El desfile del orgullo gay de Seúl dejará de celebrarse este año por primera vez desde que el evento se originó en el año 2000, debido a que la Policía no ha concedido a los organizadores la autorización necesaria, según denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

Tras quince ediciones, desde que se originase en 2000, Seúl se queda sin la celebración del Orgullo Gay. Y es que el desfile del Pride de este 2015 no se celebrará debido a que la Policía no ha concedido los permisos oportunos a los organizadores del Korea Queer Cultural Festival’s.

Tal como denuncian Human Rights Watch, detrás de esta cancelación hay grupos religiosos ultraconservadores, quienes han convocado protestas contra el evento ese mismo día. Así, las autoridades policiales surcoreanas habrían considerado que el Orgullo Gay “habría generado inconvenientes para el tráfico de viandantes y vehículos”. De hecho, el año pasado, este mismo colectivo religioso trató de bloquear el desfile, lo que representa una gran desigualdad de trato en lo que a permisos de manifestación se refiere.

La manifestación por los derechos LGBT estaba prevista para el 28 de junio y habría arrancado en la Plaza de Seúl, frente a la casa consistorial de la ciudad. Sin embargo, los organizadores afirman que no se quedarán de brazos cruzado y llevarán a cabo actos alternativos, además de recurrir la prohibición, la cual “instiga al odio y a la violencia” hacia gays, lesbianas, bisexuales y transexuales según la organización del KQCF. De hecho, en los últimos días muchos activistas han acampado frente a la comisaría del centro de Seúl para expreesar su apoyo al evento.

Además de castrar los derechos LGBT, esta prohibición es un revés al turismo en la capital coreana. Y es que en su edición de 2014 se legó a congregar unos 20.000 asistentes, una cifra nada despreciable.

Fuente Ragap

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La propuesta de ley antigay que amenazaba con echar por tierra su sueño de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno.

El proyecto de ley, que estaba pensado para seguir el camino por la criticada ley rusa que prohíbe la “propaganda gay” ya había pasado las dos cámaras del parlamento de Kazajistán. Sin embargo, el Consejo Constitucional ha anunciado que ha rechazado el proyecto de ley por contener “definiciones y términos vagos y ambiguos”.

No obstante, aún no se sabe si este proyecto de ley pudiera ser enviado de vuelta al Parlamento para su revisión una vez que Kazajistán sea elegida como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2022.

Cuando el proyecto de ley fue propuesto por primera vez el pasado agosto por la Cámara Baja del parlamento, fue definido como un medio de proteger a los niños prohibiendo la difusión de la “propaganda de la homosexualidad entre los menores de edad”. Pero esta propuesta atrajo la atención y las críticas por parte de distintos colectivos y asociaciones, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, mientras Kazajistán estaba tratando de vender la candidatura de la ciudad de Almaty como sede de los Juegos.

A principios de este mes, un grupo de atletas olímpicos y paralímpicos y atletas envió una carta al presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para expresar sus preocupaciones. La carta fue promovida por la asociación Athlete Ally, un grupo que lucha por los derechos de los atletas gays. El clavadista Greg Louganis, la tenista Martina Navratilova, el jugador de hockey Sean Avery, los jugadores de fútbol Megan Rapinoe y Robbie Rogers y otros atletas prominentes firmaron la carta.

“A la luz de las aspiraciones de Kazajistán para acoger los Juegos de Invierno 2022 olímpicos y su reciente examen de la legislación que prohíbe la ‘propaganda de la orientación sexual no tradicional’, instamos al COI a reiterar a las autoridades kazajas que la discriminación en relación con la orientación sexual es incompatible con la pertenencia a la movimiento olímpico”, dice la carta.

Así, pocos días después de que se enviara la carta de los atletas, el Comité Constitucional rechazó el proyecto de ley.

Aunque Kazajistán y otras repúblicas exsoviéticas despenalizó la homosexualidad en la década de 1990, la hostilidad contra los gays y las lesbianas sigue siendo una actitud corriente en estos estados.

Se espera que el COI anuncie la candidatura ganadora para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 el próximo 31 de julio.

Fuente Cáscara Amarga

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Las vidas personales del colectivo LGBT irlandés han estado sujetas a la intromisión, escrutinio y debate público durante meses simplemente para asegurar un derecho que ya disfruta la mayoría de las personas que viven en Irlanda.

La ONG pro Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha afirmado este sábado que el “sí” de Irlanda a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizará la igualdad matrimonial y disminuirá la discriminación contra el colectivo de personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT).

“La gente de Irlanda ha expresado su apoyo al Derecho Fundamental de casarse entre parejas del mismo sexo”, ha sostenido el director de HRW para la defensa de los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, Boris Dittrich. “El voto también indica que la mayoría de los votantes irlandeses rechaza las tácticas bochornosas de la oposición”, ha añadido.

Dittrich inició el debate en torno a la igualdad matrimonial cuando era miembro del Parlamento holandés en 1994. Tras tensos debates en el Parlamento y en la sociedad en general, la Cámara decidió aprobar la legislación del matrimonio entre personas de igual sexo en 2001, algo que convirtió a los holandeses en el primer país del mundo en reconocer legalmente el matrimonio entre parejas homosexuales.

“La conservación de la igualdad matrimonial en la Constitución supone una base importante para la continuación de la mejora de los derechos de la comunidad LGBT en Irlanda”, ha dicho Disttrich. “El resultado del referéndum es positivo, pero el Gobierno debería ahora llevar cuanto antes todos sus leyes y políticas en consonancia con las normas internacionales referentes a la orientación sexual e identidad de género”, ha explicado.

El resultado del referéndum pone de manifiesto que más de dos tercios de los votantes optó por el reconocimiento del derecho al matrimonio sin distinción del sexo u orientación sexual, lo que convierte a Irlanda en el primer país del mundo en aprobar la igualdad matrimonial por votación popular y en recogerlo en su Constitución. Esto significa que no puede modificarse excepto a través de la realización de otro referéndum.

Sin embargo, HRW ha sostenido que dejar que el derecho a la igualdad matrimonial sea elegido en referéndum significa que el reconocimiento de un Derecho Fundamental de una minoría queda en manos de la decisión de la mayoría. Esto también implica que las vidas personales del colectivo LGBT irlandés han estado sujetas a la intromisión, escrutinio y debate público durante meses simplemente para asegurar un derecho que ya disfruta la mayoría de las personas que viven en Irlanda.

Más de 70 expertos cuestionados uno a uno procedentes de todo el mundo consideran que los hijos de padres gays o madres lesbianas que su situación no es peor que la de otros niños. Para los hijos de personas del colectivo LGBT, lo mejor para sus intereses es crecer en un ambiente basado en la no discriminación e igualdad.

Irlanda introdujo la unión civil entre parejas de igual sexo en 2010, pero esa institución tenía menos protección de los Derechos Fundamentales que el matrimonio y no estaba recogida en la Constitución. Con la igualdad matrimonial como Derecho Constitucional, las familias y parejas LGBT tendrán la misma protección.

Reconocimiento del género

En marzo, el Parlamento irlandés introdujo un proyecto de reconocimiento de género, el primer país que intenta permitir a personas transexuales el acceso a un reconocimiento de género legal. Este proyecto contiene algunos errores, entre ellos una norma que dicta que las personas casadas que quieren cambiar su género legal primero tiene que obtener el divorcio.

Otros países han seguido el ejemplo. El matrimonio homosexual es legal actualmente en Holanda, Luxemburgo, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Francia, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda y Reino Unido, así como en algunas partes de México y en 36 estados y el Distrito de Columbia de Estados Unidos.

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Angeline Jackson

Es una actitud bastante común en la isla, donde activistas defensores de los derechos de las personas homosexuales afirman que sufren una gran discriminación y son a veces agredidos.

Algunos miembros de la comunidad LGTB incluso han sido blanco de ataques sexuales brutales con el fin de hacerlos heterosexuales o de castigarlos por no encajar dentro de ciertos parámetros sociales.

Cuando Angeline Jackson y una amiga fueron emboscadas y violadas a punta de revólver en un sendero en las afueras de la capital jamaiquina, la policía inicialmente pareció menos preocupada con el ataque que con el hecho de que ella fuera lesbiana. “La primera mujer policía con la que hablé me dijo que debía cambiar de vida y acercarme a la iglesia“, relata Jackson sacudiendo la cabeza al evocar el ataque del 2009.

Jackson dice que integrantes de un pequeño grupo de violadores homófobos se hicieron pasar por lesbianas y las citaron en un sendero aislado. La respuesta que recibió luego del ataque la impulsó a actuar. Ahora, a los 24 años, Jackson dirige la única organización de mujeres lesbianas y bisexuales registrada que hay en Jamaica.

La isla es conocida por su intolerancia hacia los homosexuales, que son vistos por muchos como gente que adopta comportamientos morales pervertidos importados del exterior. Pero ahora está recibiendo bastante atención el estigma de las mujeres homosexuales y las agresiones sexuales de que son víctimas, a menudo no denunciadas.

El año pasado el vicepresidente estadounidense Joe Biden mencionó la batalla que se libra en Jamaica contra “las violaciones correctivas de las mujeres lesbianas” al hablar de la lucha mundial por los derechos de los gays. Esa expresión surgió hace algunos años en Sudáfrica, donde los ataques a mujeres lesbianas eran comunes en los barrios pobres.

El presidente estadounidense Barack Obama destacó la campaña de Jackson durante su visita de 24 horas a Jamaica a principios del mes, diciéndole a una multitud que valientemente decidió hacerse oír a pesar de que “como mujer y como lesbiana, la justicia y la sociedad a menudo no estaban de su lado” en Jamaica.

En esta isla de menos de 3 millones de habitantes, los activistas de la comunidad LGBT reciben pocas denuncias de agresiones sexuales. La principal organización defensora de los derechos de los gays de Jamaica, J-FLAG, ha documentado varios casos en los últimos años y la agrupación de Jackson dice estar al tanto de una docena aproximadamente.

Es imposible determinar la magnitud del problema en Jamaica, donde no hay una definición clara de lo que constituye un delito causado por la intolerancia y la policía no tiene estadísticas de los ataques a la comunidad LGBT.

Los activistas dicen que los homosexuales jamaiquinos prefieren no denunciar ataques o amenazas por temor a ser estigmatizados o culpados por lo sucedido. La organización Human Rights Watch dijo el año pasado que estaba al tanto de diez casos de agresiones sexuales –ocho a lesbianas, una a una mujer transgénero y otra a un hombre gay– en Jamaica, incluidas violaciones a punta de puñal o de revólver. “Está claro, a juzgar por los testimonios de las víctimas, que la animosidad hacia la comunidad LGBT incide” en esos ataques, afirmó Graeme Reid, director del programa para esa comunidad de la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.

Incluso cuando los ataques son denunciados, llevar a los responsables a juicio es complicado por la ineficiencia del sistema judicial de Jamaica, el cual está abrumado. El principal inculpado en el caso de Jackson fue exonerado en el 2011, aunque ya había sido acusado de otras violaciones en el pasado.

Enid Ross-Stewart, directora de la unidad de delitos sexuales de la policía de la isla, dijo que los investigadores nunca recibieron denuncias de que alguien fue blanco de un ataque por su condición de homosexual y que está convencida de que “todas las personas que son violadas hacen la denuncia”.

A veces, las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales revelan sus experiencias solo después de que han salido del país.

La cantante de música reggae Diana King, que en el 2012 fue la primera artista musical jamaiquina que reveló públicamente que es lesbiana, dijo hace poco en un tuit desde su casa en Florida que cuando tenía 13 años fue “violada en grupo por haber mirado fijo a otra muchacha”. En sus memorias del 2010, la escritora Stacey Chin, quien hoy vive en Brooklyn, dijo que fue marginada en la universidad de Kingston cuando comentó que era lesbiana y que un día varios estudiantes varones la llevaron a un baño y la agredieron sexualmente mientras le decían que la mujer había sido creada para que los hombres pudiesen disfrutar.

Algunas lesbianas jamaiquinas buscaron asilo en el exterior. En el 2008, Simone Edwards sobrevivió a un ataque en el que dos hombres le dijeron “sodomita” luego de pegarle dos tiros en la calle. “Antes de dispararme, los tipos me decían muchacha sodomita, muchacha lesbiana. Venían y me decían ‘lo único que necesitas es una buena noche de sexo con un hombre”, comentó Edwards en una llamada telefónica desde La Haya. Edwards recibió asilo en Holanda y su historia fue contada en el documental El crimen abominable en el 2013.

Si bien se percibe una creciente aceptación de la comunidad LGBT en algunos círculos de Jamaica, las actitudes homofóbicas siguen siendo alimentadas por líderes eclesiásticos y por músicos reggae que condenan la homosexualidad. Igual que en otras naciones caribeñas, las relaciones sexuales entre dos hombres son ilegales en Jamaica y conllevan hasta 10 años de prisión y trabajos forzados, aunque las leyes contra la sodomía casi no son aplicadas.

En Montego Bay, al norte, una lesbiana dijo que no estaba lista para buscar justicia por una “violación correctiva” que sufrió en el 2011 a manos de un amigo de su hermano. El hombre la acorraló y le dijo: “¿Crees que no sé quién eres? Te manejas como si fueras un hombre. Pero sé cómo te ves y sé quién eres”, relató. La mujer, quien pidió permanecer anónima por temor a represalias de su agresor y a ser marginada por su familia, admitió que probablemente nunca denuncie la violación. “Alguna vez pensé que si tenía un arma, mataría al hombre que me violó”, expresó la mujer, quien es una veinteañera. “Pero hago lo posible por mirar hacia adelante”.

Agencias, vía El Nuevo Día

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Una nueva iniciativa legislativa podría volver a poner en el punto de mira a la comunidad LGTB de Uganda. El Gobierno presidido por Yoweri Museveni ha presentado un proyecto de ley para regular las organizaciones no gubernamentales (ONG) que, con su redacción actual, podría suponer la disolución de cualquier grupo de lucha por los derechos LGTB o de lucha contra el VIH.

Cada pocos meses, la homofobia de Estado revive en Uganda. En esta ocasión de manera indirecta, por medio de una iniciativa destinada a dotar de poderes al ministerio del Interior para “supervisar, aprobar, inspeccionar y disolver” cualquier ONG o asociación comunitaria. Los criterios para prohibir una organización son que sus actividades sean contrarias al Gobierno o a “la dignidad del pueblo de Uganda”. Si el Parlamento aprueba la ley, cualquier asociación deberá pedir permiso para constituirse; la autorización podrá ser denegada si el ministerio opina que la formación del grupo en cuestión no responde a un “interés público” sin definir.

Una formulación vaga cuya interpretación podría abrir perfectamente una vía legal para perseguir y castigar con penas de hasta ocho años de prisión a los dirigentes de organizaciones LGTB, entre otras, que no se disuelvan si no cuentan con el permiso gubernamental. Así lo ha denunciado Human Rights Watch (HRW), quienes alertan de que la nueva ley podría “negar la misma esencia de la libertad de asociación y expresión”. HRW explica que las ONG pro derechos humanos y contra la corrupción se encuentran cada vez con más dificultades para llevar a cabo su trabajo, y que la aprobación de esta iniciativa haría imposible esta tarea. Desde Sexual Minorities Uganda (SMUG) también temen que este “peligroso” proyecto los dejaría “sin ninguna oportunidad” de continuar su labor y su activismo.

Y esta es la situación del “paraíso” ugandés …

Y es que, como casi todo el mundo conoce, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda es terrible y, además, se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad; una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

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Continúa la espiral de homofobia de Estado en Egipto. Un tribunal de este país falló el pasado martes a favor de la decisión tomada por el Ministerio del Interior de deportar y prohibirle la entrada al país a un ciudadano libio, por ser gay.

Egipto es un país donde la homofobia y la persecución a ciudadanos LGBT está a la orden del día: los policías se infiltran en las redes sociales para “cazar gays”, se detienen a homosexuales por libertinaje de forma habitual, e incluso acaban varios años encarcelados por “actos antinatura”. La caza de brujas se ha intensificado desde que el exjefe del ejército y actual presidente Abdel Fatah al Sisi derrocó al islamista Mohamed Mursi en julio de 2013.

Pues parece ser que a partir de ahora no quieren gays ni como visitantes. Y es que un tribunal de Egipto ha fallado este martes a favor de que el Ministerio del Interior pueda deportar e impedir la entrada al país a extranjeros homosexuales, argumentando que la decisión preserva el interés público y los valores sociales y religiosos. El tribunal ha rechazado así una apelación contra la decisión del ministerio de deportar a un ciudadano libio debido que sería homosexual, sosteniendo que las autoridades tienen derecho a deportar e impedir la entrada al país a los homosexuales, según ha informado el diario egipcio ‘Al Ahram’.

Las autoridades egipcias expulsaron del país a un joven procedente de Trípoli y que estudiaba en la Academia Árabe de Transporte Marítimo de El Cairo desde 2006. Aunque se desconocen las acusaciones concretas que motivaron su deportación, entre ellas se encontraba la sospecha de homosexualidad. El acusado recurrió la sentencia, alegando que le impedía terminar sus estudios; un tribunal administrativo, sin embargo, ha desestimado el recurso y ha dado la razón al Gobierno. El objetivo, según los jueces, es “preservar el interés nacional, los valores religiosos y morales y evitar la propagación de la inmoralidad”.

El fallo del tribunal confirmó una decisión del Ministerio del Interior para prohibir a este joven libio  volver a entrar en Egipto. El acusado había sido detenido en octubre de 2008 por supuestas “prácticas homosexuales” dentro de su lugar de residencia en Giza, y fue deportado después en coordinación con el consulado de Libia en El Cairo, informó el periódico. También se le incluyó en la lista negra y se le prohibió volver a entrar en el país. El acusado, que había residido en Egipto con visa de turista desde el año 2006, se había opuesto a la orden de deportación ante el Tribunal Administrativo, con el argumento de que la decisión estaba obstaculizando sus esfuerzos académicos como estudiante de posgrado en la Academia Árabe de Transporte Marítimo en El Cairo. Sin embargo, el tribunal confirmó la decisión del Ministerio, alegando que la orden cae dentro de la jurisdicción del ministerio, y que es un uso justo de su autoridad para proteger el interés público, los valores religiosos y sociales y evitar la propagación de la inmoralidad en la sociedad. El tribunal también dijo que la decisión está dentro de los límites de la ley.

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La sentencia sienta un precedente que puede dar carta blanca a las autoridades y a la policía para detener y deportar a cualquier ciudadano extranjero sospechoso de ser homosexual. El diario Daily News Egypt ha entrevistado a un estadounidense residente en El Cairo, que ha mostrado su temor por ser descubierto y expulsado en base a “lo que publico en Facebook o lo que hay en mi historial de búsqueda, si alguna vez es investigado”, según sus palabras.

Este expatriado cree, de todas formas, que la medida está pensada principalmente para perseguir a los residentes procedentes de otros países de Oriente Próximo y África. “Creo que las autoridades egipcias tratarían a alguien de forma diferente si es un occidental y tiene dinero”, aseguró. De igual manera opina un compatriota suyo, que cree que la homofobia es “un asunto de clase y etnia; cuando eres blanco y occidental, la sociedad te acosa menos”. Este mismo ciudadano cree en Egipto “es más difícil ser una mujer” que ser gay.

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Pese a que la homosexualidad no está prohibida explícitamente en la legislación egipcia, los acusados por comportamientos homosexuales son habitualmente acusados según las leyes que criminalizan el “libertinaje” o la corrupción de la moral pública. Es relativamente frecuente que haya detenciones e incluso redadas contra homosexuales, que suelen ser acusados de libertinaje, inmoralidad e incluso blasfemia, lo que ha levantado la crítica de numerosos grupos pro Derechos Humanos. Uno de los casos más polémicos fue la detención en 2001 de 52 personas en el barco “Queen” en El Cairo, frecuentado entonces por homosexuales. En el juicio posterior, 21 de los encausados fueron condenados a tres años de cárcel y trabajos forzados.

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Últimamente, la represión de los miembros de la comunidad LGBT en Egipto se ha intensificado. Uno de los casos más recientes y ampliamente publicitados tuvo lugar en diciembre y la presentadora de televisión involucrados Mona al-iraquí, que transmitió imágenes de varios hombres al ser arrestados en una casa de baños Ramsés, después de que ella los había denunciado a la policía, supuestamente por “estar practicando la homosexualidad .” En los últimos meses, las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 150 personas en diferentes ocasiones por cargos de “práctica de la homosexualidad”, “libertinaje“ y “violación de la moral pública”, entre otras acusaciones, todos los cuales fueron sometidos a exámenes médicos obligatorios. Muchos de ellos fueron condenados a penas de prisión de hasta ocho años.La activista de género y derechos de las mujeres en la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) Dalia Abdel Hameed dijo a  Mada Masr que ella encuentra el veredicto del martes “atroz“, ya que “no hay nada en la ley dice que la sexualidad es motivo para deportar a la gente fuera del país.“Según Abdel Hameed, la ley sólo criminaliza el “libertinaje”, que se traduce jurídicamente en la prostitución masculina, lo que significa que las transacciones financieras tienen que estar involucrados para hacer relaciones sexuales personales ilegal. Cree que la situación se hace “aún más miserable” porque alimenta las tendencias xenófobas que ya están presentes en la sociedad egipcia, que ella dice ahora están siendo alentados por el Estado. “La gente ahora tiene una licencia para informar a otros, y el Estado mantiene la emisión de leyes que continúan transformándonos en una sociedad McCarthista a través de alentar a los ciudadanos a espiar y  reportar a las autoridades“, agregó. “El seguimiento de las prácticas de las personas dentro de sus propios dormitorios es una violenta violación  de privacidad.”Abdel Hameed afirmó que el veredicto de este martes está en consonancia con la campaña feroz del estado contra la comunidad LGBT desde 2013. “Recurren a la propaganda violenta utilizando los medios de comunicación para servir a sus propósitos.” Dentro de un contexto más amplio, Abdel Hameed especuló con que el veredicto podría ser una política activa y otra manera de ampliar los círculos de blancos potenciales . “En el pasado, los extranjeros puedían ser protegidos por sus embajadas, pero ahora todo es posible”, añadió.El activista de Derechos Scott Long compartía las opiniones de Abdel Hameed de que esto podría ser un nuevo medio de limitar la movilidad de los extranjeros. Citó incidentes recientes en los que el asociado senior en Carnegie Middle East Programa Michele Dunne se le prohibió la entrada al país, así como la prohibición a dos altos ejecutivos de Human Rights Watch en diciembre de 2014. “Es muy posible que ellos están emitiendo sentencias que hacen que sea más fácil para el Estado deportar gente de Egipto“, agregó. “Esto es parte del patrón de uso de la homosexualidad como una forma de restringir otras libertades de circulación y de expresión.”

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También le dijo a Mada Masr que encontró el veredicto “muy extraño y preocupante“, sobre todo cuando se ve en el contexto de las detenciones recurrentes de los miembros de la comunidad LGBT que han estado ocurriendo en el último año y medio. Long tambiénha  referenciado noticias recientes de las investigaciones del Ministerio Solidaridad Social a una ONG después de recibir una queja de que está involucrada en la promoción del sexo seguro entre parejas del mismo sexo y la sensibilización acerca de las enfermedades de transmisión sexual.

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Long encontró curioso que, mientras que él sólo sabe de un incidente donde un extranjero fue deportado de Egipto por haber participado en relaciones entre personas del mismo sexo en 2007, “en general estos asuntos se tratan de una manera discreta.” “Estoy interesado en ver cómo van a utilizar este nuevo poder. ¿Cómo pueden saber si alguien es homosexual antes de prohibir que entren en el país? ¿Va a ser una forma de llenar con una caja para comprobar la confesión de si usted es una persona “inmoral” o no? “, Preguntó. En su opinión, la aplicación de esas normas “sólo provocará las burlas y  el ridículo ante los gobiernos extranjeros, así, de forma similar a como recibieron los recientes rumores de que el Estado estaba imponiendo pruebas de género en las fronteras.” Por otra parte, cree que la selección de ciertos grupos del gobierno es “una mala, y autodestructiva política ” que afecta negativamente a la industria del turismo que ya está disminuyendo.

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Tanto Long como Abdel Hameed compartieron visiones pesimistas sobre el futuro de las comunidades LGBT en Egipto en lo que respecta a las libertades personales. “Esta es una cara de la opresión practicada internamente por el estado, y el actual clima político impuesto  no refleja ninguna inclinación a liberalizar el ámbito de los derechos humanos y políticos,” comentó Long. Cuando se le preguntó si la presentación de una demanda en contra puede ayudar a cambiar la situación,  Abdel Hameed dijo que, “No hemos sido capaces de cambiar cualquier aspecto de la situación durante unos años y ahora, definitivamente no estamos en nuestra mejor situación. A juzgar por la experiencia pasada, no creo que la lucha contra este tipo de batallas legales vaya aconducir a nada “.

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La sede de Labrys, una asociación de defensa de los derechos LGTB de Kirguizistán, ha sido atacada con cócteles molotov el pasado 3 de abril. Aunque afortunadamente no haya que lamentar ninguna víctima del atentado, los activistas de Labrys denuncian que es la aprobación de la ley contra la “propaganda homosexual”, actualmente en trámite parlamentario, la que está creando un clima generalizado de hostilidad hacia las personas LGTB, cuyo fruto son estos actos de violencia.

Las cámaras de seguridad de la sede de Labrys en Biskek, la capital kirguís, recogieron a las 22:30 del pasado 3 de abril cómo dos individuos, que no han podido ser identificados, lanzaban cócteles molotov contra el edificio, con la intención inequívoca de provocar un incendio. Afortunadamente, la ausencia de personal en las instalaciones a esas horas de la noche evitó posibles víctimas humanas. Los infiltrados tampoco fueron certeros en su ataque, fracasando en su intento destructivo.

Los representantes de Labrys denuncian que no es el primer ataque que recibe su sede, que ha sido apedreada en numerosas ocasiones. Los miembros de la asociación también han recibido repetidas amenazas de violencia física. Esas amenazas, dirigidas tanto hacia los integrantes de asociaciones LGTB como hacia miembros de organizaciones de defensa de los derechos humanos, se han incrementado desde que se presentó el proyecto de ley contra la “propaganda homosexual”, que ya fue aprobado en primera lectura por el Parlamento kirguís, aunque para su promulgación definitiva aún debe pasar por dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado posteriormente por el Presidente.

La ley en trámite, mucho más dura que la vigente en Rusia, persigue castigar con multas y/o penas de cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. También prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Para la activista de Labrys Syinat Sultanalieva, “la aparición de iniciativas legislativas destinadas a la limitación de los derechos humanos siempre trae como resultado  el incremento de las agresiones y del odio en la sociedad. El gobierno de Kirguizistán, así como su presidente, que es el garante de la Constitución de Kirguizistán, debe condenar públicamente las manifestaciones de odio de cualquier tipo en la sociedad, así como retirar todas las iniciativas, que, de una u otra manera, influyan en el cumplimiento de los derechos humanos de los diferentes grupos que componen la sociedad”.

El proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También ha sido rechazado por el Parlamento Europeo, que pidió expresamente al gobierno kirguís su retirada.

Los activistas de la Labrys han decidido no denunciar el ataque ante la Policía kirguís, pues en numerosas ocasiones son los propios miembros de las fuerzas del orden los responsables de la violencia contra las comunidad LGTB. Sí que informarán a la Relatora Especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, ya que es posible que los mecanismos de Naciones Unidas sean capaces de inducir al gobierno de Kirguizistán a que garantice la seguridad de todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos a principios de 2014. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a su elaboración fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

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Otro terrible crimen contra una persona LGTB ha tenido lugar en Jamaica en los pasados días. Una turba furiosa ha asesinado a un joven supuestamente homosexual a pedradas, mientras las terribles imágenes eran grabadas en vídeo. Este horrible crimen se suma a la sangrienta lista de asesinatos, linchamientos y ataques violentos que sufren los miembros de la comunidad LGTB en el país caribeño, ante la impasibilidad, cuando no la colaboración, de las autoridades. Hemos decidido no reproducir en la noticia las estremecedoras imágenes, aunque se puede acceder a ellas en la página que aquí enlazamos. Advertimos de que son terribles, y brutales e insoportables.

Dwayne Brown, un activista LGTB jamaicano que actualmente reside en el exilio en Nueva York, daba noticia del terrible vídeo, que había sido difundido en la página de Facebook del sitio de noticias caribeño On-the-ground-news. Las espantosas imágenes muestran a un joven, de entre 19 y 21, años yaciendo en el suelo, con la cabeza sobre un charco de sangre, con restos de lo que parecen cuerdas o cables alrededor de su cuerpo, mientras sus verdugos le destrozan el cráneo con grandes piedras y profieren insultos homófobos. Uno de ellos le grita repetidamente “Batty-man yuh fi dead”, una expresión jamaicana que se puede traducir como “gay, tienes que morir”.

Si por algo destaca es por su crueldad, y es que muestra a la víctima de tal forma que parece estar atada con cuerdas o cables, tendido en un charco de su propia sangre. Una gran piedra se lanza a su cabeza mientras la sangre sale a borbotones. La identidad de los verdugos y muchos otros detalles de la lapidación son todavía desconocidos. Algunos medios han informado de que la víctima era gay y que había visitado lugares de ambiente en Kingston, la capital. Informes no confirmados de otros medios sugieren que fue apedreado en Montego Bay y se cree que ha sucedido en las últimas semanas.

Brown refiere la conmoción, y el terror por sus propias vidas, que han causado estas imágenes en las personas LGTB jamaicanas. También denuncia el “mortal silencio” tanto de las autoridades como de los medios de comunicación e incluso de la propia comunidad LGTB, silencio que “fomenta y hace que proliferen este tipo de actos inhumanos contra los LGTB jamaicanos”. El activista recuerda el espantoso linchamiento de la adolescente transgénero Dwayne Jones en junio de 2013, que fue golpeada y apuñalada hasta la muerte por una multitud tras ser reconocida como mujer transexual. Desde entonces no se ha acusado ni detenido a nadie relacionado con ese asesinato.

El activista Dwayne Brown declara con indignación apenas contenida que “ya es hora de que la persecución de las personas LGBTI llegue a su fin. El silencio de nuestro gobierno, el silencio de nuestros políticos, el silencio de nuestra comunidad permite que este tipo de comportamiento continúe. Hasta que no se rompa ese silencio seguirán muriendo personas como resultado de ataques homófobos. La gente tiene que alzarse contra ello y pedir que se realice una investigación completa sobre este vídeo. Debemos tener pruebas concluyentes de quién era esta persona. El hecho de que alguien pueda ser golpeado hasta la muerte por varias personas, y no pase nada por ser lo que era es asqueroso. No es nada nuevo, pero tiene que cambiar”.

Un infierno para las personas LGTB, así se suele describir a Jamaica, y no solo por la discriminación oficial, sino sobre todo por la virulencia de su LGTBfobia social. Las relaciones homosexuales masculinas están castigadas en Jamaica con penas de hasta 10 años de cárcel, aunque apenas se hace uso de esta legislación, pero la gravedad de la existencia de esa ley empequeñece comparada con el hecho de que el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día.

Hemos recogido numerosos episodios de esta violencia a lo largo de los últimos años. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces el colectivo J-FLAG (Jamaica Forum for Lesbians, All-sexuals and Gays) había sido previamente amenazado. En junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gays. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos el caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Tan solo dos semanas más tarde, cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió la anteriormente citada Dwayne Jones, joven adolescente transgénero asesinada por una turba de personas que descubrió su condición.

En junio de 2014, por cierto, mientras otros lugares del mundo celebraban el Orgullo LGTB, por las calles de Kingston, la capital jamaicana, tenía lugar una manifestación homófoba, alentada por los líderes de varias iglesias de Jamaica, contra la “agenda gay” y lo que denominan “creciente amenaza de la homosexualidad”.

Esta terrible realidad ya ha sido denunciada por ejemplo por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta, el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado.

Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de Gareth Henry, un activista jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Henry, que fue líder de J-FLAG, vio morir asesinados a 13 de sus amigos y él mismo fue objeto de amenazas de muerte por parte de la policía

En octubre de 2014, Human Rights Watch detallaba también, en un completo documento de 86 páginas (que puedes descargar en PDF aquí) hasta 56 casos de violencia contra personas LGTB, en muchos de los cuales ni siquiera se llevó a cabo investigación policial. Denunciaron 19 víctimas, pero solo fueron tenidos en cuenta 8 casos, y de estos solo en 4 hubo detenciones. En algún caso los propios policías contribuyeron a la agresión.

El informe también recogía casos de discriminación flagrante, llevada a cabo tanto por instituciones públicas como privadas, así como la situación de personas LGTB que, repudiadas por sus propias familias, se ven obligadas a malvivir por las calles.

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Ofensiva homófoba de Rusia contra la ONU. La delegación rusa en las Naciones Unidas manifestó este lunes su oposición a la resolución adoptada por su secretario general Ban Ki-moon en julio del año pasado, por la cual la organización internacional se comprometió a reconocer, a todas parejas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio en países donde es legal, las prestaciones y beneficios establecidos para sus empleados casados.

Como informábamos entonces, antes de la aprobación de esta iniciativa de Ban Naciones Unidas tan solo reconocía los matrimonios del mismo sexo de sus empleados que provinieran de países donde el matrimonio igualitario es legal. Esto era así desde 2004, cuando el entonces secretario general Kofi Annan emitió una orden administrativa para ampliar los beneficios matrimoniales a las parejas en una unión civil que tuviera validez en el país de origen de los contrayentes. Una decisión que ya entonces recibió contestación por parte de la Santa Sede y de países de mayoría musulmana, a pesar de ser claramente discriminatoria para los empleados de la ONU procedentes de estados que no permiten las uniones entre personas del mismo sexo.

La nueva medida establece que se reconocerán todos los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente contraídos, sea cual sea el país de origen de los contrayentes. De esta manera, los cónyuges del mismo sexo de un empleado de Naciones Unidas pueden beneficiarse, entre otras prestaciones, de su seguro de salud o el acceso a visados de residencia extraordinarios.

Pero en su cruzada contra los derechos de los ciudadanos LGTB, Rusia ha decidido también abrir un frente en Naciones Unidas sobre este asunto. El representante Sergey Khazilov pidió el lunes la retirada de la medida, porque en su opinión, violaría la resolución de la organización que deja en manos de los Gobiernos de los países de origen de los empleados la decisión sobre a qué parejas les corresponden beneficios matrimoniales. Rusia baraja la posibilidad de forzar una votación sobre el asunto en el Comité de Presupuestos o Quinto Comité de la Asamblea Nacional, donde no existe derecho de veto (al contrario que en el Consejo de Seguridad) y podría convencer a una mayoría de países hostiles a los derechos LGTB para derogar la orden administrativa emitida por Ban.

Según Foreign Policy, muchos ven en las protestas rusas una maniobra política para tantear el grado de autoridad del secretario general de la ONU, con quien Rusia ha mantenido una serie de desencuentros en asuntos como la situación en Siria y en Ucrania. En opinión del representante ante las Naciones Unidas de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, el resto de estados miembros deben contrarrestar “los esfuerzos de Rusia para imponer en la ONU el mismo tipo de actitudes homófobas que Moscú promueve en su país”. Los delegados de Estados Unidos y la Unión Europea, por su parte, defienden la legitimidad de Ban para emitir regulaciones sobre el personal a su cargo sin necesidad de contar con la aprobación de los estados miembros.

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Mientras tanto, Beirut se ha convertido, por ahora, en refugio para el asilo político. Y así, nos relatan también la historia de varios jóvenes homosexuales sirios mientras intercambian sus relatos en las oficinas de la ONG Proud Lebanon, a las afueras de Beirut. Arrastran un doble trauma acumulado en su huida de la guerra y en su lucha por sobrevivir a su sexualidad. Perseguidos tanto en zona leal como rebelde, a la comunidad homosexual siria tan sólo le queda el exilio para sobrevivir. En 2013, el libanés Bertho Makso,  cofundador de la ONG, comenzó acogiendo a refugiados sirios gays.

“Proporcionamos servicios médicos, psicológicos, cursos de formación y un plato caliente. Para muchos será el único que ingieran en el día”, explica Cosette Maalouf, trabajadora de la ONG. El centro acoge a 320 homosexuales, más del 60% sirios. “La mayoría ven Beirut como un lugar de paso para ir a Europa”, explica Makso, quien asegura que el pasado año, 70 de ellos obtuvieron asilo político.

Pero, a diferencia del resto de refugiados sirios, están solos. Han roto con su familia y huido de régimen y rebeldes. “Se trata de una comunidad muy vulnerable dentro de los refugiados sirios, pero no hay estudios u organismos que realmente monitoreen estos casos. No son solo perseguidos por el Estado Islámico, [EI] sino por rebeldes, las leyes sirias y la propia moral social. Los ataques del EI son más visibles por su policía moral” apunta Nadim Khoury, director de Human Rights Watch en Beirut.

Entre los 320 beneficiarios, tan sólo se cuentan cuatro mujeres. “En nuestra sociedad no se considera que la mujer tenga una sexualidad, y durante la guerra estamos recluidas en el hogar. De ahí que a las lesbianas nos sea más fácil pasar desapercibidas. No sé de ninguna ejecución de una mujer homosexual”, cuenta desde Alepo al teléfono Bahiya, de 28 años.

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El Parlamento Europeo ha pedido a Kirguizistán la retirada del proyecto de ley homófobo que tramita el Parlamento de ese país. El texto, que fue aprobado en primera lectura en octubre, es aun más duro que el vigente en Rusia, y establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre homosexualidad.

En su resolución (que puedes leer en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “lamenta profundamente la presentación de este proyecto de ley y todas las acciones que puedan conducir a un trato cruel, inhumano y degradante, y pide a todos los países que pongan fin inmediato a la penalización de la homosexualidad” y “reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se enmarcan en el ámbito del derecho individual a la intimidad garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, según el cual deben protegerse la igualdad y la no discriminación y salvaguardarse asimismo la libertad de expresión”.

La resolución recuerda también al Parlamento kirguís “sus obligaciones internacionales y las derivadas del acuerdo de colaboración y cooperación con la Unión Europea, que incluye el pleno respeto de los derechos humanos como elemento esencial de esta cooperación” y pide expresamente la retirada del proyecto de ley “sobre la difusión de información sobre relaciones sexuales no tradicionales”.

El Parlamento Europeo pide a las autoridades kirguisas “que reafirmen públicamente que todas las personas de Kirguizistán tienen derecho a vivir libres de discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género, y que todo acto contrario a este derecho es ilegal y será sancionado” y recuerda que la Constitución de la República Kirguisa prohíbe adoptar leyes “que nieguen o deroguen derechos y libertades humanos y civiles” y afirma “la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión”.

El europarlamento se muestra además “profundamente preocupado por las consecuencias negativas del debate sobre este proyecto de ley y su posible adopción, que no hacen más que aumentar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI” y en este sentido pide a los políticos y los líderes religiosos “que eviten la retórica contra la comunidad LGBTI, incluidos el lenguaje del odio y la incitación al odio”. Entre otros puntos, la resolución recuerda a Kirguizistán que la posible adopción de este proyecto de ley “podría afectar a las relaciones con la Unión Europea”.

Varios eurodiputados españoles, entre los promotores

La resolución fue presentada por eurodiputados de varios grupos políticos, entre los cuales se encuentran ocho españoles: Elena Valenciano (PSOE), Beatriz Becerra, Fernando Maura y Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Javier Nart y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Ramón Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya) y Lola Sánchez (Podemos).

Un proyecto profundamente homófobo

Ya en abril informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros).

Antes de ser rechazado por el Parlamento Europeo, de hecho, el proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos hace un año. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

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La caza de brujas se ha intensificado desde que el exjefe del ejército y actual presidente Abdel Fatah al Sisi derrocó al islamista Mohamed Mursi en julio de 2013.

“Ahora, hasta en casa tenemos miedo”, confiesa Hassan Sherif, un joven egipcio gay cuyo temor a las represalias de las autoridades se ha duplicado desde la detención en un hamam de El Cairo de 26 hombres sospechosos de homosexualidad.

Habituados a la discreción en un país donde sólo el 3% de la población estima que la “sociedad debe aceptar la homosexualidad”, según un sondeo publicado en 2013 por el centro de investigación estadounidense Pew, Hassan Sherif, un médico de 32 años, teme que pueda ser víctima de la represión contra las personas homosexuales.

“Vivimos una angustia y un miedo permanentes. Nunca en mi vida me había pasado”, prosigue Sherif, que vive en un apartamento de El Cairo con su compañero y se presenta bajo un pseudónimo.

Las imágenes de la última acción policial, difundida por una cadena de televisión privada que muestra a los detenidos en ropa interior, le persiguen. Sherif conocía el lugar, pero desmiente que hubiera “orgías sexuales” como aseguran las autoridades y la prensa.

Los 26 hombres detenidos en el operativo del 7 de diciembre están siendo actualmente juzgados por “libertinaje” y el domingo está prevista una vista. La periodista que filmó la intervención, Mona Iraqi, se jactó de haber denunciado el hamam a la policía, tras descubrir su existencia en una investigación sobre el sida.

Este no es un caso aislado. A finales de diciembre, ocho hombres fueron condenados a un año de cárcel tras aparecer en un vídeo filmado, según la fiscalía, en una “boda gay“.

Aunque la ley egipcia no prohíbe formalmente la homosexualidad, varias personas han sido condenadas en los últimos años por “libertinaje” en procesos sonados.

En un país donde la homosexualidad sigue siendo denigrada, el gobierno puede multiplicar los excesos sin temor a la opinión pública. La ONG Human Rights Watch acusó en septiembre a las autoridades de haber “detenido y torturado en varios ocasiones a hombres sospechosos de conducta homosexual”.

Numerosos gays y militantes creen que la represión se debe a la voluntad del nuevo poder de mostrarse todavía más preocupados por el respeto de las buenas costumbres que los Hermanos Musulmanes, el grupo islamoconservador de Mursi, cuyos simpatizantes son blanco de una sangrienta represión que ha dejado más de 1.400 muertos desde el golpe de Estado.

Dalia Abdel Hamid, experta de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales (EIPR), habla de “represión sistemática” pues más de 150 personas han sido detenidas desde noviembre por acusaciones de libertinaje o de prostitución. “El Estado trata de demostrar que es más islamista que los islamistas”, asegura.

Lo que resulta del agrado de las autoridades religiosas. “Hay una diferencia entre las libertades y la decadencia”, dice Abas Shoman, un representante de Al Azhar, una de las instituciones teológicas más prestigiosas del islam sunita. “Si el poder y el presidente no prohíben una infamia así, ¿cuál es su función?”, alega.

En este contexto, la discreción se impone. “Recuerdo los tiempos en que todo el mundo iba a las mismas fiestas y frecuentaba los mismos lugares (…) hoy, permanecemos en grupos pequeños”, lamenta Sherif, en pareja desde hace siete años.

Por su parte, Bouthaina Halim, escritora lesbiana de 34 años, que habla bajo seudónimo, considera que las últimas detenciones son “preocupantes”. “Esto muestra que estamos menos protegidos de lo que pensamos”, dice Halim, que reveló su homosexualidad a sus amigos a los 18 años.

Para ella, el futuro de la comunidad se anuncia “sumamente triste”. Ser homosexual en Egipto es “una lucha constante”, resume. “No solo para adaptarnos al espacio que nos deja el Estado, sino también una lucha interna para reiterar que disponemos del derecho de disponer de nuestro cuerpo.”

Fotografías News.Yahoo.com

Fuente El Universal

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La ONG Human Rights Watch ha expresado su preocupación porque las comunidades religiosas promuevan políticas y prácticas contra personas de minorías sexuales y de género, y pidió al papa un mensaje de claro repudio sobre este tipo de violencia.

El director del Programa de Derechos de Personas LGBT de la ONG Human Rights Watch (HRW), Graeme Reid, escribió al Papa Francisco para pedirle por las minorías sexuales y de género perseguidas. En la carta, Reid escribe que “La Iglesia católica y Human Rights Watch abordan los derechos de minorías sexuales y de género desde perspectivas diferentes, pero existen puntos comunes a partir de los cuales podemos lograr avances constructivos“, y afirma que “si bien entendemos que la Iglesia tiene derecho a promover sus doctrinas sobre la sexualidad en el ámbito público, le pedimos a Su Santidad que se sume a nuestros esfuerzos para asegurar que nadie utilice estas ideas para justificar el abuso violento o degradante de minorías sexuales y de género”.

El activista recuerda que el actual papa “ha hecho un llamamiento por una postura católica que respete los derechos civiles de los miembros de las minorías sexuales y de género, y que reivindique al mismo tiempo las enseñanzas morales de la Iglesia sobre la ética sexual”, aunque lamenta que “muchas comunidades católicas no han adoptado el mismo criterio”.

Para ello, desde HRW solicitan a Francisco que “repudie de manera clara y pública la violencia contra personas de minorías sexuales y de género, ya sea perpetrada por el Estado o por actores privados; inste a la despenalización de las relaciones sexuales practicadas con consentimiento, y apoye la derogación de otras sanciones penales injustas que discriminan a personas de minorías sexuales y de género; contribuya a moderar el tono con el cual los líderes locales de la Iglesia realizan declaraciones públicas sobre sexualidad; e inste a que se reconozcan mayores garantías legales a los miembros de minorías sexuales y de género”.

El papa recibiendo al dictador homófobo Mugabe

La misiva recuerda al papa los casos en África, donde “este año, numerosos obispos católicos en Uganda apoyaron una de las leyes más draconianas de persecución de homosexuales y lesbianas, la cual ya ha provocado un sufrimiento generalizado, que incluye actos de violencia y desalojos”, y destaca que “durante las homilías pronunciadas en Pascuas, varios obispos católicos elogiaron públicamente la nueva ley”. También hace mención a la jerarquía del clero católico de Nigeria , que “ha manifestado su apoyo a leyes similares” y a una carta en representación de la Iglesia Católica de Nigeria enviada al presidente del país, en la que “miembros del clero de ese país elogiaron la ‘valiente y sabia’  ley que prevé fuertes sanciones penales para las exhibiciones públicas de afecto entre dos hombres o dos mujeres“.

Reid alaba, por otro lado, la postura de otros líderes eclesiásticos que “han rechazado estas así llamadas leyes ‘antigays’, a través de mensajes de paz y tolerancia“, como un grupo de obispos de Sudáfrica, Botsuana, Suazilandia y Ghana que “han llamado a los católicos a ponerse del lado de los vulnerables, y a oponerse a la persecución de minorías sexuales y de género en África”. También menciona al cardenal Peter Turkson, que “ha manifestado públicamente que ‘los homosexuales no son criminales’ y no deberían ser condenados a cadena perpetua”. No obstante, desde HRW lamentan que actuaciones como estas “a menudo quedan silenciadas”.

Fuente Cáscara Amarga

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Activistas transexuales celebran el triunfo judicial

En su sentencia, el tribunal ha considerado que la prohibición, basada en la ‘sharia’ es “degradante, opresiva e inhumana”, y que condena a las personas transexuales a “continuar viviendo en la incertidumbre, miseria e indignidad”.

Un tribunal malasio ha fallado a favor de las personas transexuales para que puedan adaptar su indumentaria a su sexo interiorizado, con lo que ha legalizado este viernes de facto la posibilidad de que los transexuales de ese país musulmán puedan vestirse con ropa femenina, declarando inconstitucional en el estado de Negeri Sembilan la aplicación de la “Sharia“ (ley islámica) para prohibir tal comportamiento. Es un veredicto histórico que revoca la prohibición existente basada en la ‘sharia’ y que podría abrir la puerta a nuevos casos.

Aunque el dictamen jurídico tan sólo se refiere al caso de tres transexuales detenidas en varias ocasiones en esa región malasia, el propio abogado de las protagonistas, Aston Paiva, lo ha calificado de “histórico”. “Ahora las víctimas que sean arrestadas en otros estados pueden ir a los tribunales para desafiar esa norma”, ha dicho.

Tras conocer la sentencia, Boris Dittish, de la ONG Human Rights Watch (HRW), ha afirmado que este rechazo a la prohibición es una “fuerte afirmación de los derechos de las personas transexuales en Malasia”. “Mediante la defensa de la Constitución ante una ley estatal discriminatoria, el tribunal está diciendo que todos los malasios pueden expresarse como las personas que quieren ser”, ha indicado Ditthish a través de un comunicado.

La decisión fue acogida con júbilo, cuando no con total entusiasmo entre los activistas de la comunidad transexual, que cuenta con miles de miembros en este país y una larga tradición. Una de ellas, Nisha Ayub -de la ONG “Justicia para las Hermanas”-, se ha felicitado en términos exultantes.

Nisha Ayub, miembro de la ONG ‘Justicia para las Hermanas’

“Éste es un caso histórico que podrá ser usado en otros estados. Me estoy volviendo loca de emoción. Hoy puedo decir sin sentirme avergonzada que todavía hay esperanza para los derechos humanos y la justicia en Malasia. Estoy muy orgullosa de ser malasia. Un día impresionante para todos los malasios que todavía creemos en justicia e igualdad para todos”, ha escrito en su página de Facebook.

El fallo proviene del caso de una mujer transexual que incumplió la sección 66 de la ‘sharia’, que prohíbe a “cualquier hombre llevar en cualquier lugar público atuendos femeninos o representar ser una mujer”. Esta normativa ha sido utilizada para arrestar a numerosos transexuales, entre ellos a 16 mujeres que celebraban una boda el pasado mes de junio.

El juez que lideraba el caso, Datuk Mohd Hishamuddin, no sólo ha recordado que la constitución está para “defender los derechos de las minorías frente a la tiranía de la mayoría” sino que ha apuntado a los informes médicos recibidos para aseverar: “los psiquiatras dicen que (las tres transexuales) son mujeres en su espíritu, atrapadas en el cuerpo de un hombre, y por esto se travisten”.

Otro tribunal de Negeri Sembilan había decidido en octubre del 2012 que el trío de transexuales debía respetar las disposiciones de la Sharia ya que habían nacido siendo hombres y musulmanes.

Como indicó la resolución judicial, esta normativa “priva a los demandantes del derecho de vivir con dignidad, les niega la posibilidad de desplazarse libremente en lugares públicos. Esto es degradante, opresivo e inhumano”.

“Vivir con dignidad”

En su sentencia, el tribunal ha considerado esta sección 66 como inconstitucional al considerar que viola el derecho de la acusada a vivir con dignidad y ganarse la vida, además de afectar a su libertad de movimiento y expresión e igual protección ante la ley.

Por ello, el tribunal ha indicado que las personas transexuales “cometerán el crimen de violar la sección 66 en el momento en el que salgan de sus casas para atender las necesidades básicas de la vida”, entre las que se encuentra trabajar o socializar.

“Esto es degradante, opresivo e inhumano. Esta discriminación y opresión niega el derecho de los apelantes a una protección igualitaria ante la ley”, ha subrayado el tribunal en su sentencia, recogida por HRW.

“Abuso frecuente con la aplicación de la ‘sharia‘

Dittrich ha denunciado que las autoridades malasias abusan de forma frecuente a las mujeres transexuales, por lo que ha subrayado que esta sentencia “debería enviar el mensaje de que el Departamento Religioso y demás autoridades no pueden hacer lo que quieran a las mujeres transexuales”.

El pasado mes de septiembre la ONG Human Rights Watch difundió un informe en el que mediante numerosas entrevistas, la organización documentó los abusos a los que eran sometidas por las fuerzas de seguridad, entre los que se incluían la extorsión, violación, detenciones arbitrarias o violación de su intimidad. y denunciaba el continuo acoso y las exacciones que sufrían los transexuales malasios, especialmente a manos del llamado Departamento de Asuntos Religiosos Islámicos (DRI), encargado de supervisar la aplicación de la Sharia. Entre ellas incluían desde golpizas a abusos sexuales o el rapado habitual de las detenidas.

Por todo ello, HRW ha instado al Gobierno malasio a rechazar este tipo de leyes y normativas y a proteger a las personas transexuales. “Las autoridades, como el tribunal, deberían reconocer que las personas transexuales tienen los mismos derechos que todos los malasios”, ha subrayado Dittrich.

Con un 60 por ciento de población musulmana, Malasia dispone de un doble sistema jurídico en el que la norma islámica se aplica para cuestiones civiles a los miembros de esta fe.

Los 13 estados malayos prohíben que los musulmanes se vistan como mujeres y castigan tal “infracción” con hasta tres años de cárcel.

Hasta ahora los transexuales vestidos de mujeres podían ser arrestados nada más salir de sus domicilios. Los miembros del DRI solían realizar redadas multitudinarias en clubes frecuentados por esta comunidad donde detenían decenas de ellos.

Bajo la égida de la Organización nacional para la Unidad Malaya (Unmo) y sus aliados, Malasia ha asistido a una progresiva influencia del islamismo político desde hace décadas, que se había traducido en los últimos años en fallos judiciales que confirmaban esta tendencia como por ejemplo, la prohibición de usar el término “Allah” (Dios) a los cristianos al considerarlo de uso exclusivos de los musulmanes.

 Fuente El Mundo y Cáscara amarga

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“Imagínese un muchacho que sueña con ser a un oficial de KGB cuando todos los demás quieren ser un cosmonauta. “

The Advocate declara al presidente ruso como la mayor amenaza para los derechos de los homosexuales en el mundo y le nombra sarcásticamente persona del año

The Advocate, una revista para la comunidad homosexual, ha colocado en su portada un retrato de Vladimir Putin que evoca inequívocamente a Hitler. En el lugar del indentificativo bigote corto figuran unas letras sarcásticas: “Persona del año“. El subtítulo del reportaje despeja dudas: “Dirigiendo el desprecio popular, religioso y gubernamental contra gays y lesbianas, el presidente ruso se ha convertido en la mayor amenaza individual contra los gays y lesbianas del mundo en el 2014“.

La publicación norteamericana recuerda que desde el 2012 Putin se ha convertido en un dirigente “más autoritario” y “su ideología antigay se ha vuelto más extrema”. En el artículo rememora todas las medidas claramente homófobas adoptadas por el exagente del KGB y denuncia cómo ha conducido a la sociedad rusa a imitar su percepción hacia los colectivos homosexuales.

Según una encuenta reciente, el 72% de los rusos consideran la homosexualidad como algo moralmente inaceptable.

Tanya Cooper, investigadora de Human Rights Watch, argumenta en el texto que la diversidad se hace rara en Rusia. “Cuando políticos, celebridades y periodistas respetables te dicen repetidamente, ya sea en televisión o diarios, que los gays son gente pervertida, sodomitas y pedófilos, siemplemente te los crees”, explica.

Fuente The Advocate

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De poco han servido los llamamientos de los activistas LGTB de Kirguizistán: el Parlamento de la ex república soviética de Asia central ha aprobado este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyan, por 79 votos a favor y 7 en contra. El texto, más duro que el ya vigente en Rusia, establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

Ya en marzo informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el Presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros). Según denunció Human Rights Watch (HRW), para ello Kirguizistán ha debido modificar sus leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según su director para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán.

Condena de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado con contundencia esta medida. La embajada estadounidense en Biskek emitió un comunicado la semana pasada, cuando comenzó su discusión parlamentaria: “Nadie debería ser silenciado o encarcelado por quién es o a quién ama. Las leyes que discriminan a un grupo de personas amenazan los derechos fundamentales de todas las personas”, reza el documento, que instaba también a los diputados kirguises a oponerse a la norma.

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de HRW que recogimos en febrero de este año. Los testimonios hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte. Los políticos del país también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

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El activista LGTB Desmond Sone Mbecho, que dirige la sección de educación y cultura de la organización Acción Afirmativa en Camerún, se ha visto obligado a abandonar su domicilio y buscar refugio debido a las amenazas de muerte recibidas por parte de sus vecinos. Sone se ve obligado actualmente a vivir en la sede de su organización mientras trata de encontrar un nuevo hogar. Entre las labores desarrolladas por Desmond Sone Mbecho se encuentra su prolongada dedicación a proyectos de prevención del sida respaldados por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis.

El pasado mes de agosto, los vecinos de Sone le amenazaron con matarle si no abandonaba el barrio de Ngousso, donde residía. El motivo esgrimido era su orientación homosexual. Tras las amenazas, Sone recibió la visita de la policía, pues su casero había interpuesto una demanda contra él en la que le acusaba de practicar la homosexualidad.

Acción Afirmativa envió inmediatamente al responsable de su sección de derechos humanos para que le prestase ayuda, para lo que contó con la colaboración del abogado del Fondo Mundial Jathan Ndongo. Durante dos días, la policía entrevistó tanto al abogado como a Sone y su casero. Finalmente, en presencia de la autoridad policial y la fiscalía, este último se disculpó por haber realizado una falsa acusación contra Sone, retirando la denuncia. Aún así, insistió en que Sone debía abandonar su domicilio, para lo cual le concedió un plazo de dos semanas.

Esa misma noche, cuando Sone se dirigía a una tienda de alimentación cercana a su casa, vio cómo su arrendatario reunía allí a varios jóvenes del vecindario, señalándole como homosexual, e incitándoles a propinarle una paliza para así ahuyentarle del barrio. Presa del pánico, Sone huyó hasta su domicilio, que pronto fue rodeado por una multitud que golpeaba puertas y ventanas mientras profería amenazas de muerte.

Cuando la multitud se dispersó, Sone consiguió escapar a casa de un amigo, donde pudo pasar la noche. Actualmente se ve obligado a vivir en la sede de Acción Afirmativa, que le ha facilitado una pequeña dependencia donde refugiarse mientras tratan de encontrarle un nuevo hogar. Acción Afirmativa ha emitido un comunicado en el que condena la homofobia de los residentes y el fracaso del gobierno en tomar medidas adecuadas para frenar la violencia.

La historia de Desmond Sone Mbecho es representativa de la intensa homofobia de la sociedad camerunesa, a pesar de que su ministro de Comunicación, Issa Bakary Tchiroma, declarara a principios de año que “no hay un acoso judicial” hacia los homosexuales en Camerún y que “en Camerún, los homosexuales conocidos deambulan libremente por las calles y algunos de ellos se ganan su sustento sin ser molestados”. Recordemos que las relaciones homosexuales están castigadas en Camerún con hasta cinco años de prisión.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. En enero de 2012 eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables. En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

También nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora un año las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Dosmanzanas

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Una redada en un local de baños turcos de Beirut, la capital del Líbano, se saldó el pasado sábado con 27 detenidos acusados de conducta homosexual. Los hechos solo han trascendido cuando han informado de ellos varias asociaciones de derechos humanos, que han pedido la liberación de los detenidos.

Según han denunciado la organización LGTB Helem, la Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad, M-Coalition, la Clínica Marsa de Salud Sexual y la Asociación Médica Libanesa para la Salud Sexual (Lebmash), el sábado 9 de agosto irrumpió en el hamam Agha una unidad de la policía judicial libanesa (oficialmente la Oficina de Protección de la Moral) tras recibir un soplo de que en el local se encontraban hombres que buscaban “encuentros sexuales con otros hombres”. En la redada fueron detenidas 27 personas, incluidas el dueño del establecimiento y sus empleados, además de varios clientes.

Según el comunicado conjunto emitido por las organizaciones citadas anteriormente, los usuarios del local arrestados se encuentran aún bajo custodia. El fiscal encargado del caso, Bilal Dinnawi, ha afirmado que no está “interesado” en presentar cargos contra los detenidos por actos homosexuales, pero que estos podrían ser juzgados por indecencia pública. Las ONGs que han informado del caso afirman que los detenidos no han sido sujetos a ningún tipo de abuso verbal o físico como los denigrantes y absurdos exámenes anales y han aclarado que, en el momento de la redada, no se estaba llevando a cabo ningún tipo de actividad sexual pública en el hamam.

La difícil situación de las personas LGTB en el Líbano

Las relaciones homosexuales en el Líbano -una república árabe multiconfesional en la que coexisten musulmanes sunitas, musulmanes chiítas, cristianos de diversas confesiones y drusos- son formalmente ilegales, descritas como “actos sexuales que contradicen las leyes de la naturaleza” por el artículo 534 del Código Penal y castigadas con penas de hasta un año en prisión.  Las noticias que nos llegan desde territorio libanés son mayoritariamente poco halagüeñas para los derechos LGTB.

En mayo de 2013 año informábamos de las declaraciones del ministro del Interior libanés, Marwan Charbel, que se jactó de que su país es hostil a los gays y propuso negar la entrada al mismo de las parejas del mismo sexo que se casen en Francia, precisamente durante el proceso de aprobación del matrimonio igualitario en el país galo. Estas declaraciones homófobas tenían lugar apenas dos semanas después de que se produjera una redada en la principal discoteca gay de Beirut, la capital del país. La policía arrestó, desnudó y golpeó a seis asistentes, que fueron acusados de “promover la prostitución, las drogas y la homosexualidad”.

También hemos informado desde dosmanzanas de otros casos que reflejan la difícil situación de las personas LGTB en el Líbano, como los exámenes anales a sospechosos de ser homosexuales, unas crueles y absurdas pruebas llevadas a cabo por la policía libanesa bajo el pretexto de determinar la orientación sexual de las víctimas (y a las que también las organizaciones médicas del Líbano se han opuesto). En julio de 2012, 36 personas fueron detenidas por asistir a un cine que emitía porno gay. En junio de 2013 Human Rights Watch hacía público un duro informe que ponía de manifiesto la persecución de las personas LGTB en el Líbano y la crueldad de las prácticas policiales tras entrevistar en detalle a más de 50 personas que han sido objeto de violencia física y/o psicológica en el contexto de una investigación policial o una detención (puedes acceder al informe pinchando aquí).

Como noticias positivas, en julio de 2013 la Sociedad Libanesa de Psiquiatría hacía público un documento en el que recordaba a los profesionales de la salud que la homosexualidad no es un trastorno psiquiátrico, siendo el primer país árabe donde tenía lugar un posicionamiento semejante. Más recientemente, en marzo de este mismo año, un juez dictaminaba que la homosexualidad no es un delito en el país y la identidad de género no la definen los documentos legales, cuestionando la validez del artículo 534. La situación a este respecto sigue sin estar clara.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Artículo 534 (Líbano), Asociación Médica Libanesa para la Salud Sexual, Bilal Dinnawi, Clínica Marsa de Salud Sexual, Discriminación, Fundación Árabe para las Libertades y la Igualdad, Helem, Human Rights Watch, Líbano, M-Coalition, Marwan Charbel, Sociedad Libanesa de Psiquiatría

Mujeres afganas con burka, caminan en grupo.Afp

Berishna, 10 años, fue terriblemente forzada sexualmente por un clérigo de su pueblo

Se teme que su familia la haya matado para borrar la ‘vergüenza’ con un ‘crimen de honor’

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