El juzgado de instrucción nº 8 de A Coruña ha finalizado el pasado 30 de enero la instrucción del caso del asesinato de Samuel Luiz, ocurrido el 3 de julio de 2021. Comienza la fase oral del juicio, que se prevé que tenga lugar antes del verano. Las cinco personas mayores de edad participantes en los hechos son acusadas de asesinato, al apreciarse las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento. La Fiscalía y las acusaciones particulares solicitan penas de prisión de 25 años para los dos acusados que iniciaron el crimen, al considerar la agravante de discriminación por orientación sexual, y de 22 años para los tres restantes. Para uno de ellos, además, se solicita una pena de 5 años por el robo con violencia del móvil de asesinado.

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará antes del verano el juicio oral del caso del asesinato de Samuel Luiz, tras darse por concluida la fase de instrucción. El juez instructor ha estimado que existen indicios suficientes para que la acusación de los cinco implicados sea por el delito de asesinato y no de homicidio, al apreciar las circunstancias agravantes de alevosía (imposibilidad de defensa de la víctima) y ensañamiento.

Según el relato del juez instructor, en un primer momento dos de los acusados «con el propósito de causar el fallecimiento» de la víctima, y en todo caso «siendo conscientes»de que sus actos podían causar el fatal desenlace o «admitiendo el riesgo que ello comportaba», le dieron patadas y puñetazos en la cara y en la cabeza, mientras que la mujer acusada en el procedimiento, «en unidad de actuación del ataque», trató de evitar que el posteriormente fallecido fuese auxiliado por una amiga. Según todas las acusaciones, en poco tiempo se unieron a la agresión los otros dos varones que también serán enjuiciados, además de dos menores de edad en el momento de los hechos que ya han sido condenados por un delito de asesinato.

Según sostiene el juez instructor en su auto, «en ese escenario, la víctima se encontraba rodeada y golpeada, inerme, a merced y voluntad de su grupo agresores, en clara situación de inferioridad y desvalimiento, sin posibilidad alguna de defensa». De ahí la agravante de alevosía imprescindible para la acusación por asesinato.

De esta manera, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares han solicitado una pena de 22 años de prisión para los detenidos. A dos de ellos, los iniciadores de la agresión, se les añaden 3 años más por la agravante de discriminación por orientación sexual. Para uno de ellos, se solicitan además 5 años por el robo con violencia del teléfono móvil de Samuel.

Si bien la detención de los acusados se produjo con celeridad, el proceso de instrucción ha sido laborioso. La demora de tres años se debe, principalmente, a las comisiones rogatorias que sido necesario enviar a los Estados Unidos para acceder a las cuentas en redes sociales y aplicaciones similares de los sospechosos. Según declaraciones de los testigos, una vez que los acusados fueron conscientes de que Samuel estaba muerto, se reunieron para acordar eliminar las pruebas que pudieran existir en sus teléfonos móviles y redes.

La situación actual de los detenidos permanecerá igual, tres de ellos seguirán en prisión preventiva y dos (entre ellos la única mujer) en libertad.

En cuanto a los dos participantes menores de edad, fueron condenados por asesinato en abril de 2022 a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes personadas. Como medida preventiva, los dos permanecían en un centro de menores desde una semana después del crimen, el 11 de julio de 2021, por lo que es muy probable que cuando concluya el juicio oral ya hayan cumplido los tres años y medio de reclusión.

Inequívocamente un delito de odio

El juez instructor ha encontrado indicios suficientes de que hubo un componente de discriminación por orientación sexual en el inicio de la agresión. Por ello dos de los acusados se enfrentan a una circunstancia agravante que puede incrementar la pena de prisión en tres años.

Sin embargo, muy especialmente durante los primeros días tras su muerte, tanto fuentes policiales como medios de comunicación, opinadores, columnistas y participantes en redes sociales (algunos de ellos no precisamente anónimos…) se esforzaron por evitar calificar como homófoba la agresión sufrida por Samuel. Incluso negaban expresamente que así hubiera sido.

Especialmente relevante en la actualidad fue la reacción de la hoy titular del Instituto de las Mujeres, Isabel García, entonces diputada provincial de Valencia y delegada federal LGTBI del PSOE. En su cuenta de la red social Twitter, Isabel García condenaba los hechos pero afirmaba que «No parece ser un asesinato por motivos homófobos».

Los negacionistas del delito de odio se agarraban a argumentos tan endebles como el hecho de que la víctima no hubiera revelado su condición de gay a su familia, sin tener en cuenta sus condicionantes familiares (Samuel, de origen brasileño, pertenecía a una familia de fuertes convicciones evangélicas). O declaraciones de su propio padre, reticente a que el colectivo LGTBI considerase a Samuel un símbolo.

Todo ello como si el hecho de que la víctima de una agresión homófoba no haya verbalizado ante su familia su condición de gay obligase a aportar pruebas extraordinarias de «gaicidad». O como si no supiéramos que las agresiones por LGTBIfobia se dirigen contra toda aquella persona percibida como LGTBI, incluyendo a personas heterosexuales con expresión de género no normativa.

Los hechos según los testigos

Haremos un breve recordatorio de lo sucedido aquella fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Samuel Luiz, un joven auxiliar de enfermería, disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en un local de A Coruña. Cerca de la hora del cierre Samuel salió a fumar junto a una de sus amigas, de nombre Lina. En ese momento hicieron una videollamada a otra amiga, testigo a distancia del inicio de la agresión. Un grupo de jóvenes que se encontraban cerca pensaron que los estaban grabando y les gritaron. Samuel y su amiga intentaron explicarles que no era así, pero uno de ellos le espetó directamente a Samuel «O paras de grabar o te mato, maricón». «¿Maricón de qué?», se revolvió entonces Samuel, antes de recibir varios golpes.

La agresión no se detuvo ahí, pese a que el agresor se alejó de Samuel en ese primer momento. Samuel, consciente y en un estado relativamente bueno pese a las contusiones, pidió a Lina que buscara su móvil, que se le había caído (luego se supo que lo robó uno de los agresores). Instantes después, sin embargo, el agresor volvió acompañado de cerca de una docena de personas, varias de las cuales lo acorralaron y golpearon brutalmente pese a los gritos de horror de su amiga, al grito de «¡maricón de mierda!». Samuel intentó escapar y corrió durante unos 200 metros, pero los agresores lo alcanzaron, lo derribaron y continuaron pateándolo con saña, hasta que quedó inconsciente y se dejó de mover. En ese momento los agresores se dispersaron. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, intentaron defender a Samuel durante la paliza, pero no pudieron hacer nada ante la turba y de hecho Ibrahima recibió varios golpes. Aunque los profesionales sanitarios intentaron reanimarlo de forma denodada, Samuel fallecía esa misma noche debido a la gravedad de los golpes recibidos. Además del traumatismo craneoencéfalico severo, presentaba contusiones y hematomas por todo el cuerpo.

La Policía Nacional pudo identificar, durante los días siguientes, a la mayor parte del grupo agresor. Utilizaron para ello las declaraciones de varios testigos (al menos uno de ellos conocía de vista a alguno de los agresores), además de imágenes grabadas con móviles por algunos testigos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. El hecho de que en ese momento en Galicia fuese necesario dar el DNI para acceder a locales de ocio debido a la pandemia de covid-19 fue también de ayuda. Las pruebas de ADN también fueron importantes para reforzar la acusación de algunos de los detenidos.

Fuente Dosmanzanas

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Este 3 de julio se cumplió un año del asesinato de Samuel Luiz. Dos de sus asesinos, menores de edad, han sido ya condenados. Otros cinco acusados están a la espera de juicio. La muerte de Samuel, víctima de una terrible paliza, puso de manifiesto no solo la brutalidad que tantas veces acompaña al odio homófobo, sino la hipocresía de una sociedad que seguramente se encuentra a nivel global entre las más tolerantes del mundo en materia LGTBI, pero en la cual las fuerzas de seguridad se resistieron inicialmente a admitir la motivación homófoba y no pocos medios de comunicación, opinadores y participantes en redes sociales llegaron a negarla expresamente.

Haremos un breve recordatorio de lo sucedido aquella fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Samuel Luiz, un joven auxiliar de enfermería, disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en un local de A Coruña. Cerca de la hora del cierre Samuel salió a fumar junto a una de sus amigas, de nombre Lina. En ese momento hicieron una videollamada a otra amiga, testigo a distancia del inicio de la agresión. Un grupo de jóvenes que se encontraban cerca pensaron que los estaban grabando y les gritaron. Samuel y su amiga intentaron explicarles que no era así, pero uno de ellos le espetó directamente a Samuel «O paras de grabar o te mato, maricón». «¿Maricón de qué?», se revolvió entonces Samuel, antes de recibir varios golpes.

La agresión no se detuvo ahí, pese a que el agresor se alejó de Samuel en ese primer momento. Samuel, consciente y en un estado relativamente bueno pese a las contusiones, pidió a Lina que buscara su móvil, que se le había caído (luego se supo que lo robó uno de los agresores). Instantes después, sin embargo, el agresor volvió acompañado de cerca de una docena de personas, varias de las cuales lo acorralaron y golpearon brutalmente pese a los gritos de horror de su amiga, al grito de «¡maricón de mierda!». Samuel intentó escapar y corrió durante unos 200 metros, pero los agresores lo alcanzaron, lo derribaron y continuaron pateándolo con saña, hasta que quedó inconsciente y se dejó de mover. En ese momento los agresores se dispersaron. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, intentaron defender a Samuel durante la paliza, pero no pudieron hacer nada ante la turba y de hecho Ibrahima recibió varios golpes. Aunque los profesionales sanitarios intentaron reanimarlo de forma denodada, Samuel fallecía esa misma noche debido a la gravedad de los golpes recibidos. Además del traumatismo craneoencéfalico severo, presentaba contusiones y hematomas por todo el cuerpo.

La Policía Nacional pudo identificar, durante los días siguientes, a la mayor parte del grupo agresor. Utilizaron para ello las declaraciones de varios testigos (al menos uno de ellos conocía de vista a alguno de los agresores), además de imágenes grabadas con móviles por algunos testigos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. El hecho de que en ese momento en Galicia fuese necesario dar el DNI para acceder a locales de ocio debido a la pandemia de covid-19 fue también de ayuda. Las pruebas de ADN también fueron importantes para reforzar la acusación de algunos de los detenidos.

El siguiente vídeo, minutado por eldiario.es, pertenece a unas de las cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido desde la distancia:

La actuación posterior de los agresores

De hecho, las declaraciones de testigos e implicados permitió reconstruir el comportamiento de los agresores tras matar a Samuel. De forma resumida (este artículo de eldiario.es lo explica con detalle) hubo dos reuniones en las horas siguientes en las que hablaron del linchamiento. La primera de ellas, apenas una hora después, en un parque situado lejos del lugar de la agresión en la otra punta de la ciudad. Una testigo escuchó parte de una conversación en la que uno de los agresores que fueron luego detenidos se refirió a Samuel como «puto maricón, si era un maricón de mierda».

La siguiente reunión tuvo lugar algo más tarde, en otro parque cercano. Al parecer ya eran plenamente conscientes de que Samuel estaba muerto. En esta reunión el grupo acordó eliminar las pruebas que pudieran existir en sus teléfonos móviles y redes (los esfuerzos para conseguir recuperarlos, de hecho, son una de las causas de la demora del procedimiento).

Dos menores, ya condenados

Aunque las informaciones llegaron a hablar de la detención de 13 sospechosos, tras la investigación policial los acusados formalmente del crimen fueron finalmente siete personas: cinco mayores de edad (cuatro hombres y una mujer) y dos menores. Cabe señalar que uno de los adultos acusados no fue detenido hasta el mes de septiembre.

Los dos menores fueron condenados por asesinato el pasado mes de abril a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes personadas. En estos momentos, hay tres varones en prisión provisional y la única mujer detenida fue puesta en libertad con medidas cautelares.

Por lo que se refiere a los mayores de edad, están a la espera de un juicio se celebrará con jurado. Tres de ellos se encuentran en prisión preventiva y otros dos (entre ellos la mujer) en libertad vigilada. Tanto Fiscalía como acusaciones particulares solicitan que sean condenados por asesinato. A dos de ellos se les atribuye además un posible delito de odio. El que se quedó con el móvil de Samuel está acusado además de otro delito de robo con violencia.

Quizá el único elemento positivo que podemos encontrar en lo sucedido es que Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, los dos senegaleses que intentaron evitar la muerte de Samuel, consiguieron regularizar su situación en España y un puesto de trabajo en la empresa Puertas Betanzos, cuyo propietario quedó impresionado tras conocer su historia.

Negación de la homofobia y rabia en el colectivo LGTBI

Pasado el tiempo pocas dudas persisten ya sobre lo sucedido y sobre el papel que la homofobia jugó en el asesinato de Samuel. Sin embargo, muy especialmente durante los primeros días tras su muerte, tanto fuentes policiales como medios de comunicación, opinadores, columnistas y participantes en redes sociales (algunos de ellos no precisamente anónimos…) se esforzaron por evitar calificar como homófoba la agresión sufrida por Samuel. Incluso negaban expresamente que así hubiera sido. Se agarraban para ello a argumentos tan endebles como el hecho de que la víctima no hubiera revelado su condición de gay a su familia, sin tener en cuenta sus condicionantes familiares (Samuel, de origen brasileño, pertenecía a una familia de fuertes convicciones evangélicas). O declaraciones de su propio padre, reticente a que el colectivo LGTBI considerase a Samuel un símbolo.

Todo ello como si el hecho de que la víctima de una agresión homófoba no haya verbalizado ante su familia su condición de gay obligase a aportar pruebas extraordinarias de «gaicidad». O como si no supiéramos que las agresiones por LGTBIfobia se dirigen contra toda aquella persona percibida como LGTBI, incluyendo a personas heterosexuales con expresión de género no normativa.

Por lo que se refiere a la acusación por delito de odio, no sabemos que sucederá una vez se celebre el juicio. En cualquier caso, lo decíamos hace un año y nos ratificamos ahora: las personas LGTBI sabemos que muchas investigaciones policiales y/o procesos judiciales se inclinan finalmente por invisibilizar el componente homófobo de muchas agresiones a no ser que la evidencia sea abrumadora. Pero en la España actual las agresiones por LGTBIfobia pocas veces son la consecuencia de una decisión planificada en frío y plasmada documentalmente. En sociedades como la nuestra las mayoría de las agresiones son el fruto explosivo del odio acumulado. Un odio alimentado por discursos de deshumanización del diferente que tras una época de relativa calma vuelven a escucharse de la boca de políticos y líderes de opinión y que son amplificados, cada vez con menos reservas, por medios y redes. En la mayor parte de las situaciones, ese odio queda contenido por la fuerza de los usos y costumbres, pero estalla cuando encuentra la oportunidad. El desencadenante puede ser cualquiera. Incluso un incidente banal que con otras personas no tendría mayores consecuencias, pero con una persona LGTBI supone un estallido de violencia que revela la LGTBIfobia que lo trasciende.

Sea como sea, lo que nadie puede ya evitar es que el asesinato de Samuel actuase como revulsivo del activismo LGTBI, que en las semanas que siguieron fue capaz de movilizar en las calles a multitudes nunca vistas en concentraciones y manifestaciones de protesta (Orgullos aparte). En el caso de Madrid, lamentablemente, desembocando en una intervención policial absolutamente desproporcionada (curiosamente, pocas semanas después, una manifestación neonazi de carácter homófobo tenía lugar en el barrio de Chueca sin que este caso nadie hiciera nada por evitarlo. Pero esa es otra historia…).

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