Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Por Paula Rosales

SAN SALVADOR – Al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios, según un informe que preocupa a organismos de derechos humanos. El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

“Enfrentamos cuestiones de naturalización (de la violencia) en toda la región y es un hecho innegable. Mucha gente justifica que las condiciones en las que morimos las personas LGBTI las buscamos y particularmente nos las merecemos, nadie merece morir de esa forma, nadie merece vivir con violencia y nadie merece vivir con sus derechos violentados”, expresó Carlos Romero, secretario de la red nacional de diversidad sexual de Guatemala.

El observatorio regional indica que el país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

La lista también recoge datos de Perú con 57 asesinatos; El Salvador 53; República Dominicana 28; Guatemala 26; Paraguay 12 y Bolivia 8.

“Encontramos una tendencia de retroceso en la región (…) La mayoría de los casos corresponden a personas entre los 18 y 25 años, lo que nos parece alarmante”, expresó David Alonzo del equipo de Colombia Diversa.

Las organizaciones indicaron que poseen proyecciones preliminares de la Asociación brasileña ANTRA en las que en el mismo periodo habrían sido asesinadas 1.650 personas de la población, con un promedio de un homicidio por día.

La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas.

El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría.

“Las personas LGBTI seguimos enfrentando el estigma, muchas familias casi celebran que desaparecemos de este mundo para no seguir enfrentando el estigma con el que han vivido toda la vida. Morimos en el silencio, en la negación, morimos en la invisibilidad’, puntualizó Romero.

Los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas. 

Las activistas sostienen que la radicalización de los discursos religiosos y ultra conservadores, así como la militarización de la seguridad de los Estados, como el caso, de Brasil, Colombia y El Salvador está promoviendo estos hechos.

Triángulo Norte de Centroamérica  

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es uno de los territorios más difíciles para las poblaciones diversas porque solo en la conservadora región 243 crímenes.

El estudio indica que 63 personas LGBTI asesinadas en esta región tenían entre 13 y 15 años; 95 tenían entre 18 y 25 años y 164 tenían entre 26 y 30 años.

Organizaciones que conforman el observatorio consideran que las cifras de los crímenes cometidos en contra de la población LGBTI continúan aumentando y los gobiernos siguen sin definir políticas de protección efectivas para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos.

“Es momento de dejar atrás ésta impunidad y que empiecen las personas LGBTI a acceder a la justicia, sabemos que en muchos países de la región en especial Guatemala, El Salvador y Honduras son los tres países del Triangulo Norte más violentos para las personas LGBTI”, dijo a Presentes Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS.

Fuente Agencia Presentes

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La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Al menos unas 29 mujeres trans migrantes, originarias de México y Centroamérica, denunciaron abusos y tratos discriminatorios por agentes migratorios mientras estuvieron detenidas en el centro correccional de Cibola ubicado en Nuevo México, Estados Unidos.

La denuncia fue hecha a través de una carta escrita por las víctimas en el centro de detención, y enviada por correo a la organización Trans Queer Pueblo, quienes la difundieron en un video publicado en sus redes sociales.

En la carta, las trans detenidas entre abril y junio de 2019, denunciaron la falta de atención médica y tratos discriminatorios como desnudarlas para revisarlas por parte de agentes migratorios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), tiene bajo su custodia a las mujeres trans firmantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Rusia que huyeron de la violencia y buscan asilo en el país del norte.

“Yo le dije a ICE que uno venía de sufrir de nuestros países y no valía la pena que nos tuvieran sufriendo en Cibola. Se sufre mucho en este lugar, el agua para tomar es reciclada, la que se usa en los baños sanitarios la pasan por filtro para reutilizarla, del grifo sale hasta con pedazos de papel higiénico”, dijo a Presentes Julissa Medrano, mujer trans salvadoreña migrante.

Julissa Medrano huyó en enero de este año de El Salvador por las amenazas de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, quienes la habían sentenciado a muerte por su identidad de género y orientación sexual. Estuvo detenida en Cibola desde el 3 de abril hasta el 3 de julio de 2019.

La unidad 900 es el espacio en Cibola asignado para las mujeres trans que esperan presentarse ante un juez migratorio para solicitar asilo. En la denuncia pública, las mujeres trans también expusieron que agentes migratorios las obligan a firmar documentos en inglés que no comprenden, muchos de estos papeles son órdenes de deportación “voluntaria”.

“En días pasados los trabajadores de esta unidad nos engañaron obligándonos a firmar hojas que no fueron explicadas, ni sabíamos cual era la verdadera finalidad”, denunció Karla Bautista, coordinadora del proyecto Liberación para Trans Queer Pueblo, quien leyó la carta de denuncia de las mujeres trans detenidas en Cibola.

Las mujeres que firman la denuncia pública dicen que no tuvieron la atención adecuada para personas con VIH; que no hay medicina para infecciones en la piel que han adquirido en el centro de detención y se les limita el uso del agua e implementos de limpieza personal.

“En la hielera (centro correccional) estuve trece días, y solo una vez me sacaron para bañarme, fue muy doloroso. Si me hubieran dejado más tiempo en Cibola, me hubiera vuelto loca”, expresó Julissa a Presentes.

De acuerdo a Julissa Medrano, “la hielera” de Cibola es un cuarto muy frío ubicado en el piso subterráneo del centro de detención. En ese espacio caben unas 10 personas, no hay camas, a las personas les entregan una alfombra para que la pongan en el piso para dormir y un pedazo de papel de aluminio para cubrirse del frío.

El centro de detención Cibola se encuentra en la villa Milán. La ciudad tiene apenas 11 kilómetros cuadrados y el 67 por ciento de su población es hispana o latina. Es la única instalación en donde se cuenta con un área específica para poblaciones diversas.
Antecedentes en Cibola

Cibola es el mismo centro donde en 2018 estuvo detenida cinco días Roxsana Hernández Rodríguez. Esta mujer trans de 33 años llegó a Estados Unidos en una de las caravanas migrantes que partieron de Honduras.

A Roxsana la trasladaron a Cibola el 16 de mayo de 2018, después de entregarse al servicio de migración para solicitar asilo en Estados Unidos. Roxsana estuvo cinco días en la ‘’hielera’’ donde tuvo un cuadro complicado de diarrea y vómitos. Después la trasladaron al hospital Lovelace Medical Center en Albuquerque. Allí permaneció ocho días en cuidados intensivos y falleció el 25 de mayo por neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH.

De acuerdo a declaraciones del patólogo forense Kris Sperry -brindadas a medios de comunicación en noviembre de 2018- cuando se realizó una segunda autopsia a Roxsana, esta determinó que se encontró evidencia de abuso físico, como hematomas profundos en su abdomen y manos, así como evidencia de trauma por fuerza contundente.

Julissa estuvo en “la hielera” de Cibola entre el 11 y el 24 de marzo de 2019. Contó a Presentes que en ese tiempo estuvo sola y solamente le permitieron bañarse una vez en trece días, además, el papel de aluminio para cubrirse del frío se rompió y tuvo que soportar un clima al que nunca estuvo acostumbrada.

“Son bien malos, son ingratos, se ven cosas terribles. Pero la necesidad de salvar nuestra vida nos hace aguantar todo lo que tenemos que pasar en estos centros de detención, es doloroso”, dijo Julissa.

Julissa recuperó la libertad el pasado 3 de julio. Su caso fue atendido por la organización de Mujeres Latinas Transgéneras – TRANSLATINAS, quienes le ayudaron en el proceso legal de asilo y a sufragar los gastos de traslado hacia el estado donde Julissa reside en los Estados Unidos junto a una familiar. Al momento de su salida de Cibola, quedaron 41 mujeres trans que esperan respuesta a sus procesos migratorios.

Organizaciones como TRANSLATINA, que da asistencia legal a mujeres trans en proceso de asilo, están organizando actividades de denuncia pública sobre los casos de Cibola.

Fuente Agencia Presentes

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Ya habíamos publicado el asesinato de dos de ellas, pero esto no para…

Por Emy Padilla, desde Tegucigalpa 

En los últimos días fueron asesinadas en Honduras tres mujeres trans, entre ellas la defensora de derechos humanos Bessy Ferrera, y un hombre bisexual. También se produjo una tentativa de homicidio contra otra chica trans.

Los nuevos crímenes de odio, con los que ya se acumulan 21 casos en lo que va del año, comenzaron el 3 de julio con Antonia Laínez Larios (38) asesinada con arma de fuego la madrugada de ese día en una calle del municipio de El Negrito, en el norteño departamento de Yoro. Antonia era una reconocida estilista de la zona.

Los violencias continuaron la noche del sábado 6 de julio con el crimen de Santi Hernández Carbajal (32), una comunicadora social que conducía un programa en un canal de televisión. Santi fue asesinada de múltiples disparos de arma de fuego en la ciudad de Puerto Cortés, también en la zona norte de Honduras. Y en menos de 36 horas, se registró en la Segunda Avenida de Comayagüela, en el Distrito Central, el crimen de Bessy Ferrera (40), una activista de las personas VIH, desde hace trece años. Bessy fue ejecutada de un balazo en el abdomen, entre la 1:30 y 2:00 de la madrugada del lunes 8 de julio cuando ejercía la prostitución junto a otras tres compañeras. En el hecho resultó herida de varios impactos de bala otra mujer trans y las otras dos compañeras salieron huyendo de los agresores.

Las horas de la mañana transcurrieron cuando a eso de la 1:00 de la tarde del mismo lunes ocho de julio, se registró el crimen de un joven bisexual de 27 años, en la colonia Oswaldo López Arellano, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras. La víctima recibió varios impactos de bala.

Antes del golpe de Estado de 2009, los ataques a personas LGBT+  eran de policías, militares y otros agentes estatales, por delitos como violación, asesinato, secuestros, extorsión, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas. Sin embargo, ahora los crímenes se cometen además por miembros de maras y pandillas, taxistas, guardias de seguridad privada, clientes y jornaleros.

Bessy Ferrera, una defensora de los derechos humanos

Para la Red Lésbica Cattrachas, el crimen de Bessy Ferrera se torna en un caso emblemático porque a lo largo de su vida ejerció defensoría de derechos humanos, especialmente a favor de las personas VIH positivas y personas trans, trabajo que inició en el año 2006.

Ella luchó porque las personas VIH positivo tuvieran acceso a los tratamientos antirretrovirales y para que no fueran discriminadas en los centros de salud. Formó parte, además, de investigaciones internacionales como “No vales ni un centavo” de la Human Rights Watch, con datos de 2004 al 2009. Asimismo, de una campaña mundial de Amnistía Internacional, después de haber sido golpeada por agentes policiales en diciembre de 2008.

Bessy laboró de manera intensa en la defensa de los derechos humanos por ocho años ininterrumpidos y fue una de las primeras personas en pedir la ciudadanía plena de las personas trans, lo que hoy en día se conoce como ley de identidad de género. Después de su agresión y constantes amenazas, migró a Guatemala de donde regresó a Honduras en el año 2017. Era hermana de Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos de la organización Cozumel Trans.

Como parte de esa violencia, Rihanna recordó que ella fue víctima de un secuestro temporal para exigirle que revelara la ubicación de su hermana.

“Desde que inició el año la comunidad trans hemos venido sufriendo una serie de ataques, por defender, por exigir derechos”, dijo a Presentes Rihanna Ferrera, quien además manifestó sentirse indignada y que el asesinato de su hermana la hará más fuerte para seguir luchando por los derechos de las personas trans.

Rihanna, lamentó que la justicia hondureña no haya hecho nada en el caso de su hermana y sobre la denuncia que ella interpuso ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia

En medio de la consternación, recordó que hace poco una mujer trans fue quemada viva en el municipio de Villanueva, Cortés, mientras otra en Roatán, Islas de la Bahía, fue apuñalada y luego le echaron un vehículo en marcha hasta asegurarse que estaba muerta.

“A otra compañera la secuestraron, la golpearon a patadas y luego la mataron”, siguió relatando la defensora de las personas trans.

Violencia sistemática

Nahil Zerón, defensora LGBT de la Red Lésbica Cattrachas, dijo que la mayoría de los casos registrados en la última semana son de mujeres trans y que la inexistencia del Estado para garantizar los derechos a este grupo poblacional hace que este tipo de violencia sea sistemática. A su juicio, la falta de una ley de identidad de género hace que el Estado excluya a las mujeres trans y que el único espacio para que éstas tengan un ingreso económico, sea a través de la prostitución.

En los últimos años se ha introducido en tres oportunidades al Congreso Nacional, proyectos de ley encaminados a establecer una normativa de identidad de género.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo, para el cambio de nombre y cambio de género y al artículo 116 sobre la adopción. La Corte aún no ha emitido el fallo.

Historia de impunidad

“Es importante aclarar que, aunque en este momento se está dando la muerte de estas personas, esto ha sido histórico en Honduras, siempre ha habido estos picos de asesinatos de tres, cuatro, cinco personas, en término de diez días o quince días y lo que queda es realmente una impunidad”, dijo a Presentes Indyra Mendoza, fundadora de la Red Lésbica Cattrachas.

El 96% de los crimines contra las personas de la diversidad sexual se encuentra en la impunidad, pese a que en el Ministerio Público funciona la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de las Personas LGBTI. La unidad especial no funciona y se ha convertido en un simple requisito internacional dictado por comités de derechos humanos, e implementado por el Estado hondureño, dijo Nahil Zerón.

El único trabajo de la unidad es el registro de casos y paradójicamente éste se circunscribe a la certificación que hagan organizaciones defensoras de derechos humanos como el caso de la Red Lésbica Cattrachas. Esto se hace por la inexistencia de la identidad de género.

A partir del golpe de Estado

En los últimos diez años, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Red Lésbica Cattrachas contabiliza 327 crímenes contra personas de la comunidad LGBT. En seis meses posterior al golpe de Estado se contabilizó 30 crímenes, 13 de los cuales se cometieron contra mujeres trans y de los cuales nueve se registraron durante los toques de queda (suspensión de las garantías constitucionales).

El primer caso reportado fue el de la defensora transgénero, Vicky Hernández, quien fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula, en el marco de un toque de queda (restricción de circulación). El caso de Vicky se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.

A partir del golpe de Estado de 2009, Indyra Mendoza habla de la época post impunidad, porque “el Estado permitió tanto el asesinato de las personas LGBTTI, con impunidad, que ahora cualquiera nos puede matar por el hecho de ser una persona sexo-género diversa”, manifestó.

Indyra añadió que en aquel entonces los crímenes de odio contra las personas trans y contra sus clientes eran cometidos en las calles por elementos de la Policía Nacional Preventiva, militares y policías municipales.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “abortivas”, según los alegatos de organizaciones fundamentalistas religiosas.

Fuente Agencia Presentes

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 Santi Carvajal / Foto: El Heraldo

Desconocidos mataron a dos personas de la comunidad LGBT+. Esto pone de manifiesto la inseguridad que se vive en este país.

Dos personas de la comunidad LGBT+ fueron asesinadas en Honduras en diferentes situaciones en menos de 48 horas. El primer caso fue el de la periodista y mujer trans Santi —cuyo nombre asignado al nacer era Santiago Carvajal—. Santi conducía el programa La Galaxia de Santi, donde abordaba temas de la farándula y hacía críticas a funcionarios locales.

Santi fue herida con arma de fuego mientras caminaba por las calles de Puerto Cortés, localizada el norte de Honduras. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 6 de julio de 2019. Santi se dirigía al canal de televisión cuando fue atacada por desconocidos. La víctima fue trasladada a un hospital local gracias a la intervención de los presentes; sin embargo, por la gravedad de sus heridas fue canalizada al hospital Mario Catarino Rivas, donde perdió la vida.

En varias ocasiones, Santi ya había recibido amenazas de muerte por el contenido de su programa, aunque las autoridades no descartan que se haya tratado de un crimen de odio. Amigos le dieron el último adiós a la también activista a través de la cuenta de Facebook del programa La Galaxia de Santi. Desafortunadamente, y como en la mayoría de los casos, se desconoce el paradero de los responsables del crimen.

Bessy Michelle Ferrera,

El segundo asesinato fue reportado la mañana del lunes 8 de julio sobre la avenida Comayagüela, en Tegucigalpa, Honduras. Según el portal El Tiempo, la víctima fue identificada como Bessy Michelle Ferrera, hermano de la activista LGBT+ Rihanna Ferrera.

De acuerdo con su hermana, Bessy era un trabajador que se travestía para ganarse la vida. La noche del crimen, se ubicaba sobre la calle Real de dicha ciudad en compañía de otro compañero. Tres sujetos se les aproximaron y les dispararon en reiteradas ocasiones. La víctima quedó tendida sobre los escalones de un negocio. En cambio, el acompañante fue trasladado a una clínica para recibir atención médica.

En este caso, tras una persecución policial, las autoridades policiales sí dieron con el paradero de los responsables: José Luis López Godoy y Franklin Joel Salinas Méndez quienes, en el momento de su detención, portaban las armas de fuego con las que ultimaron a Bessy Michelle.

Los asesinos de Bessy

La directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, hace un llamado al Estado para que accione y “de respuesta” en los casos de personas de la diversidad sexual que han sido asesinadas en el país.

Esto en reacción al deceso de su hermana quien respondía al nombre de Bessy Michelle Ferrera, “esto no puede quedar en la impunidad, porque asesinan a las personas Trans con saña, odio, desprecio y discriminación”, dijo.

Asimismo, manifestó que en el caso de su hermano aún no se cuenta con información, y que esperan que con las autoridades se puedan discutir “no solo el caso de mi hermana sino todos los casos” que siguen sin resolverse.

Además, el país carece de políticas públicas de protección social que permitan el acceso a la educación, la salud, la seguridad y al trabajo en igualdad de condiciones que el resto de la población.

La comunidad LGBT+ de Honduras sigue siendo objeto de discriminación y violencia. José Zambrano, activista LGBT+, aseguró para la agencia EFE que desde 2009 a la fecha han sido asesinadas 313 personas LGBT+; una cifra similar al número de asesinatos contra LGBT+ que se han registrado en México.

Fuente El Heraldo, vía SoyHomosensual

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, Bessy Michelle Ferrera, Comayagüela, Homofobia/Transfobia, Honduras, José Zambrano, Puerto Cortés, Rihanna Ferrera., Santi Carvajal, Tegucigalpa

El fin de semana arrebataron la vida a un joven a pedradas en su propia comunidad. Un hecho de odio más que se registra en el Mes del Orgullo LGBT+

La violencia contra miembros de la comunidad LGBT+ sigue imparable. El pasado sábado 8 de junio, Jhony Alexander Gutiérrez Sabillón, de 21 años, salió de su casa (ubicada en Choloma, Honduras) con algunos amigos, sin mencionar el lugar a donde se dirigían. Sin embargo, no regresó a su hogar, por lo que sus familiares empezaron a buscarlo.

Desafortunadamente, vecinos notificaron a la familia que habían encontrado el cuerpo de Jhony en una zanja. Aparentemente, sujetos habrían apedreado al joven gay, pues presentaba heridas en el cuerpo. Autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos y cercaron la zona. Medicina Forense de Honduras llegó para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio forense.

Según las primeras investigaciones, luego de de que arrebataron la vida al joven, los sujetos arrastraron el cuerpo aproximadamente diez metros y lo arrojaron a una cuneta (zanja localizada a los costados de la carretera), y finalmente huyeron. De acuerdo con los familiares, Jhony pertenecía a la banda de guerra de su escuela y era abiertamente gay. Por lo que todo podría apuntar a un crimen de odio.

El hecho se suma a una larga lista de agresiones que se han registrado en los primeros once días de junio, el Mes del Orgullo LGBT+. Estas van desde agresiones físicas, secuestros hasta vidas terminadas.

Con información de El Heraldo, El País y Tiempo

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinato, Choloma, Homofobia/Transfobia, Honduras, Jhony Alexander Gutiérrez Sabillón, Lapidación

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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La CIDH accedió positivamente hoy a peticiones formuladas por el Movilh y otros seis colectivos LGBTI de las Américas para que se inste a los Estados, y en particular a Chile, a aprobar el matrimonio igualitario.

Una jornada histórica para las familias homoparentales de las Américas se vivió hoy en Washington donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su Primera Audiencia Pública sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de 7 grupos LGBTI del continente, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La audiencia fue encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos LGBTI para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

Tras a los abogados activistas LGBTI de Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México, la presidenta de la CIDH dijo que “hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Y todos los seres humanos deben tener los mismos derechos. Es un asunto fácil, pero el sentido común no es muy común. Lógicamente todas las parejas tienen el derecho a casarse”.

Añadió que las personas LGBTI “tienen derecho a gozar de todos los derechos que tienen otros seres humanos. Es su dignidad. Haremos todos los esfuerzos posibles para alentar a los Estados a que avancen en el matrimonio igualitario”.

Su opinión fue compartida por la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, Flávia Piovesan. “Es muy importante tener acercamiento sobre las formas de lucha de la región. La relatoría comparte que el principio de la igualdad es fundamental para los derechos humanos. Sobre el matrimonio igualitario estamos con ustedes y vamos a evaluar los pasos más adecuados a seguir”, dijo.

Junto a May Macaulay, Piovesan, estuvieron la primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido y la relatora Soledad García Muñoz, quienes también apoyaron la demanda de los movimientos LGBTI.

Junto a los abogados que representan al Movilh; Ciro Colombara y Hunter Carter; intervinieron hoy ante la CIDH representantes de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras, la Fundación Iguales de Panamá, la Fundación Igualitxs de El Salvador y la Alianza para el Matrimonio en las Américas.

En concreto se planteó una petición general de todos los grupos y dos específicas para Chile y México. En el primer caso se solicitó a la CIDH la implementación de medidas o mecanismos para que los Estados efectivamente cumplan con la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017.

En dicho texto, la Corte pidió a todos los Estados parte de la OEA que “garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación”^.

Por su lado, Colombara y Carter solicitaron que se pida al Estado de Chile cumplir con el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que asumió en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado en 2016.

En relación a México, se solicitó a la CIDH que acoja una denuncia presentada en mayo del 2014 contra ese país por prohibir el matrimonio igualitario.

Finalizada la audiencia, el Movilh aplaudió “esta señala histórica que hoy ha dado la CIDH para las familias homoparentales y el matrimonio igualitario. Esperamos saber en el corto plazo, de qué manera la CIDH instará a los Estados, y en especial a Chile, para que impulsen el matrimonio igualitario”.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Alianza para el Matrimonio en las Américas, Asociación Cozumel Trans, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas, Chile, Ciro Colombara, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Costa Rica, El Salvador, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Flávia Piovesan, Fundación Iguales, Fundación Igualitxs, Guatemala, Honduras, Hunter Carter, Margarette May Macaulay, María Claudia Pulido, México, MOVILH, Panamá, Soledad García Muñoz, Visibles

El pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Bangladés, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, El Salvador, Eli, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Honduras, India, Islas Fiji, Italia, LGTBfobia, Lorena Reyes, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Personas transgénero, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Rita Hester, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Trinidad y Tobago, Turquía, Venezuela

La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Justicia de Honduras ha declarado “inadmisible” un recurso interpuesto por la comunidad LGTBI para que el Estado reconozca el matrimonio igualitario, lo que supone un duro golpe para los derechos del colectivo.

El portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Melvin Duarte, dijo que el tribunal supremo declaró “inadmisible” el recurso de inconstitucionalidad por “falta de legitimación, ya que no presentan documentos que acrediten estar legitimado”.

“Se declaró inadmisible, pero se les dice que tienen opción de volver a presentarlo bajo los parámetros que acrediten estar legitimado“, explicó Duarte a Efe.

El artículo 112 de la Constitución hondureña dice textualmente: “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio, así como la igualdad jurídica de los cónyuges“.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó el 9 de enero pasado que los Estados deben “reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo”.

“Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”, agrega el criterio de la CorteIDH.

En América el matrimonio igualitario está autorizado en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia.

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Corte Suprema, Homofobia/Transfobia, Honduras, Matrimonio igualitario, Melvin Duarte, Tegucigalpa

La audiencia fue solicitada por colectivos LGBTI de diversos países y por los abogados que representan al Movilh en su demanda internacional contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a su primera Audiencia Temática sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de colectivos LGBTI de distintos países, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La histórica audiencia tendrá lugar el 5 de diciembre del 2018 en el marco del 170 Período de Sesiones de la CIDH que se desarrollará en Washington, tras la petición de los movimientos LGBTI que fue coordinada por los abogados que representaron al Movilh en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter y Ciro Colombara y Branislav Marelic.

De esa manera, se analizará la CIDH analizará situación actual del matrimonio igualitario en las américas, así como los deberes de los Estados al respecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, declaró que “estamos muy felices y emocionados de que el matrimonio igualitario sea una temática de la máxima relevancia para la promoción de los derechos humanos al interior CIDH, como queda de manifiesto con la futura realización de esta audiencia”

Añadió que “sin duda la CIDH hará historia con esta audiencia que contribuirá a impulsar el matrimonio igualitario, lo cual es de especial relevancia para Chile luego de que el Gobierno se negara a cumplir un compromiso del Estado en estas materia, tras un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización. Sin duda, el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como ha ocurrido con su oposición a puntos claves del ASA, será uno de los temas relevantes de esta audiencia”.

Además del Movilh, la petición de audiencia sobre matrimonio igualitario fue solicitada por la Fundación Igualitxs de El Salvador, HDuarte Legal de El Salvador, Fundación Iguales de Panamá, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras y AMA, de Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que la CIDH accede favorablemente a una petición de audiencia temática sobre parejas del mismo sexo. La primera vez fue en 2009, cuando la CIDH celebró, tras una petición del Movilh, una histórica audiencia sobre las uniones civiles, dando paso a importantes medidas a favor de este tipo de legislaciones en América.

Fuente MOVILH

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Caravana migratoria organizada por Diversidad Sin Fronteras / Facebook | Foto: Uso Permitido

Los niños y adolescentes inmigrantes gays y transexuales que huyen hacia los Estados Unidos se encuentran ante la ruda realidad de una política de migración represiva al otro lado de la frontera. Sin embargo, tampoco desean regresar a sus países de origen donde son discriminados y vejados por sus padres y familiares.

El gobierno de Donald J. Trump ha sido fuertemente criticado por la forma cómo, recientemente, separó a unos 3.000 menores de edad inmigrantes de sus padres tras ser detenidos cruzando la frontera ilegalmente. Ahora, permanecen custodiados en centros de internamiento.

Las imágenes de llantos y los pequeños enjaulados recorrieron el mundo. Dentro de este grupo de chiquillos hay niños y adolescentes gays y transexuales quienes se encuentran en el limbo de no poder regresar a sus hogares porque, sencillamente, allí no los quieres.

“El problema con los menores LGBT, principalmente con los transexuales, es que sus padres no quieren saber nada de ellos, y una vez que entran en uno de estos centros, las organizaciones sociales no podemos hablar con ellos, porque sólo permiten el contacto a los parientes. Entonces se quedan aislados. Por suerte les podemos facilitar un abogado, pero no sabemos nada más”, declaró Nakay Flotte, cofundadora de Diversidad Sin Fronteras, en un extenso reportaje sobre este tema publicado por el periódico El Español.

Son dramáticas las historias de vida de estos niños y jóvenes procedentes de Centroamérica que llegan a EEUU huyendo de la violencia y las amenazas de muerte, a veces producidas por sus propios familiares, al intentar imponer un modelo herterocisnormado.

Sin embargo, en los centros de detención continúan sufriendo abusos, violaciones y falta de atención médica, hechos que muchas veces les cuesta la vida.

En marzo de este año el colectivo Diversidad Sin Frontera ayudó a organizar la caravana de cientos de inmigrantes centroamericanos que atravesó México hasta llegar a la ciudad californiana de San Diego con el objetivo de pedir refugio en los EEUU. Dentro de este grupo viajaban unas 35 personas LGBT, de los que cuatro eran menores, dos chicas transexuales de 16 años, una de Guatemala y otra de Honduras, y cuatro chicos gais de entre 12 y 16 años, de Honduras y El Salvador.

“Entraron en EEUU en junio. Sabemos que las chicas transexuales están en centros de detención del norte del país, y los cuatro chicos homosexuales, en estados del sur. Pero no sabemos nada más, ni siquiera cómo los tratan”, lamenta esta activista. “Nuestro miedo no es la deportación, porque ellos cuentan con asistencia legal y están entrenados para no firmar ningún papel que pueda suponer un retorno voluntario. Lo que nos inquieta es cómo se portan con ellos, especialmente con las chicas transexuales”, añade.

“El trato al colectivo LGBT no es el adecuado. La atención médica no es accesible, intentan convencerles para que accedan a la deportación voluntaria y se les tortura verbalmente diciéndoles que son un peligro para la sociedad y cosas peores”, advierte la activista, que teme que si ésta la situación de menores sea similar o peor, ya que “ni siquiera pueden recurrir a nosotros durante los meses que deben quedarse encerrados”, aseguró la vocera de Diversidad Sin Fronteras al recordar el caso de Roxana Hernández, transexual hondureña quien falleció en uno de estos centros en junio de este año por no recibir atención médica a tiempo.

Sharita Gruberg, directora asociada del Proyecto de Investigación y Comunicaciones LGBT en el Center for American Progress (Centro para el Progreso), contó que “las personas LGBT llegadas de Centroamérica arrastran problemas de abusos y prostitución. Vienen buscando protección, pero se encuentran con unos centros de detención que, si ya son terribles para cualquiera, lo son especialmente para este colectivo”, informó a El Español.

Según datos publicados por esta organización, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés: U.S. Immigration and Customs Enforcement) recibió 227 denuncias de abuso y agresión sexual durante 2017, de las que 28 eran relativas a personas LGBT. Esto supone 12% del total de ataques, a pesar de que este colectivo representa solo el 0,14 por ciento de los indocumentados retenidos. En total, homosexuales y transexuales bajo custodia federal tienen 97 veces más probabilidades de ser víctimas sexuales que heterosexuales.

En el caso de los menores preocupa es la falta de información sobre sus condiciones de reclusión. “Con esta administración no podemos saber cómo se encuentran. No hay transparencia. Existen unas reglas para tratar a los menores LGBT, pero actualmente desconocemos si se cumplen”, critica Gruberg.

Rechazo

Aaron Morris, abogado de la organización Immigration Equality, con sede en Nueva York, contó a Efe que de 1,650 casos de inmigrantes LGBT que han procesado a nivel nacional “la tercera parte son latinos“. “Sabemos que transexuales centroamericanos son atacados con impunidad”, dijo Morris, quien señaló que a fin de ponerse a salvo por la situación hostil que viven en sus países muchos emigran a Estados Unidos, pero nada más pedir asilo en la garita fronteriza un número no determinado son rechazados.

Fuente Universogay

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Asegura que él fue quien solicitó al pontífice una investigación

Añade: “No tengo miedo, ni ningún reparo, pero hagan las cosas como deben ser”

El obispo hondureño Juan José Pineda, a quien el papa Francisco le aceptó el viernes la renuncia luego de ser investigado, negó hoy haber cometido irregularidades en la Arquidiócesis de Tegucigalpa y mala conducta, y aseguró que él fue quien solicitó al pontífice una investigación.

Pineda dijo que ha hecho “oídos sordos a tantas cosas que la gente ha dicho durante estos años porque la verdad y la percepción que estaban manejando era algo absolutamente falso”.

Aseguró que fue él quien pidió al papa Francisco una “visita apostólica”, la cual fue encargada en diciembre pasado por el pontífice. “Fui yo personalmente el que solicitó la visita apostólica al papa Francisco, así es que la afirmación de que la Santa Sede mandó a hacer una visita a monseñor Juan José Pineda es falsa”, subrayó.

El religioso indicó que pidió la investigación debido a tener “una especie de adversidad respecto de algunas personas para conmigo, yo quería vivir mi vocación en paz y yo dije: ‘el que nada debe nada teme’, entonces esa fue la motivación que tuve”.

Pineda afirmó que tuvo acceso a los resultados de la investigación, la cual fue entregada al papa Francisco, que el viernes aceptó la renuncia del obispo hondureño.

“Me encontré con muchas respuestas de todo tipo (…), no ha habido en contra mío, que yo entienda, en la Santa Sede ningún tipo de acusación ni de suspensión de mi ministerio, ni de mi vocación, ni nada parecido”, explicó Pineda en entrevista con el Canal 5 de la televisión local.

Comentó que el pontífice le dijo que seguirá “siendo misionero, sacerdote y obispo, lo que pasa es que ya no eres, porque tú lo pides, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa”.

Pineda señaló que durante la visita apostólica se entrevistaron a muchas personas, y afirmó que hubo “algunas filtraciones del resultado” de la investigación. “No sé exactamente qué fue lo que ocurrió, pero empecé a percibir un clima un poco hostil para conmigo, entonces no quiero vivir en una situación hostil y no quiero que los demás vivan con esta hostilidad”, añadió, y aseguró que no se va resentido con nadie.

Destacó que la Iglesia tiene que ser “un testigo de paz, de la palabra de Dios, de misión, de servicio y de evangelización, y había quienes parece ser que en público y en privado se dedicaban a otra cosa, entonces por el bien de la paz uno dice también por las sagradas escrituras conviene que uno muera para que todo el pueblo se salve”.

Pineda afirmó que no padece ninguna enfermedad y agradeció a todas personas que se han comunicado y solidarizado con él.

“Bendigo al papa Francisco porque creó la diócesis de Danlí, donde trabajé con alma, vida y corazón”, enfatizó Pineda, quien dijo que si alguien tiene algo de que acusarlo que lo haga en las instancias judiciales.

Señaló, además, que no se defenderá de nada en los medios de comunicación o las redes sociales, ya que “no tengo miedo, ni ningún reparo, pero hagan las cosas como deben ser”.

Dijo que se tomará un tiempo para “la oración, la meditación, el estudio y la penitencia”.

El semanario italiano “L’Espresso” publicó un reportaje sobre el desvío de 41.600 dólares mensuales procedentes de la Universidad Católica de la capital de Honduras a la diócesis del cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Según este rotativo, la investigación también incluía el comportamiento inapropiado de Pineda, de 57 años.

Pineda gestionó la diócesis en numerosas ocasiones cuando Maradiaga viajaba a Roma o cuando, hace unos meses, se sometió a sesiones de quimioterapia en Houston (Estados Unidos) por un cáncer de próstata.

Fuente Agencias, vía Religión Digital

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Francisco confirma la inocencia del cardenal, coordinador del C-9

“Las razones y motivos los conocen Dios y mis superiores. He actuado en plena conciencia y libertad”

(J. B./Agencias).- Juan José Pineda, investigado por irregularidades y mala conducta, abandona su cargo. Este mediodía, el Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar del cardenal Maradiaga en Tegucigalpa, a los 57 años de edad.

La renuncia se produce después de una investigación encargada en diciembre por el Pontífice, centrada en denuncias sobre la conducta sexual de Pineda, así como acusaciones de malversación de fondos que implicaban a Maradiaga. Tras la misma, Francisco ha confirmado la inocencia del cardenal, coordinador del C-9.

Según informes en el semanario italiano L’Espresso, se sabía que Pineda mantenía relaciones íntimas con varios hombres, a algunos de los cuales trataba como favoritos y les hacía regalos. Varios seminaristas lo denunciaron por sus intentos de seducirlos.

Hasta ahora, Pineda gestionaba el día a día de la diócesis, toda vez que el cardenal hondureño viajaba en numerosas ocasiones a Roma para participar del proceso de reforma de la Curia. También, cuando hace unos meses, se desplazaba a Houston para someterse a sesiones de quimioterapia por un cáncer de próstata.

Nada más conocerse la noticia, el propio Pineda emitió un comunicado (ver imagen adjunta) en el que informa que entregó al Papa su renuncia “hace varios meses”. “Las razones y motivos los conocen Dios y mis superiores. He actuado en plena conciencia y libertad. Quisiera que todos estemos en paz”, añade.

“Mi renuncia me dará tiempo para la oración, la meditación, la formación personal y continua para que, en su momento, siga dando a la Iglesia y a ustedes lo mejor de mí. Todos tendríamos que merecer un paréntesis de descanso, formación y oración“, concluye.

Finalmente, la diócesis de Tegucigalpa agradeció a Pineda el trabajo realizado durante 13 años como auxiliar, “y ofrece al Señor plegarias para su nueva misión encomendada (sic). Que la protección y auxilio de Santa María de Suyapa le asista siempre”.

Fuente Religión Digital

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Natural de Honduras, transgénero y seropositiva, Roxana Hernández fallece de un paro cardiaco estando en custodia de funcionarios de inmigración estadounidenses, un grupo de organizaciones que luchan por los derechos de las personas LGBT sostiene que se trata de un «asesinato institucional» debido a una «negligencia médica».

El pasado viernes, 25 de mayo, Roxana Hernández, de 33 años de edad, fallece en un hospital de Albuquerque (Nuevo México) a causa de un paro cardiaco, según los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés: U.S. Immigration and Customs Enforcement). Natural de Honduras, se había unido a la caravana de refugiados organizada por Pueblo Sin Fronteras, que sale de Tapachula el pasado 25 de marzo, llegando a finales de abril al puesto fronterizo de Tijuana y San Diego para pedir asilo en los Estados Unidos con le objetivo de dejar a atrás numerosas experiencias de odio, estigma, violencia y discriminación que había experimentado en su país de origen al ser una mujer transgénero y seropositiva. Tras revisar su caso, los funcionarios de San Ysidro determinan su «expulsión sin demora», quedando desde entonces en custodia, un período en el que su salud se deteriora debido a las condiciones de salud del penal en el que es confinada, según organizaciones como Pueblo sin Fronteras y Diversidad sin Fronteras, desde donde denuncian que su muerte no es otra cosa que un «asesinato institucional» debido a una «negligencia médica».

«Durante su primera semana en los Estados Unidos, el cuerpo y el espíritu de Roxy se deterioraron rápidamente. ¿Por qué encarcelarla y torturarla así?», sostienen de manera conjunta organizaciones como Pueblo Sin Fronteras, Diversidad Sin Fronteras y Al Otro Lado. El 13 de mayo Hernández es entregada a los funcionarios del ICE para ser trasladada dos días después a El Paso (Texas), y durante su primera semana bajo custodia «su cuerpo y espíritu se deterioraron rápidamente», aseguran los activistas. El 16 de mayo llega al correccional del condado de Cibola County Detention Center, en Milan (Nuevo México), donde es asignada en la unidad para personas transgénero. Según los activistas, en una celda con las luces encendidas las 24 horas del día, con frío, sin alimentación ni atención médica adecuados en un centro al que aluden como una «caja de hielo». Solo un día después es ingresada en el Hospital General de Cibola con síntomas de «neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas con el VIH»; posteriormente es trasladada en ambulancia al Lovelace Medical Center, en Albuquerque, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos hasta su muerte.

«Una vez que fue transferida a la prisión de inmigrantes en Cibola, Nuevo México, las autoridades de inmigración de Estados Unidos finalmente reconocieron que, a pesar de haber estado bajo custodia gubernamental por más de una semana, necesitaba atención médica», aseguran los activistas, quienes consideran que las autoridades de inmigración fracasan en su obligación de proteger a los migrantes transgénero de los abusos así como a la hora de proporcionarles atención médica mientras están bajo custodia.

«Es alarmante que las comunidades transgénero continúen enfrentando la violencia transfóbica dentro y fuera de los muros de detención (…). Esta es la razón por la cual Transgender Law Center, a través del programa Trans Immigrant Defense Effort, se ha organizado para exigir la liberación de las mujeres transgénero detenidas y el final de todas las detenciones y deportaciones. El ICE ha demostrado una y otra vez que es incapaz de proteger a las mujeres transgénero detenidas. Las personas transgénero no deberían ser detenidas por ICE en absoluto», asegura Flor Bermúdez, directora legal del Transgender Law Center, agregando, Isa Noyola, subdirectora de la misma organización, que «junto con el abuso que sabemos sufren regularmente las personas transgénero detenidas por el ICE, la muerte de la Sra. Hernández envía el mensaje de que las personas transgénero son desechables y no merecen dignidad, seguridad o incluso vivir».

«Todos los detenidos del ICE son sometidos a examen sanitario, dental y mental en las primeras 12 horas tras su llegada a cada centro de detención, una evaluación de salud completa dentro de los 14 días tras pasar a custodia del ICE o llegar a una nueva instalación, y disponen de acceso a servicios de atención médica todos los días y 24 horas de asistencia de emergencias», señalan en un comunicado del ICE en el que se refieren a la fallecida con el nombre de Jeffry Hernandez. Está previsto que se realice una autopsia para determinar las causas de su muerte, siendo la sexta persona que fallece bajo custodia de los funcionarios del ICE desde octubre.

Roxy, como se la conocía entre sus amigos, «vio en los Estados Unidos la oportunidad de comenzar una nueva vida libre de abuso, riesgo y amenazas, buscando asilo», declaran los activistas, explicando que se trataba de la cuarta vez que cruzaba la frontera con la esperanza de conseguir una nueva vida. Sus primeros intentos se producen en 2005 y 2009, regresando de forma voluntaria tras a México tras afirmar que era mexicana. Lo vuelve a intentar en 2014, siendo deportada poco después. «Roxy murió por negligencia médica por parte de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. En otras palabras, fue asesinada, al igual que Claudia Gómez González fue asesinada por la bala de un agente de la Patrulla Fronteriza hace menos de una semana (…). Roxy murió en el país en el que había buscado comenzar una nueva vida, murió por ser una mujer transgénero, una inmigrante que no fue tratada ni con respeto ni con dignidad», aseguran en el comunicado de Diversidad sin Fronteras.

Fuente Universogay

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Con una amplia mayoría, el líder del Partido Acción Ciudadana, el novelista Carlos Alvarado Quesada, que fuera ministro de Trabajo y Desarrollo Humano del anterior gobierno del Partido Acción Ciudadana, se convierte en el presidente más joven de Costa Rica al imponerse en las urnas gracias a su campaña a favor del matrimonio igualitario y los derechos de la comunidad LGBTI+, cuya oposición habían llevado a imponerse en la primera vuelta a su contrincante, el periodista y pastor evangélico, Fabricio Alvarado Muñoz, que no ha conseguido movilizar al sector más reaccionario.

Alivio y esperanza entre el activismo LGTB de Costa Rica tras el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo. El holgado triunfo en las urnas del centroizquierdista Carlos Alvarado, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que no ha alcanzado el 40%, abre la puerta al proceso de aprobación del matrimonio igualitario en este país centroamericano. Y es que la apertura de la institución del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo ha sido uno de los ejes de la campaña de los candidatos, tanto en primera como en segunda vuelta. Carlos y Fabricio comparten apellido, pero es de las pocas cosas que tienen en común: no son parientes y mantienen posturas ideológicas contrarias. Mientras que el ya electo Carlos Alvarado prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, Fabricio Alvarado dejó muy claro desde el primer momento que “no estamos dispuestos a una agenda LGBTI, pro aborto y a una ideología de género”.

Victoria histórica del progresista Carlos Alvarado en las elecciones presidenciales de Costa Rica de este domingo 1 de abril. Es “histórica” porque es la tercera vez que resulta necesario acudir a una segunda vuelta electoral en el país centroamericano y es la primera en que un candidato que figuraba en segunda posición en intención de voto consigue el triunfo, rompiendo la “maldición” de la segunda ronda, tal y como señala la prensa local. Además, el líder del Partido Acción Ciudadana (PAC) ha defendido en campaña la aprobación del matrimonio igualitario, frente a la posición reaccionaria y retrógrada de Fabricio Alvarado, candidato del partido Restauración Nacional (PRN), al que muchos veían como claro aspirante a obtener la presidencia.

“Costa Rica una vez más entregó un bello mensaje democrático (…). Mi compromiso es con un gobierno para todos, en igualdad y libertad”, declara Alvarado Quesada instando a los costarricenses a que se enfoquen “en lo que nos une y no en lo que nos separa”, sin discriminación. A sus 38 años de edad se convierte en el presidente más joven del país centroamericano, uniéndose al club de los presidentes elegidos antes de cumplir los cuarenta, junto a Emmanuel Macron y la neozelandesa Jacinda Ardern.

“La gente está experimentando en todo el mundo con movimientos que impulsan agendas populistas o de un solo tema”, manifestaba Alvarado Quesada respecto a la reaccionaria campaña de Alvarado Muñoz en lo que había definido como un “reflejo de lo que está sucediendo en la región y en el mundo”, haciendo referencia al Brexit en el Reino Unido. El evangelista había llegado a comprometerse a sacar al país de la Organización de Estados Americanos, así como restringir el acceso de las mujeres al aborto, acabar con la educación sexual en las escuelas y luchar contra la “ideología de género”, convencido de que los movimientos feministas y LGBT que luchan por la igualdad están decididos a destruir la familia tradicional y el “orden natural” de la sociedad.

Sin embargo, la gran mayoría de los votantes de Costa Rica han preferido el discurso progresista de Alvarado Quesada, quien se ha prometido a legalizar el matrimonio igualitario, apoya la fecundación in vitro y tiene previsto atajar los problemas derivados de la pobreza y los que están relacionados con el déficit fiscal o el transporte público, entre otras cosas. Siguiendo con su compromiso de renovación, su gabinete cuenta con la primera persona afroamericana en desempeñar un cargo, Epsy Campbell, quien va camino de convertirse en su vicepresidenta, una vez firme el cargo el próximo mes de mayo.

En relación al matrimonio igualitario, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, en la ya anterior legislatura, elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una consulta, cuya respuesta oficial, en forma de notificación, llegaba poco antes de la primera vuelta de las presidenciales costarricenses, marcando todo el debate electoral. A raíz de dicha consulta, la Corte dictaminaba que “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se deriven de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos a 200 a 218”.

Es más, el tribunal sostenía que para garantizar estos derechos no es necesaria la creación de nuevas figuras jurídicas, sino que bastaba con extender las instituciones existentes (incluyendo el matrimonio) a todas las parejas, con independencia del género y la orientación sexual de los contrayentes. “Crear una institución que produzca los mismos efectos y habilite los mismos derechos que el matrimonio, pero que no lleve ese nombre, carece de sentido, salvo el de señalar socialmente a las parejas del mismo sexo con una denominación que indique una diferencia sino estigmatizante, o por lo menos como señal de subestimación”, señalaba la Corte. “Se configuraría una distinción fundada en la orientación sexual de las personas, que resultaría discriminatoria, y por tanto incompatible con la Convención Americana”, añadía.

Costa Rica es un país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su creación en 1948 y la CIDH es uno de sus órganos. Su opinión consultiva favorable, además de responder al Gobierno de Costa Rica, servía de llamada de atención para 12 Estados de América Latina: Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana (en los que no existe ningún reconocimiento jurídico para las parejas del mismo sexo), además de Ecuador y Chile (donde cuentan, de momento, con leyes de unión civil, no equiparables al matrimonio, abiertas a parejas del mismo sexo).

Carlos Alvarado, el nuevo presidente progresista y pro LGTBI

El presidente electo de Costa Rica, Carlos Alvarado, es periodista, escritor y politólogo. Es autor de tres novelas, ganador del premio Joven Creación de la Editorial Costa Rica en 2006 y fue vocalista del grupo de rock Dramatika. Está casado con Claudia Dobles y ambos son padres de una niña. No cuenta con una tradición histórica como defensor de la igualdad de los derechos de las minorías sexuales. Sin embargo, tras el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la irrupción de un airado debate en toda la campaña electoral, dominado por la posición conservadora del evangélico Fabricio Alvarado y del tibio apoyo LGTBI del contradictorio candidato católico y masón Juan Diego Castro, Carlos Alvarado se convertía en la mejor opción desde el punto de vista igualitario.

Carlos Alvarado, además de mostrar su apoyo al matrimonio igualitario, prometió en campaña la creación de un “comisionado de la presidencia para asuntos relacionados con las personas LGBTI”, como se recoge en el siguiente vídeo:

En su programa electoral, denominado “Crecer y crear la Costa Rica del siglo XXI”, incluía un apartado sobre “personas LGBTI” (páginas 77 y 78) en el que establece que “el   Poder   Ejecutivo   impulsará   la   aprobación  de  leyes  esenciales  para  construir  una  sociedad  más  justa  e  inclusiva para las personas LGBTI”. Esto incluye una legislación que reconozca la identidad de género: facilitando el cambio de nombre, posibilitando el cambio de género en el Registro Civil y enmarcando políticas dentro de un trato digno y la no discriminación de las personas trans.

En este sentido, Carlos Alvarado se comprometía a apoyar e impulsar desde la presidencia “un proyecto de ley que armonice los conceptos de sexo, género, identidad de género, expresión de género, transexualidad, en concordancia con la doctrina de los  derechos humanos; reconozca el derecho a la identidad y expresión de género;  y  garantice el acceso a tratamientos médicos que se requieran”.

Asimismo, el actual presidente proponía una ley contra la discriminación LGTBfóbica (con un apartado sancionador), “la recolección de datos sobre identidad de género y orientación sexual para poder alimentar políticas públicas específicas  de acuerdo con las distintas necesidades particulares” o la instalación “dentro de las entidades de protección social,  centros  educativos  o  centros  de  médicos  estatales espacios seguros  para  jóvenes LGBTI y sus familiares, donde reciban contención  psicológica, grupos de apoyo, tutorías, talleres, capacitaciones”, entre otras cuestiones de interés igualitario.

Fabricio Alvarado, el candidato evangélico, LGTBfóbico y ultraconservador

Hundiéndose de rodillas y con los brazos en alto, Fabricio Alvarado, de 43 años de edad, admite su derrota, declarando que había luchado por “principios y valores”, instando a sus votantes a que asumieran como él la derrota en base a que habían hecho “historia, porque nuestro mensaje tocó el nervio más profundo del país”. Y es que el gran perdedor de las elecciones presidenciales costarricenses es Fabricio Alvarado, que después del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo bandera de la oposición al matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB, erigiéndose como enemigo de la que él denomina “ideología de género”, en línea con las principales jerarquías religiosas y los grupos ultraconservadores del ámbito internacional. Fabricio Alvarado, candidato de Restauración Nacional, es periodista, pastor evangélico y cantante de música cristiana.

Sus posiciones contra “una agenda LGBTI” impulsaron su ascenso, logrando el favor de los sectores más reaccionarios de Costa Rica. Fabricio Alvarado ha defendido indisimuladamente la vinculación del Estado con la religión durante la campaña, el matrimonio como institución excluyente y exclusiva para parejas formadas “por un hombre y una mujer” y su oposición a la nueva asignatura “Educación para la afectividad y sexualidad integral”, que a partir de este año se introducirá en las aulas de primaria y secundaria del país.

Participó y apoyó la “II Caminata por la Vida y la Familia” del pasado mes de diciembre, que aglutinó a la Conferencia Episcopal y a las iglesias evangélicas contra una supuesta “colonización ideológica” que atacaría, en su opinión, “el respeto a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y los valores morales y espirituales con los que cada familia desea educar a sus hijos”.

El triunfo de su candidatura en la primera vuelta, con el 24, 79% (a pesar del escaso margen de difencia con Carlos Alvarado, que obtuvo el 21,76%), dio alas a muchos para colocarlo virtualmente como presidente. Por fortuna, Carlos Alvarado conseguía remontar en la segunda vuelta, con un 60,7% de los votos, frente al evangélico y ultraconservador Fabricio Alvarado, que veía frustradas sus aspiraciones presidenciales, teniéndose que conformar con el respaldo del 39,3% del electorado.

Al ganar la primera vuelta, Fabricio Alvarado aseguraba que “hoy me sumo a lo que ha decidido Costa Rica. Me sumo a un movimiento que se ha creado de unidad, de valores, de innovación y de verdadero progreso”. En relación explícita a la defensa del modelo excluyente de familia tradicional decía tener “esperanza por recuperar la más grande soberanía de todas: la soberanía de la familia como base fundamental de la sociedad, en donde se gestan los valores de integridad, honestidad y transparencia”.

El pastor y cantante cristiano añadía que “Costa Rica le ha dejado muy claro hoy algo a los políticos tradicionales”, que en cuya opinión era el siguiente mensaje: “nunca más se metan con la familia, nunca más se metan con la vida, nunca más se metan con nuestros hijos”. En el siguiente vídeo se puede ver un resumen de su intervención tras conocerse los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales:

Fabricio Alvarado se veía obligado a negar que estuviera financiando su campaña a través de iglesias o pastores (teniendo en cuenta que la legislación costarricense prohíbe recibir donaciones de personas jurídicas). Además, todo su argumentario en campaña se ha dedicado a cuestiones moralistas y solo a cuatro días de la segunda vuelta de las elecciones presentó su plan de gobierno. El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica (TSE) se encuentra fiscalizando sus cuentas.

La moral cristiana no se ha impuesto finalmente en los comicios

La sociedad costarricense cuenta con una histórica y profunda tradición religiosa. El todavía presidente en funciones Guillermo Solís confesó que quería un Estado “secular pero no uno sin Dios”. El catolicismo sigue siendo el culto religioso principal del país, aunque el evangelismo (como ha ocurrido en muchos otros países latinoamericanos) ha experimentado un fuerte ascenso en las últimas dos décadas. El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreligiosos recoge que en los años 80 contaba con unas 1000 congregaciones evangélicas, frente a las 3.700 de la actualidad.

De las 465.330 personas evangélicas contabilizadas en Costa Rica (sobre una población de casi 5 millones) el 63% asiste a iglesias de este tipo. En declaraciones a la BBC, Montserrat Sagot, investigadora de la Universidad de Costa Rica y espacialista en el ascenso del evangelismo en Centroamérica, argumentaba que “yo siempre he dicho que la sociedad costarricense es profundamente autoritaria y conservadora, pero políticamente correcta. Desde esa perspectiva, esto se había mantenido como un sustrato bajo, no había aflorado a la superficie política y hay un acontecimiento que lo genera que es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” que urge la aprobación del matrimonio igualitario para acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo.

Tanto las jerarquías católicas como las evangelistas cristianas de Costa Rica se han mojado en estas elecciones y han usado todos sus recursos disponibles (incluyendo los templos y los oficios religiosos celebrados en ellos) para hacer campaña, a veces velada y otras veces completamente explícita, a favor de Fabricio Alvarado y su partido Restauración Nacional. Los católicos más intransigentes, por tanto, viendo cuestionada la doctrina social emanada de la jerarquía eclesiástica ante el triunfo eventual (ya confirmado) de Carlos Alvarado y el cumplimiento del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparcaron sus diferencias religiosas con los evangélicos y apoyaron incondicionalmente al pastor Fabricio Alvarado.

Esto fue tan evidente que El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica condenó a la Iglesia Católica y a la Federación Alianza Evangélica Costarricense por haber dado “orientaciones pastorales” con motivo de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 4 de febrero, y les ordenó “abstenerse de acciones” parecidas, a falta de un mes de la celebración de la segunda vuelta (el pasado domingo).

En un comunicado conjunto, hecho público el 18 de enero, ambas jerarquías invitaron a los fieles a meditar “delante de Dios y de sus conciencias su voto para los cargos de presidente y vicepresidentes y para diputados, conscientes de que es un deber para todo ciudadano costarricense el elegir a quienes detentarán puestos de responsabilidad política”. Esto ya provocó que el TSE tomara medidas cautelares para ordenar a estas dos organizaciones de “instruir a sus sacerdotes y pastores sobre la prohibición de utilizar el púlpito, sitios de oración o ceremonias litúrgicas para inducir el voto de sus feligreses”.

También es cierto que han sido otras tantas organizaciones no religiosas de Costa Rica las que se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario y los derechos del colectivo LGTB en estas elecciones, aunque sin hacer una campaña tan burda y evidente como la protagonizada por las jerarquías católicas y evangélicas en favor de Fabricio Alvarado. Sirva de ejemplo el pronunciamiento del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, que llamaba “a su población agremiada a promover y defender de forma urgente los derechos humanos, mediante el respeto a la diversidad de familias que coexisten en nuestro país, rechazando los discursos que fomentan su reducción a formas heteronormativas y que sirven de base para la discriminación como expresión de la violencia”.

El matrimonio igualitario, también en la vía judicial de Costa Rica

Herman Manuel Duarte Iraheta, fundador de la Fundación Latinoamericana para la Promoción y Protección de la población LGBTI (también conocida como Fundación Igualitos) presentaba una demanda a favor del matrimonio igualitario ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el pasado 13 de marzo. El texto recoge que “el momento histórico en el que nos encontramos favorece el pronunciamiento a favor de la acción de inconstitucionalidad”, por lo que “es importante contextualizar que ya no estamos en el año 2006 y existe sobrada evidencia de la inexistencia de daños a que dos personas puedan casarse civilmente y formar una familia. No solo por ser un fallo completamente congruente con la corriente jurisprudencial dominante de esta Sala Constitucional, sino por ir también en sintonía con las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y por el apalancamiento que eso puede generar por otras luchas que actualmente se llevan en la región”.

Fuente Dosmanzanas/Universogay

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Un año más, como cada 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Transexual recuerda la violencia ejercida contra las personas trans en el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 se han registrado 325 asesinatos de personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto (basado, en la mayoría de los países, en datos parciales), aunque suficiente para dibujar un panorama desolador.

El Día Internacional de la Memoria Transexual fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo. Una conmemoración especialmente necesaria, puesto que las personas trans siguen siendo el grupo más débil, más estigmatizado y en mayor riesgo de exclusión social de todo el colectivo LGTB.

En dosmanzanas recogemos solo algunos casos de personas transexuales asesinadas, normalmente los que alcanzan mayor eco mediático. El último de ellos, el asesinato de una chica trans de 17 años en Estados Unidos, a la que sus asesinos sacaron los ojos, mutilaron sus genitales, la desmembraron, arrojaron parte de su cuerpo a un gallinero y el resto lo quemaron. Pero el horror va mucho más allá: Según la monitorización anual que Transgender Europe hace de los asesinatos tránsfobos, entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 325 personas trans han perdido la vida como consecuencia de la violencia tránsfoba (30 más que en el mismo periodo precedente). Brasil es, un año más, el país con más asesinatos registrados (171, lo que supone un fortísimo incremento: son 48 muertes más que en el periodo precedente). Le siguen, también como en el año anterior, México (56 asesinatos, 4 más que en el periodo precedente) y Estados Unidos (25 asesinatos, 2 más que en el mismo periodo anterior).

Después aparecen Colombia, con 10 asesinatos (4 menos) y Filipinas, con 8. Este último país es de hecho el que registra el mayor incremento en términos relativos (son 7 asesinatos más que en el periodo anterior). Resulta en cualquier caso evidente que las personas trans de América Latina lo tienen especialmente complicado: además de Brasil, México y Colombia, se han registrado muertes en Argentina (7), El Salvador (7), Venezuela (6), República Dominicana (3), Honduras (2) y Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay (1 en cada país). La propia Transgender Europe reconoce, en cualquier caso, que las muertes recogidas en sus informes suponen solo la punta del iceberg,

En esta terrible lista aparece este año España, con 1 muerte: la de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, cuando fallecida al caer de un tercer piso mientras trataba de salvar su vida, tras ser amenazada y agredida por un cliente en la vivienda donde ejercía la prostitución.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017 se tienen registrados 2.609 asesinatos de personas trans. Asesinatos que podemos considerar de forma global como tránsfobos, aunque como la propia Transgender Europe explica la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo (hace varias semanas recogíamos como la mayoría de las personas LGTB asesinadas en Estados Unidos en 2016 eran mujeres trans de color) el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, vemos que el 69% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado con motivo de esta jornada tan especial. Pinchando en este enlace puedes acceder además a la versión en castellano de la web que esta organización ha lanzado.

Más información…

Sobre los asesinatos recogidos a lo largo del último año por Transgender Europe en todo el mundo, puedes descargar el mapa pinchando aquí, así como consultar una lista con la información disponible sobre cada una de los 290 víctimas (en castellano) aquí. Y pinchando aquí puedes acceder a una lista solo con sus nombres.

También puedes descargar el mapa correspondiente al periodo 2008-2017 aquí.

Fuente Dosmanzanas

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