias correspondientes ante estas situaciones, está no sólo la visibilización de estas prácticas sino también la necesidad de activar mecanismos de reparación para las personas afectadas.

Qué son las ECOSIG

Las terapias de conversión – una expresión que preferimos evitar porque no hay nada que tratar ni curar- hoy se identifican en el mundo como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). Son prácticas que violan los derechos humanos. Quienes las sufren tienen consecuencias físicas y/o psicológicas por los abusos y violencias a los que fueron sometidxs. Pero aún no se han logrado grandes avances globales en su identificación, sanción y prevención.

Una de las organizaciones que más investigó sobre la legislación vigente al respecto es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo). La organización generó una caja de herramientas legales basada en normativas de diversos Estados. De acuerdo con el último informe que publicaron, solo 8 países prohíben de manera explícita las terapias de conversión. 

En diciembre de 2023, por primera vez colegios y gremios de profesionales de la salud mental de distintos países de América Latina y el Caribe realizaron un pronunciamiento para exigir las prácticas de conversión deben ser erradicadas. Fue el primer pronunciamiento de este tipo en Latinoamérica y llevó la firma de ocho entidades de Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, la Alianza Caribeña de Asociaciones Nacionales de Psicología y la Federación Psicoanalítica de América Latina.

En 2020, ILGA Mundo además presentó un informe internacional acerca de las mal llamadas terapias de conversión. Quien estuvo al frente de la investigación fue Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Sólo 8 países en el mundo prohíben los tratamientos que intentan cambiar la Orientación Sexual e Identidad de Género de las personas LGBT*.

Fuente: Base de datos Ilga Mundo.

“Estas terapias se dan en un contexto de suma opacidad, en consultorios o campamentos donde está todo diluído. Ya se ha abandonado casi por completo, en la mayoría de los países, este discurso de que ‘Vamos a curar homosexuales’, así que no es tan fácil demostrar cuándo ha habido una terapia de conversión. Hay un rebranding, se presentan como consejerías de vida y coaching de espiritualidad. Y, sobre todo, entrando en el ámbito de las religiones institucionalizadas, hay muchas acciones para asistir a las personas en reconciliar su identidad sexual con su identidad religiosa y ayudarlos a hacer de eso algo coherente para poder llevar adelante su vida. Todo eso plantea una gran dificultad para denunciar y demostrar las prácticas”, explica Lucas Mendos, representante de ILGA, en diálogo con Presentes.

“Se dan en un contexto de suma opacidad, en consultorios o campamentos donde está todo diluído. Hay un rebranding. Otras veces se presentan como consejerías de vida y coaching de espiritualidad”.

Lucas Mendos, ILGA Mundo

Y detalla que, en los países en los que se ha avanzado, se lograron leyes que prohíben las terapias de conversión. “Hasta el momento, dentro del punto de vista legal, es lo mejor que se ha podido hacer. Son ocho los países con leyes específicas». Después, en un conjunto de países entre los que está la Argentina, hay leyes como la de Salud Mental. «Este tipo de leyes impiden que se diagnostique a una persona con base en su identidad de género o su orientación sexual» -dice Mendos-. «Es un paso a medio camino”.

Por qué los Estados deben accionar 

En diálogo con Agencia Presentes, Mendos destaca que, por una sumatoria de factores, en los últimos años hubo “una suerte de explosión en cuanto a las medidas que los Estados han empezado a tomar”. Aclara que antes de llegar a esas medidas concretas en todos los países donde se investigó “siempre ha habido, por un lado, víctimas que empiezan a conversar; y también profesionales de la salud recibiendo denuncias”.

En 2020, en el marco de la investigación, en ILGA detectaron numerosas asociaciones profesionales que habían tomado nota de que estos procedimientos todavía se siguen aplicando. Así se fue marcando el consenso y el sustento para que los Estados accionen al respecto.

En el ámbito de la Justicia, el escenario es diferente, porque “a los tribunales no han llegado históricamente denuncias por tratamientos que no sean los típicos que conocemos de manera más extrema, como torturas o sometimiento a la servidumbre, donde ahí claramente hay tipos penales para perseguir esas conductas”. “Es mucho más simple ver un caso ahí que cuando un juez recibe conocimiento de que a una persona le han estado dando terapia de conversión donde lo mandan un campamento, donde tiene Consejería semanal y que muchas veces viene desde un cura o un líder religioso y se vuelve una cosa mucho más difusa”, dijo Mendos.

“A los tribunales no han llegado históricamente denuncias por tratamientos que no sean los típicos que conocemos de manera más extrema, como torturas o sometimiento a la servidumbre, donde ahí claramente hay tipos penales para perseguir esas conductas”.

En ese sentido, lo que explicó es que -como relatan las víctimas en el informe central- estas terapias se dan en un contexto de suma opacidad, no en consultorios sino en campamentos o ámbitos similares donde todo queda muy diluido. “Ya se ha abandonado casi por completo en la mayoría de los países este discurso de que ‘vamos a curar homosexuales’, entonces no es tan fácil decir ‘acá hay una terapia de conversión’. Se presentan como consejerías de vida, coaching de identidad espiritualidad o entran en el ámbito de las religiones. Muchos están ahora planteando ‘cómo asistir a las personas en reconciliar su identidad sexual con su identidad religiosa’”, detalló.

En cuanto al marco legal que permitiría abordar la problemática con un foco más exacto, Mendos dijo que en los países donde más se ha avanzado, se han impulsado iniciativas puntuales, donde hay una ley que prohíbe las terapias de conversión. En otros, como Argentina con la Ley de Salud Mental, consideró que “es un paso de medio camino”.

¿Y desde lo penal? “La aplicación de penas de privación de libertad para perpetradores, en algunos países está en debate; porque hay quienes dicen que es mucho más productivo en términos de resultados concretos para las víctimas el poder tener instancias reparadoras; como exigir que haya trabajo comunitario o que haya pago de multas y esas multas estén puestas a la orden de asistir a organizaciones que deben apoyar a víctimas. Sería un trabajo más de Justicia reparativa», concluyó.

“En los países donde más se ha avanzado, se han impulsado iniciativas puntuales y hay una ley que prohíbe las terapias de conversión”, dice Lucas Mendos. En otros, como Argentina con la Ley de Salud Mental, se trata de un paso a medio camino”.

Soledad Mizerniuk y Victoria Rodríguez

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Bautista, Iglesias Evangélicas, Iglesias Pentecostales, Testigos de Jehová Argentina, Betsabé Caspani, Carlos Juárez, Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1ra. Circunscripción, Desert Stream, Diego, Diego Sauan, Dino Germani, Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), Exodus Global Alliance, Exodus Latinoamérica, Fundación y Ministerio Internacional Evangelistico Siloé, Gastón Onetto, Gustavo Schneir, Identidad de género, Iglesia Aguas Vivas, ILGA, Juventud Evangélica Bautista Nacional, Mauricio Montion, Ministerio Restauración, Ministerio Restauración de Argentina, Orientación sexual, Radio Siloé, Stephan Zambrano, Testigos de Jehová, Universidad Cristiana Internacional El Shaddai, Universidad Teológica Internacional

Informe ILGA: En 2023 aumentaron en el mundo detenciones y persecución a personas LGBT

En 2023 aumentaron las detenciones y procesamientos a personas LGBT. Así lo demuestra “Identidades bajo arresto”, el informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Las cifras reales son aún mayores.

Un nuevo informe de ILGA ha descubierto un aumento alarmante en el número de arrestos y procesamientos de personas LBTQ+ por participar en relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y expresar diversidad de género.

En comparación con años anteriores, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ha descubierto que en 2023 se ha registrado un aumento en los arrestos de personas LGBTQ+ por vivir como ellos mismos.

No solo eso, sino que el estudio determinó que el abuso y el maltrato policial a los detenidos ocurrieron en casi todos los arrestos LGBTQ+ documentados.

De acuerdo con la Our Identities Under Arrest (Nuestras identidades bajo arresto) Según el informe, a noviembre de 2023, 63 estados miembros de la ONU penalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. También señala que Uganda, en particular, ha sido dura con los ciudadanos LGBTQ+ con la introducción de su Ley contra la Homosexualidad.

Aunque el número de estados que penalizan los actos entre personas del mismo sexo ha disminuido constantemente durante la última década (Singapur, las Islas Cook y Mauricio despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo este año), el número de arrestos LGBTQ+ relacionados con la expresión de género o actos sexuales consensuales ha experimentado un “grave ” espiga.

ILGA sí señaló, sin embargo, que el número real de casos podría ser mucho mayor, ya que los registros formales a menudo son “inaccesibles o inexistentes” y, en muchos casos, estos arrestos o procesamientos nunca se registran o “se informan de manera poco clara y sesgada”. modales.”

En su investigación, ILGA revisó más de 1.000 casos de arrestos y enjuiciamientos LGBTQ+ a lo largo de dos décadas.

“Los países considerados ampliamente como ‘seguros’ o ‘tranquilos’ han experimentado cambios repentinos y con relativa poca antelación”, dijo la consultora de investigación Kellyn Botha.

“El creciente discurso de odio contra la diversidad sexual y de género –ya sea por parte de figuras políticas, líderes religiosos y comunitarios, también con la complicidad de los medios de comunicación– se convierte regularmente en represión o campañas organizadas, cuya duración, alcance y violencia no se pueden prever”.

Mientras tanto, países como Burkina Faso, Burundi, Comoras, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Jordania, Libia, Maldivas y Papua Nueva Guinea han visto muy pocos arrestos LGBTQ+ en los últimos años, pero ha habido un repentino aumento desde 2021.

Mientras que países como Kenia, Tanzania, Nigeria y Senegal han intentado “agravar la legislación existente”, otros como Irak, Níger y Malí han hecho nuevos esfuerzos para criminalizar oficialmente a las comunidades LGBTQ+ donde antes no existía ninguna ley anti-LGBTQ+.

El director de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, también señaló que, aunque la mayoría de las leyes anti-LGBTQ+ se centran en penalizar los actos consensuales entre personas del mismo sexo, en muchas jurisdicciones, “la forma en que una persona se viste, actúa o habla” a menudo la convierte en un blanco aún más fácil para la policía.

Mendos explicó que la policía suele considerar estos rasgos como “prueba” de “homosexualidad” y pueden ser suficientes para “justificar un arresto”, sin importar la identidad sexual o de género real del individuo.

“Es mucho más probable que alguien sea atacado por su apariencia o gestos disconformes que por cualquier acto sexual ‘ilícito’ verificable”, añadió.

Estos hallazgos demuestran que, en muchas partes del mundo, las comunidades LGBTQ+ viven “bajo una amenaza constante”, afirma el director de programas Guchaten Sandhu.

También demuestra aún más la gran importancia de ofrecer asilo a personas LGBTQ+, a pesar de lo que los exsecretarios del Interior puedan hacernos creer.

Sandhu comenta que la grave amenaza para las personas LGBTQ+ no sólo es real para “las poblaciones de base afectadas por oleadas repentinas de hostilidad, sino también para los solicitantes de asilo que, basándose en evaluaciones fallidas de seguridad, corren el riesgo de ser enviados de regreso a países donde serán perseguidos”.

Nuevo informe de ILGA MUndo destaca fuertes aumentos en detenciones y procesamientos de personas LGBT y de género diverso. Los casos documentados muestran la naturaleza impredecible de estas detenciones y procesamientos judiciales. Lee más ➤ https://t.co/xrxwI1oUdk pic.twitter.com/K1FzPTtc57

— ILGA World (@ILGAWORLD) November 30, 2023

Para entender mejor cómo impactan estas leyes y estos datos a nivel político global y para nuestra región, planteamos algunas preguntas a Mendos.

–¿Qué análisis hacés sobre la situación política de los países que analizaron y las violencias que se desplegaron?

Lucas Mendos: Un patrón que se repite es la combinación de referentes políticos, líderes religiosos y medios de comunicación alineados en discursos anti-diversidad que muchas veces generan escalofríos. Desde los liderazgos políticos, religiosos y comunitarios, hay una instrumentalización sistemática de la diversidad como chivo expiatorio casi constante. Se utiliza para movilizar y escandalizar la opinión pública y muchas veces como estrategia de distracción de otros temas de la agenda política. En muchos de estos países, la diversidad sexual y de género termina siendo víctima de una manipulación que genera un caldo de cultivo para la proliferación de niveles altísimos de hostilidad, magnificados en el debate público, en las redes sociales, en las iglesias —que poseen un enorme poder de influencia— y en las calles. Si bien no forma parte del objeto principal del informe, el fenómeno de la desinformación y su potencial impacto en la percepción pública y las dinámicas políticas se deja ver en varios países.

-¿Cómo puede influir la recopilación de estos datos?

Es necesaria para demostrar que las leyes que criminalizan están muy lejos de ser leyes inactivas que “duermen” en los códigos penales, lo que muchos Estados aún sostienen cuando en la ONU se les pide que rindan cuentas al respecto. Y, por otro lado, en los países de recepción de personas refugiadas, los tribunales suelen tener estándares muy altos para reconocer que una persona LGBT está en peligro de sufrir persecución. El solo hecho de que haya una ley que criminalice no es considerado como una razón suficiente para dar asilo. Suelen demandar información sobre cómo se aplican en la práctica. Y es tan difícil conseguir esa información que muchas veces las solicitudes terminan siendo rechazadas. Porque las personas refugiadas no pueden demostrar que corren peligro de ser detenidas, procesadas y condenadas por su identidad. Con este informe ILGA pretende contribuir para que estos faltantes de información sean cada vez menos.

Cómo pueden contribuir los medios

-¿Qué recomendaciones hacen desde ILGA hacia los Estados, las sociedades y los medios de comunicación frente a las persecuciones a LGBTIQ+?

-Es imperativo que los Estados dejen de aplicar estas normas de manera inmediata. La urgencia radica en proteger los derechos fundamentales de la comunidad LGBTIQ+ y poner fin a prácticas persecutorias. Como consecuencia necesaria, los ciento (si acaso no miles) de personas que hoy en día están privadas de libertad por estos “delitos” deben ser liberadas. Estas recomendaciones se han hecho a nivel del Examen Periódico Universal de la ONU, pero los países que criminalizan, hasta la fecha, las vienen rechazando sin excepción.

Como medida intermedia, hay quienes sostienen que los países podrían considerar la implementación de moratorias hasta que se logre la derogación efectiva de estas normativas. Esto proporcionaría un espacio temporal para la revisión y eliminación de leyes discriminatorias.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la aplicación de estas normativas en muchos países. Es esencial redefinir su rol para evitar contribuir a prácticas represivas, dejando de identificar posibles víctimas de persecución y desistiendo de la divulgación de información que pueda estigmatizar o desenmascarar a individuos por su orientación sexual. Al mismo tiempo, los medios pueden contribuir con narrativas inclusivas y respetuosas hacia la diversidad sexual y de género.

Violencia institucional en América Latina

–Si bien no está presente en el informe, ¿tienen conocimiento de cómo es la situación en otros países de América Latina?

-Lo que concurre en América Latina es que existen altos niveles documentados de violencia institucional que se siguen dando en países con leyes que ya no criminalizan, al menos de forma explícita. El informe se concentra en los países donde sí existen estas leyes opresivas que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo y las expresiones de género diversas, y esa es la primordial razón por la cual no hay países de América Latina en el informe. Si contáramos con más recursos nos gustaría en un futuro ampliar el ámbito del informe para cubrir todos los países.

La situación de Argentina

-¿Qué pensás sobre el avance de la ultraderecha en distintos países como en la Argentina y cómo puede impactar esto en la población LGBTIQ+?

-Viéndolo desde una perspectiva a nivel global, una de las preocupaciones más inmediatas es la legitimación del discurso de odio. Esto lo hemos observado en muchos países del mundo donde estos espacios políticos han ganado poder. Podría ser muy nocivo que personas que promueven mensajes discriminatorios ocupen posiciones de liderazgo porque esto tiene el potencial de normalizar y legitimar este tipo de discursos. En lo concreto, un punto crítico está en cómo esto puede permear a las fuerzas de seguridad donde ya cunde fuertemente el prejuicio contra la diversidad, y esto puede fácil y rápidamente traducirse en niveles aún mayores de violencia y discriminación institucional contra nuestras comunidades.

El poder ejecutivo define la política exterior del país. Esto puede tener un impacto palpable en la posición de Argentina como actor clave en temas de derechos humanos y diversidad a nivel internacional, tanto a nivel de la ONU como a nivel de la OEA, dos foros clave donde los temas de diversidad necesitan más que nunca de apoyo constante dada la enorme oposición cada vez más fuerte a estos temas. Argentina hoy en día no solo acompaña sino que muchas veces lidera estas iniciativas a nivel internacional y que deje de hacerlo sería sumamente preocupante.

Fuente PinkNews/Agencia Presentes

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ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Derechos Humanos, Derechos LGTBI, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, FELGTBI+, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Índice Arco iris, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, Ley LGTBI, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Turquía, Ucrania

A partir de hoy la base de datos de ILGA, de acceso libre y gratuito, pone a disposición información crucial sobre la diversidad sexual en todo el mundo.

La Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo) lanzó hoy una base de datos gratuita e interactiva para acceder a información actualizada sobre diversidad sexual en todo el mundo: legislación, avances y retrocesos, oportunidades para activistas y noticias enfocadas en derechos humanos LGBT+. Esto significa que a partir de ahora, información que llevaba mucho tiempo reunir, o bien era casi imposible de hallar, será accesible y estará disponible a través de una serie de clics y filtros de manejo sencillo.

«Hicimos esta base de datos para facilitar el acceso a la información. La intención es acercarla a activistas, periodistas, académiques, a personas que están trabajando por la causa en distintos ámbitos, para reducir el tiempo total que lleva sistematizar esa información», contó a Presentes Lucas Ramón Mendos, coordinador de Investigación y responsable del proyecto de la base de datos de ILGA Mundo. Es el resultado de un largo trabajo de investigación del que participaron personas de diversos países.

«Una poderosa fuente de información para el activismo»

Entre los objetivos de la base está también agilizar la acción y que a partir de la accesibilidad de los datos, las personas puedan no sólo acceder a información sistematizada y actual, sino también emplear ese tiempo en “estrategizar, lograr trabajos más analíticos, ver las tendencias”, agregó Mendos.

La base además ser muy útil para la producción y análisis de noticias, y para la investigación, es una valiosa herramienta para los activismos. «Las organizaciones en los territorios suelen contar solo con escasos recursos para mantenerse al día de los desarrollos mundiales», comentó Julia Ehrt, Directora Ejecutiva de ILGA Mundo. «En la base pueden encontrar información que puedan utilizar en su activismo o campañas. Es una poderosa fuente de información en sus manos».

Para qué sirve y cómo usar la Base de Datos ILGA

La Base de Datos de ILGA Mundo contiene información actualizada sobre leyes que afectan a LGBTI.

• La información se puede filtrar en 18 categorías jurídicas y más de 100 temas.
• Permite visualizar en mapas interactivos mundiales y regionales.
• Cada Estado y jurisdicción del mundo tiene su propio perfil con leyes, próximas oportunidades de activismo para les defensores de los derechos humanos y una selección de las últimas noticias LGBTI.
• Permite seguir la evolución de todos los órganos de derechos humanos de la ONU, supervisar los plazos para comprometerse con ellos e integrar cualquier entrada a trabajos de investigación o política.

Qué revela la base de datos hoy

“Sin datos, los estados pueden negar la existencia de personas LGBTI+ o restar importancia al modo en que nos afecta la violencia. Decimos con frecuencia que los datos hablan por sí mismos pero primero tenemos que encontrarlos para poder decir algo. Los mitos pueden llegar muy lejos sin datos reales que los contrarresten”, señaló Daniele Paletta, Gerente en Comunicaciones de ILGA Mundo, en la presentación de la base de datos a les periodistas de todo el mundo, de la que participamos desde Agencia Presentes.

Hoy la información de la base de datos muestra avances a lo largo del mundo en las últimas décadas, pero también grandes retrocesos. Por un lado, veinte Estados permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación y en 33 el matrimonio igualitario es legal. Además, en 58 existen leyes que protegen a las personas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual. Pero sólo 37 lo hacen en función de la identidad de género, 9 de la expresión de género y 5 de las características sexuales.

Mientras en seis 6 países (Brunéi, Mauritania, Irán, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen), la homosexualidad es castigada con la pena de muerte; en los últimos treinta años, 49 Estados han dejado de criminalizar los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Además, en 11 países se prohibieron las mal llamadas «terapias de conversión»; y en siete, las intervenciones médicas no vitales en niñes intersex.

Estos son ejemplos de lo que se puede observar en la base de datos que recopila información de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 47 territorios no independientes. Entre los datos que se pueden consultar hay leyes, noticias y referencias a organismos de derechos humanos, además de oportunidades de activismo relacionadas con las personas LGBTI en todo el mundo.

La igualdad está lejos para las personas LGBTI

De la vereda de enfrente, otros datos muestran que “la verdadera igualdad está aún muy lejos de nuestro alcance para muchas personas LGBTI de todo el mundo”, indicó ILGA. Además de los 6 países donde se penaliza con la muerte, en otros 5 no existe seguridad jurídica sobre su aplicación. En tanto, al menos 51 Estados tienen restricciones a la libertad de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad sexual y de género, incluso en el ámbito educativo. Mientras 64 criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

«Estos datos hablan y proporcionan a todo el mundo las pruebas que faltaban de cómo las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex siguen estando desplazadas en muchos ámbitos de la vida», expresaron Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, co-secretarias generales de ILGA Mundo. Y resaltaron que con ellos se puede «abogar por programas y servicios» para hacer «del mundo un lugar mejor para nuestras comunidades LGBTI».

Cómo funciona la Base de Datos de ILGA Mundo

22 de marzo de 2023

Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Daniele Paletta, Diversidad sexual, ILGA, ILGA Mundo, Julia Ehrt, Lucas Ramón Mendos, Luz Elena Aranda, Tuisina Ymania Brown

La policía de Maldivas ha detenido a 4 hombres e investiga a otros 34 relacionados con la grabación en vídeo de relaciones homosexuales. Los detenidos se enfrentan a penas de prisión de hasta ocho años y, posiblemente, a recibir 100 latigazos en aplicación de la sharía o ley islámica. Entre los detenidos e investigados se encuentran figuras relevantes de la política y la sociedad de Maldivas. Desde organizaciones de defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch se denuncia que la motivación real de las detenciones se debe a la presión de grupos extremistas islámicos.

El pasado mes de julio se produjo la detención del ciudadano bangladesí MD Alamgiri, que había publicado en redes sociales imágenes en vídeo en las que mantenía relaciones sexuales con tres hombres diferentes. La finalidad, según la investigación policial, sería la extorsión. Una vez identificados los hombres que aparecían en las imágenes, se procedió a su arresto. Entre los detenidos, además de Alamgiri, se encuentran Nazim Abdul Sattar, hermano del actual presidente del Parlamento maldivo y expresidente del Gobierno Mohamed Nasheed, y un funcionario del Departamento de Control de Drogas de la Policía.

Según informaba el comisario de Policía encargado del caso, Mohamed Hameed, en los vídeos incautados a Alamgiri se ha identificado de momento a otros 34 hombres, aunque el total de personas que aparecen en los mismos supera las 250. La intención de Hameed es la de detener por ahora al resto de 34 hombres ya identificados y posteriormente a todos aquellos que sean reconocidos. Como algunos de los investigados son de nacionalidad extranjera, se ha procedido a retirar un total de 18 pasaportes. También ha sido destituido un asesor principal del Centro para el Sagrado Corán y han sido cesados un empleado del Parlamento, un empleado de Aduanas, un profesor y un imán. «El proceso para identificar a los implicados y tomar medidas contra ellos está en marcha en varias fases. Por lo tanto, no podemos decir cuándo concluirá la investigación. Una vez que se completen los casos, los enviaremos a la Fiscalía General para que se presenten cargos», concluía Hameed. Los detenidos se enfrentan a las penas de prisión establecidas en el Código Penal más el castigo corporal correspondiente en aplicación de la sharía o ley islámica.

El informe de ILGA detalla la legislación en Maldivas respecto a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo de la siguiente manera:

El artículo 411 (a) (2) del Código Penal (Ley No. 6) (2014) tipifica como delito el «coito ilícito», que se comete cuando una persona mantiene actos sexuales con una persona del mismo sexo.

«Coito entre personas del mismo sexo» se define como: a) La inserción por parte de un hombre de su órgano sexual o de cualquier otro objeto en el ano de otro hombre para su satisfacción sexual; o la inserción en la boca de otro hombre del pene de un hombre; o b) La inserción de un órgano de una mujer o de cualquier objeto en la vagina o el ano de otra mujer para su satisfacción sexual.

Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de prisión de entre seis meses y ocho años. También pueden resultar en un castigo adicional de 100 latigazos.

El artículo 412 (c) del Código Penal tipifica como delito el «contacto sexual ilícito» con una persona del mismo sexo, lo que incluye actos indecentes para obtener satisfacción sexual, distintos de los previstos en el artículo 411 (a) (2). Los delitos tipificados en este artículo van desde los delitos menores de Clase 1 hasta los delitos graves de Clase 3 que conllevan una pena de cárcel de entre seis meses y ocho años

Para Human Rights Watch, existe una relación entre estas detenciones y la presión ejercida por grupos extremistas islámicos. Líderes de estos grupos habían protestado públicamente por que se hubieran difundido los vídeos de contenido homosexual sin que se produjera ningún arresto, mientras algunos de sus miembros permanecían detenidos por sus ataques en la celebración del Día Internacional del Yoga, al que consideran una celebración de la idolatría y el politeísmo.

Graeme Reid, director del Programa de Derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales de Human Rights Watch, emitía el siguiente comunicado: «Las autoridades de Maldivas deberían abandonar inmediatamente las investigaciones injustas y aparentemente motivadas políticamente, y en su lugar acatar las normas internacionales sobre protección de derechos. El Gobierno debe derogar las leyes que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, que discriminan a los ciudadanos gais, lesbianas, bisexuales y transexuales, a los inmigrantes y a los turistas, y son una receta para el abuso. La detención de cuatro hombres por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo muestra la naturaleza arbitraria de estas leyes discriminatorias. Las leyes dejan a la gente expuesta al chantaje y a otros abusos, y se convierten fácilmente en una herramienta política en la que los procesados se llevan la peor parte. El gobierno debe derogar las leyes inmediatamente».

Fuente Dosmanzanas

General, Islam Graeme Reid, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, ILGA, Islam, LGTBIfobia, Maldivas, MD Alamgiri, Mohamed Hameed, Mohamed Nasheed, Nazim Abdul Sattar, Sharia

Pau Venteo – Europa Press

Mientras las fuerzas rusas siguen invadiendo Ucrania, los miembros de la comunidad LGTBI+ duermen en casas seguras esperando el momento adecuado para huir de su país.

“Hay una gran sensación de estar juntos y de ayudarse mutuamente: este pequeño sentimiento de familia LGTBI”, dijo Lenny Emson, director ejecutivo del Orgullo de Kiev.

En colaboración con la Alianza Gay de Ucrania, el Orgullo de Kiev, que comenzó en 2012, ha abierto un refugio para que los miembros de la comunidad puedan quedarse y comer antes de huir del país.

“La gente se queda unos días para esperar un tren o un autobús para trasladarse más lejos. Es una verdadera pequeña familia, a pesar de que la gente va y viene”, dijo Emson, que utiliza los pronombres ella/él, a Global News desde Ucrania.

“La comunidad LGTBI+ se encuentra entre la parte más vulnerable y pobre de la población”, dijo Emson. “La gente está perdiendo sus casas, perdiendo a sus familiares. Huyen de las bombas, huyen de los bombardeos”, dijo.

El Orgullo de Kiev es la mayor entidad de orgullo del país. El año pasado, 7.000 personas marcharon por el centro de la capital ucraniana durante las celebraciones del orgullo.

Desde que comenzó la invasión, la entidad ha prestado ayuda directa a 250 personas. Sin embargo, aunque la guerra termine, la lucha no lo hará, dijo Emson.

En los últimos años, Ucrania se ha enfrentado a un aumento de los delitos de odio homófobos y transfóbicos, s_dijo. Se prevé que esta cifra aumente una vez finalizada la invasión. “Esperamos que la gente utilice estos tiempos oscuros para impulsar acciones homófobas y transfóbicas. Cuando la guerra termine, nuestra lucha no habrá terminado”, dijo.

Según un informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, en 2020 se produjeron 80 delitos de odio contra la comunidad. En el 27% de los casos, la policía que acudió al lugar de los hechos no hizo nada y en el 38% no registró el delito ni inició una investigación, según el informe.

Personas de todo el mundo han hecho donaciones al Orgullo de Kiev, o les han escrito ofreciéndose a acoger en sus casas a las personas refugiadas ucranianas LGTBI. “La comunidad LGTQ2S+ existe más allá de las fronteras y eso es lo que vemos. Cada dólar que recibimos es algo de comida para un miembro de la comunidad LGTQ2S+ y esto es lo que realmente se necesita ahora”, dijo Emson. “Todas las personas que recibieron ayuda del Orgullo de Kiev, recibieron ayuda de la comunidad mundial”.

Al igual que el Orgullo de Kiev, Insight, una entidad ucraniana de derechos LGTBI y de la mujer creada en 2008, ha abierto dos refugios desde que comenzó la guerra: uno cerca de la frontera polaca y el otro cerca de la frontera rumana.

Los refugios no sólo son un lugar al que acudir para quienes necesitan un lugar donde alojarse, comer o recibir medicinas, sino que también se ofrece apoyo jurídico, dijo Olena Shevchenko, presidenta de la entidad, a Global News desde Ucrania.

El equipo jurídico ha ayudado a las personas trans a huir del país de forma segura, dijo Shevchenko. Como el proceso para cambiar el género de una persona en documentos como el pasaporte puede ser difícil, algunos miembros de la comunidad pueden tener una documentación que no se ajusta a lo que son.

Estas personas han tenido problemas en la frontera desde la invasión, explicó Shechenko. Las mujeres trans con documentación de identificación masculina deben quedarse y luchar en la guerra, mientras que los hombres trans con documentación de identificación femenina deben pasar por un largo proceso para conseguir un “billete blanco” que les exima de unirse al ejército, dijo. “Estamos trabajando caso por caso, tratando de trasladarlas a la frontera”, dijo, señalando que la entidad ayudó a que una mujer trans y su pareja cruzaran la frontera polaca el miércoles.

Otras tres mujeres trans están esperando en el refugio para huir, junto con otros casi diez hombres trans.

En Odesa y Mykolaiv, la entidad LGTBI+ más antigua de Ucrania, la Asociación LGTBI LIGA, también ha creado dos refugios para la comunidad durante la guerra. “Ahora que la guerra ha llegado a nuestra casa, nos enfrentamos a ella de frente”, dijo un portavoz de la entidad a Global News. “Algunas personas LGTBI+ se han unido a las fuerzas armadas o a la defensa del territorio. Esto no es sorprendente porque el miedo a la muerte es menos importante para nosotros que perder nuestro país”.

La entidad militar ucraniana LGTBI+, cuyos objetivos incluyen una normativa militar inclusiva para la comunidad, ha elaborado una lista de miembros militares abiertos, entre los que se encuentra Iryna Bobyk, que ha estado documentando en línea desde que comenzó la guerra. “La segunda noche después del ataque, soñé con un pobre padre”, escribió el 2 de marzo antes de hablar de un sueño que tuvo desde la invasión.

Para apoyar a la comunidad LGTBI+ de Ucrania, los responsables de las entidades, incluida Emson, animan al mundo a “seguir presionando. Seguid yendo a las concentraciones por Ucrania. La guerra no ha terminado. Los rusos siguen bombardeando nuestras ciudades. Por favor, no nos dejéis solos”, dijo.

Fuente: Global News, vía KifKif

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza Gay de Ucrania, Guerra, ILGA, Lenny Emson, Olena Shevchenko, Orgullo de Kiev, Refugiados LGTBI, Rusia, Ucrania

Importante sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a Rusia por no permitir a A.M., una mujer trans, continuar viendo a sus hijos una vez que esta transicionase y fuese reconocida legalmente como mujer. Los tribunales rusos dieron la razón a la otra madre, que argumentó que el contacto de su ex con los niños era perjudicial para su salud mental y su moralidad. El alto tribunal europeo, en un fallo unánime, considera que la prohibición viola los artículos 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14 (prohibición de la discriminación) de la Convención Europea de Derechos Humanos.

A.M. se casó en 2008 con otra mujer de la que se divorció en 2015. En ese tiempo tuvieron dos hijos, nacidos en 2009 y 2012. Después del divorcio A.M, consiguió ver reconocida legalmente su identidad femenina, algo que en Rusia solo es posible después de someterse a un proceso de reasignación. En se momento la otra madre comenzó a poner impedimentos al derecho de visita de A.M. a sus hijos. Una historia, en definitiva, muy parecida a la de tantas otras mujeres trans en diferentes lugares del mundo.

En este caso, si embargo, la otra madre lo tuvo fácil, teniendo en cuenta el marco legal al que se enfrentan las personas LGTBI en Rusia: le bastó con argumentar ante los tribunales rusos que el contacto de A.M. con sus hijos era perjudicial para su salud mental y moralidad, distorsionaba su percepción de la familia y les «exponía» a información sobre las «relaciones sexuales no tradicionales» (el elemento central de la ley rusa contra la «propaganda homosexual»). Los tribunales rusos le dieron la razón.

La batalla jurídica llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahora, en un fallo de gran importancia para los derechos de las personas trans, ha determinado de forma unánime que Rusia violó en este caso los derechos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, referidos al derecho al respeto a la vida y familiar y a la prohibición de la discriminación, respectivamente. En este último caso el alto tribunal vuelve a recordar que de acuerdo a su doctrina consolidada la identidad de género está cubierta por el derecho a la no discriminación.

No sabemos hasta qué punto la sentencia tendrá un efecto inmediato sobre la vida de A.M., teniendo en cuenta que, según el relato del caso que hace el alto tribunal europeo, la otra madre se trasladó a vivir con los hijos de ambas a un lugar desconocido, y A.M. no tiene información alguna de dónde ni cómo se encuentran. Pero al menos ahora cuenta con armas legales con las que continuar la batalla. El Estado ruso, además, deberá abonarle algo más de 10.000 euros (entre indemnización por daños causados y costas) pese a que la mujer no solicitaba indenmización pecuniaria en su demanda. De lo que no cabe ninguna duda es de que sentencia sienta un importantísimo precedente para los derechos de las personas trans en toda Europa. No es de extrañar que desde Transgender Europe e ILGA -Europa, dos organizaciones paragüas que agrupan a organizaciones trans y LGTBI de todo el continente, lo hayan considerado histórico.

 Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI A.M., Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, Familia, ILGA, ILGA Europa, LGTBIfobia, Personas trans, Rusia, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo y los países de Asia Central. Tal como lo efectuó el pasado año, el informe se ha publicado de manera separada a la clasificación por países, que se dará conocer posteriormente. El documento de ILGA Europa destaca que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países señalan un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Los datos que han llegado a ILGA Europa en 2020 desde los distintos países europeos y de Asia Central han puesto de manifiesto la debilidad de los derechos alcanzados con tanta dificultad a lo largo de los últimos años. Han aumentado extraordinariamente los abusos y la incitación al odio hacia las personas LGTBI, que en muchos casos han tenido que volver a vivir en entornos familiares y sociales de gran hostilidad. Mientras las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han tenido que orientar su trabajo a proveer necesidades básicas como el alojamiento o la alimentación, en muchos países los gobiernos han excluido específicamente a este colectivo de sus paquetes de ayudas. Han resurgido los discursos contra la población LGTBI por parte de las autoridades políticas, convirtiéndola en el chivo expiatorio de la pandemia, sobre todo en aquellos países con regímenes autoritarios.

El aumento de los discursos de incitación al odio se ha comprobado tanto en fuentes oficiales como en los medios de comunicación y las redes sociales. Los discursos de odio contra los ciudadanos LGTBI por parte de miembros de partidos políticos han aumentado considerablemente en Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Estonia, Finlandia, Hungría, Italia, Kosovo, Letonia, Moldavia, Macedonia del Norte, Polonia, Rusia, Eslovaquia y Turquía. Por parte de líderes de las distintas confesiones religiosas se han propagado en Bielorrusia, Grecia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania, llegando incluso a culpar directamente a las personas LGBTI de la expansión de la COVID-19. También se han incrementado en las redes sociales de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Malta, Montenegro, Rusia y Turquía, y en los medios de comunicación clásicos de Eslovenia y Ucrania. La incitación al odio es un problema permanente en Georgia, Irlanda, los Países Bajos, Macedonia del Norte, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido.

La prohibición de los actos del Orgullo y otro tipo de eventos en defensa de los derechos LGTBI, que forman parte de los derechos de reunión y manifestación, ha sido creciente. Estas prohibiciones han estado a la orden del día en Polonia y Hungría, con gran repercusión internacional, y también en los países de Asia Central. Informantes de distintos países han expresado su temor de que las medidas legislativas y la presión social LGTBIfoba de Polonia y Hungría se expandan a otros territorios. En Bielorrusia se produjeron brutales represiones que incluyeron arrestos, detenciones y torturas de personas LGTBI. Existen procesos judiciales abiertos contra manifestantes LGTBI en Rusia y en Turquía, mientras que en Ucrania se reprimieron los actos del Orgullo de Odessa. En Bulgaria los manifestantes fueron atacados por extremistas y en Francia aumentó la brutalidad policial contra las protestas.

ILGA Europa expresa una gran preocupación por el incremento en la oposición a los derechos de las personas trans en toda Europa, que está afectando al avance del reconocimiento legal de género. El retroceso es palpable en Austria, Croacia, Finlandia, Hungría, Lituania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que existe un estancamiento en Alemania, Andorra, Chipre, Chequia, Georgia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Suecia. Las fuerzas que se oponen al reconocimiento de la autodeterminación del género esgrimen falsos perjuicios a los derechos de las mujeres o la supuesta «protección de la infancia» que tiene como consecuencia la exclusión de los menores trans de las medidas legislativas.

En cuanto a los derechos de las parejas LGTBI, existe un estancamiento en varios países, como Andorra, Bulgaria, Chequia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Serbia y Eslovaquia. En la parte positiva se encuentra la aprobación del matrimonio igualitario en Irlanda del Norte y el avance en el proceso legislativo para su implementación en Suiza. También destaca la importancia de la introducción de las uniones civiles en Montenegro y la promesa del gobierno serbio de aplicar una medida semejante en este 2021.

Pero ILGA Europa advierte de que mucho del progreso conseguido en los últimos años se está cuestionando por la falta de aplicación práctica. Aunque en varios países la legislación ha avanzado considerablemente a favor de los derechos LGTBI, muchas de esas medidas no se están aplicando de hecho, por falta de voluntad política. Eso ocasiona que en muchos de esos países las personas LGTBI deban acudir a los tribunales para que sus derechos sean reconocidos o para que se aclare la legislación existente.

La situación en España

En el apartado correspondiente a España, ILGA Europa informa sobre la situación de los distintos derechos en 2020.

La situación creada por la COVID-19 ha endurecido los problemas de los solicitantes de asilo LGTBI, que han sufrido ataques por parte de extremistas LGTBIfobos. Para ayudar a paliar esa situación, la asociación Kifkif inauguró el centro Pedro Zerolo para acoger a 20 solicitantes de asilo y refugiados LGTBI.

El grueso de los discursos de odio se ha dirigido en 2020 contra las personas trans. ILGA Europa destaca los ataques hacia las mujeres trans por parte de la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón. También señala que un sector del PSOE se ha unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer». ILGA Europa destaca que la posición oficial del PSOE es tradicionalmente de apoyo a las reivindicaciones del colectivo LGTBI, pero que este posicionamiento de un sector del partido ha ocasionado en los dos últimos años un retraso en la reforma de las leyes a favor de los derechos trans.

En cuanto a la violencia contra las personas LGTBI en España, ILGA Europa hace referencia al informe del Ministerio del Interior del pasado año, según el cual en 2019 se documentaron 278 crímenes de odio contra las personas LGTBI. Sin embargo, señala que según el EU LGTBI Survey II de la Agencia Europa de los Derechos Fundamentales, tan solo el 16 % de los delitos de odio son denunciados a las autoridades o a las organizaciones de defensa de los derechos LGTBI. Los distintos Observatorios contra la LGTBIfobia reclaman la aprobación de leyes que protejan a las personas LGTBI de estas agresiones. ILGA Europa distingue en este apartado los asesinatos de dos mujeres trans en Asturias en los dos últimos años.

Debido a la pandemia de la COVID-19, en 2020 no pudieron llevarse a cabo con normalidad las celebraciones del Orgullo LGTBI, limitándose a actos online. El lema de 2020 hacia especial referencia a los derechos de las mujeres trans.

En la parte positiva, ILGA Europa destaca la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la prohibición del cambio registral del sexo a los menores trans. También refiere la aprobación en Cantabria de la ley LGTBI, con la única oposición de los diputados de ultraderecha. En el plano social y cultural, señala la salida del armario del cantante Pablo Alborán y la candidatura de Valencia para los Gay Games de 2016.

Fuente Dosmanzanas

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El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha determinado que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del hijo de una pareja de mujeres cuando rechazó su solicitud de asilo, ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable cuando la familia no tuvo otra opción que regresar a Rusia. Una decisión que ILGA, la federación que agrupa a más de 1600 colectivos y organizaciones LGTBI de todo el mundo, ha saludado como un hito importante. «En el sistema de la ONU, este es el primer caso relacionado con el asilo que afecta a un niño que se enfrenta a riesgos específicos por la orientación sexual de sus madres, y por la familia que forman», ha declarado Kseniya Kirichenko, su coordinadora de programas. «Esta es también la primera vez que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU toma una decisión sobre cuestiones de orientación sexual, y el primer caso sobre niños en familias del mismo sexo en la práctica de los órganos de los tratados en general», ha añadido.

Según informa ILGA, la decisión del Comité se refería a una solicitud presentada en nombre de A. B., que ahora tiene 11 años, un niño que había huido de Rusia junto con sus madres después de que la familia se enfrentara a acoso y amenazas, y de que él mismo empezara a sufrir acoso y aislamiento en la escuela. Hay que recordar, en este sentido, la especial situación que vive Rusia, un país en el que a la LGTBIfobia social se superpone desde hace más de una década una creciente LGTBIfobia de Estado que en 2013, después de que varias regiones lo hicieran por su cuenta, cristalizó en una ley estatal que prohíbe el mero hecho de informar positivamente de la homosexualidad a menores. Leyes que en la práctica hacen imposible celebrar el Orgullo LGTBI o simplemente enarbolar una bandera arcoíris.

Temiendo por su seguridad, la familia huyó a Finlandia, donde el niño empezó a ir a la escuela, hizo amigos y ya no tuvo que vivir con el temor a hablar abiertamente sobre su realidad familiar. Sin embargo, Finlandia rechazó su solicitud de asilo. Aunque las autoridades finlandesas reconocieron las experiencias pasadas de amenazas, acoso y discriminación, concluyeron que no podían considerarse constitutivas de persecución. A la familia no le quedó más remedio que regresar a Rusia. Sin embargo, la denuncia contra Finlandia acabó por llegar a Naciones Unidas.

Ahora el Comité de los Derechos del Niño, órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los estados miembro, ha concluido que Finlandia no tuvo en cuenta el interés superior del pequeño como consideración primordial al evaluar la solicitud de asilo ni lo protegió contra un riesgo real de daño irreparable en caso de devolución a Rusia. El Comité considera que el Estado finlandés violó los artículos 3, 19 y 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño y que tiene la obligación de proporcionar una reparación efectiva a la familia damnificada, incluida una «indemnización adecuada». La decisión del Comité fue informada por una intervención de terceros presentada conjuntamente por ILGA Mundo, ILGA-Europa, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Child Rights International Network (CRIN) y Network of European LGBTIQ* Families Associations (NELFA).

«Esta es una decisión importante, que establece las normas necesarias para la protección de los niños de las familias LGBTI que están en mayor riesgo de discriminación, especialmente en países como Rusia, donde las personas LGBTI se enfrentan a la estigmatización y las hostilidades en su vida cotidiana», ha declarado Arpi Avetisyan, jefa de litigios de ILGA-Europa, que ha remarcado además la obligación de los estados de garantizar siempre que el interés superior del niño se tenga en cuenta de forma efectiva y sistemática en el contexto de los procedimientos de asilo y que no se les discrimine por la orientación sexual de sus padres. «En el pasado, hemos visto que las decisiones internacionales sobre solicitantes de asilo lesbianas, gais y bisexuales han llevado a concederles la residencia en los Estados demandados», ha añadido por su parte Kseniya Kirichenko. «Esperamos que Finlandia también garantice que esta familia pueda volver y tener por fin una vida feliz y segura», ha añadido. Esperemos que sea así.

Puedes descargar la decisión completa del Comité de los Derechos del Niño aquí (en inglés).

Fuente Dosmanzanas

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El pasado 9 de febrero entraba por fin el vigor la despenalización de las relaciones homosexuales en Angola. Aunque la reforma del Código Penal que lo ha hecho posible fue aprobada en 2019 (en su momento nos hicimos eco) el proceso de confirmación por parte del presidente del país ha supuesto un considerable retraso en su entrada en vigor. Por fortuna, ya hoy podemos decir que Angola abandona el todavía numeroso grupo de países que criminaliza la homosexualidad. 

Tras la aprobación de la reforma del viejo Código Penal (heredado de la época colonial portuguesa) por el Parlamento angoleño en enero de 2019, el presidente del país, João Lourenço, hizo uso de su derecho de veto, al considerar que las penas que contemplaba el nuevo texto no eran suficientemente duras. Después de que el Parlamento hiciera algunos cambios para acomodar las observaciones del presidente, el texto fue definitivamente aprobado en noviembre de 2020, aunque no ha sido hasta el 9 de febrero cuando ha entrado en vigor. Por fortuna, la despenalización de las relaciones homosexuales no fue objeto de discusión en la revisión del texto.

La noticia es aún mejor si se considera que el cambio no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, ya que se suma además la prohibición de la discriminación en base a la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de una persecución sistemática, pero la persistencia del viejo Código Penal, que castigaba cualquier tipo de relación homosexual, mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTBI, que al menos se ve liberado ahora del miedo de acabar en la cárcel. Una mejora que se venía gestando desde hace varios años. Ya en 2017 el informe sobre homofobia de Estado de ILGA dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», podía leerse en el informe de aquel año, que también destacaba como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluyese la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Alrededor de 70 países y territorios siguen penalizando la homosexualidad

De acuerdo al último informe de ILGA, 69 países miembros Naciones Unidas continúan penalizando en sus leyes las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Uno de esos 69 países es Bután, cuyo Parlamento ya ha aprobado la despenalización, pero aún debe sancionarla el rey. En las legislaciones de otros dos países, Egipto e Irak, no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios: Indonesia (donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional), las Islas Cook (una región autónoma de Nueva Zelanda) y la franja de Gaza, donde están vigentes leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

Además, según el informe de ILGA, en Corea del Sur no se castigan las relaciones homosexuales en su Código Penal, pero su Ley Penal Militar sí que las tipifica como «actos indecentes», estableciendo penas de prisión con trabajos forzados de hasta dos años.

Fuente Dosmanzanas

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La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

Belarusian LGBT+ activist Victoria Biran is at heightened risk of ill-treatment. She is a prisoner of conscience and must be released immediately! Join @Amnesty’s action to write a letter to the Prosecutor General of the Republic of Belarus https://t.co/BOUrJce63X pic.twitter.com/81ELFDPhq2

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) October 7, 2020

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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Las personas trans siguen siendo criminalizadas en 13 estados miembros de las Naciones Unidas con derechos “retrocediendo” en todos los rincones del mundo

Al menos 13 estados miembros de las Naciones Unidas siguen criminalizando a las personas trans, mientras que otros crean las leyes morales para perseguir a la comunidad, según un informe publicado el miércoles (30 de septiembre).

En medio de una pandemia donde quedó expuesta y agravada la violencia estructural que sufren las personas trans a nivel global, la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) –una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizaciones – dio a conocer hoy su tercer Informe de Mapeo Legal Trans. La investigación analiza el reconocimiento legal de género y también la criminalización, y detalla el impacto de las leyes y políticas públicas sobre las personas trans en 143 Estados miembros de la ONU.

En América Latina el mapeo da cuenta de que cada vez más países suman leyes que habilitan el cambio de nombre y/o de género en el documento. Sin embargo, existen otras leyes que, aunque no sean específicas en contra de la comunidad trans, se utilizan para criminalizar de facto y muchas veces encarcelar, sobre todo, a personas trans.

Modos de criminalizar a personas trans

Nigeria, Omán y el Líbano fueron clasificados por el grupo de derechos de los homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales ILGA World, como países con la legislación transfóbica más brutal del mundo.

“Es un momento difícil para las comunidades trans a nivel mundial“, dijo el presidente del Comité Directivo Mundial Trans de la ILGA, Jabu Pereira, en el Informe de Mapeo Jurídico Trans, que evaluó la legislación de género en los 143 estados miembros de la ONU y otras 19 jurisdicciones. El informe advirtió: “En cada región del mundo donde hemos estado documentando el reconocimiento legal de género, se han producido regresiones”.

Los autores del informe reflexionaron sobre el mosaico de progreso que el mundo ha visto en lo que respecta a los derechos trans. Así como Gran Bretaña y Hungría, entre muchos otros países, han visto los derechos de los transexuales estancados o reducidos, otros, como Bélgica y Francia, han visto cómo se han dado pasos agigantados. También se registraron saltos particulares en los derechos no binarios en los dos últimos años.

De los 143 países que analiza el informe, al menos 13 criminalizan explícitamente a las personas trans. Estos son: Brunei, Gambia, Indonesia, Jordania, Kuwait, el Líbano, Malawi, Malasia, Nigeria, Omán, Sudán del Sur, Tonga, y los Emiratos Árabes Unidos. Ninguno en América Latina. “Solo un pequeño número de países en el mundo criminalizan de manera expresa la identidad o el comportamiento de las personas trans, o aquelles que se perciben como trans y transgreden las normas de género. Con frecuencia, con las “leyes de cross-dressing”, prohíben explícitamente “que una persona masculina se haga pasar por mujer” o viceversa. En esos estados, el reconocimiento legal de género tampoco se encuentra disponible, lo cual pone a las personas trans, o a aquelles que se perciben como tal, en riesgo de ser arrestadas o procesadas”, explica el informe.

Además, los investigadores dijeron que la criminalización de las personas trans puede ocurrir a través de “leyes aparentemente inocuas, como las relacionadas con los espacios públicos”. Desde las leyes sobre el vagabundeo hasta las “molestias públicas”, estas políticas vigilan a las personas trans y limitan la forma en que pueden vivir sus vidas, “igual de perjudiciales”, dijeron los investigadores.

“Algunas de las naciones más brillantes en lo que respecta al reconocimiento legal de género tienen su base en el sur global, como Argentina”, dijo Pereira, refiriéndose a cómo el país introdujo la autoidentificación para las personas trans cambiando los marcadores de género en los documentos oficiales en 2012.

¿Qué pasa en los demás? Aunque los estados de América Latina no tengan leyes tan restrictivas, igual se criminaliza a la comunidad trans, según el informe. Zhan Chiam, coordinador y coautor de la publicación advierte que las normas relacionadas a la molestia pública, la indecencia, las buenas costumbres, el merodeo, los delitos relacionados con el trabajo sexual y las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, entre otras, se usan para perseguir de manera sistemática a las personas trans. Estas leyes, que parecen neutrales, “son igual de dañinas que las normas que criminalizan de manera explícita las expresiones de género”.

¿Cuáles son los países más restrictivos en América Latina?

-En Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay y Santa Lucía no es posible cambiar el indicador de género en la partida de nacimiento o el documento de identidad.

-El Salvador no permite el cambio de indicador de género, pero en pocos casos excepcionales algunas personas trans pudieron hacerlo, después de haberse sometido a la cirugía genital y a la prueba forense para “verificar” la cirugía.

-De acuerdo con la abogada Matilda González Gil, las leyes más comunes usadas contra las personas trans en la región son las leyes que prohíben las relaciones sexuales consensuales entre adultos, leyes que (directa o indirectamente) criminalizan el trabajo sexual, por ejemplo, las leyes de moralidad, los reglamentos de espacios públicos, las leyes de estupefacientes y las leyes de control de identidad aplicadas por la policía.

Las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar

-En América Latina las leyes de estupefacientes se usan para criminalizar a las personas trans, por ejemplo, en Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador.

-En Bolivia, la tenencia de estupefacientes con frecuencia es usada como una razón, aún con supuestas acusaciones falsas, para hostigar e incluso encarcelar a las trabajadoras sexuales trans y sus clientes.

-En Colombia, el 40% de las personas LGBTI y el 30% de las personas trans que son encarceladas, llegan a esa situación por delitos de estupefacientes. Ecuador también denuncia altas tasas de personas trans encarceladas por delitos relacionados con los estupefacientes.

-En Argentina, de acuerdo con el análisis de datos hecho por Agencia Presentes, el porcentaje es aún mayor: 56% de las personas trans presas está acusada de delitos relacionados con drogas.

Espacios públicos y códigos

Otra forma de criminalizar  a las personas trans en América Latina y de la que da cuenta el informe son los códigos de moral, buenas costumbres y convivencia, junto con las políticas de espacios públicos, sobre todo en Chile, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Perú y Venezuela.

En Cuba, las redadas policiales se usan para “evitar” que las mujeres trans estén en zonas consideradas proclives a la prostitución. Son detenidas, multadas y amenazadas para que no se “vistan de mujer” y luego pueden ser catalogadas como en “estado peligroso por conducta antisocial”.

La policía de Honduras puede arrestar a “prostitutas ambulantes” y a cualquier persona que muestre una conducta que “atente contra el pudor, las buenas costumbres y la moral pública”.

Argentina: con avances pero aún con leyes que criminalizan

Aunque Argenitna sea uno de los países más avanzados de la región en términos  legales para la población trans, de acuerdo con lo citado por el informe de ILGA Mundo existen al menos tres leyes que son utilizadas para criminalizarlxs: la ley de estupefacientes, el artículo del Código Penal sobre Exhibiciones obscenas y la Ley de Trata de Personas.

“Según informes de la sociedad civil nacional y de organizaciones internacionales de derechos humanos, las personas trans son criminalizadas a través de un número significativo de casos presentados en su contra por delitos de tenencia de estupefacientes y trata. Esto ocurre en el marco de tareas de prevención policial, en las cuales las personas trans reciben insultos, amenazas e intimidación por parte de la policía. También son objeto de requisas y desnudez forzosas (llevadas a cabo por personal masculino) y “violencia de terceros” incitados por agentes de la policía”, explica el informe.

En 2009, la Corte Suprema resolvió en el caso Arriola que la tenencia de estupefacientes para uso personal no puede ser criminalizada cuando no supone un peligro o daño a otros. Sin embargo, esto no se ve reflejado en la realidad. De acuerdo con datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad, todavía hoy un gran porcentaje de las causas que ingresan son por consumo de drogas: casi 4 de cada 10 causas se iniciaron en 2018 por tenencia para consumo personal y casi su totalidad se inicia por tareas de prevención dada la persecución de casos de agrancia por parte de las fuerzas de seguridad.

La otra ley que se usa para criminalizar a las personas trans en Argentina es la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Allí, se prohíbe cualquier conducta que facilite o promueva la prostitución de otras personas, mayores o menores de edad, medie o no el consentimiento de la víctima, e indica que solo podrá ejercerse la prostitución en tanto actividad autogestionada.

“Esta ley confunde la trata con el trabajo sexual e impide que las trabajadoras sexuales trabajen de manera colectiva y organizada, ya que todos los lugares donde se puede ejercer el trabajo sexual son criminalizados. Además, algunos gobiernos municipales han aplicado políticas de “relocalización” para desplazar a las trabajadoras sexuales trans luego del reclamo de personas que vivían en la llamada “Zona roja””, advierte el informe.

Algunos avances a nivel mundial

Entre las principales conclusiones de este mapeo legal, se destacan los avances de algunos países:

-En Europa, Bélgica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal adoptaron leyes que no medicalizan ni patologizan los procesos de cambio de marcador de género.

-En América Latina, Brasil, Chile y Costa Rica han habilitado el cambio en los marcadores de género bajo el paradigma de la autodeterminación.

-Chile, Colombia y Uruguay han avanzado con respecto a les menores de 18 años

-En algunas jurisdicciones de Australia (estado de Victoria), Costa Rica y la mayor parte de Canadá, se habilitó la opción de eliminar por completo los marcadores de género.

“Incertidumbre, contragolpe y ataques”: Los dos últimos años de derechos de los trans han sido unos de los más difíciles.

La autoidentificación, según observaron los investigadores, se ha convertido en un campo de batalla apretado en muchos países, actuando como un amargo sustituto de un “debate” sobre la existencia misma de las personas trans. Desde 2018, subrayaron, los derechos de los trans han estado “marcados por la incertidumbre, las reacciones y los ataques”.

“La ideología de género, en forma de posicionamiento conservador en torno a la fijación del sexo ‘biológico’, el surgimiento de feministas radicales trans excluyentes (TERFs) y políticos de derecha que plantean los derechos LGBT contra las identidades nacionales, han tenido efectos perjudiciales en nuestras comunidades”.

Una gran carga para los derechos de los transexuales. Los investigadores contrastaron las organizaciones de derechos trans, muchas de las cuales funcionan con presupuestos desgastados, con los grupos antitrans bien financiados y con buenos recursos. Y el nivel de antitransvitalidad en Gran Bretaña, según los investigadores, ha sido incluso “exhortado a muchos de los otros países del Commonwealth“.

A lo largo de tres años, Gran Bretaña ha visto las reformas propuestas para la Ley de Reconocimiento de Género – la base de la ley de reconocimiento de género – perseguida por la cobertura transfóbica de los medios de comunicación y por poderosos grupos de presión.

Por mucho que innumerables encuestas hayan mostrado que tales puntos de vista no representan a los británicos en su conjunto, el libro de jugadas transfóbico de desinformación incendiaria y libre funcionó. Las reformas fueron desechadas por los ministros este mes. Como los derechos de los transexuales en Gran Bretaña se mantuvieron estancados, los investigadores arrojaron una luz sobre el conjunto de países y estados que, desde 2017, han pasado a un modelo de autoidentificación desmedida. “Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Francia, Grecia, Luxemburgo y Portugal”, dijeron. Todos los cuales, sorpresa sorpresa, se encargan mucho mejor por hacerlo.

“Punto de inflexión para la defensa de las personas trans”

“Nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a la organización y la defensa de las personas trans, y espero que el panorama que brinda este informe nos aliente a movilizarnos a través de regiones, fronteras y, sobre todo, movimientos. Existe una innegable homogeneidad en los obstáculos con que se enfrentan nuestras comunidades, lo cual significa que también podría y debería haber una manera de formular estrategias compartidas”, explica el coordinador y coautor del informe, Zhan Chiam.

Y concluye: “Mientras se termina este informe, nos encontramos en el medio de una pandemia global en la cual, en todo el mundo, los movimientos trans enfrentan nuevos desafíos para sobrevivir y sostener nuestros derechos”.

Fuente Agencia Presentes/Pink News

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El Parlamento de Hungría, ampliamente dominado por las fuerzas de derecha, ha culminado la villanía. Por 133 votos a favor y 59 en contra, ha aprobado una ley «ómnibus» que incluye la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. La medida supone, posiblemente, el ataque más grave a los derechos LGTBI en un país de la Unión Europea desde la fundación de la que se supone es una alianza de estados de derecho.

Lo adelantábamos a principios de abril: el vice primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, había presentado un proyecto de ley que incluía una modificación de la normativa correspondiente al registro civil para impedir que una persona pudiese modificar sus datos registrales, incluyendo el sexo asignado al nacer, en razón de su identidad de gzsoénero. Se trataba, de hecho, de la primera reforma legislativa tras la asunción, el pasado 30 de marzo, de poderes extraordinarios por parte del primer ministro Viktor Orbán con la excusa de la crisis producida por el coronavirus. Un movimiento que contó con el visto bueno de la Asamblea Nacional húngara, un parlamento unicameral en el que el partido de Orbán (Fidesz) y sus aliados cuentan con una más que cómoda mayoría absoluta.

Tan solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro presentó un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, aparece una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal.

Finalmente, este 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional ha aprobado la ley que incluye, entre otras medidas, la sección 33. Según un comunicado de condena hecho público por las organizaciones ILGA Europa, IGLYO, Transgender Europe y OII Europe (Organisation Intersex International Europe) lo ha hecho por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra.

Un ataque sin precedentes a los derechos LGTBI en la Unión Europea

Se trata, muy posiblemente, del mayor órdago lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de una Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por ejemplo preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución del pasado 17 de abril en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo, sí, pero sin más valor que el meramente declarativo.

También nos hicimos eco en su momento de la carta que un grupo de eurodiputados dirigió al Gobierno húngaro reclamando dar marcha atrás en sus intenciones. El texto (que puedes ver aquí), además de señalar que la negativa a reconocer legalmente la identidad de género de las personas trans e intersexuales contraviene diferentes resoluciones tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa, explicaba que la propia Corte Constitucional húngara falló en 2018 en favor de este derecho. Lamentablemente, la carta estaba firmada solo por 63 diputados en el Parlamento Europeo, menos de un 10% de sus miembros.

Ahora Orbán ha culminado el órdago. Al margen de la evolución interna de los acontecimientos en Hungría (habrá que ver si la Corte Constitucional húngara se pronuncia en algún momento) nosotros nos preguntamos si la Unión Europea hara algo o seguirá limitándose a condenar, rechazar, lamentar, monitorizar… Estaremos atentos.

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban se niega a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que piden expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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