El acoso a los activistas LGTB rusos por parte de las autoridades de su país no cesa. Ahora le ha tocado el turno a Coming Out, colectivo LGTB de San Petersburgo, que ha sido oficialmente declarada por un juez “agente extranjero”, lo que limita su capacidad legal para dirigirse a los ciudadanos rusos y permite el control estricto de sus actividades por parte del estado. La sentencia considera además que las actividades del grupo “violan los derechos de las personas con orientación sexual tradicional” y que el material que editan es propaganda peligrosa.

Coming Out lleva 15 meses luchando contra las autoridades rusas para evitar la declaración legal de “agente extranjero”, que ni siquiera se basa en pruebas fehacientes de que el colectivo haya recibido financiación de otros países (algo que por otra parte sería perfectamente respetable) sino en motivos de corte ideológico. El tribunal, en este sentido, no atendió a ninguno de los argumentos de la defensa, dando la razón a Ministerio de Justicia y fiscal, según los cuales la simple información positiva sobre homosexualidad y derechos de las personas LGTB debe ser considerada como de origen extranjero y legalmente identificada como tal. “Cualquiera que lea este folleto [en referencia al material informativo sobre los derechos LGTB editado por Coming Out] puede empezar a compartir sus pensamientos con otras personas, promover un grupo y empezar actividades”, razona la jueza responsable de la sentencia para argumentar la “peligrosidad” del grupo.

Ello no supone la ilegalización de Coming Out, pero si limita seriamente su margen de maniobra y sobre todo permite al estado supervisar estrechamente su funcionamiento. Coming Out recurrirá la decisión, aunque cuenta con pocas probabilidades de éxito. La catalogación de grupos de defensa de los derechos humanos en Rusia (y no solo de los de las personas LGTB) como “agentes extranjeros” es de hecho una de las armas que el régimen de Vladimir Putin está utilizando desde hace más de un año para desarmar a la ya de por sí debilitada oposición. Ayer mismo otras cinco organizaciones no LGTB recibían dicha catalogación, según ha denunciado Human Rights Watch.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Coming out, Discriminación, Human Rights Watch, Rusia, San Petersburgo

Activistas LGTB de la república exsoviética de Kirguizistán han lanzado una llamada de auxilio al resto del mundo para denunciar las intenciones de su Gobierno de aprobar una ley contra la “propaganda homosexual” mucho más dura que ya la vigente en Rusia. Como no podía ser de otra manera, desde dosmanzanas nos hacemos eco de la llamada y pedimos la colaboración de todas las personas, organizaciones e instituciones que a cualquier nivel puedan contribuir a difundirla o presionar a las autoridades de ese país.

Ya en marzo recogíamos la noticia, gracias al esfuerzo de difusión de Human Rights Watch (HRW). El Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (también conocida como Kirguistán y Kirguisia) ha iniciado la tramitación de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. La norma restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus promotores justificaban la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de un proyecto, en definitiva, en la línea del ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más duro, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedaría vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros). HRW denunciaba que para ello Kirguizistán modificaría sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

Petición de ayuda

Es por eso que los activistas de Kirguizistán, que a diferencia de otros países apenas si recibe atención mediática fuera de sus fronteras, han pedido ayuda para difundir la situación y conseguir al menos una cierta presión internacional que haga a su gobierno pensárselo dos veces. Piden, por ejemplo, que se organicen concentraciones de protesta frente a embajadas y consulados de Kirguizistán, y que en la medida de lo posible se traslade a las autoridades de los diversos países la preocupación por este proyecto.

En este sentido, los activistas valorarían especialmente las acciones que provengan de países de Asia o de América Latina, para evitar la sensación de que se trata de una campaña promovida solo por países occidentales. También serían muy bien recibidos pronunciamientos de líderes religiosos musulmanes inclusivos.

A los países y organizaciones donantes de fondos a Kirguizistán los activistas LGTB de ese país piden que se aseguren que los receptores de ayuda sean agentes que no promuevan o apoyen políticas homófobas y tránsfobas, pero que no se presione con amenazas de retirar la ayuda, que consideran pueden ser contraproducentes. También han publicado un listado de personalidades LGTBfobas de Kirguizistán para que en la medida de lo posible se les haga el vacío a no ser que condenen el proyecto.

Insertamos por último el contacto de varios activistas LGTB de Kirguizistán a los que se puede escribir directamente en inglés para más información. Se trata de correos electrónicos que son públicos y que pueden compartirse:

• Dastan Kasmamytov (Danik) dastanurbek@gmail.com
• Ruslan Kim ruslan.kimm@gmail.com
• Syinat Sultanalieva sultanalievas@gmail.com
• Amir Mukambetov a.mukambetov@gmail.com

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de HRW que recogimos en febrero. Los testimonios hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte. Los políticos del país también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Amir Mukambetov, Armenia, Dastan Kasmamytov, Discriminación, Hugh Williamson, Human Rights Watch, Kazajistán, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Ruslan Kim, Syinat Sultanalieva, Ucrania

“Son pocos los programas que resultan accesibles a las personas con discapacidad y la estigmatización social impide que reciban servicios de VIH en igualdad de condiciones con el resto de la población“, denuncia Human Rights Watch.

Las casi dos millones de personas con discapacidad que integran la población de Zambia enfrentan obstáculos significativos para acceder a programas de prevención, pruebas y tratamiento del VIH, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy, aunque la organización ha admitido también que “Zambia ha conseguido avances sustanciales en la ampliación de su respuesta al VIH en general”.

El informe de 80 páginas, También nosotros estamos muriendo de sida: Obstáculos a servicios y tratamiento de VIH para personas con discapacidad en Zambia, documenta los escollos que enfrentan las personas con discapacidad tanto en sus comunidades como en los centros de asistencia. Esto incluye actos de estigmatización y discriminación, falta de acceso a iniciativas de prevención del VIH que sean inclusivas, obstáculos para el acceso a pruebas voluntarias y tratamiento del VIH, y falta de asistencia económica adecuada para la continuidad de los tratamientos antirretrovirales. El informe también describe la violencia sexual que sufren mujeres y jóvenes con discapacidad, incluso por parte de sus parejas íntimas, y la necesidad de que el gobierno y los donantes internacionales actúen más enérgicamente para asegurar que los servicios de VIH sean inclusivos y accesibles.

“En la cadena de atención —que incluye desde la educación hasta las pruebas y el tratamiento— las personas con discapacidad de Zambia enfrentan un obstáculo tras otro”, observó Rashmi Chopra, becaria Sandler en Human Rights Watch y autora del informe. “Como líder regional en el desarrollo y la ampliación de servicios integrales de VIH, Zambia debería eliminar estos obstáculos y convertirse en un modelo de inclusión para las personas con discapacidad”.

El informe se elaboró a partir de más de 200 entrevistas realizadas en Zambia a personas con discapacidad, padres de menores con discapacidad, docentes de educación especial, representantes de organizaciones no gubernamentales, funcionarios gubernamentales, trabajadores de atención de la salud y otras personas.

Más de uno de cada diez adultos en Zambia vive con VIH, y la proporción de personas con discapacidad es muy similar. Las personas con discapacidades físicas, sensoriales, psicosociales e intelectuales pueden ser más vulnerables al contagio del VIH que otros miembros de la población de Zambia debido a su menor nivel de educación y alfabetismo, mayores índices de pobreza y mayor exposición a abuso físico y sexual.

Personas con diversas discapacidades dijeron a Human Rights Watch que a menudo son percibidas como asexuales y deben lidiar con actitudes negativas con respecto a su derecho a contraer matrimonio y tener hijos. Estas reacciones a veces restringen su acceso a la prevención del VIH y a las pruebas o servicios de tratamiento correspondientes.

Yvone L. (seudónimo), quien presenta una discapacidad física, dijo a Human Rights Watch: “Cuando uno asiste a sesiones voluntarias de asesoramiento y pruebas de VIH, te miran de arriba abajo, y las personas preguntan ‘¿Por qué estás en la fila? ¿Quién podría haberte contagiado el VIH?’ No esperan que las mujeres con discapacidad sean sexualmente activas”.

Los menores con discapacidad no consiguen acceder a información relativa a prevención del VIH en igualdad de condiciones con los demás menores. Numerosos menores con discapacidad no asistan a la escuela, donde podrían recibir información sobre prevención del VIH, debido a la discriminación en el ámbito familiar, los obstáculos a la admisión y la falta de accesibilidad física. Incluso cuando los menores con discapacidad pueden asistir a la escuela, con frecuencia son excluidos de programas que brindan información sobre VIH, o no obtienen materiales que sean comprensibles para ellos.

De manera similar, los adultos con discapacidad a menudo no pueden acceder a información general sobre VIH difundida a través de medios impresos y de comunicación masiva debido a la falta de materiales publicados en formatos sencillos, en braille, en letras grandes o con lenguaje de símbolos.

Entre las mujeres y jóvenes con discapacidad se registran altos índices de violencia sexual, incluso por sus parejas íntimas, lo cual incrementa su riesgo a contraer VIH. La vulnerabilidad de mujeres y jóvenes con discapacidad se ve agravada debido a la falta de acceso equitativo a información sobre violencia de género, prevención del VIH y servicios de protección social.

Diversas personas con discapacidad dijeron a Human Rights Watch que era común que no pudieran conseguir asesoramiento efectivo previo y posterior a pruebas de VIH, debido a que los trabajadores de atención de la salud no contaban con formación adecuada sobre cómo comunicase con personas con discapacidad y abordar sus inquietudes. Una vez que han iniciado un tratamiento retroviral, las personas con discapacidad suelen depender de la disponibilidad de un familiar o amigo para asistirlas con traslados o comunicaciones que les permitan cumplir las citas concertadas.

Cuando no tienen esta asistencia, es muy poco habitual que se hagan concesiones que tengan en cuenta sus circunstancias, como reprogramar citas o proporcionar medicamentos para un período más prolongado. En vez de ello, los trabajadores de la salud a menudo clasifican a las personas con incapacidad como “incumplidoras” si no se presentan a citas, esto provoca que tengan que solicitar citas con mayor frecuencia y limita la entrega de medicamentos.

Zambia ha ratificado una variedad de tratados internacionales y regionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige a los gobiernos brindar a las personas con discapacidad atención y programas de salud gratuitos o asequibles del mismo tipo, calidad o estándar que los proporcionados a las demás personas, incluidos los programas de salud pública. Esto implica que las personas con discapacidad deberían poder acceder a servicios de VIH en idénticas condiciones que los demás.

La Ley sobre Personas con Discapacidad de 2012 de Zambia establece que el gobierno deberá ofrecer acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva y a programas de salud pública. El gobierno de Zambia reconoce que las personas con discapacidad componen una población vulnerable expuesta al riesgo del VIH, pero no ha puesto en práctica servicios y estrategias específicas para brindar servicios de VIH inclusivos.

Los donantes internacionales y los organismos de las Naciones Unidas tienen conocimiento de la falta de servicios de VIH que sean inclusivos y estén orientados específicamente a personas con discapacidad en Zambia. Sin embargo, tampoco han hecho suficiente para asegurar que los fondos destinados a servicios de VIH se asignen sin discriminación y beneficien equitativamente a personas con discapacidad.

El gobierno de Zambia y los donantes internacionales deberían establecer servicios de VIH específicos para personas con discapacidad y asegurar accesibilidad a los programas y que no haya discriminación en los principales servicios de VIH, señaló Human Rights Watch. El gobierno y los donantes deberían además investigar los factores de riesgo de VIH entre personas con discapacidad.

“Es meritorio que Zambia haya reconocido a las personas con discapacidad como una población expuesta a altos riesgos de VIH”, observó Chopra. “Ahora deberán implementarse cambios concretos para incluir a las personas con discapacidad en la respuesta de Zambia al VIH”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Discapacidad, Homosexualidad, Human Rights Watch, Rashmi Chopra, VIH/SIDA, Zambia

Los cuatro acusados, de un total de seis enjuiciados ​​en el caso, fueron condenados por cargos como “actos lascivos o antinaturales con una persona del mismo sexo”, en virtud del artículo 489 del Código Penal.

El pasado 2 de julio, un Tribunal de Apelaciones marroquí confirmó las condenas de los acusados ​​por actos homosexuales. Cuatro de los seis acusados ​​en el caso en el centro de Marruecos fueron condenados por cargos como “actos lascivos o antinaturales con una persona del mismo sexo”, en virtud del artículo 489 del Código Penal.

“Además de los cargos discriminatorios por orientación sexual, el caso puede plantear problemas sobre juicios justos”, ha declarado la organización Human Rights Watch. La Corte de Apelaciones en la ciudad de Beni Melal confirmó la condena de los hombres únicamente sobre la base de las declaraciones que hicieron mientras estaban bajo custodia policial. Los seis acusados habían impugnado esas declaraciones en el juicio, afirmando que sólo la habían firmado debido a las amenazas de la policía, según Hadda Maidar, uno de los abogados de la defensa.

El tribunal no llamó a ningún testigo y no revisó ninguna otra prueba, y todos los acusados ​​negaron ante el tribunal que eran homosexuales, destacó la organización de Derechos Humanos. “Las autoridades marroquíes deben dejar de perseguir y encarcelar a la gente por su comportamiento íntimo con otros adultos que consienten”, ha denunciado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y el Norte de África de Human Rights Watch. “Cualquiera que sea la orientación sexual de estos seis acusados​​, no se deben enfrentar a sanciones penales a causa de ella”, sentenció.

La policía arrestó a los hombres en abril en Fqih Bensalah, una pequeña ciudad del interior 200 kilómetros al sur de Rabat. El 12 de mayo, el tribunal de primera instancia de Fqih Bensalah condenó a los hombres por actos homosexuales, junto con otros cargos como incitación a la prostitución, embriaguez pública o conducir bajo la influencia del alcohol. En la sentencia se condenó a uno de los hombres a tres años de prisión, y otro a dos años y medio, mientras que los otros cuatro fueron sentenciados a penas más cortas.

Uno de los acusados ​​dijo al tribunal que, en estado de ebriedad, dejó entrar a su coche a una persona que creía que era una mujer, pero que, de hecho, era un hombre, explican desde Human Rights Watch. A excepción de esta admisión, el resto de acusados ​​mantuvo su inocencia de todos los cargos.

“Sean o no reales los otros cargos en este caso, y si los hombres recibieron un juicio justo o no, el gobierno marroquí debe dejar de procesar a las personas por homosexualidad“, han reclamado desde Human Rights Watch.

El artículo 489 del Código Penal castiga los actos homosexuales con seis meses a tres años de prisión y una multa de 200 a 1.000 dirhams (de casi 20 hasta 90 euros).Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Marruecos ratificó en 1979, prohíbe la injerencia en el derecho a la intimidad. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha condenado las leyes contra las relaciones homosexuales consensuadas y las ha tachado de violaciones del PIDCP y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU ha sostenido que los arrestos por relaciones homosexuales consensuadas son, por definición, violaciones de los derechos humanos.

Homofobia/ Transfobia. Condena, Human Rights Watch, Marruecos

La historia de Célestin Medzo y Patrick Ateba, una pareja gay que vive en una pequeña localidad camerunesa, puede servir de ejemplo de la dura realidad a la que las personas LGTB se tienen que enfrentar en el país africano. Célestin y Patrick fueron espiados por sus vecinos, que sospechaban de su relación. Tras irrumpir en su casa, que sufrió todo tipo de vandalismo, les amenazaron de muerte y les golpearon. Cuando intervino la policía, los detenidos fueron Célestin y Patrick, que fueron acusados de indecencia, desorden público y homosexualidad.

Laurent Balla es un activista LGTB camerunés, miembro de ADEFHO (Asociación para la Defensa de los Homosexuales), que logró entrevistar a la pareja e hizo llegar su historia a las redes sociales. Balla cuenta que Célestin, vendedor de alimentos frescos de 38 años de edad en la pequeña localidad de Bertoua, comenzó una relación sentimental con Patrick, joven estudiante de 19 años. Balla también señala que Célestin ya estaba en el punto de mira de sus vecinos, pues tan solo se le conocían amistades masculinas.

El pasado 9 de junio, la pareja se encontraba en el domicilio de Célestin, donde mantenían relaciones. En ese momento, los vecinos irrumpieron en la casa, rodearon a ambos y empezaron a golpearles mientras destrozaban sus enseres y mobiliario. La Policía terminó por intervenir, para proceder a la detención de Célestin y Patrick, acusados de los delitos de indecencia, desorden público y homosexualidad. Este último delito está castigado en Camerún con hasta cinco años de cárcel, que se incrementan hasta diez si uno de los implicados es menor de 21 años.

En comisaría, y bajo presión, el joven Patrick confesó todos los cargos. Célestin, sin embargo, los rechazó. Sabía la manera de poder eludirlos: mediante un soborno. A cambio de 300.000 francos cameruneses (460 euros, 620 dólares) los cargos fueron retirados y ambos fueron puestos en libertad el pasado 12 de junio.

Sin embargo, sus vidas están en peligro si continúan en Bertoua. A Patrick le permiten dormir en casa de su familia, pero ni siquiera puede comer con ellos, porque lo repudian. Ambos reciben constantes amenazas de muerte por parte de sus vecinos, que incluso han intentado atraparlos cuando han sido vistos por la calle.

Célestin y Patrick esperan poder trasladarse a la capital, Yaoundé, u otra gran ciudad, para poder empezar una nueva vida. Aunque vayan donde vayan, su amor seguirá siendo proscrito.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada.

Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años:

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. En enero de 2012 eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche. En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables.

Más recientemente, en julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. En el mismo mes, fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

También nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. En septiembre de este mismo año, las autoridades políticas de Camerún rehusaron seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Dosmanzanas

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Se consumó la infamia. Sam Kutesa, hasta ahora ministro de Asuntos Exteriores de Uganda y uno de los defensores de la legislación homófoba aprobada en ese país en febrero, es el nuevo presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Los estados africanos, a los que por turno correspondía elegir el cargo, decidieron hace ya un año el nombre de Kutesa, un político sobre el que además recaen importantes sospechas de corrupción. Kutesa ocupará el cargo durante un año a partir de septiembre.

Formalmente, Sam Kutesa ha sido elegido por aclamación, sin mediar votación alguna. En realidad la elección del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas la hacen cada año los estados de una de las cinco áreas geográficas en las que se agrupan sus estados miembros de acuerdo a un orden rotatorio, en este caso África. De hecho, los estados de la Unión Africana acordaron de forma unánime el nombre de Kutesa en mayo de 2013.

Podría argumentarse que la elección tuvo lugar antes de que se produjera la aprobación definitiva de la ley ugandesa, pero lo cierto es que Kutesa, sabiendo ya que estaba destinado a presidir la Asamblea General de la ONU, no dudó en defender la norma homófoba frente a la condena internacional, argumentando que “la mayoría de los africanos detestan esta práctica [la homosexualidad]“. Kutesa también ha afirmado que la homosexualidad “es mala para nuestros jóvenes” y “ofende nuestra cultura”. Recordemos que desde la aprobación de la terrible ley ugandesa, que incrementa las penas para los delitos relacionados con la homosexualidad, se han producido decenas de incidentes homófobos, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios.

La homofobia de Kutesa no es por cierto su único aspecto polémico. Sobre el ministro de Exteriores ugandés recaen serias sospechas de corrupción. Se lo ha contado al diario El Mundo un periodista ugandés. “En los 90, cuando era presidente de la aerolínea nacional ugandesa, impulsó su venta junto al presidente Museveni, y de aquella operación salió mucho más acaudalado de lo que entró. Después firmó contratos con Naciones Unidas (como el transporte de los Cascos azules hacia el Congo) desde la empresa privada Entebbe Handling Services (ENHAS) de la que era principal accionista. Aquello le procuró mucho más dinero. Hoy Uganda no tiene aerolínea propia”, cuenta este periodista, que prefiere mantener el anonimato.

Débil oposición

La elección de Sam Kutesa ha despertado oposición entre organizaciones de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, cuya especialista en África, Maria Burnett, consideraba hace unos días que “hay serias dudas” sobre su compromiso con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. También han expresado su preocupación activistas LGTB, como el británico Peter Tatchell, que pidió al gobierno británico que usara su influencia para bloquear el nombramiento de Kutesa, y algunos políticos, como la senadora por Nueva York Kirsten Gillibrand, que ha considerado “inquietante” la noticia.

Pero tampoco ha existido mucha más resistencia al nombramiento oficial de Kutesa, al menos hasta ahora. Según The Advocate, el departamento de estado de Estados Unidos se muestra resignado ante la decisión adoptada por la Unión Africana, aunque continuará su presión sobre el gobierno de Uganda para que derogue su ley. Una petición en change.org contraria a la elección de Kutesa, por su parte, ha conseguido reunir por el momento algo más de 13.000 firmas.

La presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas es una posición básicamente representativa que carece de funciones ejecutivas. Debe distinguirse del cargo de secretario general de Naciones Unidas, la persona que se sitúa al frente de la organización (Ban Ki-moon, en la actualidad). Sin embargo, tiene un alto valor simbólico, y el hecho de que un personaje de la calaña de Kutesa la ocupe no es precisamente una buena señal.

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La organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido una comunicado alertando de los planes del Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (o Kirguistán) contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyen. El proyecto de ley establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En la iniciativa legal, que se encuentra en fase de discusión pública desde el pasado día 26, se definen las “relaciones no tradicionales” como “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Las penas para el ambiguo “delito” de “crear una actitud positiva hacia orientaciones sexuales no tradicionales” ascienden a seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros) si los destinatarios de la información son menores.

Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. De aprobarse, el proyecto de ley restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus autores justifican la necesidad de la reforma para “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Para conseguir su objetivo, el Gobierno del país prevé modificar las leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según el director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán. Williamson ha animado, además, al Consejo de Europa a “enviar un mensaje firme” a la exrepública soviética, que aspira a firmar un acuerdo de asociación con el órgano internacional. “Intentar excluir a las personas LGTB como ‘no tradicionales’ es cínico y peligroso, y pretende deshumanizarlas”, añadió el portavoz de HRW, que calificó la ley de “draconiana” e instó a sus promotores a “retirarla inmediatamente”.

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de Human Rights Watch, del que nos hicimos eco el pasado mes de febrero. Los testimonios recogidos hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

La escena política también añade leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación. Asimismo, según informa HRW, el partido nacionalista Kalys había convocado dos manifestaciones contra lo que ellos llaman “propaganda homosexual”. Kirguizistán se convierte en el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero de estos ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

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COLEGAS pide a Margallo que hable sobre los Derechos humanos de los homosexuales a los dirigentes iraníes

Este lunes dosmanzanas recogía en una entrada la noticia de la ejecución en Irán de dos hombres homosexuales tras ser declarados culpables de cometer “actos ilícitos”. Varios medios LGTB internacionales llegaban a hacerse eco de la historia, de hecho. Pero según apuntaba este martes el prestigioso activista Scott Long todo apunta a que en realidad se ha tratado de una manipulación. Nosotros por el momento hemos decidido eliminar la entrada previa y pediros nuestras más sinceras disculpas.

La noticia era difundida por Iran Press News, que se identifica como un medio de comunicación independiente centrado en la lucha a favor de los derechos humanos y en el avance de la democracia en Irán. Un medio que al parecer goza de cierto predicamento en círculos de la extrema derecha estadounidense, siempre dispuesta a vilipendiar al régimen iraní. Pero todo parece indicar que Iran Press News interpretó libremente que los ejecutados eran homosexuales, cuando remontándose a las fuentes originales en persa los ejecutados habían sido declarados culpables de la violación de varias mujeres. En dicha tergiversación podría haber tenido un papel relevante Banadseh Zand, exiliada iraní en Estados Unidos y colaboradora de medios conservadores de ese país, entre ellos Fox News. La noticia habría tenido como derivada el reproche de medios conservadores estadounidenses a activistas LGTB de ese país, a los que habrían acusado de guardar silencio sobre la situación en Irán mientras se quejan de que en Estados Unidos un pastelero pueda negarse a hacer un pastel de boda para una pareja del mismo sexo. En definitiva, una versión a la americana del “peor os tratan a los homosexuales en Cuba o Irán”, un argumento recurrente entre los homófobos conservadores españoles.

Conviene precisar que Scott Long, el activista que ha desmontado la historia, no es precisamente sospechoso de ser comprensivo hacia la situación de los derechos humanos en Irán. Long ha sido director ejecutivo de Human Rights Watch, organización que ha denunciado (como recogimos en diciembre de 2010) las situaciones de acoso policial, arrestos indiscriminados, malos tratos, tortura, condenas judiciales que llegan a la muerte, etc., que padecen las personas LGTB en ese país. La noticia de la posible tergiversación ha sido recogida también por prestigiosos medios LGTB que en su momento presentaron la noticia, como el blog Joe My God.

Ante las fundadas dudas de que la historia haya sido manipulada, hemos decidido retirar la entrada original, aunque reconociendo nuestro error, y pediros disculpas. Por desgracia dosmanzanas carece de la capacidad de contrastar de primera mano noticias de este tipo. Nos vemos obligados a fiarnos de fuentes accesibles a través de internet y hacer un esfuerzo de filtro y selección. Aún así, nos equivocamos, como ahora, por lo que reiteramos nuestras disculpas.

Lo que no cambia: la terrible situación de las personas homosexuales en Irán

Todo lo dicho no cambia el hecho de que las personas homosexuales en Irán sean víctimas de una situación terrible. La más reciente modificación del Código Penal iraní sobre la materia, efectuada en 2012, establece fuertes penas para los delitos relacionados con la homosexualidad, que pueden ir desde el castigo a recibir 60 latigazos (en el caso de dos hombres que se besan de forma apasionada) hasta la muerte (en el caso del sexo anal con penetración). Y no solo se castiga el sexo homosexual masculino. El lesbianismo (definido como encuentro sexual entre dos mujeres que incluya contacto genital), está castigado con una pena de 100 latigazos para ambas participantes, pero si hay reincidencia, se aplicará la pena de muerte cuando se repita la considerada ofensa por una cuarta vez.

En cualquier caso la situación de las personas homosexuales en Irán, cuya existencia el entonces presidente Mahmud Ahmadineyad empezó a reconocer solo en 2011, es difícil desde mucho antes, y así lo ha seguido siendo. En dosmanzanas hemos recogido varios casos (como el ahorcamiento en abril de 2012 de un joven por cometer “actos despreciables”, la ejecución en septiembre de 2011 de tres hombres acusados de mantener relaciones, o los casos anteriores de Ayun y Mosleh, Ebrahim Hamidi, Reza, Alireza, Hamid y Amir Hossein o Nemat Safavi, entre muchos otros de los que ni siquiera nos llega noticia). Y en octubre de 2013 informábamos, por ejemplo, de la detención de al menos 17 personas, acusadas de formar parte de un red de “homosexuales y satanistas”.

Por si todo ello fuera poco, el gobierno iraní ha defendido además las peligrosas “terapias reparadoras” de la homosexualidad. Es más, según activistas de defensa de los derechos LGTB, algunos homosexuales se ven obligados a someterse a operaciones de reasignación de sexo. De hecho, la reasignación de sexo no es opcional, y se produce inmediatamente después del diagnóstico. Aquellos que se niegan a cambiar su género se enfrentan a persecución por ser considerados homosexuales.

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Leído en 21 RS

Por Silvia Melero

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Los tres acusados por el asesinato homófobo de un hombre de 29 años en mayo del pasado 2013, ocurrido en la región rusa de Kamchatka, han sido condenados a penas de prisión que oscilan entre los doce años y medio y los nueve años, según el grado de implicación en el crimen. La investigación policial estableció que el asesinato se produjo por el convencimiento de los asesinos de la orientación sexual “no tradicional” de su víctima.

Los hechos se produjeron en mayo de 2013 en una pequeña localidad de la península de Kamchatka, en el extremo oriental del país. Según el relato de los hechos efectuado por la fiscalía, los tres agresores, que contaban 26, 22 y 18 años en el momento del crimen, “atrajeron al hombre en su coche hasta una parte desierta del bosque. Allí, el mayor de los tres apuñaló a la víctima varias veces en pecho, cara y cuello, mientras los otros dos le propinaban patadas”. Tras el asesinato, colocaron el cadáver del hombre en su automóvil y le prendieron fuego, con el ánimo de intentar ocultar cualquier prueba implicatoria.

Durante el juicio quedó demostrado que el detonante del brutal asesinato fue la orientación sexual de la víctima, al que los tres acusados, que residían en su misma localidad, percibían desde hace tiempo como homosexual. Sin embargo, esta circunstancia no ha influido en la sentencia, habiéndose considerado un asesinato sin el agravante de ser un crimen de odio. El mayor de los acusados, y perpetrador físico del asesinato, ha sido condenado a doce años y medio de prisión. Para los otros dos participantes en el crimen se han establecido penas de 10 años y medio para uno de ellos y de 9 años para el restante, según su grado de implicación. Los tres cumplirán la condena en un centro de máxima seguridad.

Denuncia de Human Rights Watch y terrible vídeo

Precisamente la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch ha hecho público un extenso comunicado en el que denuncia que la propagación de la violencia homófoba en Rusia ha sido alimentada por la ley contra la “propaganda homosexual” aprobada el pasado año. El crimen de Kamchatka, por ejemplo, se produjo mientras se debatía y era noticia constante en todos los medios de comunicación. “El impacto discriminatorio de la ley contra las personas LGTB y el lenguaje de odio en la televisión estatal han creado un clima de intolerancia contra la comunidad LGTB de Rusia”, afirma el comunicado. “Los líderes rusos deben denunciar, no alimentar, la histeria homofóbica, o el silencio del Kremlin se tomará como una aprobación de la violencia”, añade.

Human Rights Watch ha compilado también en un vídeo varios de los ataques que grupos homófobos rusos han cometido hacía personas LGTB indefensas (a algunos de ellos hemos hecho alusión en anteriores entradas) junto a testimonios de personas agredidas y activistas LGTB rusos, en un esfuerzo por mostrar el horror de la situación y la indefensión que estas personas sienten ante la indiferencia de las autoridades. Lo insertamos a continuación, advirtiendo como ya hemos hecho en ocasiones anteriores que algunas de las imágenes resultan muy duras:

Fuente Dosmanzanas

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Human Rights Watch ha hecho público Decían que nos lo merecíamos, informe que denuncia la extorsión, las amenazas, la violencia y las agresiones sexuales que hombres homosexuales y bisexuales sufren a diario en Kirguizistán (también conocido como Kirguistán y como Kirguisia), una república del Asia central que formó parte de la Unión Soviética. Y ello a pesar de que las relaciones homosexuales en ese país fueron despenalizadas en 1998.

El informe, de 71 páginas, se basa en los testimonios en profundidad de 40 hombres homosexuales y bisexuales de varias regiones del país. La lista de abusos a manos de las fuerzas del orden que recoge el trabajo provoca escalofríos: amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, violaciones… Especialmente frecuente parece ser el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos.

Para ello los policías peinan parques, locales de ambiente, hoteles… cualquier lugar que pueda servir de punto de encuentro. También espía las páginas webs de contactos. Gracias a ello localizan a víctimas a las que extorsionar y maltratar. El informe recoge casos espeluznantes, como los intentos de introducir palos, martillos e incluso un dispositivo de electroshock por el ano de las víctimas.

Tal y como Human Rights Watch expone, si ya de por sí resulta difícil ser homosexual o bisexual en una sociedad en la que las actitudes homófobas están muy extendidas, la situación se vuelve terrible si las fuerzas de seguridad, aquellas que al menos debieran garantizar el ejercicio de los derechos básicos, son también un agente activo de la homofobia. La organización denuncia que el Gobierno de Kirguizistán, aunque ha prohibido uso de la tortura en dependencias policiales, carece de un mecanismo de reporte de abusos por parte de personas que no están en la cárcel. De hecho, solo 2 de las 40 víctimas entrevistadas presentaron denuncia, sin obtener además resultado alguno. “Los agentes de policía en Kirguizistán saben que pueden golpear, violar y atormentar de cualquier manera a los homosexuales, así como extorsionarles, sin sufrir por ello consecuencias”, explica Anna Kirey, de Human Rights Watch. Esta organización solicita al Gobierno de Kirguizistán que adopte medidas efectivas para combatir la tortura y el maltrato hacia las minorías, así como que implemente un mecanismo que permita las denuncias sin que la privacidad de las víctimas se vea violentada.

Os dejamos con un breve reportaje que muestra el testimonio de tres víctimas, subtitulados en inglés (creemos que de todas formas resulta de fácil comprensión). Un joven fue extorsionado, tras ser descubierto en un parque abrazado a su novio. Los otros dos fueron detenidos y sufrieron grave maltrato físico y psicológico. Uno de ellos permaneció tres días en comisaría mientras era sometido a todo tipo de agresiones.

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Informa Dosmanzanas acerca de una nueva muestra de la vigencia de la homofobia legal en África. Dos hombres han sido condenados a seis meses de prisión en Dakar, la capital de Senegal, por mantener relaciones sexuales; un delito según la legislación vigente en el país y en la mayoría de los de su entorno.

Los propios vecinos de las víctimas, residentes del barrio de la Grand Médina, fueron los que las denunciaron a la policía, que arrestó a la pareja. El pasado viernes, durante el juicio, los arrestados reconocieron haber mantenido relaciones sexuales, por lo que el magistrado Racky Deme les ha impuesto una pena de seis meses de prisión. El código penal senegalés castiga con hasta cinco años de cárcel y hasta 1,5 millones de francos (unos 2.300 euros) de multa los actos “impropios o antinaturales con una persona del mismo sexo”. Las penas máximas se aplican si intervinieron menores de 21 años.

Senegal, un país de mayoría musulmana situado en el África occidental, es además un estado hostil a nivel legal y social para los ciudadanos LGTB. A finales de 2010 nos hacíamos eco por ejemplo de un informe de Human Rights Watch que alertaba del incremento de las agresiones hacia las personas homosexuales en ese país, estimuladas por líderes políticos y religiosos que habrían sido decisivos a la hora de fabricar un clima de brutal violencia homófoba con la connivencia de buena parte de los medios de comunicación. Muchas de las agresiones, detenciones e incluso linchamientos ni siquiera alcanzarían las páginas de la prensa internacional. El hostigamiento también alcanza a las mujeres lesbianas o percibidas como tales, como recogimos en septiembre del año pasado. Entonces, por suerte, cuatro de las cinco detenidas fueron puestas en libertad.

En abril de 2013, la jefatura del Estado emitió un comunicado en el que declaraba que “los valores culturales básicos enraizados [en Senegal] no pueden ser compatibles con la opción de despenalizar la homosexualidad”, afirmando con firmeza que “el Estado no ha considerado esa opción, que se excluye por completo de su doctrina política”. Esta misma declaración fue reiterada por el presidente Macky Sall dos meses más tarde, durante la visita que en junio efectuó al país africano el presidente estadounidense Barack Obama. Incluso quienes defendieron la despenalización en el pasado, como el expresidente honorario de la Federación Internacional de Derechos Humanos Sidiki Kaba, desistió de su intención al convertirse en ministro de Justicia de Senegal.

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