De su blog Homoprotestantes:

Sigue sorprendiéndome que, incluso personas que se definen como progresistas, cuando se habla de inclusión de las personas queer dentro de las comunidades cristianas, continúan poniendo el foco en nosotras, en las personas queer: ¿deben ser expulsadas de la comunidad?, ¿les dejamos quedarse si se mantienen célibes?, ¿mejor que no digan nada y pasen desapercibidas?, ¿demostramos nuestro amor cisheteronormativo -al que llamamos evangelio- permitiéndoles que vivan en pareja para que no sean promiscuas?, ¿las casamos porque somos buenos?, ¿les dejamos que sean pastoras porque somos progres? Debates, enfrentamientos, que son solo una muestra de queerfobia, por un lado, e incapacidad de dejar de imponer el obligo cisheteronormativo como centro del evangelio.

Tengo que decir que muchas veces, en esta falacia de reflexión cristiana, encontramos también a personas queer que no se han dado cuenta de que lo único que están haciendo es vender su primogenitura por un plato de lentejas -que en nuestra sociedad sería hoy algo así como aceptación, dinero, un cargo, o algún tipo de reconocimiento-. Pero bueno, vivir durante años encerrado en un armario, más que anhelo de libertad y justicia, a algunes les ha llevado a desear meterse en un tubo de ensayo para que pseudoteólogos, o teólogos con todas las letras y reconocimiento, vayan haciendo pruebas con elles para saber hasta qué punto están dispuestas a rebajarse, a vender su dignidad, a aguantar lo que les echen en nombre de Dios. Del sadocristianismo ya he hablado en otras ocasiones, así que -en este punto- no me voy a repetir.

Y mientras se habla y se habla de nosotres, de nuestros cuerpos deformes, nuestros deseos aberrantes, nuestras familias disfuncionales, nuestro amor defectuoso; las comunidades cristianas se van llenando de personas cada vez más intolerantes, ignorantes -y no me refiero al no saber, sino a esa imposición del no saber al resto como palabra de Dios- incapaces de una mínima empatía, y mucho menos de autocrítica. Personas que se esconden en comunidades cristianas para tratar de escapar de un mundo que no entienden -y que no tienen intención de tratar de entender-, y autodefiniéndose como marginadas por una sociedad que cada vez es más crítica con el odio que ocultan tras su Dios. Y se esconden detrás del cristianismo como lo hacen detrás de Vox, o de cualquier partido ultra que les dé seguridad. Aunque tengan un color de piel, un género, un origen, una clase social, o incluso una orientación sexual, que esos partidos insultan todos los días. Al final sí, no sé cómo lo he hecho, me he repetido con lo del sadocristianismo, que evidentemente no es monopolio queer, nosotres somos simples aprendices.

Con nuestros polvos, con la manera en la que miramos a la vecina de enfrente por la ventana del baño mientras nos hacemos una trenza, con la forma en la que nos vestimos, o incluso con cómo nos nombramos seguimos haciendo ricas a muchas cristianas. Mueve tanto dinero en el amoroso mundo evangélico la transfobia, la lesbofobia, o los mensajes de odio hacia nuestras familias. ¡Se forran con nosotras! ¿Quién en su sano juicio se comería a la gallina de los huevos de oro? Hay que montar entidades para defender a nuestros hijos, a las familias heteronormativas, a quien haga falta. Hay que defender el evangelio del euro, del dólar, de la libra. Lo que da hoy dinero dentro del cristianismo es la queerfobia, mucho más que la justicia, mañana ya veremos.

El verdadero problema de las comunidades cristianas no somos nosotres, sino sus teologías que no han sido capaces de reformular, de mantener con vida.  Y no lo han hecho por muchas razones, pero sin duda una de ellas es que se han creído tan escogidos, tan elegidos, tan elevados respecto al común de los mortales, que han acabado por no ser de este mundo. El problema es que el mundo paralelo que se han montado, y en el que su teología es incapaz de ser puesta en entredicho porque en realidad es más bien loroteología, es decir, repetir y repetir lo que me han dicho, que alguien dijo, que le dijeron… no es un mundo mejor, no es un mundo evangélico -en el sentido bíblico- sino un mundo donde se puede odiar a quien es diferente a mí porque pone en entredicho lo que  yo creo. Y si ese odio que cada día voy introduciendo en otras personas, les hace abandonar la comunidad cristiana, o incluso lanzarse un día por un barranco, pues que le vaya bien, yo no me voy a replantear nada de nada.

No somos tan importantes, no somos a las primeras que les ocurre lo mismo -aunque esto no haga menos dolorosa la situación-, han puesto en el centro del debate nuestros afectos, nuestra manera de entendernos, o nuestras prácticas sexuales, porque son incapaces, no les conviene, o simplemente no les apetece, replantearse cómo es posible que su odio se sienta tan confortable y justificado dentro de sus teologías. Y en este punto deberíamos ser inflexibles, no dejando que se nos ponga en un lugar que no nos corresponde, en ningún caso. Y diciendo bien claro que lo que predican nada tiene que ver con el evangelio, que no hay pacto posible entre el odio y el seguimiento de Jesús. Que lo suyo no es cristianismo literalista, fundamentalista, o conservador. Porque, y esto hay que decirlo clarito: lo suyo no es cristianismo.

Carlos Osma

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Espiritualidad 2024, Fundamentalismo, Homofobia, Literalismo

De su blog Homoprotestantes:

Aunque algunes vivamos cómodas en nuestra burbuja cristiana, formando parte de comunidades donde lo queer es un valor que suma a todos, la realidad de la inmensa mayoría de cristianas queer pasa por otro lugar: por la influencia de discursos, teologías, prácticas y experiencias que las denigran. Y eso no lo deberíamos olvidar. Aunque algunes se sitúen por encima del bien y del mal, o lo que es peor, de la realidad, para decirnos que ya tenemos todo lo que queríamos, que bajemos la voz y que respetemos a quienes piensan diferente a nosotres, tendríamos que levantarla aún más para decirles que no, que no queremos un trozo de pastel, que lo queremos todo, y para todes. Y que cada uno puede pensar lo que quiera, y cuanto más diferente a nosotras mejor, pero no estamos dispuestes a que sus pensamientos impacten negativamente sobre nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra fe: sobre nuestra vida.

El otro dia un joven cristiano que procede de un entorno fundamentalista, me explicó que sentía atracción per personas de su mismo sexo y que estaba intentando mantenerse célibe para ser fiel a Jesús, aunque reconocía que le era imposible y eso le hacía sentir muy culpable. Cada vez que hablo con alguna persona que me cuenta algo parecido -lamentablemente muy a menudo- es como si retrocediera treinta años, y siento como si el tiempo -y la mente- se hubiera congelado en fundamentalandia. Después, me envió un vídeo de Itiel Arroyo, que parece ser es uno de los influencers del fundamentalismo hispano en este momento, donde en una entrevista animaba a los hombres que tienen atracción hacia otros hombres a mantenerse célibes para ser fieles a Jesús. Todo esto envuelto en el discurso queerfóbico clásico de que una cosa es la ideología queer -a la que se debe oponer todo cristiano- y otra las personas con atracción hacia personas de su mismo sexo -obviando el concepto de orientación sexual- a las que hay que acoger para ayudarlas a superar su trauma -que evidentemente no está producido por la discriminación, sino por algún problema infantil con sus padres-.

Sí, en nuestra burbuja cristiana este discurso es todo menos cristiano, y se basa en la ignorancia sobre el ser humano y sobre la Biblia. Pero en la realidad de muchas cristianes hoy, es la Verdad bajada del cielo y revelada por profetas como Itiel Arroyo: «Renuncio con dolor a acostarme con otras mujeres, a ser adúltero. Renuncio a esos deseos porque he encontrado un deseo superior que es Jesucristo. De la misma forma que yo renuncio a esas cosas que deseo, la gente que tiene atracción hacia personas del mismo sexo, debe plantearse: ¿estoy dispuesto a renunciar a este deseo por amor a Jesús? Jesús puede ser suficiente para ti».

Y podemos reírnos al escucharlo, y decirle a Itiel Arroyo que los pactos en su matrimonio deberían también incluir a su mujer. O jugar al psicoanálisis barato como él -aunque intuyo que nos saldrá caro- e invitarle a sentarse en un diván para descubrir cómo ha construido él ese deseo superior al que llama Jesucristo -no vaya a ser una proyección de sus prejuicios-. Podemos enfadarnos y preguntarnos de dónde se saca este señor que Jesús quiso que las personas queer renunciáramos a mantener relaciones afectivas sanas, saludables y activas, por amor a él -o si más bien lo que pretende es que renunciemos nosotras para no tener él que renunciar al literalismo bíblico, y que su teología desfasada pueda seguir manteniéndose en pie-. O relativizarlo todo, y decir que la culpa en el fondo no es de Itiel Arroyo, que personas como estas siempre las ha habido y siempre las habrá, sino de quienes están dispuestes a hacerle caso. Pero estaríamos pasando por alto hasta qué punto influye el entorno de las personas que escuchan a estos predicadores de la queerfobia, y como puede impactar en sus relaciones familiares, de amistad, o incluso laborales, el oponerse a estos discursos.

Donde yo he dicho Itiel Arroyo, estoy convencido de que entre todas podríamos decir decenas, cientos, miles de nombres de cristianos católicos, ortodoxos, evangélicos, con el mismo discurso. Y únicamente necesitamos multiplicar el número de esos nombres por diez, por cien, para entender la magnitud de dolor que ha producido y sigue produciendo el discurso queerfóbico fundamentado en el pseudocristianismo fundamentalista. Aunque lo importante no es poner un número, sino caras, porque la cosa se entiende mejor cuando una persona te mira a los ojos para explicarte su sufrimiento por no poder liberarse del odio que estos profetas han introducido dentro de ella.

Nuestra burbuja cristiana queerfriendly seguro que no ha sido fácil de construir, ni de mantener, pero las burbujas acaban siempre por explotar, y nos dejarán en algún momento a la intemperie. Por eso es importante construir sobre roca, con estructuras firmes y resistentes, a prueba de terremotos y huracanes integristas y fundamentalistas. Y para eso es imprescindible la apertura, los brazos abiertos de la inclusión de quienes han sido expulsados de otras comunidades, el botiquín del evangelio del amor para curar las heridas, la fraternidad para que todes seamos una. Pero también es necesaria la denuncia, no podemos mantenernos calladas ante el daño que la mayor parte de las comunidades cristianas, guiadas por personas profundamente queerfóbicas y que dan cobertura a influencers del odio, están generando en tantas y tantas personas.

Si Itiel Arroyo -o cualquier otro- necesita apelar al Jesucristo queerfóbico que se ha construido para no ser infiel a su mujer, nosotres le respetamos, es su decisión. Pero que a eso no le llame evangelio, ni lo imponga como un modelo a seguir para las personas queer. Para nosotres el evangelio pasa por la libertad, por la comunidad de la diversidad, por el Jesús que Ɐmaba a uno de sus discípulos, por el Jesús que nos ama a todes sus discípules y no nos exige sacrificios absurdos como renunciar al sexo o al amor. Lo que predican personas como Itiel Arroyo no es evangelio, tiene un nombre: odio. Y si con algo deberíamos ser intolerantes las cristianas, es con el odio.

Carlos Osma

El Discípulo Que[er] Jesús ∀maba

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Espiritualidad, General, Homofobia/ Transfobia. 2024, Denuncia, Evangelicalismo, Homofobia

Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Nueve hombres fueron condenados a muerte por un tribunal hutí de Yemen en un juicio masivo basado en cargos “dudosos” de sodomía, afirmó una organización de derechos humanos.

El movimiento hutí, oficialmente conocido como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen en los años 1990. Los militantes hutíes controlan gran parte del país y son conocidos por perseguir a las personas LGBTQ+ mediante arrestos arbitrarios, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, amenazas y acoso.

En el juicio, que supuestamente tuvo lugar el 23 de enero, se condenó a 32 hombres. Nueve de ellos fueron condenados a muerte, que incluyen crucifixión y lapidación, mientras que 23 fueron enviados a prisión por períodos de hasta 10 años. Tres de estos hombres también fueron condenados a azotes públicos.

Al comentar sobre la situación, Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch en Yemen y Bahréin, calificó el juicio masivo como un “aborrecible desprecio por el Estado de derecho”.

“Los hutíes están dictando sentencias de muerte y sometiendo a hombres a malos tratos públicos sin una apariencia de debido proceso. Los hutíes están utilizando estas medidas crueles para distraer la atención de su incapacidad para gobernar y satisfacer las necesidades básicas de la población de sus territorios”.

“Para encubrir su brutalidad, los hutíes están acusando a la gente de actos inmorales, especialmente a quienes se oponen a ellos”, continuó Jafarnia.

“Los hutíes deben poner fin inmediatamente al uso de la pena de muerte y otras formas de castigos crueles y degradantes y garantizar el debido proceso a los acusados”.

Human Rights Watch revisó los documentos oficiales de acusación contra los hombres emitidos por el tribunal hutí, así como vídeos de los procedimientos judiciales publicados en las redes sociales y entrevistó a un abogado con conocimiento del caso.

La organización concluyó que hubo violaciones del debido proceso en Yemen, incluidas la falta de órdenes de arresto por parte de agentes de policía y registros y confiscaciones ilegales de los teléfonos de los hombres.

El abogado también cuestionó si los hombres acusados de los crímenes tenían acceso a asistencia letrada.

Las conclusiones de Human Rights Watch siguen a informes anteriores de febrero de que 13 hombres fueron condenados a muerte por delitos relacionados con la homosexualidad.

Las sentencias de muerte se dictaron en Ibb, una zona controlada por los rebeldes hutíes, y Jafarnia dijo en ese momento que mientras “el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo”, los hutíes “están intensificando sus abusos en casa”.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

En el centro, un desfile de combatientes hutíes. Arriba a la izquierda, el ayatollah Ali Khamenei, líder supremo iraní. A la derecha, Mohammed Bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews/Cristiaois Gays

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El Tribunal Constitucional de Uganda, ha confirmado el draconiano proyecto de ley contra la homosexualidad del país.

Cómo la ultraderecha cristiana occidental ejerce influencia en la cruzada anti-LGTBI en Ghana

Grupos como el Congreso Mundial de las Familias o CitizenGO azuzan desde hace años la homofobia en el país africano, cuyo Parlamento aprobó en febrero una ley que criminaliza la homosexualidad. La estrategia pasa por persuadir a la población local de que son los guardianes de la ortodoxia religiosa

El proyecto de ley aprobacdo por el parlamento de Uganda en marzo, que conlleva la pena de muerte por “homosexualidad agravada”, estaba siendo impugnado ante los tribunales por activistas que argumentaban que viola los derechos constitucionales de los ciudadanos a la igualdad y la dignidad.

“Nos negamos a anular la ley contra la homosexualidad de 2023 en su totalidad, ni otorgaremos una orden judicial permanente contra su aplicación”, dijo sobre la decisión el vicepresidente del Tribunal Supremo y presidente del tribunal de Uganda, Richard Buteera.

Sin embargo, el tribunal sí encontró que ciertas partes de la ley violan el derecho de los ciudadanos a la salud y que es “incompatible con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

En reacción a la noticia, el abogado de derechos humanos Nicholas Opiyo dijo que el tribunal base “la decisión en sentimientos públicos, supuestos valores culturales y acusaciones infundadas/sin fundamento de reclutamiento en la homosexualidad es, por decir lo menos, extraño”.

El tribunal dictó sentencia sumaria y se negó a anular la ley contra la homosexualidad de Uganda.

 “No estamos de acuerdo con los hallazgos, pero esperamos recibir su razonamiento detallado y consultarnos sobre nuestros próximos pasos”, dijo. Añadiendo: “Uno viene a la corte esperando que supere la intolerancia y los sentimientos públicos. En ese sentido, es una decepción, pero veremos qué próximos pasos se pueden tomar”.

El activista Steven Kabuye,  que recientemente fue apuñalado y abandonado frente a su casa al tomarlo por muerto, dijo que la decisión significa que la comunidad LGBTQ+ en el país ha sido “empujada aún más en la oscuridad” y que el precio de la libertad para un ugandés LGBTQI+ común y corriente es la muerte”.

¿Cuál es la factura?

El proyecto de ley contra la homosexualidad recibió la aprobación del presidente del país,  Yoweri Museveni, en mayo de 2023 y se basó en leyes ya duras que criminalizan el sexo gay, convirtiéndose en una de las leyes anti-LGBTQ+ más estrictas del mundo.

El Parlamento aprobó una versión anterior del proyecto de ley en marzo que tenía disposiciones que buscaban castigar a las personas simplemente por identificarse como parte de la comunidad LGBTQ+, pero esta cláusula fue eliminada posteriormente por los legisladores en mayo, después de que Museveni devolviera el proyecto de ley al parlamento para su reconsideración.

La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos.  Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados.

En respuesta, grupos de derechos humanos y activistas LGBTQ+ criticaron el proyecto de ley como “una legislación vil y mortal” que no hará “nada para mejorar Uganda o las vidas de los ugandeses”.

Estados Unidos también dijo que el país tiene la intención de cortar los lazos económicos con Uganda tras la implementación del proyecto de ley contra la homosexualidad, y el presidente Joe Biden escribió que planeaba poner fin a las relaciones económicas por las “graves violaciones” de los derechos humanos. Después de que Uganda aprobara su ley, el presidente Joe Biden pidió su derogación inmediata y amenazó con recortar la ayuda estadounidense a Uganda en respuesta. El Departamento de Estado emitió una advertencia de viaje a los ciudadanos estadounidenses, instándolos a reconsiderar sus viajes al país debido a la legislación y otros delitos locales y actos terroristas. En junio, Estados Unidos emitió una primera ronda de restricciones de visas para funcionarios ugandeses. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”.

Uganda presentó su primer procesamiento importante en virtud de la ley en septiembre, acusando a un activista “ex-gay” que promovió la ley de mantener relaciones sexuales homosexuales consensuadas. Si es declarado culpable, el activista podría enfrentarse a cadena perpetua.

Desde que se aprobó la legislación, ha habido  aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. en Uganda, según un informe de un comité de la coalición Convención por la Igualdad (CFE).

El informe, visto por Reuters, denuncia 306 violaciones de derechos en Uganda basadas en la orientación sexual y la identidad de género de las víctimas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2023.

En particular, el informe afirma que la lista no puede considerarse exhaustiva debido a las dificultades que enfrentan las personas LGBTQ+ para denunciar abusos anti-LGBTQ+.

La Casa Blanca condena al Tribunal Constitucional de Uganda por defender la ley de “matar a los gays”

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, denunció la decisión del Tribunal Constitucional de Uganda de ratificar la Ley Antihomosexualidad de la nación de África Oriental.

La ley, que se aprobó en 2023, enfrentó un desafío constitucional a fines del año pasado por parte de dos profesores de derecho de la Universidad Makerere en Kampala, quienes argumentaron que viola los derechos fundamentales garantizados en la constitución de Uganda, incluida la libertad de discriminación y el derecho a la privacidad.

El tribunal superior del país confirmó la ley, que castiga las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo con cadena perpetua y la “homosexualidad agravada” con la muerte. Partes de la ley –incluida una disposición que tipifica como delito no denunciar actos homosexuales a las autoridades– fueron anuladas por el tribunal por ser “incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión”.

“El anuncio de que el Tribunal Constitucional ha eliminado algunas disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad de Uganda es un paso pequeño e insuficiente para salvaguardar los derechos humanos”, dijo Jean-Pierre en la rueda de prensa de ayer en la Casa Blanca. “Como ha dicho el presidente una y otra vez, nadie debería vivir con miedo constante ni ser sometido a violencia o discriminación. Está mal. Seguiremos trabajando para promover el respeto de los derechos humanos para todos en Uganda y también en todo el mundo”.

El presidente Joe Biden pidió que la ley fuera inmediatamente derogada cuando fue aprobada en mayo pasado y también eliminó a Uganda de un pacto comercial de 2000 conocido como Ley de Oportunidades y Crecimiento Africano (AGOA). La administración de Biden dice que contribuye a la persecución anti-LGBTQ+, pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Uganda, Henry Okello Oryem, acusó a las naciones occidentales de intentar “coaccionarnos para que aceptemos relaciones entre personas del mismo sexo utilizando ayuda y préstamos”.

Las Naciones Unidas y los grupos de ayuda internacionales también condenaron la ley, preocupados de que pudiera revertir décadas de progreso contra el SIDA en África. Después de que Uganda aprobara la ley, el Banco Mundial comenzó a suspender todos los préstamos a Uganda.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, también denunció la decisión del tribunal.  “Estados Unidos sigue estando profundamente preocupado por los informes de abusos a los derechos humanos en Uganda, incluso contra la comunidad LGBTQI+”, dijo Blinken en un comunicado. “Las disposiciones restantes de la AHA plantean graves amenazas al pueblo ugandés, especialmente a los ugandeses LGBTQI+ y sus aliados, socavan la salud pública, reprimen el espacio cívico, dañan la reputación internacional de Uganda y perjudican los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera”.

El representante Mark Takano (D-CA) dijo en un comunicado que estaba “indignado” por la decisión del tribunal y elogió a la administración Biden por “enviar un mensaje claro, tanto a través de la retórica como de la política, de que esta ley es fundamentalmente inhumana. Estoy indignado por el fallo del Tribunal Constitucional de Uganda que confirma una ley que despoja a los ugandeses LGBTQ de su dignidad, libertad y, en algunos casos, de sus vidas”, dice el comunicado. “Es una vergüenza y un retroceso profundamente inquietante para los derechos humanos en la región. Esta ley draconiana añade una capa completamente nueva de discriminación sistemática patrocinada por el Estado además de lo que los ugandeses LGBTQ ya enfrentan: marginación social, violencia policial, desalojos, pérdida de empleo, acoso, agresión e incluso asesinato”.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

***

Fuente PinkNews/LGBTQNation/Cristianos Gays

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Se trata del primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en el país el pasado noviembre

La Justicia rusa ha dictado prisión preventiva para dos personas que trabajan en un bar para homosexuales –encargadas de la dirección artística y la administración– tras acusarlas de extremismo, el primer caso penal con este cargo desde que el movimiento LGTBI fuera declarado extremista en este país.

Según el portal EAN News, la vista judicial en un tribunal de la ciudad de Oremburgo se llevó a cabo este miércoles a puertas cerradas y los periodistas pudieron acceder a la sala solo durante la lectura del fallo. Podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión si son declarados culpables, según apuntan varias informaciones.

“El tribunal adoptó una medida preventiva para el director artístico y el gerente del bar Pose”, dice el tribunal en un comunicado, en el que detalla que permanecerán bajo custodia hasta el 18 de mayo. Según informa el Moscow Times, el director de arte está acusado de seleccionar artistas drag para sus actuaciones y el gerente del bar de grabar dichas actuaciones. Los medios rusos identifican a los detenidos como un hombre y una mujer, Alexander Klimov y Diana Kamilyanova.

The manager Diana Kamilyanova & art manager Alexander Klimov of gay bar Pose were arrested & sent to pre-trial detention today for “organising an LGBT movement cell”. They might get up to ten years imprisonment under the law on extremist organisations pic.twitter.com/6BYdSoMeO8

— OVD-Info English (@ovdinfo_en) March 20, 2024

Este mes, la policía efectuó una redada en un bar, donde se celebraban espectáculos drag. Más tarde el Ministerio del Interior informó de haber “frustrado la actividad de un club nocturno, donde se reunían representantes de un movimiento prohibido en Rusia”. Las autoridades afirman que en el establecimiento “se hacía propaganda del movimiento LGTB, prohibido en Rusia”.

Durante la redada, la policía y miembros de un grupo nacionalista local, que habían informado sobre el club, obligaron a los clientes e invitados a tumbarse boca abajo en el suelo y a las drag queens que actuaban las mantuvieron semidesnudas mientras les confiscaban sus trajes y pelucas, explica Amnistía Internacional.

Ofensiva anti-LGTBI

El Tribunal Supremo de Rusia ilegalizó en noviembre de 2023 al “movimiento LGTBI internacional”, que describe de manera vaga, al considerarlo una “organización extremista” a petición del Ministerio de Justicia. La medida prohíbe la propaganda, la publicidad, el generar interés y animar a integrar las filas del movimiento LGTB, recoge la Agencia EFE. Según denuncia Amnistía Internacional, las redadas policiales en establecimientos de ambiente LGBTI, incluidos bares, clubes y saunas, han aumentado en Rusia después de esta sentencia.

“Lo que las personas LGBTI y los activistas de derechos humanos temían desde finales del año pasado se ha hecho realidad. Las fuerzas del orden rusas, envalentonadas por la vergonzosa sentencia del Tribunal Supremo que declaró ‘extremista’ a un inexistente ‘movimiento internacional LGTBI’, han abierto su primer caso de ‘extremismo’ relacionado con lo LGBTI”, denuncia Natalia Zviagina, directora de Amnistía Internacional Rusia.

“La comunidad internacional debe pedir a las autoridades rusas que revisen la homófoba sentencia del Tribunal Supremo y pongan fin de inmediato a la persecución de las personas LGTBI. Es imperativo garantizar que todos los derechos humanos sean disfrutados por todos sin excepción”, dice.

En noviembre de 2022, la Duma (cámara de diputados) aprobó una ley que prohibía totalmente lo que denomina la propaganda LGTB y el cambio de sexo. Además, en junio prohibió las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad trans.

Como telón de fondo, el Kremlin ha intensificado aún más la retórica ultraconservadora desde que lanzó su invasión de Ucrania, presentando el conflicto como una batalla contra Occidente y sus valores liberales.

Las autoridades rusas alegan que no hay discriminación ni persecución de la comunidad homosexual en el país y que la prohibición de las manifestaciones públicas de dicho colectivo responde a los valores morales de Rusia.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicaciónLGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa, Iglesias Reformadas (Calvinistas) AEGIS, Alexander Klimov, Amnistía Internacional, Artyom P., Consejo de la Federación (Rusia), Diana Kamilyanova, Discriminación, Drag Queen, Duma, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Ortodoxa, Irina Mossina, LGTBIfobia, Natalia Zviagina, Nizhni Nóvgorod, Oremburgo, Patriarca Kyrill, Pervy Otdel, Rusia, Saratov, T ransfobia, Tribunal Supremo (Rusia), Vladimir Putin, Volgogrado

Dos tribunales rusos ya han sentenciado sendos casos en los que han aplicado la reciente resolución del Tribunal Supremo que declaraba al «movimiento LGTBI internacional» como organización extremista. Como la exhibición de símbolos de este tipo de organizaciones está penalizada, la publicación online de fotografías de la bandera LGTBI o unos accesorios con un arcoíris han sido suficientes para condenar a dos personas en los tribunales. Un tercer caso se espera que quede resuelto en pocos días.

Una vez que el pasado 30 de noviembre de 2023 el Tribunal Supremo ruso incluyese al inexistente “movimiento LGTBI internacional” dentro de las organizaciones extremistas, comienzan a sucederse las detenciones y sentencias por la exhibición de símbolos de ese movimiento ficticio.

El martes 30 de enero, Artyom P. fue condenado a una multa de 1000 rublos (10 euros) por un tribunal de Volgogrado. Su delito fue publicar en la red una fotografía de la bandera LGTBI, que el tribunal consideró «un símbolo de una organización extremista». El castigo fue leve por la aceptación del delito por parte del acusado y las muestras de arrepentimiento.

En el otro caso, sentenciado el lunes 29 del mismo mes por un tribunal de Nizhni Nóvgorod, al este de Moscú, una mujer fue condenada a 5 días de detención administrativa tras la delación de un ciudadano. Según la organización de defensa de los derechos LGTBI Aegis, un hombre había exigido a la acusada, que se encontraba en una cafetería, que se quitase unos pendientes en forma de rana con la imagen de un arcoíris. Tras que el delator publicase en Internet un vídeo con imágenes de lo sucedido, la mujer fue llamada por la policía y tuvo que presentarse en comisaría.

El caso pendiente de sentencia afecta a la fotógrafa de 33 años Irina Mossina, cuyo juicio comenzó el 30 de enero en la región de Saratov. Según la ONG Pervy Otdel, la fotógrafa está acusada de publicar en sus redes sociales varias fotografías de la bandera LGTBI, lo que, de nuevo, es considerado como difusión de símbolos de una organización extremista. La investigación comenzó por parte un agente del departamento de lucha contra el extremismo, que pudo ver las fotografías del emblema LGTBI en la cuenta de Instagram de Mossina. A pesar de que esta red social está prohibida en Rusia, se puede acceder a través de VPN.

La ONG arguye que la citada sentencia del Tribunal Supremo no debe aplicarse en este caso, puesta que la investigación comenzó antes de que se publicase. También estima que el trabajo de Mossina en redes sociales es «una exposición digital de su obra, y la representación de la bandera arcoíris es una elección artística». La artista se enfrenta a una pena de hasta 15 días de detención administrativa.

La situación legal del colectivo LGTBI en Rusia

Con el inestimable apoyo de la Iglesia ortodoxa, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó por primera vez una ley que prohíbe la llamada “propaganda gay” en Rusia en junio de 2013: la llamada ley contra la «propaganda homosexual ante menores». La ley buscaba aparentemente “proteger a los niños” de cualquier “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, como se establece en el texto de la ley. La nueva ley extiende las restricciones no solo a los niños sino también a los rusos de todas las edades. Desde entonces, la legislación rusa ha seguido empeorando respecto a la situación de las personas LGTBI. La ley se ha utilizado principalmente para silenciar a organizaciones activistas, eventos, sitios web y medios de comunicación LGBTQ+, así como para separar familias y acosar a maestros. También ha sido rotundamente condenado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los grupos de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como activistas de derechos civiles en todo el mundo.

El objetivo siempre ha sido invisibilizar la lucha por los derechos LGTBI y la mera existencia del colectivo. Cualquier información positiva sobre las orientaciones sexuales “no tradicionales” o de las distintas identidades de género quedaron marcadas como ilegales, se reprimieron y se castigaron con fuertes multas económicas. La marcha  del Orgullo quedó prohibida, las banderas arcoíris o trans fueron vedadas en público y sus portadores fueron detenidos, sancionados e incluso temporalmente encarcelados.

Los observadores de derechos humanos dicen que la ley, que también prohíbe que las personas compartan “ideas distorsionadas sobre el valor social igual de las relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales”, se ha utilizado para reprimir la libertad de expresión de las personas LGBT +, y alimentó un aumento en retórica homofóbica en el país.

En 2017, Putin afirmó que es su “deber” evitar que las personas homosexuales se casen para que las personas normales tengan más bebés. En ese mismo 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que la ley es discriminatoria. Los jueces escribieron: “Al adoptar tales leyes, las autoridades reforzaron el estigma y los prejuicios y alentaron la homofobia, que era incompatible con los valores de una sociedad democrática”.

El mismo tribunal también determinó que Rusia estaba violando los derechos humanos de las personas LGBT + por la prohibición de los eventos de Orgullo en 2018 y por las acciones para bloquear el registro de grupos LGBT + en 2019.

En 2018, un informe de la Human Rights Watch confirmaba que la ley contra la “propaganda gay” de Rusia es un peligro.

Pero todo empeoró en diciembre de 2022, cuando Putin firmó una ley que amplía la prohibición del país de la “propaganda” LGBTQ+. La ley recién firmada prohíbe efectivamente cualquier expresión pública de la vida LGBTQ+ en Rusia al prohibir “cualquier acción o difusión de cualquier información que se considere un intento de promover la homosexualidad en público, en línea o en películas, libros o publicidad”, informó Reuters.

La ley fue  aprobada por unanimidad en las dos cámaras del Parlamento ruso. Se eliminaba el requisito de que la “propaganda” fuera realizada ante menores y, de ese modo, se prohibió cualquier manifestación, información o creación que mostrase “relaciones no tradicionales” de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades de género a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans fueron castigados con fuertes sanciones. De hecho, la reforma de la ley supuso la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se consideraron “agentes extranjeros” o traidores a la patria, en una situación de guerra tras la brutal invasión de Ucrania.

El siguiente ataque a los derechos LGTBI fue dirigido específicamente y con absoluta crueldad contra el colectivo más vulnerable: las personas trans. El 31 de mayo de 2023, fue presentado un proyecto de ley en la Duma (la cámara baja del Parlamento ruso) en el que se establecía la prohibición de cualquier tratamiento médico, tanto farmacológico como quirúrgico, para la reasignación de género. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara el 19 de julio, tras las tres lecturas pertinentes, por unanimidad de los representantes, dejando patente una vez más que el supuesto pluripartidismo del régimen autocrático ruso es una mera pantomima. Ese mismo día, se sometió a votación en el Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento). Se habían introducido varias enmiendas al texto inicial, que incluían la anulación de los matrimonios en los que uno de los cónyuges hubiera cambiado su sexo registral, así como la prohibición de que estas personas pudieran adoptar o acoger a niños. Tan solo unos días después, el 24 de julio, la ley era promulgada por el presidente Vladimir Putin. Desde esa fecha, las personas trans rusas dejaban de existir legalmente.

Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, en una sesión a puerta cerrada, el Tribunal Supremo ruso falló a favor de la demanda del Ministerio de Justicia que acusaba al “movimiento LGTBI” de incitar a la discordia social y religiosa. La sentencia del alto tribunal calificaba al “movimiento LGTBI internacional” como “organización extremista”, poniendo en peligro cualquier forma de activismo o visibilidad de las personas LGTBI rusas. La legislación penal rusa castiga con hasta 12 años de cárcel el hecho de participar en una organización declarada como extremista, así como su financiación. Cualquier persona que exhiba símbolos de tales grupos se enfrenta a hasta 15 días de detención en la primera ocasión y hasta cuatro años de prisión si es reincidente. Existe una «lista de extremistas» en la que las autoridades incluyen a las personas sospechosas de estar implicadas en ese tipo de organización. Sus cuentas bancarias pueden ser congeladas y se les prohíbe presentarse a cargos públicos.

Como el supuesto “movimiento LGTBI internacional” no existe en realidad como organización, las corruptas autoridades judiciales podrán procesar arbitrariamente a cualquier persona por cualquier actividad relacionada con los derechos LGTBI. Si la ley contra la “propaganda homosexual” establecía fuertes sanciones administrativas a la visibilidad LGTBI, la sentencia del Tribunal Supremo la convirtió en un delito grave penado con dureza.

En esta coyuntura, no podemos olvidar el papel fundamental que está ejerciendo la Iglesia Ortodoxa Rusa. Y ponemos dos ejemplos:

Recientemente, el patriarca Kirill llamaba a Rusia a luchar contra Occidente, al que calificaba como  el “Anticristo”: la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”,

El patriarca Moscú, Kirill I, ha llamado a Rusia a luchar contra el “mal” de Occidente. “Es muy importante que nuestro país sea capaz de liderar la resistencia contra -diré ahora una palabra increíble- el Anticristo“, afirmó el líder de la Iglesia ortodoxa rusa en la cámara alta del Parlamento, el Consejo de la Federación. Hay que defenderse de la llegada del “mal”, aseveró quien se ha convertido en uno de los principales aliados del presidente Vladimir Putin.

Según Kirill, las élites de los países occidentales se basan en valores anticristianos y están embarcados en lo que considera un proceso para disolver la herencia cristiana. “Hoy en día, las élites occidentales están librando una guerra contra la institución de la familia tradicional, por supuesto con el pretexto del respeto a los derechos humanos y la libre elección”, afirmó el jerarca, criticando, como ya ha hecho en otras ocasiones, la ideología de género, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo y la “propaganda a favor del cambio de sexo”, según informa Katholisch.

“La casa europea, para decirlo con palabras del Evangelio, se parece cada vez más a un ataúd pintado, que se ve hermoso por fuera, pero por dentro está lleno de huesos de un hombre muerto y todo tipo de suciedad“, abundó en su descripción del declive de Occidente, en su opinión. El edificio impresiona por su lujo, “pero los cimientos son irremediablemente débiles y los muros de carga están al borde del colapso”.

En febrero de 2023 la Iglesia Ortodoxa Rusa rompía con las «iglesias» que aceptan el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha cortado los lazos con las iglesias occidentales que han aprobado el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Entre ellas figura la Iglesia de Inglaterra, de donde nació la comunión anglicana. comunidades de las iglesias luteranas de Suecia, Noruega y la Iglesia Episcopal de EE.UU., de base anglicana.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa AEGIS, Artyom P., Consejo de la Federación (Rusia), Discriminación, Duma, Homofobia, Iglesia Ortodoxa, Irina Mossina, LGTBIfobia, Nizhni Nóvgorod, Patriarca Kyrill, Pervy Otdel, Rusia, Saratov, T ransfobia, Tribunal Supremo (Rusia), Vladimir Putin, Volgogrado

Recapitulando con más información:

Tras la promulgación de una de las leyes contra la diversidad sexual y de género más duras del mundo en primavera de 2023, la comunidad LGTBI de Uganda, se enfrenta a las difíciles consecuencias de la persecución de Estado. La legislación discriminatoria castiga con cadena perpetua las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, condena «la promoción de la homosexualidad» con hasta 20 años de cárcel y la «homosexualidad agravada» con la pena de muerte. Esta situación pone en grave riesgo la estrategia de control del VIH en este país africano. Activistas, personas que viven con el VIH y otras en situación de riesgo ya están sufriendo los efectos de la represión LGTBIfóbica y de la sinrazón de la criminalización del colectivo.

El pasado 29 de mayo, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, firmó la «Ley contra la Homosexualidad 2023». Solo tres meses después, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada», un «delito» que se castiga con la pena de muerte. Se le acusó de «relaciones sexuales ilegales con un hombre de 41 años» y está en prisión preventiva, aunque en su orden de detención no se especificaban los motivos por los que se considera «agravamiento» en su caso. La abogada del joven ha valorado que se trata de una «ley inconstitucional» en su conjunto. De hecho, distintas organizaciones a favor de los derechos humanos la recurrieron en diciembre.

Steven Kabuye, director ejecutivo del grupo de defensa Colored Voice Truth to LGBTQ, que ha sufrido amenazas de muerte desde marzo debido a su sexualidad, se grabó en el suelo, aferrándose a la vida, tras ser apuñalado repetidamente por asaltantes desconocidos en el exterior de su casa. Ahora está recibiendo atención fuera de Uganda. Pero Kabuye dice que la policía parecía más centrada en que era gay que en el ataque.

Violación de los derechos humanos

Para Amnistía Internacional, «La Ley contra la Homosexualidad viola las obligaciones a las que está sujeta Uganda en virtud de su propia legislación y del derecho internacional, como las obligaciones derivadas del capítulo 4 de la Constitución ugandesa, que protege los derechos a la igualdad, a no sufrir discriminación, a la protección de la libertad personal, a la protección frente a los tratos crueles o degradantes, y a la intimidad. Además, la Ley viola disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que prohíben la discriminación, los tratos crueles o degradantes y las detenciones arbitrarias».

Según recoge esta organización, además, esta ley «viola varias disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Declaración Universal protege el derecho de toda persona a expresarse libremente, así como el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. Al igual que la Carta Africana, la Declaración Universal prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la detención, la reclusión o el exilio arbitrarios, y las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia de una persona. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene disposiciones similares en sus artículos 2, 7, 9 y 17».

Por su parte, un grupo de expertos de la ONU describió la ley como una «violación de los derechos humanos». Asimismo, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el proyecto de ley como «discriminatorio, probablemente el peor de este tipo en el mundo».

En una encuesta realizada en 2022 por Afrobarómetro, una red apartidista de investigación, se puso de manifiesto que el pueblo ugandés es muy tolerante con las personas de diferentes etnias y religiones, pero muy intolerante con la diversidad sexual y de género. Cerca del 97% se declaraba a favor de leyes que penalizaran la homosexualidad y el 94% afirmaba que denunciaría a un familiar o amigo gay a la policía. Más de la mitad de los 54 países del continente africano tienen leyes anti LGTBI. Quienes promueven estas medidas las consideran una manera de «deshacerse de un vestigio de la dominación colonial». Sin embargo, la realidad ugandesa es que ley contra la sodomía de 1950 fue aprobada durante el dominio colonial de Reino Unido (recordemos que Uganda obtuvo la independencia de este país en 1962).

En grave riesgo la estrategia de control del VIH

A raíz de la legislación discriminatoria contra las personas LGTBI, las organizaciones que trabajan para controlar el VIH en Uganda se están viendo sometidas a innumerables problemas y desafíos, que ponen en riesgo incluso la continuidad de muchas de ellas. Es por ejemplo el caso de la Fundación Foaster para la Salud de Uganda (FFHCU): «Actualmente, la Fundación Foaster se enfrenta a la pérdida de su oficina y espacio de refugio, y estamos recaudando fondos urgentemente para ayudar a pagar su alquiler y asegurarnos de que los miembros de Foaster no pierdan su casa y seguridad». Mientras el director  de la fundación se encontraba en el hospital visitando a un compañero que había sido golpeado, el espacio del refugio fue allanado por la policía y 10 miembros fueron arrestados bajo cargos de homosexualidad.

Escalada de represión al colectivo LGTBI en Uganda

La situación de las personas LGTBI en Uganda, como hemos visto, se ha deteriorado todavía más de lo que ya estaba los últimos años. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

La durísima normativa vigente se remonta a 2016, cuando la presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, perofinalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales, ya vigente, recupera muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Con todo, conviene tener en cuenta que además del marco jurídico desfavorable, la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques discriminatorios arbitrarios. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre de 2019  recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo, como ha acabado ocurriendo.

La Ley contra la homosexualidad de 2023

En febrero de 2023, el Parlamento de Uganda autorizó la presentación de un proyecto de ley que pretendía actualizar la penalización de las relaciones homosexuales. En el memorándum de la presentación del proyecto, se establecía que su pretensión era:

prohibir las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y su «promoción o reconocimiento»,

reforzar las medidas para «hacer frente a las nuevas amenazas a la familia tradicional heterosexual»,

proteger a la cultura ugandesa de los activistas de los derechos sexuales que pretenden imponer sus valores de promiscuidad sexual, y

proteger a los niños y jóvenes vulnerables ante los abusos sexuales derivados de la homosexualidad y actos afines.

Es decir, como es habitual en este tipo de textos represores de la libertad sexual, se ligaba la homosexualidad a la pederastia o abuso de menores, se la declaraba como una amenaza a la familia tradicional e incluso se la consideraba como algo ajeno a la cultura africana.

El primer borrador presentado y llevado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios ya establecía penas de 10 años de prisión por el «delito de homosexualidad», en el que incurrían no solo quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, sino también quienes simplemente se declarasen «lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de masculino y femenino».  También castigaba con la pena de muerte los casos de «homosexualidad agravada», en los que se incluían las relaciones homosexuales de personas que conviven con el VIH.

En la Comisión de Asuntos Jurídicos y Parlamentarios, una mayoría de 30 miembros apoyó el proyecto de ley tal como se había presentado. Tan solo dos miembros disintieron. Expertos en derechos humanos y juristas de prestigio declararon que muchos de los artículos del proyecto eran inconstitucionales. Fue inútil, la mayoría de los miembros de la Comisión estimaron que «la prohibición de la homosexualidad está arraigada en las leyes de Uganda y en nuestras normas y valores culturales más preciados y compartidos». También afirmaron, a pesar de las pruebas en contra, que los medios de comunicación «se han visto inundados recientemente de noticias sobre sodomía y lesbianismo en las escuelas ugandesas» y que «la seducción y el reclutamiento de escolares para la homosexualidad han tomado forma en Uganda».

De esta manera, no solamente dieron su apoyo al proyecto de ley, sino que introdujeron enmiendas que lo endurecían. Mantener relaciones homosexuales se castigaría con la cadena perpetua y con 14 años de cárcel en el grado de tentativa. Aunque desaparecía la mención al VIH en el delito de «homosexualidad agravada», se incluyó el hecho de contraer una «enfermedad terminal» por una de las partes para castigarla con la pena de muerte. También se incluyó la pena de prisión de 10 años para quienes participasen en una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se modificaron las normas del Parlamento para poder apoyar el proyecto de ley sin demora. El 21 de marzo se votaron las dos últimas lecturas, por una mayoría de 387 votos a favor y tan solo 2 en contra.

La nueva norma fue remitida al presidente Yoweri Museveni para su promulgación. Sin embargo, aconsejado por los funcionarios del Ministerio de Justicia y por miembros de su propio partido, Museveni devolvió el texto al Parlamento para que introdujera modificaciones. El presidente requería que no se castigara el mero hecho de identificarse como una persona LGTBI ni tampoco el hecho de no denunciar los actos homosexuales. El Parlamento introdujo las enmiendas necesarias, aunque la no denuncia de los actos homosexuales siguió siendo castigada si una las personas implicadas era vulnerable. El texto final fue aprobado por 348 votos a favor y tan solo 1 en contra.

El 29 de mayo de 2023, el presidente Yoweri Museveni promulgó finalmente la Ley contra la homosexualidad. Destacamos a continuación los artículos que vulneran los derechos humanos de las personas LGTBI, dejando sin citar las penas establecidas para los delitos de violación o el abuso de menores:

• Artículo 2. Delito de homosexualidad
  1. Una persona comete el delito de homosexualidad si realiza un acto sexual o permite que una persona de su mismo sexo realice un acto sexual con ella.
  2. Toda persona que cometa un delito de homosexualidad podrá ser condenada a cadena perpetua.
  3. Toda persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta diez años.
• Artículo 3. Homosexualidad agravada
  1. Una persona que cometa el delito de homosexualidad en cualquiera de las circunstancias especificadas en el apartado (2), comete el delito de homosexualidad con agravantes y puede ser condenada a muerte.
  2. Las circunstancias a las que se hace referencia en el apartado (1) son cuando
     • la persona contra la que se comete el delito contrae una enfermedad terminal como resultado del acto sexual;
     • el delincuente es reincidente;
     • la persona contra la que se comete el delito es de edad avanzada;
  3. Una persona que intente realizar un acto sexual en las circunstancias mencionadas en el apartado (1) comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta catorce años.
• Artículo 6. El consentimiento para cometer un acto sexual no constituye defensa
  • El consentimiento de una persona para cometer un acto sexual no constituirá una defensa frente a una acusación formulada en virtud de la presente Ley.
• Artículo 10. Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo
  1. Toda persona que
     • pretenda contraer matrimonio con una persona del mismo sexo;
     • presida, conduzca, presencie o dirija una ceremonia que pretenda ser un matrimonio entre personas del mismo sexo; o
     • asista o participe a sabiendas en la preparación de un pretendido matrimonio entre personas del mismo sexo, comete un delito y podrá ser condenado a una pena de prisión de hasta diez años.
  2. En esta sección, «matrimonio» significa la unión, formal o informal, entre personas del mismo sexo.
• Artículo 11. Promoción de la homosexualidad
  1. Toda persona que promueva la homosexualidad comete un delito y podrá ser condenada a una pena de prisión de hasta veinte años.
  2. Una persona promueve la homosexualidad cuando
     • anima o persuade a otra persona a realizar un acto sexual o cualquier otro acto que constituya un delito en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas anuncia, publica, imprime, emite, distribuye o hace que se anuncie, publique, imprima, emita o distribuya por cualquier medio, incluido el uso de un ordenador, sistema de información o internet, cualquier material que promueva o fomente la homosexualidad o la comisión de un delito tipificado en esta Ley;
     • proporcione apoyo financiero, ya sea en especie o en efectivo, para facilitar actividades que fomenten la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley;
     • a sabiendas alquile o subarriende, utilice o permita que otra persona utilice cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomenten la homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley; o
     • dirija una organización que promueva o fomente la homosexualidad o la observancia o normalización de conductas prohibidas en virtud de la presente Ley.
  3. Cuando una persona jurídica cometa un delito tipificado en este artículo, el tribunal podrá
     • imponer una multa no superior a cincuenta mil puntos monetarios por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este artículo;
     • suspender la licencia de la entidad por un período de diez años; o
     • cancelar la licencia concedida a la entidad.
• Artículo 14. Obligación de denunciar actos de homosexualidad
  1. Toda persona que sepa o tenga sospechas razonables de que una persona ha cometido o tiene intención de cometer un delito de homosexualidad o cualquier otro delito tipificado en la presente Ley, informará del asunto a la policía para que adopte las medidas oportunas.
  2. Una persona a la que el privilegio le impida realizar una denuncia en virtud del apartado (1) será inmune a cualquier acción derivada de la divulgación de la información sin que se haya obtenido o tenido previamente el consentimiento o la renuncia al privilegio.
  3. Una persona que haga una denuncia a la que se hace referencia en esta sección será tratada como denunciante de conformidad con la Ley de Protección de Denunciantes de 2010 y estará protegida contra la victimización.
  4. Esta sección no se aplicará a un abogado en virtud de la Ley de la Abogacía.

Como hemos señalado anteriormente, tan solo tres meses después de la promulgación de la ley, un joven de 20 años se convertía en el primer ugandés en ser acusado de «homosexualidad agravada»,

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. África, Afrobarómetro, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Colored Voice Truth to LGBTQ, Discriminación, Fundación Foaster para la Salud de Uganda, Homofobia, Lesbofobia, Ley contra la homosexualidad de 2023 (Uganda), LGTBIfobia, ONUSIDA, Steven Kabuye, Transfobia, Uganda, VIH, Violencia LGTBIfoba, Volker Türk, Yoweri Museveni

Cartel emblema del Movimiento Hutí, traducido del árabe:

Dios es el más grande
Muerte a Estados Unidos
Muerte a Israel
Maldición para los judíos

Victoria para el islam

Según la agencia de noticias France-Presse (AFP), una fuente judicial anónima les ha comunicado que 13 personas han sido condenadas a muerte por homosexualidad en Yemen. El tribunal que ha dictado la sentencia está radicado en Ibb, una población controlada por los rebeldes hutíes, de filiación chiita, que aplican la sharía o ley islámica como en el resto del país. En el juicio, del total de 16 acusados, tres de ellos fueron condenados a penas de prisión, y el resto a la pena capital. Según la misma fuente, al menos 35 personas han sido detenidas recientemente en Ibb con cargos semejantes.

El movimiento hutí, conocido oficialmente como Ansar Allah, es una organización política y militar islamista chiita que surgió en Yemen durante la década de 1990. Los militantes hutíes controlan amplias zonas del país, y los recientes ataques del grupo al transporte marítimo del Mar Rojo han provocado represalias tanto de Estados Unidos como del Reino Unido.

Las condenas a muerte se dictaron en Ibb, zona controlada por los rebeldes hutíes. La fuente judicial se puso en contacto con la AFP a principios de este mes de febrero, excusando su anonimato en no tener autorización para hablar con la prensa. Como apoyo a sus declaraciones adjuntó un vídeo, que la AFP aclara que no ha podido verificar independientemente, en el que se observa cómo un juez detalla los cargos contra los acusados antes de la condena pública a muerte: homosexualidad, atentado al pudor, incitación al libertinaje y difusión de imágenes contrarias a la decencia pública.

Según informa la AFP, citando una fuente anónima, otras tres personas fueron encarceladas por cargos similares y otras 35 personas fueron detenidas en la provincia, también por presuntos delitos relacionados con la homosexualidad. .

Las conclusiones del tribunal están abiertas a apelación y no está claro cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones públicas, en todo caso, aunque la sentencia sea firme, esta última no siempre se aplica, pero, según un informe del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos de 2022, los hutíes han condenado a muerte a 350 personas. – 11 de los cuales han sido ejecutados – desde que tomaron la capital de Yemen, Saná, en 2014.

“Los hutíes están intensificando sus abusos en casa mientras el mundo está ocupado observando sus ataques en el Mar Rojo“, dijo a la AFP Niku Jafarnia, investigador de Human Rights Watch.

“Si realmente les importaran los derechos humanos que dicen defender en Palestina, no estarían azotando y apedreando a los yemeníes hasta la muerte”.

Según Amnistía Internacional, los rebeldes siguen atacando a las personas LGBTQ+ con arrestos arbitrarios y torturas, incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual.

Según el Grupo de Expertos sobre Yemen establecido en virtud de la resolución 2140 del Consejo de Seguridad, los hutíes han cometido una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra mujeres y niños. Niños de tan solo 13 años han sido arrestados por “actos indecentes” por supuesta orientación homosexual o “casos políticos” cuando sus familias no cumplen con la ideología o las regulaciones hutíes. Los menores comparten celdas como presos adultos y, según informes fidedignos, los niños recluidos en la comisaría de policía de Al-Shahid Al-Ahmar, en Saná, son violados sistemáticamente.

En 2022, el Consejo de Transición del Sur, una organización secesionista en Yemen del Sur, y los hutíes arrestaron al menos a cinco personas por su negativa a ajustarse a una presentación “masculina” y “femenina” o por su activismo LGBTQ+.

En una ocasión, sacaron de la calle a un hombre queer y lo acusaron de ser un “desviado sexual”. Fue detenido en un vehículo militar y sólo fue puesto en libertad con la condición de que aceptara ayudar a los hutíes a capturar a personas que no se ajustaban a las normas de género. Sin embargo, después de ser liberado se negó y las fuerzas de seguridad le dijeron que lo buscaban para arrestarlo nuevamente.

Miembros de la minoría zaidí, una rama del chiismo, los hutíes han impuesto normas sociales y religiosas muy estrictas, dirigidas especialmente a las mujeres. La aplicación de la sharía, que se extiende a todo el país, conlleva también la penalización de las relaciones homosexuales, en este caso con la mayor severidad y crueldad, hasta castigarla con la pena de muerte.

Bajo las zonas controladas por los hutíes, a las mujeres se les ha impedido viajar sin un mahram (tutor masculino), o prueba escrita de su consentimiento, incluso para recibir atención médica esencial. Mientras tanto, el aumento de las restricciones a los viajes ha afectado la capacidad de las mujeres para trabajar, lo que ha provocado que muchas no puedan acceder a la atención sanitaria y que las trabajadoras humanitarias yemeníes no puedan llegar hasta ellas. Esto también afectó a las operaciones humanitarias de las Naciones Unidas en Yemen, obligando al personal femenino a trabajar en puestos de oficina. Los hutíes utilizan las acusaciones de prostitución como herramienta para difamar públicamente a las mujeres yemeníes, incluidas las de la diáspora que participan en la política, la sociedad civil o el activismo por los derechos humanos, junto con amenazas a personas y familias. Las mujeres detenidas son agredidas sexualmente y han sido sometidas a pruebas de virginidad y, a menudo, se les impide el acceso a bienes esenciales. La tortura de las mujeres detenidas también es llevada a cabo por el Zaynabiyat, el ala policial femenina de los hutíes

Insistimos en recordar que:

Yemen es uno de los seis países donde se aplica de hecho la pena capital para los actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo, junto a Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania y Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía). En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación: Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente PinkNews /Wikipedia

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“Eso es lo que se merecen”, dijo a los periodistas en la empobrecida nación de África Oriental.

El presidente de Burundi alient la violencia homófoba. Évariste Ndayishimiye, en una intervención televisada, hizo a finales de año un llamamiento a la lapidación de las personas LGTBI, en una nueva escalada de la retórica de odio homófobo. Las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas desde 2009 en el país africano, y la situación de la comunidad LGTBI no ha hecho más que empeorar desde entonces. Un reciente informe de Amnistía Internacional denuncia el «entorno hostil» en el que tienen que desarrollar sus vidas.

El presidente de Burundi se unió el viernes al coro de sentimientos anti-LGBTQ+ entre los líderes del África subsahariana al pedir la persecución de los homosexuales en sus países. “Si queréis atraer una maldición al país, aceptad la homosexualidad”, dijo a los periodistas el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, según Reuters.

En un evento en la pequeña nación sin salida al mar al sur de Uganda en la provincia oriental de Cankuzo del país, donde respondió preguntas de periodistas y del público, Ndayishimiye comentó que los homosexuales en su país deberían ser detenidos y llevados a un estadio donde serían apedreados.  La diatriba homófoba se retransmitió por radio y televisión. Ante una pregunta sobre las parejas del mismo sexo, Ndayishimiye tachó la existencia de estas como una «práctica abominable». «Os digo la verdad», prosiguió, «si queréis traer la maldición a un país, hay que dejar casarse a las personas del mismo sexo», apelando a continuación a la leyenda bíblica de Sodoma y Gomorra. «Personalmente, pienso que si se ven ese tipo de individuos en Burundi, habría que ponerlos en un estadio y lapidarlos con piedras. ¡Y eso no sería un pecado para los que lo hicieran!», sentenció Ndayishimiye durante el evento: “Eso es lo que se merecen”, añadió.

Si bien los comentarios del presidente no tienen fuerza de ley, son una indicación de las crecientes actitudes anti-LGBTQ+ entre funcionarios gubernamentales y ciudadanos públicos que se han ido extendiendo en general por toda la región.

La presidencia de Ndayishimiye, que lleva en el poder desde 2020, se ha caracterizado en materia de derechos por la virulencia contra las personas LGTBI. En su discurso de inauguración calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como una «desviación social» y poco después sugirió que los países más afectados por la pandemia de la covid-19 eran los que apoyaban a la comunidad LGTBI. A comienzos del año pasado, hizo un llamamiento a «echar una maldición a las personas que se entregan a la homosexualidad» porque «Dios no puede soportarlo» y «Dios nunca tuvo la intención de [permitir los] matrimonios del mismo sexo».

Burundi, pequeño país africano densamente poblado de mayoría católica (el propio Ndayishimiye es descrito como un «católico ferviente»), sufre desde hace años una preocupante deriva hacia la violencia y la estigmatización de las personas LGTBI. Las relaciones entre personas del mismo sexo, tanto hombres como mujeres, están penadas desde 2009 con multas y hasta dos años de cárcel. Desde entonces se han documentado numerosos casos de arrestos y hostigamiento, que con frecuencia incluyen extorsiones por parte de la policía para conseguir sobornos de sus víctimas. En 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la detención de dos menores de edad por subir a Facebook un vídeo en el que aparecían bailando juntos.

Amnistía Internacional ha publicado recientemente un informe, con el contundente título de Nos enfrentamos a la extinción, en el que analiza la situación de la comunidad LGTBI en doce países africanos. Entre ellos Burundi, sobre el que alerta del clima de hostigamiento creciente y los arrestos arbitrarios. «El marco legal ha creado un entorno hostil para las personas LGTBI en el país, dejándolas vulnerables a la discriminación, el acoso y la persecución», reza el informe, que añade que «los comentarios incendiarios del presidente Ndayishimiye solo han servido para marginalizar y estigmatizar más aún a las personas LGTBI en Burundi».

Al igual que los líderes de las vecinas Uganda y Kenia, Ndayishimiye acusó a las naciones occidentales de imponer los derechos de los homosexuales en África a cambio de ayuda. “Que se lo queden”, dijo.

Los comentarios de Ndayishimiye se producen  tras la aprobación en Uganda de la segunda “Matar a los gays” en marzo, firmada con entusiasmo por el presidente de ese país, Yoweri Museveni, en mayo del año pasado. La ley, oficialmente titulada Ley contra la Homosexualidad, establece la pena de muerte para la “homosexualidad agravada”, definida como actos entre personas del mismo sexo realizados por cualquier persona infectada con VIH o cualquier acto entre personas del mismo sexo que involucre a niños, discapacitados o una víctima coaccionada.

Quienes “promuevan” la homosexualidad en Uganda por cualquier medio, como proporcionar servicios o alquilar espacios a personas u organizaciones homosexuales conocidas, están sujetos a multas y penas de prisión.

Todos menos dos de los 389 miembros del parlamento de la nación de mayoría cristiana votaron a favor del proyecto de ley. Actualmente la ley está siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional del país.

 Tras la firma de Museveni, Estados Unidos anunció restricciones de visas y la expulsión de Uganda de un pacto comercial liderado por Estados Unidos por las “graves violaciones” de los derechos humanos y otros requisitos de elegibilidad del país.

El año pasado, los legisladores de Kenia, introdujeron una copia de la ley “Matar a los gays” que se abrió camino en el parlamento. La ley propuesta incluye la “expulsión de refugiados y solicitantes de asilo que violen la ley” y exigiría “psicoterapia y rehabilitación de delincuentes”, planteando la perspectiva de campos de reeducación y terapias de conversión forzada para personas queer.

La presentación del Proyecto de Ley de Protección Familiar de Kenia se produjo tras una cumbre de legisladores activistas anti-LGBTQ+ en Uganda en marzo organizada por Family Watch International, una organización con sede en Arizona comprometida con la difusión de la ideología anti-LGBTQ+ y antiaborto en todo el mundo. El grupo jugó un papel decisivo en la elaboración del proyecto de ley Kill the Gays original de Uganda en 2009.

A raíz de Uganda y Kenia, la legislación y los procesamientos anti-LGBTQ+ se han extendido a otras naciones africanas, incluidas Ghana, Zambia y Tanzania, donde las autoridades han prometido procesar a cualquiera que sea sorprendido compartiendo contenido LGBTQ+ en línea

Fuente LGBTQNation/Tetû

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. Amnistía Internacional, Burundi, Evariste Ndayishimiye, Facebook, Family Watch International, Ghana, Homofobia, Homofobia institucional, Homofobia/Transfobia, Kenia, LGTBIfobia, Tanzania, Uganda, Zambia

La organización Lambda Valencia ha hecho pública la tercera edición del informe Al Loro!, que analiza la violencia que el colectivo LGTBI ha recibido en redes sociales en el año 2023. Las personas trans son las principales víctimas, recayendo sobre ellas el 49% de los ataques. Dentro de estas, las mujeres son las que se llevan la palma: el 79% de los mensajes de odio contra personas trans se dirigen, en concreto, a ellas. Por tipología de discurso, el más común es el de extrema derecha (48%), seguido del vinculado al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente (22%). Las mujeres (cis y trans) suponen el 60% de las víctimas, seguidas de las personas no binarias (23%) y los hombres (17%). 

El equipo de rastreo ha detectado y analizado una muestra 1.288 mensajes de odio, un 6,5% más que en 2022. «Trans», «sida», «adoctrinamiento» y «delirio trans» son los cuatro términos clave que más se repiten.

Instagram y TikTok son las redes con mayor número de mensajes de odio detectados, seguidas de Facebook, X (antes Twitter) y YouTube (red que se comenzó a monitorear en noviembre tras una polémica sobre el uso de lenguaje inclusivo en un videojuego). Es importante matizar, a este respecto, que en 2023 Lambda ha modificado la metodología utilizada en anteriores informes pasando del rastreo automatizado al manual para facilitar el acceso a publicaciones privadas, más frecuentes en redes como Instagram o Facebook que, por ejemplo, en X, la red que tradicionalmente suele señalarse como la favorita para verter mensajes de odio.

Por lo que se refiere a la tipología de los mensajes, el grueso lo constituyen los mensajes de burla (40%), seguidos de los insultos explícitos (26%) y la difusión de bulos/fake news(16%), habituales cuando de la realidad trans hablamos. Les siguen los mensajes de invisibilización (11%) y los de amenaza y/o intimidación (7%).

Por lo que refiere a los destinatarios, tras las personas trans (49%), el segundo bloque de mensajes de odio más frecuente es el de los dirigidos en su conjunto a las personas LGTBI+ (23%), seguido de las burlas al lenguaje inclusivo (12%), uno de los blancos favoritos del discurso de odio (pincha en las imágenes para agrandarlas):

En cuanto al perfil del atacante, el 69% de los discursos provienen de hombres y el 31% de mujeres. Por edades, la mayoría de los mensajes de odio que se vierten en las redes vienen por parte de personas de entre 30 y 45 años, seguidos por aquellas de entre 45 y 60 años y finalmente, las de 18-30 años.

Más de la mitad de las veces, concretamente en el 58% de los mensajes registrados, el discurso de odio viene de atacantes de extrema derecha. En el 26% de los casos proviene de perfiles pertenecientes al supuesto ‘feminismo’ transexcluyente. Ambas categorías engloban, de hecho, el 84% del discurso de odio.

Por lo que se refiere específicamente al colectivo trans, principal destinatario de los mensajes de odio, la aplastante mayoría (79%) está dirigida hacia las mujeres trans. Les siguen las personas no binarias (11%), las familias (6%) y la infancia y los hombres trans (2% cada categoría). Unos datos que corroboran una vez más la correlación entre el odio tránsfobo y las actitudes machistas.

Puedes descargar el informe Al Loro! aquí

Fuente Dosmanzanas

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Los escritores de Bondings 2.0, Robert Shine y Francis DeBernardo, estarán en Roma durante el mes de octubre cubriendo la primera asamblea global del Sínodo sobre la Sinodalidad, particularmente los desarrollos relacionados con LGBTQ. Para obtener la cobertura completa del blog sobre este viaje sinodal de varios años, haga clic aquí.

INFORME DESDE ROMA—En una conferencia de prensa reciente para la Asamblea General del Sínodo, Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para las Comunicaciones del Vaticano, comentó que los delegados habían discutido temas LGBTQ y, si bien había diferencias de opinión, “toda homofobia acordada debe ser rechazada.”

A primera vista esto suena como un avance prometedor, pero ¿lo es realmente? No estoy muy seguro.

Muchos consideran que la palabra inglesa “homofobia” es un nombre inapropiado o, en el mejor de los casos, ambiguo. Como combinación que combina “homosexual” con “fobia”, el significado simple de la palabra parece ser “miedo a los homosexuales” (u “homosexualidad”).

La palabra, sin embargo, no se usa de esa manera en el discurso común. La mayoría de las veces, cuando alguien acusa a alguien de tener homofobia, el significado buscado no es que la persona tenga miedo de los homosexuales, sino que se opone a los homosexuales, a veces hasta el punto del odio. Por ejemplo, las leyes que restringen los derechos de gays y lesbianas se llaman homofóbicas, no porque estén basadas en el miedo, sino porque se basan en malentendidos y prejuicios. Algunas personas piensan que la palabra “homo-odio”, y no “homofobia”, es una forma más precisa de describir esta realidad.

Y eso es sólo inglés. Hay al menos siete grupos lingüísticos formales en el sínodo y probablemente también muchas docenas de grupos lingüísticos informales. La forma en que se utiliza la palabra “homofobia” en estas diferentes perspectivas lingüísticas y culturales también puede generar una gran ambigüedad.

Si la síntesis final de esta asamblea sólo puede llegar a un acuerdo de que toda homofobia debe ser rechazada, debe tener una buena definición de lo que la asamblea entiende por homofobia.

Incluso limitando esta palabra a cómo se usa entre los católicos en el mundo de habla inglesa, la homofobia puede significar una variedad de cosas diferentes para las personas. Una revisión de cómo los documentos de la iglesia han utilizado esa palabra o concepto a lo largo de los años muestra que lo que algunas personas piensan que es buena caridad cristiana, otros lo consideran escandalosamente homofóbico.

En los últimos años, por ejemplo, hemos visto a muchos líderes de iglesias profesar su gran amor por las personas LGBTQ+, pero esa profesión de amor es a menudo una introducción a una declaración de que está bien discriminarlos en entornos de la iglesia, despedirlos. de sus empleos, restringen su expresión de género y, a veces, incluso alientan el enfoque curandero de la “terapia de conversión”.

Algunos líderes de la iglesia profesan amor por las personas LGBTQ+. Este amor, dicen, significa que quieren llevar a las personas LGBTQ+ “la Verdad”, lo que generalmente significa que quieren que alguien oculte o suprima su identidad de género y/o sexual.

Por ejemplo, pautas pastorales recientes de la Arquidiócesis del estado de Baltimore:

“¿Cómo ofrecemos acompañamiento pastoral a las personas LGBT y sus familias de una manera que realmente les dé la bienvenida y los abrace mientras enseñamos fielmente la verdad sobre la sexualidad humana que Dios ha revelado en la creación, las Escrituras y la Tradición?”

No nos equivoquemos: “la verdad sobre la sexualidad humana” se refiere a la desaprobación de las relaciones entre personas del mismo sexo y las transiciones de género. Aunque el arzobispo Lori, autor de esta declaración, puede creer que está evitando la homofobia al hacer lo que podría parecer una declaración positiva, también se revela su intención de imponer restricciones a las personas LGBTQ+.

Ese tipo de retórica se ha vuelto común en documentos oficiales de varios obispos estadounidenses.

Un acuerdo para rechazar la homofobia no es nada nuevo. Ha sido auténtica enseñanza católica desde 1975, así lo establece la Declaración del Vaticano sobre Ética Sexual:

“En el ámbito pastoral, estos homosexuales deben ser ciertamente tratados con comprensión y sostenidos con la esperanza de superar sus dificultades personales y su incapacidad de integrarse en la sociedad”.

Esta enseñanza fue posteriormente consagrada en la directiva del Catecismo de que los homosexuales sean tratados con “respeto, compasión y sensibilidad”.

Por lo tanto, encontrar puntos en común entre los enfoques hacia las personas LGBTQ+ rechazando la homofobia es algo que debería haberse dado por sentado en la asamblea del Sínodo, no el resultado de una discusión seria.

Sugiero algunas ideas sobre detalles particulares que deberían incluirse en una buena definición por parte de la asamblea sinodal al rechazar la homofobia:

1.- Oponerse pública y privadamente a las leyes que criminalizan a las personas LGBTQ+. Esto se aplica doblemente a cualquier líder católico que pueda usar el poder del cargo eclesiástico para oponerse a iniciativas tan destructivas.

2.- Permitir que los empleados fieles, competentes y profesionales de la iglesia LGBTQ+ continúen trabajando sin temor a ser sancionados debido a sus identidades.

3.- Dar una cálida bienvenida a las personas LGBTQ+ y sus familias, incluidos sus cónyuges, en las comunidades parroquiales y otros espacios católicos.

4.- Alentar a las personas LGBTQ+ a asumir roles de liderazgo en actividades católicas cuando sus habilidades y espiritualidades coincidan con las necesidades de la iglesia.

5.- Permitir que las personas LGBTQ+ sean abiertas sobre sus identidades cuando ingresan a comunidades religiosas con votos o se presentan para la ordenación.

Sería un buen comienzo, pero hay muchas otras formas en que la asamblea sinodal puede rechazar la homofobia. Si tiene algunas sugerencias, agréguelas en la sección “Comentarios” de esta publicación.

Si los participantes de la asamblea del Sínodo están de acuerdo en que “la homofobia debe ser rechazada”, asegurémonos de que haya acuerdo sobre lo que quieren decir con estas palabras, y asegurémonos de que cualquier informe de síntesis del Sínodo sea claro sobre este entendimiento común.

Y por último, pero no menos importante, ¡esperemos que el informe de síntesis del Sínodo también rechace la transfobia!

ESTA NOCHE: Únase a Francis DeBernardo y Robert Shine de Bondings 2.0 para una conversación sobre la primera Asamblea General del Sínodo que se llevará a cabo este mes. Están en Roma cubriendo la reunión del Sínodo, donde las cuestiones LGBTQ+ siguen siendo un tema destacado, como lo han sido a lo largo de este proceso sinodal de varios años.

El evento virtual “¡En vivo desde Roma! Una conversación a mitad del Sínodo”, se llevará a cabo el miércoles 18 de octubre de 2023 de 7:00 a 8:00 p.m. Hora del este de EE. UU. El programa incluirá una breve presentación sobre los últimos acontecimientos relacionados con LGBTQ y las impresiones generales del Sínodo. Fiel a ser una iglesia sinodal, esta conversación también incluye mucho tiempo para las preguntas y comentarios de los participantes.

Puedes encontrar más información o registrarte en la conversación haciendo clic aquí.

—Francis DeBernardo, Ministerio New Ways, 18 de octubre de 2023

Fuente New Ways Ministry

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Homofobia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Personas LGTBIQ, Sínodo de la Sinodalidad

General, Historia LGTBI Allison Scott, Cámara de Representantes, Carolina del Norte, Cathryn Oakley, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Campaign, Identidad de género, Ley HB 808, Partido Demócrata, Partido Republicano, Personas trans, Roy Cooper, Senado, Tricia Cotham

ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

***

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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Leído en su blog Homoprotestantes:

No es cierto que el silenciamiento de las personas queer dentro de la mayoría de comunidades cristianas responda a la voluntad de negar nuestra existencia. Todas esas comunidades saben que lo queer siempre ha estado y estará presente dentro de ellas. Conocen nuestros nombres y apellidos desde que cantábamos en el coro infantil: «Yo tengo un amigo que me ama, y su nombre es Jesús», con el mismo ritmo que lo hubieran hecho los Village People. Por mucho que cuando una(s) década(s) después salimos del armario se hicieran las sorprendidas y nos dijeran: «¿Quién lo iba a decir? No se te nota nada». Y nosotras, como siempre, nos hiciéramos las tontas y respondiéramos:  «No te preocupes cari, es que soy una pecadora rainbow que sabe mentir a las mil maravillas».

A las personas queer cristianas no se nos nombra dentro de las iglesias LGTBIQfóbicas, no porque no quieran que existamos, eso saben que es imposible, sino para dejarnos claro que no pertenecemos a su comunidad, que nos quieren fuera, lejos, y en la medida de lo posible, que no volvamos nunca más. Aunque claro, eso no lo van a reconocer nunca, y aunque el predicador de turno haya dicho desde el púlpito por activa y por pasiva (qué casposo me ha quedado esto) que el lobby gay está destruyendo las familias y atacando a la iglesia del Señor que acabará siendo perseguida por predicar lo que el Señor enseñó (pobrecillos), su esposa les va a preguntar a nuestros padres por nosotras a la salida de la iglesia, y les dirá aquello de: «Qué pena que ya no se congregue más, con la alegría que aportaba a la iglesia desde que era pequeñito. A ver si, al menos para la fiesta de Navidad, nos hace una visita y toca el violín». ¡Aleluya, qué buenos son!

Si se quieren explicar las razones de este comportamiento tan poco cristiano y tan mucho LGTBIQfóbico se pueden escribir libros con los que decorar las estanterías de bibliotecas enteras, muchos de ellos con verdades como puños, aunque para simplificar podemos decir que la razón es que prefieren renunciar antes a nosotras que al literalismo bíblico, en caso de los evangélicos, o a la moral sexual de un magisterio manchado de pedofilia, en el de los católicos. Pero no es esto lo que creo que para nosotres necesita una explicación, porque lo realmente sorprendente, al menos eso dicen el resto de bitransmaricabollos que nos miran atónitas desde fuera de las iglesias, es: ¿Por qué y para qué queremos seguir formando nosotres parte de comunidades cristianas asociaciones fundamentalistas LGTBIQfóbicas? O traduciendo la pregunta a un lenguaje más bíblico, más nuestro: ¿Por qué queremos al oír la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el salterio, la gaita, y toda la música con la que adornan su teología del odio, arrodillarnos y adorar a la estatua de treinta metros de alto por tres de ancho que han construido los Fobicodonosores de la Verdad? Lo suyo sería ponernos Divas, subirnos a nuestras plataformas, y sacar las Drags Sadrac, Mesac, y Abed-negó que todas las que hemos pasado por la escuela dominical llevamos dentro, para decirles: Nosotras no nos inclinamos ante vuestro ídolo, aunque lo hagan otros, nosotras no. La diosa que adoramos, y que nos mostró Jesús de Nazaret, nos librará del infierno en el que queréis meternos, y aunque no lo hiciera, preferimos arder antes que arrodillarnos ante esa caricatura de divinidad que habéis construido. Nosotras no.

Pero es que tampoco es esta la razón, no somos heroínes, ni descerebradas a las que nos gusta que nos quemen vivas, somos cristianas, aunque lo nieguen, nos ignoren, nos insulten. Somos cristianes, nosotres sí. Pertenecemos a Jesús. Y lo que queremos no es que las comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas nos acepten y se transformen en un espacio rainbow tan fundamentalista como siempre, o al menos no deberíamos malgastar energías persiguiendo eso. Lo que hacemos es decir nuestro nombre, reconocernos seguidoras de Jesús, aferrarnos al evangelio del amor y la fraternidad que encontramos en los evangelios, y tratar de aplicarlo a nuestro alrededor, y en nosotres mismes. ¿Por qué tenemos que callar? Lo que nos constituye cristianes queer no es la lucha contra o por la iglesia, sino el seguimiento de Jesús. No es demostrar a nuestras familias o excomunidades que podemos seguir siendo cristianes aunque ellas digan que no, sino nuestra respuesta a la llamada de Jesús. Entiendo que es complicado para las compañeras de luchas bitransmaricabollos que no se consideran cristianas comprenderlo, y de verdad que a nosotras nos duele el doble escuchar, ver, y sufrir la LGTBIQfóbia de quienes se han erigido en portavoces de Jesús, en parte porque en ocasiones esas personas han sido familiares o amigas. Y no queremos negarlo, ni justificarlo, es odio lo que esas comunidades cristianas asociaciones LGTBIQfóbicas lanzan contra nuestro colectivo. Pero nosotras no pertenecemos a esas asociaciones LGTBIQfóbicas, nos lo han dicho de todas las formas posibles: ya lo hemos entendido, aceptado, e incluso celebrado. Somos cristianas, nosotras sí, como muchas otres, y condenamos al Fobicodonosor de la Verdad. Pertenecemos a Jesús, con la ambivalencia de Simón Pedro a veces, pero pertenecemos a Jesús, y es su seguimiento, el que nos trans-forma en cristianes.

Carlos Osma

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El presidente de Níger, Mohamed Bazoum, ha anunciado que su Gobierno está preparando una profunda reforma del Código Penal que establecerá por primera vez en la historia del país la penalización de las relaciones homosexuales. Incluso ha avanzado que se plantea que una ceremonia de matrimonio entre personas del mismo sexo pueda castigarse con la cadena perpetua o la pena de muerte, tanto para los contrayentes como para los oficiantes. Níger es uno de los escasos países africanos y de mayoría musulmana donde las relaciones homosexuales nunca han sido castigadas.

En una entrevista concedida a la cadena radiofónica La Voix du Sahel, el presidente nigerino Mohamed Bazoum habló con profusión del proceso de reforma del Código Penal en lo referente a la homosexualidad. Actualmente, la única referencia existente es el artículo 282, que penaliza las relaciones homosexuales con menores de 21 años, edad de consentimiento mucho mayor a la establecida para las relaciones heterosexuales, que son los 16. Aparte de ese artículo, el Código Penal de Níger, heredero de la colonización francesa, nunca ha castigado las relaciones entre personas del mismo sexo, a pesar de ser un país cuya población es mayoritariamente musulmana.

El presidente Bazoum describía así el proceso que se está siguiendo en la actualidad:

Se trata de un comité pluridisciplinar compuesto por representantes de la presidencia, el gabinete del presidente, la Asamblea Nacional, funcionarios de la policía judicial, magistrados y miembros del colegio de abogados. También participan personas de la sociedad civil, como profesores, investigadores y miembros de la prensa pública y privada.

Tras hacer referencia al artículo 282, Bazoum comenzó a detallar los comportamientos y penas que se pretenden introducir:

En el futuro Código Penal habrá toda una sección dedicada a la homosexualidad. No obstante, esto nos obliga a definir la homosexualidad, con las diferentes categorías que abarca. Después de este trabajo de definición, pensaremos en los delitos y las penas. En cualquier caso, se derogará el artículo 282 en su forma actual.

Cualquiera que tenga sentimientos amorosos hacia alguien de su propio sexo será el sujeto de un delito, para castigar esta desviación. Por ejemplo, besar a otro hombre siendo hombre o besar a una mujer siendo mujer será castigado… Lo mismo ocurrirá con las caricias u otras muestras de afecto.

Además, una relación sexual entre personas del mismo sexo, sea cual sea la edad, constituirá otro delito. Por otra parte, la edad también será una circunstancia agravante del delito, en el caso de que la pareja sea menor de edad.

El presidente concluyó concretando las elevadas y crueles penas que se pretenden imponer para los enlaces matrimoniales de personas del mismo sexo, una figura que no es legal en el país, por lo que se supone que se trata de ceremonias rituales al margen de la legislación civil:

Además, casarse con alguien del propio sexo se considerará a partir de ahora un delito, lo que implica penas que pueden ir desde los 10 años de reclusión criminal hasta la cadena perpetua o la pena de muerte.

La persona que oficie el matrimonio, como un morabito o un funcionario del registro civil, será juzgada por un delito igual que los contrayentes, con penas similares. Lo mismo se aplica a los sacerdotes.

El progenitor que haya ofrecido a su hijo en matrimonio será castigado por un delito similar. Lo mismo se aplica a los testigos o padrinos, que serán castigados por la ley.

Por último, toda persona física que dirija o financie un club homosexual público o privado será castigada con penas de prisión y multa. Las personas jurídicas que gestionen, ayuden, hagan proselitismo o financien a grupos o incluso individuos LGBT serán objeto de acciones judiciales.

Ya en octubre de 2022, la diputada Nana Djoubie presentó una iniciativa legislativa para castigar las relaciones homosexuales, después de que dos mujeres fueran detenidas por indecencia pública y no se les pudiera condenar con el actual Código Penal. La propuesta tuvo el apoyo inmediato de la Asociación de Estudiantes Musulmanes de Níger y logró que el asunto tuviera una gran repercusión pública. Sin embargo, el proyecto de ley no pudo ser presentado a votación por el cierre del calendario parlamentario.

Aunque las relaciones homosexuales nunca han sido penalizadas en Níger, sí que existe un fuerte rechazo social. Actualmente, la presencia de grupos LGTBI abiertamente reivindicativos entre los asilados de Camerún, Liberia y Costa de Marfil, que exhiben con orgullo la bandera arcoíris en sus apariciones en los medios de comunicación, ha causado conmoción en un país acostumbrado a la absoluta invisibilidad de las personas LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Asociación de Estudiantes Musulmanes de Níger, Discriminación, Homofobia, Islam, La Voix du Sahel, LGTBIfobia, Matrimonio, Mohamed Bazoum, Nana Djoubie, Níger, Pena de Muerte

Ya han tenido lugar en Rusia las primeras repercusiones por la aplicación de la ley que castiga la llamada «propaganda» de la homosexualidad y las identidades trans en todos los ámbitos, promulgada el pasado 5 de diciembre por el presidente Vladimir Putin. Aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso por unanimidad, la nueva ley prohíbe cualquier manifestación, información o creación que muestre «relaciones no tradicionales» de manera no derogatoria, así como la información sobre las identidades a menores. Cualquier libro, película, espectáculo, canción, obra de arte, muestra de afecto, afirmación de la propia orientación sexual ante testigos, información positiva de la homosexualidad, bisexualidad o condición trans son castigados con fuertes sanciones. De hecho, la ley supone la total invisibilización y el enmudecimiento social de las personas LGTBI, a quienes desde medios o instituciones gubernamentales se considera «agentes extranjeros» o traidores a la patria .

Museos cerrados, libros censurados, páginas web bloqueadas o espectáculos prohibidos. Son la consecuencia de la aplicación de la nueva ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» vigente en Rusia desde el pasado 5 de diciembre. Se trata en realidad de una serie de enmiendas a la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales ante menores», en vigor desde 2013, con el objetivo de hacer desaparecer del ámbito público cualquier referencia no derogatoria de la homosexualidad, bisexualidad o identidad trans.

Una ley aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas

El proyecto de ley fue anunciado por Alexander Khinshtein, presidente del Comité de Política de la Información, Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Duma (o cámara baja del Parlamento ruso), en julio del pasado año. Todos los grupos parlamentarios lo apoyaron, presentándose como impulsores 400 de los diputados de la Duma. Fue sometido a votación en primera lectura en la cámara baja el 27 de octubre, siendo aprobado por unanimidad. El 24 de noviembre se volvió a votar en segunda lectura, alcanzando de nuevo el voto unánime de los 394 diputados presentes. El 2 de diciembre fue respaldada por todos los miembros del Consejo de la Federación (la cámara alta del Parlamento), para finalmente ser promulgada por el presidente Vladimir Putin el día 5 del mismo mes. Para los activistas LGTBI, esta unanimidad de diputados y grupos parlamentarios es una muestra más de la falsa pluralidad del sistema político ruso y de su gobierno autocrático.

La nueva ley castiga la propaganda de las relaciones no tradicionales en todos los ámbitos y ante cualquier audiencia. También se ha añadido la penalización de cualquier información que pueda promover entre los menores el «deseo de cambiar de sexo». Términos engañosos para impedir informar sobre las realidades trans a los menores de edad. A estas penalizaciones se suma la del castigo de la promoción de la pederastia, con la intención expresa de equiparar la información positiva sobre las distintas orientaciones sexuales e identidades de género con el abuso de menores. Las sanciones pueden alcanzar los 400.000 rublos (6500 euros, 6600 dólares) para los ciudadanos y los 5.000.000 de rublos (81.500 euros, 82.100 dólares) para las entidades como asociaciones y empresas. Las multas también se aplican a ciudadanos extranjeros, que pueden ser detenidos durante 15 días antes de dictarse su expulsión del país.

Las repercusiones de la invisibilización social

El significado de lo que se considera «propaganda» no se detalla en la ley, dejando en manos de los jueces, muy afines al Gobierno, una amplia interpretación del concepto. Queda prohibida cualquier expresión pública que sea positiva, o incluso neutra, de la homosexualidad, bisexualidad o realidades trans. Afecta a los medios de comunicación tradicionales; a las obras de carácter artístico (literatura, cine, teatro, espectáculos de todo tipo, televisión…); páginas web y redes sociales; y también a la reivindicación pública de los derechos LGTBI. Según algunos activistas, aunque quizás se permita la existencia de clubes o lugares de diversión frecuentados por personas LGTBI, la expresión de afecto en público, como besarse o caminar de la mano podrán ser declarados como «propaganda».

Como repercusión por la entrada en vigor de la ley, se han cancelado espectáculos de drag, se han publicado libros que tratan relaciones entre personas del mismo sexo con párrafos enteros tachados, las tiendas han eliminado de sus estanterías los libros con personajes LGTBI, se ha cerrado un museo dedicado a la historia de las reivindicaciones de las minorías sexuales, negocios dirigidos a estas minorías se han visto obligados a cerrar por no poder exhibir sus productos y varios grupos de defensa de los derechos LGTBI han decidido dejar sus actividades. Por su parte, el Roskomnadzor (organismo encargado de la vigilancia en las redes y calificado por algunos como «policía política») ha sido investido de un poder pleno para declarar el cierre de páginas webs o censurar las redes sociales sin necesidad de orden judicial.

 Agentes extranjeros o traidores a la patria

The Sphere Foundation, la entidad legal que estaba detrás de la mayor organización LGTBI del país, Russia LGBT Network, que denunció las torturas y asesinatos de hombres homosexuales en Chechenia, fue denunciada en su día como «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia. Con ello se perseguía el cierre de la organización, puesto que la denominación de «agente extranjero» se aplica a quienes colaboran con fuerzas del exterior para dañar o desprestigiar al Estado ruso. Es una definición que proviene del poder ejecutivo y no puede ser recurrida ante los tribunales. En Rusia, es el equivalente a «espía» o «traidor a la patria», términos de especial gravedad en la actual situación de guerra tras la agresión perpetrada contra Ucrania.

En los prolegómenos de la aprobación de la ley contra la «propaganda de relaciones no tradicionales» se ha multiplicado este tipo de discurso que relaciona la reivindicación de los derechos LGTBI o la expresión pública de su existencia con la colaboración con los enemigos de Rusia. De esta manera, el propio presidente Putin, el presidente de la Duma Vyacheslav Volodin o el principal propagandista progubernamental, Vladimir Solovyov, han propagado discursos en los que definen los derechos de las personas LGTBI como influencia extranjera o incluso entre las razones para la invasión de Ucrania.

El 30 de septiembre, días antes de la presentación en la Duma del proyecto de ley, Vladimir Putin declaraba lo siguiente ante los medios de comunicación: «¿Realmente queremos, aquí en nuestro país, en Rusia, en lugar de “padre y madre”, tener “progenitor número 1, número 2, número 3”? ¡Se han vuelto totalmente locos! ¿Realmente queremos que en nuestras escuelas, en los grados elementales, se impongan a los niños perversiones que conducen a la degradación y la extinción? ¿Que se les inculque que, además de las mujeres y los hombres, existen supuestamente otros “géneros”? Si las élites occidentales creen que pueden adoctrinar a sus sociedades con extrañas tendencias novedosas como docenas de géneros y desfiles del Orgullo Gay, que así sea, que hagan lo que quieran. Pero lo que desde luego no tienen derecho a hacer es exigir a los demás que sigan en la misma dirección».

Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma, declaraba lo siguiente al presentar el proyecto de ley: «Debemos hacer todo lo posible para proteger a nuestros hijos y a quienes quieren llevar una vida normal. Todo lo demás es pecado, sodomía, oscuridad y nuestro país lucha contra ello». Volodin invitó a los diputados de todas las facciones políticas a firmar como coautores del proyecto de ley. Ni un solo parlamentario se negó. El líder de la facción Rusia Justa, Sergey Mironov, explicaba su apoyo: «La propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales es una guerra. Es una guerra espiritual de información, una guerra ideológica».

El mayor propagandista del Kremlin, el presentador del programa más exitoso de la televisión pública rusa, Vladimir Solovyov, exponía el siguiente discurso ante una audiencia de decenas de millones de personas: «Lo que hicimos el 24 de febrero (fecha de la invasión rusa de Ucrania) fue un contraataque. Era necesario para repeler un genocidio ucraniano contra el pueblo ruso, contra los rusoparlantes, contra quienes no aceptan los valores LGBT y transgénero-nazis». Proseguía: «Y ahora todo el país debe apretar los dientes e ir a la guerra. Porque estamos en guerra no solo con esta escoria (ucraniana) y los maricones bajo su dominio, sino con toda la maquinaria satánica de Occidente».

Con este tipo de discursos de odio, de vejación y señalamiento públicos, deben convivir a diario las personas LGTBI rusas.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio de Educación de Israel ha condenado una ridícula clase de “separación” organizada por padres para mantener a los niños alejados de un estudiante trans.

El salón de clases en Givat Shmuel se formó después de que un estudiante trans fuera sacado a la fuerza por los padres de niños en edad escolar.

La terrible experiencia del estudiante anónimo se hizo pública en una edición de agosto de 2022 del periódico hebreo B’Sheva.

Informó que después de que los padres descubrieron su identidad trans, estalló un furor. Varios miembros del personal administrativo acusaron que habían respetado la privacidad de los estudiantes de abandonar a sus propios hijos simplemente dejándolos quedarse en un salón de clases con un participante no cisgénero.

Desde entonces, esos padres han intentado infructuosamente distanciar a sus propios hijos del chico intentando cambiar de escuela.

Después de que los intentos fracasaran, el grupo planeó crear un salón de clases separado para excluir al estudiante trans.

Según Israel National News, el rabino Eliyahu se unió a los padres en una videollamada colectiva antes de la pausa de Hanukkah, donde dijo: “Ustedes son la punta de lanza de esta batalla tan importante y todos debemos movilizarnos y apoyarlos”.

Una madre se para fuera del área de demostración con un cartel en hebreo. (@ronisassover/Twitter)

Los padres han hecho afirmaciones infundadas de que la existencia del estudiante trans estaba creando “muchos problemas psicológicos”, que había interrumpido una clase que alguna vez se portó bien y que, ridículamente, la presencia de su madre había provocado que los niños tuvieran arrebatos violentos y pesadillas.

Una madre llegó a afirmar que un niño había comenzado a “mojar la cama. No tenemos nada contra el niño en cuestión”, dijo el padre anti-trans. “Y lo sentimos mucho por [él]… Nosotros, como padres religiosos, elegimos enviar a nuestros hijos a una escuela religiosa estatal que los educa en ciertos valores”.

El Ministerio de Educación de Israel dijo que se “opone con vehemencia a cualquier boicot o llamado a un boicot que perjudique principalmente al estudiante en cuestión. El Ministerio no sancionará la apertura de una clase que no siga las pautas del Ministerio”.

Un comunicado agregó que el sistema educativo en el país está “obligado a brindar soluciones educativas para todos los estudiantes de manera inclusiva y basada en la igualdad”.

Dijo que estaba tratando de tratar el asunto “profesionalmente y con sensibilidad”, pero que no podía dar más detalles debido a “preocupaciones de privacidad”.

Activistas israelíes LGBTQ+ protestan durante el evento. (Getty)

La debacle se produce tras el nombramiento de un nuevo gobierno israelí que ha expresado su preocupación por el futuro de los derechos LGBTQ+.

El partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu ha formado una nueva coalición con partidos de línea dura, incluido el partido anti-LGBTQ+ Noam. Su líder, Avi Maoz, que ahora se desempeña como viceministro dentro de la oficina israelí, ya expresó su condena hacia el recién nombrado orador gay Amir Ohama durante su primer discurso.

Orit Strock, miembro del Partido Sionismo Religioso de extrema derecha y ministra de misiones nacionales entrante, ya ha insinuado que los médicos pronto tendrán la capacidad de negarse a tratar a las personas, incluidos los pacientes LGBTQ+, por motivos religiosos.

Fuente Pink News

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(La Alta Corte de Barbados ha derogado las leyes contra la sodomía y la indecencia grave que castigaban las relaciones sexuales entre varones. Herederas de la legislación vigente en el período en que fue colonia británica, la sodomía podía ser castigada hasta con la cadena perpetua, y la indecencia grave con hasta diez años de prisión. Aunque raramente se aplicaban en los casos de relaciones consensuadas entre adultos, ambas tenían un efecto intimidatorio para la comunidad LGTBI de la isla. Barbados se convierte así en el tercer país caribeño en derogar las leyes contra la homosexualidad en este año, junto a Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves, en una estrategia de las organizaciones LGTBI caribeñas que está consiguiendo grandes frutos. De esta manera, el número de países y territorios del mundo en los que están penalizadas las relaciones homosexuales desciende a 67.

El pasado lunes 12 de diciembre, la Alta Corte de Barbados comunicó su decisión de derogar los artículos de la Ley de Delitos Sexuales que castigaban la sodomía y la indecencia grave. El texto de la sentencia completa se dará a conocer el próximo mes de enero.

El artículo 9 de la citada ley establecía: «Toda persona que cometa sodomía será culpable de un delito y podrá ser condenada a cadena perpetua». Por su parte, el artículo 12 definía lo siguiente: «Un acto de ‘indecencia grave’ es un acto, ya sea natural o antinatural, por parte de una persona que implique el uso de los órganos genitales con el fin de excitar o satisfacer el deseo sexual». Si el acto de indecencia grave se cometía con una persona mayor de 16 años, se castigaba hasta con 10 años de prisión. Cabe señalar, no obstante, que estos artículos eran raramente aplicados en los casos de relaciones consensuadas entre adultos.

La demanda ante el alto tribunal fue interpuesta por dos activistas LGTBI de Barbados, la organización local Equals y la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE en sus siglas en inglés). Respondía a una estrategia conjunta de activistas LGTBI de la región para impugnar todas las leyes contra la homosexualidad que persisten en las antiguas colonias británicas. Esta iniciativa ya ha logrado grandes frutos, con la anulación el pasado verano de las leyes contra la homosexualidad de Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves. Están pendientes de resolución las demandas presentadas en Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Dominica. Al margen de esta estrategia conjunta, existe otra demanda de este tipo en Jamaica.

Todavía no ha habido ninguna comunicación al respecto del Gobierno de Barbados, por lo que se ignora si la resolución de la Alta Corte será recurrida, como sucedió en el caso de Trinidad y Tobago. Si así fuera, le correspondería resolver a la Corte de Apelaciones de Barbados y, en última instancia, a la Corte de Justicia del Caribe.

En todo caso, en este año 2022 se han despenalizado las relaciones homosexuales en cuatro países: Antigua y Barbuda en el mes de julio, San Cristóbal y Nieves a finales de agosto y Singapur, por decisión del poder legislativo, a finales de noviembre.

67 países y territorios criminalizan la homosexualidad

En 64 países miembros de la ONU están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo:

Afganistán, Arabia Saudita, Argelia, Bangladés, Brunéi, Burundi, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Esuatini (antigua Suazilandia), Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Indonesia, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones homosexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional en aplicación de la sharía o ley islámica; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 67 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 42 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 6 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 6 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia.

La pena de muerte está establecida para las relaciones homosexuales en 11 países miembros de Naciones Unidas. En 6 de ellos, se tiene la certeza jurídica de que este es el castigo para los actos consensuados entre adultos del mismo sexo:

Arabia Saudí, Brunéi, Irán, Mauritania, Nigeria (en los doce estados del norte donde se aplica la sharía) y Yemen.

En otros 5 países no existe una certeza jurídica absoluta, aunque se constata la posibilidad de su aplicación:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Paquistán y Somalia.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), Antigua y Barbuda, Barbados, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Equals, Homofobia, LGTBIfobia, San Cristóbal y Nieves

Aunque ya habíamos hablado de esta noticia, ampliamos el tema:

El Ministerio del Interior ha hecho público a inicios de este mes de octubre el informe sobre evolución de los delitos de odio en España a lo largo de 2021. Un documento que arroja resultados inquietantes. Globalmente, en 2021 se produjo un aumento del 5,63% de los delitos de odio respecto a 2019, lo que confirma la tendencia alcista de años precedentes (interrumpida solo el año 2020 «por la pandemia de la covid-19», según el propio Ministerio reconoce). Especialmente preocupante resulta, sin embargo, el crecimiento de los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género, cuyo número no se había reducido en 2020 (277 en 2020, 278 en 2019) y que en 2021 se disparó un 68,2%, hasta alcanzar la cifra de 466. Porcentualmente, los delitos de odio por LGTBIfobia constituyen ya el 27% del total de delitos de odio en España.

El documento de Interior ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el año 2021. En este sentido, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas y otros incidentes.

Los delitos de odio contabilizados por Interior se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (11), aporofobia (10), creencias o prácticas religiosas (63), discapacidad (28), orientación sexual e identidad de género (466), racismo y xenofobia (639), ideología (326), por razón de sexo/género (107), por discriminación generacional (35), por enfermedad (21) y por antigitanismo (18). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio:

Como vemos, por número total de delitos registrados, el racismo y la xenofobia repite por segundo año consecutivo como la motivación principal, ocupando la orientación sexual e identidad de género el segundo lugar, si bien en en términos porcentuales el crecimiento de los delitos por LGTBIfobia es superior. En términos de crecimiento porcentual, solo el antisemitismo y la discriminación generacional superan a la LGTBIfobia, aunque con cifras absolutas muy inferiores.

La tendencia, lamentablemente, es clara.

Por lo que respecta al número de sucesos esclarecidos, en el caso de los delitos por LGTBIfobia ascendieron a 314 (el 67,4%).

Perfil de víctimas y agresores

En cuanto al perfil de las víctimas de delitos por LGTBIfobia, 398 fueron hombres (un 75%) y 132 mujeres (un 25%). Lamentablemente el informe no detalla el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans, lo que impide conocer con precisión el peso que el odio tránsfobo, especialmente azuzado en los últimos años desde diferentes sectores políticos y mediáticos, tiene sobre el total de delitos por LGTIfobia. Un aspecto que el informe debería corregir en próximas ediciones.

En cuanto a la edad, 68 víctimas eran menores, 136 tenían entre 18 y 25 años, 187 entre 27 y 40 años, 77 entre 41 y 50 años, 56 entre 51 y 65 años y 6 eran mayores de 65 años.

Por lo que refiere a los autores de delitos por LGTBIfobia, se identificaron como detenidos o investigados un total de 209 personas (176 hombres y 33 mujeres). 36 eran menores, 60 tenían de 18 a 25 años, 70 de 26 a 40 años, 24 de 41 a 50 años, 16 de 51 a 65 años y 3 eran mayores de 65 años.

Por lo que se refiere a las nacionalidades de víctimas y agresores, el informe no detalla los datos por motivación, aunque sí ofrece los datos globales. En este sentido, el 65,5% de las víctimas totales de delitos de odio eran de nacionalidad española y el 34,5% extranjeras, mientras que el 75,6% de los agresores eran de nacionalidad española y el 24,4% extranjeros.

Cataluña por delante en términos absolutos, País Vasco en términos relativos

De los 466 delitos de odio por LGTBIfobia contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 70 en Madrid y 65 en el País Vasco, las tres comunidades autónomas que repiten de nuevo el dudoso honor de ocupar este «podio» en cifras absolutas (si bien respecto a 2020 Madrid adelanta al País Vasco).

En términos relativos (número de incidentes conocidos por 100.000 habitantes) es el País Vasco el que ocupa la primera posición, por delante de Navarra y Madrid. Cabe discutir, por supuesto, si el número de delitos por comunidad es un reflejo real de su situación o si puede reflejar, al menos en parte, una mayor concienciación de las víctimas a la hora de denunciar o una mayor capacidad de detección.

La punta de un gigantesco iceberg

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBIfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Así, según datos publicados en 2019 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, solo el 21% de las personas que son víctimas de un ataque físico o sexual por ser LGTBI habían denunciado a la Policía o a alguna organización.

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Puedes descargar el informe completo de Interior correspondiente al año 2021 pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Homofobia, Lesbofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Navarra, País Vasco, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Un padre se para fuera del área de demostración con un cartel en hebreo. (@ronisassover/Twitter)

Según los informes, un estudiante transgénero en una escuela en Israel fue expuesto públicamente sin consentimiento, lo que resultó en una protesta anti-trans por parte de los padres de sus compañeros de clase.

Los padres y estudiantes de la escuela religiosa Morsheth Naria school descubrieron que el niño era trans a principios de septiembre de 2022 por circunstancias desconocidas, según  Ono News. Según los informes, esto provocó un pánico masivo entre los padres y los profesores, y algunos optaron por dejar de enviar a sus hijos a la escuela por completo.

Una madre dijo: “La administración conocía la historia y probablemente la mayoría de los maestros también, pero cayó sobre los padres como un rayo en un día despejado”.

Según JewishPress, 17 padres de tercer grado enviaron a los administradores escolares un mensaje el 7 de septiembre que decía: “Después de discutir con la escuela y los rabinos de la escuela, la solución que se nos dio a nosotros como padres fue la inclusión y aceptación del fenómeno en el marco de una escuela religiosa de la Torá.

“Nosotros, la mayoría de los padres de tercer grado, no estamos preparados para contener el fenómeno y aceptar el daño a nuestro carácter espiritual y el daño emocional que nuestros hijos están pasando y pasarán en el futuro”.

Los padres y otros activistas anti-trans se manifestaron luego en Givat Shmuel, donde se encuentra la escuela, el 9 de septiembre, exigiendo que los miembros de la facultad “encontraran una solución para nosotros” como si estuvieran enfrentando un desastre natural, no un niño simplemente existiendo.

En respuesta, el grupo religioso LGBTQ+ Havruta tuiteó ese día, condenando la reunión, que dijo que estaba “al servicio de la transfobia”, y agregó que el grupo debería “irse a casa, hacer algo para Shabat”.

El grupo de 17 padres amenazó con un traslado masivo de sus hijos a otras escuelas si no se hacía nada ante lo que dijeron era una “situación que venimos luchando desde hace más de una semana”.

En declaraciones a News12, el ex rabino principal de Ramat Gan Yaakov Ariel dijo: “Este es un tema delicado que requiere precaución y cuidado. Hay un niño aquí, que necesita ser tratado con sensibilidad y determinación”, continuó, pero al mismo tiempo afirma que la transición de género es imposible. Debemos manejar el asunto con sensibilidad y delicadeza”.

‘Nadie debe ser etiquetado como impuro’

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A pesar de las afirmaciones de que la sociedad religiosa no puede aceptar a las personas trans en la sociedad porque, como lo expresan los reporteros de JewishPress: “La Halajá se refiere a que tienen un trastorno mental que actualmente es incurable”, lo han hecho en múltiples ocasiones grupos más tolerantes.

En 2021, el grupo judío húngaro Mazsihisz tomó una posición desafiante contra una ley de “propaganda” anti-LGBTQ+ que definía cualquier representación positiva de temas LGBTQ+ como “propaganda gay“.

En un comunicado, el grupo dijo: “El Mazsihisz, como grupo judío, cree firmemente que todas las personas son inherentemente puras y que sus emociones no las vuelven impuras.

“Nadie debe ser etiquetado como impuro, ser discriminado y ciertamente no ilegalizado simplemente por su orientación o identidad. Tales clasificaciones destruyen la cohesión social y nuestro sentido de pertenencia”.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia., Judaísmo Gan Yaakov Ariel, Havruta, Homofobia, Impureza, Israel, Judaísmo, Morsheth Naria school, Ramas