Como ya anunciábamos hace unos días, tras ser aprobada por la Cámara Baja y el Senado, el gobernador de Hawái, David Ige, firma la ley mediante la que se prohiben las terapias de conversión a menores de edad en el denominado estado aloha, que se convierte en el duodécimo de los estados que prohiben estas medidas en los Estados Unidos.

El gobernador de Hawái, David Ige, firma este viernes, 25 de mayo, una ley mediante la que prohibe que psiquiatras, trabajdores sociales, asesores médicos y terapeutas familiares o matrimoniales recomienden las terapias de conversión a menores de edad. Con esta ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, Hawaii se convierte en el duodécimo de los estados en prohibir las terapias de conversión en los Estados Unidos. «Abrumadoras investigaciones científicas han demostrado que la ‘terapia de conversión’ no es efectiva y con frecuencia tiene un impacto psicológico duradero y dañino en los menores. Esta práctica no es médica ni éticamente apropiada», declara Ige en un comunicado.

«El propósito de esta Ley es proteger el bienestar físico y psicológico de los menores, incluidos las personas jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, contra la exposición a daños graves causados por los esfuerzos de cambio de orientación sexual al regular la conducta de un estado específico con licencia. Personas que brindan asesoramiento profesional a menores de menos de dieciocho años y que prohíben a estos profesionales involucrarse, intentar participar o publicitar los esfuerzos de cambio de orientación sexual en personas menores de dieciocho años», explican en el proyecto de ley que ha sido defendido principalmente por los demócratas, que dominan la Cámara Baja, donde ha sido aprobado con los únicos votos en contra de dos republicanos. También la Cámara Alta aprobaba holgadamente prohibir las terapias de conversión, al encontrarse con un único voto en contra, el del demócrata Mike Gabbard, líder de la Alianza para el Matrimonio y los Valores tradicionales, que anteriormente habría estado haciendo campaña contra el matrimonio igualitario.

Con la aprobación de esta ley también se crea un grupo de trabajo de orientación sexual para proporcionar ayuda profesional a los menores que buscan asesoramiento en cuestiones relacionadas con la orientación sexual. «Agradecemos a los muchos defensores, aliados, padres y sobrevivientes que hablaron en contra de esta práctica abusiva e instamos a sus funcionarios electos a adoptar estas protecciones cruciales. También agradecemos al Gobernador Ige y a la Legislatura del Estado de Hawái por promulgar esta legislación para proteger a los jóvenes LGBTQ del estado», declara Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign.

Con esta medida, Hawái se une a Maryland, que también aprobaba hace menos de dos semanas una ley similar y cuyo gobernador republicano, Larry Hogan, firma una ley promovida por un senador demócrata mediante la que se prohíben las terapias de conversión en menores de edad en su estado.

Siguiendo la postura de otros estados, Larry Hogan, gobernador republicano del estado de Maryland, ratifica la medida ya aprobada por la Cámara Baja del estado para prohibir las terapias de conversión a menores de edad en su estado este mismo martes, 15 de mayo, haciendo de su estado el undécimo que prohíbe este tipo de prácticas homofóbicas. Que pretender alterar la orientación sexual de una persona a través de terapias psicológicas ampliamente desacreditadas por las asociaciones médicas y de salud mental. Los partidarios de la medida están convencidos de que de esta manera contribuyen a proteger a los menores de edad de la depresión, la ansiedad y los potenciales intentos de suicidio que provocan este tipo de prácticas.

«Creo que es fantástico, porque salvará las vidas de los jóvenes en nuestro estado (…). Para los jóvenes LGBT, es una situación demasiado prevalente, y es un avance significativo decir: ‘¿Sabes qué? Sé quién eres’», declara Richard Madaleno, senador demócrata y promotor de un proyecto de ley que ha sido apoyado también por algunos republicanos, como la delegada Meagane Simonaire, que llegó a compartir con la Cámara Baja el dolor que sintió cuando sus padres le recomendaron las terapias de conversión al revelar que era bisexual. La mera idea de que sus padres pensaran que podrían «arreglarla» fue suficiente para caer en una profunda depresión. «Estoy muy orgullosa del duro trabajo de todos», asegura Simonaire, mostrándose orgullosa de que un gobernador republicano haya firmado esta ley.

«Sabemos que 700.000 personas en los Estados Unidos han pasado por terapia de conversión, y 78.000 adolescentes la pasarán en los próximos cinco años, y esto nos está acercando a cero», declara Mathew Shurka, un activista que ha estado haciendo campaña por la prohibición de las terapias de conversión después de haber estado cinco años sometido a ellas, cuando tenía entre 16 y 21 años de edad.

Con esto, en Estados Unidos, las terapias de conversión a menores están prohíbidas ya en 12  estados, y Seattle, la mayor ciudad de Washington, lo hizo en el 2016. Conneticut, Nevada y Rhode Island eran los últimos estados en prohibir este tipo de terapias, después de que lo hicieran Vermont, California, Nueva Jersey, Oregon, Nuevo México, Illinois, Nueva York y Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) así como el Distrito de Columbia y la ciudad de Cincinnati. Colorado va camino de seguir sus pasos, así como también se han presentado proyectos de ley similares en Idaho y Pensilvania. Y la legislatura de New Hampshire acaba de aprobar un proyecto similar, pendiente solo de que un comité conjunto entre Cámara de Representantes y Senado concilie las versiones aprobadas por cada una de las cámaras (ligeramente diferentes entre sí) antes de enviar la versión final al despacho del Gobernador, que ya ha anunciado que la refrendará con su firma. Hay además varias ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Cabe señalar además que California ya ha iniciado el proceso parlamentario para prohibir este tipo de intervenciones también en adultos. En este caso, el foco se pone sobre el hecho de que suponen un fraude a los consumidores. Sin embargo, según un informe del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, se estima que 698.000 personas han intentado cambiar su orientación sexual o identidad de género en algún momento de su vida de los que 350.000 han recibido tratamiento como adolescentes.

Fuente Universogay/Cristianos Gays

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Nuevo recorte de derechos del colectivo trans a manos de la administración Trump. En esta ocasión le toca el turno a las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama, y que ahora han sufrido una serie de modificaciones que las dejan, en la práctica, revocadas. Para empezar, la administración Trump ordena que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que pierden de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

La normativa instaurada por la administración Obama no era ni mucho menos perfecta, pero suponía un avance importante respecto a la situación anterior. Sin que determinase de forma explícita que todas las personas trans debían ser asignadas a instalaciones correspondientes a su identidad de género, sí que establecía la obligatoriedad de tener esta en cuenta, así como la «vulnerabilidad a la victimización sexual» y sus necesidades médicas y psicológicas. La administración Trump ha decidido sin embargo introducir una serie de cambios. Ahora bien, en lugar de sustituir el documento por otro, lo que hace es interpolar una serie de párrafos en distintos puntos del texto (puedes verlos aquí, señalados en amarillo), de forma que en teoría la normativa sigue vigente, pero en la práctica queda convertida en papel mojado.

Así, por ejemplo, mientras que se mantiene la necesidad de tener en cuenta la identidad de género de la persona reclusa, se introduce la salvedad de que se utilizará el «sexo biológico» como criterio inicial para la asignación. De hecho, el nuevo documento refiere explícitamente que «la designación de una instalación correspondiente a la de la identidad de género del reo se considerará apropiada solo en circunstancias excepcionales» y siempre que en todo caso la persona trans ya haya experimentado una «significativa evolución de su transición» demostrada médica y psicológicamente.

Otro cambio aparentemente mínimo (consiste «solo» en la adición de una palabra) pero que puede tener gran trascendencia es el que atañe al tratamiento médico de las personas trans reclusas. De «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada del reo por el personal médico de la institución» se pasa a «El tratamiento hormonal y cualquier otro tratamiento médico necesario podrá ser facilitado después de una evaluación individualizada…». Un cambio que ha sido interpretado como una forma de facilitar que las cárceles puedan denegar a las personas trans tratamientos que no consideren «necesarios». Resulta obvio el peligro que ello supone: muchas personas trans podrían exponerse a quedar sin tratamientos fundamentales para acomodar sus características físicas a la identidad de género sentida.

Los colectivos de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB consideran muy grave la decisión de la administración Trump. «La decisión de no respetar la identidad de género de las personas transgénero es dañina e irrespetuosa. Es una decisión inadmisible que ignora el conocimiento médico y desafía al sentido común. Las personas trans bajo el control de la Agencia [Federal] de Prisiones estarán sometidas a un mayor grado de violencia y discriminación», ha declarado por ejemplo David Stacy, director de Asuntos Gubernamentales de Human Rights Campaign (HRC).

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final.

La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Aunque la administración de Donald Trump no ceja en su empeño de excluir a cualquier coste a las personas transexuales del Ejército estadounidense, las decisiones de los tribunales están impidiendo que pueda llevarlo a cabo. Aun así, la presidencia ha emitido un nuevo memorándum auspiciado por el Departamento de Defensa, que amenaza con convertir en orden ejecutiva en cuanto se despeje la vía judicial, en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. Si bien por el momento, según comunicaba la portavoz del Pentágono, Dana White, los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales, la espada de Damocles de la exclusión sigue cerniéndose sobre sus cabezas.

El pasado 23 de marzo, la Casa Blanca anunciaba la emisión de un memorándum dirigido al secretario de Defensa, James Mattis, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. El memorándum ratificaba un informe firmado por el propio Mattis, en el que se estipulaban las nuevas condiciones para que las personas transexuales puedan alistarse o permanecer en las filas del ejército estadounidense. El documento, que consta de 48 páginas, detalla la propia recomendación del secretario de Defensa y las conclusiones de un supuesto «comité de expertos» que se habría establecido para que estudiase el efecto de la inclusión de personas transexuales en las fuerzas armadas.

Según numerosas fuentes, el informe fue diseñado especialmente a instancias de vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB), que habría contado con la colaboración de Ryan T. Anderson, perteneciente a la organización LGTBfoba Heritage Foundation, y Tony Perkins, presidente de la no menos intolerante Family Research Council (ambas organizaciones se apresuraron a felicitarse por la publicación del memorándum en cuanto se hizo público). Según dichas fuentes, James Mattis habría abogado por la integración de las personas transexuales en el ejército, pero el propio vicepresidente Pence le habría «invalidado» y obligado a firmar el documento. Las conclusiones firmadas por el secretario y respaldadas por el presidente Trump se resumen en los siguientes puntos:

• Las personas transgénero con un historial o diagnóstico de disforia de género quedarán excluidas del servicio militar, excepto bajo las siguientes estrictas circunstancias: (1) si se han mantenido estables en su sexo biológico durante 36 meses consecutivos previos a su acceso; (2) los miembros en diagnosticados con disforia de género después de su entrada en servicio pueden permanecer si no requieren un cambio de género y cumplen con el resto de los requisitos para su permanencia; y (3) los miembros actualmente en servicio que han sido diagnosticados con disforia de género previamente a que la normativa de la administración tome efectos, podrán continuar en servicio con su género deseado y recibir el tratamiento necesario para su disforia de género.
• Las personas transgénero que requieran o hayan pasado por una transición de género quedarán excluidas del servicio militar.
• Las personas transgénero sin un historial o diagnóstico de disforia de género, que hayan sido cualificadas para el servicio, pueden servir, como el resto de los miembros, identificados por su sexo biológico.

Esta nueva normativa sustituiría a la anterior orden ejecutiva del presidente Trump, que recuperaba la prohibición de ingreso y permanencia en el ejército para las personas trans, revirtiendo las disposiciones de la administración de Barack Obama. Dicha orden está suspendida por varios tribunales federales y, por lo tanto, no puede ser ejecutada. Aunque trata de evitar el término «prohibición» en previsión de una futura vía judicial, la nueva propuesta dispone requisitos imposibles de cumplir para la personas transexuales que decidan vivir de acuerdo a su identidad de género.

Una vez dado a conocer el memorándum, se han pedido explicaciones sobre su alcance a los responsables de Defensa y Seguridad Nacional. La portavoz del Pentágono, Dana White, explicó el pasado jueves que el organismo continuaría con la decisión comunicada el pasado 1 de enero de seguir permitiendo el acceso y permanencia de las personas transexuales: «El Departamento de Defensa continuará cumpliendo con las decisiones de los tribunales, aceptando a los solicitantes transgénero en el servicio militar y manteniendo a los actuales miembros transgénero en servicio». White, sin embargo, rehusó hacer declaraciones sobre nuevas normativas, dado que «existen litigios en curso y se debe salvaguardar la integridad del proceso judicial», remitiendo a los interesados al Departamento de Justicia y explicando que toda la documentación es pública, de acceso libre y «habla por sí misma». Interrogado por los periodistas, el secretario de Defensa también los remitió a los responsables de Justicia, escudándose en el respeto a la integridad judicial.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kerri Kupec, emitió por su parte el siguiente comunicado: «Tras un estudio y análisis exhaustivos, el secretario de Defensa llegó a la conclusión de que se deben adoptar nuevas políticas con respecto a las personas con disforia de género que sean coherentes con la eficacia militar, las limitaciones presupuestarias y las leyes en vigor. El Departamento de Justicia continuará defendiendo la autoridad legal del Departamento de Defensa para crear e implementar las políticas de personal que determine como necesarias para defender mejor a nuestra nación. En consonancia con esta nueva política, pedimos a los tribunales que levanten todas las medidas cautelares preliminares para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y de la mejor fuerza de combate del mundo».

Con esta declaración, se hace evidente que la pretensión de la presidencia (o vicepresidencia en este caso) es influir en la decisión de los tribunales, tratando de disfrazar la evidente discriminación de las personas transexuales con torpes subterfugios técnicos. Esperemos que sea sin éxito.

El empeño en la discriminación de las personas transexuales

Recordemos, de nuevo, los antecedentes de las normativas tránsfobas: a diferencia de la derogación del «Don’t ask, don’t tell», que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas trans (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. Sin embargo, la prohibición se dio por derogada de facto y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000 (entre militares en activo y reservistas).

Ya conquistada la Casa Blanca, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. El pasado julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, qué sucedería con los militares trans que ya servían en el Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la «cohesión» de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de «todos aquellos factores que puedan ser relevantes». Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera del despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump.

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla: días antes del primer anuncio de Trump habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron en contra.

La respuesta de los jueces: primero, paralización parcial de la orden de Trump

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso».

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva (ver documento). Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizó la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Un segundo juez amplia los términos de la paralización

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump) que había sido presentada en agosto en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército.

El juez Garbis sí que ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la especificación referida a la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. Al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, Garbis consideraba probable que los demandantes ganasen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense (ver argumentos y orden cautelar).

Y una tercera jueza refuerza sus argumentos jurídicos

En diciembre, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump, una demanda interpuesta en nombre de dos personas trans que desean servir en el Ejército, de una tercera persona trans que ya forma parte del servicio activo y de las organizaciones Human Rights Campaign (HRC), Gender Justice League y  American Military Partner Association (AMPA).

En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, que garantiza el derecho a un trato igualitario, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por hacer pública su identidad de género y obligarles a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo (ver documento). Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Nueva denegación

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly (ver documento) denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo.

En definitiva, la batalla jurídica continuará (posiblemente el asunto acabe dilucidándose en el Tribunal Supremo), pero por el momento la justicia parece decantada claramente del lado de los derechos de las personas trans, hasta el punto de obligar a la administración Trump a dejar en suspenso sus intenciones discriminatorias. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde la propia presidencia y vicepresidencia, con la implicación de los altos cargos de Defensa, se sigue intentando proseguir con la discriminación, utilizando todos los subterfugios posibles.

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Después de que algunos concejalas se negaran a celebrar un Pride y con una demanda judicial de por medio, Starkville celebra su Orgullo y es la manifestación más grande que ha visto jamás la ciudad.

Hace unas semanas contábamos la historia de Starkville, una ciudad de 25.000 habitantes en Mississippi que se había negado a celebrar un Orgullo LGTB+ sin motivo aparente.

Como una inmensa mayoría de la ciudad estaba a favor de que se celebrara el Orgullo, organizado por estudiantes de la ciudad como las universitarias Bailey McDaniel y Emily Turner, y en contra solo hablaron una señora homófoba y el párroco, el único motivo por el que se podía justificar la negativa de algunos concejales a celebrarlo era la LGTBfobia. Eso llevó a organizaciones como la Human Rights Campaign y la ACLU a avisar al ayuntamiento de que les iban a demandar por discriminación, demanda que se hizo real gracias a la ayuda de la prestigiosa abogada experta en derechos civiles Roberta A. Kaplan (que fue la responsable de tumbar la ley de defensa del matrimonio heterosexual); y con el nombre del pueblo dando la vuelta al mundo por todos los motivos equivocados la Junta de Concejales volvió a votar, uno cambió su voto y finalmente se dio visto bueno a la celebración del Orgullo.

Y no es que haya sido un éxito, es que ha sido un exitazo.

Casi 3.000 personas (recuerda, la ciudad tiene 25.000 habitantes) inundaron las calles de Starkville para celebrar la diversidad en la manifestación más grande que la ciudad ha visto nunca.

For the record this is the largest parade Starkville has ever seen. Here are some pictures to prove that. #StarkvillePride #LGBT pic.twitter.com/XxskZQhNBy

— Logan Kirkland (@CaptainKirk_) 24 de marzo de 2018

Bailey McDaniel, una de las organizadoras, explicó al periódico local que esperaba que esa cantidad de gente fuera un indicador de lo que el Starkville Pride puede llegar a ser en el futuro: “Creo que genera una buena sensación sobre lo que este evento anual puede llegar a ser. Siento que Starkville es mucho mejor gracias a esto, y me siento muy honrada de haber sido capaz de ayudar a esta ciudad a progresar tanto como lo ha hecho.”

I have a ton of “pride” in our @StarkvilleDaily team and our community. 👏👏👏 pic.twitter.com/49qWVZLtbq

— Ryan Phillips (@JournoRyan) 25 de marzo de 2018

Por su parte la alcaldesa de la ciudad, Lynn Spruill, que siempre se mostró a favor de celebrar el Orgullo, se ha mostrado sorprendida por el hecho de que hubiera tantísima gente y que muchos de los asistentes viajaran desde muy lejos para asistir: “Nunca esperé que viniera tanta gente. Esto nunca habría ocurrido si no hubiéramos tenido la controversia, así que casi estoy agradecida a esa controversia, en el sentido de que se ha convertido en algo más de lo que podría haber sido. Y se ha convertido en algo de lo que podemos estar muy orgullosos.”

A la manifestación, por cierto, no le faltó un grupo de adevenedizos que protestaban en contra de la misma. Un grupo de 10-15 personas pertenecientes a la organización anti-LGTB Consuming Fire Fellowship se plantaron en Starkville con pancartas y camisetas bíblicas que no les sirvieron para nada porque la policía de la ciudad se encargó de mantenerlos a raya para que no molestaran.

Fuente | Starkville Daily News, vía estoyBailando

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Trump con Mike Lee

Donald Trump ya se ha comprometido a firmar el proyecto de ley si llega a su escritorio, en una promesa electoral hecha a los católicos conservadores durante la campaña de 2016.

Un grupo de 22 senadores republicanos van a impulsar un proyecto de ley que, de ser aprobado, impediría al gobierno federal actuar frente a discriminaciones contra personas LGTB en caso de que los funcionarios mantengan “creencias religiosas sinceras” respecto al matrimonio.

Tal y como está redactado, el proyecto de ley establece que “el Gobierno federal no tomará ninguna medida discriminatoria contra una persona, total o parcialmente sobre la base de que dicha persona hable o actúe de acuerdo con una creencia religiosa o convicción moral sinceramente sostenida de que el matrimonio es o debe reconocerse como una unión de un hombre y una mujer”.

La organización de derechos humanos Human Rights Campaign ha advertido que “este proyecto de ley socavaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las protecciones federales que existen para proteger a las personas LGBTQ y sus familias”.

“Bajo esta ley, individuos, muchas empresas y organizaciones sin fines de lucro, incluso aquellas que usan el dinero de subvenciones del gobierno federal, podrían violar abiertamente las políticas de no discriminación o negarse a dar servicio a parejas del mismo sexo. Mientras afirmen que sus acciones se basan en sus creencias sobre el matrimonio, el gobierno tendría pocos recursos para actuar”, han alertado.

Por su parte, Donal Trump ya se ha comprometido a dar salida a la ley en el caso de que resultara aprobada. En una promesa electoral hecha a los católicos conservadores durante la campaña de 2016, dijo que “la libertad religiosa está consagrada en la Primera Enmienda a la Constitución. Es nuestra primera libertad y brinda la protección más importante, ya que protege nuestro derecho de conciencia. Los jueces activistas y las órdenes ejecutivas emitidas por presidentes que no tienen respeto por la Constitución han puesto estas protecciones en peligro”.

Fuente Cáscara Amarga

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La Junta de Concejales de Starkville, con una demanda judicial interpuesta por su LGTBfobia, vuelve a votar sobre la celebración de un Orgullo LGTB en la ciudad.

Hace unas semanas  contábamos que en un pueblo de Mississippi llamado Starkville la Junta de Concejales había votado en contra de celebrar este año una manifestación del Orgullo LGTB, a pesar de que todo el pueblo estaba a favor salvo el párroco evangelista y una señora mayor. Los comerciantes, los estudiantes, profesores universitarios, ¡hasta la alcaldesa! querían la manifestación.

Pero los concejales (hombres heteros) votaron que no. Y dado que el pueblo llevaba años sin rechazar propuestas similares y no dieron ningún motivo, se entendió que era un claro caso de LGTBfobia.

A la gente de Starkville parece que no les ha hecho mucha gracia que la negativa de esos concejales al Orgullo haya acabado siendo noticia internacional. Como tampoco parece que les haya gustado el hecho de que la abogada Robbie Kaplan, experta en luchar por los derechos LGTB+, presentara una demanda al pueblo acusándoles de estar quebrantando los derechos civiles de la población LGTB+ de Starkville.

Y por eso han vuelto a votar, y ahora ha ganado el sí.

Sandra Sistrunk, una de las concejalas del pueblo -que voto que sí en su momento-, pidió a la Junta que volvieran a votar el tema porque la atención de los medios se estaba convirtiendo en “un problema cada vez mayor para la ciudad“ y consideraba que ahora, sabiendo lo que pasa cuando discriminas a la gente, estaban “en una posición en la que podemos emitir un voto más medido y razonado“. Así que la Junta volvió a votar y esta vez hubo un empate: tres señores heterosexuales por un lado diciendo que no, dos señores y una señora (Sandra) diciendo que sí. El empate fue debido a que uno de los concejales que votó que no, David Little, decidió abstenerse porque aunque aseguró seguir estando en contra también creyó que los intereses de la ciudad pasaban por permitir el Orgullo.

¿Cómo se solucionó? Pues con el voto del desempate de la alcaldesa que, obviamente, voto que sí.

Lynn Spruill, la alcaldesa.

Robbie Kaplan, la abogada de las organizadores del Starkville Pride, ha publicado un comunicado en el que explica que esa victoria “no es solo una victoria para nuestras clientas y para la igualdad de su dignidad ante la ley, sino también para los principios que forman el núcleo de nuestro país; no restringimos la habilidad para hablar de una persona estemos o no de acuerdo con lo que tienen que decir“. La abogada aseguró, además, que está deseando asistir a la manifestación.

Desde la Human Rights Campaign, que ya avisaron de que iban a dar todo el apoyo a las organizadores si el caso llegaba a los tribunales, se han mostrado orgullosos de haber colaborado con las organizadores y con Kaplan y han dicho que también se mueren de ganas de ir a la manifestación.

Que será, exactamente, el fin de semana del 23-24 de marzo de este año.

Fuente | The Dispatch, vía EstoyBailando

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El Juez Robert Allen Katzmann y Trump

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York sentencia que la orientación sexual sí está protegida por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles; llevándole la contraria a la Casa Blanca.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca una de las primeras cosas que hizo fue cargarse uno de los grandes avances que la administración Obama había llevado a cabo en materia de derechos LGTB+. No, no tumbó el matrimonio igualitario (aunque ganas no le faltan): dijo que la LGTBfobia no es discriminación sexual.

La Ley de Derechos Civiles estadounidense de 1964 deja claro, en su Título VII, que cualquier tipo de discriminación sexual está prohibida. Obama dio orden al Departamento de Justicia de que comenzaran a incluir la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género dentro de ese Título. Pero Trump, cuando cambió a los funcionarios apropiados, dijo lo contrario y de repente las personas LGTB podíamos ser discriminadas de forma legal porque no hay ninguna ley federal (aunque sí algunas estatales) que nos proteja si, por ejemplo, tu jefe decide despedirte por maricón.

Cuando un tribunal le dio la razón a la empresa porque entendían que el Título VII (que prohíbe la discriminación sexual) no incluye la discriminación por orientación sexual, el equipo legal de Zarda recurrió la sentencia en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. El pasado lunes ese tribunal, formado por 13 jueces, le dio la vuelta a esa sentencia y dictaminó que sí, que a pesar de lo que diga Trump el Título VII sí prohíbe la discriminación en base a orientación sexual, identidad y expresión de género puesto que es obvio que existe una relación entre ambas cosas.

El Juez Robert Allen Katzmann escribió en su sentencia que el tribunal sostiene que “la discriminación por orientación sexual constituye una forma de discriminación ‘en base a… el sexo’” y, por lo tanto el despido de Zarda violó el Título VII de la Ley de Derechos Civiles. “Una mujer que es víctima de una acción adversa por parte de su empleador porque se siente atraída por otras mujeres habría sido tratada de forma diferente si hubiera sido un hombre que se siente atraído por mujeres. Por lo tanto podemos concluir que la orientación sexual es una función del sexo y, por extensión, la discriminación por orientación sexual es un subconjunto de la discriminación sexual.”

Desde la Human Rights Campaign su Directora Legal, Sarah Warbelow, ha calificado la sentencia como “una victoria a largo plazo por la igualdad”: “La sentencia del Segundo Circuito afirma lo que ya sabíamos: la orientación sexual es una característica protegida bajo el Título VII. Las personas LGTBIQ tienen derecho a un entorno laboral seguro.”

Aunque puede parecer poca cosa, lo cierto es que esta sentencia es un varapalo bastante gordo para la LGTBfobia de la administración Trump. Si alguien quiere recurrirla solo podrá recurrir al Tribunal Supremo, puesto que este dictamen sienta un precedente legal que todos los juzgados del país habrán de respetar en casos similares.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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El Starkville Pride demanda a la ciudad de Starkville porque cuatro concejales se negaron a organizar una marcha del Orgullo LGTB+.

La abogada, Roberta A. Kaplan, defendió a Edith Windsor en la batalla contra la DOMA que acabó con la discriminación federal a parejas homosexuales. 

El otro día publicábamos que en la ciudad de Starkville, Mississippi, cuatro concejales habían tumbado la propuesta de celebrar este 2018 el primer Pride de la ciudad. La idea contaba con el apoyo de decenas de comerciantes, estudiantes, profesores de la Universidad, la alcaldesa (que se llevó un buen bochorno) y, obviamente, los miembros del Starkville Pride (liderados por dos universitarias) que esperaban poder salir a desfilar este verano.

A pesar de todo esos cuatro concejales se negaron, en un procedimiento bastante sospechoso (la ciudad llevaba años sin negar este tipo de permisos) que pilló a todo el pueblo (menos al cura y a una señora que no quería que la ciudad se convirtiera en la ciudad “del pecado”) por sorpresa; y ni siquiera dieron un motivo para justificar su rechazo.

Las organizadoras del Starkville Pride junto a una comerciante que apoya la manifestación.

Desde el Starkville Pride su presidenta, Bailey McDaniel, ya avisó de que la cosa no se iba a quedar ahí y que estaban en contacto con varias organizaciones como la ACLU o la Human Rights Watch. Ahora McDaniel ha comenzado la lucha: ayer mismo presentó la demanda federal en la que denuncian a la ciudad por lo que consideran es “una violación de libro de la Primera Enmienda y trato discriminatorio“ basado únicamente en un prejuicio anti-LGTB. Además el equipo legal que ha redactado la demanda cree que los concejales también han violado la Cláusula de Protección de Igualdad de la Decimocuarta Enmienda.

Lo que parecía una noticia sin demasiada importancia puede convertirse en un enorme caso de derechos civiles de la comunidad LGTB+ en Estados Unidos. Prueba de ello es que la abogada que defiende al Starkville Pride es Roberta A. Kaplan, que representó a la activista Edith Windsor cuando decidió llevar la DOMA (la Ley de Defensa del Matrimonio) a los tribunales y consiguió una gran victoria para el colectivo al asegurarse de que las parejas homosexuales no quedaban fuera de los beneficios federales que tenían las heterosexuales.

Kaplan & Company is proud to file a Motion for Preliminary Injunction on behalf of our clients, @StarkvillePride. Read the brief here: https://t.co/VyA9aWJvWq pic.twitter.com/3XclLLwzRA

— Kaplan & Company LLP (@KaplanAndCo) 26 de febrero de 2018

“Basándonos únicamente en el contenido de su discurso, específicamente en el hecho de que están orgullosos de ser gais, a estas estudiantes se les está negando el derecho a expresarse de forma pública” ha explicado Kaplan, que ha añadido que tiene confianza en que el tribunal federal “dé la vuelta” a esta acción inconstitucional y se permita que se celebre el Orgullo.

“Queríamos tener un día que celebrar la inclusividad“, ha declarado McDnaiel, “Pero sin ningún tipo de explicación o aviso, toda una comunidad ha visto cómo se le niegan sus derechos constitucionales. Nos gustaría pensar que este tipo de comportamiento lleno de odio e intolerancia no representa a la comunidad de Starkville y esperamos que corrijan la decisión.”

De izda a dcha, David Little, Roy A. Perkins, Lynn Spruill (alcaldesa) y Henry Vaughn. Los tres hombres votaron en contra…

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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La tasa de nuevos diagnósticos de VIH en Filipinas ha crecido un 3.147% en la última década.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, recomendó hace unos días que la gente dejara de usar el condón porque “no es placentero”.

A pesar del creciente incremento de contagios por VIH, particularmente entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desaconseja el uso del preservativo porque «no es satisfactorio» desde un punto de vista sensorial.

Enfrascado en la guerra contra las drogas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, consigue poner en riesgo los programas de prevención de VIH a pesar de que Human Rights Watch ya había alertado en 2016 de que el incremento de contagios estaba camino de convertirse en una epidemia en la zona del pacífico asiático. Mientras que el contagio de VIH disminuye de 2,1 millones en 2015 a 1,8 en 2016 en todo el mundo, los nuevos casos se multiplican por diez en los cinco últimos años en Filipinas, incrementándose sobre todo el contagio entre hombres que mantienen relaciones con hombres. Datos que no han impedido a Duterte desaconsejar el uso del preservativo como método de protección.

Tras esas declaraciones Duterte fue  duramente criticado desde organizaciones internacionales como la Human Rights Campaign que lamentó de que ese tipo de comentarios sean aplaudidos por los seguidores del presidente que se lo toman como una de sus “salidas de tono humorísticas“. Pero también le han criticado duramente desde dentro del país. La senadora Risa Hontiveros dijo que Duterte debe dejar de hacer “comentarios tan desconsiderados, temerarios e irresponsables… El presidente Duterte parece estar demasiado preocupado por el placer” y recordó que “no hay nada placentero ni gracioso en el auge de nuevos casos de VIH y embarazos de adolescentes en nuestro país“, reclamando que el presidente Duterte necesita «dejar de hacer declaraciones irreflexivas, imprudentes e irresponsables» a expensas de la salud pública.

De 23 países que forman la región del Asia-Pacífico, hay 10 que acumulan el 95% de los nuevos diagnósticos de VIH. Filipinas, que es uno de esos diez, está a punto de llevarse el premio al país más estúpido e inútil en materia de salud sexual. Y es que el informe publicado por el Ministerio de Salud de Filipinas acaba de revelar que en 2017 se diagnosticaron 11.103 nuevos casos de VIH. Eso supone un 20% más que en 2016, cuando se contabilizaron 9.264. Pero es que hace 10 años, en 2007, ese número (el oficial, al menos) era de 342 casos. Lo que significa que en una década los diagnósticos de VIH han crecido un alucinante 3.147%, según datos del Departamento de Salud de Filipinas publicados por Al Jazeera.

Desgranados al detalle, los datos son aún más terroríficos. Aunque es verdad que es mejor hablar de prácticas de riesgo que de grupos de riesgo, lo cierto es que son los hombres que tienen sexo con otros hombres y las mujeres trans que tienen sexo con otros hombres los dos grupos que mayor número de nuevas infecciones acumulan.

Además el país tiene una de las tasas más altas del mundo de adolescentes viviendo con VIH: un 10%. Lo que implica que, según estimaciones del mismo ministerio, en unos 10 años el 90% de las personas VIH+ del país tendrán menos de 30 años. Eso es algo de lo que ya se avisaba hace unos meses, cuando (entre otros) el político Harlin Neil Abayon publicó un comunicado explicando que los diagnósticos se daban cada vez más entre personas “cada vez más jóvenes, entre los que hay muchos hombres jóvenes millenials que tienen sexo con otros hombres.”

La epidemia de VIH en Filipinas es la que más ha crecido en la región de Asia y el Pacífico en los últimos años, por mucho que el informe considere que se trata de una cifra baja en comparación a los más de 100 millones de población de un país mayoritariamente católico en el que el uso de anticonceptivos ha sido históricamente desaconsejado. Sin embargo, desde 2012, el Departamento de Salud reforma sus protocolos de salud reproductiva y comienza a fomentar la planificación familiar y el sexo seguro para reducir las altas tasas de embarazos adolescentes.

A pesar de todos estos datos, en un encuentro con trabajadores migrantes que volvían al país, el presidente estaba hablando sobre el boom de la natalidad en el país cuando les soltó un “Evitad los condones, porque los condones no son placenteros.” Para ejemplificarlo Duterte se metió un caramelo envuelto en la boca: “Intentad coméroslo sin quitarle el plástico. Coméroslo. Así es como se siente un condón.” La solución de Duterte a un embarazo no deseado (que es lo único que le preocupa) es que las mujeres tomen la píldora.

Una explicación gráfica condenada inmediatamente por Human Wights Watch, que acusan al mandatario de «despreocupación imprudente por la salud de los filipinos (…). En lugar de criticar los condones como un inhibidor del placer, Duterte debería tomar medidas significativas para proteger la salud de los filipinos respaldando los cambios de políticas urgentemente necesarios para ampliar el acceso y el uso de condones en Filipinas».

Lo peor de todo es que la situación no tiene pinta de que vaya a mejorar mientras el país siga teniendo a un presidente tan irresponsable como Rodrigo Duterte. De Duterte ya te hemos hablado varias veces en esta web, por ejemplo cuando dijo que los presos no pueden reformarse porque cuando van a la cárcel se vuelven gais. El historial de Duterte, denunciado ampliamente por asociaciones de lucha por los Derechos Humanos, apunta a que el presidente prefiere matar a los “criminales” que enviarlos a prisión.

Como explica la periodista Ana Santos, lo que le pasa a Duterte es que es un ignorante: “Sus comentarios sobre los condones nos demuestran lo poco que sabe sobre la epidemia del VIH en Filipinas, y cómo los condones son un método científicamente demostrado para prevenir su propagación.”

Fuente Universogay/EstoyBailando

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Seis legisladores republicanos de Carolina del Sur presentan una ley para separar los matrimonios heterosexuales (normales) de los homosexuales (parodias).

La ley establece además que el estado no apoye de ninguna forma los “matrimonios parodia” porque no son naturales y porque, según ellos, no se trata de un tema de discriminación homófoba.

Steven Wayne Long, William M. Chumley, James Mikell Burns, John R. McCravy III, Josiah Magnuson y Richard Martin. Estos señores:

Son seis legisladores republicanos del estado de Carolina del Sur (Estados Unidos) que acaban de apoyar una ley que quiere redefinir el término “matrimonio” para separar al matrimonio heterosexual del homosexual. Sí, Estados Unidos, 2018. Tres años después de que el Tribunal Supremo del país legalizara de facto el matrimonio igualitario a estos seis iluminados se les ha ocurrido dar una vuelta de tuerca porque así son ellos: blancos, heterosexuales (o eso dicen), republicanos y homófobos.

La “Ley de Restauración del Matrimonio y la Constitución” fue leída por primera vez el pasado 15 de febrero y ha sido enviada para su tramitación. No creemos que vaya a ninguna parte, pero presta atención porque aunque en tu país el matrimonio entre personas homosexuales sea legal nada te asegura que no te aparezcan seis energúmenos como éstos. Esa ley, básicamente, “define ciertos términos, incluyendo ‘matrimonio parodia’ y ‘matrimonio’; para aclarar que las políticas en torno a los matrimonios parodia son de naturaleza no secular“. Y además quiere “prohibir al estado que muestre su respeto, apoyo o reconocimiento a cualquier política de matrimonios parodia que trate la orientación sexual como una ‘suspect class’“.

“Suspect Class” no es exactamente una “clase sospechosa“, es un término legal acuñado por el Tribunal Supremo para definir a grupos de población que son proclives a ser discriminados. El colectivo LGTB, obviamente, forma una “suspect class“. Y la ley presentada por estos seis indocumentados quiere, básicamente, dejar claras dos cosas: que los matrimonios igualitarios no tienen una raíz religiosa (casi mejor) y por lo tanto no han de ser respetados ni reconocidos; y que el estado no reconozca a las personas homosexuales como posibles víctimas de discriminación para asegurar que sus matrimonios serán “parodias” y no matrimonios reales.

El movimiento es absurdo: intentan volver a ilegalizar el matrimonio entre personas homosexuales convirtiéndolo en una figura jurídica sin valor alguno y se aseguran evitar posibles demandas diciendo, básicamente, que la homofobia no existe. Es un poco como intentar acabar con el racismo haciendo una ley que asegura que las personas racializadas no lo sufren.

La idea de estos seis legisladores es, crear un matrimonio de dos carriles: si eres hetero te casas en un matrimonio normal y si eres homosexual te casas en un matrimonio paródico. ¿Y por qué es una parodia? Porque, como explica la ley (y como los homófobos llevan repitiendo 20 años), “durante milenios las civilizaciones han definido el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Ese matrimonio surgió de la naturaleza de las cosas y es un matrimonio natural, neutral y no controvertido; a diferencia de las formas paródicas del matrimonio.” Sí. Para los republicanos el matrimonio entre personas del mismo sexo es una broma de mal gusto, pero no te quejes porque ellos no son homófobos… ¡es que no existe la homofobia!

Además todos sabemos que el matrimonio heterosexual (sobre todo el de los políticos republicanos) no es una parodia de nada porque los heteros siempre se casan por amor y para tener hijos y nunca tienen aventuras, ni se acuestan con prostitutas pagadas con dinero público y por supuesto no son gais aunque les pillen en una habitación de hotel con un chapero menor de edad.

El texto de la ley asegura además que desde que se aprobó el matrimonio igualitario no ha habido un auge descomunal de bodas gays, pero sí ha crecido la persecución a los cristianos heterosexuales por parte de “Humanistas Seculares” que se dedican a infiltrarse y adoctrinar a los menores en escuelas públicas para inculcarles “una visión del mundo que es moralmente cuestionable, obscena y no secular“. Y rizan el rizo al añadir que “no está decidido si la orientación sexual es inmutable o genética y se trata, por lo tanto, de un asunto de fe.”

No creemos que este insulto en forma de ley llegue a ninguna parte, pero su propia existencia ya es indignante. Sarah Warbelow, Directora Legal de la Human Rights Campaign, ha cargado contra la idea aclarando que “el matrimonio igualitario es la ley indiscutible de este país” y añade que los seis políticos deberían dedicarse a los verdaderos problemas que sufren sus votantes “y no obsesionarse con un tema zanjado que cuenta con el apoyo de la mayoría de americanos“. Desde SC Equality su director ejecutivo, Jeff Ayers, ha señalado al legislador Steven Wayne Long por utilizar el odio para ganar las elecciones: “Esto no es más que el intento de un representante primerizo por contentar a su electorado de extrema derecha en un año electoral. Leyes como ésta promueven el odio, son discriminatorias y solo consiguen que sea más complicado atraer negocios a Carolina del Sur.”

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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Desde la izda, David Little, Roy A. Perkins, Lynn Spruill (alcaldesa) y Henry Vaughn. Los tres hombres votaron en contra…

Aunque la mayoría del pueblo está a favor, aunque los comerciantes están a favor, aunque la alcaldesa está a favor… 4 concejales se han negado (sin motivo) a que Starkville, Mississippi, celebre su Orgullo LGTB en 2018. 

Starkville es una ciudad de unos 25.000 habitantes al noreste de Mississippi que quería organizar una manifestación del Orgullo LGTB. Pero no lo hará. Porque aunque la mayoría del pueblo está totalmente a favor, hay 4 concejales que se niegan en rotundo.

Cuando Bailey McDaniel presentó la propuesta ante la junta se dio por hecho que iba a ser aprobada automáticamente, no solo porque gran parte de los ciudadanos estaban a favor del mismo sino porque desde 2014 la Junta de Concejales no ha rechazado la organización de ningún evento si la solicitud estaba debidamente rellenada. Y ésta lo estaba. Pero a pesar de tener a 16 personas hablando a favor de la organización y solo 2 en contra, 4 de los 7 concejales decidieron denegarla y  se han negado a hacer comentarios.

Los argumentos a favor de la manifestación fueron desde la necesidad de celebrar la aceptación y la diversidad hasta los beneficios económicos que podían derivarse, pasando por la necesidad de estar en el lado correcto de la historia. Como explicaba uno de los residentes en Starkville, Kevin Williams, hace años a las personas afroamericanas se les habría negado la misma propuesta y avisó a los concejales de que si votaban en contra por miedo a lo que algunos pudieran decir entonces no deberían ser concejales: “Es el momento de liderar. Y ahora os pregunto una cosa: ¿De qué tenéis miedo?“.

Los argumentos en contra fueron… lamentables. Y homófobos, por supuesto. Dorothy Isaac solo acertó a decir que “Dios creó a Adán y Eva” y pidió “que la ciudad no se convierta en una ciudad de pecado“.

La alcaldesa de Starkville, Lynn Spruill, también habló a favor de la manifestación: “Creo que es una de esas cosas que muestra la inclusividad de nuestra comunidad, algo que llevo tiempo diciendo que somos. Somos diversos, en mi opinión no estamos divididos; y no quiero empezar a tener esa idea de nosotros.” Spruill explicó que se había reunido con la alcaldesa de un pueblo cercano que había organizado una manifestación del Orgullo y había sido todo un éxito.

Uno de los concejales que votó a favor, Patrick Miller, explicó que no solo se trataba de un tema personal y social sino que el gobierno estaba obligado a verlo desde el punto de vista económico. Miller le dijo a los presentes que en la reunión había visto a un reportero de Associated Press y que si votaban en contra entonces una cuenta con 12,3 millones de seguidores sabría lo que había pasado: “Y eso son 12,3 millones de personas que inmediatamente se harán una idea negativa de Starkville. Y de repente Starkville se convierte en lo que no es. Espero que tengáis eso en cuenta cuando emitáis el voto. Esto va mucho más allá de nuestras creencias personales.”

A pesar de todo, cuatro concejales: Ben Carver, David Little, Roy A. Perkins y Henry Vaughn  votaron en contra de la manifestación y Starkville no tendrá Orgullo LGTB. “Esto envía el mensaje de que no somos la comunidad abierta y hospitalaria que pensaba que éramos“, ha comentado la alcaldesa Spruill, que añadió que se sentía profundamente decepcionada.

 Bailey McDaniel al escuchar el resultado del voto (Foto: Logan Kirkland – SDN)

La organizadora del Pride, Bailey McDaniel, no pudo contener las lágrimas al conocer el resultado de la votación: “De verdad deseaba que la ciudad pudiera formar parte de este evento histórico para Starkville, pero no estarán. Lo único que puedo decir es que ésta no es la última vez que nos tienen que escuchar, específicamente sobre este tema. Esto no es lo que la gente de Starkville quiere, porque la gente de Starkville ama a la gente de Starkville.”

Además de agradecer a todo el mundo que habló en favor de la manifestación, McDaniel ya ha explicado que su organización se pondrá en contacto con la ACLU, la Human Rights Campaign y Southern Poverty Law Center para que les ayuden, porque considera que el motivo del rechazo fue la más pura LGTBfobia: “Vamos a tomar acciones contra esto. No había motivo para rechazar la solicitud, estaba perfectamente redactada.” El Starkville Pride, además, está moviendo la historia en redes sociales y mantienen abierta una página en GoFundMe que iba a servir para financiar el Pride 2018 para conseguir más fuerza de cara a 2019.

Desde la Human Rights Campaign Rob Hill, Director estatal de Mississippi, ha emitido un comunicado en el que se lamenta de la decisión: “Ya van dos veces que Starkville demuestra que no apoya a sus ciudadanos LGTBQ, y la comunidad LGTBQ no lo olvidará. Es decepcionante que la Junta de Concejales niegue a las personas LGTBQ de Starkville la posibilidad de celebrar un Orgullo en su propia ciudad.”

Fuente | Starkville Daily News, vía EstoyBailando

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Aunque la comunidad médica y militar se ha mostrado en contra y aunque los juzgados federales no dejan de anularla, la prohibición de que las personas trans sirvan en el ejército de EE.UU. ideada por Trump tiene ahora el respaldo de todo el Partido Republicano. 

Cuando en verano del año pasado Donald Trump anunció en Twitter que quería prohibir a las personas trans formar parte del ejército estadounidense muy probablemente no esperaba que se formara el culebrón que se acabó formando.

En mitad de ese follón político las asociaciones LGTB+ y en pro de los derechos civiles y humanos llevaron la decisión de Trump a los tribunales y el mes pasado el Pentágono anunció que, con la prohibición suspendida por parte de un juzgado, las personas trans no solo podían seguir alistándose en el ejército sino que se iban a aplicar varias medidas para proteger su privacidad y facilitarles vivir acorde a su género percibido. Incluso pagaron la operación de reasignación de sexo de una mujer trans.

Los que aún no habían dicho nada sobre el tema eran los republicanos en general, que acaban de mostrar todo el apoyo de su partido a la decisión de Trump. Algo muy poco sorprendente teniendo en cuenta que la transfobia parece ir adherida al ADN republicano cuyos senadores, gobernadores y políticos así en general se han enfrascado en una lucha constante contra los derechos de las personas LGTB. Y, con el matrimonio igualitario aprobado y asentado, la víctima perfecta para su odio es el colectivo trans.

La semana pasada el partido Republicano celebró su Comité Nacional anual y aprobaron una resolución que podría considerarse, directamente, la representación de la transfobia: para los republicanos las personas trans están “descalificadas psicológica y físicamente” para ser militares.

Lo que no deja de ser una posición ofensivamente hilarante porque los propios militares han dejado claro que los y las soldados trans son miembros del ejército tan valiosos como cualquier otro. Además tanto la Asociación Americana de Medicina como la Asociación Americana de Psicología han dejado claro que no hay ninguna razón médica válida, ni física ni mental, para excluir a las personas trans del ejército.

Desde el Partido Demócrata ya han cargado contra los republicanos. Lucas Acosta, director del programa LGTBQ del partido, ha señalado que esta decisión de los republicanos es el último paso de una administración que en los últimos meses “ha echado por tierra protecciones significativas para la comunidad LGTBQ, ha destrozado familias y ha permitido a los trabajadores sanitarios discriminar en cuanto al acceso a los cuidados médicos.” Acosta acusa a los republicanos de infravalorar a las personas trans “que quieren servir a su país de la forma más honorable posible” y señala la hipocresía que supone “negar los derechos básicos a las personas LGTBQ mientras aceptan dinero de un depredador sexual con múltiples acusaciones y lo invierten en un supuesto pederasta.”

La presidenta de la GLAAD, Sarah Kate Ellis, acusa a Trump y los republicanos de situarse diametralmente en contra de lo que la gran mayoría de americanos creen que es mejor para la seguridad de su país: “El hecho de que el Comité Nacional Republicano se alinee con esta flagrante discriminación muestra lo tóxica y profundamente arraigada que la ideología LGTBfóbica de la administración Trump se ha vuelto.”

“Es un ataque asqueroso a las miles de personas trans valientes que están en servicio en las fuerzas armadas” declara David Stacy, de la Human Rights Campaign, “Va en contra de las opiniones expertas de la comunidad médica y de la comunidad militar. Y como cada juzgado federal ha confirmado hasta la fecha: la prohibición es anticonstitucional. Continuaremos luchando y ganaremos el derecho de cada persona apta a servir al país que aman.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Doug Jones celebra su victoria y detrás su hijo gay Carson

Como publicábamos hace unos días, el candidato demócrata, Doug Jones, se impone al republicano, Roy Moore, como gobernador de Alabama en una campaña que ha girado en torno a los derechos del colectivo LGBT, en la que ha sido crucial la intervención de un padre cuya hija se suicidó tras ser víctima de la misma discriminación que hace gala Moore, mientras que el hijo de Jones, abiertamente homosexual, no ha querido intervenir confiando en la habilidad de su padre.

A pesar que el estado de Alabama está ubicado entre otros marcadamente homofóbicos, como Georgia, Tennessee y Misisipi, el colectivo LGBT celebra la victoria del candidato demócrata para gobernador, Doug Jones, que vence este miércoles, 13 de diciembre, al republicano Roy Moore, quien en su campaña había defendido que la homosexualidad debería ser considerada una enfermedad. Mientras Jones se muestra orgulloso de su hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual, muchos aplauden la intervención en campaña de William Nathan Mathis, cuya hija se suicida tras ser víctima de la misma discriminación que proclama Moore.

«Estoy realmente abrumado (…). Al final del día, toda esta carrera ha sido sobre dignidad y respeto. Esta campaña ha sido sobre el estado de derecho. Esta campaña ha sido sobre educación y decencia», declara Jones al ganar por un porcentaje muy ajustado pero que permite la elección de un demócrata después de 25 años. La gran ventaja de Moore se reduce en el momento en que varias mujeres le acusan de agresión sexual cuando tenía alrededor de 30 años, antes de convertirse en juez del Tribunal Supremo de Justicia de Alabama. Según el candidato estas acusaciones proceden de «liberales, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y socialistas», a los que culpa de liderar una «conspiración» para destrozar su carrera política.

https://www.youtube.com/watch?v=cYIz9VeuNX4

Durante su campaña, Moore llega a pedir al Congreso que impugne a la juez federal responsable del bloqueo al veto a las personas transexuales en las Fuerzas Armadas de Donald Trump, así como a los miembros del Tribunal Supremo a hacer lo mismo con el juez que había firmado la sentencia que permite la legalización del matrimonio igualitario en los Estados Unidos, llegando a afirmar que «las personas transexuales no tienen derechos». De hecho, Moore habría sido destituido en dos ocasiones como presidente del Tribunal Supremo de Alabama tras desafiar sentencias del Tribunal Federal que entraban en conflicto con sus creencias religiosas, siendo el fundador de un grupo radical como Fundación para el Derecho Moral, que se opone recientemente a que Kristin Goodwon dirija la Academia de la USAF.

«El pueblo de Alabama eligió a Doug Jones, un aliado con un historial de lucha frontal contra el odio», declara Ben Needham, director del Proyecto Uno América de Human Rights Campaign, mientras que Masen David, director ejecutivo de Freedom for All Americans añade que «las personas LGBT de todo el país estarán felices celebrando los resultados de las elecciones de hoy en Alabama, donde Roy Moore, una de las fuerzas más fervientemente anti-LGBT del país, ha sido derrotado. Moore demostró un abrumador desprecio por las personas LGBT y la incapacidad de tratarnos con el respeto y dignidad básicas. Los resultados de las elecciones de esta noche demuestran que la discriminación no gana las carreras políticas».

Pro, con toda seguridad, quien más orgulloso está de la victoria de Jones es su propio hijo, Carson Jones, abiertamente homosexual. «Obviamente estoy emocionado con la victoria de mi padre. Nos ha abrumado el apoyo de tanta gente que ha hecho posible que esto sucediera. Alabama ha hecho una gran declaración de que la unidad gana. ¡No podría estar más orgulloso de él ni de mi estado natal!», afirma Carson, que no ha querido pronunciarse antes al considerar que su padre es lo suficientemente hábil para para silenciar a quienes se manifiestan contra sus posturas liberales en cuestiones como el aborto y los derechos de los homosexuales, «una necesidad en uno de los estados más conservadores del sur».

Como abogado, Jones encabezó en 1963 la persecución de los miembros del Ku Klux Klan responsables del atentado con bombas en la iglesia de Birmingham y la clínica abortista de Eric Rudolph. En la página web del candidato demócrata queda clara su postura al afirmar que cree «que todos somos creados iguales ante los ojos del Señor y la ley. Si bien hemos progresado en derechos civiles como nación, no podemos ser complacientes con las continuas amenazas a la igualdad y la justicia. La masacre de la iglesia de Charleston motivada por motivos raciales y Charlottesville son claros recordatorios de esa continua amenaza. Creo que los Estados Unidos de América son una tierra de leyes, justicia, libertad, igualdad y oportunidad».

Pero quien sí se ha manifestado en campaña, favoreciendo la oposición a Moore, ha sido William Nathan Mathis, quien explicaba cómo su nieta de había suicidado con sólo 23 años de edad, tras ser víctima de discriminación como la que defiende el candidato republicano. «El juez Roy Moore la llamó una pervertida por una razón: porque era homosexual», declara Mathis, que es lo que el candidato pensaría de los hijos de sus votantes que fueran igualmente gays o lesbianas, indicando que es algo que la gente debe saber porque, siendo candidato se supone que debe defender que todas las personas tienen los mismos derechos, haciendo referencia por error a la Constitución, dado que tal derecho se defiende en la Declaración de Independencia. Mathis llega a afirmar que no considera responsable a Moore del suicidio de su nieta, revelando que él mismo era contrario a las personas homosexuales, siendo una persona religiosa, lo que le llevó a decirle cosas horribles, que ahora lamenta. Si bien no puede rectificar con respecto a su nieta, afirma que los ciudadanos de Alabama, «no necesitamos una persona así que nos represente en Washington».

Fuente Universogay

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Con la prohibición de que las personas trans sirvan en el ejército norteamericano suspendida por una juez federal, el Pentágono continúa ofreciendo a las tropas transgénero los mismos derechos que siempre.

En febrero de 2018 se espera que se publiquen las nuevas políticas respecto a los y las militares trans, a pesar de la diferencia de opiniones entre la Casa Blanca y los líderes militares. 

A pesar de que Trump anunció vía Twitter que iba a prohibir a las personas trans formar parte del ejército de los Estados Unidos reinstaurando la prohibición de servir en el Ejército, lo que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

Pero en el propio ejército de los Estados Unidos no parece que tengan pensado hacerle demasiado caso al presidente.  Aunque Trump aseguró que lo había consultado con varios expertos militares lo cierto es que por ahora no ha aparecido ni un miembro del ejército que respalde la maniobra tránsfoba del presidente con la que pretende contentar a la extrema derecha más que mejorar las condiciones laborales de sus soldados. Pero además desde el propio Pentágono parecen tener tan pocas ganas de discriminar a las personas trans que siguen financiando operaciones de afirmación de género entre sus filas.

La última ha sido a una soldado de infantería, condecorada en la Operación Anaconda durante la guerra de Afganistán en 2003, que ha sido operada en un hospital civil. Así lo ha confirmado la Vice-almirante Raquel Bono, que también fue la encargada de aprobar la baja médica de la soldado.

La prohibición de que las personas trans accedan al ejército está siendo tremendamente polémica y ha resultado ser otra medida de Trump que acaba suspendida en un tribunal. Mientras la jueza Colleen Kollar-Kotelly revisa la prohibición (y avisa de que tiene todos los números para ser declarada inconstitucional) y mientras el congreso investiga exactamente qué contactos hubo entre la Casa Blanca y el Pentágono para llegar a esta decisión, el secretario de defensa, Jim Mattis, avisó al ejército de que por ahora las políticas respecto a las personas trans que están en activo se mantienen intactas.

Eso significa que, como ha sido este caso, pueden seguir accediendo a los programas de salud que permiten este tipo de cirugía.

Pero Mattis también avisó de que la medida era temporal hasta que el 21 de febrero de 2018 el Pentágono publique la nueva política en base a lo exigido por la Casa Blanca, desde la que Trump ha pedido que no se permite a más personas trans acceder al ejército pero que sea Mattis el que decida qué hacer con las que ya están en activo. Algo que para Sarah McBride, secretaria de prensa de la Human Rights Campaign, es una clara muestra de que “hay una amplia oposición entre el congreso y los líderes militares frente a los ataques discriminatorios de Donald Trump y Mike Pence a las tropas transgénero.”

Fuente | Pink News, vía EstoyBailando

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Un grupo de populares chefs y reconocidos pasteleros y propietarios de restaurantes reclaman al Tribunal Supremo que falle contra el el pastelero de Denver, Jack Phillips, que rechazó hacer una pastel de boda para la boda de una pareja del mismo sexo.  

José Andrés, Elizabeth Falkner y Carla Hall, son algunos de los populares chefs que junto a los dueños de una popular tienda de cupcakes de Washington D.C. y un pastelero de Mississippi han suscrito un memorando escrito por Human Rights Campaign en apoyo a la pareja que fue discriminada por Jack Phillips, propietario de Masterpiece Cakeshop, que en 2012 rechazó hacer un pastel de bodas para Charlie Craig y David Mullis en función de la libertad religiosa.

Según estos profesionales de la hostelería, una vez que abres las puertas de tu establecimiento, no puedes escoger a tus clientes y cumplir con las leyes que prohiben la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género no te quita el control creativo sobre tu trabajo. En enero de 2014 un juez de Denver daba la razón a los demandantes al afirmar que no es legal negarse a hacer un pastel sólo porque sea para una pareja gay. No conforme con este resultado Phillips inicia un largo proceso que le ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en diciembre. Visto que la libertad religiosa no le ha servido anteriormente, su estrategia ahora es la libertad creativa, sosteniendo que, como artista, no deberían obligarle ha hacer un pastel en contra de sus creencias.

«No se trata de tu arte. Cuando estás abierto al servicio de la gente, no puedes decidir a quién atender no atender», asegura Falkner, propietaria de varios restaurantes en Nueva York y San Francisco, que ha sido concursante y juez en diferentes competiciones culinarias. En la misma línea se manifiesta Mary Jennifer Russell, propietaria de Sugaree’s Bakery en New Albany (Misisipi), afirmando que «puedes decidir qué crear y qué servir, pero no decir que ni vas a servir a una persona gay, a una transexual o a un mujer o a una persona de color».

Asimismo, Sophie Kallnis LaMontagne, copropietario de Georgetown Cupkace, en Washigton D.C., asegura que tanto ella como su hermana, Katherine Kallinis Berman, piden al Tribunal Supremo que tengan en cuenta su declaración y escuchen «por qué creemos que es tan importante que no autoricen a las empresas a discriminar. Esto es sobre hacer lo correcto y dar la bienvenida a todos», asegurando que las leyes contra la discriminación en Colorado y otros 21 estados son regulaciones razonables que no reprimen su creatividad artística. Sorprendentemente, hosteleros y restauradores tienen en su contra al Departamento de Justicia de la Administración de Donald Trump, que habría elaborado un amplio informe de 41 páginas en apoyo a la actitud discriminatoria del pastelero de Dever.

Fuente Universogay

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Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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La activista transexual Ashley Smith dejando en ridículo al gobernador…

Al gobernador republicano Greg Abbott le salen mal los planes y su Ley tránsfoba de los lavabos ni siquiera llega a debatirse en la sesión especial que él mismo convocó.

Los empresarios del estado avisaron de que aprobarla podía acarrear pérdidas de más de cinco mil millones de dólares.

Las organizaciones LGBT celebran esta victoria, aunque recuerdan que hay que mantenerse en la lucha para que no sea algo temporal.

Después de la situación que se vivió (y aún se vive) en Carolina del Norte por la infame Ley de los Lavabos, el gobernador de Texas (el republicano Greg Abbot) pensó que era buena idea proponer una ley igual en el estado dominado por su partido. Pero le ha salido el tiro por la culata.

Abbott propuso a los republicanos crear una ley tránsfoba, la SB3, que prohibiera a las personas trans utilizar el baño público del género con el que se identifican, obligándoles a utilizar el baño correspondiente al género que aparece en su certificado de nacimiento. Además quería multar a los edificios públicos que permitieran a las personas trans saltarse esa normativa con sanciones que rondaban los 10.000$.

 Para poder aprobar esa ley Abbott tuvo que convocar una sesión especial del congreso del estado, limitando el tiempo para la aprobación de la ley a 30 días. Básicamente, los legisladores del estado se reúnen durante 140 días cada dos años para revisar todas las leyes del estado, modificarlas o crear nuevas. Como el proyecto de ley tránsfoba no estaba en los planes iniciales Abbott se sacó de la manga esa sesión especial para introducirla y aprobarla.

Pero hay una cosa con al que Abbott no contaba y fue la encarnizada oposición que se encontró a dicha propuesta. Los grupos LGBT movilizaron a una gran parte de la sociedad y de los empresarios que se mostraron totalmente en contra de esa ley. Los jefes de policía de tres de las ciudades más grandes del estado ya dijeron que era una legislación que no ayudaba a nadie y que en lugar de plantear una solución a un problema lo que hacía era crear un problema nuevo. Las grandes petroleras del estado avisaron al senador de que no verían con buenos ojos una legislación discriminatoria y la Asociación de Negocios de Texas calculó que, si se aprobaba, el estado perdería casi seis mil millones de dólares de aquí a 2026.

La sesión especial del congreso convocada por Abbott terminaba ayer, pero anteayer los legisladores terminaron sus trabajos y dijeron que cualquier medida que se quedara sin aprobar se aplazaba “sine die”, por lo que la ley tránsfoba no se ha aprobado y no parece que vaya a volver a presentarse nunca más. Todo apunta a que el responsable de este tropezón de Abbott ha sido otro republicano, Joe Straus, que es el portavoz de la Cámara de Representantes. Straus, que controla la agenda dentro de la cámara, dijo que el tema no era una prioridad y lo dijo porque tenía detrás una gran campaña financiada por las petroleras Halliburton y ExxonMobil que, como decíamos antes, protestaron por esta ley al considerar que les iba a hacer más complicado poder reclutar a nuevos talentos.

Desde los colectivos LGBT han celebrado la derrota de Abbott y han recordado lo importante que es que todo el colectivo y aliados se unan para luchar contra este tipo de legislaciones y así frenarlas antes de que hagan daño. JoDee Winterhof, una de las activistas de la Human Rights Campaign que ha luchado contra la ley, se ha alegrado de que “por fin los texanos pueden respirar aliviados durante un tiempo” y ha recordado que los ciudadanos del estado “no quieren una legislación tránsfoba que sólo busca hacer daño.”

Fuente | Huffington Post, vía EstoyBailando

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La Human Rights Campaign anuncia la creación de la Iniciativa HRC Rising, una inversión de 26 millones de dólares para luchar contra las políticas discriminatorias de la administración Trump.

El objetivo de la HRC es influir en las elecciones al senado de 2018 y asegurar que los candidatos con historiales LGTBfóbicos son derrotados.

Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca muchos fueron los que señalaron que a pesar de lo negativo que resultaba ese hecho en parte iba a favorecer la lucha por los derechos civiles porque Trump iba a indignar a tanta gente que cada vez más personas querrían sumarse a la lucha para cambiar el mundo y terminar con la discriminación y la intolerancia.

Eso precisamente es lo que ha hecho la Human Rights Campaign, que acaba de anunciar la creación de la iniciativa HRC Rising, que supondrá una inversión histórica de 26 millones de dólares en un esfuerzo por influir en las elecciones al senado estadounidense de 2018. Con ese dinero la HRC ayudará a que en estados clave como Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona y Nevada se elijan senadores que se comprometan a luchar contra las políticas discriminatorias de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas).

Para conseguir sus objetivos desde la HRC ya han contratado a 20 personas a tiempo completo que se unen a otras 12 personas trabajando en esta inciativa y que se dedicarán a analizar el campo político, organizar voluntarios, coordinar organizaciones, comunicaciones y medios digitales. La HRC siempre ha sido una organización muy activa en la vida política estadounidense y su intención es conseguir que esos 10 millones de votantes LGTBI (un 5% de todo el electorado) demuestren que son uno de los bloques de votantes más importantes de la nación. Además quieren desarrollar un “Modelo de Votante Igualitario”: aliados del colectivo que se opongan a los candidatos que ataquen los derechos civiles de las personas LGTBI.

La iniciativa HRC Rising es la culminación de todas las medidas que los 3 millones de miembros activos de la organización por todo el país han ido desarrollando desde enero, dos meses después de que Trump y Pence se convirtieran en Presidente y Vicepresidente del país. Una de las cosas que hicieron fue crear una “sala de guerra” en la que se dedican activamente a analizar todas las medidas discriminatorias de la administración y coordinar esfuerzos en el mundo real y en el virtual para luchar contra candidaturas de políticos con historial de LGTBfobia como Mark Green o derogar acciones ejecutivas que iban contra el colectivo.

Fuente | HRC, vía EstoyBailando

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Imagen del momento en que Kate Brown firmó la HB2673

La gobernadora demócrata de Oregón firma una ley que facilita a las personas trans del estado modificar su certificado de nacimiento.

“El gobierno no tiene derecho a dictar la identidad de las personas.”

Kate Brown, la gobernadora de Oregón, no está para tonterías. La demócrata ha decidido que Oregón esté a las antípodas de otros estados como Carolina del Norte o Texas y ha firmado una ley que protege al colectivo trans y da un paso importantísimo para solucionar muchos de los problemas a los que se enfrenta el colectivo: su certificado de nacimiento.

La HB2673 elimina las trabas burocráticas a las que se enfrentan las personas trans para poder modificar su certificado de nacimiento y manda a paseo todo el papeleo público y la necesidad de pasar por un juzgado para que, a través de un proceso privado supervisado por la Autoridad Sanitaria de Oregón, las personas trans puedan modificar ese certificado de forma sencilla.

Al hacer esto, como señalan desde la Human Rights Campaign, las personas trans no sólo tendrán un certificado de nacimiento que refleje su verdadera identidad de género sino que así tendrán acceso mucho más sencillo a cuidados sanitarios,  un trabajo o diferentes servicios. Por ejemplo, mientras otros estados obligan a las personas trans a usar el baño del género que figura en su certificado de nacimiento, Oregón cambia el certificado y así se evita su discriminación no sólo en el estado sino en todo el país. Desde la organización han felicitado a la gobernadora Brown y a la organización Basic Rights Oregón por su lucha para que esta ley fuera aprobada.

En un Tweet lanzado después de firmar la ley, la gobernadora ha asegurado que se siente “Orgullosa de haber firmado esta histórica ley por la igualdad transgénero” y añadió “El gobierno no tiene derecho a dictar la identidad de las personas.”

General, Historia LGTBI HB2673, Human Rights Campaign, Kate Brown, Oregón, Transexual, Transexualidad

Roy Cooper ganó las elecciones al republicano Pat McCrory y prometió derogar la discriminatoria ley HB2, pero en su lugar aprobó la HB142 que era más de lo mismo.

Cooper se defiende asegurando que necesitaba llegar a un “compromiso”, pero las ONG le acusan de ser un chaquetero.

La ciudad de Charlotte aprobó una ordenanza municipal que protegía a las personas trans y permitía que utilizaran el baño del género con el que se identifican. A los republicanos que gobernaban el estado esa ordenanza les pareció fatal, y la atacaron diciendo que eso era competencia del gobierno estatal; así que crearon la HB2: una ley discriminatoria que, entre muchas otras cosas, obligaba a las personas trans a usar el baño del género que había escrito en su DNI.

La ley fue un absoluto desastre. Cientos de empresas se fueron del estado y la imagen de Carolina del Norte quedó muy dañada. Ante unas pérdidas estimadas de 3 billones de dólares si la ley no se derogaba en 5 años, el gobernador republicando Pat McCrory acabó perdiendo las elecciones frente al demócrata Roy Cooper. Una de las primeras cosas que hizo Cooper fue intentar derogar la HB2, pero los republicanos -que seguían controlando la cámara de representantes- le hicieron una jugarreta y lo único que pudo hacer fue aprobar la HB142. Aunque esa ley “anulaba” la HB2, también prohibía a las ciudades aprobar ordenanzas sobre el uso de baños públicos hasta el 2020 diciendo que eso era competencia del estado; lo que implica que la HB2 sigue estando vigente durante 4 años más.

Desde la Human Rights Campaign han denunciado que a pesar de que Cooper quiere vender la HB142 como una victoria (“un acuerdo imperfecto“, lo llama el gobernador), en realidad se trata de “otra versión de la HB2 que oculta un intento desesperado de los legisladores con la esperanza de salvar la economía del estado“. Desde Equality NC su director ejecutivo, Chris Sgro, acusa a Cooper de ser bastante irresponsable con este tema: “El rechazo continuado de Cooper a asumir responsabilidades por las consecuencias negativas de la ley que firmó sobre la comunidad LGTB es descorazonador.”

En una conferencia en el Centre for American Progress en Washington, Cooper ha dicho que está preparando una orden ejecutiva para asegurar los derechos de la comunidad LGTB: “Cuando derogamos la HB2 e iniciamos este compromiso dije que necesitábamos tomar medidas adicionales para asegurarnos de proteger a los ciudadanos LGTB. Estamos trabajando en una orden ejecutiva que nos ayude a conseguir esa meta.” Cooper además defendió la HB142 asegurando que “política y emocionalmente habría sido más fácil para mí seguir dando golpes sobre la mesa y no aceptar ese compromiso, pero sabía que no estaba siendo justo con mi estado. No estaba siendo justo con las personas LGTB.”

Olivia Alair Dalton, vice-presidenta senior de la Human Rights Campaign (y antigua secretaria de prensa de Michelle Obama) ha declarado que esa afirmación de Cooper es “bastante extraordinaria, teniendo en cuenta que fue él quien firmó la HB142 y convirtió la discriminación en ley.”

Más duros se muestran desde la ACLU: “Cooper representa lo más despreciable de la política. No puedes estar en misa y repicando. Nunca tendrás nuestro apoyo o confianza.”

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Carolina del Norte, Charlotte, HB142, HB2, Homofobia/Transfobia, Human Rights Campaign, Michelle Obama, Olivia Alair Dalton, Pat McCrory, Roy Cooper