La UPV ya atendía situaciones relacionadas con la “identidad sentida” y, de hecho, ya hay siete personas con acreditaciones acordes a su nombre común o sentido manifestado.

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha aprobado su Protocolo de Atención a la Identidad y Expresión de Género, que garantiza el derecho del alumno transexual que manifiesta una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento.

Además, el Protocolo aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPV establece que los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, según un comunicado de la iniversitad.

Antes de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, la UPV ya atendía situaciones relacionadas con la “identidad sentida” y, de hecho, ya hay siete personas con acreditaciones acordes a su nombre común o sentido manifestado.

En este sentido, la Universitat facilitaba la acomodación entre el nombre de inscripción en Registro Civil y el nombre de uso común o sentido, según ha explicado la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades, quien ha indicado que con el Protocolo se pretende “establecer el marco de atención en la UPV”.

El documento aprobado viene avalado por los Estatutos; por el principio de igualdad y no discriminación, establecido en la Constitución y por la citada Ley Integral, de 7 de abril de 2017.

En su aplicación, las universidades “adaptarán el protocolo educativo para atender al alumnado trans, incluyendo medidas de seguimiento y de coordinación con los centros de acceso”.

El texto establece que los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y que la institución se comprometerá a mantener la confidencialidad sobre las solicitudes y procesos de modificación de uso de nombre.

“El Código ético supone un paso más en la concreción de los valores que inspiran la actuación de la Universidad Politécnica de Valencia”, ha declarado la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades.

La finalidad de este documento, aprobado también por el Consejo de Gobierno de la UPV es “crear una cultura ética compartida y una organización responsable donde las personas actúen con profesionalidad, integridad y justicia; y contribuyan con ello a la construcción de una mejor sociedad”.

Para su redacción se ha llevado a cabo un amplio proceso de participación en el que han colaborado los tres colectivos de la comunidad universitaria (alumnado, personal docente e investigador y personal de la administración y los servicios).

El trabajo ha contado con el asesoramiento de expertos externos como Adela Cortina y Domingo García-Marzá.

Durante la sesión, se dieron a conocer las cuentas anuales de 2017 y el gerente de la UPV, Salvador Navarro, destacó la implantación de la normativa de I+D+i y formación no reglada y la venta del edificio de Blasco Ibáñez, “que ha producido un ingreso de 14 millones y medio”.

De cara al futuro, subrayó la puesta en marcha de un plan plurianual de financiación que permita a la universidad “tener un nuevo escenario presupuestario que permita hacer mayores cambios”.

Además, se presentó la propuesta de modificación de crédito, dado que hay un remanente de tesorería positivo, que permitirá el pago del 100 % de la carrera profesional del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.

También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.

El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.

Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.

Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.

El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).

Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.

Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.

Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de  los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“.  También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.

España, otra vez retrasada

En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

Las personas transgénero pueden decidir

Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…

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Buena noticia para los derechos de las personas intersexuales y de género no binario. Solo unos meses después de que el Tribunal Constitucional alemán fallase a favor de una persona intersexual que solicitaba ser inscrita legalmente con un género distinto a los dos tradicionales, ahora es el Tribunal Constitucional de Austria el que ha emitido un fallo preliminar en favor de otra persona intersexual que no se identifica ni como varón (sexo que le fue asignado) ni como mujer, y que pide que el dato que figura en el registro civil sea modificado y se incluye una tercera opción de género o, en su defecto, que dicho dato sea eliminado.  

El Tribunal Constitucional de Austria, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que el derecho a la propia identidad de género está englobada en el derecho a la autodeterminación personal, considera que el registro del sexo de una persona en su certificado de nacimiento interfiere con ese derecho. En ese sentido, el alto tribunal austriaco considera que los ciudadanos no tienen obligación de aceptar asignaciones de sexo que no se corresponden con su identidad de género, incluyendo aquellas personas cuya identidad de género no se acomoda al binarismo, tal y como sucede por ejemplo (aunque no solo) con muchas personas intersexuales.

El Tribunal Constitucional austriaco, de hecho, considera que en Austria no existe una obligación constitucional de registrar el sexo, aunque la Constitución tampoco lo prohíbe. En este sentido, los magistrados consideran que si el Estado opta por hacerlo convierte un aspecto de la vida privada de las personas en público, por lo que debe respetarse la libertad de estas para que el dato se acomode a su identidad de género y/o demorar dicho acto hasta que la persona sea autónoma para decidirlo.

Por lo que se refiere a la posibilidad de un tercera opción de género, el Tribunal Constitucional austriaco considera que la normativa actual es demasiado rígida, al permitir solo que la persona sea registrada como varón o como mujer, y que ello no permite la manifestación de identidades no binarias, como es el caso de la persona demandante. Como limitación, eso sí, el alto tribunal determina que las posibles opciones alternativas deben mantener una relación real con la vida social de la persona y no ser imaginarias.

El Constitucional austriaco, por último, da un importante varapalo a las cirugías de asignación en menores intersexuales, al pronunciarse en contra de la realización de intervenciones médicas que tengan como finalidad atribuir un sexo determinado a la persona (salvo que dicha intervención tenga una justificación médica suficiente) hasta que esta tenga la capacidad de decidir por sí misma.

Como hemos mencionado arriba, se trata de un fallo preliminar. Se abre ahora un plazo de varias semanas para que el Gobierno austriaco haga las alegaciones que considere pertinentes, tras lo cual el Tribunal emitirá en junio su decisión definitiva. En cualquier caso, la rotundidad del fallo, aunque sea provisional, ha sido saludado por los colectivos LGTBI austriacos. “Es el primero de este tipo en Austria. Es un caso pionero para los derechos de las personas intersexuales”, ha declarado por ejemplo el abogado Helmut Graupner, presidente del colectivo Rechtskomitee LAMBDA (RKL), y que ha asesorado a la persona demandante.

Cabe recordar, además, que en estos momentos el Tribunal Constitucional de Austria es una de las cortes constitucionales europeas más favorables a los derechos de las personas LGTBI: hace solo unas semanas, por ejemplo, decretaba que la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio es discriminatoria, fijando la entrada en vigor de la igualdad matrimonial el 1 de enero de 2019, si el Parlamento austriaco no aprueba una ley para hacerla efectiva antes.

Alemania: el Gobierno debe adaptar la legislación este año

Como decíamos al comenzar la entrada, hace pocos meses el Tribunal Constitucional alemán dio de plazo al Parlamento para que antes del 31 de diciembre de 2018 regule el derecho a la propia identidad de género cuando esta no es binaria. También en este caso la batalla jurídica la emprendió una persona intersexual, disconforme en este caso con su género legal femenino. Según los jueces del alto tribunal alemán, el derecho al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 2 de la Constitución de Alemania incluye la protección de la propia identidad y expresión de género. Además, negarles el reconocimiento a las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino constituye una discriminación por razón de género prohibida por la Constitución. El tribunal tampoco consideró satisfactoria la ley aprobada hace cuatro años, que abría la posibilidad de dejar en blanco el campo del género. El motivo es que esta opción da a entender que las personas afectadas carecen de género, cuando la realidad es que su género no se corresponde con los dos binarios.

Con un espíritu muy similar al de la sentencia austriaca, el Constitucional alemán ofreció dos posibles salidas a los legisladores: introducir una tercera opción de género que reconozca en positivo a las personas que no se identifican con los dos binarios (aunque no dio ninguna indicación sobre cómo denominarlo) o eliminar toda referencia al género en el registro civil y los documentos oficiales.

Con las sentencias alemana y austriaca parece que se abre en Europa una vía que ya es una realidad en otros lugares del mundo. Australia en 2011 o Canadá en 2017,  California, también en 2017ya han introducido medidas de ese tipo. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Pakistán, India, Nepal,  Nueva Zelanda y que Alemania había anunciado.

El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales, de hecho, es un asunto sobre el que se han posicionado tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, a favor de la prohibición de las cirugías de “asignación” en menores como principal objetivo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Dos sentencias por parte de la Junta Electoral y el Tribunal Supremo conceden a las personas trans el derecho a utilizar su nombre elegido y cambiar su género en documentos oficiales sin necesidad de pasar por una operación, un tratamiento hormonal o solicitar un informe médico.

Brasil es el país con mayor tasa de violencia contra personas trans en todo el mundo.

La situación del colectivo trans en Brasil es terrorífica. Según las cifras de la ONG ANTRA, en 2017 se contabilizaron 179 asesinatos de personas trans y travestis: un homicidio cada 48 horas. Es el país con mayor ratio de crímenes contra personas trans y travestis. Y lo peor de todo es que la solución no será sencilla y no llegará lo suficientemente rápido.

Pero poco a poco se van dando pasos tanto para proteger a la comunidad trans (y a la comunidad LGTB en general) como para asegurar su pleno reconocimiento social y su igualdad de derechos. Hace unas semanas el Tribunal Superior Electoral votó a favor de permitir que los candidatos y candidatas trans a las elecciones se presenten utilizando el nombre su nombre elegido para que éste aparezca en las papeletas electrónicas de votos. La decisión no es solo importante porque en 2018 Brasil habrá elecciones para elegir presidente/a, gobernadores/as estatales, miembros del senado y del Congreso; sino porque puede suponer un antes y un después en materia de visibilización y representación de las personas trans en la vida política del país.

Pero eso no es todo. El mismo día que la Junta Electoral aprobaba eso el Tribunal Supremo sentenció que las personas tienen derecho a cambiar su nombre y género en los documentos oficiales sin necesidad de someterse a cirugía de reafirmación de género ni a terapias hormonales. Lo que se conoce, básicamente, como el derecho a la autodeterminación del género. Desde 2016 las personas trans en Brasil podían cambiar su nombre “social” en las identificaciones no oficiales como insignias, matrículas escolares y la inscripción al Examen Nacional de la Enseñanza Media y la sentencia del Supremo surge del recurso de una persona trans contra un tribunal de Río Grande do Sul que se negó a autorizar que un notario aceptara su nombre elegido como identificación. Aunque el voto fue unánime hubo un juez, Marco Aurélio, que planteó la idea de que hiciera falta una autorización judicial para poder realizar esos cambios; pero fue desestimada al considerarse que si no hacía falta una operación, una terapia hormonal o un informe médico menos falta hacía aún la autorización de un juez.

La sentencia permitirá a todas las personas trans presentarse en cualquier oficina del registro civil del país para cambiar su nombre y su género de forma totalmente libre.

Keila Simpson, en el centro, junto a varias mujeres de ANTRA

Para Keila Simpson, presidenta de ANTRA (Asociación Nacional de Travestis y Personas Transgénero), se trata de un gran paso adelante en la lucha por los derechos dado que le da voz a asociaciones como la suya. Pero advierte de que hace falta muchísimo más trabajo: “Por ahora solo hemos garantizado un mínimo de ciudadanía para las personas trans con estas dos sentencias, pero aún quedan muchos desafíos por delante. Creemos que incluso aunque el Congreso apruebe una ley que criminalice los actos de violencia contra personas LGTB seguiríamos recibiendo muchas amenazas; porque vivimos en un país en el que se permite matar, en el que el fanatismo religiosa afila su cuchillo cada día para atacar a nuestra comunidad, donde los prejuicios a los que se enfrentan las personas trans empiezan en sus propios hogares. Por eso es importante decir que para una comunidad marginada como la nuestra, que venimos de no tener derechos, de no tener nada, ser capaces de decidir nuestro nombre es mucho; pero aún tenemos que conquistar nuestro derecho a vivir de forma segura.”

Brasil: un país con una fortísima LGTBfobia social

El hecho de que Tinta Bruta y Bixa Travesty se hayan hecho con los dos principales galardones de los Teddy es significativo, especialmente si se tiene en cuenta que las películas proceden de un país, Brasil, con un altísimo grado de LGTBfobia social, que además va en aumento. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTB fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016 Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer.

Fuente | Washington Blade, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

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Cadem: mayoría aprueba que personas adultas puedan cambiar su nombre y sexo legal.

La cifra responde al impacto que ha generado el triunfo de ‘Una Mujer Fantástica’ en los premios Oscar, donde obtuvo una estatuilla como mejor película extranjera, retratando la historia de una persona trans.

Plaza Pública-Cadem dio a conocer las últimas cifras relacionadas con el apoyo que despierta el proyecto de ley de identidad de género en el país. Fue así como dieron cuenta de que el 67% está de acuerdo en que las personas “puedan cambiar su identidad de género por una sola vez, rectificando su sexo y nombre ante el Registro Civil”.

La última encuesta de Plaza Pública Cadem arrojó una mayoritaria aceptación a los derechos de parejas del mismo sexo y de las personas trans, “sin embargo la adhesión merma cuando los involucrados son niños y niñas, lo cual refleja los prejuicios que aún existen en la ciudadanía”, consideró el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Según el sondeo, aplicado entre el 7 y 9 de marzo pasado a 720 personas mayores de 18 años, el 67% de los chilenos y chilenas apoya que las y los trans puedan rectificar su nombre y sexo legal en el Registro Civil. Sin embargo, sólo el 37% respalda esta idea si los solicitantes son niños, niñas o adolescentes.

Una situación similar se da en el caso de la unión legal entre personas del mismo sexo, pues el 60% está a favor de los casamientos, pero solo el 44% adhiere a la adopción.

La encuesta, cuyo margen de error es del +/- 3.7% y su nivel de confianza del 95%, “explicita que aún en Chile persisten prejuicios que tienen una impacto negativo en el interés superior del niño. Negar derechos a niños/as solo por su identidad de género o la orientación sexual de sus padres, es grave y violento, siendo necesario implementar más medidas de sensibilización y educación”, sostuvo el Movilh.

Ante esto, el presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, explicó que “la encuesta demuestra que hay un consenso general respecto de este proyecto. Chile requiere una ley de identidad de género para terminar con la discriminación que las personas trans viven en su día a día, y que se refleja tan bien en Una Mujer Fantástica. Esta iniciativa tiene apoyo ciudadano, y mayoría en ambas Cámaras, por lo que no hay razones para seguir dilatando su aprobación”.

Inclusión de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años

Respecto de la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a ella, la encuesta arrojó solo un 37% de apoyo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, Fundación Iguales atribuyó esta baja a la falta de información y de visibilidad que han tenido los/as niños, niñas y adolescentes trans ante la ciudadanía y se mostró esperanzada en que esto se revierta.

“A través de la película, la ciudadanía logró empatizar con las personas trans, luego de ver en ella la realidad de una mujer trans adulta y de las dificultades que debe enfrentar por no tener, por ejemplo, documentos de identificación que la representen. Estamos confiados en que la ciudadanía hará lo mismo con los menores de 18 años, pues son ellos/as los/as que tienen 10 veces más probabilidades de cometer suicidio que el resto de los niños, que descartan del sistema escolar a temprana edad y quienes son víctimas de bullying solo por pedir que se respete su identidad”, dijo Pi.

El Movilh consideró que la medición refleja “los avances, pero también prejuicios que aún persisten en la ciudadanía cuando se trata de proteger los derechos de niños/as”

El Movilh puntualizó que “en este desafío el Estado debe jugar un rol protagónico. En vez de esperar sentado los cambios culturales, como históricamente ha ocurrido con los derechos LGBTI, el Estado debe contribuir al más estricto respeto a la universalidad de los derechos humanos”.

Fuente Plaza Pública-Cadem, vía Fundación Iguales/MOVILH

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ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)

Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.

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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.

Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).

En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.

En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.

Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores

La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

Registro de la proposición de ley integral de transexualidad

Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.

Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, En Comú Podem, En Marea, España, Identidad de género, Mar Cambrollé, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

El senador republicano Phil Jensen, quien está patrocinando la iniciativa,

El estado sería el primero de la nación en bloquear la enseñanza sobre la identidad o la expresión de género. 

Los legisladores de Dakota del Sur analizarán prohibir a sus escuelas públicas, primarias e intermedias, que enseñen sobre la identidad de género, un plan que según sus críticos apunta contra los estudiantes transgénero de la misma manera en la que algunos estados están limitando la representación positiva de la homosexualidad en las aulas.

El estado sería el primero de la nación en bloquear la enseñanza sobre la identidad o la expresión de género, deploró Nathan Smith, director de políticas públicas del grupo nacional GLSEN, que se enfoca en que haya escuelas seguras para los estudiantes LGBTQ.

Esa organización contó recientemente siete estados en los que hay restricciones a la descripción positiva de la homosexualidad en las clases de salud. Esos estados son Alabama, Arizona, Luisiana, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas.

“Tal vez sean un poco diferentes en la forma en que están hechas y tal vez un poco diferentes en la forma y en el tipo de población a las que apuntan, pero las preocupaciones subyacentes son las mismas para nosotros”, dijo Smith. “Creemos que es malo para los estudiantes LGBTQ de Dakota del Sur”.

Los estudiantes LGBTQ (siglas que designan a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y aquellas que aún se cuestionan su identidad sexua) en estados con tales leyes son más propensos a enfrentar asalto y acoso en la escuela, y a obtener menos apoyo de los maestros y administradores, según un informe de investigación de GLSEN.

La portavoz del Departamento de Educación, Mary Stadick Smith, dijo en un correo electrónico que no está al tanto de que las escuelas estén enseñando sobre la identidad de género.

El senador republicano Phil Jensen, quien está patrocinando la iniciativa, alegó que hay electores a los que les preocupa que el asunto pueda convertirse en un problema en las escuelas.

Jensen dijo que le preocupa que se estén enseñando a los niños temas que no son apropiados para su edad, pues los estudiantes no dominan lo básico aún. “Creo que debemos centrarnos en la lectura, la escritura y la aritmética”, explicó Jensen.

Fuente Cáscara Amarga

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Se llama Ash Whitaker y ha conseguido algo insólito: que le paguen por poder utilizar el cuarto de baño. Se ordenó a un distrito escolar de Wisconsin que pague $ 800,000 después de que un estudiante transgénero demandó a la escuela por prohibirle usar el baño que correspondía con su identidad de género.

La decisión se produce después de que la Junta Escolar de Kenosha votara para rechazar la apelación, que se habría escuchado en la Corte Suprema, a favor de pagar el acuerdo.

Ron Stadler, el abogado del distrito escolar, dijo que la decisión de abandonar el caso era puramente económica y no significaba que pensaran que los estudiantes trans deberían tener acceso a las instalaciones que corresponden con su identidad de género. Sin embargo, el caso sentará un precedente para futuras demandas relacionadas con el mismo problema. Stadler agregó que creía que las políticas discriminatorias de la escuela “tienen un excelente argumento”.

Las políticas a las que se refirió Stadler incluyeron obligar a Whitaker y a otros estudiantes trans a usar muñequeras verdes brillantes para indicar su identidad de género y permitir que se controle su uso en el baño.

Whitaker se describió a sí mismo en un comunicado del Transgender Law Center como “profundamente aliviado de que esta larga y traumática parte de mi vida finalmente haya terminado y pueda enfocarme en mi futuro y simplemente ser un estudiante universitario”.

La victoria fue “empoderadora”, dijo, porque “me hizo sentir que realmente puedo hacer algo para ayudar a otros jóvenes trans a vivir de manera auténtica. Mi mensaje a otros chicos trans es respetarse a sí mismos, aceptarse a sí mismos y amarse a sí mismos. Si alguien te dice que no te lo mereces, demuéstrales que están equivocados “.

La decisión de retirar la demanda se produjo después de que un juez de distrito emitió un requerimiento judicial que hizo que la escuela diera acceso a instalaciones para estudiantes trans.

La sentencia, emitida por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito, le dijo al Distrito Escolar Unificado de Kenosha en Wisconsin que había afectado negativamente a la demandante estudiantil.

Luego de la audiencia inicial, la madre de Ash, Melissa Whitaker, dijo: “Todavía hay mucho odio en el mundo, muchos malentendidos, definitivamente; pero todavía hay mucha esperanza, y eso es lo que queremos dejar. Nos sentimos muy positivos acerca de cómo fue, cómo han ido las cosas”.

El abogado de Ash, Joseph Wardenski, dijo: “Ahora que cada vez más personas transgénero se sienten cómodas viviendo de acuerdo con su identidad de género en sus vidas y en la escuela, tal vez no sea sorprendente que estemos viendo estos casos, pero esperamos que a las personas trans en las escuelas y en otros lugares se les respete por lo que son “.

Ash, que estudia Ingeniería Biomédica en la Universidad de Wisconsin-Madison, salió como trans durante su primer año en la escuela secundaria, de acuerdo con la demanda.

Él ha recibido tratamientos hormonales y las notas de sus médicos lo identifican como un hombre, pero aún no ha pasado por una cirugía (y no sabemos si lo hará o no, ni nos importa).

Fuente Oveja Rosa

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La iniciativa brinda atención especializada a personas trans y tiene entre sus desafíos efectuar cirugías de reasignación corporal en el transcurso del 2018.

El Hospital Sotero del Río, que dirige el doctor Claudio Farah Meza, lanzó ayer un Programa de Identidad de Género para brindar atención especializada a personas trans, siendo la medida festejada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En una ceremonia efectuada en el auditorio Salvador Díaz del hospital, y que contó con la asistencia del director de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Antonio Infante, se precisó que el programa se viene gestando desde junio del 2017, logrando atender a la fecha unas 65 personas, 12 de la cuales son menores de 18 años. El promedio etario es de 25 años.

A la fecha, el Hospital ha brindado acompañamiento a las personas trans y las ha derivado a lugares donde pueden recibir mayor información, obteniendo además financiamiento para los procesos de hormonización

Para el 2018 el recinto aspira a cumplir con todas las exigencia de las circulares del Minsal sobre atención a personas trans, efectuar talleres para los/as usuarios/as, capacitar a funcionarios/as e incorporar la prestaciones quirúrgicas.

“Damos la bienvenida a este importante plan que viene a resolver una demanda muy sentida por la población trans, en tanto influye directamente en su calidad de vida. Felicitamos a todos quienes hicieron posible iniciar este hermoso proceso de respeto a los derechos humanos”, indicó el Movilh.

Junto a Farah Meza e Infante intervinieron ayer durante el lanzamiento la matrona Cynthia Aránguiz, la trabajadora social Laura Toledo y la doctora Constanza Bartolucci, quienes junto a la psicóloga Janet Noseda contribuyeron a implementar al programa

Fuente MOVILH

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Una niña de Quilmes de siete años pidió el cambio de género y nombre en su partida de nacimiento y en el DNI. Lo hizo a través de sus padres, como exige la Ley de Identidad de Género. Cuando la familia consultó en el Registro de las Personas de la provincia de Buenos Aires sobre el estado del trámite les avisaron que el nuevo documento estaba en camino. Unos días más tarde recibieron un sobre con documentación oficial: no era el DNI y la partida de nacimiento de su hija, era una notificación que rechazaba el pedido.

Un niño de ocho años de Punta Indio y otro de La Plata también recibieron una notificación de rechazo. Es la primera vez en seis años, desde la aprobación y promulgación de la ley, que el Estado le niega a menores de 13 años el derecho a la identidad de género: desde 2013 más de 20 niños y niñas obtuvieron sus DNI con la identidad autopercibida. Ahora las asociaciones AboSex e Infancias Libres, que acompañan a las familias de los niños y las niñas trans, anticiparon que llevarán los casos “hasta las máximas instancias locales e internacionales de protección de derechos humanos”.

El Registro de las Personas argumentó el rechazo diciendo que se debe conformar un equipo multidisciplinario que analice si los menores de 13 años tienen “el grado de madurez suficiente para prestar un consentimiento válido”. “Es una interpretación totalmente arbitraria”, explicó a Cosecha Roja Alejandro Joma, representante de la asociación AboSex. “Cualquier niño que puede entender que hace el cambio de género puede pedir el cambio de DNI sin importar la edad. Es una batalla que ya fue saldada y por la cual se luchó mucho”, agregó.

“Las personas trans luchamos mucho para tener esta ley y ahora no se respeta. A los niños les afecta mucho no poder ver reflejado su nombre en el DNI o que no les respeten el nombre en el colegio o en el médico”, dijo a Cosecha Roja Matias Veneziani, secretario de la Asociación Civil Infancias Libres.

La Ley 26.743 de Identidad de Género, sancionada y promulgada en mayo de 2012, otorga el derecho a todas las personas a que se les reconozca su identidad de género. En el artículo 5 establece que los niños, niñas y adolescentes que deseen efectuar un cambio de género y nombre deben hacer el pedido “a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor”. El Registro de las Personas está obligado a reconocer la identidad de género “sin necesidad de ningún trámite judicial”.

En 2013 Lulú se convirtió en la primera niña trans en tener DNI con nombre femenino. Se asumió nena desde que nació y a los cuatro años le dijo a su mamá Gabriela: “Yo no soy un nene, soy una nena. Ya no me llamo Manuel, me llamo Lulú”.

Gabriela entendió que no debía imponerle a su hija una identidad que no era la suya. Así, las dos juntas comenzaron un recorrido de acompañamiento y de lucha contra la incomprensión, la negación y la discriminación cada vez que la llevaba a anotar a un taller, danza o patín o cuando iban a una guardia médica para que la atendieran.

Lulú necesitaba un DNI que reconociera su derecho a la identidad. Durante un año insistieron para que el Registro de las Personas de Buenos Aires rectificara sus datos. A pesar de que en 2012 había sido sancionada la ley de Identidad de Género, la titular del registro y el asesor de Menores e Incapaces del Tribunal de Morón consideraban que la nena no tenía capacidad para decidir sobre su identidad.

En octubre de 2013, el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, le entregó a Gabriela Mansilla la nueva partida de nacimiento y el DNI de su hija. “Todas las personas trans fueron niños en algún momento, pero no existía en la sociedad la posibilidad de percibirlo”, dijo Gabriela ese día. Y agregó: “El temor lo tenemos los adultos, no los niños, ya que en el jardín los compañeros no tienen ningún problema en aceptarla tal como ella se siente”.

A partir de la publicación de esta nota, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires realizó una presentación de oficio ante el Registro Nacional de las Personas de la provincia para que las autoridades informen los fundamentos del rechazo al reconocimiento de la identidad de género de niños y niñas trans. “Actuamos de oficio por la gravedad y el retroceso que implica esta decisión de apartarse de lo que establece la legislación”, explicó el defensor del Pueblo adjunto de Buenos Aires, Walter Martello.

Fuente: Cosecha Roja, vía SentidoG

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Importante avance en el reconocimiento de los derechos de las personas de género no binario e intersexuales en Taiwán. Un comité del Parlamento anunció el pasado martes una propuesta para establecer una tercera categoría de género legal junto a las existentes de masculino y femenino. La medida debe ahora recibir el visto bueno del ministerio del Interior. Taiwán se uniría así a países como Alemania, Australia o Canadá, que ya contemplan esta posibilidad, y se consagra como abanderado de los derechos LGTB en Asia.

El Gobierno de Taiwán (oficialmente la República de China) estudiará la posibilidad de regular una tercera opción de género en los documentos oficiales. El Comité de Igualdad de Género (GEC) del Yuan Legislativo, el Parlamento unicameral del país, ha elaborado la propuesta. De ser aprobada por el ministerio del Interior, que la tiene ahora encima de la mesa, supondría un avance crucial en el reconocimiento de las identidades de género no binarias.

La portavoz adjunta del Gobierno, Janet Chang, declaró que están evaluando la propuesta pero que aún no han tomado “una decisión final”, aunque calificó la medida como una cuestión de “derechos humanos”. La activista Olivia Tsai coincide en destacar la importancia de la iniciativa para reflejar la diversidad de género, pero advierte que la decisión de utilizar esta nueva categoría debe partir siempre de la persona interesada y no de las autoridades.

Si se aprueba finalmente la propuesta, como parece probable, Taiwán se uniría al pequeño grupo de países que reconoce oficialmente la identidad de las personas intersexuales y de género no binario con una tercera opción de género en los documentos oficiales. Se trata de medidas que han adoptado países como Australia en 2011, Canadá en agosto del año pasado o Alemania por mandato del Constitucional hace un mes.

La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de dejar en blanco el campo del género también ha sido regulada de diferentes formas en países como la India o Nepal. El reconocimiento y las necesidades específicas de las personas intersexuales es un asunto sobre el que se han posicionado instancias internacionales como el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa, con la prohibición de las cirugías de “normalización” en menores como principal objetivo.

Con la presentación de esta medida, que esperamos que se materialice en los próximos meses, Taiwán confirma su posición a la vanguardia del reconocimiento de los derechos de las personas LGTB en Asia. El otro gran asunto nacional en este sentido es la equiparación en el acceso al matrimonio, mandatada por la Corte Constitucional en mayo del año pasado y que entrará en vigor, si antes no hay una aprobación legislativa, en 2019. Hasta entonces, las parejas del mismo sexo siguen sometidas a discriminación.

Fuente Dosmanzanas

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Vergonzosa transfobia de la Fiscalía, que en un escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que solicita que se confirme la condena de un año de cárcel a Cassandra Vera por sus chistes sobre la muerte de Carrero Blanco se refiere a esta en masculino y la acusa de esconderse bajo un “pseudónimo”, en referencia a su nombre. 

En un escrito para refutar el recurso de la defensa solicitando al absolución de Cassandra Vera, la Fiscalía reincide en su actitud transfóbica al referirse a ella siempre en masculino y señalando que el nombre que ella a elegido para reflejar su identidad de género es un simple «pseudónimo» bajo el que oculta su «verdadera» identidad.

El caso es bien conocido. La estudiante trans de Historia Cassandra Vera fue condenada en marzo de 2017 a un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta al considerarla la Audiencia Nacional culpable de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras publicar varios chistes referidos a la muerte de Luis Carrero Blanco (el que fuera presidente del Gobierno de la dictadura franquista, objeto de un atentado de ETA en junio de 1973). La defensa de la joven presentó el correspondiente recurso al Tribunal Supremo. Durante el proceso y después la joven ha sido víctima de comentarios tránsfobos (incluso por parte de cargos públicos electos) que, estos sí, han quedado impunes.

Pues bien, según desvelaba ayer la cadena SER, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena mediante un escrito en el que continúa refiriéndose a Cassandra Vera en masculino (como ya ocurrió durante el juicio en la Audiencia Nacional). Y ello a pesar de que es público y notorio que su identidad de género es femenina, aunque no haya modificado a día de hoy su identidad registral. Pero la Fiscalía va en este caso aún más lejos, y la acusa de esconderse bajo pseudónimo. “Existen datos para sostener que el sujeto sabía que estaba realizando hechos patentemente ilícitos. Entre otros, ¿por qué si era tan legal lo que hacía se escondía bajo el pseudónimo de Cassandra?”, afirma el escrito, siempre según la SER. En definitiva, la condición trans de Cassandra se convierte en un argumento culpabilizador…

En una entrevista concedida al diario Público, Cassandra Vera asegura sentirse humillada, aunque no sorprendida, tras conocer la noticia. “Es una muestra de que en las instituciones sigue habiendo mucha homofobia y transfobia. Era difícil superarse y lo han conseguido. Se han lucido. Muestra lo bajo y lo ridículo que ha caído el fiscal de mi caso. Cassandra es mi nombre, es el que todo el mundo usa conmigo y así me presento. Es ridículo que diga que lo utilizo para esconder mi identidad cuando yo he subido fotos mías a Twitter, de mi vida cotidiana, del sitio donde estudio…“, asegura.

Público pregunta también a Vera por lo que sucedió en el juicio de la Audiencia Nacional, donde ya se la trató en masculino. La joven destaca, en este sentido, lo paradójico de que en un juicio que supuestamente buscaba reparar la dignidad de otra persona se denigrara la suya. “Como si yo tuviera menos derecho a la dignidad. En la sentencia también se escribió mi antiguo nombre, en masculino. No sé hasta qué punto debe de ser así en los documentos legales, pero es cierto que en el juicio podrían haber mostrado más respeto, pero nada. Hay que tener en cuenta que hablamos de una gente que me juzgó y condenó por hacer chistes de un fascista. No espero ningún re speto ni comprensión de esta gente”, añade.

«El escrito menosprecia intencionadamente un derecho tan básico como la identidad de género de las personas . Además, durante la visita oral en la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se la trató continuamente como un hombre pese que ella se considera una mujer, lo que es otro claro discriminación institucional», declara Marta Sorlí, de Compromís, quienes han solicitado en varias ocasiones el indulto para la tuitera murciana.

“Estupor” de la Plataforma por los Derechos Trans

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad ha mostrado en un comunicado su desconcierto por el trato a Cassandra Vera en el escrito de la Fiscalía, que considera “vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género”. “La identidad sexual no es un disfraz, es un derecho humano, y en consonancia a esta las personas nos socializamos y relacionamos”, asegura su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual el nombre por el cual las personas desean ser llamadas forma parte del derecho al honor, intimidad y la propia imagen de las personas trans.

La Plataforma recuerda que no solo diversas leyes autonómicas reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y de la expresión de género, sino también distintas directivas y declaraciones internacionales “que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental”. “Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven, y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado español” añade Erik García, vocal de juventud de la entidad.

“Estos lamentables e inaceptables hechos, ponen de manifiesto la necesidad de una legislación específica para las personas trans que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. Es inaplazable seguir demorando el registro inminente de la propuesta de ley trans estatal que Unidos Podemos se ha comprometido a registrar y que hará de España el epicentro del respeto y la protección jurídica de las personas trans”, concluye el comunicado.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/Universogay

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Curiosa campaña del Gobierno de las Islas Baleares, que se ha servido de una cámara oculta para concienciar a los ciudadanos de esa comunidad de la realidad de las personas trans. La secuencia muestra a varias personas cis, hombres y mujeres, que se detienen a tomar un café y que no tratados por el camarero de acuerdo a una identidad de género que no les corresponde. Lo mismo que les ocurre a diario a tantas y tantas personas trans.

La cámara oculta recoge a varias personas que “caen en la trampa” de degustar un café ecológico gratuito en una cafetería ambulante. El camarero se dirige a ellos con absoluta educación, pero utilizando los términos equivocados por lo que a su identidad de género se refiere. “Un cortado para el caballero, y un café solo para el otro caballero“, comenta en referencia a dos chicas. “¿Y sus mujeres donde están, en casa?” les pregunta a un grupo de mujeres. “Hombre, sus mujeres somos nosotras”, responden estas, estupefactas. “Un placer, guapa”, le dice a un joven. “¿Guapa?”, se pregunta este, sorprendido. Y así con el resto.

Poco a poco, se nota como los diferentes clientes se van encontrando más incómodos, en algún caso visiblemente molestos. Hasta que finalmente aparecen un chico o una chica (según el caso), que se dirigen a ellos y les comentan que la sensación de incomodidad que sienten en ese momento es la que sienten de forma habitual las personas trans cuando se dirigen a ellas de forma inadecuada: “Lo que habéis vivido durante un par de minutos es lo que vivimos las personas transexuales a lo largo de nuestra vida”. Los clientes, entonces, comienzan a comprender…

“No te confundas. Respetando a las otras personas te respetas a ti”, finaliza el vídeo, que ha sido difundido por el Gobierno de Baleares en Twitter, Facebook y YouTube con el lema La identidad no se impone; se crea, se siente, se disfruta… Pero, sobre todo, se respeta. Ponte en la piel de los otros y hazlo” y el hashtag #dretstrans.

Os dejamos con el vídeo:

El Gobierno de Baleares está compuesto por una coalición entre el PSIB-PSOE y Més per Mallorca, y cuenta con el apoyo parlamentario de Podemos Y Més per Menorca. Su presidenta es la socialista Francina Armengol.

Fuente Govern de les Illes Balears, vía Dosmanzanas

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La oficina del Registro Civil de Botsuana anunció el pasado martes que facilitará un nuevo documento de identidad a un hombre trans en el que quede consignado el género con el que este se identifica. La decisión llega más de dos meses después de la sentencia del Alto Tribunal del país que ordenaba el cambio de “femenino” a “masculino” en la mención del sexo del demandante. La Administración ha revertido su decisión inicial de recurrir el fallo judicial. Se trata de la primera vez que se reconoce este derecho en el país africano y puede sentar un precedente para otros casos similares.

Buenas noticias desde Botsuana, uno de los pocos países africanos que tímidamente da algunos pasos hacia el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía LGTB. El Registro Civil ha informado de que procederá a la modificación del género legal de un hombre trans que acudió a la Justicia para que le reconociera este derecho. La decisión administrativa, que se hará efectiva antes del próximo día 18 de diciembre, pone fin a un proceso que se ha alargado durante diez años.

N.D., el demandante del que solo se conocen sus iniciales, reclamó ante los tribunales el reconocimiento administrativo de su género. Tras una larga batalla legal, el Alto Tribunal de Botsuana le dio la razón el 29 de septiembre de este año. El juez Nthomiwa dictó entonces que “el reconocimiento de la identidad de género del demandante está en el centro de su derecho fundamental a la dignidad”. “La identidad de género”, proseguía la sentencia, “constituye el núcleo del propio sentido del ser y es una parte integral de la identidad de una persona”. Por tanto, “el reconocimiento legal de la identidad de género del demandante es parte del derecho a la dignidad y a la libertad de expresarse de la forma con la que se encuentre cómodo”.

La sentencia del Alto Tribunal no tuvo una traslación inmediata a la práctica, porque el representante del Registro Civil anunció que la recurriría ante la Corte de Apelaciones. El mandato quedó por tanto en el aire hasta que, el pasado martes, la Administración se desdijo y aseguró que no presentaría ningún recurso y que facilitaría a N.D. sus nuevos documentos antes del próximo 18 de diciembre. “Nunca fue tan dulce un final”, ha declarado el demandante, que espera que el fallo ayude a otros en su situación “a vivir su vida con dignidad”.

Es el caso de la activista trans Ricki Kgositau, que también recurrió a la Justicia en agosto para que le reconozca su identidad de género. La sentencia favorable a N.D. podría ser un precedente favorable en la resolución de su caso, cuya vista en el Alto Tribunal se celebrará el próximo martes 12 de diciembre. Así lo espera el Southern Africa Litigation Centre, una ONG pro derechos humanos que ha prestado asistencia jurídica a ambos.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

El año pasado se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Foro Asturias, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, María Dolores Galovart, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Teresa Jordà, Transexualidad, Transgenerismo, Ttransfobia, Unidos Podemos, UPN

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Transgenerismo, Unidos Podemos

Coincidiendo con el artículo, lo publicamos en su totalidad:

La Fundéu avisa a los medios de comunicación de que dejen de usar el término “matrimonio igualitario” y usen “matrimonio homosexual” porque hay que ser más precisos en el lenguaje.

Sorpresa absoluta. Esa ha sido nuestra reacción cuando esta mañana conocíamos la última recomendación de la Fundéu (Fundación del Español Urgente), decantándose por la expresión “matrimonio homosexual” sobre “matrimonio igualitario”. Una recomendación con la que estamos en absoluto desacuerdo (que expresábamos en Twitter esta misma mañana, a los pocos minutos de difundirse) y que en esta página no seguiremos, a diferencia de muchas otras de sus recomendaciones. Las razones son fáciles de entender.

No existe el “matrimonio homosexual” como concepto jurídico. Existe el “matrimonio”, históricamente vedado a las parejas del mismo sexo, pero que cada vez más países han abierto a todas las parejas, con independencia de su sexo. “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”, expresa el Código Civil español en su artículo 44.

El matrimonio, cuando se celebra en un país que ha dotado a esta institución de un carácter igualitario, puede ser contraido por dos personas heterosexuales, dos personas homosexuales, una persona heterosexual y una persona bisexual, una persona heterosexual y una persona pansexual, una persona homosexual y una persona bisexual, una persona homosexual y una persona pansexual, dos personas bisexuales, dos personas pansexuales, etc. A su vez. si en lugar de referirnos a la orientación sexual nos referimos a la identidad de género, puede ser contraido por dos personas cis, dos personas trans, una persona cis y una persona trans, dos personas de género no binario, una persona cis y una persona de género no binario, una persona trans y una persona de género no binario, etc. Si combinamos orientación e identidad las posibles combinaciones se disparan.

Que ante esta realidad alguien recomiende a estas alturas la expresión “matrimonio homosexual” muestra, en el mejor de los casos, una gran desconocimiento, y en el peor, un ánimo invisibilizador de la diversidad sexual y de género de la especie humana. No negamos que en un momento inicial el uso de esa expresión por un medio de comunicación pudiese considerarse válido (nosotros mismos, ya con doce años a nuestras espaldas, la utilizamos en nuestras primeras entradas) pero hoy día, cuando la realidad LGTBI es mucho más conocida y asumida, carece de sentido.

Puede argumentarse, con razón, que en este caso lo mejor sería hablar de matrimonio a secas. Así lo hacemos nosotros cuando hacemos crónica de sociedad y recogemos enlaces entre dos personas del mismo sexo. “El actor y modelo Colton Haynes contrae matrimonio con Jeff Leatham”, titulábamos hace pocos días una entrada. “Contrae matrimonio”, a secas. Ni “contrae matrimonio igualitario” ni “contrae matrimonio homosexual”. Hablamos también, en el cuerpo de nuestras noticias, de “apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo”. Pero no siempre los titulares permiten expresiones extensas, y hay ocasiones en las que la economía del lenguaje se impone y preferimos usar dos palabras que una frase larga. “Matrimonio igualitario” es en estos casos la expresión más acertada al referirse a la aprobación (o a la negación) del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio. “El presidente de la República Federal de Alemania rubrica la histórica ley de matrimonio igualitario”, titulábamos en julio, por mencionar otro ejemplo.

Argumenta Fundéu que “igualitario significa ‘que entraña igualdad o tiende a ella’ y ‘que propugna la igualdad social’”. Absolutamente de acuerdo. Posteriormente afirma que “de estas definiciones no se desprende que esa igualdad esté por fuerza relacionada con el sexo de los contrayentes”. “La expresión matrimonio igualitario también puede aludir —y, de hecho, así se ha venido usando— a un matrimonio entre personas de distinta clase social o a aquel en el que los dos cónyuges gozan de los mismos derechos”, añade. Un argumento que no compramos. Desde luego nosotros no recordamos titulares de medios de comunicación que hablen de “matrimonio igualitario” cuando se refieren a una boda entre dos personas de distinta clase social. Los hemos buscado, y no los hemos encontrado. Este argumento más bien nos parece construido ad hoc para justificar una preferencia. La lengua, en cualquier caso, es un organismo vivo. Si en el pasado tuvo ese significado, desde luego hoy no lo tiene.

Nuestro criterio, por otra parte, es compartido tanto por la FELGTB como por Fundación Triángulo, dos de las entidades LGTB más importantes del Estado. Ambas se pronunciaban también en Twitter. “Estamos totalmente en desacuerdo con esta consideración de Fundéu. ‘Homosexuales’ son las personas, no los acuerdos que entre ellas la ley reconozca. Hablamos de ‘igualitario’ porque hasta que no se permitió a personas del mismo sexo contraer matrimonio existía discriminación”, expresaban desde la FELGTB. “Defendemos ‘matrimonio igualitario’ pues es independiente del sexo legal de l*s contrayentes. Se puede especificar que es “entre personas del mismo o de diferente sexo” pero en ambos casos sería matrimonio igualitario. Profundamente en desacuerdo con Fundéu a este respecto”, expresaba por su parte Triángulo. El desacuerdo con la Fundéu, de hecho, trasciende las fronteras de España. “El carácter igualitario se lo da la propiedad de beneficiar a parejas homosexuales cis, trans y tradicionales”, respondía por ejemplo a Fundéu la organización Venezuela Igualitaria, también en Twitter.

Fundéu fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Es una institución a la que consideramos útil y cuyas recomendaciones son, por lo general, de gran ayuda a la hora de decantarnos por una u otra opción a la hora de utilizar el lenguaje. El año pasado aplaudimos su decisión de incluir “LGTBfobia” entre sus doce candidatas a “palabra del año 2016”. En esta ocasión, sin embargo, se ha equivocado. Desde luego nosotros no les haremos caso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Diversidad sexual, FELGTB, Fundación Triángulo, Fundéu BBVA, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Lenguaje, Matrimonio, Nueva York, ride Centre of the Capital Region, Venezuela Igualitaria

Otro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.

Países como, Argentina, Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta  o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.

Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.

Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”, ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo. “Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de
atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”. “En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas  aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.

Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.

Manifestación en Madrid

Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y  Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.

Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:

Fuente Dosmanzanas

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Monika Shahi Nath ha hecho historia en el colectivo LGTB de Nepal al convertirse en la primera persona trans a la que este Estado asiático permite casarse. Tanto ella como el que ya es su marido, Ramesh Nath Yogi (de 22 años), dicen sentirse arropados por su comunidad. “Somos felices y nos sentimos aceptados como esposo y esposa”, han explicado los emocionados protagonistas. Se da la circunstancia de que Shahi Nath también fue la primera persona trans en recibir el nuevo pasaporte con el reconocimiento de “tercer género” en 2015. Laxmi Nath Bista, un vecino del matrimonio, ha dicho al ser preguntado por Shahi Nath que “la idea del tercer género es muy nueva para la gente de aquí, muchas personas no entienden lo que significa, pero su comportamiento es bueno para todos, por lo que la aceptan”.

Son oficialmente marido y mujer. Monika Shahi Nath y Ramesh Nath Yogi contrajeron matrimonio en el distrito de Dadeldhura, una zona rural situada en el extremo oeste de Nepal. “Su relación con la familia y con la gente de la comunidad es muy buena, creemos que está bien”, explica su vecino Laxmi Nath Bista. En este sentido, la pareja tampoco duda en admitir la buena relación con su comunidad, de la que no parecen haber recibido hasta el momento ningún gesto de rechazo o de transfobia. Asimismo, el matrimonio parece estar contando con el apoyo familiar.

Sin embargo, Shahi Nath no siempre ha encontrado un camino sencillo hasta llegar aquí. Tuvo que marcharse lejos de su casa hace años para desarrollar y expresar su auténtica identidad de género porque, según sus propias palabras, “tenía miedo de decírselo a mi familia, sentía que los avergonzaría”. Pero luchando por su verdadera identidad consiguió el primer pasaporte con el reconocimiento de “tercer género” de Nepal y ahora es la primera persona trans del país que se ha casado.

Para el colectivo LGTB nacional, esta mujer de 40 años ya se ha convertido en un icono del activismo. Al respecto, la propia Nath ha utilizado el foco mediático para justificar que aunque “tengo la bendición de ser esposa, el gobierno tiene que hacer los cambios legales para que cualquiera pueda casarse fácilmente con la persona que ame”.

La situación de la comunidad LGTB en Nepal

De auténtica montaña rusa puede calificarse la situación de los derechos LGTB en Nepal a lo largo de los últimos años. El país estuvo a punto de convertirse en el primero de Asia en aprobar el matrimonio igualitario (aún podría serlo) e incluso plasmarlo en una nueva Constitución, pero la inestabilidad política truncó aquella esperanza. Hace un año incluso asistíamos muy preocupados a la posibilidad de que se recriminalizaran las relaciones homosexuales. Por fortuna no fue así y el país aprobó una nueva Constitución en 2015 que incluye protecciones expresas a las personas LGTB. Entre ellas, una muy importante: el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales.

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Un hombre trans demandó a la Oficina Nacional de Registro de Botswana por no permitirle cambiar su género en su documento de identidad. Ahora el Tribunal Supremo le ha dado la razón y considera que la negativa viola sus derechos Constitucionales.

Botswana es un país ligeramente más tolerante que sus vecinos respecto a la realidad LGTB+.

El Tribunal Supremo de Botswana acaba de hacer historia para el colectivo LGTB en el país. En una sentencia que marcará un antes y después, sobre todo para los derechos de las personas trans, el Tribunal ha reconocido el derecho de un hombre trans a que en su documento de indentidad aparezca “hombre” como género.

La sentencia, que se emitió el viernes 29 de septiembre, asegura que la negativa a reconocer la identidad de género del demandante es contraria a “su derecho a la dignidad, privacidad, libertad de expresión, igualdad de protección ante la ley, libertad de no ser discriminado y la libertad de no sufrir tratamiento degradante o inhumano.“

La sentencia, que está siendo considerada histórica por los activistas LGTB que creen además que podría suponer un cambio real en la vida de las personas transgénero, se suma así a pequeños movimientos por parte de Botswana para mejorar al situación del colectivo. Hace unos meses la activista trans Tshepo Ricki Kgositau presentó un caso similar ante el mismo Tribunal, aunque el juicio no se celebrará hasta diciembre. Además aunque la homosexualidad sigue considerándose ilegal (pero ojo, no ser homosexual sino practicarla), en 2014 los tribunales permitieron la creación de grupos en favor de los derechos LGTB, lo que llevó a la creación de la ONG LEGABIBO y a su registro en el gobierno.

Activistas de LEGABIBO celebran su legalización frente al tribunal en 2014

A pesar de que Botswana está considerado como un país ligeramente más tolerante (que no respetuoso) que sus vecinos respecto a la realidad LGTB y a pesar de que ofrece diferentes protecciones frente a la discriminación por orientación o identidad de género en el trabajo, sigue siendo un país de mayoría cristiana liderado por Ian Kharma, un señor que, entre otras cosas, se negó a repartir condones en las prisiones alegando que eso fomentaba la homosexualidad y consiguiendo que la tasa de nuevos diagnósticos de VIH esté por las nubes.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

Fuente | Into, vía EstoyBailando

General, Historia LGTBI Botswana, Ian Kharma, Identidad de género, LEGABIBO, Tshepo Ricki Kgositau