El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

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