Por Paula Rosales

La defensora de derechos humanos y coordinadora de la Asociación Feminista Trans (AFET), Alejandra Vega Balenciaga de 36 años, sobrevivió el sábado 9 de noviembre a un brutal ataque ocurrido en la ciudad de San Pedro Sula, unos 270 kilómetros al sudeste de la capital hondureña.

El ataque ocurrió la madrugada. La defensora fue sujetada por la espalda por una persona desconocida, quien golpeó su cabeza en repetidas veces contra una pared, ocasionándole traumas craneales y múltiples heridas que la mantuvo por varios días en cuidados intensivos.

De acuerdo a la denuncia de AFET, Alejandra fue reconocida por su atacante quien la insultó por su expresión de género e hizo referencia durante la agresión a su trabajo como activista y mujer trans.

“En Honduras las personas de la comunidad LGBT seguimos siendo objetos de las violaciones a nuestros derechos humanos y en particular las mujeres trans”, expresó la asociación AFET en en comunicado divulgado en sus redes sociales.

De acuerdo a estadísticas registradas por la organización Cattrachas, desde 2009 a octubre 2019 se han cometidos 337 asesinatos de personas LGBTI, 39 corresponden a mujeres lesbianas, 190 gays, 107 trans y una persona desaparecida sin definir su identidad. Solamente en el mes de julio de 2019 fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

Los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que la población LGBTI también son víctimas.

En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), condenó que en 2019 se han cometido 20 muertes violentas a personas de la población LGBTI en el país centroamericano, además instaron al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indicó el organismo en un comunicado.

Fundamentalismo religioso e impunidad 

La impunidad más el fundamentalismo religioso está propiciando que los crímenes contra la comunidad LGBTI sigan en ascenso. El año pasado la cifra fue de 27 casos y en el 2017, cuando Honduras vivió una crisis política derivada de las elecciones, se registraron 34 casos.

La violencia contra la diversidad sexual ha sido más evidente a partir de octubre del año pasado, a raíz de que la comunidad LGBTI propiciara acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia, pidiendo el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción de menores a parejas homoparentales.

Los miembros de la diversidad sexual interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 112 de la Constitución de la República, sobre el matrimonio entre las personas del mismo sexo y al artículo 116 sobre la adopción.

De acuerdo a la valoración de Iván Banegas, miembro de la Asociación Colectivo Violeta, los ataques a la comunidad LGBTI se incrementaron luego que los grupos de la diversidad sexual pusieran en la agenda pública y plantearan ante las instituciones del Estado sus demandas basados en derechos conquistados en otros países.

La violencia contra la diversidad sexual se asocia, según el defensor de los derechos LGBTI Erik Martínez, a la crisis política-social que vive constantemente Honduras a raíz del golpe de Estado de 2009. A modo de ejemplo, Martínez citó que en apenas seis meses, después del golpe de Estado, se registraron 22 crímenes.

Discursos de odio desde las iglesias y el gobierno

En reiteradas ocasiones personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual son motivados por el prejuicio, alentado por sectores conservadores y religiosos, desde el propio gobierno.

En Honduras la comunidad LGBT forma parte un amplio sector vulnerable, que ha sido acorralado por un fundamentalismo religioso, que a través de las iglesias católica y evangélica, impone la agenda de las políticas públicas. Cada vez que los temas de avances en derechos son expuestos, la clase gobernante convoca a pastores y curas para que den sus puntos de vista desde el ámbito moral y religioso.

En noviembre de 2018 el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, del conservador y gobernante Partido Nacional, planteó la necesidad que se reformara el artículo 77 de la Constitución de la República para que los pastores y ministros de la fe puedan optar a cargos de elección popular.

“El postular a los pastores como parte de la política, da mucho que pensar, porque qué saben los pastores de política o qué saben los pastores de la crisis nacional que enfrentamos, más allá de un discurso religioso, basado en la fe y en la moral, y dentro de ese discurso, de esa visión de nación, las personas LGBT no existimos”, dijo Nahil Zerón´.

Derechos como el aborto, el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, la adopción de menores a parejas del mismo sexo no forman parte de la agenda de las instituciones del Estado, incluso, en el año 2009, se prohibió la venta de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), por considerarse “

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas Alejandra Vega Balenciaga, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH), Asociación Colectivo Violeta, Asociación Feminista Trans (AFET), Cattrachas, El Salvador, Erik Martínez, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Honduras, Iván Banegas, San Pedro Sula, Triángulo Norte de Centroamérica

Por Paula Rosales, desde San Salvador

Lo ha denunciado públicamente la Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI), entidad que aglutina a 12 organizaciones de El Salvador: las personas LGTB, y muy especialmente las mujeres trans, están siendo asesinadas con extrema crueldad en ese país centroamericano. Los crímenes permanecen, en la mayoría de los casos, en total impunidad. El último de los asesinatos, el de Anahy Miranda Rivas, una chica de 25 años a la que sus asesinos arrastraron con un vehículo durante casi cinco kilómetros.

El asesinato de Anahy Miranda Rivas, cometido en la madrugada del pasado 27 de octubre en una concurrida avenida de San Salvador, es de una brutalidad espantosa. De acuerdo a testigxs consultadxs por Presentes, la víctima recibió varias puñaladas en la cabeza, garganta y diferentes partes del cuerpo, además de ruptura traqueal. Sus asesinos se acercaron a ella en una camioneta, en la que intentaron introducirla por la fuerza. «Los hombres no alcanzaron a subirla del todo a los asientos cuando la camioneta comenzó a rodar por lo que sus piernas colgaban y así siguió un trayecto de casi cinco kilómetros», ha relatado una amiga. En el recorrido, fue asfixiada con una media que al parecer la joven solía llevar para acomodarse el pelo.

Anahy vivía del trabajo sexual sobre el bulevar de Los Héroes, en la capital del país.

Aquella madrugada, subió al vehículo de un supuesto cliente, donde se presume fue atacada. Su cuerpo fue arrojado y abandonado en la misma calle. Según el comunicado de la FESLGBTI, también sufrió heridas con arma blanca. Sus asesinos arrojaron su cuerpo al pavimento, frente a una discoteca, y huyeron del lugar.  “Llegaron unos hombres y la subieron al carro. Testigxs dicen que escucharon unos gritos y vieron cuando el mismo vehículo regresó para tirarla muerta en la calle. El Salvador es un país que odia a la población LGBTI, un país que violenta”, dijo la defensora de derechos humanos, Odaly’s Araujo a Presentes.

“El homicidio fue reportado a las cuatro con cinco minutos de este día en el bulevar Los Héroes. Presenta lesiones con arma blanca en la cabeza”, dijo a Presentes una fuente de la Policía Nacional Civil. La joven recibió sepultura en el cementerio La Bermeja de la capital salvadoreña.

El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el Observatorio Sin Violencia LGBTI -lo conforman organizaciones de nueve países (Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia)- señala que el 80 por ciento de los cuerpos de las personas asesinadas fueron encontrados en espacios públicos y domicilios particulares. También se identificó que los días sábados y domingos es cuando más crímenes se cometieron. Los resultados se refieren a crímenes de odio en esos países entre enero 2014 y junio 2019.

No se trata, por desgracia, del único asesinato de una persona LGTB en lo que llevamos de año en El Salvador. En lo que va de 2019 han asesinado a cinco mujeres trans en El Salvador. La nación centroamericana registró el año 2018 una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.

Según  la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), desde 1993 hasta la fecha han registrado el asesinato de unas 600 mujeres, muy pocos casos han sido investigados y judicializados.

La FESLGBTI ha recordado, por ejemplo, los asesinatos de Jorge Armado Castillo (asesinado el 11 de enero en el departamento de San Miguel con once disparos en el rostro), Camila Díaz (una mujer trans que el pasado 31 de enero fue privada de libertad por tres agentes policiales, recibió numerosos golpes durante la detención y falleció tres días después debido a sus lesiones), una mujer trans identificada como Lolita (asesinada el 8 de febrero en el departamento de Sonsonate por personas desconocidas que la atacaron a machetazos) u otra mujer trans, identificada como Tity (asesinada el 10 de marzo a golpes, tras ser agredida sexualmente). De hecho, solo en los últimos tres años (2017, 2018 y 2019), la FESLGBTI ha documentado al menos 20 asesinatos de mujeres trans, todas entre los 18 y 32 años. Un hecho que según la entidad salvadoreña «sostiene nuestra afirmación, una vez más, de que promedio de vida de las mujeres trans en El Salvador no sobrepasa los 33 años».

En 2015, el Congreso salvadoreño modificó el código penal para que los crímenes cometidos por discriminación por identidad de género y orientación sexual sean condenados tomando el criterio que fueron cometidos por odio y pueden ser sancionados con una pena de 30 a 60 años de prisión.

«Desde la reforma al Código Penal en 2015, en sus artículos 129 y 155, que tipifica los crímenes basados en la orientación sexual, identidad y expresión de género, y hasta la fecha no se han efectuado condenas por los asesinatos de personas LGBTI, aun cuando los hechos son una firme evidencia de que estos crímenes fueron motivados por el odio y prejuicio hacia las víctimas, dadas las expresiones de extrema violencia -sexual y de toda índole-, crueldad, saña e incluso signos de tortura», asegura la FESLGBTI. «Siendo las principales víctimas de estos crímenes las mujeres trans, quienes constantemente son vulneradas, en muchos casos, por los mismos agentes de seguridad pública que suponen proteger a la población», denuncia. Una situación que lleva a muchas de estas personas a huir de El Salvador. «Sin embargo, sabemos que esta alternativa tampoco es segura para la población LGBTI, que se enfrenta a múltiples barreras de discriminación y violencia durante todo el circuito migratorio», añaden desde el colectivo salvadoreño.

Los colectivos LGTBI salvadoreños exigen que el Estado actúe

Es por todo ello que la Federación Salvadoreña LGBTI ha reclamado una serie de actuaciones por parte de las diversas autoridades del Estado salvadoreño:

• A la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil piden que se investiguen, en cumplimiento del debido proceso, los asesinatos de las personas LGBTI, aplicando la reforma del Código Penal referida a crímenes por odio y prejuicio. «Consideramos inadmisible el silencio absoluto en la investigación del homicidio de Camila Diaz, y el más reciente de Anahy Miranda Rivas», destaca.
• A la Fiscalia General de la República, especialmente, exige la pronta aprobación y divulgación de una política de persecución penal, y su respectivo protocolo de investigación, de delitos cometidos en contra de la población LGTBI. «Consideramos impostergable la puesta en marcha de acciones institucionales encaminadas a terminar con la impunidad en los casos de crímenes fundados en el odio y prejuicio en contra de nuestra población, puesto que sabemos que el silencio y la impunidad empodera a los agresores», señala.
• Al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, los colectivos LGTBI piden implementar la política de atención a personas LGBTI, «para asegurar la protección de la población víctima de las violencias múltiples en el contexto de violencia e inseguridad que vive nuestro país».
• A la Asamblea Legislativa, pide la aprobación de una ley de identidad de género para personas trans, «primer paso para el reconocimiento de sus derechos fundamentales».
• Por último, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pide «retomar el trabajo articulado entre la institución y las organizaciones de la sociedad civil, para asegurar la protección y el acceso a la justicia de las personas LGBTI».

«En nombre de Jorge Armido Castillo, Camila Díaz, Lolita, Tity, Anahy Rivas y del resto de personas LGBTI asesinadas, la Federación Salvadoreña LGTBI reitera que NO permitirá que los crímenes de hacia nuestra población, queden en el anonimato, el silencio y la impunidad por más tiempo. No aceptamos otro periodo más de invisibilidad y negación de nuestro derecho a la salud, educación, trabajo, seguridad y vida digna y libre de estigma y discriminación. ¡POR LA REIVINDICACIÓN DE NUESTRO DERECHOS, NI UN PASO ATRÁS!», finaliza el comunicado de los colectivos.

«Exigimos al Estado que vele por nuestros derechos»

“Este nuevo crimen de odio en El Salvador ha sido una noticia inesperada, así como otros que se han cometido en el pasado. Repudiamos este crimen y lo condenamos, le exigimos al Estado que vele por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la inclusión laboral trans porque estamos siendo asesinadas y este gobierno ni los anteriores han hecho nada para protegernos”, expresó Odaly’s.

Fuente Agencia Presentes/FESLGBTI

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Ramiro Duarte, (Izda) y Vidalia Molina Delgado (Dcha)

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

Vidalia Molina Delgado era una mujer trans de El Salvador, pero residía en Mazatenango desde hace ya varios años por desplazamiento forzado a raíz de la violencia en su país de origen. En la noche del viernes 11, desconocidos ingresaron a su negocio “Bar Mery” ubicado en la 2 avenida de la zona 1 de Mazatenango (a 160 kilómetros de la Ciudad de Guatemala) donde le acertaron disparos con arma de fuego en el rostro y torax, según dice el informe policial.

El sábado a las 5:30 am, Ramiro Duarte, un adolescente gay de 15 años (originario del barrio el Mitchal) que había sido secuestrado, fue encontrado muerto. Su cuerpo había sido acribillado con 8 balazos. Los vecinos dijeron que escucharon disparos de arma de fuego a las 11:35 pm del viernes, en la aldea Seneca Morales Izabal (a 308 km de la Ciudad de Guatemala). La misma noche en que asesinaron a Vidalia.

La Red Nacional de la Diversidad, Otrans Reinas de la Noche, Colectivo Visibles y la Oficina del procurador de los Derechos Humanos se manifestaron al respecto repudiando el hecho y exigieron una investigación para dar con los responsables de ambas muertes, perpetradas en menos de 24 horas.

Carlos Romero coordinador de la Red Nacional de la Diversidad Sexual dijo a este medio que hasta el día de hoy el “Observatorio de muertes violentas por orientación sexual e identidad de género”  ha registrado 15 asesinatos en Guatemala en lo que va del año de personas LGBT+

Mary*, una amiga de Vidalia, contó que ya había sufrido amenazas de extorsión. Y dice que ya existía una denuncia en el Ministerio Público por esto. Los restos de Vidalia fueron trasladados a su país de origen para ser inhumados.

Según cuenta Saskia Subary*, amiga de Ramiro, el joven había sido expulsado de la casa de sus padres, se había ido a vivir con su abuela y buscó trabajo para sobrevivir. Saskia resalta el miedo a ser libres de quienes viven en esa zona. “Acá nos vestimos de mujer a escondidas. Si lo hacemos libremente somos objeto de discriminación, de rechazo Morales es un lugar muy machista y vivimos con el miedo de que algo nos vaya a pasar”. Ramiro había participado este año en el evento “Miss gay luna roja” en el mismo departamento, como Maris Bell Brown.

El defensor de la diversidad sexual Henry España declaró a este medio que en el asesinato del adolescente, “se puede identificar la saña, ya que se utilizaron por 8 impactos de bala en el rostro, pero también por haber sido secuestrada la persona y luego dejada tirada. Por eso la PDH emitió un comunicado exigiendo al Ministerio Público una pronta investigación y que se identifique que los crímenes tienen un agravio de orientación sexual o identidad de género”.

El texto del comunicado expresó: “El @PDHgt condena la muerte violenta de 2 personas de la diversidad sexual, ocurridas en las últimas 24 horas en Izabal y Suchitepéquez. Expresa su solidaridad y condolencias a sus familiares, amigos y la comunidad LGBTIQ+. Exige al @MPguatemala y @PNCdeGuatemala realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Rechaza todo tipo de hechos de violencia contra toda persona.”

El 4 de mayo del 2017, la diputada Sandra Morán, de la Bancada Convergencia, presentó una iniciativa de Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio (Iniciativa 5278), con el objetivo de que las personas vivan libres de discriminación por su religión, edad u orientación sexual e identidad de género. Pero dicha iniciativa no ha encontrado respuesta en el Congreso de la República.

*Los nombres de estas fuentes figuran con seudónimos para preservar su seguridad.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Bancada Convergencia, Carlos Romero, Ciudad de Guatemala, Colectivo Visibles, El Salvador, Guatemala, Henry España, Homofobia/Transfobia, Ley para Sancionar los Crímenes por Prejuicio (Iniciativa 5278), Mazatenango, Oficina del procurador de los Derechos Humanos, Otrans Reinas de la Noche, Red Nacional de la Diversidad, Sandra Morán, Saskia Subary, Seneca Morales Izabal, Vidalia Molina Delgado

Diana Isabel Hernández Juárez tenía 35 años

La maestra, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Suchitepéquez, fue atacada por dos personas que le dispararon y luego huyeron

Había dirigido varios proyectos como “el huerto familiar” y “viveros municipales”, y proyectos de reforestación en más de 32 comunidades rurales

Sus comunidades piden a las autoridades que encuentren a los responsables lo antes posible

10.09.2019

Diana Isabel Hernández Juárez, maestra de 35 años y coordinadora de la Pastoral de la Creación de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Suchitepéquez (Guatemala) fue asesinada. La noticia enviada a Fides a través de las redes sociales, viene junto con la declaración de la Asociación “Mujeres Madre Tierra” que condenó el hecho.

Según la información recibida por Fides, la maestra, el sábado 7 de septiembre, participaba en una reunión por el Día de la Biblia en la comunidad de Monte Gloria, cuando fue atacada por dos personas que le dispararon y luego huyeron.

El esfuerzo de ayudarla del Instituto Guatemalteco de Seguro Social en Tiquisate fue en vano, porque murió a causa de heridas graves.

Diana Isabel Hernández Juárez era conocida en la zona porque había dirigido varios proyectos como “el huerto familiar” y“viveros municipales”, y proyectos de reforestación en más de 32 comunidades rurales.

La Asociación Mujeres Madre Tierra y la comunidad católica de Suchitepéquez han pedido a las autoridades que aclaren el asunto y encuentren a los responsables de este terrible hecho lo antes posible.

El atroz asesinato de la defensora de DDHH Diana Isabel Hernández Juárez en #Guatemala debe ser investigado imparcial y expeditamente. Las autoridades deben de tener como una línea principal de investigación su labor en defensa de derechos y el ambiente. #DefensorxsBajoAtaque pic.twitter.com/BK5R7yUFWW

— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) 9 de septiembre de 2019

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Asesinato, Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguro Social, Mujeres Madre Tierra, Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Suchitepéquez, Tiquisate

Interesantísimo artículo:

Por Pilar Salazar 

Ilustración: Florencia Capella 

Hace unos días un conocido medio de comunicación digital en Guatemala publicó un artículo haciendo apología del “antifeminismo”. Es un escrito poco atinado, haciendo ver al feminismo (que tampoco es monolito) como un dogma, tan violento como el Islam o Judeo-Cristianismo. Mientras tanto, un grupo secreto “sororo” de mujeres al que fui invitada por una amiga, estaba poniendo reglas de membresía y durante ese proceso pusieron a votación y opinión de las integrantes (entre ellas yo, trans) si era bueno incluir a las mujeres trans. Lo que cuestionaba era si éramos o no mujeres. Me sentí molesta porque había un pensamiento en el ambiente que percibía a las mujeres trans como una amenaza.

Mi intención al escribir no es dividir ni atacar el movimiento feminista, sino visibilizar de qué manera estamos respondiendo a estos ataques en paralelo a nuestras acciones cotidianas. También vamos a coordinarnos colectivamente para no pasarnos llevando a otras compañeras de las que desconocemos (por decisión) sus luchas y que en lugar de sumar al movimiento pueden restar o dividir.

Cuesta entender que también las mujeres trans andamos en las luchas feministas, nos interesan muchas de las mismas luchas que se intersectan con las de las mujeres cisgénero.

Las radicales trans excluyentes no son feministas

Viv Smyth las llamó TERFs en referencia al “feminismo radical trans excluyente” que se refiere a las mujeres cisgénero “feministas” que piensan que las mujeres trans no son mujeres y que la lucha feminista no les pertenece. Pero voy a ser rebelde y contradecir esta conceptualización, pues en mi opinión y en la de muchas feministas, ser “trans radical excluyente” no es una característica de los feminismos sino una postura que lleva implícito el dispositivo biologicista (basarse en la genitalidad para categorizar una identidad de género).

Tiene un bagaje de lógicas cisexuales que mantienen una venda para no ver los privilegios que le dan cancha a la cis-normatividad femenina de “decidir” violentamente si las mujeres trans podemos ser mujeres y estar en los mismos espacios o no.

Es una necedad paternalista y al mismo tiempo de exclusión porque no hay espacio ni capacidad de entender que las mujeres somos diversas y que en general a esta parte de la diversidad transfemenina nos matan antes de cumplir 35 años en América Latina. Creo que justificar el desconocimiento de la lucha que llevan las mujeres trans por parte de movimientos «feministas» cisgénero ya no es un argumento válido para desentenderse y violentar. Muchas mujeres y varones trans apañamos las mismas luchas porque también nos atraviesa el aborto, acoso sexual callejero y más.

¿Quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Abrirse al diálogo y aceptar que no nos ha importado o que tenemos aristas que discutir es el primer paso para evitar la confrontación y división que, como lo he dicho, en algunos espacios es una posibilidad que está llegando a Centroamérica. Son las pocas ganas de hacer, por ejemplo, una pregunta tan básica como la propuesta por Paul Preciado: ¿quiénes son lxs sujetxs politicxs del feminismo?

Ya no basta con decir que para subirse al barco contra la lucha del sistema patriarcal y desarme de las opresiones hay que tener una vulva. Propongo que hablemos de interseccionalidades y nos preguntemos ¿a quiénes ataca el sistema patriarcal? Aquí hablo de cuerpos oprimidos feminizados.

El axioma de que una vulva es igual a una mujer y un pene es igual a un hombre se rompe con la transexualidad o transgenerismo, pero también al producirse la intersexualidad, por ejemplo. Y el poder disciplinatorio de la medicina occidental da la muerte a una ficción y nacimiento a otra.

Teresa de Lauretis dijo que, como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales. En palabras de Michel Foucault, es el despliegue de una tecnología política compleja.

¿Tiene sentido seguir hablando de feminismo o de feminismos?

Parafreaseando a Preciado: sí, siempre que sea una forma de combatir los mecanismos específicos del control, producción de las subjetividades sexuales, raciales, estéticas, etc.

La matriz heterosexual^[1] intenta reducir la multiplicidad de los cuerpos a la masculinidad y la feminidad desde la política genital, sin tomar en cuenta que los sistemas de opresión llegan hasta las periferias de los cuerpos subalternos^[2]. En este punto debo decirlo, que me parece poco ético y nada sororo despotricar contra las mujeres trans al momento de defender el feminismo de los machos violentos, argumentando desde la lógica biologicista. Es importante y contracorriente de estas aristas la apertura al diálogo y a la resolución de dudas para fortalecer y no dividir lo que tanto ha costado para las feministas.

^[1] Judith Butler, El género en dipusta, 1990. Estados Unidos

^[2] Saurabh Dube, Sujetos subalternos, 2001

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Feminismo, Guatemala, Identidad de género, Judith Butler, Michel Foucault, Mujer, Paul Preciado, Teresa de Lauretis, TERFs, Transexualidad, Transfobia, Viv Smyth

Por Paula Rosales

SAN SALVADOR – Al menos unos 1.300 asesinatos de personas LGBTI se han cometido en los últimos cinco años en América Latina, haciendo un promedio de cuatro homicidios diarios, según un informe que preocupa a organismos de derechos humanos. El estudio “El prejuicio no conoce fronteras”, presentado por el observatorio Sin Violencia LGBTI, recoge datos estadísticos de asesinatos cometidos en nueve países: Colombia, México, Honduras, Perú, El Salvador, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Bolivia.

“Enfrentamos cuestiones de naturalización (de la violencia) en toda la región y es un hecho innegable. Mucha gente justifica que las condiciones en las que morimos las personas LGBTI las buscamos y particularmente nos las merecemos, nadie merece morir de esa forma, nadie merece vivir con violencia y nadie merece vivir con sus derechos violentados”, expresó Carlos Romero, secretario de la red nacional de diversidad sexual de Guatemala.

El observatorio regional indica que el país donde se cometieron más asesinatos durante cinco años de personas LGBTI fue Colombia con 542 homicidios; seguido de México 402 casos y Honduras con 164.

La lista también recoge datos de Perú con 57 asesinatos; El Salvador 53; República Dominicana 28; Guatemala 26; Paraguay 12 y Bolivia 8.

“Encontramos una tendencia de retroceso en la región (…) La mayoría de los casos corresponden a personas entre los 18 y 25 años, lo que nos parece alarmante”, expresó David Alonzo del equipo de Colombia Diversa.

Las organizaciones indicaron que poseen proyecciones preliminares de la Asociación brasileña ANTRA en las que en el mismo periodo habrían sido asesinadas 1.650 personas de la población, con un promedio de un homicidio por día.

La mayoría de las victimas corresponde a hombres gay y mujeres trans y se logró determinar que el 30 por ciento de los crímenes fueron causados por prejuicio. Según el estudio los asesinatos fueron motivados por la orientación sexual e identidad de género de las victimas.

El uso de las armas de fuego predomina en los crímenes, sin embargo, en los asesinatos de hombres gay y bisexuales son cometidos con objetos cortantes y ahorcamiento. Mientras tanto, las mujeres trans, bisexuales y lesbianas son asesinadas con arma de fuego en su mayoría.

“Las personas LGBTI seguimos enfrentando el estigma, muchas familias casi celebran que desaparecemos de este mundo para no seguir enfrentando el estigma con el que han vivido toda la vida. Morimos en el silencio, en la negación, morimos en la invisibilidad’, puntualizó Romero.

Los lugares más peligrosos para las personas LGBTI son la calle y la casa. Los datos recabados indican que el 80 por ciento de los cuerpos de las victimas fueron encontrados es espacios públicos abiertos y en sus domicilios particulares. Se destaca que las mujeres trans y lesbianas fueron atacadas en espacios abiertos, mientras que los ataques a hombres gay fueron cometidos en sus casas. 

Las activistas sostienen que la radicalización de los discursos religiosos y ultra conservadores, así como la militarización de la seguridad de los Estados, como el caso, de Brasil, Colombia y El Salvador está promoviendo estos hechos.

Triángulo Norte de Centroamérica  

El llamado Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es uno de los territorios más difíciles para las poblaciones diversas porque solo en la conservadora región 243 crímenes.

El estudio indica que 63 personas LGBTI asesinadas en esta región tenían entre 13 y 15 años; 95 tenían entre 18 y 25 años y 164 tenían entre 26 y 30 años.

Organizaciones que conforman el observatorio consideran que las cifras de los crímenes cometidos en contra de la población LGBTI continúan aumentando y los gobiernos siguen sin definir políticas de protección efectivas para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos.

“Es momento de dejar atrás ésta impunidad y que empiecen las personas LGBTI a acceder a la justicia, sabemos que en muchos países de la región en especial Guatemala, El Salvador y Honduras son los tres países del Triangulo Norte más violentos para las personas LGBTI”, dijo a Presentes Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, ANTRA, Bolivia, Carlos Romero, Colombia, Colombia Diversa, COMCAVIS-TRANS, David Alonzo, Delitos de Odio, El Salvador, Guatemala, Homofobia/Transfobia, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Triangulo Norte

Por Pilar Salazar

En la madrugada del domingo, agentes de la Policía Nacional Civil allanaron el Centro Cultural Casa Cuatro de Noviembre y tiraron gas pimienta dentro de sus instalaciones. Allí se celebraba la culminación del XIX Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género en Guatemala. Los hechos ocurrieron en una tertulia realizada en Ciudad de Guatemala, luego de que se realizara la Marcha del Orgullo LGBT+ de ese país. De acuerdo con lo que reporta Agencia Presentes, la fiesta se celebraba en el Centro Cultural Casa 4 de noviembre. Y en la madrugada del domingo, los oficiales de la Policía Nacional Civil ingresaron al lugar sin autorización.

Según informó a Presentes Gaby Dávila, encargada del lugar, la policía ingresó al establecimiento sin orden de juez competente. “Eran tres patrullas repletas de policías que solo se metieron al lugar y rociaron gas pimienta a las personas que se encontraban dentro y resultaron desmayadas cuatro y diez fueron trasladadas a un centro hospitalario. Al momento llego una cuarta patrulla y les dijimos que lo que estaban haciendo era ilegal e inmediatamente se retiró”.

Dávila indicó que fue un ataque pues sin ningún motivo aparente empezaron a tirar gas pimienta desde las ventanas del lugar. Uno de los policías identificado como Enrique Guevara amenazó con golpear y engrilletar al diputado electo Aldo Dávila, quien estaba en el lugar. “Llamamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos pero llegaron dos horas después del incidente” indicó.

Henry España, titular de la Defensoria de la Diversidad Sexual, dijo a Presentes que “la Procuraduría tendría que haber llegado cuando aún se encontraban los agentes PNC en el lugar. Sin duda es necesario mayor agilidad en casos de emergencia”.

Persecución a diputado gay Dávila

El diputado, Aldo Dávila fue víctima de la agresión. / Foto: Indagador SVC

España agregó que al llegar al lugar los agentes preguntaron directamente por el diputado Aldo Dávila y esto provocó que distintas organizaciones de sociedad civil convocaran a una conferencia de prensa frente al palacio de Gobernación donde ya se encontraba el diputado electo Aldo Dávila.

La versión de la Policía Nacional Civil por medio su vocero Jorge Aguilar es que estaban haciendo patrullajes en cumplimiento de la llamada “Ley seca” y por denuncias de vecinos del Centro Histórico por exceso de ruido.

Hasta el momento, las autoridades solo han declarado que la policía está autorizada a usar el gas pimienta cuando una situación se sale de control. No obstante, los testigos niegan que esto haya ocurrido en el lugar. Este hecho recuerda al baile de los 41 en México, donde la policía también irrumpió en una fiesta gay y arrestó a los presentes.

Otros ataques en el día del Orgullo

Esto no parece ser un hecho aislado pues mientras se celebraba la fiesta del orgullo en el salón “Porvenir de los obreros”, organizada por Otrans Reinas de la Noche, una persona desconocida lanzó gas pimienta en uno de los baños del local, según relató la activista Stacy Velásquez a Presentes.

Los policías a las afueras del lugar. / Foto: Publinews

Carlos Romero, representante de la Red Nacional de la Diversidad, declaró que hubo acoso a otros lugares donde frecuentan personas de la divesidad sexual y que las autoridades utilizan la “ley seca” para reprimir.

Henry España indica que se cuenta con personal de turno que acude al lugar en caso sea necesario. Se documenta y se abre un expediente para investigar y en dado caso solicitar la  información a las instituciones.

Hasta el momento, las autoridades solo han declarado que la policía está autorizada a usar el gas pimienta cuando una situación se sale de control. No obstante, los testigos niegan que esto haya ocurrido en el lugar. Este hecho recuerda al baile de los 41 en México, donde la policía también irrumpió en una fiesta gay y arrestó a los presentes.

Fuente Con información de Agencia Presentes y Publinews/Soy Homosensual

General, Homofobia/ Transfobia. Carlos Romero, Centro Cultural Casa Cuatro de Noviembre, Enrique Guevara, Gaby Dávila, Guatemala, Henry España, Jorge Aguilar, Otrans Reinas de la Noche, Policía Nacional Civil, Red Nacional de la Diversidad, Stacy Velásquez, XIX Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género

Foto: Twitter Taco Bell

Por Pilar Salazar, desde Ciudad de Guatemala

El domingo 14 de julio, tres jóvenes que se identifican como queer fueron agredidos por un grupo de hombres en un local de la cadena de restaurantes Taco Bell, en la zona 4 de la ciudad de Guatemala.

Uno de los agredidos, que prefirió el anonimato para contar a este medio lo sucedido, indicó que, entre la 1:00 y 2:30 de la madrugada, él y sus amigos ingresaron en el restaurante a pedir comida para llevar. En una mesa del local había entre cinco y nueve hombres que, al verlos entrar, empezaron a insultarlos con palabras con connotaciones peyorativas como “huecos” y “princesas”.

“Seguimos de largo, no respondimos. Después nos fuimos a hacer fila para ordenar. Este grupo de personas nos seguían viendo y diciendo cosas. No queríamos que la cosa escalara a más. Al ver que los ignorábamos, uno de ellos se acercó a uno de mis amigos para decirle: ‘Se van a morir por huecos’. Me dio bastante miedo y enojo,y le dije a la persona que se alejara, lo que desató una pelea. Vino otra persona de ese grupo y me agarró por detrás,yo no me podía mover mientras la otra persona me pegaba en la cara”, relató a Presentes. La misma víctima contó a este medio que “le hubiera gustado que el equipo de seguridad del restaurante reaccionara, pero no hizo absolutamente nada para evitar el problema”.

Consultado por esta agencia, el Defensor de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, Henry España, expresó: “Desde la Procuraduría lamentamos que estos hechos sucedan. Principalmente porque, de conformidad con la información que se ha conocido, las agresiones se iniciaron por la apariencia física de las personas. Si bien se habían identificado anteriormente actos de violencia hacia personas de la diversidad sexual por muestras de cariño en público, como besos o andar tomados de la mano, ahora las agresiones son motivadas por la simple apariencia física”.

La Defensoría de la Diversidad Sexual tuvo conocimiento de las agresiones contra Roberto y sus amigos. Dos de las tres personas agredidas decidieron presentar una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, donde ya se inició un expediente contra los hombres que agredieron a estos jóvenes dentro del restaurante. Primero lo hicieron verbalmente, después con amenazas de muerte y luego con agresión física en una pelea a puños. Según indica España, hubiese sido importante algún tipo de intervención de los agentes de seguridad del lugar.

El hecho ocurre en el marco del XIX Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Género, que se celebró el pasado 20 de julio. Jorge Sologaistoa, quien ha sido parte de la organización del desfile durante estos 19 años,dijo a Presentes: “Es un ataque esperado y normalizado en una sociedad que está tan cargada de violencia, de homofobia, transfobia, clasismo, racismo y heterosexismo, que nos tienen sometidos”.

La Revista Queer, un medio guatemalteco de reciente creación que cubre temas de la diversidad sexual, fue el primero en hacerse eco de este suceso de violencia. Se manifestó en redes sociales con la publicación de un comunicado: “Hacemos responsable a Taco Bell Guatemala de la nula asistencia contra el ataque de odio ocurrido dentro de Taco Bell ubicado en Zona 4. Nos pronunciamos en contra del discurso de odio y nos mantenemos fuertes en solidaridad con los afectados. Luchamos por una Guatemala donde no seamos agredidos por ser quienes somos”.

Al verse etiquetado en la publicación de Revista Queer y de otras organizaciones LGBTIQ+ que se sumaron al rechazo, el restaurante de comida rápida respondió en redes sociales y dijo que ya inició una investigación: “En Taco Bell Guatemala no toleramos la discriminación y respetamos y apoyamos a la comunidad LGBTIQ+. Hemos iniciado una investigación sobre lo que sucedió y tomaremos medidas rápidas y apropiadas si no se siguieron las políticas adecuadas. Si bien no es un procedimiento en el que los miembros de nuestro equipo se involucren en las disputas de los clientes, Taco Bell es un lugar inclusivo y nos disgusta escucha experiencias que no cumplan con esto”.

La Defensoría de la diversidad Sexual ha registrado siete denuncias este año por razones de agresión y discriminación laboral,e indican que están conscientes de que pueden ser más. Pero las personas afectadas muchas veces no se atreven a hacer la denuncia.

El diputado electo al Parlamento Centroamericano por el partido Semilla, José Carlos Hernández, se pronunció en los comentarios del mismo comunicado: “Muchá, si los ofendidos necesitan apoyo, a las órdenes. Como uno de sus representantes, estoy en la disposición de apoyar”.

Fuente Agencia Presentes

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La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) condenó las muertes violentas de 20 personas de la población LGBTI en 2019 en ese país. El organismo internacional lamentó que sólo en el mes julio fueron asesinadas tres personas trans y una bisexual.

“La OACNUDH expresa su preocupación frente a estos graves hechos y a las reiteradas denuncias sobre ataques, amenazas y hostigamiento que enfrentan las personas miembros de la comunidad LGBTI en el país”, expresaron en un comunicado difundido el lunes.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se pronunció al respecto: “Urge a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia, tomando en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados en prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género –reales o percibidas– o características sexuales de estas personas. La CIDH reitera su preocupación ante los altos niveles de violencia en contra de personas trans en la región y la baja expectativa de vida de esta población”, dice el comunicado. 

Los países que conforman el Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala, son considerados con altas tasas de criminalidad y homicidios, de las que también son víctimas la población LGBTI.

Ante el acoso, discriminación, amenazas y muertes, decenas de mujeres trans centroamericanas han integrado caravanas de migrantes que buscan a llegar a los Estados Unidos.

“La situación de los derechos humanos de las personas LGBTI es una gran preocupación en Honduras por las continuas y graves violaciones de derechos humanos que sufren a diario”, indica OACNUDH.

En 2018 la ONU expresó preocupación sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y señaló la impunidad en el elevado número de asesinatos y ataques violentos contra personas LGBTI.

Fuente Agencia Presentes

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Por Paula Rosales, desde San Salvador

Al menos unas 29 mujeres trans migrantes, originarias de México y Centroamérica, denunciaron abusos y tratos discriminatorios por agentes migratorios mientras estuvieron detenidas en el centro correccional de Cibola ubicado en Nuevo México, Estados Unidos.

La denuncia fue hecha a través de una carta escrita por las víctimas en el centro de detención, y enviada por correo a la organización Trans Queer Pueblo, quienes la difundieron en un video publicado en sus redes sociales.

En la carta, las trans detenidas entre abril y junio de 2019, denunciaron la falta de atención médica y tratos discriminatorios como desnudarlas para revisarlas por parte de agentes migratorios.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), tiene bajo su custodia a las mujeres trans firmantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba y Rusia que huyeron de la violencia y buscan asilo en el país del norte.

“Yo le dije a ICE que uno venía de sufrir de nuestros países y no valía la pena que nos tuvieran sufriendo en Cibola. Se sufre mucho en este lugar, el agua para tomar es reciclada, la que se usa en los baños sanitarios la pasan por filtro para reutilizarla, del grifo sale hasta con pedazos de papel higiénico”, dijo a Presentes Julissa Medrano, mujer trans salvadoreña migrante.

Julissa Medrano huyó en enero de este año de El Salvador por las amenazas de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13, quienes la habían sentenciado a muerte por su identidad de género y orientación sexual. Estuvo detenida en Cibola desde el 3 de abril hasta el 3 de julio de 2019.

La unidad 900 es el espacio en Cibola asignado para las mujeres trans que esperan presentarse ante un juez migratorio para solicitar asilo. En la denuncia pública, las mujeres trans también expusieron que agentes migratorios las obligan a firmar documentos en inglés que no comprenden, muchos de estos papeles son órdenes de deportación “voluntaria”.

“En días pasados los trabajadores de esta unidad nos engañaron obligándonos a firmar hojas que no fueron explicadas, ni sabíamos cual era la verdadera finalidad”, denunció Karla Bautista, coordinadora del proyecto Liberación para Trans Queer Pueblo, quien leyó la carta de denuncia de las mujeres trans detenidas en Cibola.

Las mujeres que firman la denuncia pública dicen que no tuvieron la atención adecuada para personas con VIH; que no hay medicina para infecciones en la piel que han adquirido en el centro de detención y se les limita el uso del agua e implementos de limpieza personal.

“En la hielera (centro correccional) estuve trece días, y solo una vez me sacaron para bañarme, fue muy doloroso. Si me hubieran dejado más tiempo en Cibola, me hubiera vuelto loca”, expresó Julissa a Presentes.

De acuerdo a Julissa Medrano, “la hielera” de Cibola es un cuarto muy frío ubicado en el piso subterráneo del centro de detención. En ese espacio caben unas 10 personas, no hay camas, a las personas les entregan una alfombra para que la pongan en el piso para dormir y un pedazo de papel de aluminio para cubrirse del frío.

El centro de detención Cibola se encuentra en la villa Milán. La ciudad tiene apenas 11 kilómetros cuadrados y el 67 por ciento de su población es hispana o latina. Es la única instalación en donde se cuenta con un área específica para poblaciones diversas.
Antecedentes en Cibola

Cibola es el mismo centro donde en 2018 estuvo detenida cinco días Roxsana Hernández Rodríguez. Esta mujer trans de 33 años llegó a Estados Unidos en una de las caravanas migrantes que partieron de Honduras.

A Roxsana la trasladaron a Cibola el 16 de mayo de 2018, después de entregarse al servicio de migración para solicitar asilo en Estados Unidos. Roxsana estuvo cinco días en la ‘’hielera’’ donde tuvo un cuadro complicado de diarrea y vómitos. Después la trasladaron al hospital Lovelace Medical Center en Albuquerque. Allí permaneció ocho días en cuidados intensivos y falleció el 25 de mayo por neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH.

De acuerdo a declaraciones del patólogo forense Kris Sperry -brindadas a medios de comunicación en noviembre de 2018- cuando se realizó una segunda autopsia a Roxsana, esta determinó que se encontró evidencia de abuso físico, como hematomas profundos en su abdomen y manos, así como evidencia de trauma por fuerza contundente.

Julissa estuvo en “la hielera” de Cibola entre el 11 y el 24 de marzo de 2019. Contó a Presentes que en ese tiempo estuvo sola y solamente le permitieron bañarse una vez en trece días, además, el papel de aluminio para cubrirse del frío se rompió y tuvo que soportar un clima al que nunca estuvo acostumbrada.

“Son bien malos, son ingratos, se ven cosas terribles. Pero la necesidad de salvar nuestra vida nos hace aguantar todo lo que tenemos que pasar en estos centros de detención, es doloroso”, dijo Julissa.

Julissa recuperó la libertad el pasado 3 de julio. Su caso fue atendido por la organización de Mujeres Latinas Transgéneras – TRANSLATINAS, quienes le ayudaron en el proceso legal de asilo y a sufragar los gastos de traslado hacia el estado donde Julissa reside en los Estados Unidos junto a una familiar. Al momento de su salida de Cibola, quedaron 41 mujeres trans que esperan respuesta a sus procesos migratorios.

Organizaciones como TRANSLATINA, que da asistencia legal a mujeres trans en proceso de asilo, están organizando actividades de denuncia pública sobre los casos de Cibola.

Fuente Agencia Presentes

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Otra noticia terrible nos llega desde Guatemala, apenas unos días después de recoger el asesinato de un joven activista gay.  Ahora son dos mujeres las que han sido asesinadas en la región de Jalapa, en lo que parece ser un nuevo delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas. No en vano, el autor (o autores) del atroz crimen dejó escrito sobre el cuerpo de sus víctimas el mensaje «Por panochas [insulto empleado en el país para referirse a mujeres lesbianas y bisexuales] se murieron».

Los cuerpos de esas dos mujeres guatemaltecas, identificadas como Betzi Esmeralda Co Sagastume y Kelli Maritza Villagrán —y de 18 y 25 años, respectivamente—, fueron hallados el pasado 23 de abril sobre un puente sin iluminación ubicado en el kilómetro 54 de la carretera que conduce a Jalapa. Estaban semidesnudos, unidos con cinta adhesiva, presentaban signos de violencia y tenían escrito el mensaje «Por panochas se murieron», según informó el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del país, Jordán Rodas.

Todo parece indicar que las jóvenes habían sido degolladas la noche anterior. «Con ellas, suman tres las mujeres lesbianas asesinadas en ese municipio entre septiembre de 2018 y abril de 2019. Evitá estar sol@ y, si podés, avisá a alguien de confianza cuando y por qué medio te movilizás», publicó en sus redes sociales la ONG Red Nacional LAMBDA.

El procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas envió un comunicado expresando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas, exigiendo a las autoridades hacer justicia y manifestando «su solidaridad con la población y organización de la comunidad LGTBI».  Asimismo, aseguró que «la Auxiliatura Departamental del Procurador de Derechos Humanos, en El Progreso, abrió un expediente de oficio y dará seguimiento al caso de acuerdo al mandato constitucional».

Desafortunadamente, los niveles de LGTBfobia social son muy altos en Guatemala y, para más inri, las personas LGTB del país no gozan de protección alguna contra la discriminación. Según un informe de 2018 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

Es más, según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento. «En general, acceder a datos sobre los crímenes de odio contra miembros de la comunidad queer es complicado. Existe un subregistro alto, pues la mayoría de las víctimas no denuncian y porque las autoridades los consideran crímenes comunes o asumen que la víctima es la culpable», aseguraba hace poco el periodista guatemalteco Juan Manuel Vega.

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Espantosa noticia la que nos llega desde Guatemala, donde el joven José Roberto Díaz, de 18 años, fue torturado y asesinado en lo que claramente parece ser un delito de odio: sus asesinos le grabaron a cuchillo en su cuerpo insultos homófobos.

El asesinato ocurrió en el departamento de Huehuetenango, al noroeste del país. El cuerpo de José Roberto Díaz, un joven maquillador de 18 años, fue encontrado por sus vecinos en un terreno baldío el pasado 25 de marzo. Según publica Nómada, su última conexión en WhatsApp había sido el 24 de marzo, a las 19:37 de la tarde. Desde entonces permanecía desaparecido. Sus verdugos, que lo torturaron visiblemente antes de asesinarlo, dejaron su cuerpo grabado con insultos homófobos («hueco», «morro», «maricón») y, según informa la agencia Presentes, con el número 18, símbolo de una de las maras o pandillas más violentas de Centroamérica.

José Roberto Díaz era abierta y orgullosamente gay, lo que le había valido insultos y amenazas. Una de sus aficiones era el transformismo, y de hecho había ganado ya tres títulos bajo el nombre de Alessandra Villamizar. Contaba con la ayuda y el apoyo de su madre, y su gran aspiración era tener su propio salón de belleza. Además se había implicado como activista en Trabajando Unidos, un colectivo LGTB de Huehuetenango. «Como una estrella en el cielo serás recordado, porque viniste a ser luz para quienes te conocimos, él era reina y para esta reina habrá justicia. Para Josecito, como lo conocíamos cariñosamente, exigiremos justicia, gritaremos, aullaremos hasta que nuestra voz se enronque… Gritaremos para que te escuchen y morderemos si es necesario para alcanzar toda la justicia que mereces, en tu memoria y en tu nombre no desistiremos», puede leerse en su página de Facebook. En otro mensaje más formal publicado en esta misma red social, la organización a la que pertenecía el asesinado ha hecho además un llamamiento a denunciar los actos de intimidación «para reafirmarle a la sociedad, a las personas que no creen y desacreditan nuestras luchas y a las autoridades, que somos agentes de derechos, que no pueden violentarlos y sobre todo que estamos articulados, y que no permitiremos que estos sucesos sigan siendo las únicas miradas que se le den a la comunidad LGTBIQ».

Guatemala: una realidad muy difícil para el colectivo LGTB

Según el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, el colectivo LGTB guatemalteco se enfrenta a violencia desde múltiples frentes, que van desde la represión policial a las bandas de delincuencia organizada, además de a la enorme presión de grupos conservadores altamente LGTBfóbicos que incluso han promovido la discusión en el Congreso de la República de la mal llamada «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», que entre otras cosas busca prohibir la información sobre diversidad sexual en los colegios.

Por desgracia, resulta difícil cuantificar dicha violencia contra las personas LGTB, que en Guatemala no gozan de protección contra la discriminación. Según un informe de 2018del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas referido a ese país, «al Comité le preocupa que la legislación no prohíba la discriminación y los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género y no proteja el derecho al reconocimiento de la identidad legal de las personas transgénero. También se muestra preocupado por el aumento de las muertes de mujeres transgénero y por las deficiencias en el registro e investigación de actos violentos motivados por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, y lamenta la falta de datos consolidados sobre las investigaciones, procesamientos, enjuiciamientos, sanciones y reparaciones otorgadas en casos de violencia y delitos de odio contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales».

En cualquier caso, la violencia parece estar a la orden del día. Según datos de la organización Oasis publicados en 2017, cada año se registran cerca de 18 asesinatos de personas LGTBI en Guatemala, que en muchos casos son reportados como «crímenes pasionales» o muertes provocadas por la delincuencia común. Dicha organización estimaba entonces que la cifra real de personas asesinadas sería tres veces mayor, debido a que muchos casos ni siquiera llegaban a su conocimiento.

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La CIDH accedió positivamente hoy a peticiones formuladas por el Movilh y otros seis colectivos LGBTI de las Américas para que se inste a los Estados, y en particular a Chile, a aprobar el matrimonio igualitario.

Una jornada histórica para las familias homoparentales de las Américas se vivió hoy en Washington donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su Primera Audiencia Pública sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de 7 grupos LGBTI del continente, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

La audiencia fue encabezada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos LGBTI para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

Tras a los abogados activistas LGBTI de Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y México, la presidenta de la CIDH dijo que “hay una sola raza en el mundo y es la raza humana. Y todos los seres humanos deben tener los mismos derechos. Es un asunto fácil, pero el sentido común no es muy común. Lógicamente todas las parejas tienen el derecho a casarse”.

Añadió que las personas LGBTI “tienen derecho a gozar de todos los derechos que tienen otros seres humanos. Es su dignidad. Haremos todos los esfuerzos posibles para alentar a los Estados a que avancen en el matrimonio igualitario”.

Su opinión fue compartida por la relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, Flávia Piovesan. “Es muy importante tener acercamiento sobre las formas de lucha de la región. La relatoría comparte que el principio de la igualdad es fundamental para los derechos humanos. Sobre el matrimonio igualitario estamos con ustedes y vamos a evaluar los pasos más adecuados a seguir”, dijo.

Junto a May Macaulay, Piovesan, estuvieron la primer vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, la secretaria adjunta, María Claudia Pulido y la relatora Soledad García Muñoz, quienes también apoyaron la demanda de los movimientos LGBTI.

Junto a los abogados que representan al Movilh; Ciro Colombara y Hunter Carter; intervinieron hoy ante la CIDH representantes de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras, la Fundación Iguales de Panamá, la Fundación Igualitxs de El Salvador y la Alianza para el Matrimonio en las Américas.

En concreto se planteó una petición general de todos los grupos y dos específicas para Chile y México. En el primer caso se solicitó a la CIDH la implementación de medidas o mecanismos para que los Estados efectivamente cumplan con la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre del 2017.

En dicho texto, la Corte pidió a todos los Estados parte de la OEA que “garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación”^.

Por su lado, Colombara y Carter solicitaron que se pida al Estado de Chile cumplir con el compromiso de impulsar el matrimonio igualitario que asumió en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado en 2016.

En relación a México, se solicitó a la CIDH que acoja una denuncia presentada en mayo del 2014 contra ese país por prohibir el matrimonio igualitario.

Finalizada la audiencia, el Movilh aplaudió “esta señala histórica que hoy ha dado la CIDH para las familias homoparentales y el matrimonio igualitario. Esperamos saber en el corto plazo, de qué manera la CIDH instará a los Estados, y en especial a Chile, para que impulsen el matrimonio igualitario”.

Fuente MOVILH

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El pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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La audiencia fue solicitada por colectivos LGBTI de diversos países y por los abogados que representan al Movilh en su demanda internacional contra Chile por la prohibición del matrimonio igualitario.

En un hecho sin precedentes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha convocado a su primera Audiencia Temática sobre el Matrimonio Igualitario, tras una petición de colectivos LGBTI de distintos países, entre esos el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

La histórica audiencia tendrá lugar el 5 de diciembre del 2018 en el marco del 170 Período de Sesiones de la CIDH que se desarrollará en Washington, tras la petición de los movimientos LGBTI que fue coordinada por los abogados que representaron al Movilh en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter y Ciro Colombara y Branislav Marelic.

De esa manera, se analizará la CIDH analizará situación actual del matrimonio igualitario en las américas, así como los deberes de los Estados al respecto.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, declaró que “estamos muy felices y emocionados de que el matrimonio igualitario sea una temática de la máxima relevancia para la promoción de los derechos humanos al interior CIDH, como queda de manifiesto con la futura realización de esta audiencia”

Añadió que “sin duda la CIDH hará historia con esta audiencia que contribuirá a impulsar el matrimonio igualitario, lo cual es de especial relevancia para Chile luego de que el Gobierno se negara a cumplir un compromiso del Estado en estas materia, tras un Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado con nuestra organización. Sin duda, el rechazo del Gobierno de Sebastián Piñera a cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, como ha ocurrido con su oposición a puntos claves del ASA, será uno de los temas relevantes de esta audiencia”.

Además del Movilh, la petición de audiencia sobre matrimonio igualitario fue solicitada por la Fundación Igualitxs de El Salvador, HDuarte Legal de El Salvador, Fundación Iguales de Panamá, Asociación Ciudadana Acceder de Costa Rica, Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica, Visibles de Guatemala, Asociación Cozumel Trans de Honduras y AMA, de Estados Unidos.

Esta es la segunda vez que la CIDH accede favorablemente a una petición de audiencia temática sobre parejas del mismo sexo. La primera vez fue en 2009, cuando la CIDH celebró, tras una petición del Movilh, una histórica audiencia sobre las uniones civiles, dando paso a importantes medidas a favor de este tipo de legislaciones en América.

Fuente MOVILH

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La iniciativa “para la protección de la vida y la familia” que debate el Congreso guatemalteco supondría un gran retroceso en los derechos del colectivo LGTB+ y de las mujeres.

Las protestas de los activistas y la presión internacional han logrado retrasar el tercer debate parlamentario previo a su aprobación definitiva.

Amnistía Internacional denuncia que el Congreso de Guatemala está debatiendo una iniciativa de ley que pone en riesgo la vida de miles de niñas, mujeres y personas LGTBI.

Se trata de la 5272, una propuesta que fue presentada por un grupo de diputados conservadores encabezados por el presidente de la Comisión de la Mujer, Aníbal Rojas, y que es conocida como Iniciativa por la protección de la vida y la familia. 

Viniendo de la derecha y con ese título no podemos esperar nada bueno de una ley que, si fuera aprobada (y sobre el papel está a punto de hacerlo), impondría una definición de familia exclusivamente heterosexual, prohibiendo expresamente los matrimonios y el reconocimiento de uniones de hecho entre personas del mismo sexo.También formula el “derecho” a “no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género” y prohíbe promover programas relativos a la diversidad sexual y la “ideología de género” o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad.

En la actualidad la ley guatemalteca sólo permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre. La 5272 pretende poner las cosas aún más difíciles y propone modificar el código penal para criminalizar los abortos espontáneos, imponiendo penas de prisión para mujeres que los han sufrido y para castigar a quienes “promuevan o faciliten medios para la realización del aborto”.

Aníbal Rojas, el principal impulsor de la 5272, es uno de esos diputados que basa su actividad política en decir que la familia y la vida no son negociables porque “el país tiene que recuperar sus valores cristianos”.

El rechazo ha sido mayoritario entre muchos sectores de la sociedad guatemalteca. Para Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, se trata de un descabellado proyecto que amenaza lo que dice proteger: la vida y las familias. Luis Barrueto, de la organización LGTB+ Visibles, afirma que de aprobarse la iniciativa Guatemala volvería al siglo XVIII. Desde su asociación consideran, además, que la propuesta es una cortina de humo para desviar la atención del intento de aprobar otras medidas que otorgarían impunidad a los corruptos. Más o menos lo mismo que ha pasado en Rumanía.

La iniciativa 5272 ya ha superado los dos primeros debates parlamentarios y está a falta de un tercer y último debate para ser aprobada definitivamente artículo por artículo. El presidente, Jimmy Morales, también se ha manifestado a favor de que se apruebe, afirmando que “Guatemala y nuestro Gobierno cree en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala cree en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer”

Este tercer debate se tenía que haber celebrado ya a principios de septiembre, aunque finalmente no fue así después de una manifestación de rechazo a la 5272 convocada en  las puertas del Congreso. Sandra Morán, una diputada feminista y que es de las pocas que se preocupa por los derechos LGTB+ en el país, agradeció a los presentes por su visibilidad y por luchar por sus derechos.

Morán se muestra optimista y afirmó que “puede que la 5272 ya no regrese, porque ganamos la batalla“. Sin embargo las asociaciones de mujeres, las organizaciones LGTB+ y otros activistas por los derechos humanos dicen que hay que seguir atentos y desde Amnistía Internacional piden que se continúe haciendo presión sobre el gobierno y los diputados guatemaltecos para que finalmente la iniciativa desaparezca de la agenda del Congreso.

Fuentes | Amnistía Internacional, Soy 502, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. 5272, Aborto, Amnistía Internacional, Aníbal Rojas, Congreso de Guatemala, Diversidad Familiar, Erika Guevara Rosas, Familia, Guatemala, Ideología de género, Iniciativa por la protección de la vida y la familia, Jimmy Morales, Luis Barrueto, Matrimonio igualitario, Sandra Morán, Visibles

Iniciativa es coordinada por los Premios Sebastiane que impulsa Gehitu, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales. El Festival de Cine Movilh participó del encuentro.

Por cuarto año consecutivo se dieron cita en San Sebastián los/as directores/as y productores/as de los distintos festivales de cine con temática lésbica, gay, bi, trans o intersex que se desarrollan en Iberoamérica.

El cónclave, organizado por los Premios Sebastiane, se da en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián que este año celebró su 66 edición.

Durante el Encuentro los representantes de los festivales LGBTI intercambiaron experiencias y miradas para potenciar los certámenes en sus respectivos países, cuyas realidades son diversas en materia de igualdad, libertades y no discriminación.

En la ocasión, Chile estuvo representado por segundo año consecutivo por el Festival Internacional de Cine Lésbico, Gay, Bi, Trans e Intersex (Cine Movih).

También participaron el Festival Cine LGBT de Panamá; Festival Asterisco de Argentina; el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay-Lesbo-Trans de Bilbao (Zinegoak); Festival de La Otra Banqueta de Guatemala; Out Fest de Perú; Festival Queer de Lisboa, LesGaicemad, de Madrid; Festival de Cine LGBT de Santo Domingo; el Festival Internacional de Cine LesBiGayTrans de Asunción; FancineGai de Extremadura, Llámale H, de Ururuguay, CinHomo de Valladolid y Muestra Internacional de cine LGTBQI Zinentiendo

Entre otras actividades, los/as directores/as de los festivales de cine disfrutaron de la proyección de dos cintas chilenas vinculadas a la temática, El Príncipe, opera prima de Sebastián Muñoz, y Los Fuertes, de Omar Zúñiga.

Este año ganó el Premio Sebastiane Latino “Las Herederas”, producción paraguaya del director Marcelo Martinessi que retrata la realidad de las mujeres lesbianas en la tercera edad.

En tanto, el Premio Sebastiane lo obtuvo la cinta Girl de Lukas Dhont,

En uno de los momentos los asistentes el encuentro pudieron además compartir con el director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos.

“Estamos tremendamente agradecidos del aporte que hacen los Premios Sebastiane para que los festivales de cine LGBTI de Iberoamérica se relacionen e intercambien ideas, así como la invitación que nos cursaron para participar”, señaló el Movilh.

El Premio Sebastiane surgió el año 2000 por iniciativa de los/as activistas de Gehitu, Asociación de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

El Premio Sebastiane Latino nació en 2013 y en dos ocasiones lo ha ganado Chile con Rara, de Pepa San Martín, y “Una Mujer Fantástica”, de Sebastián Lelio.  Además Chile ganó el Premio Sebastiane con “Joven y Alocada” de Marialy Rivas

Fuente MOVILH

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Dirigida por Li Cheng, la película guatemalteca, «José», se alza con el Queer Lion Award en la 75ª edición del Festival de Venecia, en la que otras películas de temática queer también han conseguido premio en otras sección, incluyendo la sección oficial en la que la obra de Yorgos Lanthimos, «La favorita», se va con doble reconocimiento.

El jurado compuesto por la italiana Rita Fabbri, de Radio Ca’ Foscari y la Università Ca’ Foscari, y el activista LGBT esloveno, Jani Kuštrin, siendo su presidente el británico Brian Robinson, programador del BFI Flare: London LGBT Film Festival y el British Film Institute, deciden conceder el 12º Queer Lion Award a José por ser un relato «escrito con sensibilidad y ejecutado con belleza, este retrato apasionado del viaje de un joven en busca de realización emocional, muestra la complejidad de una relación entre personas del mismo sexo en el contexto de la vida dura en la Guatemala contemporánea». Espectadores de la violencia homofóbica durante el rodaje de la película, su director, Li Cheng, visiblemente emocionado, y sus dos actores protagonistas, Enrique Salanic y Manolo Herrera, recogen el premio en una ceremonia celebrada el pasado viernes, 7 de septiembre.

Al final eran una decena, que no media docena, las películas que han competido por el Queer Lion Award de la 75ª edición del Festival de Venecia. Además de All otro lato del viento (The other side of the wind, Orson Welles, 2018, Irán, Francia & EE.UU.), José (Li Cheng, 2018, Guatemala & EE.UU.), La favorita (The favourite, Yorgos Lanthimos, 2018, Reino Unido, Irlanda & EE.UU.), La quietud (Pablo Trapero, 2018, Francia & Argentina), Suspiria (Luca Guadagnino, 2018, Italia & EE.UU.) y Zen sul ghiaccio sotttile (Margherita Ferri, 2018, Italia), tenemos que sumar C’est ça l’amour (Claire Burger, Francia & Bélgica, 2018), Real love (Bêtes blondes, Alexia Walther & Maxime Matray, Francia & Suiza, 2018), The man who surprised everyone (Tchelovek kotorij udivil vseh, Natasha Merkulova & Aleksey Chupov, Rusia, Estonia & Francia, 2018) y Memories of my body (Kucumbu tubuh indahku, Garin Nugroho, Indonesia, 2018).

C’est ça l’amour (Claire Burger, 2018, Francia & Bélgica, 2018) | Foto: Uso permitido

Aunque no hayan conseguido el Queer Lion Award, algunos de los títulos que por él competían sí han conseguido premio en sus respectivas secciones, como C’est ça l’amour que, participando en el proyecto 28 Times Cinema, consigue el premio a la mejor dirección para Claire Burger por su manera de contar «una historia extremadamente interesante sobre las situaciones difíciles en las que se desarrolla la vida, cuando nos enfrentamos al final de un matrimonio o cuando nuestros corazones se rompen por primera vez. Elegimos esta película por su ternura y por el extraordinario dominio técnico que la directora demuestra al mantener bajo control todos los elementos de la película».

Bêtes blondes (Alexia Walther & Maxime Matray, Francia & Suiza, 2018) | Foto: Uso permitido

Asimismo, la 33ª Semana Internacional de la Crítica considera a Bêtes blondes como la propuesta más innovadora de su sección «por habernos obligado a restablecer nuestros sentidos y nuestras construcciones, demostrando que un cine radical y desvergonzado siempre es posible, de hecho necesario».

Aunque el mayor reconocimiento ha sido para la propuesta de Yorgos Lanthimos, La favorita, galardonada tanto con el Gran Premio del Jurado y la Copa Volpi a la mejor actriz para Olivia Colman.

Fuente Universogay

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Jimmy Morales | Foto: Uso permitido

Diferentes organizaciones que defienden los derechos humanas alertan sobre los peligros de la aprobación de la denominada Ley de Protección a la Vida y la Famillia, que criminaliza a la mujer, discrimina a los miembros de la comunidad LGBT, extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

Alrededor de veinte organizaciones que defienden los derechos humanos alertan sobre la aprobación de un proyecto de ley que consideran «extremadamente peligroso», que está pendiente de pasar un último trámite de cara a su aprobación definitiva en Guatemala. La denominada Ley de Protección a la Vida y la Familia permitiría que cualquier mujer pudiera ser sometida a interrogatorios policiales ante la sospecha de haber abortado, así como enfrentarse a un juicio incluso aunque hubiera sido un aborto involuntario. Una ley que también discrimina de diferentes maneras a los miembros de la comunidad LGBT, así como extiende los prejuicios contra la diversidad sexual y promueve la homofobia.

«Si el Congreso aprueba este proyecto de ley, enviará el mensaje de que las mujeres y las personas LGBT son ciudadanos de segunda clase en Guatemala (…). La propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos », advierte José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Este proyecto de ley ya ha sido aprobado en sus dos primeros trámites por el Congreso de Guatemala, estando pendiente de una tercera votación, siendo necesario finalmente que cada artículo sea aprobado de forma individual para que el presidente, Jimmy Morales, firme la ley.

Actualmente el aborto es legal en Guatemala únicamente cuando esté en riesgo la vida de la embarazada. Con esta nueva propuesta se define al aborto como la «muerte natural o provocada» del embrión o feto, proponiendo penas de hasta cuatro años de prisión para las mujeres que tengan un «aborto». Asimismo se «prohíben expresamente» las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo y se define a la «familia» como limitada a un «padre, madre e hijos», siendo explícitos al excluir a las personas transexuales al indicar que las uniones matrimoniales deben producirse entre hombres y mujeres «de nacimiento». Por último, el artículo 2 define la diversidad sexual como «el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano».

«Las disposiciones de ‘protección familiar’ en este proyecto de ley no son más que la promoción de la homofobia», afirma Vivanco, quien defiende que «la libertad de conciencia y expresión no es un cheque en blanco para discriminar a las personas LGBT». Desde Human Rights Watch sostienen que aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo no esté reconocido en Guatemala, este proyecto de ley tiene el propósito de consolidar y reforzar esa realidad inaceptable, además permitir expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual. «Es lamentable que un proyecto legislativo que violenta la Constitución y que supone un retroceso en materia de derechos humanos haya avanzado hasta la segunda lectura», denuncian organizaciones entre las que se encuentran el Grupo Multisectorial para los Derechos Sexuales y Reproductivos, la Mesa Nacional por la Educación Integral y Sexualidad y Mujeres Transformando el Mundo.

Fuente Universogay

General, Homofobia/ Transfobia. Guatemala, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, Ley de Protección a la Vida y la Familia