El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

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El pasado 23 de febrero, tal y como había anunciado y sin ningún tipo de cortapisa, la organización ultraconservadora HazteOír celebró en un local del centro comercial ABC Serrano de Madrid su denominado “congreso internacional sobre género, sexo y educación”,  y que no era otra cosa que un evento LGTBfobo del que la propia HazteOír presumía en días previos de que vulneraba la legislación. Pues bien, dos activistas que protestaron contra el acto fueron detenidos. El resto fueron identificados. El colectivo universitario RQTR se ha movilizado en su ayuda, movilización que consideramos necesario difundir. 

“El I Congreso Internacional sobre Género, Sexo y Educación incumplirá todas las leyes LGTBI en vigor en España”, presumía HazteOír:

Pues bien, pese a tratarse de un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que iba a incumplir la ley se celebró sin problema alguno. Al encuentro acudieron, según HazteOír, “expertos y científicos internacionales [sic]“, habituales de este tipo de eventos y que pese su diferente pelaje tenían en común su negacionismo del principio de autodeterminación de género y su transfobia. Entre ellos, por ejemplo, Michelle Cretella, presidenta del American College of Pediatricians, un grupúsculo de pediatras ultraconservadores considerado “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center (SPLC, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur), Walt Heyer, que se define a sí mismo como “extransexual” o Miriam Ben-Shalom, una activista lesbiana ferozmente contraria al derecho de las personas trans a utilizar baños y otras instalaciones públicas acordes con su identidad de género.

Según el resumen que el periodista Javier García Martín hizo del evento en Madrid Diario, allí pudieron escucharse barbaridades del tipo de que las mujeres trans son hombres fetichistas que se disfrazan, que existe una conexión entre los hogares sin un padre o una madre con el  consumo de drogas, que las niñas trans son en muchos casos víctimas de abusos sexuales o que las “terapias” de conversión de gais y lesbianas deberían ser tan naturales como los injertos de pelo. En definitiva, lo esperado: un ataque frontal a la dignidad de las personas LGTB, que además tenía lugar pocos días después del suicidio de un adolescente trans en el País Vasco.

Resulta cuanto menos curioso que un evento del que ya de antemano sus organizadores anunciaron que incumpliría la ley se pudiese celebrar sin problema alguno: ni la administración autonómica (recordemos que la Comunidad de Madrid tiene en vigor desde 2016 una ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTB) ni las autoridades policiales o judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron detenidas.

Según asegura RQTR, “la reacción, tanto de la policía como de la seguridad privada, fue brutal: se produjeron empujones, patadas y zarandeos, así como insultos y escarnios varios. Dos personas fueron detenidas y llevadas a comisaría, y la policía identificó al resto”. Los manifestantes, según este colectivo, “se enfrentan a acusaciones de coacción, desobediencia y atentado contra la autoridad, lo que conlleva multas, gastos judiciales y condenas de prisión de hasta cuatro años”.

“HazteOír habla de una ‘ideología de género’ que se está imponiendo de forma totalitaria, que atenta contra el ‘sentido común’ y las libertades individuales. Mientras tanto, por poner únicamente dos ejemplos, tan solo en Madrid se han producido 300 agresiones LGTBIfobicas en el último año, y según estudios de The William Institute más del 40% de personas trans han reportado intentos de suicidio (frente a un 4% de personas cisheteros). Todo esto es consecuencia directa de los discursos de odio que se propagan de forma más o menos explícita en todos los sectores de la sociedad, y que alcanzan su culmen con la ideología extremista de HazteOír”, expresan desde RQTR.

“Defender a toda costa la ‘libertad de expresión’ de estas agrupaciones no solo disminuye las libertades de los colectivos más marginalizados, sino que legitima y alimenta las violencias que aún a día de hoy se siguen ejerciendo diariamente sobre estas personas, llegando no solo a la discriminación, burlas y acoso, sino a suicidios y asesinatos. Ante esta profunda injusticia, hacemos un llamamiento de solidaridad y apoyo mutuo, pues consideramos que las ideologías de odio no deberían tener cabida en una sociedad democrática e inclusiva, y que solo a través de la acción colectiva conseguiremos acabar con este sistema injusto y violento”, añaden.

“Caja de resistencia” para ayudar a sufragar gastos judiciales

RQTR celebró este miércoles una asamblea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid para solidarizarse con los activistas que fueron detenidos y/o identificados y planear futuras iniciativas de ayuda. Puedes seguirles en sus perfiles de Twitter, de Facebook o de Instagram para más información. También se ha abierto una “caja de resistencia” en PayPal (enlace) para recaudar fondos que contribuyan a sufragar los gastos judiciales que se les avecinan.

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CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

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Reconocimiento de la identidad, retraso del tratamiento hormonal, falta de comprensión en el instituto… Las batallas que acabaron por tumbar a Ekai

Carla Antonelli denuncia el suicidio del joven y HazteOír presume públicamente de “incumplir todas las leyes LGTBI de España”

“Hoy se ha quitado la vida otro adolescente trans en Euskadi”, desvelaba anteayer por la tarde en Twitter Carla Antonelli, activista LGTB y diputada socialista en la Asamblea de Madrid. Nos pusimos en contacto con una asociación LGTBI vasca que nos comunicó que la familia pedía discreción. Ayer mismo ya Chrysalis colgaba un comunicado en su web y, además, nos enteramos de que ha sido convocada para hoy una concentracion en su pueblo, Ondarroa, or eso, publicamos hoy la noticia, ayudados por este artículo de Dosmanzanas y el precioso comunicado de Chrysallis

Hoy hemos conocido algunos detalles más sobre Ekai, el adolescente trans que se ha quitado la vida en Ondarroa (Vizcaya), una noticia que difundía ayer Carla Antonelli. Su madre, Ana, lo encontraba muerto en la mañana de este jueves, 15 de febrero. Sobre las circunstancias que le llevaron a tomar una decisión tan terrible, el colectivo Chrysallis Euskal Herria ofrece pistas muy importantes. De nuevo, el fracaso colectivo a la hora de dar respuesta a las necesidades de los adolescentes trans asoma como el principal responsable.

En su tuit, Antonelli recuerda que precisamente estos días la organización ultraconservadora HazteOír ha anunciado sus intención de violar a sabiendas la ley madrileña contra la LGTBfobia con la organización de un evento tránsfobo en la capital de España. Una coincidencia que pone de nuevo el foco sobre la realidad que viven los menores trans en nuestro país, cuya realidad va siendo poco a poco mejor conocida pero que siguen enfrentados a virulentas campañas de odio.

Hoy se ha quitado la vida otro adolescente #trans en #Euskadi, 15 años tenía, y mientras miserables anuncian congresos contra derechos personas trans “q van a incumplir todas leyes #LGTBI España” propagando #IdeologíaDelOdio ¿Y @policia q va hacer? #DEP #Elaxar #VuelaAmigo💙💗💙 pic.twitter.com/Nyd6plvUjx

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 15 de febrero de 2018

“El inmenso dolor de Ana y Elaxar [padres de Ekai] es también el nuestro, al igual que lo han sido sus batallas. Batalla por lograr el cambio de nombre en el registro; batalla por recibir en la ‘unidad de género’ de Cruces el tratamiento hormonal que necesitaba y que nunca llegó; batalla por conseguir que en su instituto se realizara la formación para que la comunidad escolar pudiese comprender su realidad y así poder respetarla, y que no se hizo… un cúmulo de batallas cotidianas. Demasiadas para un adolescente, en este caso. Esta batalla la hemos perdido como sociedad y a Ekai nadie puede devolverle ya la vida”, podemos leer en la web de Chrysallis Euskal Herria, colectivo que agrupa a familias de menores trans del País Vasco y Navarra. Un texto del que se deduce que Ekai no había conseguido todavía acceder al tratamiento hormonal que necesitaba y que su entorno educativo no estuvo a la altura. Una vez más.

“Pero vamos a seguir luchando. Por la memoria de Ekai. Por aquellos chicos y chicas que siguen esperando a recibir en el Hospital de Cruces el tratamiento que necesitan. Por aquellas chicas y chicos a quienes han denegado el cambio de nombre. Por todas esas niñas, niños y jóvenes a quienes se les está negando una y otra vez su identidad. Por los que vendrán detrás. Por una ley que les proteja. Por una sociedad informada que comprenda y acepte los hechos de diversidad y en la que estas chicas y chicos puedan crecer, puedan desplegar todo su potencial, puedan vivir. Para que nunca, nadie, tenga que volver a pasar lo que Ana y Elaxar están pasando”, continúa el comunicado de Chrysallis Euskal Herria. Una organización, recordemos, que fue la que en su momento lanzó la campaña “Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo”, de la que posteriormente hizo burla cruel la organización HazteOír en su campaña de promoción del odio tránsfobo.

Ekai nos ha dejado con solo 16 años.

Amanece el día 15 de febrero (otra fecha que no podremos olvidar a partir de hoy). Las familias de Chrysallis preparan el desayuno  o ya se encuentran en sus puestos de trabajo y escuelas. Alguna, incluso, acaba de iniciar una de esas múltiples reuniones en las que tenemos que escuchar como se cuestionan los derechos fundamentales de nuestres hijes. Entonces llega el mensaje. Otra vez no. Uno de lxs nuestrxs se ha dado por vencido,  se ha marchado sin ruido. Alguien propone aplazar esa reunión pero no aceptamos, si algo podemos hacer  es reunirnos y hablar, hasta agotarnos, hasta quedarnos sin voz. Y es lo que hacemos una y otra vez, repetir y repetir, hasta que se interiorice, hasta que se entienda, hasta que lo conseguimos. Tenemos suficientes motivos para seguir a pesar de los pesares, a pesar de que no nos entiendan, a pesar de ser políticamente incorrectas, a pesar de que nos cuestionen, nos van las vidas en ello.

Empiezan las reacciones, se reproducen los nudos en el estomago o en la garganta, las lágrimas que inundan de impotencia los ojos que no quisieran leer lo que leen. Una familia rota a la que acompañan otras que también se resquebrajan. El respeto por el dolor compartido de las familias, la prudencia por no importunar el duelo, se disuelven en las redes que empiezan a difundir la noticia.

Ekai nos ha dejado con solo 16 años.

A veces la vida se torna compleja.  Cuando se acumulan las dificultades y vence la desesperanza puede parecer que  quedan pocas opciones.

Nos queda la sensación de fracaso, de no haber estado a la altura,  de no haber sabido adelantarnos a los acontecimientos.  Nos queda la rabia y una tremenda impotencia, pero tambien la necesidad de seguir luchando. Detrás queda la colección de quejas ante el Hospital de Cruces, las preguntas incomodas y los items que no se cumplen. Detrás queda una familia destrozada. Detrás quedan los anhelos de un gran artista y una  vida frustrada.

No podemos evitar que vengan a la mente esas insistentes propuestas paternalistas, en las que se cuestionan las realidades trans*, la necesidades, las edades y las vidas de personas que son ajenas y no precisan de autorización para vivirlas. Esas personas que desde su pedestal se atreven a restringir las libertades, a retrasar el reconocimiento legal, un tratamiento hormonal o que la documentación refleje las verdaderas identidades. Deseamos que descansen sobre sus espaldas nuestros sufrimientos y ausencias y que algún día, no muy lejano, respondan por su irresponsabilidad.

***

Y de nuevo, Carla Antonelli nos comunica:

Concentración sábado 17 febrero a 17.00 Ondarru / Ondárroa, Plaza Ayto, x #Ekai, el adolescente transexual 15 años q se suicidó en #Euskadi, intolerante presión sector propaga #IdeologíaDelOdio, falta empatía administraciones a propia identidad sexual, #MaiteZaitugu, #VuelaAmigo pic.twitter.com/Dl1ocvhW4W

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 16 de febrero de 2018

Este sábado hay previstas al menos dos concentraciones en recuerdo a Ekai y como protesta por la transfobia. En Ondarroa, su localidad, a las 17:00 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, convocada por Chrysallis Euskal Herria. En Sevilla, por su parte, el colectivo ATA-Sylvia Rivera ha convocado otra concentración a las 18:30 horas en la Plaza Nueva, bajo el lema “No son suicidios, son asesinatos”:

Gracias al activista LGTBI Rubén López, hemos podido conocer el Comunicado de @Errespetuz, Asociación de Transexuales de Euskadi ante la muerte de Ekai. DEP.

Comunicado de @Errespetuz, Asociación de Transexuales de Euskadi ante el suicidio de Ekai, chico transexual vasco de 16 años. DEP. pic.twitter.com/KrtuWtehPS

— Rubén López (@rubenlodi) 16 de febrero de 2018

Según desvelaba Antonelli en su tuit, el joven trans tenía 16 años. A falta de conocer más detalles (en caso de que la familia decida hacerlos públicos), la noticia nos devuelve el recuerdo de Alan, el joven de 17 años que también se quitó la vida en Rubí (Barcelona) el 24 de diciembre de 2015, y cuya muerte puso sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans.

Es cierto que en el intervalo de tiempo que ha pasado entre ambas muertes hemos visto como nuevas comunidades autónomas aprobaban leyes de protección del colectivo trans (en Madrid y en la Comunidad Valenciana, aunque en el caso madrileño la ley sigue sin ser desarrollada), pero también hemos tenido que enfrentarnos a la repugnante campaña tránsfoba de HazteOír, que precisamente denigraba la realidad de los menores trans y sus familias, y que la justicia madrileña se ha negado a considerar delito de odio asumiendo además buena parte del argumentario ultraconservador.

De ahí que tenga todo el sentido la denuncia de Antonelli: conocemos esta nueva muerte precisamente cuando HazteOír presume abiertamente de desobedecer la ley madrileña contra la LGTBfobia, aprobada también en este intervalo. Lo hace mediante la convocatoria de un encuentro de carácter LGTBfobo que asegura “incumplirá todas las leyes LGTBI en vigor en España”:

Resulta cuanto menos curioso que un evento del que ya de antemano sus organizadores anuncian que va a incumplir la ley se pueda celebrar sin problema alguno…

Al encuentro acudirán “expertos y científicos internacionales [sic]” habituales de este tipo de eventos y que pese su diferente pelaje tienen en común su negacionismo del principio de autodeterminación de género y su transfobia. Entre ellos, por ejemplo, Michelle Cretella, presidenta del American College of Pediatricians, un grupúsculo de pediatras ultraconservadores considerado “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center (SPLC, una organización estadounidense de defensa de los derechos civiles que trabaja en el ámbito de los estados del sur), o Miriam Ben-Shalom, una activista lesbiana ferozmente contraria al derecho de las personas trans a utilizar baños y otras instalaciones públicas acordes con su identidad de género. Tendrá lugar en el centro comercial ABC Serrano el próximo viernes 23 de febrero.

Pero organizaciones como HazteOír no son el único problema. También lo son aquellos que simplemente niegan a los menores trans su derecho a la autodeterminación del género, dificultan que puedan acceder a los tratamiento, ponen trabas administrativas al reconocimiento jurídico de su identidad, o no permiten que las leyes se actualicen para adecuarlas a su realidad. “No podemos evitar que vengan a la mente esas insistentes propuestas paternalistas, en las que se cuestionan las realidades trans*, la necesidades, las edades y las vidas de personas que son ajenas y no precisan de autorización para vivirlas. Esas personas que desde su pedestal se atreven a restringir las libertades, a retrasar el reconocimiento legal, un tratamiento hormonal o que la documentación refleje las verdaderas identidades. Deseamos que descansen sobre sus espaldas nuestros sufrimientos y ausencias y que algún día, no muy lejano, respondan por su irresponsabilidad”, podemos leer, en esta ocasión, en la web general de Chrysallis.

Hace dos años era Alan, otro adolescente trans de 17 años que se quitó la vida en Rubí (Barcelona). Ahora es Ekai. De otros muchos seguramente ni trascienda su nombre. Es urgente actualizar el marco legislativo español en materia de transexualidad para ofrecer una mayor protección a los más vulnerables, los menores trans, en todos los ámbitos: el sanitario, el educativo, el social, el cultural, el deportivo. Basta de transfobia.

Fuente Dosmanzanas/Chrysallis/ Errespetuz

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La Fundación del Español Urgente ha escogido “trans” como una de sus doce candidatas de 2017 a palabra del año. Se trata de una lista de términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. 

“Trans”, según la Fundéu, “es un acortamiento válido de los adjetivos transexual y transgénero”. “Aunque en algunos contextos se emplean indistintamente las palabras transgénero y transexual para referirse a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer, en otros la segunda se aplica solo a quienes, además, han iniciado un proceso de reasignación mediante tratamientos como la hormonación o la cirugía. Trans es un acortamiento adecuado desde el punto de vista lingüístico (como foto, tele, hetero o progre) que engloba los dos términos anteriores y es, en general, la forma preferida por las personas de este colectivo”, argumentaba en marzo de 2017 esta entidad.

“Al igual que transexual y transgénero, trans es un adjetivo que se emplea en ocasiones como sustantivo («un/una trans»). La comunidad LGTB rechaza este uso y prefiere que se utilice como adjetivo («una persona trans»). En todo caso, no es preciso destacarlo con cursivas ni comillas”, continuaba la Fundéu. “Para aludir al rechazo a las personas trans se emplea el sustantivo transfobia. El adjetivo preferible es tránsfobo, aunque la forma transfóbico no es incorrecta”, añadía.

Al hilo del término “trans”, la Fundéu hacía también una referenca al término “cis”: “El uso de los términos transexual y transgénero ha dado lugar, en este contexto, a la aparición de sus contrarios, cisexual y cisgénero, con los que se alude a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Se usa también, y es válido, el acortamiento cis”.

La Plataforma por los derechos Trans lo celebra

Tras conocer la inclusión del término entre las candidatas, la Plataforma por los Derechos Trans # Nadie Sin Identidad ha mostrado en un comunicado su satisfacción “por la visibilidad que supone para un colectivo que por ignorancia vive en la exclusión social y en una falta de protección jurídica que le garantice el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género como derecho humano fundamental”, en palabras de su presidenta, Mar Cambrollé.

Para esta plataforma, “aunque desde hace aproximadamente 25 años los colectivos de gais y lesbianas nos incluyeron en el acrónimo LGTB, paradójicamente al tratarse de realidades distintas, orientación e identidad, las políticas LGTB han hecho más hincapié en las demandas y visibilidad de las personas gais y lesbianas”. “Lo que no se visibiliza, no existe, y lo que no existe, no tiene derechos, por ello es de suma importancia para nuestra comunidad la visibilidad de la palabra trans, máxime cuando estamos a las puertas de que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley integral para las personas trans”,  explica Alejandro Moreno, secretario de organización de la Plataforma.

La Fundéu, cada vez sensible a la terminología LGTB

La Fundación del Español Urgente (también conocida como Fundéu BBVA, o ya simplemente como Fundéu) fue creada en 2005 por un acuerdo entre el banco BBVA y la agencia EFE, y su objetivo es velar por el buen uso del castellano en los medios de comunicación. Cuenta además con el asesoramiento de la Real Academia Española de la Lengua, aunque reacciona de forma mucho más rápida que esta por lo que a las necesidades de nuevas recomendaciones y términos se refiere.

La Fundéu comenzó a escoger “palabra del año” en 2013, con intención de destacar aquellos nuevos términos que han estado presentes en la actualidad informativa del año en cuestión y manifiestan además algún interés o curiosidad desde el punto de vista lingüístico. En las ediciones previas las elegidas fueron escrache (2013), selfi (2014) y refugiado (2015). En 2016 la ganadora fue populismo, aunque una de las doce candidatas finales fue LGTBfobia”, como recogimos en su momento. Y que duda cabe que este 2017, debido sobre todo a la campaña de odio promovida por la organización HazteOír, palabras como “trans” y “transfobia” han estado muy presentes en los medios.

La Fundéu también ha mostrado una capacidad de rectificación digna de agradecer en estos tiempos en los que reconocer errores propios es una rareza; el pasado noviembre retiró la recomendación de utilizar matrimonio homosexual en lugar de matrimonio igualitario tras analizar los argumentos contrarios que desde diferentes ámbitos del movimiento LGTBI se le hicieron llegar.

Fuente Dosmanzanas

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La organización ultraconservadora HazteOír celebró el pasado sábado en el restaurante Pedro Larumbe de Madrid la 14º edición de sus premios anuales. Es un evento al que en condiciones normales no prestaríamos atención, pero la presencia de representantes oficiales de la Policía Nacional y Guardia Civil, que recogieron sendos galardones y que pronunciaron discursos elogiosos hacia HazteOír, no creemos que deba obviarse. Resulta altamente preocupante que mandos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado confraternicen de esa manera con una organización que ha hecho de la lucha contra los derechos civiles de las personas LGTBI y de la promoción del odio tránsfobo su principal razón de ser. Máxime cuando este año el escenario estaba decorado con referencias al “autobús del odio” y a la propuesta de ley contra la LGTBIfobia.

Los premios HazteOír no son más que una expresión más de la ideología reaccionaria de dicha organización. Entre los premiados este año hay personajes como Alicia Rubio, autora de un libro contra “la ideología de género”, el sacerdote Custodio Ballester, que el pasado mes de junio pronunció una homilía homófoba en Hospitalet de Llobregat en la que calificó la homosexualidad de “pecado gravísimo” (fue denunciado ante la Generalitat por el Observatori contra l’Homofòbia, pero la denuncia fue archivada) o Nathalie de Williencourt, fundadora de Homovox, un grupúsculo francés formado supuestamente por homosexuales contrarios al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental, y que según HazteOír es “una de las asociaciones de homosexuales más importantes de Francia”.

Nada nuevo bajo el sol, en definitiva. Si este año nos hacemos eco de estos premios es porque a su acto de entrega acudieron mandos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, ya que ambos cuerpos habían sido también galardonados (por su actuación frente a las movilizaciones independentistas de Cataluña). En concreto, acudieron el general de la Guardia Civil Arturo Espejo y el comisario y jefe del Área de Publicaciones del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía, Mario Hernández. Y más allá de las corteses palabras de agradecimiento, ambos aprovecharon sus discursos para elogiar, aunque fuese sin entrar en detalles, a la organización HazteOír. El general Arturo Espejo, en su discurso, alabó la existencia de “catalizadores que nos permitan la convivencia en sociedad”, entre los que citó a “la familia”, “la religión” y “la educación”. Más explícito fue Mario Hernández, que aseguró que “los valores de dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales que promueve esta asociación [en referencia a HazteOír] son principios que nuestros conciudadanos han mandado proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. 

Habrá quienes consideren una muestra de simple educación que representantes cualificados de la Guardia Civil y de la Policía Nacional acudiesen a recibir unos premios que HazteOír les había concedido. A nosotros, sin embargo, no deja de llamarnos la atención que desde los Ministerios de Interior y Defensa, responsables últimos de ambos cuerpos, se tenga este gesto ante una organización que simple y llanamente promueve el odio contra una minoría. Especialmente preocupante resulta el tono cómplice de los discursos, que podrían haberse limitado a un agradecimiento genérico. O que, por el contrario, podrían haber incorporado una mención al carácter de garantes de los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género, que se le suponen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Más aún cuando el acto de HazteOír, como bien puede apreciarse en el vídeo que lo recoge en su integridad, se abrió precisamente con alabanzas de los presentadores al “autobús del odio” contra los niños y niñas transexuales, y cuando los representantes de Guardia Civil y Polícia Nacional (y el resto de premiados) recogieron sus galardones y pronunciaron sus discursos de agradecimiento en un escenario decorado, entre otros elementos, con una reproducción del autobús y con un panel con la leyenda “Ley Mordaza LGTBI: Van a por tus hijos”. 

HazteOír se niega a pagar la multa impuesta por la Comunidad de Madrid

Precisamente este jueves se ha conocido la cuantía de la multa que la Comunidad de Madrid ha impuesto a HazteOír por la difusión de un panfleto, enviado en su momento a colegios de toda España, en el que denigraba los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI. En respuesta a una denuncia de Arcópoli, y en aplicación de la ley madrileña contra la LGTBfobia, la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid ha considerado a HazteOír merecedor de una sanción leve y le ha impuesto una multa de 1.500 euros por emitir en dicho panfleto “expresiones de carácter vejatorio hacia las personas LGTBI”.

Una sanción que, pese a su levedad, ha sido saludada por Arcópoli por su carácter simbólico, pero que HazteOír ya ha anunciado que se niega a pagar. Sin duda animada por sus recientes victorias en los conservadores tribunales madrileños, la organización ultraconservadora está dispuesta a seguir batallando en los tribunales. Medios no le faltan para ello. Recordemos, además, que gracias a su declaración como “entidad de utilidad pública” en 2013, y que el Ministerio del Interior se niega a retirarle, los donantes y socios de HazteOír se benefician de ventajas fiscales. Según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones, los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

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La historia de Carla González Aranda ha sido ya recogida en otros medios, pero merece la pena que también nosotros la contemos. Por desgracia, es una historia con la que muchas personas LGTBI se sentirán identificadas: la del rechazo de tu propia familia. Carla es una chica trans. Su madre, Marcela Aranda, es una activista evangélica, directora del denominado “Observatorio Legislativo Cristiano”, y que ha hecho de la transfobia una de sus causas. Ella fue una de las organizadoras del periplo chileno del “autobús del odio”, puesto en marcha por CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, y que hasta la Cámara de Diputados de Chile rechazó por amplia mayoría. Carla ha querido lanzar un mensaje de esperanza para ayudar a otras personas que puedan encontrarse en una situación parecida. 

Carla González Aranda, de 19 años, compareció la pasada semana en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) para, tras presentarse como hija de Marcela Aranda, una de las caras más reconocibles del odio tránsfobo en Chile, explicar públicamente su condición de mujer trans y anunciar el inicio del proceso judicial con objeto de modificar su nombre y sexo registral. “Soy Carla González Aranda, soy hija de Marcela Aranda. Quiero hacer público esto para poder brindar apoyo a todas las personas que están pasando por una situación parecida a esta. De que se puede salir adelante, sin importar las circunstancias”, explicó.

Carla quiso enviar dos mensajes fundamentales, uno para los padres y madres de personas LGTBI y otro para los niños, niñas y adolescentes LGBTI. A estos últimos, les insistió en que no están solos. “Es un proceso complicado, personalmente es difícil de llevar. Que busquen apoyo; independientemente si es en la familia biológica, amigos, o en la familia que uno se va haciendo, en instituciones; salir adelante. Tomar la decisión de mantenerse firme en su postura y no doblegarse, no dejarse pisotear por la presión social, aunque es complicado, ese el mensaje”, aseguró.

A los padres y madres les pidió ser más “abiertos de mente”. “No se cierren solo a una opción, ni a lo que les dicen, busquen información, infórmense más. Si no están seguros de algo, busquen apoyo. Si su hijos les dicen que se sienten de una forma, no los juzguen por eso, sino que apóyenlos, estén con ellos. Para un niño lo más difícil es su infancia es lo que los marca por el resto de sus vidas. Debería haber más apoyos para ellos. Yo soy una persona adulta ya, tengo mi familia, aparte de mi familia biológica, y el apoyo que necesito es el de la familia que tengo ahora”, contó. “Yo quería utilizar esto para poder enviar un mensaje a todas las personas que están pasando a un proceso parecido como yo, que se puedan acercar a una institución como el MOVILH, que puedan saber que no están solos, que lo que están pasando no tienen que pasarlo, sufrir a oscuras”, añadió.

Carla González Aranda explicó que lleva ya unos tres años sin comunicarse con su madre, precisamente el tiempo que ha pasado desde que le reveló su condición de mujer trans. Una situación que de hecho no ha cambiado después de que Marcela Aranda, que sigue refiriéndose a ella como si fuese un hombre, se haya convertido en una conocida activista en contra del reconocimiento de la realidad de los menores trans. “Yo no puedo negarle su derecho a expresarse. Si ella quiere mencionarme como ella quiera es su problema, pero me hace sentir mal como se refiere a mí”, explicó. “Marcela es mi progenitora, yo no la consideró una madre”, añadió, dejando claro que en este momento su verdadera familia no es otra que su actual pareja y su familia, que la ha aceptado con total normalidad.

Carla respondió además a las acusaciones de “utilización” que su madre lanzó al MOVILH, y que de hecho Marcela Aranda hizo públicas un día antes de que su hija se explicase públicamente. “El MOVILH en todo momento mantuvo mi solicitud de apoyo de la manera lo más privada posible, siempre fue el apoyo completo y no buscaron lucro por ninguna parte. A mí en ningún momento se me pidió que hiciera algo. De hecho esta conferencia de prensa la pedí yo”, afirmó.

Rolando Jiménez, representante del MOVILH, aseguró por su parte que desde hace unos tres o cuatro meses la organizacion ha estado brindando asesoría legal y psicológica a Carla, “a quien admiramos”. “Su valentía, su fuerza, su ausencia de rencor, su capacidad de salir adelante es un ejemplo para todas y todos”, añadió. Jiménez criticó duramente a Marcela Aranda por hacer visible la identidad de género de su hija antes de que ella pudiese explicarse. “Eso es inmoral, como también lo es tratar a la joven como hombre. Como también lo es hablar de educación para los hijos, cuando abandonaste y discriminaste a los tuyos”, explicó.

Sin duda, una mujer valiente, a la que transmitimos todo nuestro cariño.

Os dejamos, para finalizar, con el vídeo de la mencionada conferencia de prensa de Carla González Aranda y Rolando Jiménez:

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La situación en Brasil comienza a ser inquietante: los grupos evangélicos ganan posiciones e influencia, algunos derechos LGTB comienzan a dar marcha atrás, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro es ya uno de los favoritos para ganar las próximas elecciones presidenciales… En este contexto, la visita de Judith Butler, intelectual de referencia tanto del feminismo como del movimiento LGTB (es una de las “teóricas queer” más importantes) se adivinaba complicada. Y así ha sido. Una campaña de odio promovida por ultraconservadores estuvo a punto de dar al traste con la participación en un simposio al que había sido invitada, pero además Butler tuvo que soportar la agresión verbal (y casi física) de un grupo de ultraconservadores en el aeropuerto.

Judith Butler había sido invitada a participar en el simposio “Los fines de la democracia“, celebrado entre el 7 y el 9 de noviembre en el centro cultural Sesc Pompeia de São Paulo, organizado por la Universidad de California en Berkeley (de la que es profesora Judith Butler) y el Departamento de Filosofía de la Universidad de São Paulo y financiado por la mencionada Universidad de California y la fundación estadounidense Andrew W. Mellon. Un evento, por tanto, de carácter universitario, cuyo objeto de discusión era el concepto de soberanía popular y su relación con la democracia liberal, así como el surgimiento de los movimientos populistas en política. No incluía en su programa debates ni mesas redondas sobre feminismo, teoría queer o derechos LGTB. Sin embargo, la mera presencia de Butler y el peso de su obra teórica fue suficiente para movilizar a los pujantes grupos ultraconservadores, muy vinculados a las iglesias evangélicas (aunque no solo) y que cada vez están cobrando más peso tanto en las calles como en el ámbito político.

A través de la plataforma CitizenGo (la marca que HazteOír utiliza para la difusión internacional), los ultraconservadores consiguieron reunir algo más de 370.000 firmas pidiendo la cancelación de la visita de Butler. “No queremos una ideología de género que enmascara un objetivo político marxista. Sus libros quieren hacernos creer que la identidad es variable y fruto de la cultura. La ciencia y sobre todo la realidad nos muestran lo contrario. Su presencia en nuestro país en un simposio comunista, pagado con dinero de una fundación internacional, no es deseada por una abrumadora mayoría de la población nacional”, rezaba la petición.

Poco importó lo delirante del texto. La apelación a la amenaza marxista (sufragada por capital estadunidense…) y sobre todo la mención a la “ideología de género” (el término que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans) fue suficiente para desatar la histeria, reunir miles de firmas y desatar la batalla en las redes sociales. Además, decenas de personas se congregaron físicamente frente al centro en el que tenía lugar el simposio gritando consignas de odio contra Butler (llegaron a quemar un muñeco que la representaba, en una especie de intento por “exorcizar el mal”), si bien también acudieron manifestantes en favor de Butler. Basta echar un vistazo a las imágenes recogidas por Ruptly TV para comprobar el odio que los manifestantes emanaban (el reportaje también recoge en su segunda parte imágenes de los contramanifestantes en apoyo de Butler):

Acosada en el aeropuerto

Pero la cosa no terminó ahí, por desgracia. Cuando se disponían a tomar el vuelo de vuelta, Judith Butler y su pareja fueron acorraladas en el aeropuerto de Congonhas por un grupo de personas que le gritaron a la filósofa “no eres bienvenida”, “eres el mal”, “destructora de los niños”, “pedófila” o “destructora de familias”, entre otras barbaridades. Destacaron por su violencia verbal dos mujeres que portaban pancartas y que no dejaron de acosar a la filosófa por todo el vestíbulo del aeropuerto, hasta que vigilantes de seguridad y otras personas que espontáneamente defendieron a Butler se interpusieron y la permitieron marcharse. En las imágenes, difundidas en redes sociales, puede verse incluso como una de ellas la intercepta en un momento determinado con un carro portaequipajes. Insertamos a continuación el vídeo publicado por El Salto Diario, que ofrece las imágenes subtituladas:

Entre las personas que defendieron a Butler en el aeropuerto se encontraba Danieli Lima, que en su perfil de Facebook ha denunciado la actitud racista de una de las mujeres que acosaron a la filosófa (en concreto la que viste blusa amarilla), que se dirigió a ella y a otras personas de raza negra de modo despectivo:

Brasil: preocupante contexto regresivo

Hace pocas semanas recogíamos el fallo de un juez federal brasileño, que estimaba el recurso de varios psicólogos vinculados a grupos evangélicos y ordenaba al Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que permitiese de nuevo las “terapias” reparadoras de la homosexualidad, prohibidas desde 1999. El fallo sacudía la sociedad brasileña, enfrentada a una ola regresiva no solo en materia política (tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer) sino también social, fruto en buena parte de la ya mencionada pujanza de los grupos evangélicos.

Una regresión que amenaza los avances que Brasil había experimentado en materia LGTB en años recientes. A finales del año pasado Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en 2018. Veremos qué sucede, pero el panorama es, como decíamos al principio, profundamente inquietante.

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Camila Vallejo, diputada chilena impulsora del proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” de HazteOír.

Una amplia mayoría de la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado un proyecto de resolución que rechaza los “mensajes discriminatorios” promovidos por el mal llamado “bus de la libertad” de la organización española LGTBfóbica HazteOír. En concreto, han sido 63 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al bus del odio, que llegaba a Chile el pasado mes de julio, después de haber recorrido distintas ciudades de España, los Estados Unidos o Colombia, entre otros países. Para el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), el Congreso Nacional de este Estado de Latinoamérica “ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno del Partido Popular, HazteOír reaparecía en España a principios de agosto para ensuciar el debate de la ley de igualdad LGTBI. A través del auto de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, del cual fue ponente el juez conservador Eduardo de Urbano, se levantaba la prohibición cautelar de circular al autobús de HazteOír con sus mensajes ofensivos hacia los niños y niñas trans. Un auto sorprendente que además ha servido de justificación al gobierno de Mariano Rajoy para congelar cualquier intención de retirar a esta organización ultraconservadora los privilegios fiscales que el mismo gobierno les concedió en 2013 al declararla entidad “de utilidad pública”.

Sin embargo, HazteOír y sus filiales (entre ellas, CitizenGo) han recibido un importante varapalo en Chile, donde la Cámara de Diputados ha rechazado y reprobado los “mensajes discriminatorios” y de odio de su mal llamado “bus de la libertad”. La diputada Camila Vallejo ha sido la principal defensora de la censura parlamentaria al citado vehículo LGTBfóbico de HazteOír, con el respaldo de Lautaro Carmona, Loreto Carvajal, Denise Pascal, Tucapel Jiménez, Matías Walker y Guillermo Teillier. La resolución explica que “es consenso en las Ciencias Sociales el hecho de que la promoción de estereotipos negativos en base a prejuicios y desinformación son la base de acciones discriminatorias, que pueden tener consecuencias dramáticas”.

El MOVILH se ha felicitado por esta iniciativa de la Cámara de Diputados y ha asegurado que se trata de “un claro y contundente posicionamiento del Estado contra los discursos de odio que disfrazados de creencias religiosas incitan de manera explícita o implícita a la violencia o la negación de derechos de las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género”.

Por su parte, Rolando Jiménez, en calidad de director del Área de Derechos Humanos del MOVILH, ha enfatizado que “es del todo relevante para el integral respeto integral a los derechos humanos que el Estado no se silencie frente a los mensajes de odio y hoy el Congreso Nacional; gracias a una iniciativa encabezada por la diputada Vallejo y ampliamente respaldada por otros 62 parlamentarios; ha dado una importante señal que esperamos sea replicada por todos los países donde este odioso bus siga circulando”.

Como recogía dosmanzanas a mediados de julio, la diversidad LGTB que promueve el MOVILH en Chile se imponía al “bus del odio” de HazteOír. Al menos se registraron nueve detenidos por incidentes relacionados con el vehículo LGTBfóbico, entre ellos el autoproclamado “pastor” Soto (conocido por su hostilidad hacia los derechos LGTB). Cabe destacar que, dentro de dos semanas, está previsto que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, presente un proyecto de ley que sancione la incitación a la violencia motivada, entre otras razones, por la LGTBfobia.

Fuente MOVILH

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Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

El pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Recordemos: el @PPopular firmó compromiso con esta #LeyIgualdadLGTBI Se abstendrá. Incumple la palabra. @ALevySoler @JavierMaroto y ahora? pic.twitter.com/Rap1PraPVn

— Amanda Rodríguez (@Amanda_Ca) 19 de septiembre de 2017

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Est. LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

Una organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

La #PrL #LeyIgualdadLGTBI de @PodemosCongreso, @EnComu_Podem y @En_Marea supera su primer examen 📝 NdP: https://t.co/k2K6WknnsB pic.twitter.com/JRlKz03qy0

— Congreso (@Congreso_Es) 19 de septiembre de 2017

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictamina el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada por la Fiscalía.

La decisión se conoce después de que el ministro del Interior declarase que “HazteOír cumple con los requisitos para ser de utilidad pública”.

Recordamos los hechos una vez más. El pasado febrero, HazteOír comenzaba a pasear por las calles de Madrid un autobús con el mensaje: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”. Un lema que no era otra cosa que la versión tránsfoba de la campaña de concienciación ciudadana sobre la transexualidad infantil que semanas antes había promovido en varias ciudades del País Vasco y Navarra Chrysallis Euskal Herria, organización vasca de familias de menores trans. El autobús también hacía promoción del panfleto publicado por HazteOír y enviado en su momento a colegios de toda España en el que denigra los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades en materia LGTBI.

HazteOír desafiaba abiertamente tanto la ley madrileña contra la LGTBIfobia como el propio Código Penal español, cuyo artículo 510, en su apartado 2, castiga a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Un desafío que HazteOír ha ganado. La Audiencia Provincial de Madrid levantaba en julio la inmovilización cautelar del ya conocido como “autobús del odio” con un auto de marcado contenido político en el que el juez conservador Eduardo de Urbano llegaba a compararlo con el “tramabús” de Podemos contra la corrupción política  y asegurada que “los delitos de odio son algo muy distinto a profesar y difundir una ideología”. “Las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”, llegaba a decir. Es decir, que negar la existencia de la transexualidad infantil es “debate de ideas” y atacar de una forma tan ofensiva a los niños y niñas trans y a sus familias no es un ataque focalizado contra un grupo determinado…

El auto hacía suyo, de hecho, todo el argumento ultraconservador, al considerar que oponerse a que circule el autobús del odio “no es democrático y supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva ideocracia”. 

Quedaba por conocer, en cualquier caso, qué sucedía con la denuncia interpuesta por la Fiscalía. Pues bien, según informa eldiario.es, la jueza María Isabel Durantez, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, ha hecho suyos los razonamientos de la Audiencia Provincial para sobreseer el procedimiento, aun sin haber terminado de investigarlo y pese a que los argumentos del órgano superior solo se referían a la medida cautelar de inmovilización y no al posible delito. En base a estos argumentos, la jueza considera que “no existen motivos suficientes para considerar la perpetración de un delito del artículo 510.2 del Código Penal”. “Ha de primar la libertad ideológica y de expresión reconocida como derecho fundamental en la Constitución del 78”, añade.

En nuestra modesta opinión, nos encontramos ante una de las noticias más graves de los últimos tiempos en materia LGTB. De nada sirve la existencia de buenas leyes si no hay voluntad de aplicarlas, una divergencia que en España cada vez resulta más clara en el caso de las acciones discriminatorias y de odio contra las personas LGTBI que no implican directamente agresiones físicas (e incluso en este caso hay jueces que se niegan a reconocer el delito de odio). Y no parece que la justicia española, en este terreno, esté por la labor. Y tampoco, por cierto, el Gobierno de España, que esta misma semana se negaba a retirar a HazteOír su privilegiado estatus de entidad de utilidad pública si la justicia no la condenaba.

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Autobús del Odio, Delitos de Odio, Eduardo de Urbano, HazteOir, LGTBfobia, Madrid, María Isabel Durantez, Transfobia

El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Autobús del Odio, Carla Antonelli, Change.org, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, Eduardo de Urbano, Hazte oir, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, LGTBfobia, María del Mar Blanco, Ministerio del Interior, Partido Popular, PP, PSOE, Ricardo Sixto, Transfobia, Unidos Podemos, Utilidad Pública

La derecha ultraconservadora y LGTBfoba busca su cuota de protagonismo en las próximas elecciones alemanas. Demo für alle, el movimiento contra las leyes de igualdad LGTB inspirado en la tristemente exitosa Manif pour tous francesa, ha presentado una campaña contra el matrimonio igualitario. Los medios empleados recuerdan ostensiblemente a los de sus correligionarios de HazteOír en España, y de hecho su marca internacional, CitizenGo, aparece también como promotora. La organización pretende pasear un autobús con mensajes contra la igualdad LGTB, que circularía por varias ciudades alemanas en los días previos a los comicios del próximo 24 de septiembre.

La campaña de odio LGTBfobo de HazteOír y sus acólitos internacionales salta una nueva frontera. Bajo el paraguas de CitizenGo, el movimiento Demo für alle ha presentado un boceto del autobús que pretende hacer circular por varias ciudades alemanas en plena campaña electoral. El diseño revela su fuente de inspiración: color naranja y las imágenes esquemáticas de una pareja de distinto sexo y de la misma con dos hijos como únicos modelos válidos de matrimonio y familia, respectivamente. Debajo, la traducción casi literal al alemán de una frase del autobús tránsfobo de HazteOír: “¡Que no te confundan!”.

Los promotores pretenden mostrar el vehículo en diez ciudades alemanas, empezando por Múnich el próximo miércoles, donde el movimiento Vielfalt statt Einfalt (“Diversidad en lugar de ignorancia”) ya ha convocado una concentración de protesta. La comitiva se cerraría en Berlín el día 15. Allí quieren entregarle a la canciller Angela Merkel una petición, firmada previsiblemente por más de 220.000 personas, para que “el matrimonio siga siendo matrimonio”. Entre los principales responsables de este “autobús de la libertad de opinión” se encuentra Hedwig von Beverfoerde, que ha colaborado estrechamente con la eurodiputada ultraconservadora de Alternativa para Alemania (AfD) Beatrix von Storch.

El vínculo entre Demo für alle y la extrema derecha de AfD se remonta a la movilización contra los programas de diversidad afectivo-sexual en los centros educativos tramitados por varios estados alemanes. La organización LGTBfoba es un calco de la Manif pour tous francesa, aunque afortunadamente no haya llegado al mismo nivel de agitación y virulencia en las calles. El movimiento retoma ahora su campaña contra el matrimonio igualitario, aprobado por el Bundestag hace dos meses. Con la probable intención de reintroducir un tema por ahora prácticamente ausente en la campaña para las elecciones generales del próximo 24 de septiembre.

Parece claro que la derecha más ultramontana no renuncia a replicar tácticas empleadas en otros países con el objetivo de atraer el foco mediático e intentar introducir en el debate político su agenda reaccionaria. En España, HazteOír reaparecía hace un mes para ensuciar el debate sobre la ley de igualdad LGTB, envalentonada por la impunidad judicial y la pasividad del Gobierno (que la sigue considerando entidad de utilidad pública). Autobuses con mensajes de odio tránsfobo llegaron también a Nueva York, con el patrocinio de la Organización Nacional para el Matrimonio (NOM), y a Bogotá. Su presencia en la capital de Colombia dejó de nuevo clara la intención de influir en la agenda política al coincidir con el rechazo parlamentario a un referéndum contra la adopción homoparental.

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El Leicester City ha demostrado su tolerancia cero frente a la LGTBfobia en casa. El personal del club expulsó del estadio a entre 20 y 30 personas por este motivo y, posteriormente, la Policía detenía a dos hombres, al revisar las imágenes, por incitar al odio homófobo en el deporte. Desde la dirección del equipo inglés han expresado que “estamos comprometidos con crear un ambiente apasionado, inclusivo y acogedor en King Power Stadium, en el que todos puedan disfrutar de la experiencia de la jornada”. Esta actitud contundente frente a la LGTBfobia en el fútbol, que ha tenido lugar en el Reino Unido, contrasta con la pasividad y la permisividad que en este ámbito existe aún en España, donde todavía recordamos incidentes como los sufridos por el árbitro Jesús Tomillero.

Durante el partido disputado contra el Brighton and Hove Albion, el pasado sábado 19 de agosto, el Leicester City dio una gran lección deportiva al actuar contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el fútbol. Contrariamente a lo que vienen defendiendo organizaciones radicales como HazteOír, la libertad de expresión no puede amparar la falta de respeto contra los derechos de otras personas o colectivos. Así lo entendió la dirección del club inglés cuando decidió expulsar a entre 20 y 30 personas de su estadio por su actitud LGTBfóbica y antideportiva.

Asimismo, la Policía detenía a dos hombres por incitar al odio LGTBfóbico en el mencionado partido, después de visionar las imágenes. Al parecer, para uno de ellos la pena se va a quedar en una advertencia condicionada en esta ocasión. El otro arrestado, sin embargo, tendrá que declarar ante el juez el próximo 14 de septiembre. Cabe destacar, por otra parte, la expulsión de tres hombres más por saltar al terreno de juego (dos de ellos seguidores del Brighton y uno del Leicester City).

“Cuando las personas usan los cánticos homófobos, en realidad están hablando de la identidad de una persona y esto es inaceptable. No importa que lo haga un grupo entero”, ha justificado Graham Smith, el presidente de Foxes Pride (un grupo de aficionados LGTBI del Leicester, similar al que este año nacía para apoyar al Valencia CF). Graham, además, ha añadido que en estos casos cabe esperar la misma contundencia que contra el racismo en el deporte, ya que “no es ninguna broma”.

En términos muy parecidos se expresan los representantes de la red Gay Football Supporters Network, para los que “este incidente solo sirve para recordarnos que debemos seguir trabajando arduamente para crear un entorno en el que todos puedan participar en el fútbol sin temor a sufrir abusos”.

LGTBfobia en el fútbol

Dosmanzanas informaba hace unos pocos días de que, precisamente en el Reino Unido, Ryan Atkin se convertía en el primer árbitro del fútbol profesional inglés abiertamente gay. En la primera entrevista que concedía, Atkin señaló que “claramente, este es un paso hacia lo desconocido -en nuestra competición profesional en Reino Unido es bien conocido que hoy día no hay futbolistas abiertamente homosexuales, ni ha habido ningún árbitro abiertamente homosexual hasta ahora-. Espero que mi acción, aunque sea pequeña, ayude a darle a otros en una situación parecida la confianza para ser ellos mismos”.

En España la LGTBfobia sigue usándose impunemente como arma arrojadiza para menospreciar a los rivales en los campos de fútbol y en otros deportes. Tras las amargas experiencias del árbitro Jesús Tomillero, Andrés Iniesta le transmitía a este su preocupación por la homofobia en el fútbol: “Mira lo que te pasa a ti, imagínate lo que nos pasaría a nosotros”. A la hora de combatir la discriminación y el odio homófobo en el fútbol no ayudan actitudes como la de los grandes equipos deportivos españoles, que se resisten a implicarse activamente contra la LGTBfobia.

Tampoco lo hacen declaraciones como las que brindó en febrero el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas (ex miembro del partido de extrema derecha Fuerza Nueva y admirador “en ocasiones” de un Le Pen a la española), en las que ponía en el mismo plano a nazis y a homosexuales.

En el sentido contrario, el pasado mes de octubre nos hacíamos eco de que la FIFA comunicaba nuevas sanciones contra las federaciones de varios países (Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, México y Perú), debidas a las infracciones cometidas por sus aficiones durante los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de Fútbol de 2018. Entre los comportamientos objeto de multa se incluyen los cánticos de tinte homófobo.

Fuente Dosmanzanas

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Que lo diga quien afirmaba que con Franco se vivía plácidamente…

Tras los espantosos atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, que han dejado por el momento 14 personas muertas y decenas de personas heridas, no han faltado los carroñeros que han aprovechado la desgracia para intentar obtener algún rédito político. Buen ejemplo son las críticas a los Mossos por usar el catalán en sus comunicaciones, cuando lo cierto es que la policía catalana ha dado todo un ejemplo de transparencia informativa en tres lenguas (catalán, castellano e inglés). Era, por desgracia, previsible. Lo que no esperábamos era que el matrimonio igualitario saliera a relucir como una de las causas del terrorismo yihadista. Así lo ha expresado el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado en el Congreso y eurodiputado del PP, Jaime Mayor Oreja, uno de los personajes más rabiosamente anti-LGTB de la política española.

Ha sido en una entrevista a El Español, el diario digital que dirigie Pedro J. Ramírez. Puedes leer la entrevista completa aquí, bajo el titular “Los españoles merecían que les explicaran los atentados en español”. Pero al margen de que al señor Mayor Oreja le moleste que los catalanes, en un momento especialmente doloroso para ellos, se expresen en catalán (lengua que al menos a día de hoy sigue siendo tan española como lo es el castellano), la entrevista va mucho más allá y ahonda en la que a, a juicio de Mayor Oreja, es la raíz del terrorismo islamista: la debilidad de Occidente y la pérdida de sus “valores cristianos”. “Los que dicen que quieren crear un nuevo orden mundial, lo que tratan es de destruir los valores cristianos que han constituido los cimientos de la civilización occidental. Ahí se abre una grieta, los terroristas ven esa falta de valores compartidos y deciden pasar al ataque para ahondar en nuestra crisis. Por eso lo urgente no es decidir qué medidas policiales hay que adoptar, que también hay que hacerlo, sino definir qué proyecto político y social puede cohesionar a los europeos”, asegura. “A menos valores compartidos en la sociedad occidental habrá más terrorismo yihadista“, añade más adelante.

Preguntado por el entrevistador “¿Cómo se pueden extender o recuperar esos valores?” y “¿A quién responsabiliza de su destrucción?”, Mayor Oreja responde literalmente: “No tratando de reemplazar valores como la vida, la familia, el matrimonio… Eso lo que va produciendo, en mi opinión, es una distancia, un abismo. Y qué duda cabe que hay más responsabilidad entre aquellos que quieren destruir esos valores que entre quienes quieren mantenerlos. Hoy es una lucha, en términos democráticos, entre David y Goliat”. 

“¿Por qué?”, insiste el entrevistador. “Porque la moda dominante es destruir los valores cristianos. Pero no se trata de que algunos queramos una Europa en la que solo haya cristianos, sino de que podamos aceptar y defender que en Europa nuestras raíces son en buena medida cristianas. No se trata de imponer una religión, sino de defender una civilización”, responde.

Que Jaime Mayor Oreja (en la foto, en el acto de entrega de los premios HazteOír 2015, galardón que él mismo recibió en 2010) es uno de los políticos más abiertamente contrarios a los derechos LGTB es bien conocido, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación: desde el “informe Lunacek” contra la LGTBfobia, al que se opuso; pasando por la inclusión de las parejas del mismo sexo en el derecho a la libre circulación de personas en la Unión Europea, a la que también se opuso; por una resolución para hacer frente al VIH/sida en la Unión Europea y países vecinos, contra la que también votó, hasta simplemente una resolución testimonial contra la discriminación de las personas LGTB, de la que fue el único diputado del PP en votar en contra. Por no hablar de su apoyo a eventos ultraconservadores de indisimulado carácter homófobo o a plataformas cuya finalidad es la de conseguir la derogación de las diferentes leyes contra la LGTBfobia que están siendo aprobadas en nuestro país. Ahora bien, que utilice precisamente este tema, aunque sea de forma insidiosa, para justificar la supuesta “debilidad” de Occidente frente al terrorismo islamista roza ya lo absurdo, y más cuando las personas LGTB son una de las principales víctimas de la represión allí donde los islamistas ejercen el poder o tienen influencia. Y muestra lo miserable del personaje, por si a alguien le quedaba alguna duda.

Fuente Dosmanzanas

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El alcalde gaditano recuerda que Cádiz “es una ciudad declarada libre de discriminación”. 

El Ayuntamiento de Cádiz ha instado a la Subdelegación del Gobierno y a la Delegación de la Junta en Cádiz a impedir el vuelo de la avioneta de Hazte Oír por las playas gaditanas.

“Si pueden hacer algo para evitar este abuso, no entenderíamos que no lo intentaran. Ninguna administración debería ser cómplice del abuso, la agresión y la discriminación”, sostiene el alcalde de Cádiz, José María González, en un comunicado.

Esta postura del gobierno local gaditano se adopta por la intención de la plataforma de sobrevolar las playas de Cádiz “para propagar su mensaje discriminatorio y lesivo contra la dignidad de las personas por razón de su identidad sexual, denigrando especialmente a los y las menores trans”.

El Ayuntamiento de Cádiz se posiciona en virtud del cumplimiento del acuerdo plenario aprobado por unanimidad de impedir en el ámbito competencial la difusión de cualquier mensaje de odio por orientación e identidad sexual y expresión de género en la ciudad.

Además, en ese acuerdo se recogía el apoyo a los colectivos LGTBIQ y en particular al colectivo transexual en la defensa y difusión de sus derechos.

El regidor gaditano cree que la obligación de las instituciones públicas es “proteger a los niños y niñas del bullying o de la discriminación y eso pasa por evitar que el avión de la vergüenza se pasee impunemente”.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia ha denunciado ante la Fiscalía la aparición de diversas pintadas de carácter homófobo y tránsfobo sobre mobiliario urbano de Torrelodones (en Madrid), así como sobre las paredes de un Instituto de Enseñanza Secundaria. Algunas pintadas están directamente inspiradas en los lemas de la campaña de odio que la organización ultraconservadora HazteOír viene impusando desde hace varios meses, ahora reforzada tras una más que discutible decisión judicial.

Las pintadas, cuya existencia fue comunicada al Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por el concejal del PSOE Guillermo Martín, aparecieron este viernes sobre una serie de bancos que habían sido decorados precisamente con los colores del arcoíris con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Están situados en las inmediaciones del IES Diego Velázquez, cuyas paredes también han sufrido el vandalismo de los homófobos. “Degenerados a la hogera [sic]”, “os vamos a matar”, “sodomitas soga”, “maricones no bienvenidos”, “los niños tienen pene, las niñas vulva”, “Rusia nos muestra el camino” o “dejad a los niños en paz” son algunas de las pintadas que podían leerse a la perfección. Las pintadas sea compañaban de cruces célticas, un símbolo habitualmente utilizado por grupos de extrema derecha.

Especial interés tiene el hecho de que dos de las pintadas (“los niños tienen pene, las niñas tienen vulva” y “dejad a los niños en paz”) recrean dos de los lemas de la campaña contra los menores transexuales de HazteOír, un hecho que no ha pasado desapercibido al colectivo Arcópoli, principal impulsor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia. “Desde Arcópoli nos preocupa en especial cómo estas campañas del equipo de Arsuaga, que denunciamos en su momento, parece que inspiran y animan a este tipo de radicales que las reproducen en pintadas junto con otras claramente homófobas que tratan de amenazarnos de muerte al colectivo LGTB”, han expresado en  un comunicado.

También la activista y diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha reparado en la “coincidencia”:

Hoy Torrelodones amanecido con pintadas #LGTBIfóbicas clara inspiración campañas de odio de #HazteOir ¿Como era S Juez, q no incitaba a qué? pic.twitter.com/pBgMbcEB4L

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 4 de agosto de 2017

Quizá a la luz de acciones como estas quede más claro ante la justicia el carácter de promoción del odio de la campaña de HazteOír negando la realidad de los menores trans y ofendiendo gravemente tanto a ellos como a sus familias. No está de más recordar que el juez conservador Eduardo de Urbano, ponente del auto de la Audiencia Provincial de Madrid que levantó la prohibición cautelar de circular al autobús tránsfobo, considero que la campaña se situaba en el contexto de un “debate de ideas” que no deben ser perseguidas, en especial cuando “no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Tras el auto judicial, de hecho, HazteOír ha vuelto a la carga con energías redobladas, fijando ahora como principal objetivo la futura ley de igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI.

Ya se han limpiado las pintadas

Hay que felicitar, en cualquier caso, al Ayuntamiento de Torrelodones por no haber dejado transcurrir ni un solo día y haber limpiado ya las pintadas:

Como ha quedado la C/ Instituto tras haber sido borradas las pintadas pic.twitter.com/2fhKcTRr9p

— Ayto de Torrelodones (@Torrelodones_wb) 4 de agosto de 2017

Su alcaldesa, Elena Biurrun (Vecinos por Torrelodones) también ha condenado el ataque. “Que una minoría descerebrada no nos quite la ilusión y las ganas de seguir trabajando por un mundo mejor. Somos muchos más nosotros”, ha declarado.

Con este, el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia lleva registrados 187 incidentes de odio al colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. El de Torredolones no, por desgracia, el primero de este tipo. “Desde el Observatorio Madrileño hemos denunciado a Policía pintadas de odio en un banco arcoíris en Parla, dando las gracias al terrorista Omar Mateen por matar a 49 personas en la discoteca Pulse de Orlando (#ThanksOmar 50), y Gaytafe y LGBT UC3M han denunciado pintadas con esvásticas en un paso de peatones de Getafe. Por otra parte destacamos cómo los semáforos inclusivos del Ayuntamiento de Madrid fueron testigos de 203 tuits con contenido de discurso de odio, que también hemos presentado a Fiscalía”, explican desde esta entidad.

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia: contacto

El Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, promovido por Arcópoli con el apoyo de la Fundación 26 de Diciembre, del colectivo Fuenla Entiende y del Movimiento Contra La Intolerancia, entre otros colectivos y asociaciones, se puso en marcha a principios de 2016. Ofrece acompañamiento y asesoramiento a las víctimas desde el mismo instante en que sufren la agresión y hace un seguimiento del recorrido de la denuncia en los juzgados.

Puedes contactar con el Observatorio a través del teléfono 618 54 71 66 (llamada o WhatsApp) y online en la dirección web http://contraelodio.org

Fuente Dosmanzanas

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La avioneta presentada por Hazte Oír no puede volar porque no tiene matrícula, ni bandera; y además está oxidada. 

Arsuaga y los de Hazte Oír volvían a ocupar los medios nacionales para hablar de su nueva campaña. Después del autobús tránsfobo la organización ultracatólica declarada de Utilidad Pública por el ministro Jorge Fernández Díaz (del Partido Popular, al que pertenecen Andrea y Javi, dos chicos muy modernos que fueron a la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid y cogieron la pancarta y todo) ha tenido una nueva idea: una avioneta.

La avioneta, según Ignacio Arsuaga, circulará por las playas españolas con un cartel en el que se lee: “VAN A POR TUS HIJOS“. Y no, no se refiere a los curas pederastas sino a la Ley LGTBI redactada por FELGTB y registrada en el Congreso por Unidos Podemos. Pero la avioneta no puede volar. Literalmente, esa avioneta legalmente no puede despegarse del suelo.

Aunque Arsuaga aseguraba que la campaña les cuesta entre 15.000 y 20.000 euros pagados con los donativos de los socios de la asociación (que gracias al PP pueden desgravar esas donaciones y que les salgan a devolver) parece que no se han gastado mucho en adecuar la avioneta para su uso habitual, el de volar. Para empezar al aparato le faltan la matrícula y la bandera con la nacionalidad; pero lo que sí tiene son unos vinilos en la parte superior de las alas.

Ellos lo que querían era hablar de la Ley LGTBI a la que se refieren como “Ley Mordaza” porque creen que esa ley coartará su libertad de expresión. Ya te hemos explicado muchas veces que la LGTBfobia no es una opinión y por lo tanto no está amparada por la libertad de expresión y también te hemos explicado que la Ley LGTBI no es una “Ley Mordaza”. Pero eso da igual, porque nuestros medios nacionales ya están hablando de ella en esos términos, lo que significa que por muy ridícula que sea la avioneta  ya ha conseguido lo que querían.

Con lo que generan la duda sobre el verdadero contenido de la Ley LGTBI antes de que el discurso de la “mordaza” (que curiosamente los fachas nunca usaron para referirse a la verdadera Ley Mordaza del PP) se asiente y lleve a que el Congreso se lo piense dos veces antes de aprobar una ley tremendamente necesaria (y que no afectará más que a las personas LGTB para bien y a las LGTBfóbicas para mal).

Fuente | El Periódico , vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Avioneta, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga

HazteOír presenta una avioneta con el mensaje “Ley Mordaza LGTBI: van a por tus hijos” para protestar contra la ley presentada por los colectivos y Unidos Podemos.

Ignacio Arsuaga dice que se ha pagado con donativos, recuerda que HazteOír no recibe ninguna subvención pero se olvida de los beneficios fiscales por ser considerados organización de utilidad pública gracias al PP. 

Después de su barrabasada con el autobús ahora han decidido volar más alto.  Y van a difundir su mensaje de odio desde una avioneta. La imagen es real. Es el mismísimo Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOír, posando para la prensa dentro de la avioneta…

Esta vez el mensaje que quieren hacer llegar es “Ley mordaza LGTBI: van a por tus hijos“ en referencia a la propuesta que el pasado 4 de mayo, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba en el Congreso de los Diputados una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTBI.   Y Arsuaga dice que se trata de una “ley totalitaria” que “establece la imposición de la ideología de género y atenta contra el derecho de los niños a no ser manipulados“. El señor que lleva meses utilizando a los niños como excusa para difundir su discurso de odio.

Arsuaga ha asegurado que el coste de la avioneta, que oscila entre 15.000 y 22.000 euros según el recorrido, ha sido sufragado íntegramente por donativos sin contar con ningún tipo de subvención. Se olvida nuestro amigo Nacho de que la categoría de “utilidad pública” que le fue concedida por el Ministerio del Interior de Fernández Díaz (del Partido Popular, ese partido que no es nada LGTBfóbico) a su “asociación” implica una importante excención de impuestos y deducciones a esos donantes tan desinteresados.

A la avioneta le acompaña una web, que no vamos a enlazar, en la que “argumentan” su homofobia y transfobia. Obviamente allí sólo encontramos sus argumentos de siempre: que se atenta contra la libertad de expresión, se adoctrina a los niños e incluso aseguran que los padres podrían perder la patria potestad de sus hijos.

No vamos a rebatir nada porque estamos cansados de tanta estupidez y ya tuvieron suficiente difusión cuando el ABC regaló aquel panfleto con material transfóbico.

Fuente EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús, Avioneta, FELGTB, HazteOir, Homofobia/Transfobia

Ignacio Arsuaga asegura en Al Rojo Vivo que aunque no es un experto en homosexualidad defiende el derecho de un homosexual a “si le parece adecuado, ser heterosexual.”

La entrevistadora, Cristina Pardo, le ha preguntado a Arsuaga si cree que un hijo suyo, en caso de ser LGTBI, se atrevería a contárselo escuchando las cosas que dice.

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