Las evaluaciones psicológicas no determinan la orientación sexual según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que falla a favor de un ciudadano nigeriano cuya petición de asilo había sido rechazada por las autoridades de Hungría al no considerar que sea homosexual.

Importante sentencia del Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo. En respuesta a una consulta de un tribunal húngaro, considera que los solicitantes de asilo que alegan el riesgo de ser perseguidos en sus países por razones de orientación sexual no deben ser sometidos a exámenes psicológicos para determinar la veracidad de sus testimonios. Los magistrados estiman que dichas prácticas constituyen una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante y que su fiabilidad es, en cualquier caso, limitada.

El pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia tiene su origen en el recurso de un solicitante de asilo procedente de Nigeria que alegaba el temor a ser perseguido en su país de origen a causa de su orientación sexual. Las autoridades húngaras denegaron el asilo porque, a pesar de considerar que sus declaraciones no eran contradictorias, el informe pericial psicológico no había confirmado su homosexualidad. El solicitante interpuso un recurso contra esta decisión, alegando que esas pruebas vulneraban gravemente sus derechos fundamentales y no eran adecuadas para determinar su orientación sexual. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Szeged (Hungría) consultó a la justicia europea sobre el asunto. Son las autoridades húngaras las que elevan el caso hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que este jueves, 25 de enero, falla a favor del refugiado, sentando jurisprudencia en todos los países de la Unión Europa.

La pregunta que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de Szeged, Hungría, remitió a la corte europea es si las autoridades húngaras “pueden valorar las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual basándose en un informe pericial psicológico” y si no se puede, qué “método de valoración” es admisible “para examinar la veracidad de las alegaciones presentadas en una solicitud de asilo fundada en el riesgo a ser perseguido por razón de la orientación sexual“.

Tras estudiarlo con detenimiento, en su sentencia, los jueces del Tribunal Europeo de Justicia recuerdan que la Directiva comunitaria relativa a los requisitos para la obtención del estatuto de refugiado reconocen que las autoridades nacionales tienen la potestad de solicitar un dictamen pericial durante el examen de una solicitud de asilo para evaluar la necesidad de una protección internacional. Eso sí, este proceso debe llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos fundamentales que garantiza la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre ellos se encuentra el derecho a la dignidad humana y al respeto de la vida privada y familiar. Además, la decisión de otorgar o denegar el asilo nunca puede basarse exclusivamente en las conclusiones de un dictamen pericial. La Justicia Europea lo tiene claro: “un solicitante de asilo no puede ser sometido a un examen psicológico para determinar su orientación sexual” porque “la realización de este tipo de examen constituye una injerencia desproporcionada en la vida privada del solicitante”. Lo preguntaba Hungría y la respuesta es contundente. Si un refugiado solicita asilo en la UE denunciando que en su país está en peligro por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su orientación sexual, las autoridades pueden investigar su caso para verificar que efectivamente es así. Pueden hacer análisis, pero no un examen psicológico.

Los jueces saben que es terreno pantanoso cuando apuntan que “no puede descartarse que, en el contexto particular de la apreciación de las declaraciones de un solicitante de asilo relativas a su orientación sexual, algunos métodos periciales puedan resultar útiles para valorar hechos y circunstancias que consten en la solicitud y puedan aplicarse sin vulnerar los derechos fundamentales de dicho solicitante”, pero deja claro que al estudiar las declaraciones de un solicitante de asilo sobre su orientación sexual, “las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales no pueden fundamentar su decisión exclusivamente en las conclusiones de un dictamen pericial ni quedar vinculados por éstas”.

Sobre el caso concreto de los exámenes psicológicos, la justicia europea considera que se llevan a cabo en un contexto de gran presión sobre el solicitante, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad en la que no puede dar su consentimiento en completa libertad. Por ello estima que su realización supone una injerencia en el respeto a su vida privada y que, en cualquier caso, su fiabilidad es limitada por estos mismos motivos. Recomienda en su lugar hacer una valoración de la coherencia y la credibilidad de las declaraciones del solicitante.

El Tribunal estima que si se realiza un examen psicológico para conocer la orientación sexual del solicitante, “la persona que debe someterse a este examen se encuentra en una situación en la que su futuro está fuertemente condicionado por la decisión que tomen dichas autoridades respecto de su solicitud” y la presión es máxima, puesto que el solicitante de asilo sabe que “un potencial rechazo a someterse a ese examen puede considerarse un factor importante sobre el que se basarán las autoridades nacionales a la hora de determinar si la persona ha fundamentado suficientemente su solicitud”. Es decir que, incluso si el refugiado acepta someterse a un test “dicho consentimiento no se presta necesariamente con total libertad, dado que viene impuesto por la presión de las circunstancias en las que aquél se encuentra” y por eso mismo “utilizar un informe psicológico para determinar la orientación sexual del solicitante constituye una injerencia en el derecho al respeto de su vida privada”.

Eso, sin embargo, sólo aclara una parte del problema. La injerencia en la vida privada, ¿está justificada si sirve para obtener información útil para valorar la necesidad real de protección internacional del solicitante? La corte de Luxemburgo considera que “sólo puede admitirse un dictamen si se basa en métodos suficientemente fiables”. Y aunque no es su competencia pronunciarse sobre la fiabilidad de ese tipo de test, la sentencia sí destaca que los exámenes “han sido muy cuestionados por la Comisión y por varios gobiernos nacionales” y “que la incidencia de un examen como el controvertido sobre la vida privada del solicitante parece desproporcionada en relación con el objetivo perseguido”.

Los magistrados van más allá en el caso del ciudadano nigeriano y afirman que se tipo de evaluaciones psicológicas “no es indispensable para evaluar la credibilidad de las declaraciones de éste relativas a su orientación sexual” y que las autoridades deberían tener “personal competente” para estudiar sus declaraciones.

En definitiva, “el Tribunal de Justicia concluye que la utilización de un examen psicológico con el fin de determinar la realidad de la orientación sexual de un solicitante de asilo no se ajusta a la Directiva leída a la luz de la Carta [de Derechos Fundamentales de la Unión Europea]”, según destaca el comunicado de prensa con el que el Tribunal Europeo de Justicia daba a conocer la sentencia.

Si en 2016 Iniciative for Equal Rights alerta de que se habían registrado al menos 152 violaciones de la intimidad de miembros del colectivo LGBT en Nigeria, a lo largo de este último año las autoridades nigerianas han continuado en la misma línea con actuaciones como la detención de 53 personas en abril, a las que acusan de «conspiración, reunión ilegal y pertenencia a un grupo anti social» por estar celebrando lo que suponen era una boda gay en un hotel, mientras que en una redad similar en otro hotel, en agosto, detienen a 42 personas «pilladas in fraganti» y sospechosas de ser homosexuales en lo que en realidad era una reunión de información y prevención sobre el VIH.

Asimismo, cuestionada precisamente por la duda sobre su orientación sexual, Nneka Obazee, intenta suicidarse ante su inminente deportación a Nigeria, al ser rechazada su solicitud de asilo en el Reino Unido, llegando otra refugiada, Aderonke Apata, a grabarse en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con otra mujer para demostrar su orientación sexual. En cualquier caso, la decisión final sobre el ciudadano nigeriano queda ahora en manos de los tribunales.

El Tribunal ya prohibió las pruebas indignas

Hace tres años, el Tribunal Europeo de Justicia emitía otra importante sentencia sobre los derechos de los demandantes de asilo a causa de su orientación sexual. Los jueces de Luxemburgo consideraron que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de personas que alegan el riesgo de ser perseguidas en sus países por razones de orientación sexual debe respetarse su dignidad humana. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad e incluso la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Un año antes, en noviembre de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconocía que las personas que buscan asilo en la Unión Europea por proceder de países que castigan penalmente las relaciones homosexuales tienen derecho al estatuto de refugiado. La letra pequeña, sin embargo, introducía limitaciones, al especificar que no bastaba la existencia de normas penales homófobas, sino que dicha persecución debía ser “efectivamente aplicada”.

LGTBfobia de Estado en Nigeria

En Nigeria, país con un influyente movimiento evangélico cristiano en el sur y un fuerte apoyo a la ley islámica en el norte, las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel o incluso hasta la muerte por lapidación en los estados del norte en los que además se aplica la sharía o ley islámica (el estado de Kaduna, de hecho, es uno de los que aplican en parte de su territorio). El pasado mes de abril recogíamos que 53 personas fueron detenidas en el país, acusadas de haber participado en una “boda gay”. La mayoría de los detenidos eran jóvenes de entre 20 y 30 años, que ya prestaron declaración ante el juez y que todavía esperan que se dicte sentencia.

Cabe recordar que a principios de 2014 el presidente Goodluck Jonathan promulgó la mencionada ley, que agrava el tratamiento penal para cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. Desde su entrada en vigor, de hecho, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión. En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisiónpor haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. En abril de este 2017, publicamos la detención de 53 personas, a quienes se acusaba de participar en la celebración de una supuesta “boda gay”.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Parece haber servido de poco, sin embargo. En enero de este mismo año nos hacíamos eco de un informe de la organización The Initiative for Equal Rights, que denunciaba hasta 152 graves vulneraciones de los derechos humanos de la población LGTB entre diciembre de 2015 y noviembre de 2016. Evidentemente, se trata de las denuncias que han llegado a conocimiento de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En un país en el que la homosexualidad está fuertemente castigada por el Código Penal y sufre un fortísimo rechazo social, el número real es con seguridad mucho mayor.

Fuente El Mundo/Universogay/Cristianos Gays

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Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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UNI-FORM revoluciona los mecanismos de denuncia de los delitos de odio por homofobia, transfobia y bifobia en la Unión Europea

El lanzamiento oficial de la página web de denuncias y de la aplicación móvil tendrá lugar el 28 de septiembre en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Estará disponible en la web, la AppleStore y GooglePlay en Portugal, España, Reino Unido, Bélgica, Malta, Hungría, Letonia, Estonia y Lituania.

UNI-FORM se presenta como la única plataforma de denuncia online que es específica de delitos de odio y de discurso de odio en internet hacia personas LGBTI o percibidas como LGTBI.

Puede ser utilizada por víctimas, testigos y/o cualquier otra persona que quiera denunciar un incidente de discriminación. Las denuncias pueden ser anónimas o proporcionando datos personales para su uso en los procedimientos de investigación policial y pondrá en contacto a las organizaciones LGTBI con los cuerpos de policía de países de la UE para que trabajen de forma conjunta con  el objetivo de motivar un aumento de denuncias y así combatir los delitos de odio hacia personas LGTBI y el discurso de odio online.

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Tras la sorpresiva aprobación por el Bundestag alemán del matrimonio igualitario, aun a falta de algunos necesarios trámites para que entre en vigor, la lista de países donde las parejas del mismo sexo no están discriminadas se ha incrementado hasta alcanzar los 23 integrantes. Por continentes, 14 de ellos están en Europa, 7 en América, 1 en África y 1 en Oceanía. De momento, no hay ningún país asiático en la lista. En el futuro cercano, sin embargo, se prevén varias adiciones a esa suma en casi todos los continentes. De momento, se calcula que, aproximadamente, más de 1.150.000.000 habitantes del mundo viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone más de un 15 % de la población mundial.

Incorporando a Alemania, este sería el mapa de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Europa

Fue en Europa donde por primera vez se aprobó la inclusión de las parejas del mismo sexo en la institución del matrimonio, en el año 2001, y es también un país europeo el último en sumarse a la lista de la igualdad de derechos para las parejas LGTB en este 2017. Los 14 países de este continente donde existe el matrimonio igualitario son los siguientes (con la entrada en vigor de la legislación entre paréntesis):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania (entrada en vigor por determinar).

Incluyendo a Alemania, y restando la población de aquellos territorios o dependencias donde no está en vigor la legislación igualitaria, un total de 324.027.406 europeos viven en países donde existe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa cifra representa un 45,31 % de la población europea total (711.064.145 habitantes).

Si nos ceñimos a la Unión Europea, el matrimonio igualitario existe en 12 de los 28 países que la componen. Eso supone que 316.940.861 de los 507.996.178 habitantes de la Unión Europea no discriminan a las parejas del mismo sexo, un 62,39 % del total.

Afortunadamente, la lista de países y el número de europeos bajo legislaciones igualitarias se incrementarán previsiblemente pronto. El primer ministro de Malta, el laborista Joseph Muscat, ha prometido que el matrimonio igualitario será la primera ley de la nueva legislatura. Por su parte, el socialdemócrata primer ministro de Austria, Christian Kern, que gobierna en gran colación con los conservadores, se ha comprometido a impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo antes de que acabe esta legislatura. También existe, desde 2015, un proyecto de ley de matrimonio igualitario en Suiza, pero el proceso es lento y, al suponer un cambio constitucional, debe ser sometido a referéndum, cuyo posible resultado es muy incierto.

Cabe señalar que, en su día, Eslovenia engrosó la relación de países no discriminatorios, dado que su Parlamento aprobó el matrimonio para parejas del mismo sexo en 2015, con la fecha de su entrada en vigor en suspenso. Sin embargo, grupos LGTBfobos consiguieron que se celebrara un referéndum para anular esa medida, y ese mismo año un abultado porcentaje de votantes logró que la ley fuera finalmente derogada y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles.

Pero existe otra lista menos satisfactoria, la de aquellos países europeos que han prohibido expresamente en sus constituciones el matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos de ellos, tristemente, mediante consulta popular. De momento suman un total de 12:

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013) y Armenia (2015).

Lamentablemente, esta lista también puede incrementarse en un futuro cercano, pues existe un proceso parlamentario en Rumanía para convocar un referéndum que prohibiría constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Aquí tenéis un mapa con la situación del matrimonio igualitario en Europa (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

América

El continente americano se sumó rápidamente a legislar la igualdad de las parejas del mismo sexo. Una de las peculiaridades es que, en muchos de estos países, fueron primero los tribunales quienes dictaminaron la inconstitucionalidad de la discriminación de las parejas LGTB. En otros, sin embargo, fue el poder legislativo quien tomó la iniciativa. Estos son los 7 países americanos donde existe el matrimonio igualitario (con su año de entrada en vigor entre paréntesis):

Canadá (2005), México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Argentina (2010), Brasil (2013), Uruguay (2013), Estados Unidos (2015) y Colombia (2016).

En México, el matrimonio igualitario está actualmente en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Además, existe una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a fallar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo a todos los tribunales en cualquier proceso, por lo que el matrimonio igualitario es  posible de facto en todo el país por vía judicial. Aunque el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, declaraba el pasado 2016 que su Gobierno legislaría la igualdad matrimonial a nivel nacional de acuerdo con ese dictamen judicial, la fuerte movilización LGTBfoba ha impedido que, de momento, pueda llevarse a cabo.

De los 1.001.559.000 habitantes del continente americano, 779.212.822 viven en países donde existe el matrimonio igualitario, lo que supone un 77,80 % del total.

Chile quizás sea el próximo país americano en sumarse a la lista de la igualdad. El Estado chileno, representado por su presidenta Michelle Bachelet, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) han alcanzado un histórico acuerdo para promover los derechos LGTB e impulsar importantes medidas legislativas al respecto, entre ellas, la que aprobaría el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pero también en América existe la lamentable lista de países en los que el matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, que también suman 7. Esta es la relación (con la entrada en vigor de la legislación LGTBfoba entre paréntesis):

Jamaica (1962), Cuba (1976), Paraguay (1992), Honduras (2005), Ecuador (2008), Bolivia (2009) y República Dominicana (2010).

Este sería el mapa de la situación del matrimonio igualitario en América (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

Otros continentes

Tan solo existen dos países más fuera de los continentes europeo y americano donde está legislado el matrimonio igualitario. Se trata de Sudáfrica, en África, y de Nueva Zelanda, en Oceanía.

Oceanía sumará muy probablemente un nuevo país a la lista, aunque la fecha en que eso suceda es aún incierta. El gobierno conservador de Australia pretende convocar un referéndum para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que la oposición exige que la medida se tome directamente desde el Parlamento. Esa división de opiniones hace que la legislación igualitaria siga bloqueada.

En cuanto África, lamentablemente Sudáfrica sigue siendo la excepción en un continente donde lo que abundan son las legislaciones que castigan las relaciones homosexuales con largas penas de prisión, e incluso con la pena de muerte.

No existe en la actualidad ningún país asiático con legislación igualitaria para las parejas LGTB. En Taiwán, la Corte Constitucional ha dado un plazo de dos años para que se legisle el matrimonio entre personas del mismo sexo, si bien la isla no es un país reconocido por las Naciones Unidas. Otro de los candidatos sería Vietnam, aunque la situación está en un proceso incierto y previsiblemente de larga duración.

Como ocurre en África, en Asia, lamentablemente, es también larga la lista de países que castigan las relaciones homosexuales, en algunos casos hasta con la pena de muerte. Lo podéis comprobar en estos mapas, donde aparecen los países que castigan la homosexualidad, y los que incluso aplican la pena capital (podéis pinchar en ellos para verlos a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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El Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa de Ásotthalom, un pueblo húngaro que hace varias semanas se hizo conocido en todo el mundo por vetar a musulmanes y a homosexuales. Sin duda, un pequeño alivio y una señal de sensatez en un país cuya deriva política hacia la extrema derecha, acentuada desde la crisis de los refugiados pero que ya se había iniciado antes, lleva años causando inquietud en el colectivo LGTB.

Ásotthalom es un pequeño pueblo de poco más de 4.000 habitantes situado al sur de Hungría, muy cerca de la frontera con Serbia. Su alcalde es el periodista László Toroczkai, uno de los vicepresidentes del ultraderechista Jobbik (partido que en las elecciones de hace un año se consolidó como la tercera formación política de Hungría, con algo más del 20% de los votos). El propio Toroczkai se alzó en 2013 con la victoria en las elecciones municipales con más 70% de los votos gracias a su discurso ultranacionalista y desde entonces es alcalde de Ásotthalom.

Un lugar del que casi nadie había escuchado hablar hasta que hace unas semanas los medios internacionales se hicieron eco de una de las medidas aprobadas en noviembre pasado por su Ayuntamiento: la prohibición oficial en el municipio de mezquitas y lugares de oración para musulmanes, del velo y cualquier otra vestimenta tradicional musulmana y de cualquier actividad de “propaganda” de las relaciones homosexuales, incluyendo cualquier información que presentase al matrimonio como una institución no formada exclusivamente por un hombre y una mujer. La medida, de hecho, tenía una finalidad claramente propagandística, que el propio alcalde no tuvo inconveniente en reconocer. Se trataba no solo de evitar la instalación el el pueblo de musulmanes y personas homosexuales, sino de atraer a europeos cristianos que se oponen al multiculturalismo en sus propias naciones. “Le damos la bienvenida a gente de otros países de Europa occidental, personas que no quieren vivir en una sociedad multicultural”, llegó a declarar Toroczkai a la BBC.

Se llegó, de hecho, a diseñar paneles “informativos” con señales de prohibición de mezquitas, de velos islámicos y de muestras de afecto entre personas del mismo sexo, que dieron la vuelta al mundo. El pueblo de Hungría que no quería “ni a musulmanes ni a gais” se hizo famoso, y su alcalde muy posiblemente consolidó su popularidad y consiguió su momento de gloria. Hoy, por fortuna, hemos conocido que el Tribunal Constitucional de Hungría ha anulado la normativa, al considerar que las corporaciones locales húngaras carecen de competencia para restringir derechos fundamentales, algo que la Constitución húngara reserva al Parlamento. Laszlo Székely, defensor del pueblo húngaro, fue el que recurrió la normativa ante el alto tribunal.

Sin duda una (pequeña) buena noticia, y más viniendo de Hungría, un país que en los últimos años no se ha caracterizado precisamente por sus avances en materia LGTB. No siempre fue así: Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Poco después la derecha populista, representada por el partido Fidesz y su líder Viktor Orbán, conseguía un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que a duras penas mantuvo el tipo. Orbán, entretanto, no ha dudado en utilizar el voto húngaro en la Unión Europea para impedir la adopción de medidas de protección de los ciudadanos LGTB a nivel continental.

Fuente Dosmanzanas

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Andras Janos Vass y Viktor Berki

Dos individuos  que fueron detenidos en 2014 son condenados por tráfico de personas tras mantener a otros tres individuos como esclavos sexuales contra su voluntad en una vivienda en el condado de Miami-Dade.

Tras sólo cuatro horas de deliberación, este miércoles, 2 de febrero, un jurado de Miami-Dade declara culpables de conspiración, extorsión y tráfico de personas a Gabor Acs, de 31 años de edad, y Viktor Berki, de 28 años, ambos de nacionalidad húngara, quienes habrían retenido contra su voluntad a 3 hombres homosexuales a los que habrían obligado a cometer actos sexuales y prostituirse a lo largo de varios meses en Miami y Nueva York. Visto para sentencia, los acusados se enfrentan a penas de hasta 200 años de cárcel.

«Lo que dijeron sobre la coacción nunca sucedió (…). Estaban haciendo lo que querían hacer y lo hacían de la manera que querían», declaraba Ronald Manto, abogado de Berki en el juicio, quien ha basado su estrategia de defensa en que los acusados son unos oportunistas que han utilizado a sus clientes para conseguir el visado estadounidense, inventando una denuncia falsa con el objetivo de evitar su deportación de vuelta a Hungría. De esta manera, el jurado ha tenido que determinar si las víctimas formaban o no parte de las actividades sexuales de manera consentida.

Destapado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en octubre de 2013, al sospechar que se estaba cometiendo un delito de tráfico de personas, se trata en realidad del segundo juicio referente a este caso, después de que la Unidad de Tráfico Humano del Fiscal del Estado de Miami-Dade consiguiera en 2015 una condena de poco más de 11 años para un tercer hombre involucrado en la operación, Andras Janos Vass, de 24 años de edad y el primer procesado por prostitución gay en Florida.

Según ha determinado la investigación, Acs y Berki entraron en contacto con sus víctimas en Hungría, con dos a través de una página de contactos, GayRomeo.com, mientras que contactaron con la tercera a través de Facebook, quien ya se encontraba en ese momento ejerciendo la prostitución «viviendo con gitanos». Las tres víctimas han declarado que fueron engañados para viajar hasta Nueva York, donde les habían prometido trabajar en un negocio legal en los Estados Unidos. Posteriormente serían trasladados a Miami, donde han estado viviendo en condiciones precarias, aislados entre sí, indocumentados, sometidos bajo amenazas y violencia si intentaban escapar. Además de que les proporcionaban una alimentación escasa, les obligaban a practicar actos sexuales durante todo el día, en ocasiones con juguetes eróticos, a veces delante de cámaras online.

«Estas víctimas no encajan con estos acusados. Tenían 20 años de edad y no tenían la suficiente formación, estaban desesperados por el dinero, vinieron aquí sin hablar el idioma, sin apenas dinero estadounidense a su nombre (…). El tráfico humano, la esclavitud moderna, no se tolera para nadie, y todos están protegidos», declaraba la fiscal, Branda Mezick, en su alegato final.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Alysa Erichs, Andras Janos Vass, Branda Mezick, Desarticulación, EE. UU., Florida, Gabor Acs, Hungría, Katherine Fernández-Rundle, Miami-Dade, Prostitución, Ronald Manto, Trama, Viktor Berki

El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a posponer la resolución del recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Pero el retraso conlleva esta vez un atisbo de esperanza: antes de tomar su decisión, que estaba prevista inicialmente para el pasado martes, los jueces rumanos consultarán con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su parecer sobre el asunto.

Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, tendrán que esperar aún para conocer el desenlace de su demanda para ver reconocido su matrimonio. La pareja se casó legalmente en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Llegada esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no está tomada y volvía a posponer el fallo, que se esperaba para el martes 29 de noviembre. Pero esta semana, el tribunal anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces puedan consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta parte de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo.

La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de los miembros es un ciudadano comunitario. La resolución podría sentar un importante precedente, como recuerda Katrin Hugendubel de ILGA-Europa: muchas parejas, perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias, “estarán esperando también con impaciencia el resultado de este caso”.

Sobre las perspectivas que se abren con el nuevo escenario, en el que entra en juego la justicia europea, se pronunció también la abogada de los demandantes Iustina Ionescu: “Es alentador. El Tribunal manda el mensaje de que Rumanía es un miembro de los países europeos que comparten unos valores comunes, como la libertad de movimiento”. Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano pide opinión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final.

Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando el año pasado consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

Para que la iniciativa prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. La posibilidad de que el referéndum se realizara de manera coincidente con las elecciones generales del próximo diciembre fue descartada por el Senado rumano, por lo que la consulta quedó pospuesta hasta la próxima legislatura. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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¿Qué porcentaje de la población europea se identifica como lesbiana, gay, bisexual o transgénero? Una encuesta realizada entre los ciudadanos de la Unión Europea revela datos sorprendentes sobre una realidad difícil de medir. Un 5,9% de los entrevistados se siente parte de la comunidad LGTB, con Alemania y España a la cabeza de los países con datos comparables. Las brechas generacional y de género también son relevantes.

Estudiar la demografía de la población LGTB presenta dos problemas principales: la carencia de preguntas específicas en los censos de población y la ocultación de respuestas en las encuestas, debido a lo sensible que resulta el tema para muchos. Dalia Research asegura haber soslayado esta segunda dificultad con una metodología online y que permite, por tanto, responder desde el anonimato. La empresa alemana ha cuestionado a unas 12.000 personas de la Unión Europea, con resultados estadísticamente significativos en nueve países: Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y el Reino Unido. Las preguntas, con sus posibles respuestas, fueron dos:

– ¿Te identificas como lesbiana, gay, bisexual o transgénero? Sí / No / Prefiero no decirlo.

– ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu orientación sexual actual? Solo heterosexual / Principalmente heterosexual, a veces homosexual / Heterosexual y homosexual por igual / Principalmente homosexual, a veces heterosexual / Solo homosexual / Asexual / Prefiero no decirlo (las respuestas están basadas en la escala de Kinsey).

Los datos obtenidos revelan algunas curiosidades. En conjunto, un 5,9% de los entrevistados respondieron afirmativamente a la primera cuestión y un 10% eligió una orientación no exclusivamente heterosexual. Por países, Alemania (7,4% de identificación LGTB) y España (6,9%) se sitúan a la cabeza, mientras que Hungría, con un 1,5% de respuestas positivas, ocupa el último lugar.

El estudio también saca a la luz diferencias entre sexos. Salvo en Polonia y el Reino Unido, las mujeres son más propensas a identificarse como LGTB. La brecha es sorprendente en los Países Bajos, donde un 10,3% de las entrevistadas contestaron afirmativamente a la primera cuestión frente a apenas un 2,5% de ellos. En España, la diferencia es mucho más reducida, pero también sigue la norma general (7,3% de mujeres LGTB, 6,6% de hombres).

La que sí es muy notable en este país es la división por edades. Nada menos que un 14,0% de los españoles de entre 14 y 29 años se identificaría como LGTB, pero solo lo hace un 1,8% de los que tienen edades comprendidas entre 50 y 65 años. En el resto de países se mantiene la tendencia, salvo en Austria. En el conjunto de la UE, un 10,0% de los jóvenes responde positivamente a la primera pregunta del estudio y un 16,0% escoge una orientación diferente a la puramente heterosexual.

Fuente Dosmanzanas

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Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

Preocupante informe el que ha elaborado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual numerosos profesionales sanitarios de los países miembros, especialmente de países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, o Rumanía, siguen considerando la homosexualidad una enfermedad y la transexualidad un trastorno mental. En el caso rumano, de hecho, la proporción alcanza el 50% de los entrevistados. Actitudes “erróneas y desfasadas” que este organismo considera ponen en peligro derechos fundamentales del colectivo LGTB.

Un estudio realizado por la Agencia europea de los derechos fundamentales (FRA) ha concluído tras una encuesta realizada a profesionales de la medicina en los 19 estados miembros de la Unión Europea que aproximadamente el 50% de los doctores en Europa aun creen que ser gay es una enfermedad, si bien es cierto que los resultados difieren bastante de unos países a otros, por ejemplo el informe detalla que en países como Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los médicos aun hablan de “tratar” la homosexualidad. Igualmente importante es que la mayoría de esos profesionales no conocen la problemática específica de la comunidad LGBTI.

Este informe complementa la encuesta que en 2013 la FRA hizo a 93.000 personas en los 28 países de la Unión Europea, la mayor sobre la materia realizada hasta esa fecha, y que de forma global encontró que un 47% de las personas LGTB del continente se sintieron discriminadas o acosadas durante el año precedente a la realización de la encuesta. Las cifras se disparaban cuando de recordar sus experiencias durante el periodo escolar se trataba (puedes consultar más datos en la entrada que por entonces le dedicamos). En esta ocasión, lo que la FRA ha hecho es sondear las opiniones de los funcionarios públicos, personal sanitario, profesores y agentes de policía, los grupos profesionales mejor situados para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de derechos LGTBdetectar tanto los obstáculos como los factores impulsores de la aplicación de políticas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTB. En concreto, se ha entrevistado a más de 1.000 profesionales de 19 países.

Y el panorama que ha encontrado es preocupante. Muchos de estos profesionales siguen teniendo una visión negativa respecto a las personas LGTB, lo que en para la FRA obstaculiza claramente los esfuerzos por frenar la discriminación y contrarrestar los delitos motivados por los prejuicios. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las personas encuestadas también indicaron que la falta de información y de formación profesional respecto a las necesidades del colectivo LGTB les impide contribuir a contrarrestar la discriminación a la que se enfrenta. En palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “los resultados apuntan a que la Unión Europea y los estados miembros subestiman la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para actuar de acuerdo con la obligación de proporcionar un servicio de alta calidad y de ayudar a poner fin al sufrimiento que experimentan muchas personas del colectivo LGBT”.

Entre las principales conclusiones que la propia FRA extrae del informe, según el comunicado en el que lo ha dado a conocer, se encuentran:

• Parte de la sociedad mantiene actitudes hostiles respecto al colectivo LGBT y algunos profesionales siguen albergando prejuicios tales como la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que puede transmitirse. Por tanto, es necesario realizar campañas de sensibilización más positivas a escala nacional y de la UE, como las que figuran en la lista de acciones de la UE con el fin de mejorar el respeto a las personas del colectivo LGBT y sus derechos.
• Todos los grupos profesionales presentan bajos niveles de sensibilización y de conocimiento en relación a las necesidades del colectivo LGBT. Esto subraya la importancia de la formación profesional, y de que la sociedad civil se organice en asociaciones y coopere a fin de contrarrestar los prejuicios, especialmente en relación con las personas transexuales en el campo de la atención sanitaria, y para garantizar el mismo nivel de servicios del que disfruta la mayoría de la población.
• La falta de información objetiva, especialmente en los centros de enseñanza, puede dar lugar a acoso y prejuicios en una etapa vital posterior, así como obligar a los jóvenes LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades encargadas de la educación y los centros de enseñanza a fin de diseñar campañas destinadas a ayudar a que los colegios sean lugares más seguros y acogedores para con las personas LGBT.
• A menudo los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBT no se reconocen, no se denuncian y no se registran. Los Estados miembros deberán redoblar esfuerzos con el fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes que protegen contra los delitos motivados por prejuicios y deberán incrementar esfuerzos con el fin de mejorar la denuncia de delitos motivados por prejuicios que deberían registrarse.

Un capítulo que ha llamado especialmente la atención, quizá por lo inesperado, es el referente al colectivo sanitario. “Los resultados revelan que algunos médicos siguen considerando erróneamente que la homosexualidad constituye una enfermedad”, ha destacado Michael O’Flaherty. Algo que destaca especialmente en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. En este último caso,  Rumanía, es donde se obtiene uno de los resultados más homófobos e incluso un enfermero se refiere a la homosexualidad como una plaga generada como resultado de hechos infelices sucedidos durante la infancia que necesitan manifestarse de otra forma(sic).la proporción de profesionales entrevistados que siguen considerando la homosexualidad una enfermedad alcanza el 50%.  Incluso sin llegar a este grado de prejuicio, resulta llamativo el peso del estereotipo y la falta de conocimiento de la realidad LGTB. En este sentido, nos ha llamado la atención el comentario de un ginecólogo lituano, según el cual hay que ser más cuidadoso cuando se atiende a personas homosexuales porque, por ejemplo, “se desmayan más fácilmente” al extraerles sangre…

El director de la FRA señala con los resultados en la mano la importancia del trabajo que debe realizarse en educación y entrenamiento profesional para contrarrestar la discriminación

El colectivo LGBT tiene el mismo derecho a la educación, sanidad y a ser tratados como iguales. Ellos también tienen derecho a vivir su vida con dignidad y sin miedo ni discriminación. El estudio revela cómo algunos doctores aun creen erróneamente que la homosexualidad e una enfermedad. Ellos subestiman la necesidad de Europa y sus estados miembros de empoderar oficialmente al colectivo gay y suministrarle servicios de calidad, ayudándoles y evitando el sufrimiento

Una consecuencia directa de las creencias de cierto sector médico es que muchos ataques homófobos contra el colectivo LGBT a menudo no son reportados ni añadidos a las estadísticas de forma adecuada, tanto por los sanitarios como por la policía.

Os invitamos a conocer en su integridad el informe, titulado Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (tiene 100 páginas y está cargado de información de gran interés, no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo o en el policial). Puedes descargarlo pinchando aquí.

Fuente PinkNews, vía AmbienteG/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Atención sanitaria, Bulgaria, Discriminación, Enfermedad, Eslovaquia, FRA, Homofobia, Homosexualidad, Hungría, Italia, Letonia, Médicos, Polonia, Rumanía, Salud, Transfobia, Unión Europea

El gobierno conservador de Hungría bloquea un acuerdo para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB propuesto a la Comisión de la Unión Europea por Holanda.

El Consejo de la Unión Europea, integrado por los representantes de los gobiernos de los estados miembros, ha sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre igualdad de las personas LGBTI. La oposición del gobierno húngaro impidió que una lista básica de acciones propuestas por la Comisión Europea recibiera el respaldo unánime del Consejo. Un nuevo ejemplo de hasta qué punto la la pujanza de la derecha más conservadora en los países del Este de Europa arrastra a la Unión Europea hacia posiciones cada vez más alejadas de la igualdad.

El gobierno holandés, que actualmente preside la Unión Europea, ha presentado el borrador de un acuerdo al Consejo de la Unión Europea haciendo un llamamiento para hacer frente a la discriminación homofóbica a través de diversas medidas con el objetivo de avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB e intensificando esfuerzos para recoger datos sobre el tratamiento de los ciudadanos homosexuales, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ha quedado vetado por los representantes de Hungría, el mismo día que también han bloqueado una propuesta de acuerdo con Turquía referente a la crisis migratoria. «Hungría no está en posición de aceptar la lista de acciones para avanzar en la igualdad de la comunidad LGTB», ha manifestado en un comunicado del gobierno conservador de Viktor Orbán.

La actual presidencia holandesa de la Unión Europea quería impulsar el desarrollo de las políticas de igualdad en lo referente a la situación de las personas LGBTI, y por eso había situado la discusión de la propuesta de la Comisión Europea (que puedes descargar en su totalidad aquí) en la agenda de Consejo sobre Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores que los representantes de los gobiernos europeos celebraron el pasado 7 de marzo en Bruselas. La propuesta daba respuesta a la petición del Parlamento Europeo de una hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (el ya conocido como “informe Lunacek”, aprobado en febrero de 2014 pese a las protestas de los grupos ultraconservadores) y enumeraba una serie de diez acciones a desarrollar de aquí a 2019:

1. Cerrar la brecha existente en la Unión Europea en lo referente a la protección contra la discriminación en materia de educación, protección social y acceso a bienes y servicios.
2. Facilitar la vida cotidiana de las familias LGBTI que se trasladan de un lugar a otro de Europa.
3. Reforzar y monitorizar la transposición e implementación del derecho comunitario en materias como la reasignación de sexo, la atención a la víctimas de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, el asilo, la libertad de circulación o el acceso al empleo.
4. Promover campañas de comunicación para mejorar la aceptación social de las personas LGTBI.
5. Dar apoyo a los estados miembros para el desarrollo de políticas clave para las personas LGTBI en materia de no discriminación, delitos de odio, educación y salud.
6. Dar soporte financiero a organizaciones que trabajan aspectos clave en materia LGBTI, tanto públicas como privadas.
7. Dar apoyo a las empresas y entornos de trabajo inclusivos.
8. Mejorar la disponibilidad de datos acerca de la situación de las personas LGBTI en áreas como la discriminación, desigualdades en salud, educación, delitos de odio, libertad de movimiento de las familias LGBTI, situación de las personas intersexuales o reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transexuales.
9. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en territorios vecinos a la Unión Europea, como los Balcanes o Turquía, en el contexto de las negociaciones de adhesión o asociación.
10. Promover la mejora de la situación de las personas LGBTI en terceros países.

General, Homofobia/ Transfobia. Catherine Bearder, Comisión Europea, Consejo de la Unión Europea, Daniele Viotti, Derechos LGTBI, Discriminación, Europa, Evelyne Paradis, Fidesz, Hungría, Intergrupo LGTB, Jobbik, Parlamento Europeo, Partido Popular Europeo, Sophie in 't Veld, Ulrike Lunacek, Unión Europea, Viktor Orbán

Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, CVP (Suiza), Discriminación, Eslovaquia, Homofobia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, PDC (Suiza), Polonia, Serbia, Suiza, Ucrania

Las víctimas eran obligadas a tener relaciones sexuales con los clientes hasta 20 horas al día. Antes de convertirse en un cómplice de esta red de prostitución uno de sus promotores, Andras Vass, de 25 años de edad, fue él mismo una víctima y le obligaron a casarse con un hombre. El detenido se enfrentaba a una pena máxima de 155 años pero un tribunal de Florida le ha condenado este martes, 15 de diciembre, a 11 años de prisión. Vass, de origen húngaro, fue declarado culpable de tráfico de personas y de crimen organizado el pasado mes de abril.

Vass y otras dos personas captaban a hombres húngaros con edades comprendidas entre los 20 y 22 años de edad para trabajar para su empresa – Never Sleep Inc – con promesas de pagarles entre 3500 a 5000 dólares (3200 a 4600 euros) mensuales por trabajar como escoltas.

En cambio, fueron ‘encarcelados’ en un apartamento de un dormitorio en el condado de Dade, en Miami y forzados a tener relaciones sexuales con los clientes masculinos o con personas a través de la webcam con jornadas maratonianas que duraban entre 18 a 20 horas al día.

Los hombres no sabían hablar inglés y rara vez se les permite salir del apartamento. Además les confiscaron todo el dinero que ganaban y sus documentos de identidad y pasaportes.

“Sé muy bien que soy culpable”, dijo Vass a la corte. “Después de que cumpla mi condena me gustaría empezar una nueva vida limpia. Lo estoy pidiendo con la ayuda de Dios y rezo todos los días para lograr el perdón“, ha dicho el acusado durante el juicio.

Los otros dos hombres acusados de dirigir la red de prostitución, Viktor Berki y Gabor Acs, todavía están a la espera de juicio.

Fuente Ragap

General Andras Janos Vass, Condado de Dade, EE. UU., Florida, Gabor Acs, Hungría, Miami, Never Sleep Inc, Prostitución, Trama, Viktor Berki

Los gobiernos de Hungría y Polonia, puntas de lanza de la derecha populista europea, prevén bloquear una nueva normativa sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. El principal motivo, cómo no, su homofobia.

Lo cuenta este martes el diario El País. En la próxima reunión de ministros de Justicia de la Unión, los representantes húngaro y polaco prevén bloquear una propuesta de normativa para uniformizar la ejecución de las resoluciones en materia de regímenes económicos de las uniones registradas en el territorio de la Unión. Se trata, en definitiva, de dar garantías uniformes a los diferentes tipos de unión legalmente reconocidos por los países de la Unión Europea, sin que ello signifique ni mucho menos obligar a ningún país a reconocer el matrimonio igualitario.

Algo que por otra parte está en la línea de la jurisprudencia europea. Ya en 2010 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia referida a Austria, determinó que aunque los estados europeos no están obligados a permitir el matrimonio igualitario las parejas del mismo sexo sí merecen protección jurídica en el territorio de la Unión. Este año 2015, de hecho, el mismo tribunal ha condenado a Italia por no permitir a las parejas del mismo sexo ni contraer matrimonio ni ofrecerles una regulación alternativa.

Una protección que en cierto modo es la que buscan extender los ministros de Justicia de la Unión Europea, al menos en lo referido a los derechos de propiedad. Hungría y Polonia, dos países actualmente gobernados por la derecha populista católica, se niegan sin embargo a aceptar una propuesta que exige unanimidad y que para ellos supone reconocer regímenes de familia “que no responden a sus valores ni están en su constitución”.

Hungría y Polonia, un panorama inquietante

Hungría, recordemos, fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos… La derecha populista representada por el partido Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución del país para, entre otras medidas autoritarias, “proteger” al matrimonio que se celebra “entre un hombre y una mujer”. El panorama político húngaro no mejoró mucho en 2014: el Fidesz se desgastó mínimamente y revalidó su aplastante mayoría, con casi en 45% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente ultra, ascendía hasta más del 20% y se situaba a solo cinco puntos de Unidad, la coalición de centro-izquierda que aduras penas mantiene el tipo.

No conviene olvidar que el actual primer ministro húngaro, Viktor Orbán (Fidesz), otrora considerado una especie de “paria político”, está considerado hoy día uno de los referentes del Partido Popular Europeo gracias a sus duras posiciones en materia migratoria. Hace pocas semanas Orbán era recibido en Madrid por los líderes populares europeos con toda clase de parabienes.

En Polonia, un país que en tiempos recientes había dado prometedores pasos adelante en materia LGTB, la situación ha dado este 2015 un giro parecido al que Hungría dio hace ahora cinco años. El primer signo de los nuevos tiempos fue la elección como presidente de Andrzej Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia (conocido por muchos como “el partido de los gemelos Kaczyński”), una de cuyas primeras medidas fue vetar una nueva ley de identidad de género que había sido aprobada por el Parlamento polaco, y que definitivamente ha quedado arrinconada. Pero el golpe definitivo llegó con las elecciones parlamentarias del pasado octubre, que otorgaron a Ley y Justicia la mayoría absoluta y que supusieron, de hecho, la desaparición absoluta de los partidos de izquierda del Parlamento polaco. Muchos temen, de hecho, que esta nueva situación política propicie un giro autoritario al estilo húngaro (Ley y Justicia, por cierto, ya intentó en el pasado promover una nueva Constitución que consagrase la prohibición del aborto, de la fecundación in vitro y del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la presencia del crucifijo en las aulas).

Un panorama inquietante al que la Unión Europea no parece interesada, antes al contrario, en poner freno.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrzej Duda, Discriminación, El País, Fidesz, Hungría, Jobbik, Ley y Justicia (Polonia), Matrimonio, Partido Popular Europeo, Polonia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidad (Polonia), Unión Europea, Uniones Civiles, Viktor Orbán

Situación de incertidumbre para la comunidad LGTB en Suiza. Solo hace unos meses informábamos del comienzo del trámite parlamentario de una iniciativa de matrimonio igualitario. Pues bien, esta semana hemos sabido de una reforma en sentido contrario, que de ser aprobada blindaría el matrimonio excluyente en la Constitución al definirlo como la unión de un hombre y una mujer. La decisión sobre esta segunda reforma está en manos de los ciudadanos, que la votarán en referéndum en febrero del año que viene.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC) estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideran una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era que acabar con lo que denominan “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que han titulado “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introduce también una definición excluyente del matrimonio.

El artículo 14 de la Constitución suiza establece que:

Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia.

Con la redacción propuesta por el PDC, se añadiría al mismo artículo la siguiente frase:

El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica.

Con este cambio, el matrimonio excluyente quedaría blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría abrir este derecho a las parejas del mismo sexo. Se trata, de hecho, de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Suiza se convertiría, si los ciudadanos lo aprueban en el referéndum, en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución.

El concepto es que algunas parejas casadas tienen que pagar más impuestos que las parejas heterosexuales no casadas; la iniciativa está tratando de cambiar esto. Este referéndum sobre la desgravación fiscal para parejas casadas también podría cambiar la Constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio es a largo plazo y legalmente regulada la relación entre el hombre y la mujer. En lo que respecta a la fiscalidad, es una comunidad económica”, se propone en el párrafo adicional. “No se debe poner en una situación de desventaja en comparación con otros modelos de relación, ni en los impuestos, ni en los seguros sociales”.

Los críticos contra estos cambios alegan que el voto rompería la unidad de la regla de procedimiento del referéndum suizo, ya que obligaría a los ciudadanos a decidir sobre dos cuestiones – la fiscalidad de las parejas casadas y la definición de matrimonio – en lugar de sólo uno. Un informe del Consejo Federal Suizo dice que no hay problema con el voto, ya que hay una “coherencia fáctica” entre las dos partes de la iniciativa.

Los activistas LGTB reprueban lo que consideran una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacen hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación homófoba de la medida queda oculta si no se lee la literalidad de la reforma constitucional propuesta. También critican que la cuestión que se somete a referéndum no cumpla la regla de la “unidad de la materia”. Esto es, que las consultas ciudadanas deben abordar un solo tema y no dos como en este caso (derecho fiscal y definición del matrimonio).

El Gobierno suizo ha rechazado esta crítica con el argumento de que los asuntos que se someten a votación guardan relación entre sí. Ahora solo queda esperar al resultado de las urnas el 28 de febrero de 2016. Para ser aprobada, la reforma debe contar con una mayoría favorable en votos globales y en cantones. No se requiere una participación mínima. Cabe destacar que ambas cámaras del Parlamento han votado contra la medida, si bien ello no impide un resultado favorable a la misma en la consulta.

Aunque el Parlamento rechazó las modificaciones propuestas, el informe del Consejo Nacional también pide a los representantes de los cantones que recomienden a los ciudadanos votar a favor de la propuesta.

Según la ley suiza, para que una iniciativa se apruebe no sólo la mayoría de los ciudadanos deben votarla, también se tiene que producir similar resultado en los cantones.

Con independencia del resultado de este referéndum, la iniciativa de matrimonio igualitario cuya tramitación adelantábamos en febrero de este año continúa su andadura parlamentaria. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre, el proyecto superaba otro trámite al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

En 2014, una encuesta realizada por la organización LGBTI suiza Cruz Rosa mostró que, en el referéndum para reducir los impuestos e ilegalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el 30,2% tendería a votar sí, en comparación con un 52,1% que votaría en contra y el 17,6% de los votantes estaría indeciso.

Pacto civil de solidaridad (PACS). El término alude a una forma de unión civil entre dos adultos bajo la ley francesa. El PACS establece derechos y responsabilidades pero menos que un matrimonio, en particular en materia de adopción. Ofrece un cierto estatuto legal a las parejas del mismo sexo, pero es utilizado mayoritariamente por parejas de sexo opuesto. Una forma de unión civil se estableció en unos 20 países, principalmente en Europa y América del Norte, desde finales de 1990, entre ellos, Suiza.

En el ámbito social, la propia diversidad cultural y étnica de la Confederación, favoreció un mayor grado de respeto y tolerancia hacia los distintos grupos que conforman la nación. Cada año se celebran diversos eventos en favor de los derechos LGBTI y la diversidad sexual, tales como marchas del orgullo gay, festivales y manifestaciones varias, entre los que se destacan el Festival de Cine Pink Apple, el Christopher Street Day, el Día para salir del armario y el Festival del Orgullo de Zúrich.

Zúrich, la ciudad más poblada de Suiza, se percibe como una ciudad tolerante hacia la comunidad gay, ofreciendo una amplia variedad de atractivos para el turismo homosexual. En julio de 1993 se creó en la ciudad el «Schwulenarchiv Schweiz», organización sin fines de lucro destinada a recopilar y preservar el material referente a los homosexuales en el país. En marzo de 2009, fue electa Corine Mauch como alcaldesa de Zúrich, convirtiéndose en la primera mujer y abiertamente lesbiana en ostentar dicho cargo.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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A los judíos, les recuerda los trenes nazis

Los musulmanes denuncian la reacción de República Checa o Hungría

Espiritualidad, General Carlos Osoro, Comisión Islámica de España (CIE), Conferencia Episcopal Española (CEE), Diaconía, Enrique del Árbol, Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), Hungría, Mariano Blázquez, República Checa, Riay Tatary, Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE)

Original campaña para el Orgullo LGTB de Praga, que basándose en un efecto térmico sobre imágenes de parejas del mismo y diferente sexo transforma una palabra despectiva en inclusiva. El Orgullo de la capital checa tendrá lugar la semana próxima, y promete ser uno de los más animados de los países del antiguo bloque del Este.

Si de algo no se puede acusar a los organizadores del Orgullo de Praga es de no ser innovadores. Hace unos días contábamos como  su campaña de 2014 LGBTAvatars, centrada en las personas LGTB que no pueden salir a la calle y celebrar el Orgullo en sus propios países, ha resultado premiada en Cannes. Y para este 2015, han elegido un juego de palabras cuando menos ingenioso y una estrategia de inclusividad.

Realizada por la agencia Made by Vaculik, la campaña consiste en una serie de imágenes de parejas del mismo y de distinto sexo besándose, a las que se aplica un filtro que produce un efecto térmico. Acompañándolas, el lema My jsme všichni stejně teplí, junto a la temperatura media del cuerpo: 36,5 grados. Literalmente, el lema significa “todos somos igual de templados” (si fuéramos menos literales, podría traducirse por “todos tenemos la misma temperatura”). Se trata, en realidad, de un juego de palabras en checo, que con la traducción pierde su sentido original. Y es que aunque teplý (plural teplí) significa “templado”, también es una forma popular, más bien despectiva, de referirse a los homosexuales. Es así como una palabra con connotaciones despectivas adquiere un tono inclusivo…

El Orgullo de Praga se ha convertido en uno de los signos más visibles de la diferencia de la República Checa con otros países de su entorno en lo que a realidad LGTB se refiere, que hemos señalado en otras ocasiones. “La gente siempre teme lo que desconoce. Por ello, mediante el festival queremos ser un instrumento para el conocimiento mutuo entre la comunidad LGBT y la sociedad a gran escala”, ha declarado su presidenta, Kateřina Saparová. Lejos queda Praga de otros orgullos bastante más tensos en otros países de la Europa central y oriental. En la muy cercana Budapest (Hungría), la marcha del Orgullo tenía que soportar por ejemplo el rechazo de su alcalde, István Tarlós, que señalaba en una entrevista que lo encontraba “repugnante”. Y sus organizadores tuvieron que imponen unas reglas estrictas de asistencia que garantizasen la seguridad del evento.

El Orgullo de Praga, que se celebrará del 10 al 16 de agosto, es uno de los más tardíos en el calendario europeo. Este año contará con la presencia de Conchita Wurst o del coro de hombres gais de Londres. Destaca además la colaboración internacional, con el apoyo oficial de Noruega, Islandia y Liechtenstein, encuadrada dentro de un proyecto de apoyo económico de estos países al fortalecimiento de la sociedad civil. Además, mediante crowdfunding, pretenden repetir la instalación de una “Pride Village”, con escenarios y puestos para asociaciones y locales, aprovechando el amplio espacio verde de Střelecký Ostrov, una isla en el río Moldava, que recorre la capital checa y que es conocida popularmente como “Střelák”. Seguirán, con ello, el modelo de otras ciudades como Viena, que organiza su Pride Village en los jardines frente al Ayuntamiento.

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Los organizadores del Orgullo de Bratislava, la capital eslovaca, han comunicado su decisión de cancelar la Marcha de este año. El fracasado referéndum que tuvo lugar el pasado mes de febrero, en el que se pretendía cercenar los derechos de la comunidad LGTB, ha ocasionado un ambiente generalizado de hostilidad que los responsables del Orgullo encuentran poco propicio para este tipo de evento. Sin embargo, si se celebrarán otros actos reivindicativos, con la promesa de volver a desfilar por las calles de Bratislava en 2016.

Este hubiera sido el sexto Orgullo celebrado en Bratislava, cuyo objetivo principal hubiera sido el de propiciar un debate sobre la igualdad de derechos de la población LGTB eslovaca. Tras unos primeros años en los que el hecho de salir a las calles reivindicando esa igualdad fue sobre todo un acto de valentía, en los últimos años la Marcha del Orgullo había añadido a ese carácter reivindicativo un matiz festivo y cultural, como sucede en muchos otros países de todo el mundo.

Este año, sin embargo, la población eslovaca se ha visto enfrentada a un referéndum, convocado a instancias de Alianza por las Familias (una asociación similar a la española Foro de la Familia) y que contaba con el apoyo explícito de la iglesia católica eslovaca. En la consulta se pedía a los eslovacos que privaran aún más de derechos a sus conciudadanos LGTB, con una reforma legal que impediría la adopción homoparental y reforzaría la prohibición del matrimonio igualitario, que ya consta en la Constitución eslovaca después de que fuera modificada a este respecto en 2014.

El referéndum, sin embargo, tan solo logró sacar a las calles a un 21,4% de la ciudadanía, que aunque votó masivamente en contra de los derechos LGTB, estaba muy lejos del 50% necesario para alcanzar la validez. Pero lo que sí consiguió es crear un creciente ambiente de hostilidad generalizada hacia gais, lesbianas y bisexuales, propiciado sobre todo por la intervención directa en la campaña de la jerarquía de la Iglesia católica, cuya labor en contra de la igualdad de derechos mereció incluso la felicitación del papa Francisco.

Las asociaciones LGTB han considerado que ese ambiente hostil era poco propicio para la celebración de la ya tradicional Marcha del Orgullo. Debido a ello, los organizadores del  Orgullo Dúhový (arcoíris) de Bratislava han aplazado la convocatoria de esa Marcha hasta el 2016, aunque sí que será convocado otro tipo de actos reivindicativos e informativos. El equipo formado por las organizaciones NGOs Queer Leaders Forum, Iniciatíva Inakosť y Nomantinels emitía un comunicado en los siguientes términos:

Queremos que el Orgullo sea percibido como una expresión pacífica, placentera y cultural de orgullo, como contraste a las degradaciones y sacrificios que los LGBTI experimentan constantemente en sus vidas. Por lo tanto, hemos decidido expresar nuestro orgullo de una manera diferente a la de una marcha por la ciudad. Participaremos en diversos eventos y campañas. Eslovaquia necesita conocer las historias de las personas LGBT, de sus padres, sus hijos, amigos y colegas. Por lo tanto, vamos a recopilar esas historias, en colaboración con la Plataforma de Asociaciones Medioambientales, para a continuación poder llevarlas a todo el pueblo de Eslovaquia.

Esperemos que las convocatorias que aún persisten se desarrollen con total tranquilidad, y que la Marcha de Bratislava pueda volver a celebrarse en 2016.

La realidad LGTB eslovaca

La situación tanto jurídica como social de las personas LGTB en Eslovaquia, como se puede comprobar, sigue siendo difícil. Las relaciones homosexuales en Checoslovaquia fueron despenalizadas en 1962, y desde 1990 la edad de consentimiento es la misma que la de las relaciones heterosexuales. La incorporación de Eslovaquia a la Unión Europea les llevó a implementar una legislación antidiscriminatoria. Por lo que respecta al reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, hasta ahora se han producido tres intentos de regular las uniones civiles, en los años 1997, 2000 y 2012, ninguno de los cuales ha prosperado; tampoco es posible la adopción conjunta.

Asimismo, cabe recordar que Eslovaquia cuenta con un elevado índice de población católica y que forma un bloque con otros países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, Croacia, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia, cuyas constituciones prohíben el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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