Desde julio del 2022 una docente viene exigiendo que le paguen el bono. En vez de hacerlo, el Servicio Local de Educación Pública Huasco prefirió consultar a la  Contraloría de la Región de Atacama  si a la madre le corresponde o no tal derecho solo porque su pareja es del mismo sexo. Tras ocho meses la Contraloría aún no aclara que tal derecho está garantizado y el Servicio Local de Educación Pública Huasco se niega a pagarlo.

Pese a que es reconocida legalmente como la madre de una niña de dos años y está unida civilmente con la progenitora gestante una profesora viene sufriendo desde julio del 2022 un insólito caso de discriminación en razón de su orientación sexual, denunció hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En efecto, tras nacer la niña, la madre no gestante solicitó a su empleado, el Servicio Local de Educación Pública Huasco, que le concedieran el bono de sala cuna.

“Sin embargo, en vez de proceder al pago inmediato de tal derecho garantizado por ley, el empleador decidió en septiembre del 2022 consultar a la Contraloría si  ello le correspondía o no la docente, solo porque está unida civilmente a otra mujer, la progenitora  gestante”, apuntó la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga.

El derecho negado se trata de un pago excepcional de bonificación de sala cuna por “zona extrema”, que se les está otorga a las funcionarias que tienen hijos/as menores de dos años.

Pese a ello, y según señaló el propio Servicio Local de Educación Pública Huasco al elevar la consulta a la Contraloría “en relación con este caso en concreto, nos encontramos con la particularidad de que se trata de una funcionaria cuya hija ha sido procreada por dos mujeres, una de ellas no es funcionaria nuestra, por lo que no tenemos claridad jurídica sobre si, en este caso en concreto, nos corresponde enterar este beneficio a sala cuna”.

Aún cuando el empleador consultó sobre este tema el 9 de septiembre del 2022 a la Contraloría y en abril pasado el Movilh envió una misiva al órgano contralor para que acelerara su respuesta “ello aún no ocurre y nos encontramos en presencia de la negación de un derecho basado única y exclusivamente en que se trata de una familia lesboparental. Tanto el retraso de la Contraloría, como el hecho de que el empleador cuestionara un derecho basado únicamente en la existencia de dos madres, es una situación intolerable”, señaló la vocera de la organización LGBTIQ+, Javiera Zúñiga.

“Exigimos a la Contraloría y al Mineduc resolver este  atropello laboral al instante, así como al empleador  garantizar la igualdad laboral sea cual sea la orientación sexual o identidad de género de sus trabajadores/as”, dijo el Movilh, junto con puntualizar está asesorando jurídicamente a la familia afectada para el eventual inicio de acciones legales.

Fuente MOVILH

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