Comentarios desactivados en El Senado de Dakota del Sur rechaza el proyecto de ley que prohibía hablar de identidad de género en las escuelas
Una comisión del Senado de Dakota del Sur ha rechazado un proyecto de ley que limitaba gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. El texto había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace unos días y perseguía la prohibición de la enseñanza de la «disforia de género» al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. A pesar de la derrota de la iniciativa, otra propuesta de carácter tránsfobo está pendiente de tramitación. Su objetivo, obligar a los alumnos trans a participar en las competiciones deportivas con el sexo que les fue asignado al nacer.
El pasado día 12, la Cámara de Representantes aprobaba, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero, justificándola con argumentos tránsfobos sobre la «protección» de los alumnos frente a las «influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en referencia a los menores trans.
Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se pronunciaron. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.
La implicación de todos ellos ha conseguido que la iniciativa acabe en vía muerta. El viernes pasado, una comisión del Senado rechazaba la admisión a trámite del proyecto de ley 1108, por siete votos a dos. Se trata de la tercera medida de carácter tránsfobo que tumba el legislativo en lo que va de año. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Sin embargo, una medida similar, el proyecto de ley 1225, espera su tramitación en la Cámara de Representantes. Sus legisladores votaron hace tres semanas en contra de una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.
Aunque la persecución legal de las personas trans parece haberse acelerado en los últimos meses, no son estas las primeras medidas contra la comunidad en el estado del Medio Oeste. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto. Dakota del Sur se ha colocado a la vanguardia del movimiento reaccionario contra las personas trans, pero se calcula que actualmente son 78 las iniciativas LGTBfobas pendientes de tramitación en el conjunto de los Estados Unidos.
Comentarios desactivados en La Cámara de Representantes de Dakota del Sur aprueba una ley que prohíbe educar sobre identidad de género en las escuelas
La Cámara de Representantes de Dakota del Sur, controlada ampliamente por el Partido Republicano, ha aprobado un proyecto de ley que limita gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. La ley 1108 prohíbe la enseñanza de la «disforia de género»al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. El estado norteamericano, cuya política está dominada por los republicanos, intentó hace tres años obligar a sus estudiantes trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer. Los activistas avisan de la estigmatización de la comunidad trans que provocaría este nuevo proyecto de ley.
La mayoría republicana en las instituciones de Dakota del Sur vuelve a poner a la comunidad trans en su punto de mira. El pasado martes, la Cámara de Representantes aprobó, por 39 votos a favor frente a 30 en contra, el proyecto de ley 1108 para prohibir la enseñanza sobre «disforia de género» en las escuelas públicas al alumnado de educación infantil y primaria hasta el grado séptimo. El texto pasará ahora al Senado, donde continuará su tramitación.
Un grupo de senadores y representantes republicanos introdujo la propuesta en enero. Uno de ellos, el miembro de la Cámara Tom Pischke, justificó su apoyo a la norma en su propia ignorancia: «Tengo 36 años y todavía estoy confundido sobre lo que es la feminidad y la masculinidad, así que no sé por qué habría que explicarle eso a alguien en cuarto curso». Su compañero de filas Fred Deutsch instó a «proteger a nuestros niños que estamos enviando a la escuela pública de las influencias de otros niños que están sufriendo diferentes trastornos», en relación a los menores trans.
Entre los que se opusieron al proyecto, la representante demócrata Kelly Sullivan señaló el carácter discriminatorio de este tipo de iniciativas e instó a «dejar de buscar una solución a un problema que no existe». Los activistas por los derechos civiles también se han pronunciado. Cathryn Oakley, de Human Rights Campaign, cree que la propuesta republicana solo contribuirá a «estigmatizar» a los menores trans y a transmitir la idea de que se puede enseñar a ser transgénero. Libby Skarin, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), hizo un llamamiento a acabar con «el miedo y la incomprensión hacia los jóvenes trans» en Dakota del Sur.
Se trata de un deseo fundado, ya que el actual proyecto de ley no es la primera medida contra la comunidad en el estado. En 2016, ambas cámaras aprobaban una ley para obligar a los alumnos trans a utilizar los baños y vestuarios asignados al sexo que les fue atribuido al nacer, con independencia de su identidad de género. Por fortuna, el gobernador republicano Dennis Daugaard vetó la ley, sin que la legislatura consiguiera la mayoría necesaria para levantar el veto.
Solo en lo que llevamos de año se han presentado otras tres medidas que ponen a las personas trans en el punto de mira. En enero, una comisión del Senado rechazaba un proyecto para prohibir a los alumnos trans participar en equipos deportivos acordes con su identidad de género. Una medida similar espera su tramitación en la Cámara de Representantes, donde la semana pasada fue rechazada una propuesta para permitir a los padres rechazar tratamientos para sus hijos que sospechen que pueden «inducir, confirmar o promover» la percepción del menor de que su identidad de género es distinta del sexo que le fue asignado al nacer.
Comentarios desactivados en Trump permite a las agencias de adopción rechazar a las personas LGBT
Henry McMaster con Trump
La administración de Donald Trump permitirá que las agencias de adopción religiosas rechacen a las personas LGBT+ en Carolina del Sur.
El miércoles (23 de enero), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) renunció a las protecciones contra la discriminación para las agencias financiadas por el gobierno federal en el estado, lo que significa que las personas queer o no cristianas ahora pueden ser rechazadas legalmente.
En una carta al gobernador republicano Henry McMaster, la Administración para Niños y Familias -que es parte del HHS- aprobó su solicitud para que la agencia basada en la fe Miracle Hill Ministries sea excluida de las leyes contra la discriminación, ha informado la LGBTQ Nation.
McMaster también fue informado que al igual que Miracle Hill Ministries, que crea alrededor del 15 por ciento de las familias de adopción en Carolina del Sur, otras agencias religiosas estarán igualmente exentas, según la carta publicada por Dominic Holden de BuzzFeed News.
JUST IN — Trump administration gives waiver to South Carolina, saying it can use federal $$$ to fund religious adoption agencies that discriminate against prospective parents who have different religious beliefs.
JUST IN – La administración de Trump otorga una exención a Carolina del Sur, diciendo que puede usar $$$$ federales para financiar agencias de adopción religiosas que discriminan a los futuros padres que tienen diferentes creencias religiosas.
Carta del HHS al gobernador McMaster: pic.twitter.com/nSt4FkTqC3
– Dominic Holden (@dominicholden) 23 de enero de 2019
Steven Wagner, subsecretario adjunto principal de la división, escribió: “La excepción se aplica con respecto a Miracle Hill o cualquier otro en el Programa de Cuidado de Crianza de SC que utiliza criterios religiosos similares en la selección entre los futuros padres de cuidado de crianza”.
La decisión ha povocado críticas entre los colectivos LGBT+
La abogada principal de Human Rights Campaign, Cathryn Oakley, condenó la decisión de la administración Trump, diciendo en una declaración: “Toda decisión que es tomada por un proveedor de servicios de bienestar infantil debe basarse en hacer lo que es mejor para el niño, y punto. “Proveer cuidado para estos niños es críticamente importante, y demasiados niños languidecen en el sistema de hogares de crianza porque no hay suficientes padres de crianza y adoptivos para cada niño. “Permitir que un contratista federal se niegue a trabajar con futuros padres calificados, limitando aún más el número de futuros padres, es directamente contrario al interés superior de los niños que esperan a las familias”. Afirmó que la exención estaba alimentando la “discriminación financiada por los contribuyentes”, y añadió que era “desmesurada, en gran medida porque da prioridad a los contratistas federales sobre los niños necesitados de familias”.
El senador de Oregon Ron Wyden tweeted: “La decisión de la administración de Trump de permitir la discriminación financiada por los contribuyentes es una afrenta a los valores americanos, poniendo en peligro la seguridad y la protección de los niños vulnerables en el sistema de hogares de crianza en toda Carolina del Sur, y potencialmente en el país”.
La exención de Carolina del Sur sigue a otras medidas para discriminar a los futuros padres LGBT+. La exención otorgada a Miracle Hill Ministries y otras agencias religiosas de acogida en Carolina del Sur se produjo después de numerosos intentos de permitir la discriminación anti-LGBT tanto a nivel federal como estatal.
El año pasado, los republicanos de Georgia presentaron el proyecto de ley del Senado 375, que permitiría a las agencias de adopción y de crianza el derecho a rechazar a las parejas del mismo sexo sobre la base de la libertad religiosa.
Y en noviembre, la gobernadora republicana de Oklahoma, Mary Fallin, firmó el proyecto de ley del Senado 1140, que también permite que las agencias rechacen a las parejas del mismo sexo debido a sus creencias religiosas.
La Enmienda Aderholt, una medida federal introducida por los republicanos en el Congreso que habría promulgado este principio en todo Estados Unidos, fracasó el año pasado.
La idea de Trump ocultaba un motivo muy perverso: recortar el gasto sanitario en el ejército para que los republicanos más de extrema derecha dieran su visto bueno al gasto que supondrá el muro con México. Y firmo
Desde el primer momento en que Trump comunicó esta decisión (en un tweet, por cierto) las reacciones en contra se han sucedido en cadena. Varios juzgados federales de todo el país bloquearon la política al considerar que es discriminatoria (y no tiene sentido alguno) y los demócratas comenzaron una investigación para saber quiénes eran los expertos militares que, según Trump, le habían aconsejado tomar esa decisión. Algo que, por supuesto, no dejó a Trump en muy buen lugar. Hasta Caitlyn Jenner (firme defensora de Trump durante las elecciones) dijo que ya no lo votaría más.
Ahora, pocos días después de que una encuesta realizada por varias universidades entre militares en activo y retirados desvelara que el 61% está a favor de que se prohíba a las personas trans formar parte del ejército, parece que Trump tiene su primera alegría respecto a este tema: un tribunal de apelaciones le ha dado la razón. O más bien, se la ha quitado al juzgado que bloqueó la normativa.
El pasado viernes el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia tumbó la segunda sentencia de una jueza federal de Washington que había prohibido la discriminación a las personas trans en el ejército argumentando que violaba sus derechos constitucionales. Aunque la administración Trump celebra esto como su primera victoria legal en este caso y aunque las organizaciones LGTB+ acusan al tribunal de haber dado “una bofetada en la cara” a los y las militares trans en activo; lo cierto es que con esta decisión nadie gana… y nadie pierde (todavía). Primero porque hay muchos otros juzgados federales que han bloqueado la medida a nivel nacional. Y segundo porque el embrollo legal en el que la Casa Blanca se metió con este tema ha hecho que la propia administración modificara sus planes respecto a la política tránsfoba y haya pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie este mismo mes de enero ya que Trump ya se ha encargado de cambiar a varios jueces del Supremo para poner a los de su misma cuerda.
Una de las primeras juezas en frenar esta medida fue la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, que también bloqueó el segundo intento de Trump de poner en marcha la normativa a pesar de que la administración realizó varios cambios en la propuesta. Es sobre esa sentencia, la respectiva al documento con cambios, sobre la que el Tribunal de Apelaciones de Columbia se ha pronunciado, considerando que Kollar-Kotelly cometió un error al considerar que no había cambios significativos en la nueva propuesta.
Uno de los ejemplos que el tribunal ha puesto para explicar ese “error” es que la primera normativa prohibía que cualquier persona trans formara parte del ejército estadounidense; pero, según el tribunal, la nueva versión de esta política “parece permitir que algunos individuos transgénero puedan servir en el ejército siempre que cumplan varias condiciones establecidas por el ejército respecto a la salud mental, la salud física y la salud sexual“. Y es que el nuevo plan de Jim Mattis, el secretario de defensa de Trump, pasa por prohibir que formen parte del ejército aquellas personas que tengan un diagnóstico de “disforia de género”; una condición que según la Asociación Americana de Psiquiatría (que está en contra de la prohibición) no afecta a todas las personas trans y supone un “estrés clínico significativo” dado el conflicto que existe entre la identidad de género de una persona y el género que le asignaron al nacer.
Sea como sea, aún queda mucho camino por recorrer y habrá que estar atentos a lo que dice el Tribunal Supremo.
No parece estar muy claro el motivo por el que lo ha hecho, pero tanto Jeff Bezos como su mujer, Mackenzie, han donado un total de 10.800$ a Cory Gardner, un político republicano de Colorado que siempre se ha mostrado contrario a los derechos LGTB+. En 2006 Gardner votó en contra de que las parejas homosexuales pudieran adoptar, y ha votado en contra del matrimonio igualitario.
Aún así, Gardner se ha llevado un buen pico en forma de donaciones a su campaña por parte de varios empleados de Amazon. Además de Bezos y su esposa, también le han donado dinero el CEO de la división mundial de la empresa, Jeffrey Wilke (5,400$), el CFO Brian Olsavsky (5,400$) y unos cuantos más con cargos. En total los trabajadores de Amazon han donado al político conservador casi 40.000 dólares.
La donación, tal como explican desde CNBC, convierte a Gardner en uno de los mayores beneficiarios de la campaña de donaciones a políticos que Amazon ha puesto en marcha en 2018, y eso que este año Gardner no se presenta a nada. Los dos candidatos que están por encima de él en esa lista son Beto O’Rourke (el rival demócrata de Ted Cruz en el senado de Texas) y la senadora demócrata Maria Cantwell, que buscaba la reelección estos días durante las mid-terms.
Aunque no está del todo claro, parece que el motivo por el que la compañía ha decidido apoyar la campaña de un político tan profundamente LGTBfóbico es que Gardner es uno de los impulsores ley que quiere poner en marcha el “Internet de las Cosas”. Básicamente: el desarrollo e implantación de un chip que permita que varios dispositivos electrónicos se comuniquen entre ellos. Una medida que, obviamente, cuenta con el apoyo de Amazon porque seguramente forma parte de sus planes de dominación mundial.
En un documento sobre las donaciones a diferentes lobbys hechos por Amazon, se muestra que la compañía se gastó más de 3 millones de dólares en campañas a favor de la aprobación de esa legislación y otras similares. A eso hay que sumarle que Gardner siempre se ha mostrado a favor de las operaciones de Amazon en su estado, lo que ha llevado a la compañía a tener a Denver como sede de un nuevo cuartel general.
¿Significa esto que Amazon es una empresa LGTBfóbica? No. De hecho Amazon en general (y Jeff Bezos y su mujer en particular) han donado grandes cantidades de dinero a causas LGTB+. En 2012, por ejemplo, Bezos donó dos millones y medio de dólares para apoyar el matrimonio igualitario en un referéndum celebrado en el estado de Washington. El año pasado, además, desde la Human Rights Campaign le entregaron el Equality Award por su compromiso y esfuerzo por la defensa de la comunidad LGTB+. Así que esto parece más una transacción de negocios que un apoyo político explícito al resto de políticas del político republicano.
Comentarios desactivados en “No nos borrarán”: Así le protestan a Trump ante la nueva arremetida de su Gobierno contra las personas transgénero
En Estados Unidos se calcula que hay más de 1,4 millones de personas transgénero, quienes se verían afectadas si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo su política de cambio en materia de reconocimiento de género.
Según lo divulgó el diario The New York Times, en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se propone definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Este hecho anularía los derechos conquistados por la población trans desde la presidencia del exmandatario Barack Obama. “Sexo significa el estatus de una persona como hombre o mujer en función de rasgos biológicos inmutables identificables durante o antes del nacimiento”, propone el HHS en la nota, según el diario.
“El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona, a menos que sea refutado por pruebas genéticas confiables”, añade el texto oficial.
Este hecho motivó a que miles de personas protestarán este lunes en Washington ante lo que consideran una nueva arremetida del Gobierno de Trump, que ya ha venido limitado los derechos de las personas trans en ámbitos como la educación y la salud.
“Lucharemos y seremos fuertes, y estaremos aquí después de que esta administración esté en un montón de basura”, aseguró Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Transgénero, de Estados Unidos.
Los activistas de la comunidad LGBT marcharon hacia la Casa Blanca con pancartas que tenía escrito “#Won’tBeErased” (#NoSeremosEliminados) en apoyó a las persona transgénero. Etiqueta que también posicionaron en las redes sociales.
Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mencionó que no hablarían de “supuestos documentos filtrados”.
El activismo LGBT se mantiene en alerta en Estados Unidos, y aseguran que habrá impugnaciones legales si dicho rumor se concreta, ya que no permitirán que se vulneren los derechos del colectivo trans.
“Si la administración quiere regresar el tiempo al continuar con su propia definición de sexo frívola y científicamente infundada, estaremos ahí para enfrentar el desafío”, aseveró la directora legal de Lambda, Dianna Flynn.
Por su parte, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describió a través de una cadena de tuits los posibles cambios que se plantea el Gobierno de Trump como una “abominación” y “un ataque imprudente” en las vidas de personas transgénero.
“No nos vamos a ninguna parte. Las personas trans no pueden ser borradas con un memo. Publica una selfie. Llama a un amigo. Asiste a nuestro mitin mañana. Todo para mostrarles que #WeWontBeEreased“, dijo la organización en su cuenta de Twitter.
Asimismo, informaron que a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos se están realizando manifestaciones para evitar que esta medida gubernamental se efectúe.
Comentarios desactivados en La administración Trump plantea reformar las leyes federales para suprimir la existencia jurídica de las personas trans
La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.
El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.
Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.
Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».
La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.
Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».
El empeño en la discriminación de las personas trans
Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.
Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.
Comentarios desactivados en El primer ministro de Malasia asegura que «no podemos aceptar» el matrimonio igualitario o los derechos LGTB
Pocos meses después de que el cambio político en Malasia abriese una esperanza de mejora en la situación de las personas LGTB, el primer ministro Mahathir Mohamad despeja —para mal— las dudas y aclara que su gobierno no piensa mover un solo dedo para favorecer políticas igualitarias. Antes al contrario, asegura que «no podemos aceptar» avances en ese sentido. Lo cierto es que estas declaraciones coinciden con la línea profundamente LGTBfóbica de las últimas y preocupantes noticias que hemos venido recogiendo de este país asiático. El primer ministro se pronunciaba en los términos referidos tras su reunión con la Comisión de Derechos Humanos de Malasia (SUHAKAM), que defiende una posición más inclusiva, aunque contraria al matrimonio igualitario.
«SUHAKAM no apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo en Malasia», se apresuraban a exponer públicamente desde este organismo, a rebufo de las palabras del primer ministro. «Si bien SUKAHAM suscribe y cree en la universalidad de los derechos humanos, no deja de tener en cuenta nuestros valores específicos del contexto», añadía su portavoz. «Sin embargo, SUKAHAM es firme en su posición de que nadie tiene derecho a discriminar a las personas LGTB o a tratarlas con odio o violencia». La Comisión de Derechos Humanos de Malasia también añadía que «el Gobierno no puede permitir que una situación en la que las creencias religiosas personales junto con la inacción gubernamental y la homofobia política se conviertan en una licencia para la violencia contra las personas LGTB».
«Si bien estamos de acuerdo con las sugerencias de SUHAKAM, tenemos que recordarle que nuestro sistema de valores es diferente al de Occidente», aseguraba sin embargo el primer ministro. «No podemos aceptar, por ejemplo, LGBT [sic], o el matrimonio entre hombres y hombres, mujeres y mujeres». «Nuestro concepto de familia sigue siendo el mismo, que las parejas con niños, con sus propios hijos, son una familia, incluso niños adoptados. Pero dos hombres o dos mujeres no se consideran una familia», alega Mahathir Mohamad. Unas declaraciones que van más allá de la mera oposición al reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario (que nunca ha estado verdaderamente sobre la mesa en Malasia).
Este vídeo recoge (en inglés) algunas de las palabras del primer ministro en contra de la igualdad del colectivo LGTB:
Escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia
En entradas anteriores hemos venido hablando de la escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, recibían a principios de este mes de septiembre seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». El Gobierno, por otra parte, no solo dejaba claro su apoyo a la redada que días antes tenía lugar en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaba que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».
Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia había defraudado las expectativas despertadas cuando insinuó que el colectivo LGTB no debe visibilizarse porque incomoda«a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.
Un entorno difícil para las personas LGTB
Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.
Especialmente preocupante fue lo sucedido en 2012, cuando un joven gay musulmán recibió amenazas de muerte por difundir un vídeo en el que animaba a otros homosexuales a salir del armario. En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…
Comentarios desactivados en El candidato de Trump al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, se niega a responder en el Senado a las preguntas sobre matrimonio igualitario y derechos LGTBI
El candidato de Donald Trump para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh, se está sometiendo al escrutinio de los senadores estadounidenses, que deben confirmar su nombramiento para que sea efectivo. En el curso del examen senatorial, al candidato le han preguntado por su opinión respecto a la sentencia que permitió el matrimonio igualitario en los Estados Unidos y sobre el fin de la discriminación legal de las personas LGTBI. Kavanaugh, sin embargo, ha eludido responder a ambas cuestiones.
Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Su candidatura ha sido celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA), la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.
Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.
Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».
Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:
—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».
—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».
—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?
—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».
Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.
Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:
—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»
—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».
—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».
—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».
—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».
—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».
—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».
—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».
—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».
—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».
Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».
La nueva composición del Tribunal Supremo
Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense ha quedado, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto, aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.
Al estar en manos de la mayoría republicana en el Senado, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido reuniones con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.
La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, habría que esperar a ver qué sucede en las próximas elecciones de noviembre, en las que se renueva un tercio del Senado. Según las encuestas la batalla está muy reñida y existen posibilidades de que el control de la cámara alta vuelva a los demócratas. Si así fuera, estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.
Comentarios desactivados en Malasia ejecuta la condena de seis latigazos a las dos mujeres acusadas de intentar mantener sexo lésbico en un coche
Los latigazos comenzaron a las 10 a.m. y terminaron aproximadamente 20 minutos después. – Bernama pic
A pesar de la presión internacional y de las voces que desde dentro de Malasia han clamado por la conmutación de la pena, las dos mujeres acusadas de «tentativa de sexo lésbico»han sido sometidas este lunes a seis latigazos o azotes, además del pago de sendas multas de 800 euros. Aunque Justice for Sisters y otras nueve organizaciones civiles malasias calificaron este tipo de sentencias como tortura, la visión heteropatriarcal del sistema de justicia y de la administración del Estado muestra otra cara radicalmente distinta. Diríase que kafkiana. «Básicamente, cuando hablas de azotes en los tribunales de sharía, la falacia de la gente de fuera es que el azote tiene el propósito de lastimar a la persona», ha dicho el vicepresidente de la Asociación de Abogados Musulmanes, Abdul Rahim Sinwan.
Dos mujeres malasias, de 22 y 32 años, respectivamente, han recibido seis latigazos por orden de un tribunal, tras ser descubiertas por agentes islámicos «encargados de hacer cumplir la ley» en el estado conservador de Terengganu «intentando participar en actos sexuales en un automóvil». Lo contábamos hace solo unos días, la condena física para estas víctimas de la LGTBfobia de Estado de Malasia estaba prevista para la semana pasada. No obstante, alegando «razones técnicas», se pospuso hasta este lunes.
«El azote en la sharía no está destinado a lastimar a la persona. Se trata de educar a la persona. Por lo tanto, no es doloroso, no es cruel», sostiene alegremente el vicepresidente de la Asociación de Abogados Musulmanes, Abdul Rahim Sinwan. «No se trata de una humillación, no se trata de lastimar a la persona. Han sido llevadas a través de puertas diferentes, han sido sacadas por puertas diferentes, ya que el propósito no es humillar a la persona», agrega el letrado.
Por su parte, la abogada Marlina Amir Hamzah, ha explicado que las mujeres fueron castigadas a la vista de unas 100 personas en el tribunal, entre las cuales había observadores públicos, representantes de agencias gubernamentales y miembros de distintas ONG. El siguiente vídeo recoge los momentos previos a la humillante ejecución de la condena:
Ya se puede hablar de una escalada de LGTBfobia de Estado en Malasia. El Gobierno no solo dejaba claro su apoyo a la redada que hace unos días se realizaba de madrugada en un bar de ambiente gay de Kuala Lumpur sino que, en boca del ministro del Territorio Federal, Khalid Samad, expresaban que «esperamos que esta iniciativa pueda mitigar que la cultura LGTB se extienda a nuestra sociedad».
Ya con anterioridad, el nuevo Ejecutivo de Malasia, que había despertado ciertas esperanzas de mejora para el colectivo LGTB tras el cambio político operado en las elecciones de mayo, había empezado a alentar la LGTBfobia al insinuar que el colectivo no debe visibilizarse porque incomoda «a la mayoría» del país. Lo hacía a cuenta de la censura de los retratos de los activistas Pang Khee Teik y Nisha Ayub en una exposición de George Town (ciudad del Estado de Penang) por orden administrativa.
Malasia, una de las economías emergentes del sudeste asiático, es un país de variada composición étnico-religiosa, aunque de mayoría musulmana, en el que conviven leyes civiles, de obligado cumplimiento para todos, y leyes islámicas, de aplicación a los ciudadanos musulmanes. Las relaciones homosexuales, en cualquier caso, son ilegales y se castigan con penas de hasta 20 años de cárcel. De hecho, en 2011 nos hacíamos eco de las intenciones de varios líderes musulmanes malasios de endurecer las medidas contra la homosexualidad y en 2015 el entonces primer ministro, Najib Razak, comparaba a las personas LGTB con el Estado Islámico, alegando que carecen de derechos humanos.
En junio del año pasado conocíamos la muerte de un adolescente, T. Nhaveen, después de cinco días en coma y sufrir una dura agresión de carácter homofóbica que le había dejado con varias heridas y quemaduras en la espalda, además de ser sodomizado con una barra. T. Nhaveen, de dieciocho años de edad, había quedado con su mejor amigo, T. Previin, de 19 años de edad, el sábado, 10 de junio, alrededor de las 11 de la mañana en una hamburguesería de Gelugor, un zona residencial de George Town, en Penang, para celebrar que iba a comenzar su vida como estudiante de música en Kuala Lumpur, pero falleció el jueves, 15 de junio, tras ser víctima de una dura agresión homofóbica que le deja en coma durante cinco días. Un episodio más de bullying homofóbico que en esta ocasión había consternado a la sociedad de Malasia por su dureza y violencia. Ante este escenario, podría pensarse que un suceso tan terrible como este debería servir de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia. Mucho nos temíamos que no iba a ser así, a la vista del hecho de que los mismos medios locales y autoridades que habían reaccionado con horror ni siquiera precisaron que el acoso que el joven sufría era de naturaleza homofóbica. Esperemos, al menos, que se haga justicia con los asesinos de T. Nhaveen. Está claro, sin embargo, que ni siquiera un hecho tan terrible como este ha servido de acicate para que el respeto a la diversidad gane posiciones en Malasia, como ya entonces pronosticábamos. Y para corroborarlo, en julio radicales religiosos de Malasia e Indonesia se rebelaban contra Starbucks por su apoyo al colectivo LGBT…
Comentarios desactivados en «El Español» sigue la estela de los medios ultras americanos y reproduce un titular falso sobre una supuesta demanda del colectivo trans de dejar de usar la palabra «vagina»
«Decir ‘vagina’ es machista: los trans quieren que se llame ‘agujero delantero’»es el titular que El Español ha dado a su noticia sobre la nueva Guía de Sexo Seguro LGTBQIA de Healthline, una publicación estadounidense de salud dirigida a consumidores, aunque no por ello menos rigurosa. Algo que por desgracia no puede decirse del digital que dirige Pedro J. Ramírez, que ofrece en su titular una interpretación errónea de la noticia con el indisimulado objetivo de ridiculizar el lenguaje inclusivo. Y ello a pesar de que ya el 21 de agosto (tres días antes de la publicación de El Español) el equipo editorial de Healhlinedesmentía en un comunicado la información, que ni siquiera es original de El Español. Este, al fin y al cabo, no ha hecho otra cosa que reproducir el enfoque con el que ya diversos medios conservadores estadounidenses han alimentado la polémica.
Para empezar, incluso si fuera cierto que la Guía de Healthline (y no «los trans») recomendase usar un término sobre otro (que no lo hace), la mera traducción de «front hole» como «agujero delantero» sin dar el contexto adecuado es ya de por sí tramposa. Se trata de un término que en su lengua original, el inglés, es utilizado de manera informal por una parte de la comunidad de hombres trans, que se sienten más cómodos usando un término desprovisto de carga de género para referirse a la que al fin y al cabo es una parte de su cuerpo.
Pero la mala fe de la noticia queda de manifiesto cuando se asegura que lo que se pretende es sustituir el uso de «vagina» porque el uso de esta palabra es machista. «Simplemente no es cierto», argumentan los editores de Healthline. «Como una de las páginas web líderes en salud, damos gran importancia a mantener altos niveles de precisión, integridad y equilibrio. Cada artículo que publicamos sigue un proceso editorial riguroso y es sometido a una profunda revisión médica. En la Guía de Sexo Seguro LGBTQIA, usamos ambos términos, agujero delantero y vagina. ‘Agujero delantero’ es uno de los numerosos términos ya aceptados para los genitales que usan de forma específica algunos miembros de la comunidad trans», explican. «En ningún momento en esta Guía se dice que queremos reemplazar la palabra vagina», aseguran.
«’Agujero delantero’ es un término para vagina usado también por los National Institutes of Health [principal agencia federal de investigación médica], Human Rights Campaign, la revista BMC Pregnancy and Childbirth, Fenway Health en colaboración con la Facultad de Medicina de Harvard, el Centro Nacional LGBT de Educación en Salud y la Liga de Centros Comunitarios de Salud de Massachussetts», precisan los editores de Healthline. «Además de terminología clínica y científica, usamos terminología no sesgada, inclusiva y términos contemporáneos para poder ser más útiles a todos nuestros lectores», añaden. «La Guía de Sexo Seguro LGBTQIA ha sido creada para un público específico. No hay nada en el artículo que indique que defendemos un cambio en el lenguaje. Es clara en su objetivo de presentar contenido no sesgado, avalado por expertos, para aquellas personas de la comunidad LGTBQIA que buscan información de salud. Hablando claro, nuestro propósito al crear esta Guía es el de ofrecer información sobre sexo seguro a todas aquellas personas a las que normalmente se deja al margen al hablar de estos temas», explican.
Si la periodista de El Español que ha escrito el artículo hubiese navegado a través de la Guía (a la que puedes acceder aquí) podría haber comprobado que en ningún momento se sustituye «vagina», sino que simplemente se añade a este término formal otro término informal de uso común por una parte de la comunidad de hombres trans de habla inglesa. De hecho, el contenido del artículo de El Español contiene las suficientes claves como para adivinar que la periodista sí conoce los argumentos de los editores de la Guía. Pero en lugar de hacer un mínimo ejercicio de empatía hacia la comunidad trans masculina, lo que sin duda hubiera dado a su artículo un plus de objetividad del que carece, ha preferido simular a medios ultras estadounidenses como Infowars, un conocido generador de fake news, que precisamente también ha acusado en su titular a los defensores de la corrección política de «querer cambiar ‘vagina’ por ‘agujero delantero’».
Eso sí, el titular de El Español es su tuit más reproducido del día:
Comentarios desactivados en El pastelero estadounidense que se negó a hacer la tarta de boda a una pareja gay reclama ahora ante la justicia federal su «derecho» a no prestar servicio a una mujer trans
Jack Phillips, el tristemente conocido pastelero de Denver que, tras un largo periplo judicial por negarse a hacer la tarta de boda de una pareja gay, obtuvo el fallo favorable del Tribunal Supremo de Estados Unidos, regresa a la justicia federal por otro episodio de discriminación. En este caso, la afectada es la abogada Autumn Scardina, una mujer trans a la que Masterpiece Cakeshop negó un pastel para la doble celebración de su cumpleaños y de los cambios de género con la excusa «de sus creencias religiosas». Scardina explica que «la mujer del teléfono me dijo que no hacían pasteles para celebrar los cambios de género». Ante la tránsfoba negativa, añade la mujer denunciante, «me quedé atónita». Por su parte, Alliance Defending Freedom (una organización cristiana ultra), ha argumentado, en apoyo al pastelero, que las protecciones de Colorado para las personas trans son «abierta y descaradamente hostiles hacia la religión».
El nuevo episodio de LGTBfobia que salpica a Jack Phillips se remonta al 26 de junio de 2017. La abogada Autumn Scardina llamó por teléfono a Masterpiece Cakeshop para realizar el pedido personalizado de una tarta. «Me preguntaron cómo quería que se viera el pastel y expliqué que celebraba mi cumpleaños el 6 de julio de 2017 y que también sería el séptimo año de mi transición de hombre a mujer». Así figura en la denuncia de Scardina a la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. «Cuando les expliqué que soy tran y que quería mi pastel de cumpleaños para celebrar mi transición con un exterior azul y un interior rosado, me dijeron que no harían el pastel de acuerdo a sus creencias religiosas», agrega la denunciante.
Autumn Scardina no ha aclarado si en el momento de realizar el encargo conocía que esa misma pastelería y su regente era la protagonista del caso de discriminación homófoba que llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Según alega Kristen Waggoner, del grupo de odio Alliance Defending Freedom, «el Estado de Colorado ignora el mensaje del Tribunal Supremo de Estados Unidos al seguir señalando a Jack para castigarlo y mostrar hostilidad hacia sus creencias religiosas». Con este último argumento como epicentro, y de forma rocambolesca, Phillips se negó a la conciliación amistosa con Scardina, tal y como proponía la Comisión de Derechos Civiles de Colorado y decidió adelantarse en esta ocasión, convirtiéndose él en demandante ante la justicia federal (arrogándose el falso rol de «víctima» a su libertad religiosa).
En la demanda del pastelero figura, literalmente, la siguiente acusación contra el gobierno demócrata de Colorado: «durante más de seis años, Colorado ha estado en una cruzada para aplastar al demandante Jack Phillips … porque sus funcionarios desprecian lo que él cree y cómo practica su fe». En la misma línea victimista y victimizante, el texto de la denuncia incluye que «la Constitución se erige como un baluarte contra los funcionarios del Estado que atacan a las personas y tratan de arruinar sus vidas debido a la animadversión antirreligiosa del gobierno». La Ley Contra la Discriminación de Colorado prohíbe que los lugares públicos discriminen a las personas por su género o por su orientación sexual.
El caso del pastel nupcial de una pareja gay
Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.
Sin embargo, el resultado final era de 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se inclinaban de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se alineaban con el pastelero. ¿Qué pasó para que se produjera una mayoría tan clara? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. El texto, cuyo ponente fue precisamente Kennedy, señala que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según la interpretación de la mayoría, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del Estado no evaluaron con la objetividad a la que estaban obligados los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.
Comentarios desactivados en La candidatura de Brett Kavanaugh para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos provoca un fuerte rechazo en las asociaciones LGTB
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha designado su candidato a ocupar la plaza de juez del Tribunal Supremo que dejará vacante Anthony Kennedy el próximo 31 de julio. El elegido es Brett Kavanaugh, actualmente juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Es conocido por su talante conservador en asuntos como el derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo o la restricción de los derechos civiles, si bien a lo largo de su carrera no ha tenido que decidir ningún asunto relevante sobre discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aun así, su bagaje hace desconfiar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y el activismo LGTBI, que han pedido a los senadores que no respalden su nombramiento.
Tras el comunicado del juez Anthony Kennedy en el que anunciaba su próxima jubilación del puesto que ocupa en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el presidente Trump no se ha demorado en designar su candidato a ocupar la plaza en la persona de Brett Kavanaugh. De 53 años, Kavanaugh fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ha emitido conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Ha sido frecuentemente criticado por ser demasiado partidista en sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano.
Con el retiro de Anthony Kennedy, la composición del Tribunal Supremo estadounidense queda, en un principio, equilibrada entre el sector conservador y liberal. Entre los miembros liberales se contaría a los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integrarían los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch (nombrado por el presidente Donald Trump). Ese equilibrio lo rompería Kavanaugh a favor del sector conservador, y además por largo tiempo, dada la edad del candidato y que el cargo de juez del Tribunal Supremo es vitalicio. Además, la jueza Ruth Bader Ginsburg (de corte liberal) cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto. Existe pues, el temor fundado a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría ultraconservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante décadas.
El nombramiento del nuevo miembro del Tribunal Supremo es una atribución del presidente, aunque su decisión debe ser convalidada posteriormente por el Senado. Al estar en manos de la mayoría republicana, es más que probable que el candidato presidencial sea respaldado sin problema alguno. La única esperanza para el sector liberal es, por una parte, el delicado estado de salud del senador republicano John McCain, que le impediría acudir a la votación, y, por otro, la renuencia de dos senadoras republicanas, Susan Collins y Lisa Murkowski, a votar a un candidato opuesto al derecho a la interrupción del embarazo. Ambas han declarado que votarán de manera independiente sobre este asunto, pero también se ha dado a conocer que las dos han mantenido recientemente una reunión con Donald Trump para dialogar sobre este asunto. Aun así, quizás pesen en su ánimo las declaraciones efectuadas por Kavanaugh el pasado 2017, en las que apoyaba a un juez que estimaba que la sentencia que permitió a las mujeres decidir sobre su embarazo (conocida como Roe vs. Wade) debe ser revertida.
La votación en el Senado de la candidatura de Kavanaugh tendrá lugar el próximo mes de octubre. Si fuera rechazado, puesto que el próximo mes de noviembre se celebrarán decisivas elecciones que podrían devolver el control de la cámara alta a los demócratas (según estiman las encuestas), estos podrían bloquear cualquier candidato de Trump hasta las próximas elecciones presidenciales.
Para Lambda Legal, Kavanaugh «garantizaría 40 años más de los valores de Trump en el Tribunal Supremo». La asociación legal afirma que «tenemos buenas razones para temer que el juez Kavanaugh abusará de su poder en el tribunal para proteger a los ricos y poderosos mientras priva a los estadounidenses LGBT de su dignidad, degradando a nuestra comunidad y disminuyendo nuestro estatus como ciudadanos iguales. Hay mucho en juego para permitirle al juez Kavanaugh sentarse en un tribunal que, a lo largo de su historia, ha decidido quién puede casarse, quién puede votar y quién es igual».
Desde ACLU (American Civil Liberties Union), se teme que «Kavanaugh sea el voto decisivo que Trump necesita en el Tribunal Supremo para concertar su campaña de socavamiento de las libertades y derechos civiles a largo plazo».
El National Center For Lesbian Rights estima que «no hay nada en la carrera del juez Brett Kavanaugh que indique que comprende el impacto de la discriminación en las personas LGBT en el mundo real o la importancia de interpretar las leyes de nuestra nación para permitirles participar con plenitud e igualdad en la sociedad».
Human Rights Campaign lanza una dura crítica a su designación, pues considera que «este candidato ha sido escogido por grupos anti-LGBTQ y contra el derecho a decidir de las mujeres, en un esfuerzo explícito por socavar la igualdad. La perspectiva de un juez como Kavanaugh amenaza con erosionar los derechos civiles de nuestro país, bloquear el derecho de los soldados transgénero de servir valientemente a esta nación y dar licencia para discriminar a las personas LGBTQ en todos los aspectos de la vida estadounidense».
También es dura la crítica de GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), desde donde se asegura que «si se confirma, Brett Kavanaugh tendrá la oportunidad de desarrollar en las próximas décadas el peligroso historial anti-LGBTQ del presidente Trump y el vicepresidente Pence y la agenda de los grupos anti-LGBTQ. Al igual que Neil Gorsuch antes que él, Kavanaugh es una elección ideológica diseñada para crear un Tribunal Supremo activista que socavará los derechos y protecciones para las mujeres, las personas LGBTQ, los inmigrantes y todas las personas vulnerables».
También temen en Transgender Law Center que «la elección de Trump para el Tribunal Supremo sea un conservador radical y divisivo cuyo nombramiento supondría una amenaza devastadora para los derechos y el bienestar de las personas transgénero en todo el país». La preocupación de la asociación es natural, puesto que quedan pendientes de resolver numerosos conflictos que afectan al colectivo el de las personas trans, que se enfrentan a leyes estatales y locales que tratan de impedir que puedan vivir de acuerdo con su identidad de género.
Apoyo de los grupos ultraconservadores
Desde las facciones más conservadoras, sin embargo, se ha acogido con entusiasmo la propuesta del presidente Trump. Grupos como Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network incluso han iniciado campañas de apoyo al candidato presidencial en las que han invertido casi un millón y medio de dólares.
Desde la National Organization for Marriage (NOM) se ha pedido también apoyo económico para respaldar la candidatura de Kavanaugh, pues confían en que sus posiciones conservadoras y su concepción de la Constitución sirvan a su propósito de revertir la sentencia del Tribunal Supremo que permitió el matrimonio igualitario.
Más curiosa ha sido la reacción de la fuertemente LGTBfoba American Family Association (AFA), que en un principio rechazó la elección de Kavanaugh por no creerle lo suficientemente conservador. Sin embargo, poco después, rectificó y ha ofrecido su respaldo, sobre todo porque no quiere «luchar contra el presidente Trump», además de confiar en las ideas del candidato sobre el derecho al aborto, ya que cuenta con el apoyo de muchas asociaciones opuestas al mismo.
Comentarios desactivados en Activistas LGBTI reciben a Trump y a Putin con pancartas pidiendo cese de la purga gay en Chechenia
Activistas contra reunión de Trump-Putin en Helsinki / Human Rights Campaign | Foto: Uso Permitido
Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron este lunes en la capital de Finlandia para tratar temas bilaterales.
En la víspera del encuentro que sostuvieron este lunes los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, activistas pro derechos del colectivo LGBTI desplegaron gigantescas pancartas frente al Palacio Presidencial de Helsinki, donde los mandatarios sostendrían su reunión.
Los mensajes difundidos decían: “Trump y Putin: detengan los crímenes de lesa humanidad en Chechenia. Investigar la persecución LGBTQ en Chechenia. Llevar a los perpetradores ante la justicia. El mundo entero está viendo. El silencio es mortal. #EyesOnChechnya.
Aunque el tema de derechos humanos de las personas LGBTI no estaba incluido en la agenda de discusión de ambos líderes, los activistas aprovecharon el encuentro para insistir en que se haga justicia con la comunidad LGBTI de Chechenia. Además, declararon a ambos líderes personas “no bienvenidas” en Helsinki.
Rusia mantiene una ley de “propaganda antigay” que se usa para reprimir a la comunidad LGBT, mientras que en 2017 se inició una purga homofóbica en la región autónoma de Chechenia que ha hecho añicos a la comunidad chechena LGBT.
La organización Human Rights Campaign con sede en Estados Unidos condenó el silencio que ha mantenido Trump ante lo que sucede en Chechenia. “Donald Trump y su administración se han negado a condenar públicamente la tortura, el abuso y el asesinato sistemáticos de personas LGBTQ en Chechenia, ya que Vladimir Putin autorizó la continuación de la violencia. Más de 100 personas LGBTQ han sido arrestadas, torturadas y maltratadas”, informó la organización
El director de HRC Global, Ty Cobb, declaró lo siguiente: “Trump ignoró sin razón alguna de las peores atrocidades anti LGBTQ en una generación, incluidos monstruosos ataques contra hombres homosexuales y bisexuales en Chechenia (…) HRC está aquí en Helsinki para exigir a Donald Trump que ponga fin a su ensordecedor silencio, condene públicamente estos crímenes contra la humanidad chechenos y pida a Putin que investigue y lleve a los perpetradores ante la justicia“.
Por su parte, el presidente de la Red Rusa LGBT, Igor Kochetkov, dijo: “Estamos agradecidos con todas las personas y organizaciones que apoyan nuestro trabajo en Chechenia. La atención internacional es esencial para presionar a las autoridades rusas para que tomen medidas.
“Las autoridades rusas niegan incluso la mera existencia de personas LGBT en Chechenia, pero con la continua presión internacional, nuestro objetivo es detener la persecución, tortura y asesinato de personas LGBT en Chechenia, y asegurar que los responsables de estos crímenes contra la humanidad sean llevados a justicia”, aseveró.
Para Viima Lampinen, presidenta de Seta, la organización nacional de Finlandia para los derechos LGBTI, “Finlandia es conocida como líder mundial en derechos LGBTI, y las administraciones Trump y Putin deberían aprender de ese ejemplo. Los chechenos LGBT están siendo privados de su voz, su libertad e incluso sus vidas por la opresión y la violencia sancionadas por el estado. Aquellos de nosotros que tenemos voz, en particular los gobiernos nacionales que pretenden apoyar y defender los derechos humanos, tienen la obligación moral y ética de garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia”.
Ambos líderes han afirmado que se trata de un nuevo comienzo en la relación de estas naciones, y Trump ha asegurado que Putin no es su “enemigo“.
Comentarios desactivados en Suazilandia planta cara a la homofobia y celebra su primer Orgullo
Fotografía de Mathias Wasik/All Out
Alrededor de 500 personas celebraron a lo largo de las calles de Mbabane, la capital del país en el sur de África, a pesar de los temores de una reacción violenta por parte del Estado y de los sectores más reaccionarios.
De hecho, Melusi Simelane, perteneciente al grupo LGTB suazí The Rock of Hope (La Roca de la Esperanza), dijo que ninguna intimidación los detendría, ya que, aunque afirmó que había recibido “amenazas a la seguridad” de los participantes, mantuvo firme su idea de que era crucial seguir adelante con la iniciativa. “Este es el primer evento de este tipo, nuestra primera oportunidad de mostrar nuestras caras al mundo y a nuestro país”, dijo Simelane.
De esta manera, cientos de personas pasearon agitando banderas del arcoíris y sosteniendo carteles con lemas como “Transforma el odio en amor” en una manifestación que pudo llevarse a cabo gracias al apoyo de por organizaciones internacionales de defensa de los derechos de las personas LGTB, como All Out o Human Rights Campaign.
All Out una plataforma internacional a la que en algunas ocasiones anteriores hemos hecho referencia y cuyo fin es la de promover los derechos LGTB en todo el mundo. All Out puso en marcha una campaña especial de crowdfunding para ayudar a sufragar el evento (a la que tú también puedes contribuir) y tanto su director ejecutivo, Matt Beard, como su gerente senior de campañas, Mathias Wasik, se desplazaron al país africano para ayudar sobre el terreno a los activistas locales.
“Este fue un momento de empoderamiento comunitario y personal”, dijo Matt Beard, director de All Out, quien añadió que “en ciertos momentos, la alegría de esta comunidad era tan contagiosa y tan intensa que era muy difícil contener las lágrimas”.
Desde All Out han celebrado el “cambio de corazones y de mentalidades” en el país, destacando el tratamiento que ha hecho la prensa nacional de su primer Orgullo, anteriorme muy crítica con esta celebración y, actualmente, informando positivamente.
Swaziland Pride made the front page on both national newspapers on Sunday. The press, that had been mostly critical of the Pride before, reported positively and showed lots of photos from the march. Changing hearts and minds! #eSwatiniPride#SwazilandPride#Pridepic.twitter.com/CgfGIqUSEu
En Suazilandia, la última monarquía absoluta del continente africano, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales, el país mantiene una ley de la era colonial contra la sodomía y tiene la tasa de VIH y sida más alta del mundo.
En la demanda, Lambda Legal y OutServe representaron a nueve demandantes individuales, seis de los cuales actualmente sirven en las fuerzas armadas y tres desean alistarse. La demanda también incluyó a otras tres organizaciones demandantes: Human Rights Campaign, Gender Justice League, y la Asociación Estadounidense de Asociados Militares (AMPA). Este último grupo se unió a la demanda en nombre de sus miembros trans perjudicados por la prohibición.
El abogado principal de Lambda Legal, Peter Renn, dijo que “una vez más, la Administración Trump ha tratado de implementar y acelerar la discriminación, y una vez más, un tribunal ha dicho que no. Uno pensaría que la administración se cansaría de todas las derrotas y, lo que es más importante, leería los escritos y abandonaría este esquema discriminatorio y dañino para evitar que las personas transgénero, valientes y cualificadas, sirvan a su país”.
“Mañana, me pondré el uniforme del ejército de EE. UU. Y cumpliré con mi deber, como hice hoy y ayer, y lo he hecho durante más de 13 años”, dijo la sargento de personal Catherine Schmid, quien añadió que “ser transexual no tiene ningún impacto en mi capacidad para realizar mis tareas. Estoy agradecida de que el tribunal haya reconocido el valor de nuestro servicio y espero con ansias el día en que podamos dejar atrás este debate y centrarnos en lo que es realmente importante: el logro de nuestra misión y el bienestar de todos”.
Comentarios desactivados en J. Crew lanza una colección del Orgullo LGTB para niños
“Love First”, el amor primero. Así se lee en las camisetas que son parte de una colección con motivo del Orgullo LGTB que la compañía J. Crew ha lanzado para niños.
“Para celebrar el mes del orgullo LGTB, J. Crew se enorgullece de donar el 50% del precio de compra de una colección de camisetas y calcetines a la organización Human Rights Campaign“, una de las entidades más grandes y comprometidas con los derechos de nuestro colectivo, sobre todo en los espacios laborales.
Como era de esperarse, la organización homófoba de turno, CitizenGo está promoviendo una campaña de firmas para “dejar de utilizar a los niños”. “Es hora de que las personas que valoren el derecho de los niños a ser hijos y el derecho de los padres a enseñar sus valores se unan y le digan a J. Crew que no comercialice el activismo homosexual a los niños”.
La compañía ya había sido criticada anteriormente por vender camisetas para niños y niñas desde los dos años donde podía leerse: “Yo también soy feminista”.
Comentarios desactivados en El Supremo de Estados Unidos falla a favor del pastelero que discriminó a una pareja gay, aunque limita el alcance de la sentencia
En una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría en los colectivos en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. La decisión, respaldada por 7 de los 9 jueces del Supremo, supone un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva. Un análisis de la sentencia, en cualquier caso, permite concluir que podría haber sido mucho peor. Explicamos por qué.
Refrescamos en primer lugar los antecedentes del caso, que se remonta a varios años atrás. Ya en 2013 mencionamos la historia en esta misma página. Dave Mullins y Charlie Craig acudieron a Masterpiece Cakeshop, una pastelería de Denver que hace tartas de boda personalizadas, para que elaborara su pastel. El dueño del negocio, Jack Phillips, se negó, argumentando razones religiosas. Mullins y Craig denunciaron lo sucedido al Departamento de Derechos Civiles de Colorado, ya que en este estado la denegación de servicios basada en la orientación sexual de los clientes está expresamente prohibida. Tan solo están exentas las confesiones religiosas en lo que respecta a sus ceremonias, pero dado que una pastelería no es una iglesia, el Departamento de Derechos Civiles dio la razón a la pareja. Se inició así una larga batalla legal que ha acabado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Como explicamos en diciembre, la línea de defensa del pastelero ante el Supremo no se basó propiamente en que su «libertad religiosa» hubiera resultado sido violada (hay pronunciamientos anteriores del Supremo que consideran que la libertad religiosa no justifica la discriminación en el ámbito de la prestación de servicios no religiosos) sino en el derecho a su libertad de expresión. Phillips argumentaba que diseñar un pastel de boda es un proceso «creativo», y que hacerlo para una pareja del mismo sexo suponía forzarlo a expresar ideas con las que no está de acuerdo. Como también explicamos en diciembre, tras conocerse las preguntas y solicitudes de aclaración que los jueces del Supremo dirigieron entonces a las partes, las posiciones parecían divididas al 50%. Los analistas daban entonces por seguro que los cuatro conservadores (Samuel Alito, Neil Gorsuch, John Roberts y Clarence Thomas) se inclinarían por dar la razón al pastelero, mientras que los cuatro considerados de sensibilidad progresista (Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor) lo harían a favor de la Comisión de Derechos Civiles de Colorado. El voto que todo el mundo esperaba que deshiciese el empate era el de Anthony Kennedy, un juez «bisagra» cuyo posicionamiento en favor del matrimonio igualitario resultó clave en el pasado. En diciembre, Kennedy se mostró ambivalente y dio muestras de empatizar con los argumentos de las dos partes.
Sin embargo, el resultado final ha sido 7 a 2: solamente Ruth Bader Ginsburg (considerada a sus 85 años la miembro más progresista del Supremo) y Sonia Sotomayor se han inclinado de parte de la Comisión de Derechos Civiles del estado de Colorado. Los otro siete miembros, incluyendo Breyer y Kagan, se han alineado con el pastelero. ¿Qué ha pasado? La clave está en la letra pequeña de la sentencia, que señala de forma expresa que la opinión del alto tribunal se refiere única y exclusivamente al caso juzgado. Los siete jueces que han votado a favor de la sentencia, cuyo ponente ha sido precisamente Kennedy, señalan que la Comisión no dio a Phillips un trato objetivo y actuó con hostilidad frente a las «sinceras creencias religiosas» del pastelero. Según su interpretación, los miembros del organismo encargado de discernir si se había violado la normativa antidiscriminatoria del estado no atendieron como debían a los argumentos del pastelero, sino que desde el primer momento consideraron que estos eran una mera excusa para discriminar a la pareja.
El Supremo entiende, en este sentido, que desde el principio hubo menosprecio y falta de objetividad hacia Phillips, y este es el motivo por el cual falla a su favor, sin que la sentencia ponga en duda el derecho del estado de Colorado a proteger a sus ciudadanos de la discriminación. El texto de la sentencia establece, en este sentido, sus propios límites, al advertir que no puede considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas y que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente al caso del pastelero. «El resultado de futuros casos como este en otras circunstancias deberá ser discutido en los tribunales, todo ello en el contexto de entender que estas disputas deben resolverse con tolerancia, sin una indebida falta de respeto a las sinceras creencias religiosas y sin que se humille a las personas homosexuales cuando demandan bienes y servicios en un mercado abierto», expresa literamente la sentencia.
En definitiva, todo apunta a que el Supremo ha llegado a un compromiso entre conservadores y centristas para emitir un fallo de alcance limitado que si bien da la razón al pastelero lo hace por una razón formal, y no de fondo. Un compromiso que no supone un cambio significativo del statu quo jurídico, a diferencia de lo que habría sucedido si se hubiera dado la razón a cualquiera de las partes por 5 votos contra 4 pero utilizando los argumentos de fondo de una o de la otra parte. Así ha sido recibido, de hecho, por grupos de defensa de los derechos LGTB, como Human Rights Campaign. «Los extremistas antiLGBTQ no han conseguido la ‘licencia para discriminar’ que andaban buscando. La sentencia de hoy no modifica las ya duraderas leyes de derechos civiles de nuestra nación», ha declarado su presidente, Chad Griffin.
En cualquier caso, aunque sobre el papel no signifique un retroceso expreso, a nadie se le oculta que la sentencia supone un revés para el avance de los derechos LGTB en Estados Unidos. Los conservadores la venderán como un triunfo, que animará a muchos negocios a intentar discriminar a parejas del mismo sexo incluso en estados cuyas leyes locales las protejan contra la discriminación en la prestación de bienes y servicios. Parejas que en último término tendrán que seguir acudiendo a los tribunales para ver respetados sus derechos. Y más en un momento regresivo en materia LGTB como el que está viviendo Estados Unidos tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal, de la mano de la administración Trump.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés: American Civil Liberties Union), representantes de Craig y Mullins, la pareja nunca llega a discutir con Phillips el diseño o mensaje que debía llevar la tarta, por lo que según ellos, la libertad de expresión del artista pastelero no se habría puesto en cuestión. La juez Ruth Bader Ginsburg, una de las que han votado en contra de la sentencia, explica que «cuando una pareja contacta con una pastelería para un pastel de bodas, el producto que buscan es un pastel que celebre su boda, no un pastel celebrando bodas heterosexuales o bodas del mismo sexo, y ese es el servicio que se les negó».
Activistas LGBT califican de “peligrosa” la decisión de la Corte de EEUU
Grupos de defensa de los derechos civiles de las personas LGBTIQ calificaron de “frustrante”, “discriminatorio”, “potencialmente dañino” y como un “retroceso” la decisión 7-2 de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Según las declaraciones recogidas por medios de comunicación, tras conocerse el fallo, la pareja conformada por Charlie Craig y Dave Mullins, a quienes Phillips les negó un pastel, aseguraron: “La decisión de hoy significa que nuestra lucha contra la discriminación y el trato injusto continuará. Siempre hemos creído que en Estados Unidos no se le debe rechazar en un negocio abierto al público por ser quien eres. Presentamos este caso porque nadie debería tener que enfrentar la vergüenza y la humillación de que nos digan ‘no servimos a los de su clase’. Seguiremos luchando hasta que nadie lo haga”.
Para la firma de abogados Pro-LGBT Lambda Legal esta decisión si bien es limitada, ya que solo aplica a los hechos específicos de este caso exclusivamente, de igual manera “invita a la discriminación y los esfuerzos adicionales para justificar la retención de servicios de personas LGBTQ. Esto alentará todo tipo de estrategia por parte de organizaciones anti LGBTQ bien financiadas que quieran crear excepciones a las leyes de no discriminación (…) La Corte hoy le ha dado la espalda a un precedente de larga data y ofreció no solo aliento, sino también una hoja de ruta para aquellos que negarían los derechos civiles a las personas LGBTQ y a las personas que viven con el VIH”.
Aseguraron que seguirán luchando para que esta “desgarradora” y “exasperante decisión” se entienda por lo que es: “un fallo estrecho limitado a hechos únicos que no pueden usarse para justificar la discriminación en ningún otro contexto”, declaró la firma.
Para el presidente de Human Rights Campaign, Chad Griffin, el lobby antiLGBTIQ no puede abrazar esta decisión como una “licencia para discriminar”. Ni el dictamen cambia las leyes de derechos civiles en Estados Unidos, sin embargo, es una campanada de que las personas LGBTIQ “enfrentan niveles alarmantes de discriminación en todo el país y los esfuerzos de HRC para avanzar en la igualdad son más urgentes que nunca”.
La presidenta y CEO de la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación o GLAAD (por sus siglas en inglés, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Sarah Kate Ellis dijo: “Aunque la libertad de religión es un valor estadounidense, la discriminación no lo es. Si bien esta decisión no cambia las protecciones existentes de los derechos civiles, deja la puerta abierta para que las exenciones religiosas se utilicen contra las personas LGBTQ”.
Pantallazo @glaad | Foto: Uso Permitido
El LGBTQ Victory Institute dijo: “Hoy es un día triste para Estados Unidos y especialmente para los jóvenes LGBTQ que crecieron creyendo en el movimiento inevitable hacia la equidad y la justicia para nuestra comunidad. Si bien la Corte Suprema emitió un veredicto estricto centrado exclusivamente en el tratamiento de un pastelero de Colorado por parte de una agencia estatal, los opositores de la igualdad lo utilizarán para tratar de abrir las compuertas. Las fuerzas homofóbicas sobreinterpretarán intencionalmente el fallo y desafiarán las leyes existentes contra la discriminación al negar el servicio a las personas LGBTQ en aún más situaciones, negándoles la cena en un restaurante, el alojamiento en un hotel o el alquiler de un apartamento”.
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Pérez, dijo: “Este caso nunca fue solo sobre un pastel de bodas. Se trataba de que todas las personas, sin importar quiénes fueran, tenían derecho a celebrar su amor sin enfrentar discriminación. El Partido Demócrata cree que ningún individuo tiene una licencia para discriminar. Creemos en la dignidad de cada ser humano. Y seguiremos luchando por la igualdad de las personas LGBTQ en todas las áreas de nuestra sociedad, desde la vivienda y la atención médica hasta los baños y salas de juntas, las panaderías y las urnas”.
El bufete de abogados anti-LGBT Alliance Defending Freedom, un grupo de odio anti LGBT listado, celebró el fallo. “Jack sirve a todos los clientes; simplemente se niega a expresar mensajes o celebrar eventos que violan sus creencias profundamente arraigadas”, dijeron.
Comentarios desactivados en El mes del Orgullo LGBT no existe por segundo año consecutivo para la Administración de Donald Trump
La Administración de Donald Trump evita reconocer el mes de junio como el del Orgullo LGBT por segundo año consecutivo, alineándose con su predecesor republicano, George W. Bush, y en oposición a los gestos habituales de los presidentes demócratas, Bill Clinton y Barack Obama.
Si el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos recuerda este viernes, 1 de enero, la magnitud de los huracanes Irma y María, alertando de la posibilidad de que se repitan este año huracanes de idéntica magnitud, Donald Trump omite cualquier referencia al Orgullo LGBT en el mes de junio, por segundo año consecutivo y remarcando la diferencia de los presidentes demócratas con respecto a los republicanos. Nada nuevo si tenemos en cuenta que el 45.º presidente de los Estados Unidos se ha dedicado a recortar los derechos de las personas homosexuales y transexuales desde que firmara su cargo, justa y precisamente todo lo contrario que promete durante su campaña para convertirse en presidente. Lo contrarío había sido realmente la noticia.
«¡Gracias a la comunidad LGBT! Lucharé por vosotros mientras Hillary atrae a más gente para amenazar vuestras creencias y libertades», publica Trump en los tiempos en que sí se acuerda del mes del Orgullo LGBT, en junio de 2016, durante su campaña presidencial, después de haber prometido ser un republicano amigo del colectivo. En la Convención Nacional Republicana de ese mismo año llega a destacar el tiroteo en el club Pulse de Orlando, para convertirse en el primer candidato republicano a la presidencia que se dirige desde su podio directamente ala comunidad LGBT. «Como vuestro presidente, haré todo lo que esté a mi alcance para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una odiosa ideología extranjera», declara Trump en aquel momento.
Pero el último presidente estadounidense se adelanta a la época de huracanes para que el viento pueda llevarse sus palabras, porque nada más firmar el cargo como presidente, elimina en un par de horas cualquier referencia de la comunidad LTBT de la página de la Casa Blanca, iniciando un paulatino retroceso de los derechos de las personas homosexuales y transexuales:
— Disuelve el Consejo Asesor Presidencial sobre sida y VIH, en marcha desde 1995
— Declara el 1 de diciembre com el Día Mundial de la Lucha contra el sida, pero sin mencionar a la comunidad LGBT, el principal colectivo afectado por este virus
— Numerosos cargos de su gabinete son abiertamente reconocidos por su homofobia y su lucha contra los derechos de los homosexuales, como su vicepresidente, Mike Pence, sin ir más lejos.
— Los primeros 100 días de su gobierno ya constatan lo poco gay friendly de su Administración, en los que deroga la directiva sobre el uso de los cuartos de baño de Obama que protegía a los menores transexuales, su decreto contra la entrada de los musulmanes incluye a los refugiados LGBT y firma una orden ejecutiva que permite la discriminación laboral del colectivo LGBT.
— El efecto Donald Trump se materializa en el aumento de la discriminación, según un estudio de GLAAD, de la misma manera que los crímenes de odio se relacionan con el votante de Trump, según el FBI, mientras el Gobierno se empeña en el veto a las personas transgénero en el ejército o la derogación de varias órdenes ejecutivas de Obama que protegían frente a la discriminación laboral del colectivo y su intención de dar rienda suelta a la libertad religiosa.
«A diferencia de la administración Trump, el Partido Demócrata respalda a las comunidades LGBTQ en todo Estados Unidos y en todo el mundo y nos enorgullece celebrar el Mes del Orgullo (…). Creemos que nadie debe enfrentar la discriminación, la intimidación o la violencia debido a quiénes son o a quién aman. Y nunca dejaremos de luchar por la igualdad que todo ser humano merece», declara Lucas Acosta, director de Medios LGBTQ para el Comité Nacional Demócrata. Desde que el mes de junio fuera proclamado Mes del Orgullo LGBT por primera vez en junio de 1999 por Bill Clinton, tan solo Barack Obama ha continuado con esta tradición, evitando hacerlo tanto Trump como su predecesor republicano, George W. Bush, marcando quiénes son los amigos y los enemigos del colectivo LGBT en los Estados Unidos, mientras que en las redes sociales se celebra el Mes del Orgullo LGBT en todo el mundo.
«Está claro que evitar el reconocimiento del Mes del Orgullo es intencionado, tal como lo fue el año pasado (…). Trump y Pence están obsesionados con borrarnos. Pero no seremos borrados, y en noviembre, la Casa Blanca tendrá un rudo despertar en su flagrante discriminación», asegura Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, particularmente en un año en el que se ha dedicado a recordar cada mes por algún aspecto, como marzo era reconocido como el Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal, abril como el Mes de la Segunda Oportunidad y mayo como el Mes Nacional de aptitud Física y Deportes. Sin embargo, lejos de hacer la mínima referencia al Orgullo LGBT, este mes de junio es recordado para la Administración Trump como el Mes Nacional de la Propiedad de Vivienda, el mes Nacional del Océano, el Mes de las Grandes Actividades al Aire Libre y el Mes de la Herencia Nacional Caribeño-Estadounidense.
Comentarios desactivados en Gavin Grimm consigue una importantísima victoria de los derechos trans en un tribunal federal
Un juzgado federal da la razón a Gavin Grimm, un chico trans que denunció a su instituto por no permitirle usar los baños del género con el que se identifica.
El Tribunal Supremo de EE.UU. rechazó el caso porque, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, el gobierno cambió su política respecto a la ley que prohíbe la discriminación sexual en lugares públicos.
Ya hace tiempo que publicamos la historia del joven trans Gavin Grimm. Gavin es un chico trans de Gloucester, Virginia (EE.UU.) que en 2014 demandó a su distrito escolar porque le prohibieron utilizar el baño de chicos. Lo curioso del caso es que los problemas de Gavin empezaron cuando protestaron los padres de algunos alumnos al enterarse de que Gavin utilizaba el baño de chicos, porque entre los alumnos no hubo nunca ningún problema durante los dos meses que estuvo usándolo.
Ahora la jueza Arenda L. Wright-Allen, del Tribunal del Distrito Este de Virginia, ha sentenciado que Gavin tiene razón. Y punto.
Tras la decisión del Supremo de devolver el caso al tribunal federal el distrito escolar solicitó a la jueza Arenda L. Wright-Allen que desestimara el caso. Pero la jueza dijo que no. Wright-Allen analizó el caso y ha sentenciado que el centro y el distrito vulneraron el Título IX y la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución.
Y ése es el motivo por el que la victoria de Gavin es tan importante: porque un juzgado federal ha sentenciado que la discriminación por identidad de género también es discriminación sexual y, por lo tanto, está prohibida por el Título IX. De ahí que la jueza Wright-Allen haya ordenado al equipo legal de Gavin (que está siendo asistido por la ACLU) y al distrito escolar a que se sienten para llegar a un acuerdo en 30 días. Aprovechó, además, para señalar el daño gratuito provocado por la junta escolar tanto por “la localización de los baños” como por “la estigmatización y la angustia física y mental infligida sobre el Sr. Grimm.”
“Siento un increíble alivio“, ha declarado Gavin a través de un comunicado publicado por la ACLU, “Tras luchar esta política desde que tengo 15 años, finalmente tengo una sentencia judicial que dice que lo que la Junta Escolar del Condado de Gloucester me hizo estaba mal e iba en contra de la ley. Estaba dispuesto a no rendirme porque no quiero que ningún otro estudiante tenga que sufrir la misma experiencia por la que tuve que pasar.”
Tanto la ACLU como la Human Rights Campaign han celebrado la sentencia. Sarah Warbelow, directora legal de la HRC, ha declarado que “con la sucesión de ataques de la administración Trump-Pence a las personas LGTB+ en este país, incluyendo a los menores, nos alegra que otro juzgado federal haya reafirmado los derechos legales y la dignidad de las personas trans“.
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Nuevos Miembros
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Una comisión del Senado de Dakota del Sur ha rechazado un proyecto de ley que limitaba gravemente la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género. El texto había sido aprobado por la Cámara de Representantes hace unos días y perseguía la prohibición de la enseñanza de la «disforia de género» al alumnado de educación infantil y primaria hasta el séptimo curso. A pesar de la derrota de la iniciativa, otra propuesta de carácter tránsfobo está pendiente de tramitación. Su objetivo, obligar a los alumnos trans a participar en las competiciones deportivas con el sexo que les fue asignado al nacer.
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