En la más reciente campaña contra las personas homosexuales, las autoridades de Egipcio arrestan en dos semanas a 33 personas que acusan de «promover la desviación sexual y el libertinaje» y someten a exámenes anales. 

El organismo que regula los medios de comunicación en Egipto ha prohibido emitir cualquier forma de apoyo a la comunidad LGTBI.

Los homosexuales solo podrán aparecer en los medios “para arrepentirse”.

Es una consecuencia más del acoso gubernamental contra el colectivo desde que se desplegaran banderas arcoíris en un conciero de Mashrou’ Leila.

Después de que los medios de comunicación locales lanzan una campaña sumamente crítica contra un grupo de personas que habían ondeado la bandera del arco iris en el concierto de Mashrou ‘Leila, una popular banda de rock alternativo libanesa cuyo cantante es abiertamente gay, el fiscal de El Cairo anuncia una investigación que se salda con la detención de 7 personas. Como consecuencia, también se activa una campaña de represión contra personas sospechosas de ser homosexuales que, por el momento, ya se ha saldado con 33 personas arrestadas, 22 sólo en los últimos 3 días.

La policía arrestaba el 25 de septiembre, a Ahmed Alaa y Sarah Hegazy, siendo esta la primera mujer involucrada en estas detenciones, según revela su abogado. Ambos son acusados de «unirse a un grupo formado en contra de la ley» y «propagar la idea de ese grupo». Hegazy se enfrenta a la acusación adicional de «promover la desviación sexual y el libertinaje», motivo por el que son retenidos durante 15 días según ha declarado su abogado, Amr Mohamed. Antes del concierto de Mashrou’ Leila, dos hombres habrían sido ya arrestados, siendo uno de ellos puesto en libertad.

El resto de las detenciones no están relacionadas con el incidente de la bandera, pero todas las detenciones se han producido por ser sospechosas de ser homosexuales, 10 arrestos se producen entre el 28 y el 30 de septiembre, y 6 más a principios de la semana pasada, siendo todos los sospechosos procesados por «promover la desviación sexual» y el «libertinaje», eufemismos para designar la homosexualidad, estando previsto que se dicte un veredicto el próximo 29 de octubre.

Las expectativas para salir libres son escasas, puesto que ya se habría condenado a un hombre a seis años de edad por cargos similares, a pesar de que la homosexualidad no está prohibida en Egipto, se trata de un país en el que la sociedad es fuertemente conservadora y la discriminación está a la orden del día. Las personas homosexuales son frecuentemente arrestadas y acusadas de libertinaje, inmoralidad o blasfemia, siendo sometidos a exámenes anales para determinar si han tenido relaciones entre personas del mismo sexo, una práctica considerada como tortura por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Desde que se iniciara esta escalada homofóbica, las fuentes judiciales no ocultan que se han realizado hasta cinco exámenes de este tipo, aunque según ellos se hacen de manera legal y no son una forma de abuso. «En cuestión de días, las fuerzas de seguridad egipcias han reunido a decenas de personas y llevado a cabo cinco exámenes anales que indican una aguda escalada en los esfuerzos de las autoridades para perseguir e intimidar a los miembros de la comunidad LGBTI tras el incidente de la bandera arco iris», declara Najia Bounaim, director de campañas del Norte de África en Amnistía.

Aunque oficialmente la homosexualidad está despenalizada y no es motivo de arresto, en este momento se habla ya de 15 detenidos que se enfrentan a cargos de “depravación” y de “promover desviaciones sexuales en las redes sociales”.

Desde que se publicaron las fotos en las que se puede ver cómo algunos fans sacaron sus banderas arcoíris en el concierto, se ha desatado una auténtica histeria homófoba en el país y Amnistia Internacional denuncia que hay una operación orquestada de la policía para detener a personas del colectivo LGTB y que se obliga a las personas detenidas a pasar por exámenes anales que son usados como “pruebas” en su contra.  Aunque las autoridades niegan que haya ninguna operación en marcha, desde las asociaciones recomiendan ser especialmente cuidadosos, borrar las aplicaciones de contactos como Grindr y las fotos de los móviles, y no dejarse ver por las zonas de ambiente.

En el comunicado del CSRM se dice que la homosexualidad es una enfermedad vergonzosa de la que no se debe hacer promoción en los medios de comunicación, y que sólo se debe permitir la presencia de homosexuales en las emisiones si aparecen para “arrepentirse”

Según el presidente del CSRM Makram Mohamed Ahmed la homosexualidad entra en contradicción con la humanidad y las religiones y la obligación de los medios de comunicación es recalcar los daños derivados de difundir el fenónemo de la homosexualidad. También ha dicho que hay que proporcionar a los padres medios adecuados para educar a sus hijos (en la homofobia y el desprecio a los que no son, o aparentan al menos, ser heteros, se entiende)

Ya nos extrañaba que no tardara en aparecer la excusa de que había que proteger a la infancia del país para que no se ahomosexualizara como pretexto para justificar esta barbaridad que acaban de publicar en Egipto.  La justificación que dan sobre la difusión y promoción de la homosexualidad recuerda mucho a la que usaron en Rusia para aprobar su famosa ley. De hecho, en el escrito de la Fiscalía se asegura que los detenidos por ondear banderas LGTB en el  concierto estaban “promoviendo la homosexualidad ondeando una bandera que representa esa práctica anormal“.

Como os decíamos antes, en Egipto no es ilegal (teóricamente) ser homosexual y por eso la explicación oficial que han dado las autoridades es que los detenidos fueron vistos en posturas indecentes y que mediante gestos ofrecían sexo a otros hombres a cambio de dinero y que les habían encontrado alcohol y drogas. Es decir, justifican la detención diciendo que se trata de personas que estaban ejerciendo la prostitución. Esto, aparte de una excusa para justificar las redadas y darle un aire de legalidad a la operación (y otro día si queréis hablamos de que no todo lo que se hace de forma legal es irreprochable ni inocente, que parece que a más de uno hay que recordárselo), seguramente servirá a las autoridades para alimentar todavía más los prejuicios de una sociedad muy conservadora que ya tiene bastantes prejuicios encima y ve a los homosexuales como personas poco respetables.

Fuente | Europa Press, vía Universogay/EstoyBailando

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La policía de Indonesia arresta a una docena de mujeres sospechosas de ser seis parejas de lesbianas, después de que sus vecinos las denunciaran por realizar «actividades inmorales» en un domicilio de Cigombong.

Lamentablemente, la homofobia no da tregua. En Indonesia, uno de los países más poblados del mundo, la policía detuvo a principios del mes de septiembre a doce mujeres tras ser acusadas por jóvenes islámicos y líderes religiosos del terrible crimen de ser lesbianas, expulsándolas de su aldea.

Fuente CBS News, vía AmbienteG/Universogay/Cristianos Gays

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El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Mississippi deja libre el camino para la aprobación de la ley más homofóbica de los Estados Unidos, la ley HB1523, que permiten la discriminación de cualquier persona en base a las creencias religiosas en cualquier ámbito, aprobada hace poco más de un año y bloqueada desde entonces por un juez federal.

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Los agentes obligaron a los detenidos a escuchar versículos del Corán en los coches patrulla

Los colectivos LGBT de Estambul deciden desafiar la prohibición de las autoridades para celebrar la marcha del Orgullo en Estambul, este domingo, 25 de junio, manteniendo la convocatoria para las 14 horas en la calle Istihlal, corazón comercial de la ciudad y tradicional punto de encuentro de este desfile que se celebra desde 2003 en la ciudad del Bósforo.

La deriva autocrática de Turquía se está volviendo incompatible con los derechos humanos, en general, y con los de la comunidad LGTB, en particular. El pasado sñabado nos hacíamos eco de las amenazas de un grupo ultranacionalista turco al Orgullo de Estambul. “No les permitiremos marchar”, decían. Lejos de blindar la seguridad para permitir el libre ejercicio del derecho de manifestación del colectivo LGTB, el gobernador de Estambul prohibía el sábado la manifestación del Orgullo (convocada para el domingo 25 de junio), cediendo al chantaje de los extremistas LGTBfóbicos. A pesar de todo, cientos de valientes activistas han salido a la calle con sus pancartas y banderas arcoíris para reclamar los derechos igualitarios, incluso se han leído manifiestos. Como en años anteriores, la Policía ha impedido la normal celebración de la marcha: han bloqueado los accesos a Taksim, han usado la fuerza y han practicado detenciones. Incluso han hecho desvestirse a personas que llevaban ropa multicolor o con mensajes reivindicativos.

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Estambul, Vasip Şahin, compartía el sábado la decisión de la oficina que dirige: se prohibía el Orgullo LGTB. Esta institución gubernamental anunciaba su decisión justificándose en las “graves reacciones de diferentes sectores de la sociedad en contra de esta llamada”. Las autoridades alegan su incapacidad de “salvaguardar el orden público” y, por consiguiente, “no se permitirá la realización de reuniones y manifestaciones” del activismo LGTB y de los partidarios de la igualdad de derechos en Turquía. Las administraciones del país, controlado con mano férrea por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, no permiten la celebración del Orgullo desde 2014. Las ediciones de 2015 y 2016, igual como la de este año (convocada para ayer), han sido reprimidas por la Policía mediante el uso de la fuerza.

A finales de la semana pasada publicábamos que The Alperen Hearths, una organización vinculada al extraparlamentario Partido de la Gran Unidad (BBP) amenazaba al Orgullo LGTB de Estambul diciendo que “bajo ninguna circunstancia les permitiremos marchar”, porque “necesitamos prevenir esta inmoralidad”. Poco más ha necesitado el Gobernador de Estambul para vetar la manifestación del Orgullo.

Eso sí, ninguno de los grupos o representantes de los mismos que han hostigado públicamente al colectivo LGTB ha sufrido la más mínima consecuencia, amonestación o represalia legal. Por ejemplo, Kürşat Mican, líder provincial de The Alperen Hearths, apareció en KRT TV ofreciendo un discurso de odio y exclusión. Además de salirle gratis, a Mican le ha servido para visibilizarse (a él y a su organización) y, encima, recibe la razón del gobernador en forma de prohibición del Orgullo. En cambio, el activismo igualitario, víctima de las amenazas y de la violencia verbal, ha sufrido las consecuencias del veto gubernamental al Orgullo de Estambul, por tercer año consecutivo.

La Policía, mano ejecutora de la represión LGTBfóbica de Estado

Los organizadores del Orgullo de Estambul 2017 se comprometieron a manifestarse el 25 de junio en la plaza central de Taksim, usando un hashtag turco para “marchar” (#Yürüyoruz), a pesar de la prohibición del gobernador. Pero la Policía establecía puntos de control de acceso en las inmediaciones, lo que ha impedido que los activistas entraran en la zona en grupo. Desde el mediodía, la policía acordona los numerosos accesos al punto de encuentro registrando a los transeúntes en busca de banderas arco iris y vetando a quienes visten con ropa llamativa. “La marcha es imposible, no hemos podido ni pasar a la calle Istiklal, por nuestro aspecto (…). Las autoridades dicen que han prohibido la marcha por nuestra seguridad, vistas las amenazas de sectores ultranacionalistas, pero creemos que es un pretexto (…). No solo se prohíbe la marcha gay: desde hace un par de años, y especialmente desde la proclamación del estado de emergencia en julio pasado, no se puede hacer ninguna manifestación, sea del signo que sea, salvo si la convoca el propio gobierno“, declara una activista.

Ante la imposibilidad de reunirse en el lugar previsto, al menos un centenar de manifestantes conseguían congregarse en el barrio adyacente de Cihangir, frecuentado por un público más liberal y abierto, donde despliegan sus pancartas y no dudan en agitar sus banderas, tocando tambores, coreando consignas igualitarias e incluso leyendo un manifiesto. Entre otras, estos defensores de los derechos LGTB portaban una pancarta que decía: “Acostúmbrate, estamos aquí”, es uno de los lemas vitoreados por los asistentes que no dudan en escenificar escenas de cariño entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la celebración es también coartada por una unidad policial que se adentra en la zona lanzando de nuevo algunos botes de gas lacrimógeno.

“No han usado cañones de agua, porque los grandes vehículos blindados no pueden entrar en estas calles”, señala un activista. Portavoces de los colectivos LGBT han asegurado que al menos hay una decena de personas detenidas, entre ellas una extranjera, aunque no tienen todavía cifras definitivas. “Pese a la prohibición hemos conseguido realizar nuestra marcha anual; la policía nos dispersa, pero aquí estamos (…). Por una parte hemos acudido cada vez más gente: se nos ve mucho más que antes, hemos crecido, y por eso damos más miedo al gobierno, y por otra parte cada vez hay más represión política en todos los aspectos (…). Pero hemos estado antes, estamos ahora y estaremos en el futuro”, declara un participante anónimo de la marcha.

La Policía ha hecho uso de gases lacrimógenos para dispersar a las multitudes y algunos activistas han subido a redes el lanzamiento de agua a presión contra manifestantes, así como el disparo de bolas de goma y la utilización de botes de humo por parte de los agentes.

Faşizm#Yürüyoruz. #AramızdaNeVar #Pride2017 pic.twitter.com/vKtYF8EzAw

— Devrimci Kadınlar (@DevrimciKadnlar) 25 de junio de 2017

La agencia de noticias Anadolu de Turquía habla del arresto de “unas 20 personas”, que supuestamente habrían ignorado las advertencias policiales de dispersarse porque “la marcha no tiene permiso”. Andrew Gardner, investigador y activista de Amnistía Internacional en Turquía, ha fotografiado y compartido en su cuenta de Twitter algunas de las detenciones, de las que ha sido testigo, y que asevera que se han producido “al azar”:

Police detain more people, seemingly at random, from the crowd of around 50 people. Firuzağa, Cihangir. #IstanbulPride pic.twitter.com/rFOPkc7FnQ

— Andrew Gardner (@andrewegardner) 25 de junio de 2017

Varios activistas, que gritaron lemas a favor de los derechos de los homosexuales, fueron detenidos en la calle peatonal Istiklal. Según el comité organizador de la Semana del Orgullo Gay de Estambul, los arrestados fueron obligados a escuchar rezos del Corán en los coches policiales. Uno de los detenidos ha sido Bram Janssen, periodista de Associated Press, quien se encontraba cubriendo el Orgullo LGTB de Estambul. La agencia para la que trabaja está tratando de esclarecer los motivos por los que ha sido arrestado por la Policía. Lucas Waagmeester, corresponsal en Turquía de los Países Bajos, ha grabado el momento de su detención y lo ha colgado en Twitter:

Moment waarop Bram Janssen wordt meegenomen. Serie willekeurige arrestaties, in een poging de groep Pride-deelnemers uit elkaar te krijgen. pic.twitter.com/RGxOMcrN1S

— Lucas Waagmeester (@NOSWaagmeester) 25 de junio de 2017

Pero la actuación policial ha superado el absurdo cuando ha obligado a algunos asistentes a quitarse su camiseta por llevar la palabra “Orgullo” con los colores del arcoíris:

#Turkey police force someone to take off their t-shirt because it says “pride”. #Istanbul #LGBTPride pic.twitter.com/CADdUUKuUn

— Mark Lowen (@marklowen) 25 de junio de 2017

El activismo LGTB turco no se rinde

“Hacer declaraciones de prensa es un derecho, protestar es un derecho, organizarse, objetar y resistir son derechos; No pueden ser objeto de permiso”. Es una de las más claras declaraciones que ha realizado el activismo LGTB de Turquía tras el veto oficial al Orgullo de Estambul. A través de una nota de prensa, el 25º Comité de la Semana LGBTI + Orgullo de Estambul así lo ha dicho y, además, se ha quejado de la decisión gubernamental. Especialmente, después de solicitar una reunión “hace 20 días” con Vasip Şahin y no haber recibido ninguna respuesta.

Una de las detenidas por participar en la Marcha del Orgullo Gay en Estambul.

A la justificación de “salvaguardar el orden público” y mantener la seguridad de todos que ha hecho el gobernador, los organizadores del Orgullo le han recriminado que “nuestra seguridad será proporcionada reconociéndonos en la Constitución, garantizando la justicia, la igualdad y la libertad. Nuestra seguridad será proporcionada en un país donde podemos tener una manifestación del Orgullo LGBTI”.

Los colectivos igualitarios han insistido en que “no tenemos miedo” y lanzan el siguiente mensaje a los que aplican políticas cobardes contra el activismo: “nosotros somos los que declaramos la revolución del amor y la identidad de género. Somos los que somos excluidos, ignorados, pero resistentes. No estamos solos, no estamos equivocados, y no renunciaremos de ninguna manera. Gobernadores, gobiernos o estados cambian, nosotros nos quedamos. ¡Estas amenazas, prohibiciones, presiones no nos detendrán! Echamos de menos nuestra marcha, no renunciamos a nuestra marcha. Estamos celebrando el 25 aniversario de la Semana LGBTI + Orgullo de Estambul, y estamos orgullosos. ¡Estad furiosos vosotros!”.

Erdoğan, más autoritarismo y menos democracia

Desde el fallido intento de golpe de estado en Turquía, en julio de 2016, el presidente del país, Recep Tayyip Erdoğan, lo ha utilizado para acallar cualquier voz crítica que le resulte molesta. Hasta el momento, ha despedido a más de 100.000 funcionarios públicos, acusándolos de golpistas, según denuncia la organización Human Rights Watch. También se ha perseguido a periodistas y medios de comunicación críticos con el Gobierno, a políticos de la oposición y se ha detenido a activistas LGTB como Levent Pişkin o Uğur Büber. Solo en 2016, se le han imputado cargos por “terrorismo” a 47.000 personas.

El pasado mes de abril de 2017, Turquía aprobaba en referéndum convertirse en un estado presidencialista. Además de eliminar el cargo de primer ministro y concentrar poderes en su persona, de un modo autocrático, Erdoğan podrá nombrar ministros del gabinete, uno o varios vicepresidentes, emitir decretos, elegir jueces de los tribunales superiores y disolver el Parlamento. Con los dos mandatos de cinco años, aprobados como el plazo máximo que un presidente tendrá posibilidad de ejercer el cargo, Erdoğan podría mantener su poder casi absoluto hasta 2029. Sin duda, una noticia muy preocupante para el respeto de los derechos humanos y del colectivo LGTB en Turquía.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Ocho años y medio de prisión por robo y asesinato. Ni una sola mención a la homofobia del asesino, ni mucho menos la consideración de delito de odio… Sergei Kosirev, de 23 años, al menos irá a la cárcel por el asesinato de Dmitri Tsilikin, periodista cultural, colaborador de varios medios y crítico teatral, cosido a puñaladas el 27 de marzo de 2016 en su casa de San Petersburgo. Kosirev, simpatizante de la extrema derecha, había contactado con Tsikilin a través de internet.

En abril del año pasado recogíamos la historia. Dmitri Tsilikin era homosexual, aunque no lo había hecho público. Algo a lo que las personas LGTB rusas están acostumbradas, si no quieren exponerse al ostracismo social, al acoso, a represalias en sus lugares de trabajo e incluso a persecución legal si  se considera que su visibilidad puede ser entendida como “promoción de las relaciones no tradicionales”. Pero incluso limitando su visibilidad a círculos privados, muchos caen en las trampas que les tienden -sobre todo a través de internet- extorsionadores y grupos vinculados a la extrema derecha (Occupy Pedofilyaj y similares). Estos últimos, de hecho, los someten a vejaciones que con frecuencia graban y difunden en redes sociales y a agresiones extremadamente violentas, pese a lo cual son tímidamente perseguidos por las autoridades.

Aunque las primeras informaciones nada decían sobre la posible causa, pronto resultó evidente que el asesinato se encuadraba en este contexto de brutal homofobia. Tsikilin y Sergei Kosirev entablaron contacto a través de internet, concertando un encuentro en casa del periodista. Es difícil saber lo que sucedió allí (según las primeras investigaciones el joven le habría chantajeado) pero lo cierto es que desembocó en el apuñalamiento de Tsikilin. Murió desangrado, tras recibir múltiples cuchilladas. El asesino aprovechó para robarle un ordenador portátil, el teléfono móvil y dinero de su cartera antes de abandonar la casa.

La policía dio con Kosirev rastreando las llamadas de teléfono de Tsikilin. Aunque las versiones sobre su testimonio difieren ligeramente, lo que parece claro es que tras su detención el joven, simpatizante de la extrema derecha, admitió haber asesinado a Tsikilin movido por el odio y el afán de “limpieza” social. Ya entonces Tanya Cooper, investigadora en Rusia de la organización Human Rights Watch, adivinaba que ni aún así se reconocería el componente homófobo. “Rusia dispone de leyes contra los delitos de odio que podrían aplicarse. Pero tengo razones para ser escéptica: de las varias docenas de ataques antiLGTB que he documentado en años recientes, ninguno fue investigado ni perseguido como delito de odio. Ni siquiera aquellos en los que más descaradamente el odio era la causa”, escribía entonces…

No se equivocaba. Poco más de un año después, finalmente Kosirev ha sido encontrado culpable de robo y asesinato por un tribunal de San Petersburgo, y ha sido condenado por ello a ocho años y medio de cárcel. No se ha considerado delito de odio, y la motivación homófoba ha quedado invisibilizada por completo. Incluso durante el juicio, que se celebró a puerta cerrada precisamente para que ningún detalle sobre la sexualidad de Tsikilin se hiciese público, como los propios medios rusos recogieron.

Cuando son las víctimas las que sienten pánico a denunciar

Ya hace un año aprovechábamos para hacer referencia el artículo que la periodista ruso-estadounidense Masha Gessen publicó en The New York Times sobre el caso, en el que denunciaba el trato que los medios y la propia sociedad rusa dan a asesinatos como el de Tsikilin. Gessen citaba el testimonio de Alexander Smirnov, un funcionario ruso hoy solicitante de asilo en Estados Unidos, uno de cuyos amigos murió asesinado de la misma forma que Tsikilin, y que sufrió además en sus propias carnes una brutal agresión tras concertar un encuentro online.

Nos parece muy pertinente volver a reproducir un fragmento: “Les rogué que al menos no me mataran. No puedes imaginarte la vergüenza que sentía ante ellos, que eran los que habían entrado en mi hogar y casi me matan. Se llevaron todo lo que tenía, hasta mi teléfono. Ellos eran los delincuentes, pero yo era el que me sentía avergonzado. Temblando, no pude ni llamar a una ambulancia, porque hubiera tenido que explicarles lo que me había pasado. Y por supuesto, no podía decir nada en el trabajo. Pedí a unos amigos que llamaran a la oficina y dijeran que me habían asaltado en una parada de autobús. Y no acudí a la policía. Hubiera resultado muy fácil encontrar a los atacantes, pero no tenía el valor de ponerme delante de un policía en uniforme. Ahora me culpo por haber sido débil, porque aquellos dos han podido matar a otros”, contaba Smirnov a Gessen. Terrible.

Fuente Dosmanzanas

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La organización Human Rights Watch (HRW) ha emitido un duro comunicado en el que denuncia la situación de los solicitantes de asilo LGTB en Ceuta, “expuestos a hostigamiento y abusos” y urge a las autoridades españolas a trasladar inmediatamente a estas personas a la península y cesar “la política de facto” por la cual se bloquean la mayoría de estos traslados.

Los inmigrantes que ingresan en Ceuta en forma irregular son alojados en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El establecimiento, diseñado para estancias breves y con capacidad para 512 personas, está a menudo saturado, según denuncia HRW. A pesar de los esfuerzos del personal, los solicitantes de asilo no pueden recibir la atención y los servicios que el derecho español les reconoce, tal y como la propia organización pudo comprobar en una visita al centro los pasados 28 y 29 de marzo, momento en el que había allí concentrados 943 residentes. “Según el personal del centro, actualmente hay entre 70 y 80 solicitantes de asilo en el centro de Ceuta”, expresa el comunicado. De ellos, al menos 10 han pedido asilo por ser objeto de persecución y acoso en sus países de origen por su orientación sexual o identidad de género.

“Human Rights Watch habló con tres hombres gais alojados en el centro, dos procedentes de Marruecos y uno de Argelia, que habían pedido asilo por persecución debido a su orientación sexual. Describieron haber vivido situaciones de abuso extremo, incluida la violencia física ejercida por familiares, rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en las calles de sus países de origen. Un hombre de Marruecos dijo que había sido encarcelado, en parte, por su orientación sexual. Tanto Marruecos como Argelia criminalizan la actividad sexual con consentimiento entre personas del mismo sexo, y prevén para esto una pena de hasta tres años de prisión y multas”, explica HRW.

Los tres hombres se refirieron a las dificultades que enfrentaban en el centro y en Ceuta debido a su orientación sexual. “Ahmed [seudónimo], de 29 años, y oriundo de Marruecos, dijo que huyó de su país porque sufría amenazas de su familia y de la policía, pero que está recibiendo el mismo trato por parte de otras personas que se alojan en el CETI. ‘Ellos [otros residentes del CETI] me dicen que si me ven afuera [del centro] me van a pegar’, según contó. ‘Me atacan, y yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó’”, explica por ejemplo el comunicado.

Traslados a la península: no para los solicitantes de asilo

Los solicitantes de asilo LGBT están atrapados en Ceuta por causa de una política que, según cree Human Rights Watch, está diseñada para disuadir las solicitudes de asilo. “Los migrantes que no piden asilo reciben órdenes de expulsión y son trasladados a España peninsular a un promedio que las autoridades procuran que sea de 80 por semana, y allí son asignados a centros de detención mientras se encuentra pendiente su deportación o a refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, a los solicitantes de asilo en general no se les permite trasladarse”, explica HRW. “Negar a los solicitantes de asilo su libertad de circulación para disuadir las solicitudes no solo sería cruel y errado, sino que además supondría un uso indebido de poder”, explica Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de la organización. “Sin embargo, la evidencia sugiere que las autoridades ofrecen una dura alternativa a las personas que necesitan protección, al exigirles que manifiesten su necesidad y permanezcan meses o años en una situación indefinida en Ceuta, o que corran el riesgo y pidan asilo recién después de haber sido trasladadas al territorio continental, cuando ya tienen una orden de expulsión en mano”, añade.

En definitiva, se da una situación paradójica: mientras que migrantes irregulares que no han solicitado asilo son trasladados con cierta rapidez a la península, los que lo solicitan se quedan en Ceuta mucho más tiempo, “a veces durante la totalidad del procedimiento en el que se evalúa su solicitud de protección, un proceso que puede demorar bastante más de un año”. La única excepción son los solicitantes de asilo procedentes de Siria, a los que sí se traslada regularmente a la península desde Ceuta o desde Melilla. “La situación de los enclaves, que son las fronteras de la Unión Europea en la costa sur del Mediterráneo, es sin dudas diferente de la de otros países, pero esto no justifica castigar a quienes ingresan a Ceuta en busca de asilo. España tiene los medios para tratar dignamente a los solicitantes de asilo, incluidas las personas LGBT que buscan un país tolerante donde puedan vivir sin temor a sufrir discriminación o violencia”, explica Sunderland.

HRW, de hecho, considera que la perspectiva de tener que permanecer en Ceuta en forma indefinida disuade a las personas que necesitan protección internacional de solicitar asilo. La organización, por ejemplo, habló con una persona de 22 años de la República Centroafricana que, un mes después de llegar al centro de acogida, estaba debatiéndose entre solicitar o no asilo: “El procedimiento lleva mucho tiempo, no quiero quedarme aquí”, les dijo. Y lo que es muy grave: a través de distintas fuentes, HRW tuvo también constancia de que un hombre subsahariano retiró su solicitud de asilo después de que la policía le dijera expresamente que sería trasladado al territorio continental si lo hacía. Algunos días después, fue trasladado.

Relatos de solicitantes de asilo

Ahmed, el joven marroquí de 29 años al que nos hemos referido antes, contó a HRW que en su país no tenía a nadie que lo protegiera, ni entre su familia ni en la policía. En Marruecos sufrió palizas por ser gay e incluso fue condenado a seis meses de prisión. Pero la vida en el CETI de Ceuta, donde se aloja desde mediados de octubre de 2016, tampoco es fácil para él: “Aquí también me insultan, me dicen maricón. Me dicen que cuando me ven fuera me van a pegar. Y me atacan, yo escapo. Una vez, en noviembre o diciembre, uno me pegó. Era un argelino. Me decía maricón, te voy a matar. Anteayer estaba con un amigo, vino un argelino y me echó de la habitación diciéndome ‘eh maricón, sal de aquí’ (…) Quiero sobrevivir, quiero un futuro. No quiero pensar siempre en que me van a pegar”.

Francisco (también un pseudónimo) es otro ciudadano marroquí, de 30 años, que vive en el centro hace 14 meses. Contó a HRW que su familia lo echó cuando tenía 12 años debido a su sexualidad. Había sido violado por dos hombres cuando todavía era adolescente, y golpeado y detenido por la policía. Llegó a un punto límite cuando su primo, con el que Francisco había vivido después de que aquel regresara tras vivir algunos años en el extranjero, se puso en su contra tras enterarse de que era gay. “Me vine a Ceuta. No me quedaba más remedio que pedir asilo. Pero aquí está muy mal. Estoy desesperado. Ceuta me parece igual como en Marruecos. Una vez estaba en la playa, un tío un poco mayor me ofreció un purrito. Dije que no. Él quería abusar de mí, pero no quería, y me tiró una piedra y me pegó un puño. Fui a la policía. Al inicio no quisieron tomar la denuncia. No hicieron nada, lo veo siempre ahí….En el CETI no hablo con nadie, evito los problemas. Si no, reviento. Sabes, echado de casa a los 12 años, todos los problemas”, relató.

Said (otro seudónimo) es un ciudadano argelino de 32 años, que llevaba casi 10 meses en el CETI cuando HRW lo entrevistó: “Quiero tener una nueva vida. Necesito olvidarme de mis problemas. No tenía mucha idea de adónde ir, solo quería un lugar donde pudiera vivir sin violencia. Aquí las cosas son difíciles. Solo puedes dormir y comer, dormir y comer. Aquí evito a todos para no tener problemas”.

Un miembro del personal del CETI confirmó a HRW que otros residentes suelen burlarse y hostigar, sea en el propio centro o en las calles de Ceuta, a las personas LGBT que solicitan asilo:. “Muchos no aceptan compartir una habitación con un homosexual. O los hostigan aquí o pelean fuera del centro”.

El asilo a las personas LGTB, deuda pendiente del Gobierno español

Por desgracia no es la primera vez que nos referimos a la actitud indolente del Gobierno español por lo que a los solicitantes de asilo LGTB se refiere. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) lleva años alertando sobre las dificultades que las personas LGTB perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección. Y eso que la directiva de acogida de la Unión Europea, vinculante para España, exige tener en cuenta la situación de las personas vulnerables al brindarles alojamiento, así como tomar medidas para prevenir la agresión y el acoso sexuales en los centros de acogida.

“Si bien las personas LGBT que solicitan asilo no están enumeradas en la directiva como personas consideradas vulnerables, Human Rights Watch coincide con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europa) en que muchas personas LGBT que buscan asilo reúnen los requisitos debido al tipo de persecución que viven en sus países de origen”, explica HRW. “Las mejores prácticas para la acogida de personas identificadas como solicitantes de asilo LGBT por dichas organizaciones incluyen alojamiento en habitaciones individuales, traslados a centros más pequeños, capacitación específica para el personal y facilitación del acceso a organizaciones LGBT y redes de apoyo”, añade.

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Detienen a 53 personas en Nigeria, acusándolas de «conspiración, reunión ilegal y pertenencia a un grupo anti social» por estar celebrando lo que se supone era una boda gay en un establecimiento hotelero en base a una ley de 2014 que condena la mera convivencia entre personas del mismo sexo.

Mientras se suceden las condenas y movilizaciones por la purga de homosexuales en Chechenia, continúa la caza del gay en Nigeria, donde sólo el año pasado se registran hasta 152 violaciones de los derechos de la comunidad LGBT, siendo habitual agredir físicamente a cualquier persona sospechosa de ser homosexual. No es tampoco la primera vez que se detiene a un grupo de personas que acuden a algún tipo de celebración, que pueda ser un cumpleaños o con cualquier otro pretexto, como sucedía el pasado 15 de abril en el estado de Kaduna, donde se retenía algo más de cincuenta personas sospechosas de acudir a la celebración de una boda gay.

«Los sospechosos fueron detenidos el 15 de abril en un motel (…). Se les acusa de conspiración, reunión ilegal y de pertenencia a un grupo anti social», declara el senador Mahmud Bello. Según la versión de la policía se les detiene por estar «preparando la celebración de un matrimonio homosexual en un hotel de Zaira, entre Faruk y Sanussi, que siguen fugados» y habrían sido delatados, presuntamente, por un trabajador del establecimiento hotelero. La mayoría de los detenidos son estudiantes de entre 20 y 30 años de edad que fueron puestos en libertad este miércoles, 20 de abril, tras declararse inocentes y abonar una fianza interpuesta por un juez de la Corte de Justicia de Zaria, quien les ha citado para continuar el proceso el próximo 8 de mayo.

La ley de Nigeria castiga la homosexualidad con penas de entre 10 y 14 años de cárcel, no sólo las «relaciones amorosas entre personas del mismo sexo», sino la mera «cohabitación entre personas del mismo sexo», según una ley aprobada por el ahora expresidente Goodluck Jonathan en 2014. A pesar de ser un país terriblemente homofóbico, cuya población es fuertemente religiosa, ya sean cristianos o musulmanes, nunca ha nadie ha sido condenado por esta ley, salvo una joven, condenada por ser lesbiana, aunque puedo eludir la cárcel al conseguir el estatus de refugiada en Francia.

Pero desde que la ley entrara en vigor sí parece haberse generado «un sentimiento de miedo y de celo excesivo» ante la manera en la que actúan las fuerzas de seguridad, según explica Wendy Isaack, especialista de temas de género para Human Rights Watch, como prueba de ello están las numerosas detenciones que a menudo se producen por simples sospechas o por celebrar su cumpleaños con sus amigos, como sucedía cuando detenían al activista Ifeanyi Orazulike.

Nigeria: violencia social y de Estado

La homosexualidad es ilegal en Nigeria según los artículos 214 y 217 de su Código Penal y puede tener penas de hasta 14 años de cárcel. En Nigeria las relaciones homosexuales se castigan con penas que pueden llegar hasta los 14 años de cárcel (en el sur cristiano) o incluso hasta la muerte por lapidación (en los estados del norte en los que se aplica la ley islámica). A principios de 2014, además, el presidente Goodluck Jonathan promulgó una ley que agravaba el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad, prohibiendo toda muestra de afectividad entre personas del mismo sexo y cualquier actividad relacionada con la realidad LGTB. No en vano, algunos la describieron como la ley para “encarcelar a todos los gays”. Desde su entrada en vigor, no han cesado de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB de Nigeria, alentados por los líderes políticos y religiosos, que han creado un ambiente de profunda homofobia social. Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual. En noviembre 21 estudiantes fueron detenidos acusados de prostitución masculina, según un periódico local.

En marzo de 2016, una turba violenta atacó a 20 jóvenes de quienes sospechaban, por su aspecto afeminado, que eran homosexuales. Todos ellos habían sido arrastrados fuera de sus casas y reunidos para golpearlos sin compasión. La brutal paliza a que les sometieron hizo temer por sus vidas. Ninguna de las víctimas quiso presentar denuncia, por temor a las represalias de sus agresores y por no enfrentarse al estigma de ser considerados homosexuales públicamente. En mayo, seis jóvenes fueron detenidos en Benin City acusados de mantener relaciones sexuales.

En el mes de octubre del mismo año, fue detenido un hombre acusado de mantener relaciones homosexuales, tras negarse a ser víctima de un chantaje. Al parecer, todo fue urdido por una pareja de madre e hijo, que se dedican a extorsionar a homosexuales con la amenaza de denuncia. Tras la negativa, la Policía procedió casi inmediatamente al arresto.

Posteriormente, en diciembre dimos la noticia de que un magistrado del Tribunal de Damaturu, la capital del estado de Yobe, había condenado a cinco hombres a sendos siete años de prisión por haber mantenido relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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El presidente checheno Ramzan Kadyrov

Un nuevo reportaje del Novaya Gazeta, periódico que destapó la persecución a hombres gays en Chechenia, asegura que se ha creado un campo de concentración en el que están retenidos y son torturados sistemáticamente.

Siguen apareciendo más informaciones sobre la persecución organizada de las autoridades chechenas contra su población homosexual. La semana nos hacíamos eco de la investigación publicada por el periódico ruso Novaya Gazeta que señalaba al gobierno de Chechenia como responsable de una purga de hombres gays en la región. Aunque las autoridades lo negaron basándose en que “no se puede perseguir lo que no existe en la república“, varios organismos internacionales le dieron veracidad a la información por la cantidad ingente de testimonios e informes que estaban recibiendo de personas en el terreno. La semana pasada un hombre que había sido detenido aseguraba que le habían atado a una rudimentaria silla eléctrica y fueron soltándole descargas para que delatara a otros hombres.

Ahora el mismo periódico publica que, según sus informaciones con el mismo objetivo parece que se constituyó un ilegal campo de concentración de prisioneros gais en la ciudad chechena de Argún, a unos 15 kilómetros de Grozni (la capital de la república). Según recoge Novaya Gazeta (el mismo diario ruso que destapó el escándalo sobre los secuestros, torturas y homicidios de homosexuales en la república rusa de Chechenia), el campo se ubica en un antiguo complejo militar, oficialmente sin uso desde hace años y en el que se está reteniendo a cientos de hombres gays y bisexuales (sólo se ha confirmado esto, no se sabe si hay también mujeres lesbianas o personas trans). Los detenidos son víctimas de abusos y torturas y de violentos interrogatorios en los que se les obliga a confesar los nombres y localizaciones de otros hombres gays. El mismo medio también deja claro que no es el único centro de detenciones que las autoridades chechenas mantienen en secreto.

Según el Novaya Gazeta el propio Portavoz del Parlamento de Chechenia habría visitado la instalación, en la que se está sometiendo a los hombres gays a descargas eléctricas y palizas; e incluso parece que se utiliza a alguno de ellos para extorsionar a sus familias y sacarles dinero en forma de rescate. Y todavía más, el propio Ramzán Kadýrov, presidente de la República de Chechenia, habría podido visitar esta prisión secreta, acompañado por un grupo de funcionarios (un extremo que no se ha contrastado aún). En todo caso, Kadýrov es un aliado estratégico de Vladimir Putin en la región (con el objetivo de contener el movimiento separatista checheno). No en balde, el presidente checheno es miembro de Rusia Unida y está en posesión de uno de los mayores reconocimientos nacionales: “Héroe de la Federación de Rusia” (una condecoración recibida de manos del propio Putin). Paradójicamente, Kadýrov también cuenta con distinciones por el mantenimiento del “orden público”.

Lugar en el que, según el Novaya Gazeta, se ha creado el campo de concentración para gays en Argún

Como la mayoría de representantes públicos de Rusia Unida, Ramzán Kadýrov y Vladimir Putin comparten una aversión sin tapujos por la comunidad LGTB y sus derechos más fundamentales. Desde que el Parlamento ruso aprobara en 2013 la prohibición de informar positivamente sobre relaciones sexuales “no tradicionales” a menores, se ha ido agudizando de facto la persecución del colectivo LGTB, cometiendo toda clase de injusticias y persecuciones sociales y políticas contra cientos de activistas. Pero las “fuerzas de seguridad” chechenas, con el presunto beneplácito del propio presidente de la república, han decidido ir todavía más lejos.

Aunque en España el caso de Chechenia está quedando en una tercera línea informativa, estamos atentos a las fuentes internacionales para poder seguir narrando las atrocidades cometidas, principalmente, contra hombres gais (sin descartar otras posibles víctimas LGTB). Estas actividades al margen de la legalidad, supuestamente estarían auspiciadas por las autoridades de esta república de la Federación de Rusia (que hasta el momento se han negado a reconocer los hechos).  El argumentario oficial se sostiene en la premisa de que “no puedes detener a personas que no existen en nuestra república. Si personas así existieran en Chechenia, las fuerzas de orden público no tendrían que preocuparse de ellas: sus propias familias se encargarían de enviarlas donde no pudiesen volver”.

Hasta el momento, “más de 100 personas han sido detenidas por razones arbitrarias en cárceles no oficiales, donde las víctimas están siendo torturadas mediante corriente eléctrica, cruelmente golpeadas y obligadas a difundir los contactos personales de otros hombres homosexuales en Chechenia”, tal y como ha denunciado desde ILGA-Europa (la rama europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

Estos hechos están mereciendo la condena internacional (incluyendo a las autoridades europeas y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch). También han reclamado una “investigación” países como los Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania y el Parlamento Europeo, y han exigido al Kremlin que realice una investigación para saber con certeza qué está ocurriendo y quién es el responsable. Desde el Kremlin se comprometieron a llevar a cabo esa investigación, aunque no parece que esté sirviendo de mucho.

Como explicábamos en nuestra anterior entrada, la comisionada para de Derechos Humanos en Rusia, Tatiana Moskalkova, ha enviado una solicitud oficial al Fiscal General sobre la persecución de personas homosexuales en Chechenia. Moskalkova decía que “no importa la raza, el género, las tendencias [sexuales] o las creencias religiosas. El secuestro es un delito”. Mucho nos tememos, a tenor de las últimas informaciones publicadas (así como por el historial de LGTBfobia de Estado de los últimos años), que el Gobierno del Kremlin está más preocupado por silenciar a la oposición política que por velar a favor de los derechos humanos en todo el territorio ruso.

Tanya Lokshina, de la Human Rights Watch, ha emitido un comunicado en el que da veracidad a los informes y testimonios y denuncia los secuestros, palizas y torturas a los que se está sometiendo a los hombres gays. Además añade que “estos días, muy poca gente en Chechenia se atreve a hablar con los vigilantes de los derechos humanos o con periodistas, incluso anónimamente, porque el clima de terror es abrumador y se ha intimidado a la población para que guarden silencio. Presentar una queja formal contra las autoridades locales es extremadamente peligroso, pues las represalias son prácticamente inevitables. Es difícil exagerar lo vulnerable que es la población LGTB en Chechenia, donde la homofobia es intensa y está muy extendida. Las personas LGTB están en riesgo no sólo de ser perseguidas por las autoridades sino también de ser víctimas de un “asesinato por honor” a manos de sus propias familias por haber manchado el honor familiar.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Organizaciones LGTB locales e internacionales han dado a conocer las medidas implantadas por el gobierno japonés con el objetivo de reducir la tasa de acoso e intimidación hacia los jóvenes pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en el país asiático.

El Ministerio de Educación de Japón ha actualizado su guía de Políticas Básicas para la Prevención del Bullying con el objetivo de incluir en las mismas la defensa de los jóvenes LGTBI frente a la discriminación y al acoso del que son víctimas en los centros educativos en base a su orientación sexual o identidad de género, comenzando a emprender medidas para reducir la tasa de suicidios que sufre dicho colectivo en el país asiático.

La actualización de la guía que indica a los profesores de Japón la manera de proceder frente a casos de discriminación y acoso añade un texto a la misma que establece que “debe promoverse una comprensión adecuada de la orientación sexual e identidad de género, así como ser conscientes de las medidas a favor de ello establecidas en cada centro educativo”.

La organización Human Rights Watch (HRW) ha sido la responsable de dar a conocer la decisión del Ministerio de Educación de Japón de incluir la defensa de los derechos de los jóvenes LGTB en su actualización de la guía de Políticas Básicas para la Prevención del Bullying.

“Las nuevas políticas escolares de Japón sobre el acoso escolar representan un paso importante para garantizar el acceso igualitario a la educación a todos los jóvenes japoneses, sin distinciones basadas en su orientación sexual o identidad de género”, ha manifestado la activista Kanae Doi, directora de la organización Human Rights Watch, el colectivo que ha dado a conocer la actualización de la guía escolar por parte del Ministerio de Educación nipón, en Japón.

La activista defensora de los derechos civiles de la comunidad LGTB en el país asiático ha defendido que la actualización de la guía para incluir a los jóvenes pertenecientes a la diversidad sexual supone “una demostración por parte del gobierno de sus intenciones de educar y capacitar a los maestros para proteger a los estudiantes LGTBI”.

Fuente PinkNews, vía Universogay

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El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, conocido por su mano de hierro en el gobierno del país y sus feroces diatribas LGTBfobas, perdió las elecciones presidenciales después de 22 años de mandato. El vencedor fue Adama Barrow, un político que nunca ha ocupado un cargo público, que se presentaba por el Partido Democrático Unido y ha sido apoyado por una coalición de siete grupos opositores. Sin saber el talante específico de Barrow respecto a los asuntos LGTB, en principio no cabe más que felicitarse por el derrocamiento de Jammeh, quien ha hecho de la LGTBfobia uno de los rasgos distintivos de su figura y es responsable último del endurecimiento de la ya rigurosa legislación anti-LGTB existente en Gambia, hasta conseguir castigar las relaciones homosexuales con penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.

A Yayah Jammeh le conocemos porque aunque no es un señor gracioso (bueno, me refiero a su figura de dictador africano claro, a lo mejor en persona el hombre es un no parar de chistes) nos hizo mucha gracia cuando hace un tiempo dijo que él podía curar el SIDA, pero sólo los lunes y los martes laborables. Otras cosas que Jammeh decía y que no tenían tanta gracia era que la homosexualidad es “más mortal que todos los desastres naturales puestos juntos”, que somos “alimañas” y que vamos a acabar con el mundo.

Jammeh ha dejado de ser “presidente” de Gambia y se ha largado del país. Pero claro, es un dictador, cuando un dictador “pierde” unas elecciones lo primero que hace es quejarse de que están manipuladas. Aunque sea él el que manda. Y eso que lo intentó, que justo antes de las elecciones bloqueó el acceso a internet en el país, prohibió que hubiera observadores internacionales y dijo que no habría recuento. Cosa de la que probablemente se arrepintiera al perder pero claro, es un dictador. El caso es que Yayah Jammeh perdió frente a su adversario, Adama Barrow.

Tras 22 años en el poder, Jammeh ha tenido que coger a su familia, meterla en un avión y largarse. Según parece se va a esconder en Guinea, pero no hay nada oficial por el momento y lo único que Barrow ha dicho es que “a partir de ahora vivirá en un país extranjero“.

No tenemos ni idea de cuáles son las ideas de Barrows sobre la homosexualidad pero hay que tener en cuenta que Gambia es un país eminentemente homófobo…

Un presidente ferozmente LGTBfobo

El ya presidente saliente de Gambia ha hecho de la LGTBfobia uno de los rasgos más distintivos de su figura. Sin duda, es el responsable último de la aprobación en 2014 de una ley que agravaba la consideración penal de las relaciones entre personas del mismo sexo —ya antes castigadas con 14 años de prisión— hasta alcanzar la cadena perpetua. La legislación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, afecta indistintamente a hombres y mujeres, pues ya en 2005 se “actualizó” el Código Penal para incluir también a las lesbianas. Como es habitual cuando se aprueban leyes represoras contra las personas LGTB, de inmediato comenzaron las detenciones, que han continuado sucediéndose durante el mandato de Jammeh.

Pero Yahya Jammeh también ha destacado por sus frecuentes diatribas personales contra la población LGTB. En febrero de 2014 contábamos cómo comparaba a las personas homosexuales con alimañas. “Combatiremos a esas alimañas llamadas homosexuales o gais de la misma forma que combatimos a los mosquitos que causan malaria, si no de una manera más agresiva”, expresaba entonces Jammeh en un discurso conmemorativo de la independencia gambiana. “No aceptaremos ninguna amistad, ayuda u otro gesto que lleve como condición aceptar a los homosexuales o a los LGTB”, añadía. Unas siglas que según él “solo pueden significar Lepra, Gonorrea, Tuberculosis y Bacterias, que son todas nocivas para la existencia humana”.

No era sin embargo la primera vez que Jammeh hacía uso de la homofobia para ganar popularidad. En su discurso de Navidad de 2013, dirigido a la minoría cristiana, tachó a los homosexuales de “cáncer social”. Pero quizás más grave fue que aprovechara su intervención ante la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas ese mismo año para pronunciar un virulento discurso de incitación al odio en el que calificó a la homosexualidad de “una de las mayores amenazas para la existencia humana” y a las relaciones entre personas del mismo sexo como “más mortales que todos los desastres naturales juntos”.

Años antes, en 2008, amenazó con decapitar a todos los homosexuales que no abandonaran el país, y en 2009 hacía un llamamiento al Ejército para detectar conductas homosexuales en su seno, que entonces también calificó de “diabólicas”. En febrero de 2012, Jammeh insistía en que los derechos de las personas homosexuales no pueden considerarse derechos humanos; y en abril del 2013, amenazó a los homosexuales que visiten su país con “arrepentirse de haber nacido”.

En 2015, en otro de sus discursos durante una gira por los territorios agrícolas gambianos, advirtió de que “si haces eso [mantener relaciones homosexuales] en Gambia, te cortaremos la garganta”. Más tarde añadió: “Si eres un hombre y quieres casarte con otro hombre en este país y te atrapamos, nadie volverá a verte, y ningún blanco podrá hacer nada al respecto”, refiriéndose probablemente a los dirigentes de la Unión Europea, que en diciembre de 2013 habían cancelado las ayudas de 13 millones de euros destinadas al país africano por su quebrantamiento de los derechos humanos y a las sanciones de EE.UU..

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Ban Ki-moon luce corbata morada en solidaridad con el colectivo LGBT en la ONU

Varios diplomáticos aseguran que las presiones de Rusia (y otros países) consiguieron eliminar las referencias al colectivo LGTB en la declaración con la que el Consejo de Seguridad despedía a Ban Ki-moon.

El surcoreano Ban Ki-moon se dispone a dejar la secretaría general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en manos de su sucesor, el portugués António Guterres, el próximo 1 de enero. Durante la década que ha dirigido la ONU, Ban Ki-moon ha destacado, entre otras cosas, por su defensa de los derechos de la comunidad LGTB. Como ha venido recogiendo dosmanzanas, sin embargo, no ha sido una tarea fácil, teniendo en cuenta que ha contado con la oposición permanente de Rusia, la India y China, así como de los estados africanos y de varios países árabes como Arabia Saudí o Marruecos. De hecho, en su despedida, la delegación rusa ha vetado que el Consejo de Seguridad le brinde un reconocimiento expreso por su labor igualitaria en clave LGTB. Con todo, teniendo la certeza de que Ban Ki-moon ha sido el mejor secretario general de la ONU hasta la fecha, al menos desde el punto de vista LGTB, resta pensar que la historia acabará poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde.

En un extenso reportaje publicado a principios de mayo,  hacíamos un repaso a la trayectoria de los nueve candidatos a suceder a Ban Ki-moon desde el punto de vista LGTB (posteriormente, se sumarían a la carrera tres nuevos nombres: la argentina Susana Malcorra, el eslovaco Miroslav Lajčák y la costarricense Christiana Figueres). Finalmente, el elegido ha resultado ser el portugués António Guterres, que asumirá plenamente su cargo el próximo 1 de enero de 2017. La secretaría general de la ONU es un puesto clave para la visibilización de políticas LGTB en el plano internacional, aún con las limitaciones políticas y diplomáticas que entraña.

Precisamente por ello, varias naciones en las que la homofobia, la transfobia y la bifobia son banderas oficiales llevan haciendo todo lo posible desde 2007 hasta la fecha (periodo durante el cual Ban Ki-moon ha sido secretario general de la ONU) para bloquear cualquier iniciativa favorable a la igualdad LGTB. En este sentido, Rusia ha puesto la puntilla LGTBfóbica al final del mandato de Ban Ki-moon. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas despedía al que ha sido secretario internacional los últimos diez años y a iniciativa de los Estados Unidos se trató de agradecer, específicamente, su labor en clave LGTB. La declaración que se pretendía aprobar incluía la siguiente frase: “gracias a usted, señor secretario general, se ha escuchado y ayudado a las mujeres, a los jóvenes y a la comunidad LGTB, y hoy sus voces sonarán más y más fuertes en esta sede y en todo el mundo”. Pero la delegación diplomática de Rusia volvió a demostrar su cara más intolerante y logró que la redacción final evitara cualquier referencia a la comunidad LGTB, quedando de la siguiente manera: “los más vulnerables o marginados han sido cada vez más escuchados y asistidos por las Naciones Unidas”.

El encargado de leer la declaración final fue el diplomático español Román Oyarzun, en tanto que la presidencia rotatoria le corresponde a España durante el mes de diciembre. Por su parte, el propio Ban Ki-moon, de 72 años, ha reconocido que “mi mayor remordimiento al dejar el cargo es la continuación de la pesadilla en Siria”. Aunque no es común escuchar aplausos en la sala del Consejo de Seguridad, la mayoría de embajadores presentes le dedicaba una prolongada y sonora ovación al finalizar el acto.

Samantha Power, la todavía embajadora estadounidense ante la ONU y defensora de las políticas igualitarias (una posición y un cargo que, desgraciadamente, podrían cambiar tras el triunfo electoral de Donald Trump), ha asegurado que aunque “Ban Ki-moon no asumió el cargo de secretario general como un defensor de los derechos LGBTI”, su posicionamiento cambió “cuando escuchó la forma en que las personas LGBTI son discriminadas por ser quiénes son y por aquellos a los que aman, intimidadas por compañeros de clase y vecinos, despedidas de trabajos, excluidas de servicios básicos, atacadas físicamente o incluso asesinadas”, ya que entonces “se convirtió en un celoso defensor de sus derechos”.

Trayectoria pro LGTB de Ban Ki-moon en la ONU

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. “La marea está girando” a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida.

Ban Ki-moon impulsó que Naciones Unidas reconocía en verano de 2014 los matrimonios del mismo sexo de sus empleados. Hasta ese momento solo admitía los matrimonios del mismo sexo de los trabajadores procedentes de países donde el matrimonio igualitario es legal. La nueva medida establece el reconocimiento de todos los matrimonios entre personas del mismo sexo legalmente contraídos, sea cual sea el país de origen de los contrayentes. Un año después, la delegación rusa en las Naciones Unidas manifestaba su oposición a dicha resolución. Entonces, el representante ante las Naciones Unidas de Human Rights Watch, Philippe Bolopion, aseguraba que el resto de estados miembros deben contrarrestar “los esfuerzos de Rusia para imponer en la ONU el mismo tipo de actitudes homófobas que Moscú promueve en su país”.

Con motivo de la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género que tuvo lugar en Oslo en 2013, Ban Ki-moon aseveró que “todos deberíamos estar indignados cuando vemos como hay personas que sufren discriminación, agresiones e incluso asesinatos simplemente por ser lesbianas, gays, bisexuales o transexuales”. El secretario general de la ONU consideró, además, que la cultura, la tradición o la religión no pueden justificar la discriminación de las personas LGTB.

“Mi promesa a los miembros gais, lesbianas, bisexuales y transexuales de la familia humana es la siguiente: estoy con vosotros. Os prometo que como secretario general de Naciones Unidas voy a denunciar los ataques contra vosotros y voy a mantener la presión sobre vuestros líderes para progresar. Me he comprometido a liderar una campaña mundial en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Cuento además con que otros se nos unirán. Juntos podemos hacer que el mundo sea más seguro, más libre y más igualitario para todos”, dijo Ban Ki-moon. Asimismo, a finales de 2014 el secretario general de Naciones Unidas alababa a la eurovisiva Conchita Wurst y renovaba su compromiso personal en materia LGTB. “La discriminación no tiene cabida en Naciones Unidas”, afirmó el político surcoreano.

Hay que resaltar que otro de los grandes logros desde la óptica igualitaria del mandato de Ban Ki-moon ha sido el nombramiento de un experto de Naciones Unidas contra la discriminación a las personas LGTB (propuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay). Se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A principios de octubre de este año conocíamos el nombre del primer responsable del puesto: el tailandés Vitit Muntarbhorn. En noviembre, apenas un mes después, los estados africanos intentaban revertir sin éxito dicho nombramiento.

Desde Cristianos Gays queremos recordar la trayectoria de Ban Ki-moon con este vídeo promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el pasado 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia, en el que el propio secretario general aparece firmando una pancarta en la que se pedía el “final de la violencia y la discriminación contra las personas LGTB”.

António Guterres, una de cal y otra de arena

El nuevo secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, parece haberse posicionado los últimos años en favor de la comunidad LGTB. No obstante, cuenta con antecedentes homófobos que a algunos sectores les ha hecho preguntarse si es el candidato más adecuado desde el punto de vista igualitario. En una entrevista concedida en septiembre de 1995, siendo primer ministro portugués, declaró públicamente que “la homosexualidad no es un aspecto que particularmente me guste”. Por otra parte, a pesar de militar en el Partido Socialista, en 1998 se posicionó en contra del aborto, alegando sus convicciones morales y profundamente católicas.

En el otro lado, durante la campaña “Libres e Iguales” que lanzó la ONU en 2015 (20 años después de sus palabras homófobas), en calidad de presidente de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), António Guterres recordaba que “más de 40 países de todo el mundo reconocen ahora como mi oficina, que la persecución contra las personas LGTB puede ser un motivo válido para el asilo de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951. Mi esperanza es que cada vez más Estados miembros adoptan este enfoque en el futuro”.

Guterres también añadía en ese momento que “las personas que huyen de la discriminación y la violencia por ser homosexuales y transexuales, a menudo experimentan múltiples persecuciones: en su propio país y en los países de asilo, incluso dentro de sus propias familias y comunidades. En este día, hago un llamamiento a los Estados y las sociedades para proporcionar a estas personas una mejor protección, y eliminar todas las formas de violencia y discriminación”. Nos hacíamos eco de dicha campaña, así como del avanzado informe en materia de derechos LGTB publicado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

A sus 67 años, ha logrado imponerse a pesar de ser el único aspirante de la Europa Occidental, después de haber dedicado más de 20 años al servicio público. Además de primer ministro de Portugal (entre 1995 y 2002) y presidente de la Internacional Socialista (entre 1999 y 2005), fundó la asociación portuguesa de consumidores DECO y el Consejo Portugués de Refugiados. Habla cuatro idiomas, entre los que se encuentra el castellano. Se especuló sobre que su activa y apasionada defensa de los derechos de los refugiados podría suponer un freno para su candidatura, dadas las posturas radicales que muchos gobiernos de la Unión Europea están adoptando en este sentido. Ahora tiene por delante, entre muchas otras, la ardua tarea de impulsar la igualdad de derechos de la comunidad LGTB en el mundo.

Cualquier persona puede evolucionar en sus pensamientos y admitir que se equivocó en el pasado. Por ello queremos concederle el beneficio de la duda a Guterres. Eso sí, es necesario que tenga determinación contra la intolerancia y la violencia LGTBfóbica en el ámbito internacional como secretario general de la ONU. Aunque Ban Ki-moon deje el pabellón muy alto en este sentido, el mundo no puede permitirse retroceder ni un paso andado.

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El presidente Rodrigo Duterte declaró la guerra contra las drogas, que combate con medidas fuertemente criticadas por la comunidad internacional, pero ahora le piden que tome cartas contra otra guerra, la del VIH que se ha disparado en Filipinas, teniendo como víctimas principales a los homosexuales. 

«Matando a los criminales si hace falta», aseguraba el actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en su campaña electoral, promesa que no sabemos si ya ha cumplido después de que alrededor de 1900 personas, entre presuntos narcotraficantes y drogadictos, hayan perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad o grupos de vigilancia desde el 1 de julio, cuando jurara su cargo como presidente y emprendiera su particular guerra contra la droga. Una política por la que ha sido criticado tanto por algunos miembros de la Naciones Unidas como por distintos grupos en defensa de los derechos humanos, como los que ahora le piden haga frente a una de las epidemias más graves de VIH que está teniendo lugar en el Pacífico asiático, de la que habrían alertado anteriormente, pero que estaría alimentada por las políticas oficiales que limitan la intervención de grupos externos y evitando deliberadamente el suministro de preservativos para las relaciones sexuales entre hombres en lo que ¿podría denominarse una guerra contra los gays?

Duterte ya apuntaba a maneras en su campaña electoral y no ha defraudado una vez ha comenzado su mandato como presidente. En su particular guerra contra las drogas llega a ofrecer 38.000 euros a quien delate a policías corruptos después de compararse con el propio Adolf Hitler; se aleja de los Estados Unidos para estrechar lazos con China después de llamar «hijo de puta» a Barack Obama; y ha prometido que moderaría su lenguaje después de que Dios se lo haya pedido personalmente. Pero escuchar a Dios no implica necesariamente hacer oídos sordos a organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que denuncian en un informe que el número de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres infectados por VIH se ha duplicado en los últimos cinco años sin que el gobierno haya puesto medidas preventivas entre los homosexuales.

La religión católica que profesan hasta un 80 % de los filipinos es gran parte de la herencia que dejaron los españoles tras cuatro siglos de colonización. Si a esto sumamos que la educación para prevenir el contagio del Sida es insuficiente, que apenas existen puntos de distribución oficiales de preservativos en Filipinas, ni de manera gratuita ni comercial, llegando a prohibirse su distribución en algunas localidades, y que para acceder tanto a los preservativos como para poder hacerse análisis de VIH, los menores de 18 de edad necesitan autorización de sus padres, entenderemos las causas que han llevado a un aumento del 100 % de nuevos casos de VIH en el país asiático entre 2001 y 2015.

Entre enero de 1984 y octubre de 2016 se han registrado 38.114 casos de portadores del VIH, lo que supone algo menos del 1 % de una población de poco más de 100 millones de habitantes, pero la tasa de aumento es alarmante si tenemos en cuenta que 32.099 de esos casos están registrados en el último lustro, por lo que se estima que a finales de este año la cifra podría ascender hasta los 55.000 pacientes, a un ritmo estimado de 26 nuevas infecciones al día, de las que el 87 % serían personas homosexuales.

«El gobierno tenía un buen historial de lucha contra el VIH-SIDA, pero están básicamente peleando la última guerra (…). Todavía se están centrando en las trabajadoras sexuales y sus clientes cuando en realidad la epidemia ha cambiado, pero el enfoque del gobierno no está cambiando y es necesario que lo haga o de lo contrario esto quedará realmente fuera de control», declara Phelim Kine, director adjunto de HRW para Asia, quien no descarta el apoyo del presidente filipino, quien habría expresado su apoyo al colectivo LGBT durante su campaña electoral.

Paulyn Ubial, Secretaria de Salud ha declarado que su departamento tiene previsto distribuir preservativos en las escuelas con la coordinación del Departamento de Educación, entre otras medidas que están considerando. Pero según Carlos Conde, investigador de HRW en Filipinas, el gran problema que tienen es el gran arraigo del catolicismo en la cultura filipina. La investigación concluye que los jóvenes homosexuales han sido objeto de ridículo cuando compran condones en las farmacias y se enfrentan al estigma cuando acuden a clínicas de higiene social que proporcionan condones gratuitos a las trabajadoras sexuales. El informe de HRW recomienda la abolición de las restricciones legales que prohiben a los jóvenes menores de 18 años comprar condones o hacerse pruebas de VIH sin el consentimiento de sus padres, una mejor educación sexual en las escuelas e imponer sanciones a los municipios que se niegan a cumplir las leyes que garantizan la distribución pública de anticonceptivos, incluyendo preservativos.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Carlos Conde, Filipinas, Human Rights Watch, Paulyn Ubial, Phelim Kine, Rodrigo Duterte, VIH/SIDA

Sanaa y Hajar, las dos adolescentes detenidas en Marruecos tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose, han sido absueltas finalmente por el tribunal de primera instancia. Personas de su entorno afirman, además, que las familias de ambas han logrado conciliar sus diferencias y encarar el juicio en buena armonía. Las asociaciones LGTB, por su parte, siguen reclamando la derogación del artículo 489 del Código Penal marroquí, que castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica.

Sanaa y Hajar, de 16 y 17 años respectivamente, fueron sorprendidas por un primo de la primera cuando se encontraban en la azotea de su casa de Marrakech y estaban abrazadas y besándose. El familiar las grabó con su teléfono móvil e, inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. La madre puso el vídeo en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denunció que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica.

El hecho de que se tratara de dos menores de edad, así como el conocimiento del trato recibido durante su detención, causó gran indignación entre la comunidad internacional. Se organizó una campaña bajo el lema Free the girls, en la que se recogieron más de 100.000 firmas que exigían su liberación. Tras permanecer detenidas varios días, el 3 de noviembre fueron puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio.

El 25 de noviembre se inició el proceso judicial, que ha concluido este 9 de diciembre con el fallo del tribunal. Durante este período, según palabras del abogado de las acusadas, las familias de ambas han convivido en armonía e incluso han desayunado algunos días juntas. Antes de conocer la sentencia, el letrado, facilitado por la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), expresaba su confianza en que todo concluyese satisfactoriamente para sus defendidas, con la esperanza de que quizás pudieran enfrentarse a alguna amonestación, pero quedaran libres de antecedentes penales. Su estrategia se ha basado en negar los cargos, y en aducir que entre ambas solo existe una relación amistosa.

El tribunal, finalmente, ni siquiera ha establecido una advertencia y ha absuelto a las dos acusadas de los cargos. Eso significa que la Fiscalía no ha logrado demostrar la acusación y por lo tanto no cabe declaración de culpabilidad. Un alivio para Sanaa y Hajar, pero una sentencia que no ha llegado a satisfacer completamente a los defensores de los derechos humanos. Omar Arbib, presidente de la sección local de AMDH, considera el veredicto “surrealista e incompleto”, pues el tribunal “no ha tenido el valor de decir que las dos niñas estaban exoneradas por homosexualidad”.

Desde la división para el Norte de África de Human Rights Watch se ha difundido el siguiente comunicado al respecto: “Esperamos que esta sentencia ponga final a un juicio que nunca deberían haber vivido las dos niñas. Este proceso demuestra una vez más que las autoridades marroquíes deben abolir el artículo 489, que penaliza las relaciones homosexuales”.

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, reiteramos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Lo cierto es que cada vez llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley.

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad.

En junio de este año, fueron juzgados dos jóvenes por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y fueron condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado quiso representarles).

El pasado mes de abril, dos jóvenes fueron sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, fueron brutalmente agredidos, y, con el rostro ensangrentado y desnudos, llevados a la calle para su humillación pública. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. La Policía, en vez de perseguir a los agresores, detuvo a las víctimas, que fueron juzgadas y condenadas a penas de hasta 4 meses de prisión por practicar la homosexualidad. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción. HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

En febrero nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, conocido por su mano de hierro en el gobierno del país y sus feroces diatribas LGTBfobas, ha perdido las elecciones presidenciales después de 22 años de mandato. El vencedor ha sido Adama Barrow, un político que nunca ha ocupado un cargo público, que se presentaba por el Partido Democrático Unido y ha sido apoyado por una coalición de siete grupos opositores. Sin saber el talante específico de Barrow respecto a los asuntos LGTB, en principio no cabe más que felicitarse por el derrocamiento de Jammeh, quien ha hecho de la LGTBfobia uno de los rasgos distintivos de su figura y es responsable último del endurecimiento de la ya rigurosa legislación anti-LGTB existente en Gambia, hasta conseguir castigar las relaciones homosexuales con penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.

El pasado jueves 1 de diciembre se celebraron elecciones presidenciales en Gambia. Desde hace 22 años, el cargo de presidente lo ostentaba Yahya Jammeh, desde que derrocó a Dawda Jawara tras perpetrar un golpe de Estado militar contra él. En esta ocasión, los resultados han favorecido al candidato del Partido Democrático Unido, Adama Barrow, que ha obtenido el 45,5 % de los votos, frente al 36,7 % de Jammeh. El restante 17,8 % lo ha conseguido Mammah Kandeh, líder de Congreso Democrático Gambiano.

El vencedor de las elecciones, Adama Barrow, ha sido apoyado por una coalición de siete grupos opositores. Barrow, un empresario del sector inmobiliario de 51 años, no ha ocupado nunca un cargo público, y durante la campaña electoral ha fijado como su principal compromiso el saneamiento de la empobrecida economía del país, que ha empujado a miles de gambianos a emigrar hacia los países de la Unión Europea.

Según un informe del embajador en Gambia de African Human Rights Coalition, Barrow es el candidato más propenso a respetar los derechos humanos, y el que con mayor probabilidad deje de perseguir y convertir en un objetivo a la población LGTB, tal y como hacían Yahya Jammeh y sus fuerzas policiales.

Jammeh ha gobernado el país con mano de hierro, siendo denunciado por su continuo quebrantamiento de los derechos humanos, hasta el punto de que Amnistía Internacional ha pedido tras su derrota que sea procesado inmediatamente “por las violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones y torturas de opositores a su régimen”.

Según ha denunciado repetidamente Human Rights Watch, entre quienes han sufrido detenciones arbitrarias y horribles torturas bajo el régimen de Jammed se encuentran defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes estudiantiles, opositores políticos y también activistas LGTB. Precisamente la población de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales ha estado en múltiples ocasiones en el punto de mira de Yahya Jammeh.

Un presidente ferozmente LGTBfobo

El ya presidente saliente de Gambia ha hecho de la LGTBfobia uno de los rasgos más distintivos de su figura. Sin duda, es el responsable último de la aprobación en 2014 de una ley que agravaba la consideración penal de las relaciones entre personas del mismo sexo —ya antes castigadas con 14 años de prisión— hasta alcanzar la cadena perpetua. La legislación, a diferencia de lo que ocurre en otros países, afecta indistintamente a hombres y mujeres, pues ya en 2005 se “actualizó” el Código Penal para incluir también a las lesbianas. Como es habitual cuando se aprueban leyes represoras contra las personas LGTB, de inmediato comenzaron las detenciones, que han continuado sucediéndose durante el mandato de Jammeh.

Pero Yahya Jammeh también ha destacado por sus frecuentes diatribas personales contra la población LGTB. En febrero de 2014 contábamos cómo comparaba a las personas homosexuales con alimañas. “Combatiremos a esas alimañas llamadas homosexuales o gais de la misma forma que combatimos a los mosquitos que causan malaria, si no de una manera más agresiva”, expresaba entonces Jammeh en un discurso conmemorativo de la independencia gambiana. “No aceptaremos ninguna amistad, ayuda u otro gesto que lleve como condición aceptar a los homosexuales o a los LGTB”, añadía. Unas siglas que según él “solo pueden significar Lepra, Gonorrea, Tuberculosis y Bacterias, que son todas nocivas para la existencia humana”.

No era sin embargo la primera vez que Jammeh hacía uso de la homofobia para ganar popularidad. En su discurso de Navidad de 2013, dirigido a la minoría cristiana, tachó a los homosexuales de “cáncer social”. Pero quizás más grave fue que aprovechara su intervención ante la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas ese mismo año para pronunciar un virulento discurso de incitación al odio en el que calificó a la homosexualidad de “una de las mayores amenazas para la existencia humana” y a las relaciones entre personas del mismo sexo como “más mortales que todos los desastres naturales juntos”.

Años antes, en 2008, amenazó con decapitar a todos los homosexuales que no abandonaran el país, y en 2009 hacía un llamamiento al Ejército para detectar conductas homosexuales en su seno, que entonces también calificó de “diabólicas”. En febrero de 2012, Jammeh insistía en que los derechos de las personas homosexuales no pueden considerarse derechos humanos; y en abril del 2013, amenazó a los homosexuales que visiten su país con “arrepentirse de haber nacido”.

En 2015, en otro de sus discursos durante una gira por los territorios agrícolas gambianos, advirtió de que “si haces eso [mantener relaciones homosexuales] en Gambia, te cortaremos la garganta”. Más tarde añadió: “Si eres un hombre y quieres casarte con otro hombre en este país y te atrapamos, nadie volverá a verte, y ningún blanco podrá hacer nada al respecto”, refiriéndose probablemente a los dirigentes de la Unión Europea, que en diciembre de 2013 habían cancelado las ayudas de 13 millones de euros destinadas al país africano por su quebrantamiento de los derechos humanos y a las sanciones de EE.UU..

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La policía arresta a 13 hombres en un apartamento de Yakarta después de que 50 miembros del grupo extremista Frente de los Defensores del Islam denunciara que estaba teniendo lugar una peligrosa «fiesta sexual».

La Policía de Yakarta ha detenido a 13 hombres el pasado sábado por participar en una supuesta “fiesta sexual gay”. La detención se produjo a iniciativa de varios miembros del Frente de Defensores del Islam, aunque en ese territorio de Indonesia una actividad de ese tipo no constituiría ningún delito, por lo que ni la propia Policía sabe aún qué cargos podrán presentarse. Los hechos son un reflejo más de la ola de LGTBfobia que recorre Indonesia.

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Nos llega la noticia, vía la web británica Gay Star News, de dos nuevos asesinatos en Jamaica con posible motivación homófoba. Según recoge el diario jamaicano The Gleaner, los asesinados serían Orville Lorne, de 40 años, y otro hombre de nombre desconocido, de la misma edad. Las muertes ocurrieron el martes 24 de mayo en Montego Bay, cuando un grupo de hombres armados irrumpieron en su vivienda de madrugada y les dispararon.

Según el diario jamaicano, varios vecinos de los fallecidos (habitantes de una barriada ya de por sí muy violenta) aseguraron que en efecto se trataba de dos homosexuales, a los que de hecho se refirieron como “fish” (“pescados”), uno de los numerosos términos utilizados en Jamaica para referirse a los homosexuales de modo despectivo. “No sabemos nada. Solo que se han cargado a dos ‘pescados’. No nos va ese rollo por aquí, no verás a nadie llorando por eso”, declaraba por ejemplo una joven. La policía jamaicana, aunque ha confirmado el doble asesinato, nada parece haber dicho sobre su posible motivación homófoba.

Quien sí ha denunciado públicamente el asesinato relacionándolo con la violencia homófoba que sufre Jamaica, atizada aún más en los últimos tiempos por los pujantes movimientos evangélicos, es el valiente activista jamaicano Maurice Tomlinson (al que en alguna ocasión anterior hemos hecho referencia) en la web Erasing 76 Crimes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch (que puedes descargar en PDF aquí) hasta 56 casos de violencia contra personas LGTB, en muchos de los cuales ni siquiera se llevó a cabo investigación policial. Denunciaron 19 víctimas, pero solo fueron tenidos en cuenta 8 casos, y de estos solo en 4 hubo detenciones. En algún caso los propios policías contribuyeron a la agresión. El informe también recogía casos de discriminación flagrante, llevada a cabo tanto por instituciones públicas como privadas, así como la situación de personas LGTB que, repudiadas por sus propias familias, se ven obligadas a malvivir por las calles.

La lista de decesos, crímenes, violaciones y agresiones de toda clase a personas LGTB es larga. En dosmanzanas hemos recogido numerosos episodios a lo largo de los últimos años. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad. En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición. Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho el pasado año celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos hace dos años, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la “creciente amenaza de la homosexualidad”.

Maurice Tomlinson, de hecho, asegura en el referido artículo de Erasing 76 Crimes que estos dos asesinatos no alterarán los planes de celebrar el próximo octubre el Orgullo LGTB en Montego Bay, contando eso sí con una fuerte seguridad privada.

Fuente Dosmanzanas

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Miembros del colectivo LGBT de Kirguizistán dan cuenta de la espantosa situación en que se encuentran desde que se inició la tramitación de la ley contra la “propaganda homosexual”. A la sempiterna corrupción policial —con denuncias de chantaje, agresividad y tortura contra gais, lesbianas, bisexuales y transexuales— hay que añadir el aumento de la violencia social, que se ha triplicado en estos últimos años. Las violaciones de castigo contra los varones homosexuales y bisexuales, y las correctivas contra las mujeres lesbianas y bisexuales son una de sus más crueles muestras.

Ya era conocida la dureza de la represión policial contra la población LGTB kirguiza, según un informe de Human Rights Watch hecho público en 2014, que denunciaba la extorsión, las amenazas, la violencia y las agresiones sexuales que hombres homosexuales y bisexuales sufren a diario en Kirguizistán. Pero tras el inicio de la tramitación de una ley contra la “propaganda homosexual” en ese mismo año, la represión ha adquirido dimensiones de violencia social.

En un encuentro con miembros del colectivo LGTB de la capital, Biskek, que tuvo lugar con fuertes medidas de seguridad y secreto, se ha denunciado el extraordinario incremento de las agresiones verbales y físicas, alentadas por los discursos de odio LGTBfóbico de políticos y medios de comunicación.

Si bien es cierto que nunca ha sido sencillo ser una persona LGTB en la sociedad kirguisa, de mayoría musulmana pero con una importante ciudadanía ortodoxa, los casos de violencia y agresividad hacia el colectivo, desde que ha sido puesto en la picota, han aumentado un 300 %. En palabras del analista Medet Tiulegenov, las fuerzas externas e internas “han arrastrado a la comunidad LGTB en una batalla por la identidad de Kirguizistán”. Es decir, la dureza en el trato a las minorías sexuales se convertiría en una seña de identidad nacional. “Ser anti-LGTB ha sido muy provechoso para los nacionalistas”, afirma Tiulegenov.

La discriminación y violencia cotidianas

Nika es el anfitrión de un encuentro que ha reunido a nueve personas, hombres y mujeres de distinto origen étnico. Cuenta que todo comenzó cuando desde la televisión rusa, que es vista por gran parte de la población kirguisa, se informaba de la campaña contra la “propaganda homosexual”. “Escuchar los programas rusos hacía que me sintiera culpable por ser homosexual”, comenta Nika, mientras explica que esa tendencia fue inmediatamente seguida por los medios ligados al gobierno y los líderes nacionalistas. De ahí, se extendió a toda la sociedad.

“Recibo llamadas telefónicas y mensajes de texto que dicen cosas como ‘te vamos a cortar la lengua y metértela por el culo’”, denuncia Nika. “La nueva ley ha animado a todos a ir a por nosotros, sin temor a ser castigados”, constata. Además, la única respuesta de la Policía ante los ataques suele ser el chantaje, siendo muchos los testimonios que detallan cómo los agentes amenazan con exponer la orientación sexual a menos que se pague un soborno.

Ilya, otro de los invitados, cuenta que en el bar de la universidad le gritaron “mira ahí está el marica”, sin que pudiera siquiera pensar en denunciarlo a las autoridades universitarias, “porque eso me traería más problemas”. También explica que le han expulsado recientemente de su gimnasio, pues “el gerente me dijo que otros clientes se habían quejado de que yo estuviera allí. No dijo que era porque yo sea gay, pero estaba claro que eso es lo que quería decir”.

Violaciones de castigo y correctivas

Viktor, con voz trémula por el recuerdo, confía a los participantes su historia. Había recibido constantes amenazas durante meses, en las que le acusaban de “estar arruinando al país” y le instaban a que se fuera bajo la amenaza de que “te vamos a cortar la cabeza”. Todo ello le empujó a cambiar su domicilio a otro barrio de la capital. Pero una noche del mes de enero, cuando se dirigía desde el trabajo hacia su casa, fue víctima de una emboscada. Le golpearon y le redujeron, gritándole “¿por qué sigues aquí?, te advertimos que te encontraríamos”. Le dieron patadas hasta dejarle inconsciente. Cuando volvió en sí, estaba en una zona boscosa, y sus atacantes le estaban arrancando la ropa hasta dejarle desnudo sobre el terreno nevado. “Uno me apretaba la cabeza contra el suelo para que no pudiera verles las caras”, cuenta interrumpiendo el relato con sollozos. Entonces se turnaron para violarlo.

Por supuesto que no pensó en acudir a la Policía. En otras ocasiones, cuando había intentado denunciar las amenazas que recibía, le espetaron “no llevamos casos de maricones”. En opinión de Viktor, “desde el momento en que el proyecto de ley se empezó a discutir por primera vez, la sociedad de Kirguizistán se lo tomó como un permiso para el exterminio. Muchos ni siquiera entienden lo que dice, pero se lo toman como una veda abierta para cazarnos”.

La violación de castigo se dirige hacia los varones homosexuales y bisexuales, que suelen ser el objetivo tanto de miembros de la Policía extorsionadores como de las bandas homófobas violentas. Pero las mujeres lesbianas y bisexuales también son víctimas de una violencia semejante, aunque suele quedar en el entorno familiar. Son frecuentes las violaciones correctivas, en ocasiones perpetradas por los hermanos u otros familiares de las víctimas. Además, son obligadas a casarse con un hombre contra su voluntad, sometidas a su mandato y condenadas a la negación absoluta de una vida afectiva.

Aquí podéis ver un reportaje con los estremecedores testimonios de los participantes en la reunión (con subtítulos en inglés):

 Un proyecto de ley que ha desencadenado la violencia

Como señalábamos anteriormente, en marzo de 2014 se introdujo un proyecto de ley que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores justificaban la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

El proyecto ya ha pasado por dos lecturas ante el Parlamento, siendo aprobado por 79 votos a favor frente a 7 en contra en la primera, y por 90 a favor frente a solo 2 en contra en la segunda. Aún debe enfrentarse a una tercera lectura antes de ser promulgado como ley por el presidente Almazbek Atambayev. Esa votación tendría que haber tenido lugar en octubre del pasado 2015, pero ha sido aplazada indefinidamente. Según algunas fuentes, el presidente Atambayev, dada la negativa repercusión internacional, “ha dicho en privado que no cree que ahora sea una buena ley, pero políticamente es difícil dar marcha atrás”.

En todo caso, la dilación en el tiempo solo consigue que el colectivo LGTB esté permanentemente en boca de quienes quieren instrumentalizar la discriminación en su beneficio. El fruto de esa instrumentalización es la violencia, la marginación y la negación de la dignidad de los ciudadanos LGTB de Kirguizistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Almazbek Atambayev, Discriminación, Homofobia, Human Rights Watch, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Medet Tiulegenov, Rusia

Human Rights Watch denuncia que Japón fracasa en lo que respecta a la protección de estudiantes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Human Rights Watch publica un informe que titula «El clavo que sobresale es martillado por debajo: intimidación y exclusión LGTB en las escuelas japonesas», en el que señala que el acoso en las escuelas japonesas es «generalizado y brutal», indicando que el colectivo LGTB es el más vulnerable a este acoso, pero que «las políticas del gobierno frente al bullying no abordan específicamente los problemas de los estudiantes LGTB». Este informe se desarrolla a partir de entrevistas con estudiantes del colectivo y adolescentes de todo Japón, cuya política sobre el acoso se revisa este año, seg’un el gobierno.

Una niña lesbiana de secundaria denuncia que sus profesores no le prestaron ningún apoyo tras ser acusada por sus compañeras de clase de no ser lo «suficientemente femenina (…). Todo el mundo sabía que me estaban acosando. También era de dominio público que mismo profesores nunca me ayudarían».

Los estudiantes LGTB han revelado que a menudo sus profesores les dicen que ser abiertamente homosexuales o transexuales es un comportamiento egoísta por el que no deben esperar tener éxito en la escuela. Human Rights Watch ha descubierto que la respuesta de los profesores ante el acoso de sus alumnos es tan amplia y variada como profesores con los que han hablado, siendo todas basadas en su propia opinión personal con respecto a la comunidad homosexual.

«La seguridad o el desarrollo saludable de ningún niño debería depender de la suerte de encontrarse con un adulto compasivo. El gobierno tiene la responsabilidad de formar a profesores para reaccionar a casos de acoso basados en la orientación sexual y la identidad de género, y a proteger a estudiantes LGTB del acoso y la discriminación», declara Kannae Doi, director de Human Rights Watch en Japón.

https://www.youtube.com/watch?v=NoqrWVmpyak

Fuente: Human Rights Watch , vía Universogay

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Sin ser precisamente activista, a sus 49 años de edad, Geraldine Roman, residente en Orani, podría convertirse en la primera transexual que se cuela en el Congreso de Filipinas al ser la candidata del Partido Liberal para las elecciones que se celebran el lunes, 9 de abril. Ha asegurado que si sale elegida se centrará en los intereses de sus circunscripción, pero es consciente que la entrada de una persona de su condición en un país con un 80 % de católicos, donde la Iglesia sigue manteniendo un gran peso podría contribuir a la lucha contra la discriminación.

«Nunca he vivido en secreto», declara la aspirante, que ha sido blanco de insultos a lo largo de su campaña, pero no se ha dejado amilanar. Para ella la identidad sexual «sólo se convierte en un problema si uno no lo asume». De pequeña sufrió el acoso en la escuela, que pudo superar con el apoyo de su padre, iniciando su transición en los años noventa. Tiene dos másteres universitarios y habla español, francés e italiano. Ha trabajado como periodista para la agencia EFE, en España, pero hace cuatro años regresó a su país para cuidar de su padre, ahora fallecido.

En el caso de que consiga su victoria en las urnas señala que será «por encima de todo leal con el distrito de Bataan (…). Pero que una persona como yo entre en el Congreso significaría que también los transgéneros pueden servir a su país y no merecen discriminaciones». Un combate que podría no ser tan sencillo dado que desde 2001 los transexuales no pueden cambiar de nombre ni de sexo en Filipinas y un partido de la comunidad LGTB tuvo grandes problemas para presentar a sus candidatos en 2010, no consiguiendo ningún representante ni ese año ni en 2013. Por eso Roman promete apoyar si gana un proyecto de ley contra la discriminación, así como la legalización del cambio de sexo.

Geraldine Roman y sy familia Facebook – Foto: Uso permitido

Su programa se centra en las ayudas sanitarias, las becas y la modernización de los hospitales públicos y las carreteras. Sus posibilidades son bastante altas, dado que pertenece a una familia de importante peso político en el distrito de Bataan, al oeste de Manila, por el que se presenta. Tanto su padre como su madre fueron políticos muy populares, ejerciendo su madre durante tres mandatos en la cámara de representantes. Después de 16 años con la misma pareja, Geraldine Román sigue identificándose como católica, pero asegura que «si Jesucristo estuviese vivo hoy, desaprobaría las discriminaciones».

Sus principales rivales son el veterano político Rodrigo Duterte, alcalde de la localidad de Davao, que defiendo la lucha contra el crimen y la corrupción llegando a afirmar que va a matar a cinco criminales a la semana si sale elegido, motivo por el que está en el punto de mira de Human Rights Watch; y la joven promesa Grace Poe, hija adoptiva de una familia de conocidos actores filipinos que ha centrado su campaña en las mejoras sociales y la lucha contra la corrupción; pero el crecimiento económico histórico en el que vive el país gracias a Benigno Aquino, del Partido liberal al igual que Geraldine Roman y presidente desde 2010, podrían inclinar la balanza en favor de la candidata transexual.

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