Federico M. V. imparte una charla organizada por la Asociación Católica de Maestros de València del que fue presidente durante 17 años / Fuente

Federico M. V. dirige el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) ‘Mater Misericordiae‘ de València

El Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) ‘Mater Misericordiae‘ de València está vinculado al Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado en el que participa Hazte Oír

Forjado en el activismo ultraconservador durante la etapa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Federico M. V. también fue secretario de la Federación de Educación y Desarrollo en Libertad

El arzobispado matizó que el COF no es un organismo oficial de la Diócesis sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos

09.07.2024 | Lucas Marco

(El Diario.es).- Federico M. V., un profesor de inglés del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (València), centro educativo concertado, está en el ojo del huracán por sus supuestas terapias de conversión sexual de personas LGTBI a alumnos de apenas 11 años. La Conselleria de Educación, tras un informe de la inspección educativa, ha denunciado los hechos ante la Fiscalía. Federico M. V. dirige el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) ‘Mater Misericordiae‘ de València, un ente que cuenta con una quincena de voluntarios, entre orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y juristas, y con el consejero Juan Andrés Talens, reverendo director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado.

Esta última entidad está vinculada, entre otras organizaciones ultraconservadoras, a la plataforma Hazte Oír, ligada a El Yunque según un informe de la Conferencia Episcopal. El COF está situado en el Antiguo Convento del Corpus Christi de València, en la avenida de Guillem de Castro. El Arzobispado de València también ha abierto una investigación, a pesar de que se desvincula de la entidad. El docente no ha contestado las llamadas y los mensajes de elDiario.es.

Se trata de una asociación de confesión católica cuyo representante es Federico M. V., según los datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El profesor fue, durante 17 años, presidente de la Asociación Católica de Maestros de València, centrada en la “formación integral y permanente” de los docentes, a cuyos miembros facilita “los medios necesarios para que puedan ejercer las responsabilidades propias de su profesión desde una perspectiva humana y cristiana”.

 Forjado en el activismo ultraconservador durante la etapa del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, Federico M. V. también fue secretario de la Federación de Educación y Desarrollo en Libertad. Un cargo desde el que advertía del “peligro” de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y de Educación Sexual impartidas a alumnos de las etapas de primaria y secundaria, con unas edades en las que los niños “son especialmente vulnerables”. La Asociación Católica de Maestros de València tampoco ha contestado las llamadas de este diario.

En una charla organizada por la Asociación Católica de Maestros de València, el docente aseguraba que “el centro del hogar es la mujer” y destacaba la “etapa clave” de los niños a partir de los 12 años para “asentar” su identidad. Precisamente se trata de la edad a partir de la cual, según ha destapado el diario Levante-EMV, el docente ofrecía supuestamente a algunos de sus alumnos las terapias de conversión sexual que la Conselleria de Educación ha denunciado ante el Ministerio Fiscal.

En la denuncia, cuatro exalumnos aseguran que el profesor les sometió a terapias de conversión sexual. Uno de ellos expone que ese docente “le ofreció una pastilla para curar la homosexualidad”. La ley autonómica de igualdad de las personas LGTBI, aprobada durante la etapa del Pacte del Botànic, prohíbe este tipo de terapias, encuadradas en infracciones muy graves con sanciones de 60.001 a 120.000 euros.

Reunión de mons. Benavent con el equipo del Centro de Orientación Familiar “Mater Misericordiae” /(A.Saiz/AVAN)/ Fuente

El equipo del COF de València se reunió el pasado 8 de febrero con el arzobispo de València, Enrique Benavent, para presentarle la labor de la entidad, que ha atendido a 350 personas desde su creación en 2014, según indicó Federico M. V. El profesor de inglés destacó los dos “pilares clave” de la entidad: la “confidencialidad y la gratuidad absolutas”.

 La entidad ofrece un “hospital de campaña que acoge y acompaña los sufrimientos de muchas personas y les da una respuesta adecuada a nivel profesional pero también desde el magisterio y la maternidad de la Iglesia, que sana los corazones y las heridas y ofrece la oportunidad de una vida nueva”, según el director del COF diocesano. Sin embargo, el arzobispado matizó que el COF no es un organismo oficial de la Diócesis sino una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos.

Por otro lado, el colectivo Verdad y Libertad también organizaba desde 2013 unos polémicos cursos para “sanar” la homosexualidad en, al menos, tres centros religiosos de València, según informó este periódico

Fuente Religión Digital/Asturias Laica

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20 años de lobby ultra a lomos de particulares

La entidad, ligada según un informe de la Conferencia Episcopal a El Yunque, aumenta sus ingresos a golpe de campaña: primero contra las mujeres y el colectivo LGTBI, finalmente contra la eutanasia y la ley de Educación, y maneja ya cuatro millones al año en donaciones individuales

La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados y en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias

20.04.2024 | Daniel Sánchez Caballero / Jesús Bastante

(elDiario.es).- HazteOir crece y crece. La organización ultracatólica y antiabortista dirigida por Ignacio Arsuaga ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años y ya maneja cuatro millones de euros anuales, según sus propias cuentas. El grueso de la subida presupuestaria se ha dado en las aportaciones regulares que realizan sus simpatizantes, que se han multiplicado por 13 en el periodo analizado. Las puntuales solo se han más que duplicado.

El crecimiento de HazteOir –que alcanzó el culmen de su popularidad logrando sacar a centenares de miles de personas, incluidas una veintena de obispos, para protestar contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del Aborto o Educación para la Ciudadanía– no ha sido lineal, sostenido en el tiempo. Aunque los ingresos, tanto globales como desglosados, tienden a subir en general, no lo hacen cada ejercicio ni de manera regular

La organización se aprovechó de que el PP del exministro Jorge Fernández Díaz la declaró de utilidad pública para impulsar su crecimiento; sin embargo, que en 2019 el Gobierno socialista le quitara esa condición no pareció afectar a sus cuentas. elDiario.es se ha puesto en contacto con HazteOir para pedir detalles de las cuentas, pero no ha obtenido respuesta.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los ingresos va a tirones: subida fuerte en 2016 y 2017, tres ejercicios estables, subida fuerte en 2020 y otros tres años sin grandes alteraciones hasta 2022, último ejercicio del que hay cuentas y que de hecho presenta las cifras más flojas de los últimos tres.

Fuente CitizenGo. Creado con Datawrapper

Las grandes subidas económicas de HazteOir se dan cuando la organización es más agresiva, cuando se hacen visibles en protestas contra algo. En 2016 y 2017, años en los que elevó su recaudación un 61% y un 34%, respectivamente, fueron los de la campaña contra las mujeres y el colectivo LGTBI.

Una campaña que tuvo su momento álgido con los autobuses tránsfobos, que empezaron paseando por Madrid y llegaron hasta Nueva York. Correlación o causalidad, entre esos dos ejercicios pasaron de ingresar 1,1 millones anuales a 2,5 millones. También empezaron a solidificar su base: la mayoría (porcentual) del incremento recaudatorio llegó por la vía de las aportaciones regulares, la gente que se queda y paga cada mes. Esta partida pasó de 15.470 euros anuales en 2015 a 579.519 euros en 2017 (una subida del 3.646%).

La campaña del autobús –que llevaba el lema “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”– le dio proyección a HazteOir, pero también le enfrentó con el Ayuntamiento de Madrid, que la acabó prohibiendo. A partir de ahí, y coincidiendo con que perdió el favor –y la financiación para realizar actos– del PP de la Comunidad de Madrid, la organización adoptó una especie de perfil bajo, que se vio reflejado en el estancamiento de los ingresos.

El siguiente gran impulso llegó en 2020, cuando HazteOir volvió a dispararse. Ese ejercicio elevó su recaudación total un 70% hasta instalarse ya por encima de los cuatro millones anuales, de nuevo a lomos de los habituales, que triplicaron sus aportaciones mensuales. Ese fue el año en que se debatió y aprobó la Lomloe, nueva ley de Educación conocida como ley Celaá, y se empezó a hablar de la de Eutanasia, que se aprobaría al siguiente.

Buena parte de la sociedad conservadora se echó a la calle contra ambas normas de la mano del PP. En un principio arrancó como una protesta del sector educativo y familiar conservador, pero HazteOir fue fagocitando el movimiento hasta hacerse con él. De nuevo hubo autobús, esta vez contra la ministra de Educación que daba nombre a la ley, a la que compararon con Hitler.

20 años de lobby ultracatólico

HazteOir.org es una organización que funciona al estilo de los lobbies norteamericanos y que surgió en 2001 como consecuencia de los movimientos ciudadanos que pedían que se promovieran más políticas de apoyo a la familia durante el Gobierno de Aznar. Concluido este, pasó a ser, de facto, el principal grupo opositor al primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de ahí a oponerse con todo el ruido posible a las medidas más progresistas de los Gobiernos del PSOE en los últimos años.

Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.

Apoyados por el cardenal Rouco Varela, HazteOir logró liderar el movimiento educativo católico en España, entrando en los círculos de liderazgo del PP, primero, y posteriormente de Vox, con una posición radical en lo tocante a la defensa de la vida, el matrimonio tradicional y contra la igualdad hombre-mujer. Las organizaciones de Arsuaga y Santiago Abascal siempre han ido de la mano. La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias cuando el partido ultra ha actuado a la manera de la “derechita cobarde”, según HO.

Fuente Religión Digital

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Si no fuera tan peligroso este discurso de odio de estos fascistas, que señalan el objetivo para que otros actúen, sería cosa de risa…

HazteOír retuerce un informe de la ONU para hablar sobre sacerdotes forzados a “celebrar matrimonios homosexuales”

La organización ultra advierte que “España puede convertirse en un lugar inseguro para los cristianos” 

“Sabemos hasta dónde quiere llegar el lobby LGTBI”, perpetra la organización ultra en una ‘campaña’ de recogida de firmas lanzada la pasada semana. “Su objetivo es forzar a los sacerdotes a que oficien matrimonios entre personas del mismo sexo o arriesgarse a perder su privilegio de celebrar matrimonios que sean legalmente reconocidos”

“También buscan que los Estados miembros de la ONU utilicen a distintos líderes religiosos para que defiendan públicamente las ideología LGBT, imponiendo así esta visión única a todas las religiones, incluida nuestra fe cristiana (…). Se trata de una intromisión directa en nuestra libertad religiosa y nuestras creencias”

“Los alarmantes efectos de esta medida podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito”

El grupo ultracatólico alimenta el ideario de la extrema derecha con una nueva campaña que agita un pretendido peligro para la libertad religiosa: “Está siendo amenazada por culpa de la presión del lobby LGTBI”. Sin embargo, el documento de propuestas no dice nada de eso

16.08.2023 Jesús Bastante

Nada ocurre por casualidad. Días después de que el sector más ultra de Vox impusiera sus postulados en la formación dirigida por Santiago Abascal al dejar el poder en manos de perfiles como el de Jorge Buxadé, Ignacio Garriga o Kiko Méndez de Monasterio –vinculados a ramificaciones cercanas a El Yunque, el Opus Dei o HazteOír–, esta última asociación ultracatólica, a través de su presidente, Ignacio Arsuaga, ha lanzado una campaña de recogida de firmas –vehiculada por Citizen Go– contra uno de sus últimos objetivos, que los ultras ligan a la Agenda 2030: “La ONU pretende imponer la visión LGTB a todas las religiones. Imagina lo que puede suponer, obligarán a los sacerdotes a celebrar matrimonios homosexuales y si se niegan, los denunciarán”, recalca la petición, que ya ha alcanzado las 270.000 firmas y que llega a sugerir que “España puede convertirse en un lugar inseguro para los cristianos”. Un escándalo… si no fuera porque la denuncia es absolutamente falsa.

La corriente de fondo que aviva este grupo de presión no se ha detenido. “Sabemos hasta dónde quiere llegar el lobby LGTBI”, perpetra la organización ultra. “Su objetivo es forzar a los sacerdotes a que oficien matrimonios entre personas del mismo sexo o arriesgarse a perder su privilegio de celebrar matrimonios que sean legalmente reconocidos”, insisten, citando un informe de propuestas presentado durante la 53.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se lo que se hace es animar a “prestar atención a las voces y prácticas de las comunidades inclusivas” en las comunidades religiosas para, “ayudar a cambiar las narrativas que afirman que el ejercicio de la libertad de religión o creencias es incompatible con el disfrute igualitario de los derechos humanos por parte de las personas LGBT”.

Precisamente, HazteOír cae en esa práctica y narrativa al retorcer el texto de Naciones Unidas y utilizarlo para alimentar el arsenal ultra contra el colectivo LGTBI, que denominan lobby.

ñadido HazteOír agitando los puntos de guerra cultural que aplica también el partido Vox.

La ONU pretende imponer la visión LGBT a todas las religiones.

Imagina lo que puedes suponer, obligarán a los sacerdotes a celebrar “matrimonios homosexuales” y si se niegan, los denunciarán.

— HazteOir.org (@hazteoir) August 14, 2023

Por eso piden “Por favor, firma nuestra petición para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas“, finaliza la carta de Arsuaga, en la que, entre otras lindezas, se insiste en que “nuestra libertad religiosa está siendo amenazada desde la ONU por culpa de la presión del lobby LGTBI”.

HazteOir afirma que el informe presentado en el 53º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), en el que “se afirma que nuestra libertad religiosa es incompatible con los derechos LGBT”. “Dicho informe -apunta la organización ultra- sugiere que el Gobierno español debería ayudar a que las religiones fuesen más tolerantes con las personas LGBT y penalizar a las organizaciones religiosas que no cumplan con esas directrices”.

“Los alarmantes efectos de esta medida podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito”, sacuden desde HazteOir, que insta “tanto a Pedro Sánchez, como Alberto Núñez-Feijóo a que tomen medidas para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas”.

“En España tenemos una fuerte comunidad cristiana que valora su libertad religiosa. Creemos que manteniéndonos firmes en nuestra fe e instando a Sánchez y a Feijóo a rechazar este informe de la ONU, podemos demostrar la fuerza de nuestra convicción“, concluye Arsuaga.

 “También buscan que los Estados miembros de la ONU utilicen a distintos líderes religiosos para que defiendan públicamente las ideología LGBT, imponiendo así esta visión única a todas las religiones, incluida nuestra fe cristiana (…). Se trata de una intromisión directa en nuestra libertad religiosa y nuestras creencias”, ha a

🔴 ¡URGENTE!

Firma 🖊 nuestra petición visitando el enlace: https://t.co/z3HTcvHQbX

El choque entre los derechos cristianos y la agenda LGTBI ha llegado a un punto crítico.

Hilo 👇 pic.twitter.com/QlX8z8M2XV

— HazteOir.org (@hazteoir) August 15, 2023

En realidad, lo que ha señalado la ONU es prácticamente a la inversa. El propio responsable del informe, Víctor Madrigal-Borloz, recalca que el único objetivo es denunciar cómo la violencia, la discriminación y la exclusión pueden tener consecuencias graves y negativas para la personalidad, la dignidad y la espiritualidad de las personas LGTBI. Madrigal-Borloz afirmó lo contrario de lo que muestra el grupo ultracatólico: “La libertad de religión o creencia no es incompatible con la igualdad para el colectivo LGTBI”.

“A menudo son marginados, estigmatizados y excluidos de las comunidades religiosas simplemente por ser quienes son”, señaló este experto independiente de la ONU en orientación sexual e identidad de género, quien añadió que, a lo largo de la historia, algunas formas de entender la religión “se han utilizado deliberadamente para justificar la violencia y la discriminación, a menudo desafiando la doctrina de esas religiones, y también más allá del alcance de la libertad de religión o de creencias”.

Pero esas afirmaciones han dado igual a la hora de que HazteOír pusiera en marcha la maquinaria de la desinformación: “Por favor, firma nuestra petición para salvaguardar nuestras creencias cristianas frente a la agenda LGBT que promueven las Naciones Unidas”, finaliza la carta de Arsuaga, en la que se insiste en que “nuestra libertad religiosa está siendo amenazada desde la ONU por culpa de la presión del lobby LGTBI”.

“Dicho informe –apunta la organización ultra– sugiere que el Gobierno español debería ayudar a que las religiones fuesen más tolerantes con las personas LGBTI y penalizar a las organizaciones religiosas que no cumplan con esas directrices. podrían llegar muy lejos: desde el cura de tu barrio hasta tus hijos en la universidad, ¡e incluso tú mismo! Expresar tus opiniones basadas en tus creencias religiosas podría convertirse en un delito”, sacuden desde HazteOír,

 Madrigal-Borloz señaló al presentar su trabajo que abrazar la espiritualidad y la fe es un camino que debe estar disponible para todos, incluidas todas las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. “El derecho a la libertad de religión o de creencias es un escudo para proteger la manifestación lícita de las convicciones personales, así como para proteger el derecho a no ser parte de una determinada creencia ni ser objeto de violaciones de los derechos humanos que se aleguen justificadas por ella”, concluyó.

Fuente Religión Digital/ElDiario

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. 53º Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), Extrema derecha, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Matrimonio igualitario, ONU

Edwin Chiloba: activista LGBTQ y diseñador de moda, fue encontrado muerto en Kenia, su cuerpo fue tirado en una caja de metal junto a la carretera cerca ciudad de Eldoret, hay un detenido. Kenia es un país donde relaciones homosexuales están penadas con hasta 14 años de carcel. Organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han exigido una investigación completa en un país en el que, recordemos, las relaciones homosexuales siguen siendo delito. Cuatro personas han sido ya detenidas.

La policía de Kenia está investigando la muerte del joven diseñador de moda y activista LGBTQ Edwin Chiloba después de que su cuerpo fuera encontrado tirado en una caja de metal al borde de la carretera cerca de la ciudad de Eldoret. Según medios locales, un testigo pudo ver como un individuo arrojaba la caja desde un vehículo sin identificación ni matrícula. El cuerpo de Chiloba, ya en estado de descomposición y con evidentes signos de violencia, fue identificado horas más tarde. Tras investigar los úlimos movimientos de Chiloba, la policía de Kenia ha detenido a cuatro personas en relación al asesinato. El primero de ellos, un fotógrafo que al parecer era conocido de Chiloba, al que la polícia atribuye la autoría del asesinato, y que según esas mismas fuentes policiales se habría producido tras una discusión entre ambos. Posteriormente han sido detenidas tres personas más, que habrían ayudado al asesino a deshacerse del cuerpo de Chiloba.

 Las organizaciones de derechos en Kenia, donde el sexo gay está prohibido, han relacionado el asesinato con su sexualidad. Organizaciones LGTBI y de defensa de los derechos humanos habían hecho un llamamiento a investigar el asesinato de Chiloba en un país, Kenia, en el que las relaciones homosexuales siguien siendo ilegales. La sección local de Amnistía Internacional ha recordado que por encima de cualquier otra consideración la Constitución de Kenia reconoce la dignidas de todas las personas:

No human life is worth less than anothers. Everyone has a right to dignity, respect and protection under Article 26 of the Constitution. We demand speedy investigations into the brutal murder of Edwin Chiloba, an #LGBTQ+ Activist.#JusticeForEdwinChiloba pic.twitter.com/aJYi44YxU6

— Amnesty Kenya (@AmnestyKenya) January 6, 2023

Por otra parte, la organización Q-Initiative, tras conocer la primera de las detenciones ha emitido un comunicado en el que por un lado pide calma mientras se completa la investigación al tiempo que urge al Gobierno de Kenia a implementar medidas efectivas que aborden la discriminación y la falta de seguridad de las personas LGTB en el país:

Q-Initiatives Statement regarding Chiloba’s tragic passing. pic.twitter.com/AGJjAEeDXM

— Q-INITIATIVE C.B.O (@qinitiativeCBO) January 6, 2023

Un grupo estima que más de la mitad de los kenianos LGBTQ han sido agredidos. “Las palabras ni siquiera pueden explicar cómo nos sentimos como comunidad en este momento. Otra alma perdida debido al odio. Te extrañaremos“, publicó la organización de derechos galck+ en Twitter. “La muerte de Edwin nos recuerda que los cuerpos homosexuales continúan siendo atacados en todo el país“, escribió la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas en Instagram.

Los tributos en las redes sociales describen a Chiloba, que tenía unos 20 años, como “un ser humano increíble” y un “diseñador de moda icónico“.

El mes pasado, Chiloba escribió en Instagram que “iba a luchar por todos los marginados”, diciendo que él mismo había sido marginado.

Él “difundió amor dondequiera que iba, fue audaz sobre su existencia como un hombre queer y alentó a muchos otros a hacer lo mismo”, dijo a la BBC Chris Makena, un activista y amigo de Chiloba.

Se había mudado a Eldoret desde la capital, Nairobi, en 2019 para estudiar moda y estaba comenzando a hacerse un nombre en el diseño, dijo otro amigo.

Su cuerpo fue descubierto el miércoles.

Se cita a un testigo diciendo que alguien en un vehículo sin matrícula fue visto dejando una caja de metal al costado de la carretera. Se informó a la policía, que fue a abrir la caja para encontrar el cadáver. “No sabemos por ahora por qué lo mataron de esa manera. Los expertos están manejando el asunto”, dijo la portavoz de la policía, Resila Onyango, citada anteriormente por el periódico Star.

Más tarde envió un mensaje de texto a la agencia de noticias Reuters diciendo que un sospechoso masculino había sido arrestado “pero el asunto aún está bajo investigación”.  Otro oficial de policía dijo que se cree que el sospechoso era amigo de Chiloba desde hace mucho tiempo, informa la agencia de noticias AFP.

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.

Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people. pic.twitter.com/aSgwyTSqnM

— Njeri Wa Migwi™ (@NjeriWaMigwi) January 5, 2023

El sexo gay en Kenia se castiga con hasta 14 años de prisión. Aunque rara vez se hace cumplir, los miembros de la comunidad LGBTQ del país enfrentan rutinariamente discriminación y estigma, y los esfuerzos para despenalizar el sexo gay se han visto frustrados.

El año pasado, el asesinato de la lesbiana no binaria Sheila Lumumba dio lugar a una campaña en las redes sociales para obtener #JusticeForSheila.

Hubo campañas similares en 2021 tras los asesinatos de la activista transgénero Erica Chandra y el activista LGBTQ Joash Mosoti.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi en 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. En junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.  Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Otro gran revés para la población LGTBI de Kenia fue la negativa de su Tribunal Superior de Justicia a derogar la criminalización de las relaciones homosexuales en mayo de 2019 (no deberíamos olvidar, en este sentido, la campaña que CitizenGO, la marca internacional de la organización ultraconservadora HazteOír, llevó a cabo contra la despenalización).

En 2020. Kenia prohíbía la innovadora comedia romántica gay de Bollywood Shubh Mangal Zyada Saavdhan, y animaba “ve a verla en India”…

Fuente BBC/Cristianos Gays

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Munilla, Reig, Sanz, HazteOir, Abogados Cristianos o la ACdP avalan la ‘ortodoxia’ de VOX

Miembros del Yunque animan las ‘teorías de la conspiración‘ contra la izquierda, o forman parte del equipo de la campaña de Rocío Monasterio, según algunas informaciones

Como en los tiempos previos a la Guerra Civil, apuestan por el enfrentamiento, el lenguaje de persecución, y la autodenominación de ‘salvadores de la patria’ de algunos, desde el orden, los valores y la fe. El ‘Dios, patria y Rey‘ de toda la vida

28.04.2021 Jesús Bastante

‘La alternativa cultural al Frente Popular‘ ha sido el título de un webinar, convocado por la Asociación Católica de Propagandistas, en el que participó el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla. Y en el que se vertieron las ya conocidas consignas contra la izquierda social-comunista y su estrategia para eliminar la cultura y los valores cristianos en nuestra sociedad.

Fascistas, comunistas, Frente Popular, libertad, ‘No pasarán’… El lenguaje de las últimas semanas ha elevado el tono del debate, volviéndolo brusco, chusco, violento. De las palabras, se están pasando a los hechos, como demuestran las amenazas recibidas por el ministro Marlaska o el ex vicepresidente Iglesias (también, contra la presidenta Ayuso), o el ‘cordón sanitario‘ para debatir con la ultraderecha.

Un movimiento alentado, cuando no organizado, por asociaciones, movimientos o terminales mediáticas de la ultraderecha eclesial. Con el apoyo de algunos prelados, alineados desde hace años en el sector ‘duro’ del Episcopado español: Juan Antonio Reig, Jesús Sanz, Rafael Zornoza, el propio Munilla... todos ellos estrechos colaboradores de grupúsculos como la ACdP o HazteOir, y sus sustentos mediáticos.

Los ‘infovaticarcas’, desde fuera, pero también desde dentro de VOX (Gabriel Ariza forma parte del núcleo duro de las campañas de la formación de Santiago Abascal, ésa fue la razón por la que abandonó -sin despedirse, por cierto-,  la dirección de Infovaticana), apuestan por esta estrategia de confrontación. Que, como en los tiempos previos a la Guerra Civil, apuesta por el enfrentamiento, el lenguaje de persecución, y la autodenominación de ‘salvadores de la patria’ de algunos, desde el orden, los valores y la fe. El ‘Dios, patria y Rey’ de toda la vida.

Autobuses, firmas, demandas… nada nuevo bajo el sol

La estrategia de los autobuses no es nueva: ya HazteOir lanzó su caravana de buses naranjas contra determinadas leyes del Gobierno, y ahora ha optado por empapelar los metros de Madrid con una campaña en la que ‘borra’ a Pablo Iglesias… igual que Rocío Monasterio en La Ser, señalando a periodistas o incitando al odio.

También los propagandistas, desde el cambio de presidencia (y el fichaje de uno de los ideólogos de ‘Tabarnia’ como jefe de márketing), han optado por la cartelería para arremeter contra la ley de eutanasia (con una lona de 500 metros cuadrados junto al Bernabéu), o entrando de lleno en el debate sobre la igualdad hombre-mujer en marquesinas.

En el ámbito jurídico, otra ramificación del entorno HazteOir, los Abogados Cristianos, especialistas en amenazar con demandas y querellas (casi todas sobreseidas) a cualquier alcalde, político u organización que, en su opinión, atente contra los valores cristianos. Así, arremetieron contra la manifestación del ‘coño insumiso’ en Sevilla; contra Willy Toledo por ‘cagarse en Dios’; contra los políticos que aprobaron la Ley de Memoria Democrática; o contra los alcaldes que retiran cruces amparados en la normativa. Otros han ido más allá, lanzando una especie de “Change.org católico”, para lanzar campañas que agitan las conciencias de los ‘católicos fetén’.

El ‘mito’ de El Yunque

Y, en mitad de la nebulosa, resurge el ‘mito’ de El Yunque. La sociedad secreta, que durante años fue prohibida por los obispos españoles, vuelve ahora por sus fueros, con la complicidad de algunos prelados. Curiosamente, muchos de los que, en su día, más se alejaron de este grupo y que, ahora, con el ascenso de la ultraderecha, encuentran múltiples conexiones. A la consabida del clan Ariza, se suman otros nombres, como adelantan hoy tanto El Confidencial como elDiario.es.

El primero de ellos habla de Santiago Ribas, jefe de campaña de Rocío Monasterio (VOX), que fue vicesecretario de Juventud de Vox en Madrid, y figuró como número 20 en las papeletas al Congreso por Madrid en las generales de ese año. según Santiago Mata, uno de los mayores expertos sobre El Yunque en España, que ha visto las imágenes por televisión, afirma que “la vinculación de Ribas con El Yunque está lo suficientemente contrastada, incluso en la prensa internacional”.

Por su lado, elDiario.es apunta a Marcial Cuquerella es uno de los responsables de la campaña que habla de ‘conspiraciones’ en las amenazas de muerte a políticos de izquierda, y que han sido convenientemente utilizadas tanto por Vox como medios de comunicación como COPE.  “Son muy pocos, pero están en todas partes, hacen mucho ruido y tienen engañada a mucha gente, también en la Iglesia”, explicó Mata a elDiario.es. “Yo he sufrido mucho. El Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad”, declaró Pablo Hertfelder, presidente de la asociación Jóvenes Pro-Familia.

Los miembros de El Yunque han sido acusados de “infiltrarse” en medios de derecha para extremar su línea editorial hacia el ultracatolicismo. Cuquerella llegó a dirigir el Grupo Intereconomía hasta 2013. En la actualidad colabora con La Gaceta de la Iberosfera, una página controlada por la dirección de Vox a través de Hermann Tertsch, apunta elDiario.es. Dios los cría…

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Iglesia Católica Abogados Cristianos, Asociación Católica de Propagandistas, El Yunque, Extrema derecha, HazteOir, Iglesia Católica, Jesús Sanz, José Ignacio Munilla, Juan Antonio Reig, Rafael Zornoza

La organización ultraderechista Hazte Oír vuelve a la carga con su autobús del odio. Al igual que en ocasiones anteriores, los ultras han centrado su crítica en el colectivo LGTBI y el feminismo. Se ha visto su autobús transfóbico en las calles de Madrid con sus habituales consignas.

Nuestro #HOBus en las calles de Madrid uniéndose a los actos feministas del #8M2021 pidiendo #StopLeyTrans pic.twitter.com/A7iGZBTL8K

— HazteOir.org (@hazteoir) March 7, 2021

Cabe destacar que el mensaje “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirá siéndolo”, podrían ser constitutivo de los delitos tipificados en el artículo 510.1 a) y 510.2.A) del Código Penal. Se trata de los delitos que penan a “quienes provocaren al odio” y a aquellos que lo hicieran “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”.

La organización ultraconservadora HazteOír ha vuelto a fletar su ya conocido autobús del odio, que de nuevo ha circulado por las calles de Madrid con los habituales lemas contra los menores trans y sus familias, ahora HazteOír ha incorporado un ataque a la Ley Trans contemplada en el acuerdo de gobierno firmado en su momento entre los socialistas y Unidas Podemos.

Al tristememente conocido «los niños tiene pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen», el autobús de HazteOír suma el lema #StopLeyTrans, ya popularizado por el activismo transexcluyente.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, Carmen Calvo, Discriminación, España, HazteOir, LGTBIfobia, Madrid, PP, PSOE, Transfobia, Unidas Podemos

El teólogo presenta ‘La internacional del odio‘ (Icaria Ediciones)

“El fenómeno de Salvini es especialmente peculiar: ni siquiera está bautizado, pero en sus mítines lleva el crucifijo y el rosario, y con esos símbolos quiere legitimar cristianamente sus políticas antieconómicas, antimusulmanas, antiinmigrantes…”

“España es el quinto país del mundo con más ateos. La sociedad ya no se rige por los criterios morales de la Iglesia católica, y sin embargo nos encontramos con que la jerarquía católica se arroga la representación del catolicismo”

“Los cristianos y las cristianas, las personas religiosas, tenemos que impedir que las religiones se utilicen como vehículos del odio que generan estos movimientos. No podemos permitir que abanderen la bandera de la vida “

25.12.2020 Jesús Bastante

Fuente Religión Digital

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Preocupante noticia la que recogía este sábado eldiario.es en su edición andaluza. La Brigada Provincial de Información de Sevilla, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha elaborado un informe a instancias del Juzgado de Instrucción nº 16 en el que, entre otros, atribuye un presunto delito de odio a ocho jóvenes que en 29 de marzo de 2017 impidieron que circulara por las calles de la capital andaluza su ya famoso autobús, vehículo de la infame campaña de odio tránsfobo de la organización ultraconservadora.

Como recogimos en su momento, HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de Sevilla, pero numerosos manifestantes, entre los que se encontraban estos jóvenes, impidieron el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas anteriormente en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. «Respeto para todos. No al bullying» era el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír decoró el vehículo. Un truco que no impidió que el vehículo fuese recibido en la capital andaluza con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso agrietaron el parabrisas. También fue objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, tuvieron que intervenir para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo hizo.

El caso contra los manifestantes se archivó en un primer momento pero, hace ya año y medio, tanto la Fiscalía como HazteOír consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. La Policía, en un pormenorizado informe de 130 páginas que resume eldiario.es, desgrana ahora no ya solo su actuación aquel día en relación a los daños materiales causados al autobús sino que repasa su trayectoria activista. Aunque el juzgado simplemente había pedido a la Policía un estudio fisionómico con objeto de identificar a los investigados mediante el material grabado, la Brigada de Información ha apostado por desarrollar una investigación más completa «para confirmar o descartar un posible delito de odio por motivo ideológico». Para ello se basan en «indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la relación del investigado con grupos o asociaciones de carácter antifascista, su estética o el análisis de sus perfiles en redes sociales, entre otros.

«La Policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes y por supuesto, para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años, todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades (…) El mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas», ha declarado a eldiario.es Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur que defiende a uno de los investigados.

ATA-Sylvia Rivera lo considera «grotesco» e intolerable

La noticia ha provocado estupor e indignación entre el activismo trans. El colectivo ATA-Sylvia Rivera lo ha calificado directamente de «grotesco». «Es intolerable que se quiera imponer el miedo hacia la respuesta social ante los verdaderos discursos de odio, iniciando investigaciones propias de tiempos donde las libertades sociales y civiles eran cercenadas y reprimidas por el franquismo», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual tales actuaciones «por parte de quienes han de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía» ponen en cuestión el propio Estado de derecho. Para Cambrollé, sobredimensionar el alcance de la protesta desarrollada en Sevilla ante el autobús tránsfobo simplemente sirve para blanquear al verdadero agresor.

ATA-Sylvia Rivera hace además un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y sindicales a que condenen lo que consideran una actuación impropia de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso ha pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuente Dosmanzanas

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Popular Europeo (PPE) ha abandonado el modelo de familia tradicional y «ha caído en los brazos de la ideología de género». Es lo que ha expresado en una carta Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010 al frente de Fidesz. La formación, a la que el mandatario ha empujado a la extrema derecha, sigue vinculada al PPE, aunque su afiliación se encuentra parcialmente suspendida desde hace un año. Una situación que podría terminar si el Fidesz se desmarca de los populares y cambia de grupo político, como ha amagado con hacer. La Hungría de Orbán ha experimentado un auge del discurso de odio LGTBfobo, en el marco de graves agresiones a los principios básicos de la democracia liberal que han sido condenadas por la Unión Europea.

El pasado 3 de febrero, los populares europeos decidieron prolongar indefinidamente la suspensión de Fidesz. El partido húngaro, que bajo el mandato de Viktor Orbán ha transitado desde el centroderecha hasta la extrema derecha, estaba parcialmente suspendido parcialmente desde marzo de 2019. La medida se traduce en que los miembros de Fidesz no pueden participar en las asambleas del PPE ni postularse para sus cargos, aunque siguen formando parte del grupo popular en el Parlamento Europeo.

La prolongación de la suspensión ha provocado la reacción de Orbán. El primer ministro ha enviado un memorándum en el que ataca duramente lo que él percibe como tibieza ideológica de sus correligionarios. El líder de Fidesz pide un claro giro a la derecha y a los «valores cristianos» en varios asuntos, entre los que la equiparación de derechos de la comunidad LGTBI ocupa un lugar destacado.

En su carta, Orbán reclama un regreso del PPE a los valores «de inspiración cristiana» y en particular al «modelo cristiano de familia y el matrimonio de un hombre y una mujer». El primer ministro húngaro achaca la pérdida de poder de los populares europeos en los últimos años a una supuesta claudicación ante «teorías sociales socialistas e igualitarias». «Renunciamos al modelo de familia basado en el matrimonio de una mujer y un hombre y caímos en los brazos de la ideología de género», se lamenta Orbán.

La contundencia de la carta contra sus aún compañeros son un indicio de una posible salida del PPE, con la que el propio líder del Fidesz ha amagado varias veces. La formación, más cercana a la extrema derecha polaca de Ley y Justicia (PiS), podría unirse a ellos en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). En materia LGTBI, ambos partidos defienden un discurso hostil muy similar.

Hungría, junto a Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTBI

Hungría fue en 2009 uno de los primeros países del Este en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo. Eran otros tiempos, lamentablemente. La derecha populista de Fidesz conseguía en 2010 un triunfo arrollador que le permitió cambiar en solitario la Constitución húngara para, entre otras medidas autoritarias, «proteger» al matrimonio que se celebra «entre un hombre y una mujer». El panorama político húngaro no ha cambiado desde entonces, o lo ha hecho a peor. En las últimas elecciones de abril de 2018, el Fidesz revalidó su aplastante mayoría, con casi el 50% de los votos, mientras que Jobbik, un partido abiertamente fascista, es la segunda formación del país, con casi el 20%. El primer ministro Orbán, en el pasado considerado un «paria» político, representa hoy en día uno de los referentes de la derecha europea gracias a sus duras posiciones en materia migratoria.

El discurso de Fidesz en materia LGTBI no es menos hostil. En mayo del año pasado, el presidente del Parlamento László Kövér equiparaba el «comportamiento de un pedófilo» con quienes reivindican el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, ya que en su opinión, «el niño es en ambos casos un objeto». El amparo político a estos discursos de odio animaba pocos meses después a la marca internacional de HazteOír a movilizarse contra una campaña pro-LGTB de Coca-Cola. La multinacional finalmente fue multada por violar la ley sobre publicidad que prohíbe la exhibición de contenidos que perjudiquen el desarrollo físico, mental, emocional o moral de niños o adolescentes.

Tanto Hungría como Polonia se han convertido en la punta de lanza contra los derechos LGTBI en Europa. Lo recogíamos ya en 2015, cuando ambos países bloquearon por este motivo una nueva normativa común sobre regímenes económicos matrimoniales en la Unión Europea. Y no ha sido la única vez: en diciembre del año 2018, se aliaron de nuevo para impedir la aprobación de un documento del Consejo de Ministros de la UE favorable a los derechos LGTB. Entonces, al menos, hubo por fin algo parecido a una respuesta contundente. Esperemos que no sea demasiado tarde: las ideas que representan Fidesz o Ley y Justicia (el partido gobernante en Polonia) ya son un modelo para muchas derechas europeas.

Fuente Dosmanzanas

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La formación ultraconservadora fue expulsada por la Policía Local de las inmediaciones de un colegio en Leganés donde pretendía asustar a los padres con informaciones erróneas sobre los contenidos de diversidad sexual y de género que pueden ser impartidos a sus hijos.

La ultraderecha crecida en el terreno político redobla sus esfuerzos por trasladar su batalla ideológica a los centros escolares con el foco puesto en los menores. Si Vox hace valer su poder nacional y autonómico para imponer sus exigencias a los gobiernos que se mantienen gracias a sus votos (o abstenciones), HazteOír se encarga de caldear el ambiente en los centros educativos y redes sociales.

Tras un inicio de curso en el que HazteOír llevó a cabo un envío masivo de material homófobo y con ataques y mentiras sobre la diversidad sexual y de género, acompañado de formularios del mal llamado «PIN parental» dirigido a centros educativos y AMPAS, ahora la estrategia de la asociación se traslada a la calle y a las redes sociales. En una agenda perfectamente orquestada, HazteOír publicita sus ataques a la libertad de cátedra de los centros escolares en medios impresos conservadores exigiendo que los padres puedan vetar que sus hijos participen en actividades educativas de los mismos y poniendo a su disposición un servicio de WhatsApp para asesorar contra lo que ellos llaman el «adoctrinamiento de género». Una batalla que también han comenzado a llevar a las puertas de los centros educativos. Este ha sido el caso de la concentración a las puertas del colegio público Miguel Hernández de Leganés. Un acto en el que los ultraconservadores pretendían montar una mesa y repartir entre los padres formularios para aplicar el veto parental.

El acto, sin embargo, no fue permitido por la Policía Local, ya que la ordenanza municipal impide el reparto de publicidad en la vía pública sin una autorización previa que nunca recibieron en la formación ultra. Las siete personas que formaban la comitiva tuvieron que conformarse con exhibir carteles a favor del veto y repartir algún formulario aislado. Un formulario que algunos padres rompieron frente a ellos y que, de momento, carece de legalidad alguna en la Comunidad de Madrid, ya que por el momento la medida estrella de la ultraderecha solo está implantada en la Región de Murcia y vagamente planteada en el acuerdo presupuestario entre PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía. Medida que contradice a las leyes LGTBI de ambas comunidades, a lo expresado en los apartados de las actividades complementarias en la LOMCE y a las instancias europeas de educación en valores.

Una polémica, la del veto parental, que no más que otro intento de colocar en el centro del debate político y mediático un conflicto que las cifras se encargan de calificar como inexistente. Las denuncias y quejas presentadas pertenecen a miembros de HazteOír y un número residual de padres. De hecho, en la Región de Murcia, única comunidad autónoma en la que está vigente el veto parental, no existía hasta enero ni un solo caso de denuncia o queja por parte de los progenitores. Sin embargo HazteOír ya se encargó de felicitar al Gobierno regional por la implantación de la censura parental que desde hce años venía siendo demandada por los sectores más reaccionarios de la sociedad murciana, representados por ejemplo por el presidente de la Universidad Católica San Antonio, José Luis Mendoza.

Es conveniente recordar que la plataforma de ultraderecha HazteOír es una institución a la que el Ministerio del Interior retiró recientemente su estatus de utilidad pública tras su discurso de odio contra menores trans. Un estatus que, a su vez, había sido concedido por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

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La organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

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La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AMPA, Andalucía, Carmen Perona, CC OO, Discriminación, Educación, FE-CC OO, Francisco García, Galicia, HazteOir, Homofobia, LGTBfobia, Murcia, Nós Mésmas, Pin parental, Transfobia, VOX

Lo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

General, Homofobia/ Transfobia. Cantabria, Ciudadanos, Discriminación, HazteOir, Homofobia/Transfobia, IU, Ley Estatal de Igualdad LGTBI, LGTBfobia, Marea Arcoíris, Noelia Cobo, Podemos, PP, PRC, PSOE, Raúl Díaz, Teresa García Noblejas, VOX

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, Amanda Azañón, Castilla y León, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Francisco Igea, HazteOir, Ignacio Paredero, Junta de Castilla y León, Lesgavila, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, PP, Transexualidad, VOX

PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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Ahí… donde más les duele, en el negocio. Bien por Netflix.

El diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española aseguraba hace unos días que la plataforma estadounidense Netflix ha decidido vetar a la cabecera «en sus relaciones comerciales, por un criterio ideológico y no empresarial». Todo parece indicar que la plataforma online habría decidido dejar de invertir en publicidad en el diario, de línea editorial conservadora, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Según ABC, Netflix habría tomado la decisión de «vetar» a su diario y a Vocento —grupo editorial al que pertenece el diario— «en sus relaciones comerciales» por un «criterio ideológico y no empresarial». El diario español explica que Antonio Ábalos, director de Marketing de Netflix, «esgrime como único argumento para vetar a ABC un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años». 

Como ya recogimos en marzo de 2017, el diario ABC difundió junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora —el mismo que HazteOír hizo llegar unos meses antes a cientos de colegios públicos y privados de toda España—, junto a un manifiesto «por la libertad de expresión» que HazteOír pedía firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincidía en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas iban a misa todos los domingos.

En el citado panfleto, firmado por HazteOír y CitizenGO (su marca internacional), se denigraban los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopilaba todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. «Como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día. Igualmente, entendemos que Netflix tampoco hace propias las ideas de series, películas y documentales que ofrece a sus espectadores en todo el mundo», se ha excusado ahora el diario español, comparando la ficción con el intento de adoctrinamiento con tesis tránsfobas.

«Por supuesto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción. Del mismo modo, este diario tiene derecho a sostener la gravedad que representa que una multinacional del entretenimiento decida subvertir las reglas del juego y tratar de imponer una tendencia ideológica en un país, y que lo haga además a partir de una información falaz», apuntan.

«Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto. Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella», añade el mismo diario. Por su parte, Netflix no se ha manifestado aún públicamente sobre el asunto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Antonio Ábalos, CitizenGO, Eempresa, HazteOir, Homofobia/Transfobia, LGTBfobia, Netflix, Publicidad, Transfobia, Vocento

Piedad del Valle de los Caídos eldiario.es

Son pocos, muy pocos, los obispos que quieren revertir la actual situación en nuestro país

“Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento’- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país”

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas

Ramón Tejero: “Dichoso Ud. mi General que por defender la Fe Católica y el Santo Nombre de Jesucristo ha recibido insultos, calumnias y persecución, en la vida y en la muerte”

Un buen día para recordar al cardenal Tarancón

Lo que la salida de Franco deja pendiente en el Valle de los Caídos

Exhumación de Franco, ¿fin del nacionalcatolicismo?

25.10.2019 Jesús Bastante

Cuando Franco murió, la Iglesia española había dejado ‘atados y bien atados’ sus privilegios en una sociedad que intentaba avanzar, lentamente, hacia la democracia. En Roma, diez años atrás, había concluido el Concilio Vaticano II, que trató de poner a la Iglesia católica en hora con el mundo, pero los obispos españoles seguían con el reloj parado en 1953, momento en que el Régimen consagró la alianza entre la Cruz y la Espada que hizo posible la ‘Sagrada Cruzada’ (así llamaron los obispos en 1937 a la Guerra Civil).

Hoy, 44 años después, con Franco reinhumado en Mingorrubio, los obispos españoles continúan mirando con dificultad al futuro. Igual que sucediera tras el Concilio, pocos prelados se animan a seguir el impulso del Papa Francisco y acabar con una Iglesia clericalizada, que oculta en un armario los estigmas de los abusos de poder y sexuales, se afana en conservar privilegios anacrónicos y sigue sin darse cuenta de que hoy, en pleno siglo XXI, España ha dejado de ser católica y su influencia en la sociedad resulta prácticamente insignificante.

Acabar con la herencia del dictador

Los obispos no se oponen a la exhumación de Franco, pero sí al fin de las prebendas que les dio el dictador. El nuevo Concordado (ahora llamado Acuerdos Iglesia-Estado), que se negoció a la par que la Constitución y fue aprobado ahora hace 40 años, continúa dotando a la Iglesia de múltiples beneficios fiscales, económicos, jurídicos y de presencia social.

En muy pocos países de nuestro entorno la Iglesia católica (y sólo la Iglesia católica) recibe, sin dar nada a cambio, un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado, cuya finalidad no detalla con precisión.

La enseñanza de la Religión católica es de oferta obligatoria y sus profesores son designados por el obispo del lugar (que puede despedirlos sin dar razón alguna), pero pagados por la Administración. Con el personal religioso en hospitales públicos, el Ejército o las prisiones sucede tres cuartos de lo mismo.

Polémicas inmatriculaciones

La Iglesia está exenta de multitud de impuestos y, por si fuera poco, las administraciones todavía no han dado el paso de exigir el pago de aquellos que sí debería pagar, como el IBI para aquellas actividades que no tengan fin estrictamente pastoral o de culto (garajes, pisos de alquiler, museos, etc…). Pero, además, los obispos han logrado registrar a su nombre, con el único aval de su firma, 35.000 bienes en el período 1998-2015.

El prior Cantera, con los Franco

Unas inmatriculaciones que (al menos la mitad) no tienen que ver con templos, sino con inmuebles o terrenos que, en su día, fueron enajenados por otros intereses oscuros, en buena medida gracias al dictador que, desde hoy, descansa en Mingorrubio.

Osoro y Omella, atrapados

¿Es esta la verdadera función de la Iglesia? Son pocos, muy pocos, los obispos que tratan de revertir esta situación de privilegio. No lo tienen fácil, y el ‘caso Franco’ lo ha demostrado. Los cardenales Osoro y Omella (Madrid y Barcelona), los hombres puestos por el Papa Francisco para cambiar el rostro de la Iglesia de nuestro país, no cuentan con la fuerza suficiente para acometer las reformas que les pide Bergoglio.

Un Bergoglio que, por cierto, no visitará España mientras los obispos sigan “en guerra” entre ellos, como admitió durante un vuelo papal. Las elecciones a la presidencia de la Conferencia Episcopal marcarán definitivamente si los obispos españoles se quieren quitar el sambenito con el que les bautizó en su día el dictador -el ‘España, Faro de Occidente, martillo de herejes, luz de Trento‘- o, por el contrario, prosiguen en la deriva de división y enfrentamiento al Papa, en Roma, y a los valores democráticos, en nuestro país.

Ultracatólicos, sectarios y postfranquistas

La exhumación de Franco, además, ha puesto de manifiesto la existencia de un sector, minoritario pero muy potente, de ultracatólicos que siguen vinculando su fe a la extrema derecha, y consideran la salida del dictador del Valle “una profanación”, y la posición oficial de la Iglesia (cumplir con la legalidad vigente) una traición al hombre que les salvó de la persecución y la desaparición.

Y es que los mismos que pintarrajearon decenas de iglesias de Madrid acusando a Osoro de traidor -en una imagen que recuerda, muy poderosamente, a los gritos de ‘¡Tarancón, al paredón!’, tras la muerte de Carrero Blanco- e invitando a dejar de marcar la ‘X’ en la Renta son los que este jueves salieron a defender la actitud obstruccionista del prior Cantera y la homilía del cura hijo del golpista Tejero en la que faltó poco para ‘canonizar’ a Francisco Franco.

“Dios los cría, y Franco los junta”, lamenta, en privado, uno de los pocos obispos que admite que, a lo largo de estos meses, la Iglesia española debería haberse pronunciado claramente, enmendando la plana al prior falangista y colocándose del lado de las víctimas.

Los ‘católicos de toda la vida’

Grupúsculos como HazteOir o Máslibres, situados en la órbita de Vox y de sectores ultracatólicos como los kikos, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo (e incluso más allá, a través de sectas como El Yunque), que lo mismo organizan una sentada para protestar contra la exhumación ante la sede del PSOE, que acosan a las mujeres que van a abortar a las puertas de la clínica Dator.

Vamos, los católicos ‘de toda la vida’, que añoran una España en la que Franco dio todo el poder a la Iglesia, y donde los únicos valores que podían defenderse eran los de la firme ortodoxia, la continencia sexual y las familias numerosas. Los mismos que, en otro tiempo, quemaban mujeres en la plaza pública acusadas de brujas u obligaban a judíos, musulmanes o protestantes a abjurar de su fe si no querían perder la vida.

Los mismos que, tal vez, hace unos años hubieran mandado a Jesucristo a picar piedra en la cantera de Cuelgamuros. A mayor gloria de Francisco Franco, que en Mingorrubio descanse.

Fuente Religión Digital

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Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

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Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa