Continúa la represión policial contra la comunidad LGTBI en Uganda, aunque finalmente las sentencias liberen sin cargos a los detenidos, algunos de los cuales incluso deben ser indemnizados por conculcarse sus derechos constitucionales. En dos ocasiones, la policía detuvo a sendos grupos de jóvenes en refugios para personas LGTBI tras presentarse denuncias por llevar a cabo actos homosexuales o celebrar una «boda gay». Sin embargo, los cargos finalmente presentados en ambos casos fueron los de «propagación negligente de enfermedades» por violar la normativa impuesta en la lucha contra la COVID-19, un subterfugio con el objetivo de conseguir un castigo en los tribunales ante la falta de pruebas para los delitos que perseguían. Mientras tanto, el Parlamento aprobó en primera lectura el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que agrava las penas para las personas que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo, incluyendo a las mujeres, y establece su inclusión permanente en un registro público de delincuentes sexuales. 

Demandantes por torturas en prisión

La primera de las redadas se produjo en la mañana del 29 de marzo de 2020, cuando la policía entró en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala y detuvo a los 23 jóvenes varones allí presentes. Según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellos fueron agredidos. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades, en aplicación de las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Sin embargo, la actuación policial partió de las denuncias de los vecinos del barrio, que acusaban a los jóvenes de llevar a cabo actos homosexuales, ofreciendo como prueba de su acusación el «amaneramiento anormal» de los refugiados. La policía sometió a los jóvenes detenidos al «paseo de la vergüenza», al conducirles a través del barrio, a la vista de todos, hasta la comisaría de Nkonkonjeru.

Finalmente, 19 de los detenidos fueron encarcelados, sin posibilidad de conseguir un abogado debido a las restricciones por la pandemia y, por lo tanto, sin poder solicitar la libertad bajo fianza. Así permanecieron durante 50 días, en condiciones infrahumanas. Según sus abogados, cuando finalmente pudieron visitarles en la prisión para encargarse de su defensa, entre los detenidos se dieron casos de desnutrición, disentería, malaria y tifus. Tampoco se proporcionó el tratamiento necesario a los prisioneros que conviven con el VIH, no por falta de medios, sino por el criterio de las autoridades de la prisión de no dar ningún medicamento a los prisioneros VIH positivos. Dadas estas circunstancias, algunos de los jóvenes detenidos han presentado una demanda por las torturas y el trato degradante de que fueron objeto durante su permanencia en prisión.

Liberación tras 50 días

Pasados esos 50 días, un juez dictaminó la puesta en libertad sin cargos de los 19 detenidos. Además, se estableció una indemnización para cada uno de ellos de 1341 dólares (1160 euros), por habérseles impedido su derecho a un abogado y a la solicitud de libertad bajo fianza. Según el magistrado, el derecho a un «juicio justo» no puede ser conculcado y debe garantizarse incluso en situaciones de emergencia como la pandemia de la COVID-19.

Una nueva redada en un refugio LGTBI con 42 detenidos

El 31 de mayo de este 2021 se produjo en la localidad de Nansana un hecho semejante. La policía irrumpió en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar Happy Family Youth Uganda Limited, alegando que estaba teniendo lugar en su interior la ceremonia de una «boda gay». Según el portavoz policial, permanecían en el local un total de 38 varones y 6 mujeres, los hombres estaban maquillados y se encontraron lo que parecían regalos y también preservativos sin usar.

Detenidos el 31 de mayo de 2021

Se procedió a la detención de 42 de los presentes y su traslado a la comisaría de Nansana. Según denuncia HRAPF, al menos 17 de ellos fueron sometidos allí a inspecciones anales sin su consentimiento, algo considerado como una forma de tortura.

Sin embargo, ante el tribunal los cargos presentados fueron, como en el caso anterior, por violar la normativa establecida para la lucha contra la COVID-19 en cuanto al número de personas reunidas y la falta de distancia social. En concreto, la acusación fue la de «llevar a cabo un acto negligente que pueda propagar una infección o enfermedad».

En esta ocasión, los detenidos contaron desde el primer momento con la presencia de los abogados de HRAPF, que solicitaron de inmediato la libertad bajo fianza. Al ser concedida, permanecieron en prisión tan solo unos pocos días. Según declaraciones de HRAPF, el trato por parte de las autoridades de la cárcel fue correcto, quizás por temor a una nueva demanda. Sin embargo, fueron maltratados por la policía durante su detención y también por otros prisioneros, particularmente por los que se consideran líderes.

Finalmente, el 23 de septiembre tuvo lugar la audiencia en el tribunal de Nansana, tras la que se dictó sentencia absolutoria, quedando los 42 acusados definitivamente en libertad sin cargos.

Nuevo Código Penal y registro público de condenados por homosexualidad

El pasado mes de mayo, el Parlamento de Uganda aprobó el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, que incluye entre los actos punibles las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

El Código Penal en vigor establece penas de prisión, que pueden llegar a la cadena perpetua, para aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El nuevo proyecto de ley especifica en su artículo 11 que los delitos punibles serán «la penetración del ano de otra persona con un órgano sexual o cualquier otro objeto» y «un acto sexual entre personas del mismo sexo». Esto supone la inclusión inequívoca de las mujeres dentro de este tipo de delitos y el fin de cualquier ambigüedad sobre el significado de «contra natura».

El texto aprobado también establece la creación de un registro permanente de delincuentes sexuales en el que se incluirán a todos los condenados por los delitos establecidos en el proyecto de ley. El registro será accesible para agencias de seguridad, compañías de seguros médicos, centros educativos, arrendadores, bancos y el público en general.

Yoweri Museveni,

Tras la aprobación por el Parlamento el proyecto de ley fue remitido al presidente Yoweri Museveni, para su promulgación. Sin embargo, en el mes de agosto Museveni decidió devolver el texto para su reconsideración. Según la vicepresidenta del Parlamento, Anita Among, el presidente había señalado que varios de los delitos incluidos en el proyecto de ley ya estaban sancionados por el Código Penal. Asimismo, Museveni apuntó que la Comisión de Reformas Legislativas había propuesto varias enmiendas al texto dirigidas a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios que nunca fueron consideradas.

A la agrupación de colectivos de activistas LGTBI Sexual Minorities Uganda (SMUG) le preocupa que el proyecto de ley aumente el ambiente fuertemente homófobo en la sociedad ugandesa. Según SMUG, el artículo 11 vulnera los derechos y la protección de las minorías estipulados en la Constitución de la República de Uganda.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Anita Among, Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Nansana, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Tortura, Uganda, Violencia policial, Yoweri Museveni

Represión contra la comunidad LGTBI en Uganda. La policía de este país africano ha arrestado a 23 personas en una redada en un albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en las afueras de Kampala, agrediendo al menos a dos de ellas. Tres de los detenidos fueron puestos en libertad, mientras que los otros veinte permanecen en prisión provisional a la espera de juicio. Están acusados de vulnerar las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de coronavirus, pero las autoridades tampoco descartan imputarles delitos de actos homosexuales, que están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas denuncian que la policía está aprovechando el miedo generado por la COVID-19 para recrudecer la persecución de la comunidad LGTBI.

Los hechos se producían en la mañana del pasado 29 de marzo. La policía hacía una redada en el albergue para jóvenes LGTBI sin hogar en Kyengera, a las afueras de la capital Kampala. 23 personas fueron detenidas y, según denuncia el Foro por la Concienciación y la Promoción de los Derechos Humanos (HRAPF), al menos dos de ellas fueron agredidas. Tras dejar en libertad a tres de los arrestados, los restantes veinte fueron puestos a disposición judicial y enviados a prisión provisional, acusados de desobediencia y de transmisión negligente de enfermedades. Las normas de distanciamiento social impuestas por la pandemia de COVID-19 prohíben las reuniones de más de cinco personas.

Las autoridades no descartan ampliar los cargos a la comisión de actos homosexuales, que en Uganda están castigados con penas que pueden llegar a la cadena perpetua. Los activistas están convencidos de que la LGTBIfobia es la verdadera motivación de la operación, que se escuda en el miedo que provoca el coronavirus para intensificar la persecución de la comunidad LGTBI y usarla una vez más como cabeza de turco.

El director de Sexual Minorities Uganda, Frank Mugisha, explica que la policía acudió al albergue tras las denuncias motivadas por la LGTBIfobia de los vecinos y lamenta que la estancia en una prisión atestada, lejos de impedir la transmisión, aumenta el riesgo de contraer COVID-19 u otras enfermedades. Los detenidos están especialmente indefensos, porque las limitaciones impuestas al transporte les impiden ejercer su derecho a la asistencia de un abogado. La vista está fijada para el próximo 29 de abril.

La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda

La homosexualidad ya es ilegal en Uganda. La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía también en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Y aunque por el momento parece que este proyecto ha quedado aparcado, lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Por fortuna,  el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en noviembre, la policía detenía a 127 personas y acusaba a 75 después de una redada en un bar gay.

En 2017 el Orgullo LGTB de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTB ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

En octubre de 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+ en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, la semana pasada, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto del año pasado, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha.

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Coronavirus, Discriminación, Frank Mugisha, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Kampala, LGTBIfobia, Rebecca Kadaga, Sexual Minorities Uganda, Uganda, Violencia policial

El Tribunal Constitucional de Uganda ha declarado contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como “inmorales o socialmente inaceptables”, la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados tan ignominiosamente se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

El pasado día 10 de noviembre, el Tribunal Constitucional de Uganda falló a favor del demandante en el caso de Adrian Jjuuko contra la Fiscalía General, en el que se cuestionaba la constitucionalidad del artículo 15 (6) (d) de la Ley de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de 2007.

En dicho artículo, ahora declarado inconstitucional, se impedía que determinados grupos sociales considerados “inmorales o socialmente inaceptables” pudieran reclamar por cuestiones de discriminación ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades. Cabe destacar que, en un principio, el artículo fue diseñado específicamente para evitar el acceso a la Comisión a las personas LGTBI, aunque después se añadieron colectivos como el de los trabajadores del sexo, los discapacitados o las personas que viven con el VIH. Es decir, algunos de los grupos sociales más vulnerables y sometidos a discriminación.

Adrian Jjuuko

La declaración de inconstitucionalidad de semejante aberración legislativa llega tras siete largos años de litigio. Adrian Jjuuko, que es el director ejecutivo de Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), presentó la moción en 2009, con el asesoramiento del abogado Ladislaus Kiiza Rwakafuzi. Jjuuko resumía así la decisión del alto tribunal: “Tras la decisión del tribunal, el Estado no podrá legalmente marcar a determinadas personas como inadaptadas sociales que no son dignas de protección”. También añadía que “ha sido un largo camino de siete años lleno de enfrentamientos con el poder judicial por el continuo retraso, pero me alegro de que el caso finalmente se haya solventado y que hayamos ganado. El fallo favorable elimina el único impedimento legal que ha impedido que los grupos minoritarios accedieran a la Comisión de Igualdad de Oportunidades”.

Por su parte, desde HRAPF expresaban su satisfacción con el siguiente comunicado: “Este es un gran triunfo para las comunidades marginadas de Uganda, especialmente las personas LGBTI y los trabajadores del sexo”.

Uganda: una pesadilla continua

La situación de las personas LGTB en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que “tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona”. El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan “prácticas indecentes” se castigan con hasta siete años de prisión.

Pero esta durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insiste en reintroducir una ley que endurecería el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de introducir la pena de muerte en deteminados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar “un regalo de Navidad”. El proyecto fue aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario.

Por otra parte, se suceden los ataques a la libertad de reunión y asociación. En noviembre de 2015, de hecho, se aprobó una ley que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al “interés público” o si son “contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda”. Las asociaciones LGTB ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTB a la ilegalidad.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. Son muy numerosos los frentes en los que hay que seguir trabajando.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es continuo.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Adrian Jjuuko, Discriminación, Homofobia, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Ladislaus Kiiza Rwakafuzi, Tribunal Constitucional de Uganda, Uganda

Según denuncian asociaciones de defensa de los derechos humanos, nueve hombres homosexuales han sido detenidos en Uganda tras ser perseguidos por una horda de homófobos que pretendían lincharlos. La policía, con la excusa de salvarlos del ataque, procedió a su arresto oficial y a someterlos a la infame tortura de los exámenes anales, con los que pretendían demostrar su homosexualidad. Tras cinco días de encarcelamiento y maltrato, los nueve hombres fueron finalmente puestos en libertad, pero sus vidas corren grave peligro al verse obligados a regresar a sus domicilios, por lo que las asociaciones de derechos humanos buscan desesperadamente fondos para poder encontrarles un refugio seguro.

Rainbow Health Foundation es una organización que en Uganda provee de recursos médicos a hombres que mantienen sexo con hombres. Según sus responsables, el pasado 15 de enero el equipo de detección de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) de la fundación ofrecía sus servicios en un hospital, como parte de un programa auspiciado por el ayuntamiento, por el que se trataba de ofrecer asistencia a jóvenes del entorno rural.

Algunos de los jóvenes que se habían sometido a las pruebas de ETS aprovecharon el viaje a la ciudad para visitar a un amigo, sin sospechar que eran seguidos por un grupo de fanáticos que decidieron darles caza, al parecer provenientes de su mismo lugar de origen. El grupo irrumpió en la casa donde estaban de visita y atacaron a los allí presentes. Pero la policía, al parecer alertada de que se preparaba una “caza” de homosexuales, había seguido al grupo homófobo y entró en el domicilio logrando poner a los jóvenes a salvo.

Según Dismus Aine Kevin, director de Rainbow Health Foundation , una vez que los jóvenes habían sido conducidos a las dependencias policiales, una multitud creciente se agolpó en el exterior gritando “no tengáis misericordia con ellos”. Dismus Aine afirma que “la turba enfurecida dejaba claro que deseaba derribar las puertas de la comisaría”. La situación llegó al extremo de que la policía decidió trasladarles a sus oficinas centrales, tras solicitar refuerzos, pues la multitud furiosa no paraba de crecer “por minutos”.

Allí, los jóvenes fueron conducidos a celdas, donde pasaron la noche. Rainbow Health Foundation solicitó el apoyo legal de la organización Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), que provee de defensa a quienes pertenecen a minorías marginadas. Los miembros de HRAPF acudieron al día siguiente a comisaría para negociar la puesta en libertad de los jóvenes, sin obtener éxito alguno. La policía les informó de que los nueve iban a ser detenidos oficialmente por practicar la sodomía, y que les mantendrían encarcelados hasta que concluyera la investigación.

Desde Rainbow Health Foundation trataron de apelar a los responsables del ayuntamiento, con quienes habían acordado su programa de atención, y fueron recibidos por el alcalde. No solo no hubo ninguna colaboración por su parte, sino que, tras confirmar los hechos, el alcalde les espetó que hubiera deseado “que hubieran matado al menos a dos de ellos para que los demás aprendieran la lección”.

El sábado 17 de enero, finalmente, Dismus Aine Kevin logró el permiso para visitar a los nueve jóvenes detenidos. Según su testimonio, “habían sido torturados y atormentados pero seguían aguantando. Hicimos algunas bromas para poner una sonrisa en sus caras. Hacía daño verlos a todos tan indefensos. Les habían sometido a un examen médico, incluido un examen anal y a preguntas sobre su sexualidad”. Los exámenes anales son considerados una inequívoca forma de tortura y degradación, además de no tener ningún sentido desde el punto de vista científico.

El equipo legal de HRAPF siguió presionando para obtener la libertad de los jóvenes, hecho que se produjo el pasado día 20, aunque aún deben presentarse periódicamente en las dependencias policiales. Sin embargo, desde Rainbow Health Foundation alertan de que los jóvenes, debido a su falta de medios económicos, han tenido que volver a su población de origen, donde también residen los fanáticos que intentaron su linchamiento. Por ello, están solicitando la provisión de fondos para que puedan encontrar un refugio seguro. Asimismo, han requerido a los medios que no revelen en sus noticias datos como el lugar donde se desarrollaron los hechos o el de residencia de las víctimas, por evidentes motivos de seguridad.

Como es bien conocido, el clima de odio hacia las personas LGTB en Uganda se ha exacerbado con motivo del proceso de discusión y aprobación de una ley que pretendía endurecer el trato penal a la homosexualidad, una ley que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional de Uganda por un defecto de forma, a pesar de lo cual ya se ha puesto en marcha otra iniciativa para aprobar una nueva ley que sustituya a la anterior. Una norma que eliminaría las referencias directas a la homosexualidad, que sería sustituida por el eufemismo “prácticas sexuales antinaturales” y se centraría en castigar con penas de cárcel cualquier actividad considerada como “promoción” de las relaciones no tradicionales.

Una jugada con la que el presidente Yoweri Museveni intentaría mantener su popularidad sin poner en riesgo la ayuda externa que recibe el país. Aunque el presidente amagó en su momento con vetar la anterior ley, al final optó por sumarse a la corriente homófoba y apoyarla; una decisión adoptada en clave interna, pero que a nivel internacional no le trajo más que quebraderos de cabeza, incluyendo sanciones económicas en forma de reducción de la ayuda exterior.

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda en mayo de 2014 denunciaba el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se inició todo este proceso legal. Desde su aprobación inicial y hasta la fecha de elaboración del informe, se habían producido 162 de estos incidentes, que incluían linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denunciaba el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Dismus Aine Kevin, Human Rights Awareness and Promotion Forum (HRAPF), Rainbow Health Foundation, Sexual Minorities Uganda, Uganda, Yoweri Museveni