Añadiendo un nuevo eslabón a la cadena de sentencias favorables a los derechos de las personas LGTB de este mes de mayo, el juez federal John E. Jones ha resuelto que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que establecen las leyes de Pensilvania es inconstitucional. El juez Jones no ha dictado una suspensión temporal de su fallo, pero sí ha ordenado la inmediata expedición de licencias de matrimonio a las parejas el mismo sexo que las soliciten, hecho que ya se ha producido. Sin embargo, las leyes de Pensilvania obligan a una espera de tres días hábiles desde que la licencia es expedida hasta que el matrimonio pueda llevarse a cabo, a menos que un juez exima a la pareja de esa dilación. La oficina del gobernador aún no ha comunicado si apelará la decisión del tribunal federal.

La Constitución del estado de Pensilvania no recoge una prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 1996 fue aprobada una ley en ese sentido, que además impedía reconocer los matrimonios de este tipo celebrados en otros estados donde son legales. Contra esta ley presentaron una demanda conjunta diez parejas del mismo sexo de Pensilvania, dos de sus hijos y una viuda. En la demanda arguían que impedirles contraer matrimonio o no reconocer los celebrados en otros estados basándose en que se trataba de parejas del mismo sexo vulneraba sus derechos a la igual protección y debido proceso reconocidos por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Pensilvania, Kathleen Kane, se negó a defender dicha ley ante el tribunal federal, declarando que “no puedo defender éticamente la constitucionalidad de la ley de Pensilvania (que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo), porque creo que es completamente inconstitucional”. El gobernador, Tom Corbett, que llegó a argumentar su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo comparándolo con el incesto o los matrimonios con menores de 12 años, decidió contratar a un despacho privado de abogados para que defendiera la ley ante el juez Jones, cuya tarifa ascendía a más de 400 dólares a la hora.

Otra sentencia favorable

Ese dispendio de dinero público no parece haber demostrado su utilidad, pues finalmente el juez Jones ha dictaminado a favor de las parejas demandantes, estimando que, efectivamente, sus derechos constitucionales a la igual protección y debido proceso eran vulnerados por la legislación de Pensilvania.

El preámbulo de la sentencia evidencia lo que ya es un proceso imparable: “nos unimos a los doce tribunales federales de distrito de todo el país que, cuando se han enfrentado a estas desigualdades en sus propios estados, han llegado a la conclusión de que todas las parejas se merecen la misma dignidad en el ámbito del matrimonio civil”.

Tras los argumentos jurídicos, semejantes a los considerados en las sentencias de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas,  Idaho y Oregón, el juez concluye con una reflexión de fondo, en la que llega a comparar la discriminación que supone la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo con las leyes de segregación racial vigentes en los Estados Unidos hasta mediados del pasado siglo:

El asunto que resolvemos hoy supone una división. Algunos de nuestros ciudadanos se sienten profundamente incómodos con la noción del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, que el matrimonio entre personas del mismo sexo cause malestar en algunos no hace constitucional su prohibición. Tampoco puede prevalecer la tradición del pasado sobre las garantías constitucionales al debido proceso y la igual protección. Si no fuera así, la nuestra seguiría siendo una nación racialmente segregada según la doctrina ahora legítimamente descartada de ‘separados pero iguales’. En los sesenta años desde que se resolvió el proceso de Brown contra la Junta de Educación, afortunadamente se ha desvanecido de la historia el ‘separados’ y solo permanece el ‘iguales’. Del mismo modo, en las generaciones futuras será abandonada la etiqueta de ‘matrimonio entre personas del mismo sexo’ para ser reemplazada simplemente por la de ‘matrimonio’.

Somos un pueblo mejor que lo que representan estas leyes, y es hora de arrojarlas al vertedero de la historia.

Incierta apelación

Por el momento, la oficina del gobernador Corbett no ha anunciado si presentará la correspondiente apelación y petición de suspensión de la sentencia, como en los casos de Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Al no haber dictado dicha suspensión el juez Jones, las licencias de matrimonio ya han sido expedidas, aunque, como comentábamos, la demora de tres días hasta que puedan ejecutarse proporcionaba en un principio un margen para que la apelación pudiera ser presentada antes de que se celebrara algún matrimonio. Sin embargo, al prever la ley que un juez pueda eximir de esa demora a una pareja solicitante, se ha informado de que ya ha tenido lugar el primer matrimonio legal de una pareja del mismo sexo en Pensilvania.

La delegación de la organización de defensa de los derechos civiles ACLU (American Civil Liberties Union) en Pensilvana ha abierto una petición on-line para solicitar al gobernador que no apele la sentencia y que Pensilvania se convierta definitivamente en el decimonoveno estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

La que sí que ha formulado una declaración es la fiscal general Kathleen Kane, que desde la cuenta de Facebook de la Fiscalía expresaba su satisfacción por la sentencia, calificando esta fecha como “un día histórico” pues “se hace justicia a los ciudadanos de Pensilvania que han sufrido una protección desigual ante la ley debido a su orientación sexual”.

Estaremos pendientes de la decisión del gobernador al respecto para seguir informando.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Pensilvania se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho y Oregón. Sin embargo, exceptuando a Oregón, todas las demás sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Michael McShane ha dictaminado este lunes 19 de mayo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Oregón viola la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia, cuya ejecución no ha sido suspendida por el juez McShane, probablemente tampoco será apelada por la Fiscalía General del estado, que ni siquiera llegó a defender la legislación vigente en Oregón ante el tribunal. Si no se presenta alguna apelación admisible en el plazo establecido, la sentencia adquirirá firmeza, convirtiendo a Oregón en el decimoctavo estado de los Estados Unidos en permitir el matrimonio igualitario.

Dos parejas del mismo sexo eran quienes demandaban al estado de Oregón por impedirles contraer matrimonio al aplicar la enmienda a la Constitución del estado, aprobada en 2004 por el 57% de los votantes, que establece que la única forma de matrimonio reconocida por el estado de Oregón es la formada por la unión de un hombre y una mujer. Las parejas arguían que impedirles el matrimonio debido a estar compuestas por dos personas del mismo sexo violaba el derecho a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, anunció en el mes de febrero que no defendería la prohibición del matrimonio igualitario ante el tribunal federal puesto que dicha prohibición “no podría resistir una impugnación constitucional federal en virtud de cualquier norma a examen”. Ya en octubre de 2013, un informe favorable del Departamento de Justicia del estado ocasionó que los matrimonios del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde estaban permitidos fueran reconocidos por el estado de Oregón. Por su parte, el gobernador John Kitzhaber no consideró la contratación de otro equipo legal que defendiera el ordenamiento constitucional de Oregón al respecto.

Debido a ello, la organización homófoba National Organization for Marriage (NOM) presentó una solicitud ante el juez McShane en la que se abogaban la representación de quienes habían votado a favor de la enmienda constitucional en 2004, instando al juez a que les permitiera ser quienes la defendieran ante su tribunal. El magistrado finalmente denegó la solicitud, al estimar que la organización apenas si tenía afiliados en el estado de Oregón como para atribuirse una representación semejante.

Resolución favorable

Sin defensa de la prohibición constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, se esperaba que la resolución del juez McShane fuera favorable. La circunstancia de que se tratara de un juez abiertamente gay alimentaba también esa esperanza, aunque desde su entorno se declarara inmediatamente que cualquier resolución que tomara estaría motivada por los méritos del caso, no por cualquier circunstancia personal.

Pero la resolución, efectivamente, ha sido favorable, y el juez Michael McShane ha dictaminado que los derechos constitucionales de los demandantes se menoscababan debido a la prohibición estatal de sus matrimonios. La sentencia, que no ha sido suspendida cautelarmente por el juez, ha sido acompañada por una orden ejecutiva en la que se obliga a los funcionarios del estado de Oregón a que proporcionen licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten.

La National Organization for Marriage presentó inmediatamente una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, solicitud que ha sido denegada con la misma prontitud.

De hecho, las primeras licencias de matrimonio ya han sido proporcionadas a las parejas del mismo sexo que las han solicitado. Eso sí, las leyes de Oregón establecen un plazo de tres días tras la emisión de la licencia matrimonial antes de que la boda pueda tener lugar, por lo que habrá que esperar ese plazo para contemplar las primeras ceremonias nupciales.

Una motivada y emotiva sentencia

Los fundamentos legales de la sentencia del juez Michael McShane han respondido a los méritos del caso, y están en la línea argumental de las sentencias del mismo tipo dictadas en Utah, Oklahoma, Texas, Virginia, Michigan, Arkansas e Idaho. Sin embargo, el juez se ha permitido, como es su prerrogativa, concluir su resolución con unos comentarios que indudablemente están ligados a su experiencia personal. La de él y la de muchos, que sin duda se verán reconocidos en ellos.

Estos son los párrafos finales, que merecen una lectura:

Oregon reconoce un matrimonio por amor de la misma manera que reconoce un matrimonio de conveniencia. Se ofrece el mismo conjunto de derechos y privilegios a Tristán e Isolda que a una celebridad de Hollywood que se despierta en Las Vegas con la memoria borrosa y un anillo en el dedo. Sin embargo, no permite esos mismos derechos a las parejas de gais y lesbianas que desean contraer matrimonio dentro de los límites de nuestras fronteras geográficas.

Generaciones de estadounidenses, incluido yo mismo, se criaron en un mundo en el que se creía que la homosexualidad era una perversión moral, un trastorno mental o un pecado mortal. Recuerdo que uno de los juegos de recreo más populares de mi infancia se llamaba ‘manchar al maricón’ y se jugaba con gran celo sin pensar un momento en la corrección política de hoy. A un nivel más profundo, la misma visión del mundo dio lugar a un ambiente de crueldad, violencia y odio a sí mismo. Tan solo era 1986, cuando el Tribunal Supremo de los Estados justificaba, sobre la base de una ‘enseñanza moral de milenios’, el encarcelamiento de los hombres gais y las mujeres lesbianas que participaban en actos sexuales de mutuo acuerdo…

Incluso hoy en día me viene a la memoria ese legado que hemos dado como herencia a la generación actual, cuando mi hijo mira con desdén el suéter que le regalo para la Navidad y, volteando los ojos, dice ‘papá… es tan gay’.

…

Mi decisión no será la última palabra sobre este tema, pero en lo que respecta al matrimonio me llaman más la atención nuestras similitudes que nuestras diferencias. Creo que si somos capaces de pasar por alto el género y la sexualidad, podremos ver en estos demandantes ni más ni menos que a nuestras familias. Las familias que esperaríamos que nuestra Constitución protegiera, incluso exaltara, en igual medida.

Con ese discernimiento no vemos las sombras que acechan en los armarios o los estereotipos de lo que antes se creía; más bien, vemos familias comprometidas con un propósito común de amor, devoción y servicio a la comunidad en general.

¿A dónde nos conduce esto? Sé que muchos sugieren que vamos por una pendiente resbaladiza que no tendrá límites morales. Para aquellos que realmente abrigan estos temores, tan solo puedo decir esto: miremos menos hacia el cielo para ver lo que nos podría caer; en vez de ello, mirémonos los unos a los otros… y elevémonos.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Oregón se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas e Idaho. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 18 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Arkansas, Discriminación, Ellen Rosenblum, Estados Unidos, IDAHO, John Kitzhaber, Matrimonio, Michael McShane, Michigan, National Organization for Marriage, Oklahoma, Oregón, Texas, Utah, Virginia

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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La juez federal Candy Dale ha fallado a favor de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Idaho por impedirles contraer matrimonio, dictaminando que la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado es inconstitucional. La juez no ha dictado orden de suspensión de la sentencia, aunque sí ha fijado su entrada en vigor para el próximo viernes 16 de mayo. Por su parte, el gobernador de Idaho, Butch Otter, ya ha presentado una petición preliminar de suspensión.

La demanda fue interpuesta por cuatro parejas de Idaho, que denunciaban a ese estado por vulnerar sus derechos a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que se les impedía contraer matrimonio basándose únicamente en el hecho de ser parejas del mismo sexo.

La Fiscalía del estado de Idaho, por su parte, defendía el respeto a la voluntad de los votantes del estado, que en 2006, por una mayoría del 63 %, aprobaron una enmienda a la Constitución de Idaho que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohibía las uniones civiles de cualquier tipo. También arguía que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneraría el derecho a la libertad religiosa, pues las religiones mayoritarias lo rechazan, argumento calificado en la sentencia como “miope”.

La juez Dale, quizás para despejar cualquier duda desde el principio, encabeza su sentencia con una cita del voto discrepante del juez Harry Blackmun a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Bowers versus Hardwick, que en 1986 respaldó las leyes que prohibían las prácticas sexuales entre homosexuales (decisión revocada por otra sentencia del Tribunal Supremo en 2003). La cita es la siguiente: “Es precisamente debido a que la cuestión planteada por este caso toca el corazón de lo que hace a las personas lo que son, que debemos ser especialmente sensibles a los derechos de aquellos cuyas elecciones trastornan a la mayoría”.

La juez prosigue planteándose si efectivamente se han vulnerado los derechos constitucionales de las parejas demandantes, resolviendo favorablemente a sus demandas y desestimando uno a uno los argumentos de la Fiscalía. La sentencia hace referencia a otras recientes del mismo signo dictadas tanto por tribunales federales como estatales, así como a los casos Estados Unidos versus Windsor, que forzó el reconocimiento por la autoridad federal de los matrimonios del mismo sexo, y a Loving versus Virginia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio interracial.

Finalmente, la sentencia concluye que “las parejas demandantes tienen derecho a un recurso extraordinario a causa de un perjuicio extraordinario. Las leyes de matrimonio de Idaho les impiden adoptar una opción profunda y personal, una de las que más deberían estar garantizadas. Al hacerlo, las leyes matrimoniales de Idaho niegan a las parejas del mismo sexo los beneficios económicos, prácticos, emocionales y espirituales del matrimonio, relegando a estas parejas a un estigmatizado estatus de segunda clase. Los demandantes sufren este perjuicio no porque no estén capacitados para casarse, formar una familia, o envejecer juntos, sino por ser lo que son y amar a quien aman“.

Por último, la juez Dale establece que la sentencia entrará en vigor a las nueve de la mañana del próximo viernes 16 de mayo, sin dictar, como en otros casos, una orden de suspensión temporal en espera de la resolución de la posible apelación. Aunque esto permitiría celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Idaho desde esa fecha y esa hora, también da plazo suficiente para que se resuelva la petición de suspensión ya presentada por el gobernador Butch Otter, en la que solicita que la sentencia sea suspendida hasta una posible apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Reacciones

El gobernador Otter, del Partido Republicano, ya ha expresado su total disconformidad con la decisión de la juez Dale por medio del siguiente comunicado: “En 2006, el pueblo de Idaho ejerció su derecho fundamental, reafirmando que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La decisión de hoy, aunque decepcionante, es un pequeño contratiempo en una batalla a largo plazo que terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estoy firmemente comprometido con la defensa de la voluntad del pueblo y la defensa de nuestra Constitución”.

Por su parte, Evan Wolfson, fundador de la organización en defensa del matrimonio igualitario Freedom to Marry, declaraba con satisfacción que “la decisión de hoy del tribunal federal de Idaho es la última de más de una docena de resoluciones que unánimemente han declarado inconstitucional la discriminación en el matrimonio. Desde Idaho a Arkansas, de Utah a Michigan, los tribunales están confirmando que no hay ninguna buena razón para que el gobierno niegue el matrimonio a parejas comprometidas. A medida que las parejas homosexuales y sus familias comienzan a compartir la alegría y la seguridad de la libertad de casarse, los corazones y las mentes se abren, las barreras de la discriminación caen, y hacemos avanzar a nuestro país por el lado correcto de la historia”.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Idaho se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan y Arkansas. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones, salvo en Arkansas, donde a fecha de hoy no se dictaminado ninguna suspensión y se siguen celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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Crece el apoyo al matrimonio igualitario en EEUU

La polémica ley que iba a permitir a los negocios de Arizona discriminar a los clientes LGBT no era la única de este tipo que estaba en consideración en Estados Unidos. Otros doce estados también han estudiado propuestas similares: Dakota del Sur, Georgia, Hawaii, Idaho, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Oklahoma, Ohio, Oregon, y Tennessee. Además de que el gobernador de Florida, el Republicano Rick Scott, no había descartado implantar una legislación similar. Pero la presión social en Arizona y el veto final de la gobernadora, la también Republicana Jan Brewer, ya ha tenido su efecto y por lo pronto Georgia y Mississippi han parado la tramitación de sus textos mientras en Oklahoma y Ohio las propuestas se van a reescribir. Scott también anunció, antes que Brewer, que él vetaría una propuesta similar si se aprobara en el Congreso del estado.

En el caso de Georgia, la propuesta del senador Republicano Joshua McKoon iba a ser debatida por el Comité de Reglas este lunes, pero por lo pronto se ha caído del calendario y no tiene una fecha prevista. “Me dijeron que todavía está en entredicho si se incluirá en el calendario. Así que tu suposición es tan buena como la mía de si al final van a dejar que haya un voto de base. Pero tal y como está hoy, no va a ser considerada el lunes”, explicó el político al Huffington Post. McKoon asegura además que su propuesta no es discriminatoria y que solo quiere defender las creencias religiosas de los individuos. Además habla de “histeria y desinformación” en torno a la medida.

En el caso de Missouri, la ley llegó a ser debatida en el Comité Judicial del Congreso, pero están pensando en reescribir la medida para que no resulte discriminatoria a la población LGBT. Un cuidado similar se está teniendo en Oklahoma y Ohio. En el primer caso el senador Tom Newell ya ha confirmado que están reescribiendo la norma para evitar “fiascos”. En Ohio los tres senadores detrás de la propuesta también han decidido retirarla tras el veto en Arizona y el aumento de las presiones de grupos por los derechos civiles. También en este caso quieren reescribir la norma y también se amparan en la protección religiosa. “Pensamos que sería una buena idea para proteger a gente que quiera vestir su Yarmulke (un sombrero típico judío) en el trabajo, o poner su Biblia sobre el escritorio y no ser castigados de ninguna forma por ello”, ha señalado el senador Bill Patmon.

En el caso de Florida, el Gobernador Rick Scott acabó por pronunciarse poco antes de que lo hiciera Brewer, ante la presión de los Demócratas y de los grupos por los derechos civiles. “Desde mi entendimiento, estoy muy opuesto a obligar a nadie a violar su conciencia o sus creencias religiosas, y por supuesto, estoy muy opuesto a la discriminación. Como sociedad necesitamos pasar más tiempo aprendiendo a amarnos y tolerarnos unos a otros y pasar menos tiempo intentando ganar discusiones en las cortes de justicia”, ha señalado. En el resto de estados las leyes tampoco han pasado por el momento de los comités parlamentarios encargados de su estudio y no es seguro que puedan continuar su tramitación hasta votarse efectivamente en el pleno.

Foto: Oklahoma Pride, Michael Bohanan.

Fuente Ragap

General, Historia LGTBI Dakota del Sur, EE. UU., Georgia, Hawaii, Homosexualidad, IDAHO, Joshua McKoon, Kansas, Maine, Mississippi, Missouri, Ohio, Oklahoma, Oregón, Rick Scott, Tennessee

Leemos en Cáscara Amarga:

Marcos Fernández. 21 Febrero 2014

En el mismo día estos cuatro estados echan por tierra viejas legislaciones basadas en creencias y postulados religiosos que discriminaban a la población homosexual. Por contra, el senado de Arizona ha aprobado una norma muy similar a las derogadas.

Fundamentadas en el extremismo religioso han caído a la vez las cuatro legislaciones. Las autoridades de los estados de Dakota del Sur, Kansas, Idaho y Tennessee han dado carpetazo a la discriminación homosexual que regían ciertas normas y que violaban claramente la convivencia, el respeto y los derechos de los homosexuales.

Evan Wolfson, representante y portavoz de ‘Freedom to Marry’, ha celebrado este paso adelante aunque advierte de que hay que seguir trabajando porque aún quedan otras leyes que habrá que derogar. La principal lucha seguirá siendo la conquista de terrenos para el entendimiento de cara a extender el matrimonio entre personas del mismo sexo, como principal derecho, dejando atrás normas como las derogadas que “deben forma parte del pasado de nuestra nación“.

Y a la Historia han pasado las normas que discriminaban, bloqueaban o convertían en ciudadanos de segunda a los ciudadanos LGTB de los citados estados norteamericanos. Por encima de ellos, y hasta ahora, pesaban más las organizaciones y creencias religiosas o ciertos grupos empresariales que ejercían mucha presión. Por ejemplo, en Kansas, los funcionarios han discriminado hasta esta semana a los ciudadanos homosexuales denegándoles determinados servicios. También lo hacían en base a fundamentos y creencias religiosas, que no dejan de pertenecer al ámbito de lo privado de cada individuo.

Para Eunice Rho, abogado y miembro del consejo de la Unión de las Libertades Civiles Americanas, “los ciudadanos estadounidenses han sido discriminados por razones simplistas, llanas y erróneas que no tienen justificación ni fundamento lógico alguno”. El más flagrante ha sido el veto al matrimonio igualitario que empieza a imponerse estado por estado. Y son 17 donde las parejas homosexuales pueden unirse civilmente.

Los cuatro estados citados aún no lo han planteado, porque todavía quedan algunos muros por caer, que actúan como parapeto para evitar la extensión de derechos a toda la población. Nadie duda de que conseguirlo es solo cuestión de tiempo.

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