La multitudinaria concentración del pasado domingo, la más grande para un evento de este tipo en la historia del país, demuestra que las demandas de las personas LGBT+, a las que el régimen chavista les ha dado la espalda en más de 20 años en el poder, ya no pueden esperar más.

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José Luis Barazarte
7 de Julio de 2022

En la mañana del pasado domingo (3 de Julio) ocurrió en la capital de Venezuela un hecho sin precedentes para el país, sumido en una emergencia humanitaria compleja desde 2018. La ciudad de Caracas fue escenario de una movilización masiva de más de 20.000 personas de la comunidad LGBT+, quienes a la voz de “Ni más, ni menos, los mismos derechos” marcharon en conmemoración del Día del Orgullo.

Después de más de dos años de cuarentena sanitaria por el COVID-19, la comunidad diversa volvió a tomar las calles de Caracas para visibilizar su existencia, resistencia y exigencias, todo en la búsqueda de la consecución de los derechos fundamentales que en Venezuela todavía no se les han sido reconocidos, a diferencia de otros países hispanos como España, Colombia, Argentina o Chile, tanto por gobiernos de izquierda o como de derecha

El estado venezolano es uno de los más atrasados en la región en cuanto a leyes inclusivas y derechos esenciales de primera a cuarta generación. La omisión de políticas públicas por parte del gobierno venezolano, así como la negativa a legislar de parte de la Asamblea Nacional acerca de materia LGBT+ para reivindicar y promover acciones afirmativas efectivas en beneficio del colectivo, es una de las mayores causas de malestar en la población sexodiversa que día a día es sometida a riesgos por ser quienes son o por amar a quienes aman.

Teniendo en cuenta ese deprimente contexto, era lógico que el descontento se manifestara tan fuertemente en el Parque Francisco de Miranda el pasado domingo, a través de una marcha plural que en la opinión pública venezolana ha sido comparada con las recientes movilizaciones de los diferentes agrupaciones políticas del país. Desde 2020, las grandes concentraciones y marchas con fines políticos en Venezuela son cada vez más reducidas ante la falta de representación política y la poca legitimidad del gobierno ejecutivo. La población venezolana está absorta en satisfacer sus necesidades básicas y en suplir las deficiencias de los servicios públicos, problemáticas que no son ajenas al colectivo LGBT+. Por tal razón, el activismo se ha enfocado en lo local incidiendo en los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía.

El Orgullo como ejercicio democrático

El activismo diverso nacional ha hecho uso de la imaginación inmanente para transformar los espacios públicos, ideando nuevas formas de ser LGBT+ y de expresarse social como también políticamente por medio de medios innovadores. La articulación de esfuerzos entre casi 50 organizaciones defensoras de derechos humanos en el país es a su vez una de las razones del crecimiento exponencial de las convocatorias de este tipo.

Del mismo modo, la innovación en el activismo ha trascendido a espacios virtuales, permitiendo que cada vez más personas de la comunidad se involucren, colaboren y se organicen desde cualquier lugar del territorio venezolano. En la gran marcha de este domingo no sólo asistieron residentes de la ciudad de Caracas, sino también de los estados Aragua, Miranda, Zulia, Mérida, Lara y Carabobo para celebrar el Orgullo y la valentía de ser fieles a sí mismos.

El dictador venezolano Nicolás Maduro ha evitado impulsar cualquier tipo de legislación o política pública en favor del colectivo LGBT+ en Venezuela.

Hablando sobre las exigencias del activismo en el país, hay que tener en cuenta que, en pleno 2022, identificarse y mostrarse como persona LGBT+ en Venezuela es todavía un gran acto de valentía, ante la ausencia de leyes que les protejan, y debido al riesgo que corren en uno de los países más violentos de América, en donde los esfuerzos para registrar los delitos de odio son insuficientes por parte de los organismos de justicia venezolanos.

El Poder Judicial tiene una deuda histórica pendiente con la ciudadanía venezolana, en especial con las personas LGBT+, quienes son doblemente victimizadas al ser blancos de actos de violencia por su sexualidad y género, y al mismo tiempo ser estigmatizadas en las instituciones de justicia que deberían fomentar espacios seguros para su orientación, identidad o condición. Huelga decir que en los diferentes niveles de gobierno prepondera notablemente todavía el machismo, el sexismo, la misoginia y la LGBTfobia a la hora de atender cuestiones que respecta a la comunidad, imposibilitando la cohesión social y la vida digna y próspera de una parte importante de millones de venezolanos.

Por lo que activistas, académicos y especialistas coinciden en que es imprescindible un proceso de justicia restaurativa focalizada en atender los delitos de odio LGTB+, puesto que su propósito es resarcir el daño sufrido por determinados individuos teniendo en cuenta la naturaleza de los delitos de odio. Para así garantizar a las víctimas la dignidad y la seguridad que como seres humanos jamás han tenido en el país.

Ante la falta de apoyo gubernamental, el rol clave de organizaciones y delegaciones

Además de la masiva convocatoria, otra de las novedades del Desfile del Orgullo realizado en Caracas fue el espaldarazo de las delegaciones diplomáticas de varios países que tienen representación en Venezuela, entre ellos México, Francia, Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Alemania, que comprometidos con los derechos humanos de todas las personas se hicieron presentes en la concentración.

Dichas delegaciones también han representado un soporte neurálgico para el activismo LGBT+ venezolano, abriendo canales de colaboración y formación académica en cuestiones sociales y culturales de sus integrantes. Ante la inexistente voluntad política y la falta de acción gubernamental para impulsar legislación y políticas públicas en favor de las personas LGBT+, apoyos como estos son edificantes en el avance de la lucha para asegurar espacios seguros, la libre expresión, la no discriminación por raza, orientación, identidad o género y la tan olvidada aprobación del matrimonio igualitario en Venezuela.

Sobre este punto, el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo ha quedado relegado desde 2015 ante otros intereses políticos de “mayor urgencia”, ignorando las consecuencias sociales, económicas y políticas que acarrea marginar a un sector de la población civil, privándole de derechos y oportunidades esenciales.

El éxito de la Marcha debería ser, entonces, un claro recordatorio a los actores políticos del país de que los venezolanos LGBT+ ya no están dispuestos a seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda cateorgía o ser usados como estrategia de captación de votos.

En ese sentido, está claro que llegó el momento de que la comunidad LGBT+ venezolana sea tomada en serio para la construcción de un proyecto de país viable, porque las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersexuales, y asexuales también votan, participan políticamente y requieren urgente atención del Estado. El momento para actuar es ahora.

El autor es un periodista y politólogo venezolano. Es colaborador de la agrupación LGBT+ venezolana “Okay, no”.

Fuente Infobae

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia de Estado, Homofobia/transfobia/lesbofobia, Marcha del Orgullo, Venezuela

Ginebra, 15 de diciembre de 2020 – A pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, señala ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex). La última actualización del Informe de Homofobia de Estado de ILGA World ha sido publicada el 15 de diciembre de 2020.

Cada año, ILGA World publica su informe sobre homofobia de estado, una encuesta mundial sobre las leyes de orientación sexual. Desde su primera edición en 2006, el Informe de Homofobia de Estado ha sido un recurso fundamental en manos de les interesades en acceder a la información básica sobre la legislación que afecta a las personas en base a su orientación sexual.

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Desde 2006, cada año, la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) –una federación mundial creada en 1978 que reúne más de 1.600 organizaciones–, publica su informe Homofobia de Estado, una encuesta mundial que mapea qué pasa con las leyes de orientación sexual en el mundo.

Según el informe Homofobia de Estado, realizado por ILGA Mundo y cuya versión actualizada se dio a conocer ayer, existen 69 estados miembros de la ONU que continúan criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Esto es: el 36% de los 193 estados miembro de Naciones Unidas. señaló Lucas Ramón Mendos, coordinador de investigación de ILGA Mundo y autor principal del informe. “La cifra se redujo en uno este año, ya que Gabón derogó la disposición criminalizadora que había aprobado en 2019, la cual terminó siendo la ley de este tipo de más corta vida en la historia reciente. Además, la semana pasada el parlamento de Bután aprobó un proyecto de ley para descriminalizar las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, y puede que pronto se convierta en ley”.

ILGA Mundo ha podido verificar que al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años, pero el número posiblemente sea mucho mayor. “Donde aún rigen estas disposiciones”, explica Mendos, “las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha de haber practicado actos sexuales consensuales con alguien del mismo sexo. Los tribunales les procesan activamente y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso a la muerte.

Avances en el mundo en el último año

Según ILGA Mundo, contra todo pronóstico, se han producido avances positivos incluso durante los últimos 12 meses: la actualización del informe sobre Homofobia de Estado documenta cómo la legislación que protege a las personas lesbianas, gays y bisexuales de la discriminación y la violencia ha seguido expandiéndose por el planeta.

En 2020, el mundo entero tuvo que luchar contra las consecuencias de la pandemia del Covid-19. “Muchos quedaron luchando por sobrevivir en un mundo que se ha vuelto aún más desigual y violento”, señaló Julia Ehrt, Directora de Programas de ILGA Mundo. “Para nuestras comunidades, los espacios seguros se redujeron drásticamente de la noche a la mañana. Algunos gobiernos se aprovecharon de estas circunstancias y redoblaron sus esfuerzos para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos violentamente. En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas solo han empeorado”.

Las mal llamadas “zonas libres de personas LGBT” proliferaron en Polonia; Indonesia trató de dar un nuevo impulso a las “terapias de conversión” y dos prohibiciones a nivel estatal fueron revocadas en Florida, EE. UU.; hemos visto leyes que podrían restringir severamente el funcionamiento de las ONG que trabajan con nuestras comunidades. Estas son sólo algunas de las disposiciones legales que se están adelantando en todo el mundo.

El matrimonio igualitario es ahora una realidad en 28 Estados miembros de la ONU: Costa Rica fue el último en unirse a la lista, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en hacerlo. Al día de hoy 34 Estados miembros de la ONU prevén cierto reconocimiento legal para parejas del mismo sexo, ya que Mónaco y Montenegro votaron para reconocerlos legalmente durante los últimos 12 meses. 

A diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual: hace veinte años, solo tenían 15.

Como nueva característica, el informe sobre Homofobia de Estado ahora también está rastreando los desarrollos en territorios no independientes de todo el mundo. “Miles de miembres valioses de nuestras comunidades viven en estas jurisdicciones, pero su activismo no siempre es visible a nivel internacional”, explicó Mendos. “Es vital que también arrojemos luz sobre su progreso legal o retrocesos: como familia global, estamos comprometides con nuestres miembres independientemente del estatus oficial de su territorio”. 

A pesar de que las fuerzas contra los derechos aparentemente están ganando terreno en todo el mundo, esta nueva actualización de Homofobia de Estado muestra cómo nuestra comunidad a nivel global ha logrado avances colectivamente en cada una de las categorías legales que se rastrean aquí. “Esta publicación es una fuente vital de información para defensores de derechos humanos, Estados, investigadores, medios de comunicación y el público en general sobre cómo las leyes afectan a las personas por su orientación sexual”, concluyó Ehrt. “Pero cada sección de este informe también contiene la esperanza de un mañana mejor, un futuro en el que nuestras comunidades ya no tendrán que luchar para reclamar derechos que nunca deberían habernos sido arrebatados en primer lugar”.

– En el resto del mundo, existieron otros avances importantes.

-Alemania se ha convertido ahora en uno de los 4 Estados miembros de la ONU que prohibieron las mal llamadas ‘terapias de conversión’ a nivel nacional, y más jurisdicciones en Australia, Canadá, México y Estados Unidos siguieron su ejemplo.

Balance 2020: la criminalización no quedó atrás

El mensaje del informe, según el autor principal del informe, Lucas Ramón Mendos, va en dos sentidos. El primero: “Dentro del aspecto negativo, este mensaje de que hay leyes que criminalizan a las personas gays que son remanentes históricos, es mentira. Hemos puesto esfuerzo en descubrir casos de encarcelamiento: de los 69 países, en 34 activamente se está persiguiendo y encarcelando a las personas en base alos actos sexuales consensuales que llevan a cabo. Esto tira por tierra este argumento que son meras normas que viven ahí de otras épocas”, dijo a Presentes.

Primera unión civil del mismo sexo en Bolivia

Pero en cuanto a lo positivo, el principal autor del informe destaca lo ocurrido en Bolivia el 10 de diciembre. En julio de 2020, la Segunda Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de La Paz anuló una resolución emitida por el Registro Civil Nacional que negaba el registro a una pareja del mismo sexo en 2019. Es importante recordar que el artículo 63 de la Constitución boliviana limita los matrimonios y las “uniones libres” a los formados por un hombre y una mujer. Sin embargo, la oficina local de las Naciones Unidas en Bolivia acogió la decisión e instó al Registro Civil a cumplirla.

El 10 de diciembre de 2020, el Registro Civil boliviano adoptó la Resolución 374/2020: significa que David Aruquipa y Guido Montaño son la primera unión civil de personas del mismo sexo reconocida por el Estado de Bolivia.

América Latina: más protección a LGBT+ desde los Estados

El color azul del mapa indica que ese país cuenta con leyes que protegen a las parejas del mismo sexo contra la discriminación, entre otros puntos.  “En América Latina, hoy en día el mapa luce bastante azul. Eso ha ido de la mano de las organizaciones que han logrado que el Estado vaya protegiendo a las personas LGBT”, destacó Mendos.

Retrocesos en la región

Pero también remarcó que en la región ha habido retrocesos. “Hemos visto el surgimiento de los grupos religiosos organizados. Si bien siempre hubo resistencia, hoy en día lo que vemos es que hay un discurso armado en torno a este concepto de “ideología de género”. En Brasil, en las restricciones a la libertad de expresión, hemos encontrado normas a nivel de estados, que prohíben la “diseminación de la ideología de género”. En Paraguay hay una resolución del Ministerio de Educación que prohíbe material de “ideología de género””, señaló, entre otros ejemplos. También mencionó el bus del odio en Chile y lxs legisladores en Perú que intentaron derogar un decreto legislativo que prohíbe la discriminación a personas LGBT.

Nueve países de América Latina criminalizan la orientación sexual 

En América Latina, en el 73% de los países las relaciones entre personas del mismo sexo no están criminalizadas. Pero aún en 9 países en América Latina es ilegal tener relaciones con una persona del mismo sexo: Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Guyana, Granada, Jamaica, San Vicente y las granadinas, Santa Lucía, San Kitts y Nevis.

Además, en la policía de República Dominicana y dentro del ejército de Venezuela aún están prohibidas las relaciones homosexuales.

En el mapa, los únicos países pintados de color rojo en América Latina son Jamaica y Guyana. ¿Cuál es la situación ahí? “Ambas son ex colonias británicas y conservan las normas que se expandieron por todo el imperio británico. En la década del 80 algunos derogaron estas normas, pero hay muchos grupos religiosos que no quieren derogarlas”, explicó a Presentes Lucas Ramón Mendos.

Paraguay restringe libertad de expresión sobre temas de género

En la región no existen barreras legales para el registro u operación de organizaciones que trabajen en temas de diversidad sexual y de género. Sin embargo, Paraguay tiene una ley que restringe la libertad de expresión en cuestiones relacionadas con la diversidad sexual. En 2017, el entonces ministro de Educación y Ciencia prohibió, a través de la Resolución 29.664, la difusión y el uso de material educativo que refiriera a “teoría y/o ideología de género en instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y Ciencias”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que se trata de una medida que “supone un retroceso para los derechos de las mujeres, de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y de los niñas y niños a recibir una educación libre de estereotipos basados en ideas de inferioridad o de subordinación”.

Brasil: lucha por materiales educativos

En Brasil, este año la Suprema Corte derogó leyes de siete municipios que prohibían material educativo con “ideología de género”. Según lo publicado en este artículo de Human Rights Watch, “el 24 de abril, la Corte Suprema derogó por unanimidad una ley de 2015 de Novo Gama, estado de Goiás, que prohibía materiales de aprendizaje con información sobre “ideología de género” en las escuelas municipales. El 8 de mayo, el tribunal anuló una parte similar de una ley de 2018 de Foz do Iguaçu, estado de Paraná, que prohíbe las políticas educativas y las actividades escolares “que probablemente apliquen ‘ideología de género’ o los términos ‘género’ u ‘orientación sexual’”.

Jamaica y Haití: entre los más criminalizantes

En Jamaica, todavía la Autoridad Cinematográfica debe autorizar las películas. En 2013 fue prohibida, sin explicación alguna, una película en que dos lesbianas eran asesinadas por sus novios.

Por último, en Haití, en 2017, el Senado votó prohibir “cualquier manifestación pública de apoyo por la homosexualidad y proselitismo en favor de esos actos”.

Protección constitucional contra la discriminación basada en la orientación sexual

A diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU ya tienen leyes que protegen contra la discriminación en el trabajo por motivos de orientación sexual: hace veinte años, solo había 15.

Sin embargo, Mendos advierte: “Una cosa es la ley, y otra cosa es cómo en la práctica se lleva a cabo. Esto es un termómetro que toma un aspecto determinado”. El informe se basa en la legislación, pero en países que parecieran tener buenas leyes de protección a veces eso no se refleja en la práctica cotidiana. 

Existen sólo 4 países en Latinoamérica donde la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual está garantizada en la Constitución. Estos son: Bolivia, Cuba, Ecuador y México.

Pero en 26 países de la región existe una amplia protección contra la discriminación aunque no esté contemplado en la Constitución nacional. En Argentina, por ejemplo, el informe advierte que a nivel federal no existe una ley contra la discriminación por motivos de orientación sexual en términos generales, aunque en las ciudades de Buenos Aires (Ley contra la discriminación – Ley No. 5.261/2015) y Rosario (Ley No. 6.321/1996) han promulgado normas locales que otorgan diferentes niveles de protección.

“Además, varias provincias han promulgado leyes que conceden esa protección. Estas leyes locales conceden diversos niveles de protección”, indica el informe, y explica el caso de Chaco, que cuenta con el artículo 60 bis del Código de Faltas (Ley No. 4.209) que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual en términos generales, y el de Río Negro, que a través de la Ley No. B 3.055 reconoce la orientación sexual como un “derecho innato” de cada persona y, en virtud del artículo 2, establece que la orientación sexual se incluirá en la aplicación de toda la legislación antidiscriminatoria.

En la región, sólo Brasil, Ecuador y Puerto Rico tienen leyes que prohíben las mal llamadas “terapias de conversión”. Pero también Argentina, Chile, México y Uruguay cuentan con leyes “indirectas”, en su mayoría dentro de legislación sobre salud mental.

Pena de muerte a la orientación sexual

ILGA Mundo ha podido verificar que al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años, pero el número posiblemente sea mucho mayor. “Donde aún rigen estas disposiciones”, explica Mendos, “las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha de haber practicado actos sexuales consensuales con alguien del mismo sexo. Los tribunales les procesan activamente y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso a la muerte”.

Ninguno de los estados que castigan con pena de muerte los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo están en América Latina.

Esto ocurre en Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (sólo en 12 estados del norte), Arabia Saudita y Yemen. En otros cinco países (Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos Árabes Unidos), aunque no hay certeza jurídica, ciertas fuentes del informe advierten que la pena de muerte podría imponerse en esos casos.

***

Cifras clave (a diciembre de 2020) 

Hay 124 Estados miembros de la ONU (64% de los Estados miembros de la ONU) donde los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo son legales. 

Hay 124 Estados miembros de la ONU (64% de los Estados miembros de la ONU) donde los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo son legales.

 Criminalización de los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo

69 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (67 por disposiciones explícitas de la ley, 2 de facto). Además, estos actos están tipificados como delito en un territorio no independiente (Islas Cook, Nueva Zelanda) y en determinadas jurisdicciones dentro de dos Estados miembros de la ONU (Gaza en Palestina y determinadas provincias en Indonesia).

En 6 Estados miembros de la ONU, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo: Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (solo 12 estados del norte), Arabia Saudita y Yemen

En otros 5 Estados miembros de la ONU [Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos Árabes Unidos], ciertas fuentes indican que la pena de muerte podría imponerse potencialmente por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, pero hay menos certeza jurídica sobre la situación.

 Restricción de derechos

Al menos 42 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales a la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género

Al menos 51 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales para la formación, establecimiento o registro de ONG que trabajan en temas relacionados con la diversidad sexual y de género.

Protección contra la discriminación

11 Estados miembros de la ONU contienen disposiciones constitucionales que especifican la orientación sexual en sus protecciones contra la discriminación

57 Estados miembros de la ONU ofrecen amplias protecciones contra la discriminación basada en la orientación sexual, incluida la educación, la salud, la provisión de bienes y servicios y / o la vivienda

81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual

48 Estados miembros de la ONU imponen sanciones penales reforzadas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima

45 Estados miembros de la ONU tienen leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual

4 Estados miembros de la ONU (Brasil, Ecuador, Alemania, Malta) tienen prohibiciones contra las mal llamadas “terapias de conversión”. Hay prohibiciones subnacionales en otros 5 Estados miembros de la ONU: Australia, Canadá, México, España, Estados Unidos.

Reconocimiento de las familias arcoíris

28 Estados miembros de la ONU reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Una jurisdicción que no es miembro de la ONU (Taiwán) también ha legalizado el matrimonio igualitario

34 Estados miembros de la ONU ofrecen unión civil para las parejas del mismo sexo

28 Estados tienen leyes de adopción conjunta, mientras que 32 estados permiten la adopción por une segunde xadre del mismo sexo

El informe sobre Homofobia de Estado 2020: Panorama Global de la Legislación fue investigado y escrito por Lucas Ramón Mendos, junto con Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Ilia Savelev y Daron Tan.

El informe se publica bajo una licencia de Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).

Cita sugerida: ILGA World: Lucas Ramon Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, and Daron Tan, State-Sponsored Homophobia 2020: Global Legislation Overview Update (Geneva: ILGA, December 2020).

Fuente ILGA World/Agencia Presentes

Infografías: Informe Ilga Mundo

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia de Estado, ILGA World

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

En el mundo hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y donde ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 de ellos. 

Según el último informe Homofobia de Estado, de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (ILGA, por sus siglas en inglés), la protección y el reconocimiento a los homosexuales se da en los países del norte de América y algunos del Sur, Australia y la mayor parte de Europa.

En cambio, la criminalización a estos colectivos se extiende por buena parte de Europa Oriental, Asia, África –a excepción de Suráfrica, Seychelles y Cabo Verde–, y parte de Centroamérica y América del Sur.

En total, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo en privado son legales –bien porque han sido despenalizados o porque nunca fueron criminalizados– en 124 estados (122 miembros de las Naciones Unidas, más Taiwán y Kosovo), en tanto que se consideran delito en 72. En muchos lugares, además, los homosexuales, aunque no son perseguidos por la ley, sí son objeto de rechazo social, discriminación e incluso acoso.

Entre los países que reconocen los derechos LGTB solo nueve contemplan específicamente la no discriminación por razones de orientación sexual en sus constituciones. En realidad, la mayor parte de los países del mundo no tienen una normativa que proteja los derechos de los homosexuales, aunque en los últimos años se han registrado avances significativos.

Existen, por ejemplo, 72 países que han aprobado leyes para garantizar la no discriminación en entornos de trabajo y 43 que cuentan con leyes contra los delitos de odio.

Las parejas del mismo sexo pueden contraer hoy matrimonio en 22 estados y hay otros 28 que admiten las uniones civiles, sin denominarlas matrimonio, pero con derechos similares. Además, 26 países tienen leyes de adopción conjunta –Austria, Finlandia y algunos territorios de Australia han incorporado estos derechos a su legislación en el último año–; y otros 27 permiten adoptar cuando el hijo lo es de uno de los miembros de la pareja.

En el otro extremo se sitúa un importante número de países en los que los homosexuales se ven obligados a ocultar su orientación sexual, ven diezmados sus derechos, son encarcelados o incluso, pueden ser condenados a muerte. Todavía hay 72 estados –un tercio de los que integran la ONU– que criminalizan la actividad sexual entre personas del mismo sexo (en 45 de ellos la ley se aplica tanto a mujeres como a hombres). La pena de muerte para las relaciones homosexuales está vigente en ocho estados: Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán la aplican en todo el territorio; Somalia y Nigeria, en algunas provincias.

Además, la organización terrorista Estado Islámico castiga con la muerte a esas minorías sexuales en los territorios que controla en el norte de Siria y el noroeste de Irak.

En otros cinco países –Pakistán, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Mauritania– la pena de muerte está técnicamente permitida por una interpretación de la ley islámica (Sharia), aunque no se aplica. En otros lugares como Uganda, Zambia, Tanzania, India, Barbados o Guyana las relaciones homosexuales se castigan con penas que van desde los 14 años de prisión hasta la cadena perpetua. Y en países del norte de África como Libia, Argelia o Marruecos, las leyes contemplan penas de entre tres y siete años de prisión.

El informe de la ILGA menciona también las informaciones, publicadas en abril de este año, sobre la persecución y asesinato de homosexuales en la república rusa de Chechenia, de mayoría musulmana.

En el último ránking europeo sobre la situación de los derechos del colectivo de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI), se sitúan entre los primeros países: Malta, Noruega, Reino Unido, Bélgica, Francia, Dinamarca, Finlandia, Portugal y España.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Homofobia de Estado, Homofobia/Transfobia, ILGA, Informe