Es un día trascendental para la comunidad LGBTQ+ de Mauricio, ya que la Corte Suprema del país de África Oriental despenaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. El histórico fallo es particularmente significativo ya que muchos de los países vecinos de Mauricio siguen siendo profundamente hostiles hacia la comunidad LGBTQ+ y, en muchos casos, castigan el sexo gay con la pena de muerte.

La Corte Suprema de Mauricio ha declarado “inconstitucional” y “discriminatoria” la criminalización y prohibición de la intimidad entre personas del mismo sexo en el país en un fallo histórico.

La Corte Suprema de la nación falló a favor de la despenalización como parte del caso Ah Seek contra el Estado de Mauricio, en el que Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, presidente de la organización local LGBTQIA+ Collectif Arc-en-Ciel, respaldada por Human Dignity Trust en Londres, actuó como principal demandante. Impugnó la constitucionalidad del artículo 250 del Código Penal de Mauricio, que databa de 1838. La anticuada ley, introducida por los británicos durante el período colonial, criminalizaba las relaciones consensuada sobre entre personas del mismo sexo tipificándola como delito con hasta cinco años de prisión.

La sentencia dictada el miércoles (4 de octubre) enfatizó que Mauricio es un Estado democrático laico y no encuentra ninguna razón justificable para inmiscuirse en la vida privada de las personas LGBTQIA+. En su fallo, los jueces de la Corte Suprema preguntaron: “…¿Existen razones válidas para que el Estado discrimine al demandante por tener relaciones sexuales de la única forma disponible para él?“

El tribunal dictaminó que el artículo 250 del código penal es “discriminatorio” e “inconstitucional” y afirmó que: “penaliza la única manera natural para que él y otros hombres homosexuales tengan relaciones sexuales, mientras que a los hombres heterosexuales se les permite el derecho a tener relaciones sexuales de una manera que les resulte natural”.

“El presente caso se refiere a los aspectos más privados e íntimos de la identidad de los hombres homosexuales, es decir, la manera en que mantienen relaciones sexuales. En consecuencia, deben existir razones particularmente serias para que el Estado interfiera justificadamente con la manera en que los hombres homosexuales eligen tener relaciones sexuales consensuales en privado”.

El tribunal también señaló que la ley de la era colonial no se hizo para reflejar los valores de Mauricio, sino que “heredada como parte de nuestra historia colonial de Gran Bretaña”.

El juez reconoció además que la orientación sexual del demandante es “natural e innata… no puede ser alterada y es una variante natural de su sexualidad”.

De izquierda a derecha: Tim Otty, Abdool Ridwan Firaas Ah Seek y Gavin Glover (Foto cortesía)

El demandante Ah Seek, que inició la demanda en 2019, también comentó sobre el fallo, que supuso un “enorme alivio. A partir de hoy, como ciudadano y ser humano, soy libre de amar a quien quiera sin miedo. Sobre todo, también significa que las próximas generaciones podrán abrazar plena y libremente su sexualidad sin temor a ser arrestadas. Esta victoria es sin duda un paso importante hacia la plena inclusión de nuestra comunidad en la sociedad de Mauricio”.

Al comentar sobre el fallo, Téa Braun de Human Dignity Trust declaró: “Esta decisión finalmente derriba 185 años de estigma sancionado por el Estado contra las personas LGBT en Mauricio y envía otro mensaje importante a los países criminalizadores que aún quedan en África y más allá: estas leyes deben ir.”

Tras el anuncio, Human Dignity Trust tuiteó: “ÚLTIMA HORA: Victoria trascendental para los derechos humanos en #Mauricio cuando la Corte Suprema derriba la ley discriminatoria que penaliza la intimidad entre personas del mismo sexo. Mauricio se suma a una lista cada vez mayor de naciones africanas que han despenalizado la actividad sexual entre personas del mismo sexo”.

BREAKING: Momentous victory for human rights in #Mauritius as Supreme Court strikes down discriminatory law criminalising same-sex intimacy. Mauritius joins growing list of African nations that have decriminalised same-sex sexual activity. pic.twitter.com/59Bolp0XaX

— Human Dignity Trust (@HumanDignityT) October 4, 2023

Human Dignity Trust también reconoció que, si bien la ley era “en gran medida obsoleta” y “no había evidencia de que la ley se hubiera aplicado durante muchos años en casos de actividad sexual consensuada entre personas del mismo sexo”, su “mera existencia” constituía una “violación de derechos humanos” que fomentó “nuevos actos de discriminación”.

Al comentar sobre el fallo, afirmaron: “El Trust aplaude esta decisión, así como el trabajo en curso del gobierno para reformar leyes más amplias sobre delitos sexuales para eliminar la discriminación y brindar una protección adecuada contra la violencia sexual.

“Esta victoria eleva a 65 el número de jurisdicciones que criminalizan a las personas LGBTQIA+. Mauricio se suma ahora a otras naciones africanas como Sudáfrica, Botswana, Seychelles y Mozambique, que han erradicado de sus leyes disposiciones criminalizadoras similares de la era colonial”.

The Trust applauds this decision, as well as the ongoing work of the government to reform wider sexual offence laws to eliminate discrimination and provide proper protection against all sexual violence.https://t.co/WQFzbmKItu pic.twitter.com/kZy0wLEan7

— Human Dignity Trust (@HumanDignityT) October 4, 2023

Pliny Soocoormanee, un mauriciano gay y director ejecutivo de la organización de derechos humanos The Peter Tatchell Foundation, explicó su alegría por el fallo: “Estoy encantado de que después de 185 años de criminalización de las personas LGBT en Mauricio, esta ley homofóbica finalmente haya llegado a su fin. Nunca pedimos un trato especial, sólo igualdad y respeto. Puede que Mauricio sea pequeño, pero el mensaje que esto envía al mundo es enorme. La criminalización en todos los países pertenece al pasado. Como mauriciano gay, este día vivirá conmigo para siempre”.

Mauricio ahora se une a naciones africanas como Sudáfrica, Angola, Botswana, Lesoto, Mozambique, Gabón, y Seychelles  para erradicar de su sistema legal las disposiciones de la era colonial. Namibia también está dando pasos en ese sentido. Aún así, buena parte del continente mantiene leyes que las criminalizan, en muchos casos mediante disposiciones heredadas de la época colonial. Un caso especial es el de Sudáfrica, donde a pesar de la LGTBIfobia social el marco jurídico es favorable a los derechos LGTBI, con una Constitución que prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y donde el matrimonio igualitario es legal desde 2006.

Mientras tanto, otras naciones africanas mantienen algunas de las estrictas leyes anti-LGBTQ+ del mundo. De los 54 países del continente, sólo 22 han legalizado la homosexualidad. En Mauritania, Somalia y Nigeria la pena máxima por homosexualidad es la pena capital.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Abdool Ridwan Firaas Ah Seek, Collectif Arc-en-Ciel, Corte Suprema, Derechos LGTBIQ+, Human Dignity Trust, Mauricio, Personas LGTBIQ, Pliny Soocoormanee, The Peter Tatchell Foundation

Un año después de que una serie de destacadas organizaciones LGBTQ+ pidieran a 11 países que pusieran fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer, nada ha cambiado.

En 2022, ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenaron el uso de la violencia contra las personas LGBTQ+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT).

En la declaración, las organizaciones LGBTQ+ señalaron que 70 países de todo el mundo seguían penalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señaló que 11 países -Afganistán, Brunéi, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGBTQ+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunéi, Mauritania, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Un año después, cuando el 17 de mayo se celebra de nuevo IDAHOBIT, sólo 66 países del mundo penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, pero el número de los que aplican la pena de muerte como castigo se mantiene firme en 11 países.

Imponer la pena de muerte a las personas LGBTQ+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGBTQ+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, señalaron las organizaciones.

“El mantenimiento y la imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo constituye una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan afirmó que tales leyes vulneran numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a la gente el acceso a los sistemas sanitarios.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió la despenalización de las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debería abolirse en cualquier circunstancia.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte. Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a representación legal y a juicios justos a quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado reiteradamente el uso de la pena de muerte en numerosos países de todo el mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que siguen aplicando la pena de muerte que garantizaran que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos homosexuales fueron ejecutados en Irán en enero de 2022

Incluso en países donde no se aplica la pena de muerte a las personas LGBTQ+, muchas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán, mantienen leyes arbitrarias contra la “inmoralidad” dirigidas contra miembros de la comunidad LGBTQ+.

En enero de 2022 se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la agencia de noticias Human Rights Activists llamó Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

En julio de 2022, otro hombre gay fue ejecutado en Irán bajo un cargo de “sodomía”, según grupos de derechos humanos.

Según los informes, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Irán actualmente criminaliza el sexo entre hombres con la pena de muerte o 100 latigazos y el sexo entre mujeres con 100 latigazos.

Fuente PinkNews

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Los asistentes forman las palabras ‘Revocar 377A’ con luces en el evento Pink Dot, 2019. (Getty/ Ore Huiying)

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha anunciado el fin de la Sección 377A, la ley del país que penaliza el sexo gay.

El primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, ha confirmado en un discurso televisado las declaraciones de su ministro de Justicia e Interior sobre la próxima derogación de las leyes que castigan las relaciones sexuales entre varones. Casi al mismo tiempo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Mali anunciaba una reforma del Código Penal que castigará las relaciones homosexuales por considerarlas «antinaturales».

A finales del mes de julio, el ministro de Justicia e Interior de Singapur, Kasiviswanathan Shanmugam, informaba a través de las redes sociales de que su Gobierno estaba revisando la reforma del Código Penal para derogar el artículo 377-A, que castiga las relaciones homosexuales entre varones hasta con dos años de prisión y que se introdujo en la década de 1930 bajo el dominio colonial británico.

Los activistas LGBTQ+ han luchado durante años para derogar la arcaica prohibición del sexo gay, que hace que las relaciones sexuales consentidas se castiguen con hasta dos años de prisión.

El domingo (21 de agosto), el primer ministro Lee Hsein Loong anunció que Singapur ya no penalizaría las relaciones sexuales entre hombres. Durante su discurso político anual, transmitido por la televisión nacional, Lee señaló que la derogación de 377A se debatió por última vez en 2007, momento en el que el gobierno “no llegó a derogar la ley” y, en cambio, decidió “no hacerla cumplir activamente”. “Hubiera sido demasiado divisivo forzar el tema entonces”, dijo.

Lee continuó: “Ahora, 15 años después, las actitudes han cambiado considerablemente. Si bien seguimos siendo una sociedad ampliamente conservadora, las personas homosexuales ahora son mejor aceptadas en Singapur, especialmente entre los singapurenses más jóvenes. Es hora de volver a hacernos la pregunta fundamental: ‘¿Debería ser un delito el sexo entre hombres en privado?‘”.

Lee reconoció que “los singapurenses todavía tienen puntos de vista diferentes sobre si la homosexualidad es correcta o incorrecta”, pero dijo que “la mayoría de la gente acepta que la orientación y el comportamiento sexual de una persona es un asunto privado y personal, y que el sexo entre hombres no debería ser un delito penal. El comportamiento sexual privado entre adultos que consienten no plantea ningún problema de orden público”, dijo. “No hay justificación para enjuiciar a las personas por ello, ni para convertirlo en un delito… El gobierno derogará la Sección 377A y despenalizará las relaciones sexuales entre hombres. Creo que esto es lo correcto y algo que la mayoría de los singapurenses aceptarán ahora. Esto alineará la ley con las costumbres sociales actuales y espero que brinde algo de alivio a los singapurenses homosexuales”.

Sin embargo, Lee también dijo que “en Singapur solo se reconocen los matrimonios entre un hombre y una mujer”, y prometió “defender y salvaguardar la institución del matrimonio”.

El primer ministro dijo que si las leyes de matrimonio enfrentan desafíos legales, como lo ha hecho 377A, “polarizaría a la sociedad” y que la igualdad de matrimonio sería “mala para Singapur”.

Gay sex will no longer be a crime in Singapore. Finally.

— Terence Lee (@terenceleejx) August 21, 2022

Singapore ending gay sex ban!
The law was inherited from the colonial era, so thank goodness they’re finally getting rid of that dinosaur shit.

— Gragos 🇹🇭 🇬🇧 (@thai_tuxie) August 21, 2022

what a euphoric moment for my queer brothers in singapore with the repeal of s377A. consensual sex between men will be decriminalised there. the journey might be long but i am happy for you. we are seeing a growing resistance against this colonial homophobic legacy in asia. 🏳️‍🌈

— freyr (@notsoaidil) August 21, 2022

SECTION 377A IS REPEALED FINALLY IN SINGAPORE!!!! SEX BETWEEN MEN IS NOW DECRIMINALISED!!!!

— 사히라 🌙 IA (@sahirawr) August 21, 2022

Leow Yangfa, director ejecutivo de la organización benéfica LGBTQ+ de Singapur Oogachaga, dijo: “Estamos agradecidos de que el gobierno de Singapur revoque la Sección 377A a través del parlamento. Esto significa mucho para la comunidad LGBT. La despenalización no solo mejorará la vida de las personas LGBT y sus familias, sino que traerá otros beneficios obvios para los negocios, el comercio y la reputación internacional de Singapur, lo que hace que este anuncio sea bienvenido en muchos frentes. Esperamos ansiosamente un debate constructivo en el Parlamento en los próximos meses”.

Téa Braun, directora ejecutiva de Human Dignity Trust, dijo en un comunicado: “La sección 377A es tanto arcaica como discriminatoria. Debido a este anuncio, los hombres homosexuales pueden esperar dejar de ser presuntos delincuentes, y Singapur ha dejado de perseguir de manera decisiva a las personas en función de su orientación sexual. Esta decisión es increíblemente significativa no solo para Singapur, sino también por su efecto de señalización más amplio en Asia y el mundo, donde millones de personas todavía son criminalizadas en función de su orientación sexual o identidad de género. La marea continúa volviéndose decisivamente contra los países que mantienen estas leyes estigmatizantes”.

Varios países asiáticos se están alejando lentamente de las leyes coloniales británicas que criminalizan a las personas LGBTQ+. En 2019, Taiwán se convirtió en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, y este año le siguió Tailandia.

Fuente Pink Newws

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Antigua y Barbuda ha declarado que la criminalización del sexo gay es inconstitucional.

Las leyes coloniales en Antigua y Barbuda que criminalizan a las personas LGBTQ+ han sido declaradas inconstitucionales por un juez.

El martes (5 de julio), el Tribunal Superior de Antigua y Barbuda dictaminó que las leyes contra la “sodomía” y las “indecencias graves” eran discriminatorias para las personas LGBTQ+.

Las secciones 12 y 15 de la Ley de delitos sexuales de 1995 se heredaron del dominio colonial británico y tipificaron como delito las relaciones sexuales con penetración y otros actos sexuales entre adultos con consentimiento, respectivamente. Los declarados culpables podrían ser encarcelados hasta por 15 años.

El tribunal determinó que penalizar las relaciones íntimas entre adultos que consienten en adultos contravenía los derechos constitucionales de Antigua a la libertad, la protección de la ley, la libertad de expresión, la protección de la privacidad personal y la protección contra la discriminación por motivos de sexo, que según el tribunal incluye derechos sexuales. orientación.

El tribunal afirmó que “el derecho a la privacidad se extiende más allá del derecho a estar solo, e incluye el concepto de dignidad del individuo, aspectos de la identidad física y social y el derecho a desarrollarse y establecer relaciones con otros seres humanos”.

El fallo se produjo después de un caso presentado por David Orden, un hombre gay de Antigua, junto con la organización local Mujeres contra la Violación y la organización coordinadora regional LGBT+, la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE).

Orden declaró ante el tribunal que había sido intimidado, golpeado y acosado por homófobos, pero que la policía se negó a investigar. Le dijo a la corte que la policía le preguntó “¿por qué eres gay?” y “¿por qué elegiste este estilo de vida?”.

Great news from Antigua and Barbuda 🇦🇬 as the Eastern Caribbean Supreme Court strikes down laws criminalising consensual same-sex activity.

An historic achievement for the people of Antigua and Barbuda and another welcome step forward for #LGBT+ rights globally 🏳️‍🌈 https://t.co/LKkJAuUKl9 pic.twitter.com/eZeKxqFt0T

— Nick Herbert (@nickherbertcbe) July 6, 2022

Mujeres contra la Violación dijo al tribunal que la homofobia derivada de la ley era aún más profunda. En su testimonio, un representante le dijo al tribunal que muchas personas LGBTQ+ dudan en recibir tratamiento para el VIH, ya que las violaciones de la confidencialidad son frecuentes y temen un trato hostil.

Informaron que habían encontrado una “atmósfera homofóbica” en las clínicas allí y dijeron que “la violencia y la discriminación pueden afectar negativamente la salud mental de los miembros LGBT”.

La directora ejecutiva de ECADE, Kenita Placide, celebró el fallo diciendo: “El proceso de litigio es importante, ya que subraya cómo estas leyes contribuyen a la estigmatización de las personas LGBTQI, cómo legitiman el discurso de odio, la discriminación y la violencia y desgarran el tejido. de nuestra sociedad. Nuestros gobiernos han jurado proteger y defender los derechos de todos y actuar de manera que promuevan la prosperidad y el bienestar de todos. Esta sentencia está en consonancia con este compromiso”.

Téa Braun, directora ejecutiva de Human Dignity Trust, dijo: “Desde los preparativos legales que comenzaron en 2015 hasta el juicio histórico de ayer, esta victoria ha tardado siete años en gestarse. Si bien las victorias legales toman tiempo, este fallo demuestra una vez más que la perseverancia y la colaboración pueden mover montañas. Después de casi 150 años en los libros de estatutos, devastando innumerables vidas LGBT a su paso, estas leyes del legado colonial finalmente han encontrado el lugar que les corresponde en los libros de historia.”

Antigua y Barbuda es ahora el tercer país del Caribe en despenalizar la homosexualidad a través de los tribunales. Se espera que otros países del Caribe hagan lo mismo.  Los desafíos constitucionales están pendientes en Barbados, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

Braun agregó: “Esta es una victoria fundamental para las personas LGBT en Antigua y Barbuda, miles de las cuales ahora pueden mirar hacia un futuro libre del estigma de la criminalización”.

Fuente Pink News

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Varias organizaciones LGTBI+ de primera línea han pedido a 11 países que pongan fin a la amenaza de la pena de muerte como castigo para las personas queer.

ILGA Asia, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y otras cinco organizaciones condenan el uso de la violencia contra las personas LGTBI+ en una declaración emitida con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia (IDAHOBIT), que se celebró el martes (17 de mayo).

En la declaración, las organizaciones LGTBI+ señalan que 70 países de todo el mundo siguen criminalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, entre ellos 22 países asiáticos.

ILGA Asia señala que 11 países -Afganistán, Brunei, Darussalam, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Catar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen- mantienen la pena de muerte para las personas LGTBI+. Ocho de esos países están en Asia.

Según Human Dignity Trust, la pena de muerte se aplica en Irán, el norte de Nigeria, Arabia Saudí, Somalia y Yemen, y sigue siendo una “posibilidad legal” en Afganistán, Brunei, Mauritania, Pakistán, Catar y EAU.

Imponer la pena de muerte a las personas LGTBI+ viola el “derecho a la vida”

Las leyes anti-LGTBI+ y la pena capital afectan de forma desproporcionada a las minorías étnicas o religiosas y a las personas de procedencias socioeconómicas desfavorecidas, afirman las organizaciones.

“La fidelización e imposición de la pena de muerte por conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo es una violación del derecho a la vida y del derecho a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, afirmó Daron Tan, asesor jurídico internacional asociado de la CIJ.

Tan dijo que estas leyes infringen numerosos derechos humanos, y también pueden hacer que se niegue a las personas el acceso a los sistemas de atención sanitaria.

Ajita Banerjie, responsable de investigación de ILGA Asia, pidió que se despenalicen las conductas sexuales entre personas del mismo sexo en todo el mundo, y afirmó que la pena de muerte debe abolirse en todas las circunstancias.

“Además, instamos a las autoridades de todos los países que siguen manteniendo la pena de muerte a que introduzcan una moratoria sobre su uso, como primer paso necesario hacia la abolición de la pena de muerte.

“Por último, pedimos a las autoridades que garanticen todas las salvaguardias necesarias para asegurar el acceso a la representación legal y a juicios justos para quienes se enfrentan actualmente a la pena de muerte en relación con su participación real o supuesta en conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.”

Las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos han condenado repetidamente el uso de la pena de muerte en numerosos países del mundo.

En diciembre de 2020, la Asamblea General de la ONU pidió a los Estados que aún utilizan la pena de muerte que se aseguraran de que no se aplica “sobre la base de leyes discriminatorias o como resultado de una aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley”.

Dos hombres homosexuales fueron ejecutados en Irán a principios de este año

Incluso en los países en los que no se aplica la pena de muerte a las personas LGTBI+, muchas de ellas siguen sufriendo detenciones y condenas por mantener relaciones sexuales consentidas.

Algunos países mantienen leyes de “inmoralidad” arbitrarias que atacan a los miembros de la comunidad LGTBI+, como Kuwait, Líbano, Myanmar y Omán.

En enero se produjo un gran revuelo cuando una red de derechos humanos afirmó que dos hombres homosexuales habían sido ejecutados en Irán tras pasar seis años en el corredor de la muerte.

Los dos hombres, a los que la gestoría de derechos humanos nombró como Mehrdad Karimpour y Farid Mohammadi, habían sido condenados a muerte por “relaciones sexuales forzadas entre dos hombres”.

Al parecer, otros dos hombres fueron ejecutados por cargos similares en Irán en julio de 2021.

Fuente Pink News

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Importante decisión la adoptada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que las leyes que criminalizan a las personas homosexuales en Jamaica atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. Aunque no es previsible que la decisión tenga un efecto inmediato, sí que sienta un precedente fundamental para la evolución futura de los derechos LGTBI el el continente americano.

Ya en 2012, cuando comenzó este largo proceso, recogíamos la historia. Hacíamos referencia, por aquel entonces, a Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Su denuncia ante la CIDH contó con el soporte legal de Human Dignity Trust, una organización de lucha a favor de los derechos de las personas LGTBI con base en el Reino Unido, en estrecha colaboración con J-FLAG, organización jamaicana a favor de los derechos LGTBI que trabaja sobre el terreno en condiciones nada favorables. Las víctimas consignadas eran el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

No fue hasta 2018 que la CIDH declaró la admisibilidad del caso, tras constatar el hostigamiento que sufre la comunidad LGTBI jamaicana y recopilar una serie de hechos relacionados con los demandantes, cuyos testimonios son sobrecogedores. A la hora de abrir el procedimiento contra Jamaica la CIDH tuvo en cuenta «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica» que relataban.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Ahora se conoce, casi una década después, el resultado del proceso. La decisión se había tomado ya en septiembre de 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho por fin pública. Y no puede ser más favorable: la CIDH no solo reconoce como probados la violación de derechos de los demandantes por parte del Estado jamaicano y solicita que estos sean compensados, sino que establece que las leyes que criminalizan la homsoexualidad, vigentes en Jamaica como herencia de la época colonial, atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. La CIDH va incluso más allá, al instar a Jamaica a poner en marcha una legislación que proteja contra la discriminación a las personas LGTBI e introducir reformas en sus fuerzas y cuerpos de seguridad para que estos no sean cómplices o incluso perpetradores de violencia contra las LGTBI.

Human Dignity Trust considera que la decisión de la CIDH (que puedes descargar aquí) es histórica y supone un importante precedente. No supondrá, eso sí, cambios inmediatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), no dispone de la capacidad coercitiva de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con la que con frecuencia suele confundirse (y cuya competencia contenciosa Jamaica ni siquiera reconoce). Pero sus dictamenes y recomendaciones, además de dar visibilidad a las violaciones contra los derechos humanos cometidas en suelo americano, son tenidos en cuenta por la OEA, motivan decisiones políticas de sus miembros y sin duda pueden acelerar procesos que de otra forma serían mucho más lentos. Estaremos pendientes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla.

La última noticia que publicamos sobre Jamaica tras la confesión del escritor jamaicano Marlon James habla del exorcismo al que se sometió para intentar dejar de ser homosexual… es que las leyes anti gays arcaicas en Jamaica y la discriminación contra las personas LGBT + le están costando a la nación alrededor de $ 11 mil millones por año, según el Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI).

Pero,  en diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Los precedentes son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Caribe, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gareth Henry, Human Dignity Trust, Human Rights Watch, J-FLAG, Jamaica, OEA, Simone Carline Edwards

El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey

Aviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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El gobierno británico destina algo más de 5 millones de libras para promover la reforma de las leyes homofóbicas que todavía hoy en día condenan las relaciones entre personas del mismo sexo en algunos países miembros de la Commonwealth, que se consideran una nefasta herencia del legado colonialista del Reino Unido.

Más allá de reconocer su responsabilidad en el homofóbico legado histórico que el Reino Unido ha dejado en las que fueran sus colonias, el gobierno de Theresa May quiere contribuir a enmendar esta situación para lo que destina más de 5 millones de libras para alentar la reforma de las leyes que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo actualmente en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. «Conseguir las leyes adecuadas es un paso esencial para acabar con la discriminación que hemos visto», declara Amber Rudd, Secretaria de Interior del gobierno británico al anunciar el incentivo para reformar las leyes que afectan principalmente a la mujer y al colectivo LGBT durante la reunión de los jefes de gobierno de la Commonwealth, el pasado 20 de abril.

«Las leyes anti LGBT en algunos países de la Commonwealth son un legado del pasado colonial de Gran Bretaña (…). La Primera Ministra del Reino Unido dejó en claro el martes que lamentamos profundamente el legado histórico británico de leyes contra los homosexuales en la Commonwealth», afirma Rudd, quien dimitía de su cargo el pasado este mismo domingo, 29 de abril, debido a su gestión del escándalo destacado tras conocerse el trato de su gobierno a la denominada Generación Wondrush, residentes de origen caribeño tratados como inmigrantes en situación irregular.

«Reconocemos nuestra responsabilidad social, además de ser lo correcto, promover la igualdad LGBT en el Reino Unido y en la Commonwealth (…) Vamos a estar preparados para apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar su legislación obsoleta que hace posible la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Me complace anunciar que brindaremos £ 5.6 millones para un programa de apoyo a la igualdad de género y LGBT, trabajando con organizaciones como Kaleidoscope Trust, Royal Commonwealth Society, Human Dignity Trust y Sisters for Change para apoyar la reforma de la leyes», sostiene Rudd, quien se postulaba hasta el domingo como perfecta sucesora de May.

El Príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle, hablaban igualmente ante el Commenwealth Youth Forum, dejando claro que la igualdad entre homosexuales, bisexuales y transexuales no es un asunto relacionado con la sexualidad, sino un problemas de «derechos humanos básicos».

Fuente Universogay

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La ley que prepara el parlamento del país es aún más dura que la anterior

“Los homosexuales no son criminales”: El cardenal Turkson se opone a ley antigay de Uganda.

Desmond Tutu condena ley homofóbica de Uganda pues ‘todos somos hijos de Dios’.

Homofobia/ Transfobia. Alquiler, Cárcel, Frank Mugisha, Human Dignity Trust, Jonathan Cooper, Uganda

Dos hombres esperan a ser juzgados por homosexualidad

Un informe elaborado por Sexual Minorities Uganda denuncia el extraordinario aumento en los ataques contra las personas LGTB en el país desde que se promulgó la nueva ley que incrementa las penas para los delitos relacionados con la homosexualidad. Desde su aprobación, se han producido 162 de estos incidentes, que incluyen linchamientos, violencia colectiva, incendio de hogares, chantaje, pérdida de puestos de trabajo, detenciones, expulsiones y suicidios. El informe denuncia el ambiente de hostilidad creado durante todo el proceso de tramitación de la ley, cuyo fruto es la autoridad práctica para perseguir a las personas LGTB con total impunidad.

Hasta el 20 de diciembre de 2013, fecha de aprobación de la ley (aunque fue finalmente promulgada por el presidente Yoweri Museveni en febrero de 2014), se habían reportado tan solo 8 de estos ataques en todo el año, mientras que en 2012 fueron un total de 12. Como indica el informe, “esto supone un incremento de entre el 750 % y el 1900 % respecto a los años anteriores, un aumento que solo puede explicarse por la aprobación de la ley y el ambiente virulentamente homofóbico que engendró”.

La ley aprobada castiga a las personas que mantengan relaciones homosexuales con 14 años de cárcel, pena que podrá llegar a ser de cadena perpetua en los casos calificados como de “homosexualidad agravada”. Además prohíbe la denominada ”promoción de la homosexualidad”, lo que hace imposible la existencia de organizaciones que defiendan los derechos de las personas homosexuales, e incluso castiga a aquellos que conociendo la existencia de una relación homosexual no la denuncien a las autoridades.

Según el trabajo de Sexual Minorities Uganda, “la aprobación de la ley ha dado autoridad a una cultura de homofobia extrema y violenta, por la cual los agentes estatales y no estatales son libres para perseguir a las personas LGBTI de Uganda con total impunidad”. Como prueba de esa persecución, el informe describe cómo al menos cuatro hombres acusados de conducta homosexual fueron secuestrados y torturados. También denuncia que en 29 de los casos las víctimas previamente habían sido “sacadas del armario” por los medios de comunicación.

Símbolo terrible del estado de angustia en que pueden llegar a vivir los homosexuales ugandeses es el suicidio de un adolescente de 17 años el pasado mes de abril, que ingerió veneno hasta morir, pues sentía que su vida “ya no tenía valor”. Otros, como se ha constatado en al menos 25 casos, optan por el exilio, buscando asilo en las vecinas Ruanda y Kenia.

Jonathan Cooper, de la organización londinense Human Dignity Trust, que ofrece apoyo legal por todo el mundo a quienes son objeto de persecución, opina que “este informe muestra el precio humano que se paga cuando la comunidad LGBTI se convierte en un objetivo así. En lugar tener la capacidad de seguir adelante con sus vidas, mientras disfrutan de la posibilidad del amor y la intimidad que todas las personas deberían esperar, los ugandeses LGBTI son vilipendiados, degradados y menospreciados”.

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La República Turca del Norte de Chipre ha aprobado, 16 años después de que lo hiciera el sur de la isla, la despenalización de las relaciones homosexuales. Un paso histórico, dado que el norte de Chipre era el único territorio europeo en el que era considerado delito que dos personas adultas del mismo sexo mantuvieran relaciones consentidas.

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

Leemos en Ragap que el sexo gay ya es legal en toda Europa. El último resquicio del continente donde todavía era ilegal ha superado hoy su anquilosamiento en el pasado. La República Turca del Norte de Chipre era hasta hoy el único territorio de Europa donde las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo estaban prohibidas.

Los diputados chipriotas turcos han aprobado una enmienda para cambiar la ley que castigaba los actos homosexuales con hasta cinco años de prisión. Solo falta un trámite para que la legalización del sexo gay en esta región sea completamente efectiva. Y es que Dervis Eroglu, líder de la comunidad turco-chipriota, tiene que aprobar el cambio dentro de los 15 días antes de que la ley sea reformada oficialmente, aunque los medios locales aseguran que no pondrá ningún impedimento a la hora de estampar su firma.

Human Dignity Trust, una organización no gubernamental (ONG) con sede en Londres, había iniciado acciones legales en la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, en contra de las leyes de la región que criminalizan la homosexualidad. El director ejecutivo de esta ONG, Jonathan Cooper, celebra este pasado adelante. “Este es un día histórico para la población gay en Europa y una gran victoria para los derechos humanos, la igualdad y la confianza de la dignidad humana”, ha manifestado. Y agregó: “Nuestro caso ante el Tribunal Europeo exige que se cambie la ley. En ninguna parte de Europa se criminaliza a los gays, y estamos orgullosos de decir que hemos tenido un papel importante en acabar con este capítulo vergonzoso de la historia de Europa. Las leyes contra las relaciones privadas consentidas entre adultos criminalizan la identidad propia de las personas y no tienen cabida en el mundo moderno”.

Una vez que la ley sea promulgada, no quedará ningún estado o territorios de Europa y América del Norte donde la homosexualidad sea considerada un delito. La República de Chipre legalizó el sexo gay en 1993. Sin embargo, en la parte norte de la isla, actualmente bajo la administración turco-chipriota, muchas leyes de la época colonial británica, como las relativas a los actos homosexuales, se mantuvieron en vigor.

Por su parte, cuenta Dosmanzanas que en el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía su ilegalidad (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía), con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Una realidad que en octubre de 2011 saltaba a los medios internacionales cuando era detenido Michalis Sarris, antiguo ministro de Economía de Chipre. Sarris, de 65 años, se encontraba en un domicilio de uno de los barrios de Nicosia bajo control turcochipriota en compañía de dos jóvenes (uno de ellos el dueño de la casa). La Policía irrumpió sin permiso ni orden judicial y detuvo a los tres en relación a un “delito contra natura”. Pero no han sido los únicos episodios de este tipo recogidos en dosmanzanas. En julio de 2011 eran detenidos dos hombres en un hotel, y en febrero de 2012, ya con la promesa del presidente turcochipriota, Derviş Eroğlu, de proceder a la despenalización de la homosexualidad encima de la mesa, eran detenidos otros dos.

Hace mucho tiempo que colectivos LGTB, chipriotas e internacionales, venían exigiendo la despenalización. Finalmente, el Parlamento de la República Turca del Norte de Chipre aprobaba este lunes la correspondiente enmienda al Código Penal, que será sin duda sancionada por Derviş Eroğlu. Las presiones de Turquía, país que ejerce una marcada influencia sobre el norte de Chipre, no parecen haber sido ajenas a la decisión, saludada como histórica por Paulo Côrte-Real, copresidente del Comité Ejecutivo de ILGA Europe. “Damos la bienvenida al voto de hoy, que permite que por fin podamos considerar a Europa como un continente completamente libre de las leyes que criminalizan la homosexualidad”, ha declarado. También han celebrado la noticia los eurodiputados Michael Cashman, copresidente del Intergrupo LGTB del Parlamento Europeo, y Marina Yannakoudakis, también miembro del Intergrupo LGTB y que se había implicado de forma muy directa a favor de esta causa (ella fue la que en su momento arrancó al presidente turcochipriota la promesa de despenalizar la homosexualidad).

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