El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

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Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Otro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.

Países como, Argentina, Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta  o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.

Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.

Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”, ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo. “Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de
atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”. “En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas  aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.

Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.

Manifestación en Madrid

Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y  Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.

Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Argentina, Cataluña, Cie, COGAM, Colombia, Comunidad Valenciana, Consejo de Europa, Dinamarca, Discriminación, DSM, España, Extremadura, FELGTB, Francia, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Madrid, Malta, Navarra, Octubre Trans, Stop Trans Pathologization, Thomas Hammarberg, Transexualidad, Transgenerismo, Videos

Las iglesias griegas de una diócesis ortodoxa en Grecia harán sonar sus campanas cada día a medio día como forma de protesta por la ley trans aprobada hace unos días en el país.

Aunque la Ley Trans aprobada en Grecia hace unos días no es una ley perfecta en absoluto, sí que supone un enorme paso hacia adelante para las personas trans del país. Ya te explicamos que los colectivos están contentos por el hecho de que cambiar legalmente su género y su nombre sea más sencillo (eliminando, por ejemplo, la obligación de ser esterilizadas) pero esperaban que la ley se basara en el derecho a la auto determinación de género y que no hiciera falta un juez para aprobarlo todo.

Los que sí que no están nada contentos con la ley son los curas ortodoxos, que han decidido tañer las campanas de sus Iglesias en señal de protesta… y luto.

Los clérigos de la diócesis metropolitana de Amvrosios de Kalavryta han decidido que a partir del domingo las campanas de sus iglesias sonarán durante 3 minutos durante toda la semana para pedir que se derogue la ley, que consideran “anti-cristiana y anti-griega“. “Es una inspiración indignante que alguien pueda cambiar su género en pocos minutos, con una simple declaración, contradiciendo lo que Dios le ha regalado a las personas. El que tenga ‘disforia de género’ es una persona mentalmente enferma.” han dicho los párrocos en un comunicado.

En el mismo comunicado han asegurado que la homosexualidad (vas a ir tú a explicarles que no tiene nada que ver con la identidad de género) es un pecado mortal y se declaran contrarios a todo tipo de “desviaciones bestiales“. Además temen que después de la Ley Trans se apruebe la adopción por parte de parejas homosexuales y han dicho que colgarán carteles protestando por toda la ciudad de Aigion. Y con el cinismo habitual los clérigos han aclarado que no son homófobos. No tienen muchos amigos gais, pero sí han dicho que “no odiamos al pecador, odiamos al pecado.”

No es la primera vez que una iglesia ortodoxa muestra su LGTBfobia. Hace unas semanas una chica australiana denunció que durante el funeral de una amiga lesbiana que se había suicidado el párroco aseguró (para escándalo de todos los presentes) que había que “disparar a los gais.”

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Amvrosios de Kalavryta, Grecia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Ortodoxa

Grecia aprueba una Ley Trans que mejora sustancialmente el proceso legal para cambiar el nombre y el género en documentos oficiales pero no se rige por el principio de auto-determinación.

A pesar de no ser una ley perfecta los colectivos trans celebran su aprobación y lo consideran un paso adelante en una lucha que aún no ha terminado.

El Parlamento griego aprobó el martes una avanzada ley de identidad de género, la primera del país que despatologiza la realidad trans. El texto elimina la necesidad de tutela médica y de cualquier intervención quirúrgica, incluida la esterilización, para que los mayores de 17 años puedan obtener el reconocimiento legal de su identidad. Los jóvenes de entre 15 y 17 años sí necesitarán un informe psiquiátrico además del consentimiento paterno. Aunque no satisface la totalidad de sus reivindicaciones, los colectivos trans han saludado la nueva norma como un gran avance.

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían haciéndolo a fecha de noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, Noruega actualizó su ley en 2016 y Bélgica, en mayo de este año). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace unos meses a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).

Grecia se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, aunque solo para los mayores de 17 años. Para los jóvenes entre 15 y 17 años será necesario un informe psiquiátrico, además del consentimiento paterno. El texto ha recibido el apoyo de 171 diputados del Parlamento griego: de Syriza (impulsora del proyecto), sus socios de Anel y los centristas de To Potami. En contra han votado 128: la derecha de Nueva Democracia, los neonazis de Amanecer Dorado, los comunistas de KKE y la Unión de Centristas.

Pese a reconocer el indudable avance sobre la situación anterior, los colectivos LGTB consideran mejorable la nueva ley. Por ejemplo, en lo referente a la tutela médica y paterna en menores de edad. El asunto, de hecho, fue uno de los motivos esgrimidos por Nueva Democracia para oponerse en lugar de abstenerse, como habían anunciado en primer lugar. El principal partido de la oposición pretendía que el cambio del sexo legal no fuera posible bajo ninguna circunstancia antes de los 18 años.

Evelyne Paradis, directora ejecutiva de la ILGA afirma que : “Es progreso, pero no es perfecta. Hoy se ha dado un gran paso adelante, pero es una pena que ese paso no fuera uno hacia la total auto-determinación de todas las personas trans en Grecia.”  Y es que la nueva ley griega para las personas trans ha mejorado sustancialmente la realidad del colectivo, pero se ha quedado corta en varios aspectos (y en otros ha pasado a ser bastante estrambótica). Hasta la aprobación de esta nueva ley las personas trans que querían cambiar su género en los documentos oficiales tenían que pasar una evaluación psiquiátrica para acreditar un diagnóstico de disforia de género, tenían que someterse a una operación de reasignacion de sexo y se les exigía la esterilización.

Con esta nueva ley esas tres necesidades para que se reconozca su género percibido en los documentos oficiales de todos aquellos mayores de 17 años. Las personas trans entre los 17 y los 17 podrán acceder al proceso para cambiar el género en su documentación pero en esos casos sí hará falta la decisión de un grupo de doctores.

Pero hay dos cosas bastante absurdas en esta ley. Por un lado una persona trans que quiera cambiar su género oficialmente tendrá que estar soltera, lo que puede hacer que las personas trans que estén casadas tengan que divorciarse. Además la última palabra en el proceso la tendrá un juez, que decidirá si la expresión o presentación de género de la persona coincide con lo que quieren que ponga en sus documentos.

“Esta reforma es una victoria duramente conseguida por los y las activistas por los derechos trans en Grecia que han luchado por la igualdad de las personas trans durante años. Envía un mensaje claro de que nadie ha de verse obligado a pasar por procedimientos médicos para que se reconozca oficialmente quiénes son. Pero aunque se trata de una reforma histórica en la dirección correcta, la lucha aún no está del todo ganada“, han declarado desde Amnistía Internacional.

Otra de las insuficiencias es la exclusión de las personas migrantes en situación irregular y de los refugiados en la nueva ley. La nueva ley no reconoce el acceso al proceso de reconocimiento de género para personas trans refugiadas o inmigrantes y además deja muchas mejoras pendientes con respecto a los menores trans.

Por último, una enmienda para introducir una tercera opción de género junto a la de “masculino” y “femenino” en los documentos oficiales fue rechazada. Se trata de una medida que han adoptado países como Australia en 2011 o Canadá hace solo unas semanas. La posibilidad de registrarse bajo un tercer género o de no definir el género también ha sido regulada de diferentes formas en países como Alemania, la India o Nepal.

La comunidad trans del país ha celebrado la aprobación de la ley, aunque no ocultan su decepción pues se esperaba que se aprobara una primera versión del texto que reconocía el derecho de cualquier persona trans mayor de 15 años a cambiar su nombre y su género en los documentos oficiales con sólo una declaración y un proceso administrativo; pero finalmente se ha optado por un enfoque mucho más conservador y que sigue estigmatizando a las personas trans.

A pesar de eso el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, ha celebrado que la ley reconoce los derechos humanos básicos de “un segmento de la sociedad que ha sido marginado durante demasiado tiempo. Estamos con aquellos que no tienen voz o cuya voz está siendo acallada. Con los estigmatizados, con las minorías oprimidas, con las personas que viven cualquier tipo de desigualdad o aislamiento. Es a esas personas a las que queremos defender.”

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Grecia por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

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Alexis Tsipras, primer ministro griego

Grecia sigue figurando en la lista de países que esterilizan a las personas trans.

El gobierno griego prepara un proyecto de ley para permitir el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgénero con una serie de defectos importantes.

Amnistía Internacional lanza una campaña para pedir modificaciones en el texto.

Según informa Amnistía Internacional, Grecia prepara una nueva ley sobre transexualidad que reconoce el derecho a cambiar de nombre sin necesidad de ninguna intervención quirúrgica. Sin embargo, hay un punto en el borrador del texto que nos parece surrealista: “Si la persona trans está casada, debe divorciarse antes de cambiar su género. Además si la persona tiene hijos, en la documentación de estos, no se modificará el género de la persona trans”. ¿Qué tiene que ver el estado civil de una persona trans para cambiar de género? Pues nosotros tampoco le vemos la lógica.

Además, se requiere que un juez decida si la apariencia externa se identifica con la del género sentido basándose en… en… bueno, no sabemos muy bien en qué. Porque si ahora resulta que uno es hombre o mujer en función de si se pone falda o pantalón apañados vamos.

Para terminar, la ley niega el cambio de género a menores de diecisiete años y a las personas inmigrantes.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional ha lanzado una recogida de firmas para que la nueva ley recoja medidas como permitir a las personas transgénero el cambio legal del nombre y el género basándose únicamente en el género con el que se identifican, sin referencias a su aspecto externo y retirar las restricciones de edad a fin de dar a los menores de edad el derecho al cambio legal de su indicador de género, teniendo en cuenta sus opiniones.

En 20 países europeos se sigue esterilizando a las personas trans.

Además, también piden que se garantice que las personas trans y no binarias puedan efectuar el cambio legal del nombre y el género en un procedimiento administrativo extrajudicial que sea rápido, transparente y de fácil acceso para todas las personas transgénero, incluidas las refugiadas y migrantes además de eliminar el requisitio de divorcio y que las que tienen hijos puedan eliminar su nombre y su género en el certificado de nacimiento de sus hijos cuando proceda.

En Grecia no existe el matrimonio igualitario, pero sí una unión civil para personas del mismo sexo aunque no se permite la adopción ni la gestión subrogada por parte de parejas homosexuales.

Fuente | Amnistía Internacional, vía EstoyBailando

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

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El viernes 15 de julio un grupo de militares iniciaba un frustrado golpe de Estado en Turquía. Como resultado del mismo fallecían unas 300 personas, en su mayoría civiles, y otras 1.400 sufrían heridas de distinta consideración. La comunidad internacional, de forma prácticamente unánime, condenaba estos hechos y defendía la legitimidad democrática turca. Sin embargo, en estos momentos crece la preocupación indisimulada por las medidas autoritarias que pueda establecer la administración que encabeza el presidente Erdogan. El colectivo LGTB, estigmatizado y ninguneado por el Gobierno durante los últimos años (cuando no directamente perseguido), se enfrenta en adelante a un todavía peor escenario.

Los que pensaban que las aguas volverían a la calma relativa tras la intentona golpista en Turquía se equivocaban. La “limpieza” de Recep Tayyip Erdoğan no puede darse por concluida. A los 29 coroneles y 5 generales que han sido destituidos (hasta aquí, lo que se podría considerar razonable en relación a los hechos) se han sumado, entre otros, cerca de 3.000 jueces. También hay 36.000 profesores, fiscales, más de 1.500 decanos de facultad, otros 1.500 funcionarios del Ministerio de Finanzas, una veintena de medios prohibidos… Cuesta determinar la relación de estos funcionarios con el fallido golpe de estado, por lo que ser apartados de sus cargos, justo después, parece un pretexto para ejecutar un plan trazado con anterioridad…

Son decenas de miles de personas las que se ven amenazadas por el auge del autoritarismo presidencial. Se acaba de declarar el “estado de emergencia” en Turquía durante 3 meses y miles de personas están siendo arrestadas. Una actitud que, a pesar de todo, no es nueva o excepcional: el pasado 19 de junio la Policía turca cargaba con violencia contra los activistas LGTB que decidieron manifestarse en la plaza Taksim de Estambul este para reivindicar el Orgullo Trans. El gobernador había prohibido las distintas celebraciones del Orgullo, aduciendo problemas de “seguridad”.

A pesar de la prohibición del gobernador, la plaza fue ocupada pacíficamente por valientes activistas LGTB, encabezados por mujeres y hombres transexuales que no querían renunciar a expresar sus reivindicaciones. Precisamente, la Marcha del Orgullo Trans debía ser la que diese inicio a los actos que tendrían lugar del 19 al 26.

Una semana más tarde, la Policía ejercía una nueva demostración de fuerza contra los activistas que intentaban celebrar el Orgullo LGTB en Estambul, pese a la mencionada prohibición. Al menos 19 personas fueron detenidas (entre ellas varios políticos alemanes, miembros de Los Verdes). Y si esto ocurría antes del fracasado golpe de estado, ahora el Gobierno erdoganista tiene la excusa para justificar sus posturas LGTBfóbicas y para silenciar a colectivos incómodos o críticos (por más que no tengan ninguna vinculación con el golpe). Pero no todo vale, ni todo es justificable.

Apoyo a la diversidad turca desde la FELGTB

Hemos querido recoger el mensaje de solidaridad de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) con el activismo y la comunidad LGTB turca. En declaraciones a dosmanzanas, el presidente de la organización igualitaria más importante de España, Jesús Generelo, se ha lamentado de que “las minorías LGTB siempre son especialmente vulnerables cuando se produce una situación de crisis como la de Turquía”.

Asimismo, Generelo ha dejado claro que “desde España vamos a instar a la diplomacia española para que la libertad de orientación sexual e identidad de género sean una prioridad en cualquier debate o discusión relacionados con los derechos humanos”. La FELGTB, en este sentido, se mantendrá “alerta” para apoyar cualquier iniciativa que fortalezca y defienda los derechos de la comunidad LGTB turca.

Finalmente, el activismo LGTB español confía en que la Unión Europea “incluya la perspectiva LGTBI a la hora de abordar diplomáticamente los derechos humanos en Turquía”. Sobre todo, teniendo en cuenta que “Turquía está haciendo el trabajo sucio para Europa en cuestiones relacionadas con los refugiados”.

Turquía: puente entre Europa y Oriente Medio, salvoconducto de refugiados y personas LGTB

Los países de Oriente Medio vecinos de Turquía, como Siria, Irán o Irak, viven una situación de LGTBfobia absolutamente insoportable. Hace un mes publicábamos la historia del mulá gay Taha. Peligrando su integridad física, e incluso su vida, Taha se veía obligado a abandonar Irán. En un primer momento se refugió en Estambul, una ciudad en la que buscan refugio muchas personas LGTB que consiguen escapar de países de cultura islámica con sociedades más intransigentes. Sin embargo, el objetivo último de Taha es conseguir el asilo en Canadá.

No obstante, aunque la realidad de esos países sea aún más dramática que la de Turquía, no es motivo suficiente para permanecer impasibles (especialmente teniendo en cuenta que Turquía es candidata a la adhesión a la Unión Europea). En 2015, el programa para refugiados de Iranian Queer Organization (IRQO), grupo iraní de defensa de los derechos LGTB radicado en Canadá, denunciaba el incremento de las agresiones que sufren los refugiados LGTB iraníes en Turquía. Muestra de ello es la que padecieron dos hombres gais por parte de un oficial de policía en enero de ese año, por el simple hecho de dar a conocer su condición de pareja.

IRQO apuntaba también que la confusa nueva Ley de Extranjería y Protección Internacional turca, que entró en vigor en 2013, está aumentando la inseguridad y la violencia contra los refugiados LGTB. La situación adquiere mayor gravedad al ser Turquía el destino preferente de los cada vez más numerosos refugiados LGTB iraníes que sufren en su país una represión política y social creciente.

LGTBfobia social y política en Turquía

La violenta represión del Orgullo Trans y el Orgullo LGTB de Estambul este año, desgraciadamente, no es la única. En 2015, por ejemplo, se volvieron a repetir las lamentables escenas de violencia policial exagerada contra los manifestantes, así como detenciones arbitrarias y difícilmente justificables. Según los organizadores del Orgullo, la marcha fue “prohibida de repente por la oficina del Gobernador de Estambul a causa del mes de Ramadán sin ningún aviso”. Pero este deterioro de las libertades sociales del colectivo LGTB se ha intensificado en los últimos años.

Otra de las extrañas coincidencias es que las prohibiciones, las dificultades y la represión contra la comunidad LGTB se hiciera más evidente tras la exitosa manifestación del Orgullo de Estambul de 2013, en la que participaron unas 15.000 personas. Ese año, la marcha del Orgullo LGTB de la metrópoli turca coincidía con las grandes movilizaciones populares contra el Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, en las que el colectivo LGTB jugó un papel relevante.

Pero el ninguneo político de los afines de Erdogan viene de antes. En 2012 se oponían a la inclusión de una mención explícita en la nueva Constitución de Turquía a la orientación sexual y a la identidad de género en el artículo referido a la igualdad. Así lo habían solicitado dos partidos de la oposición, el Partido de la Paz y de la Democracia (BDP) y el Partido Republicano del Pueblo (CHP). Un diputado del partido de Erdogan dijo entonces que “no consideramos correcto incluir una mención expresa a los homosexuales en ninguna parte de la Constitución”.

En 2011 Amnistía Internacional hizo público un informe en el que acusaba a las autoridades turcas de no actuar contra el acoso, la violencia y la discriminación de las personas LGTB. Todo ello por no hablar de los asesinatos y los delitos de odio LGTBfóbico, a menudo ignorados o minimizados por el Gobierno y por la policía. Sirva de ejemplo el fallecimiento de una mujer trans en Estambul, tras ser brutalmente agredida por la policía en 2013.

Pero esas mismas autoridades también han tenido que asumir políticas igualitarias en materias que se negaban a implementar. En marzo de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que el requisito de infertilidad permanente vinculado a una cirugía de reasignación de género, que pretendía imponer Turquía, es una “violación del derecho a la intimidad”, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La relación de Erdoğan con la justicia

La relación de Erdoğan con la justicia no siempre ha sido muy buena que digamos y, como dice el refranero popular, “donde las dan, las toman”. El actual presidente turco, que lleva más de dos décadas en la primera línea política, fue condenado a prisión por “intolerancia religiosa”, después de pronunciar una conferencia en la ciudad anatolia de Siirt. Corría 1998 y se le acusó de violar el artículo 312/2 del Código Penal, que castiga la “incitación a la enemistad por razón de clase, raza, religión, sexo o diferencias regionales”.

Erdoğan leyó un “poema” de carácter islamista y nacionalista de Ziya Goekalp en el que se asegura que “la democracia es solo el tren sobre el que subimos para alcanzar el objetivo. Las mezquitas son nuestros cuarteles, los minaretes son nuestras bayonetas, las cúpulas nuestros cascos, los creyentes nuestros soldados”. Entonces se encontraba al frente de la alcaldía de Estambul (un cargo que ostentó entre 1994 y 1998) y se le prohibió ocupar cualquier puesto en la administración pública durante varios años.

Algunos dieron por concluida su carrera política, pero esta no había hecho nada más que comenzar. Más tarde, otros se preguntarían si un islamista es la persona más adecuada para liderar la modernización del país. En 2001 fundó el partido “Justicia y Desarrollo” (AKP), con el que llegó a primer ministro en 2002. Un aspirante a futbolista se convertía en presidente del Gobierno. No obstante, debido a la condena que pesaba sobre él, tuvo que esperar varios meses para poder acceder de forma efectiva al cargo, ya en 2003. Y en él se mantuvo hasta 2014, para “asumir” la presidencia de la República de Turquía.

El islamista que “escondía” a su propia familia

Turquía es una república con una trayectoria laica que se remonta a principios del siglo XX, a pesar de que la mayoría de la población profesa la fe musulmana (concretamente el 90 %, del cual el 75 % se adscribe a la rama sunita). Curiosamente, al ejército se le ha considerado garante de la secularidad del estado turco. Y, con todo, el intento golpista del pasado 15 de julio no es el primero al que se ha enfrentado el país (ya lo hizo antes en 1960, en 1971, en 1980 y en 1997).

Como Erdoğan ha sido un defensor tradicional del uso del pañuelo por las mujeres y su propia esposa e hijas, que lo vienen utilizando, han tenido que lidiar con la prohibición de acceder con esta prenda a los edificios públicos de Turquía. Por ello, en la medida de lo posible, Erdoğan solo aceptaba su participación en recepciones de estado en las que no se exigiera la asistencia de su familia. Del mismo modo, sus hijas estudiaron en los Estados Unidos para evitar el dilema del pañuelo.

Pero en 2013 Erdoğan aprovechó una visita a España para anunciar el “acuerdo” mediante el que se ponía fin a la prohibición del velo islámico (se empezó por las universidades). Por supuesto, no sin el enfado de los laicos turcos, que salieron a la calle para protestar.

El machismo y otras “lindezas” de Erdoğan

Tan solo hay que remontarse al mes de junio para recuperar las declaraciones machistas del presidente turco, en las que calificaba a las mujeres sin hijos como “deficientes” e “incompletas”. En palabras del presidente turco, “rechazar la maternidad significa renunciar a la humanidad”. Asimismo, considera que la legitimidad de la mujer para desarrollar sus propias carreras no debería ser un “obstáculo” para tener hijos. “Al menos tres”, añadió.

No menos llamativas fueron sus palabras del pasado mes de marzo sobre el uso del preservativo: “nadie puede interferir en la obra de Dios. El primer deber aquí pertenece a las madres”. Ninguna familia musulmana, siguiendo su discurso, debería someterse a la planificación familiar. Anteriormente ya había espetado que el condón es una “traición” a la Patria y al Islam. La lista completa de exabruptos y salidas de tono excede las posibilidades de este artículo.

Casualidad o no, únicamente una mujer se encuentra al frente de un ministerio actualmente en Turquía: Fatma Betül Sayan Kaya. Su cartera es la de Familia y Políticas Sociales.

Las dos caras de la Unión Europea

Turquía, tras años de acuerdos económicos con las instituciones de Europa, solicitó su adhesión a la Unión Europea en 2005. Pero, a pesar de que el ingreso turco en la Europa comunitaria es uno de los objetivos programáticos del presidente desde hace más de una década, mientras estuvo al frente de la alcaldía de Estambul defendió lo contrario, definiéndola como “la unión de cristianos, en la que Turquía no debe buscar nada”.

Ahora, los Gobiernos se atropellan al exigirle a Erdogan que no utilice el golpe de estado como arma arrojadiza para una criba que menoscabe la integridad democrática de Turquía, el estado de derecho y las libertades civiles. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, le ha advertido de que la reacción al fallido golpe “no puede ser un cheque en blanco”. A los líderes europeos les preocupa que Erdogan cumpla su anuncio de reinstaurar la pena de muerte. Incluso la propia canciller alemana, Angela Merkel, llamaba el lunes al presidente turco para dejarle claro que esta medida es incompatible con la entrada en la UE.

Pero resulta difícil olvidar, por otro lado, el acuerdo del pasado mes de marzo entre los 28 y Turquía por el que se calificaba de “irregulares” a los solicitantes de asilo sirios. Según dicho acuerdo, se permitía devolver a Turquía a las miles de personas llegadas masivamente a Grecia a partir de ese momento. A cambio, la UE prometía acelerar la liberalización del visado para los nacionales turcos e impulsar el apoyo financiero para la población de refugiados de Turquía. Un caramelo envenenado que, para muchos críticos, supuso la ruptura de la Unión Europea con sus propios estándares humanitarios y con las políticas sobre personas refugiadas, que venía exportando por todo el mundo.

Y no son las únicas nubes que amenazan los derechos humanos en el país. Turquía volvía a bombardear objetivos kurdos por primera vez tras el golpe. Un grupo de aviones F-16 de las Fuerzas Armadas ha abierto fuego en Hakurk, al norte de Irak y en medio del Kurdistán, una región que abarca territorios de Irán, Irak, Siria, Armenia y Turquía, cuyo objetivo es la independencia.

Reacciones políticas desde España

Lo que escribía Mariano Rajoy:

España apoya el orden constitucional democrático en Turquía, país amigo y aliado. MR

— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 16 de julio de 2016

Desde Jueces para la Democracia han exigido al presidente en funciones a intervenir ante los intentos de Erdogan de comprometer la independencia de la justicia. “Con posterioridad al intento de golpe de estado ocurrido en Turquía, hemos recibido noticias sobrecogedoras de nuestros colegas jueces/as y fiscales, incluidos los miembros de la asociación profesional YARSAV”, aseveran en una carta los responsables de esta asociación de jueces progresistas.     Así se expresaba el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez:  

Preocupado por la situación en Turquía. Mi apoyo a las normas e instituciones democráticas, y a proteger las vidas de la ciudadanía turca. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de julio de 2016

  Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, lanzaba el siguiente mensaje:  

No somos amigos de Erdogan, pero en democracia los Gobiernos se cambian en las urnas. Mi condena al golpe de Estado en Turquía. — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 15 de julio de 2016

Finalmente, recogemos un tuit de Albert Rivera, líder de Ciudadanos:  

Esperemos que se restablezca cuanto antes el orden democrático y el Estado de Derecho en #Turquía. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 15 de julio de 2016

Fuente Dosmanzanas

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El acuerdo contempla reconocer a estas parejas derechos sobre el patrimonio. Se extiende también a las parejas de hecho.

Se aplicará a parejas con bienes transfronterizos, en diferentes países de la UE. Bruselas estima que hay al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”.

Los ministros europeos de Justicia lograron este jueves un acuerdo político, en el que solo participan 18 de los 28 países comunitarios, para reconocer los derechos patrimoniales de los matrimonios en la Unión Europea (UE), entre ellos homosexuales y parejas de hecho.

El Consejo de la UE, en el que están representados los Estados miembros, optó por la vía de la cooperación reforzada entre solo algunos de sus miembros tras constatar el pasado diciembre la negativa de países como Polonia y Hungría a avanzar en este asunto con el argumento de que interfiere en la identidad y su derecho de familia nacional.

El acuerdo alcanzado este jueves afecta a dos reglamentos, que llevan casi cinco años en negociaciones en el Consejo, dirigidos a establecer las normas que deben aplicarse en casos de regímenes patrimoniales transfronterizos, por ejemplo, de parejas de distinta nacionalidad que tienen casas en varios Estados miembros.

En concreto, los reglamentos recogen la jurisdicción, la legislación aplicable y el reconocimiento y cumplimiento de decisiones judiciales en materia de regímenes patrimoniales matrimoniales y de consecuencias patrimoniales de las uniones registradas.

Estas reglas, sobre las que ahora tiene que pronunciarse el Parlamento Europeo, fueron acordadas por España, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Alemania, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia, Finlandia y Suecia.

Los demás Estados miembros podrán sumarse si lo desean más adelante. Estonia ya ha anunciado su intención de unirse a esta cooperación una vez sea adoptada.

El ministro holandés de Justicia, Ard Van der Steur, celebró que se haya podido salir del bloqueo que experimentaban las negociaciones. Una vez se pronuncie la Eurocámara, se espera que la adopción formal de las medidas a finales de junio.

En la UE existen al menos 16 millones de parejas “transfronterizas”, según los datos facilitados por la Comisión Europea.

Fuente Agencias/Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Alemania, Ard Van der Steur, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Matrimonio igualitario, Parejas transfronterizas, Parlamento Europeo, Portugal, República Checa, Suecia, Unión Europea

Leído en su blog:

“¿Dónde está tu hermano, Europa?”, te pregunta Dios o la Vida Buena, como preguntó a Caín. Escucha: “La sangre de todos los muertos grita a tu puerta, porque tú se la cierras. La sangre de más de 7.000 en el Mediterráneo en los dos últimos años me grita desde el fondo de la tierra y del mar. ¿Dónde están los 10.000 niños que entraron en tus fronteras en el último año y han desaparecido? Son tus hermanos, y tú eres su guardián. En su vida se juega tu destino, tu ser, tu vida”.

Implacable, deportas refugiados de Grecia a Turquía, declarado ahora “país seguro” por decreto, a cambio de oscuros arreglos y transacciones. Niños, mujeres y hombres, seres humanos desamparados. ¿Ni siquiera te inmutas? ¿Crees resolver el problema desviando la ruta de los que huyen y aumentando trágicamente el número de los ahogados en tus aguas del sur? ¿No te importan los muertos, o solo te importan los tuyos?

No te escudes en confusas y mezquinas distinciones entre inmigrantes políticos y económicos, o entre inmigrantes y refugiados. No apeles a la economía, tú tan generosa con los bancos en quiebra, tú que gastas en armas y ejércitos 3.000 millones de dólares al día. No invoques la seguridad, pues no podrás combatir el terrorismo sin tener en cuenta las causas que lo originaron o los motivos que lo alimentan.

Donde hay guerra hay hambre, donde hay hambre hay guerra o la habrá. El hambre es la peor guerra, el peor terrorismo. Están en guerra tus empresas, tus bolsas, tus bancos, tus especuladores, tus paraísos fiscales y tus ricos corruptos. Los que llegan de Afganistán, Irak o Siria piden asilo y pan. Los que llegan de Eritrea, Somalia, Nigeria, Senegal o Libia piden pan y asilo. Recuerda que fuiste inmigrante y refugiado dentro y fuera de tus propias fronteras. ¿Hubieras aceptado que te preguntaran lo que eras? ¿O crees que los flujos disminuirán mientras no desaparezcan el hambre y la guerra? No, no los podrás detener.

Responde de tu historia. Responde de tus colonizaciones: la española, la francesa, la británica, la portuguesa, la belga, la alemana. ¿Pediste permiso para invadir países? ¿Quién conquistó y esquilmó África y trazó sus fronteras y provocó buena parte de sus guerras? ¿Quién desestabilizó todo el Oriente Medio? Responde de tus acciones y omisiones de las últimas décadas. Tú eres responsable, junto con los EEUU, por acción o por omisión, de los dramas de Afganistán, Irak, Yemen, Siria, Libia, Sudán, Pakistán, Somalia, Mali… Y de la huida de 25 millones de personas. Mira de dónde vienen y por qué. Mira su rostro, mírate en ellos. Eres corresponsable de su tragedia, en muchos casos más responsable que nadie. No te dejes abrumar por tu pasado, pero responde hoy. Son tus hermanos.

Todos comprendemos que la buena voluntad no basta, y que la planificación será necesaria para evitar el caos. Pero no mientas. Tus planes responden a tus intereses más egoístas: abres tus fronteras a inmigrantes o refugiados cuando los necesitas y se las cierras cuando no. Solo quieres ganar y no perder, o repartir en limosna las migajas que te sobran. ¿Olvidas que otros perdieron para ayudarte cuando tú necesitabas? ¿Olvidas lo que has hecho perder a tantos países para ganar solo tú? ¿Olvidas con qué, a costa de quién, has construido tu bienestar, tu educación y sanidad gratuita, tu confort, tus pensiones? ¿Olvidándolo pretendes ofrecerte al mundo como modelo de civilización? Tú que has ocupado y conquistado continentes enteros, exterminando sus gentes y culturas, expoliando sus bienes, ¿no has aprendido todavía que, a la larga, solo puedes ganar si ganamos todos?

Responde de tus nobles principios –libertad, igualdad, fraternidad–, de tus ciencias y saberes, de tus universidades y parlamentos, de tu democracia y tus logros sociales, de tus Declaraciones y prácticas pioneras de los Derechos Humanos.

Europa, no nos avergüences de ser europeos. No olvides tu historia, no te inhibas de tu responsabilidad, no ignores a tu prójimo, no seas despiadada, no reniegues de tus fundamentos, no pierdas tu alma.

Europa, no te encierres, no mates, no mueras.

Espiritualidad, General Afganistán, Eritrea, Europa, Grecia, Irak, Libia, Nigeria, Refugiados, senegal, Siria, Somalia, Turquía, Unión Europea

Como ya es habitual en estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es también lo acostumbrado, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. En este año, encabeza la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, pero que, sin embargo, aún mantiene una legislación distinta e inferior para las parejas del mismo sexo. También es de señalar la bajada en la clasificación del Reino Unido, que la encabezaba en los años anteriores y ahora desciende al tercer puesto. España sube uno respecto al año anterior, hasta alcanzar la quinta posición.

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y antidiscriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertad de asociación (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial.

Malta encabeza este año la clasificación, sin duda debido a la aprobación de una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues es la única que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. Malta ha aprobado asimismo una ley que prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. Sin embargo, en materia de igualdad y familia, Malta sigue estableciendo diferencias entre las parejas del mismo o distinto sexo, pues solo estas últimas pueden contraer matrimonio, dejando para las parejas del mismo sexo la posibilidad de las uniones civiles, una legislación de inferior rango para un mismo hecho.

El Reino Unido baja dos posiciones respecto a la clasificación obtenida desde el año 2011, en que comenzó a encabezar el listado. Bélgica, por su parte, conserva su segunda posición. España alcanza la quinta, subiendo un puesto respecto al año pasado. A destacar también el descenso de países como Holanda y Noruega, que el pasado año empataban con España, y, sobre todo, el de Suecia, que desciende desde la cuarta plaza hasta la duodécima.

Aunque el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA, no deja de sorprender que la discriminación expresa y constitucional del colectivo LGTBI no reste puntuación, como en el caso de Croacia, que supera a las mencionadas Holanda, Noruega o Suecia cuando su población, mediante referéndum, corroboró en 2013 una reforma constitucional para prohibir el matrimonio igualitario.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España se ve mermada debido, sobre todo, a la falta de disposiciones de rango constitucional que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También se señala que España carece de instituciones de ámbito nacional que se ocupen de vigilar y arbitrar los supuestos de discriminación de las personas LGTBI. Otra de las carencias es que las legislaciones que protegen contra la discriminación en el trabajo y el acceso a los servicios de las personas LGTBI son únicamente de ámbito territorial (autonómico o municipal). Por ello, el objetivo en el apartado de la igualdad y no discriminación solo alcanza el 35 %. La falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales, ocasionan que ese apartado solo se sitúe en el 59 % de logros. Sin embargo, sí consigue un 100 % en lo que respecta a la familia (matrimonio igualitario y adopción) y las libertades de reunión, asociación y expresión.

Entre los acontecimientos que han tenido lugar en el pasado 2015, ILGA destaca el fallecimiento de Pedro Zerolo y la dedicatoria de una plaza en su memoria en Madrid. También se hace eco de la controversia con la circular interna del Metro de Madrid, luego anulada, que instaba a sus interventores a estrechar la vigilancia en determinadas estaciones y trayectos de personas identificadas como gais. Sin abandonar la capital, da cuenta de que, por primera vez, la bandera arcoíris adornó el edificio del Ayuntamiento durante las fiestas del Orgullo.

El informe recoge la estadística facilitada por el Ministerio del Interior respecto a los crímenes de odio perpetrados en 2014, de los cuales las agresiones a personas LGTBI representaban el 40 % (un informe luego corregido en el referido al 2015). Sin abandonar el organismo, ILGA también hace referencia a las declaraciones del ministro Jorge Fernández Díaz y su disgusto por si su hijo se casara con otro hombre. Alcanzando todo el espectro social y mediático, ILGA engloba en los discursos de odio los comentarios de Los Chunguitos en el programa Gran Hermano VIP, en los que decían preferir “un hijo deforme antes que maricón”.

Aun así, ILGA sigue destacando que la aceptación social de la homosexualidad en España continúa siendo muy alta, situándose muy por encima de la media europea. Es más, según los informes a disposición de la organización, España se situaría a la cabeza mundial a ese respecto.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. España, en todos los casos, se ha situado siempre en los puestos de cabeza.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Jorge Fernández Díaz, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Los Chunguitos, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Pedro Zerolo, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania

“El Papa es nuestra esperanza” y “Sálvanos, Santidad”, rezan las pancartas

Bartilomé: “Los que tienen miedo de ustedes no les han mirado a los ojos ni ven a sus hijos”

Jerónimo: “Pedimos un cambio de actitud a los que tienen en sus manos el destino de las naciones. Vamos actuar hasta que se ponga fin a esta aberración contra la dignidad humana”

Cristianismo (Iglesias), Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa Grecia, Irak, ISIS, Lesbos, Papa Francisco, Patriarca Bartolomé, Patriarca Jerónimo, Refugiados

Fuente Ragap/Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Concentración Popular Ortodoxa, Gabriel Sakellaridis, Grecia, Izquierda Democrática, Los Verdes, Nikitas Kaklamanis, Nueva Democracia, PASOK, Portokali (Drasi y Alianza Liberal), Syriza, To Potami, Unión de Centristas, Uniones Civiles

Importante paso adelante el que ha dado Grecia, cuyo Parlamento aprobaba a última hora de este martes la ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La reforma, que ha recibido el apoyo de varias fuerzas de la oposición pero a la que la se ha opuesto buena parte de los diputados de Nueva Democracia, ha sido recibida con abierta hostilidad por la influyente Iglesia ortodoxa griega.

La aprobación de la reforma pone fin a un largo proceso que se remonta a 2013, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Grecia, recordemos, no otorgaba a las parejas del mismo sexo derecho alguno (dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados). El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero el cambio nunca llegó a producirse.

Tras la victoria de Syriza en las elecciones de enero se abrieron nuevas esperanzas, y de hecho en junio pasado el Ministerio griego de Justicia presentaba por fin un proyecto de actualización de la ley de uniones civiles. La convocatoria adelantada de elecciones paralizó sin embargo el proceso, que tras revalidar Syriza su victoria el propio ministro Nikos Paraskevopoulos prometió retomar en un acto organizado por ILGA Europe, que celebró del 28 al 31 de octubre su conferencia anual en Atenas. Un par de semanas más tarde presentaba efectivamente el proyecto, ahora aprobado con los votos de Syriza, PASOK, To Potami y Unión de Centristas. Por lo que se refiere a Nueva Democracia, y pese a la promesa de su representante en el mencionado acto de ILGA Europe, solo 29 de sus 75 diputados han apoyado la ley. Mención especial merece el partido de derecha nacionalista Griegos Independientes, aliados de Syriza en el gobierno, 3 de cuyos 9 diputados han votado a favor. En total, la reforma ha sido apoyada por 194 votos a favor frente a 55 contrarios.

Botella medio llena, botella medio vacía

Sin duda la aprobación de la nueva ley, que además de ampliar las uniones civiles a las parejas del mismo sexo mejora los derechos de las parejas unidas civilmente en materia patrimonial y de herencia y los acerca a los del matrimonio, dará mucho que hablar. Los que ven la botella medio llena considerarán que se trata de un hito histórico en un país como Grecia, donde la Iglesia ortodoxa, fuertemente homófoba, conserva una gran influencia social, pese a lo cual ha sido capaz de adelantar a países como Italia, en el que aún no hay una ley que reconozca jurídicamente las parejas del mismo sexo. Los que ven la botella medio vacía se sentirán defraudados por Syriza, un partido que en su congreso de 2013 (primero que celebró como partido unitario) se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, una igualdad que obviamente no aporta esta ley. Las parejas del mismo sexo seguirán sin poder acceder al matrimonio (y ello a pesar de que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar) ni a la adopción conjunta.

Muchos recordarán la polémica vivida poco antes de las elecciones de enero (las primeras que ganó Syriza), cuando el partido izquierdista optó por obviar el tema en su campaña. Alexis Tsipras no pudo sin embargo evitar ser preguntado sobre la adopción homoparental. Su respuesta supuso un jarro de agua fría, al responder que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él había “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión sobre la adopción homoparental había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

Este asunto, el de la adopción conjunta, queda por el momento aparcado. Bien es cierto que la nueva ley nada dice sobre ello (de hecho una de las quejas de Nueva Democracia ha sido el hecho de que la ley no la prohíba expresamente a las parejas del mismo sexo) pero sería necesaria una reforma de la legislación específica sobre adopción que por el momento el Gobierno griego no parece dispuesto a acometer.

Furibunda reacción de la Iglesia ortodoxa

La aprobación ha tenido lugar pese a que en las últimas semanas la influyente Iglesia ortodoxa griega ha llevado a cabo toda una campaña desde los púlpitos oponiéndose con fiereza a la reforma. Un buen ejemplo es el de Serafín, obispo metropolitano del Pireo, que un día antes de la votación acusó a judíos y estadounidenses (incluyendo a George Soros, los Rothchild y los Rockefeller…) de promover “la agenda homosexual” en su país. Peor aún ha sido la reacción de Ambrosio, obispo metropolitano de Kalavrita y Aigialeia, que directamente hizo un llamamiento a la violencia contra los homosexuales por no considerarlos “humanos”…

Dosmanzanas

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Un obispo ortodoxo ha reaccionado bastante mal ante los primeros pasos para la legalización de las uniones homosexuales que está llevando a cabo el Parlamento griego. El homófobo prelado se llama Ambrosios de Kalavryta. Le ha pedido a sus fieles que “escupan” a las personas homosexuales y los ha calificado de “fenómenos de la naturaleza“. Con esta respuesta, no nos extraña que Putin, el patriarca Cirilo I y sacerdotes, sean los protagonistas del calendario ortodoxo Santa Parafilia 2016. En 2014, la Iglesia ortodoxa rusa sugirió la celebración de un referéndum para prohibir las relaciones homosexuales.

Ambrosios de Kalavryta escribió en su blog: “¡Escupidles, votad en contra de ellos, no son humanos!… ¡Son fenómenos de la naturaleza!, mental y espiritualmente enfermos. Son mentalmente locos”. Y agregó: “¡Dondequiera que usted los vean, escúpanlos y no los deje en paz. Son peligrosos!.

Esta horrible entrada en su blog es la homofóbica respuesta a la creación de una comisión parlamentaria que está comenzando a preparar un proyecto de ley del matrimonio igualitario, dos años después de que Grecia fuera multada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no permitir que las parejas del mismo sexo se les reconozca las uniones de hecho.

El primer ministro, Alexis Tsipras, ha esperado para rectificar esta situación tan pronto como sea posible pero los poderosos grupos religiosos y los grupos políticos de derechas están tratando de detener a toda costa el proyecto para que no se convierta en ley. Se espera que el Parlamento griego vote este proyecto de ley a partir del 22 de diciembre.

El Santo Sínodo decidió adherirse a su posición anterior, a saber, que la Iglesia de Grecia denuncie la diversidad de las familias ya que, según ellos, ‘son una devaluación del concepto sagrado de la familia cristiana’. También piensan que es una ‘degradación de la vida humana’, convirtiendo la sagrada institución del matrimonio en un contrato civil simple, de acuerdo con la Iglesia ortodoxa de Grecia.

Fuente Ragap

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Un manifestante ondea la bandera del arcoíris durante el Orgullo de 2012 en Atenas

Lo habíamos anunciado en mayo  y  hace unos días publicábamos el compromiso del ministro de Justicia griego Nikos Paraskevopoulos ante ILGA de presentar un proyecto, pero el resultado es decepcionante, muy decepcionante, y más siendo un gobierno que se dice mayoritariamente de izquierdas. No nos vale con que nos digan que la opinión pública no está preparada… No nos basta. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero en España, el socialista François Hollande en Francia o el conservador David Cameron, se enfrentaron valientemente con una iglesia y unas fuerzas conservadoras retrógradas y no cedieron al chantaje logrando aprobar el Matrimonio igualitario.

El borrador de ley contempla equiparar las parejas de hecho homosexuales a las heterosexuales, con la condición de que estén registradas en Grecia.

Grecia reconocerá a las parejas de hecho de personas del mismo sexo, según un proyecto ley que, si bien es un avance, no contempla el matrimonio y dista de satisfacer a la comunidad LGBT, que exige una legislación igualitaria.

Este tipo de uniones civiles gozará de derechos similares a los del matrimonio, como el de heredar las posesiones del cónyuge o tener acceso a la Seguridad Social amparada, pero no permite la adopción.

El proyecto establece también la creación de un Consejo Nacional contra el Racismo y la Intolerancia que se encargará de diseñar políticas que protejan a las minorías y de formar a los funcionarios respecto a estos temas.

Hasta la fecha, no se ha definido cuándo pasará el proyecto al Parlamento, debido al alto número de sugerencias que recibió esta iniciativa durante la consulta pública, informó una portavoz del Ministerio de Justicia.

Grecia es un país confesional de facto, en el que la Iglesia ortodoxa tiene gran influencia, y decisiones como ésta se topan con la resistencia de un amplio sector conservador de la sociedad, como demuestra el aluvión de comentarios críticos que aparecieron en la página web en la que se publicó el borrador de ley, a modo de consulta pública.

Las críticas de los conservadores

Los participantes, en su mayoría creyentes, califican el reconocimiento a las parejas homosexuales como un retroceso “inaceptable y destructivo”. “Este tipo de progreso nos pierde…”, afirma un ciudadano en el portal digital. “Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en una familia ortodoxa y griega, como la que nos dieron nuestros padres y antepasados”, dice otra.

La Iglesia ha manifestado su oposición mediante una carta oficial dirigida al Ministerio de Justicia, en la que el arzobispo de Atenas Jerónimo afirma que la unión civil es “un premio neoliberal a la falta de responsabilidad en las relaciones entre personas”. El líder religioso rechaza toda otra forma de cohabitación que no sea la boda cristiana.

Discursos como el del obispo de El Pireo Serafim, quien, en enero pasado, dijo que “para los padres de la Iglesia la homosexualidad es el pecado más asqueroso y sucio”, representan las posiciones homófobas de esta comunidad.

No todos los griegos piensan como los citados exponentes de la Iglesia, ni como los que han participado activamente en el portal gubernamental para comentar la ley. Ciudadanos como Lambros, por ejemplo, se muestran indignados con que todavía no se reconozcan los derechos de la diversidad sexual. “Todavía los homosexuales no pueden demostrar su relación en público. Estamos atrasados más de 50 años respecto a otros países”, asegura.

La opinión de la comunidad LGTB

La comunidad LGBT espera que este proceso sea rápido para que Grecia de por fin un primer paso en el reconocimiento de sus derechos. Jóvenes como Vasilis Tomarópulos esperan que este proyecto, aunque no contemple la adopción, les de más visibilidad. “Para mi familia no es normal que sea gay. Ellos son ultraconsevadores y creen que es cuestión de rebeldía”, afirma este estudiante de Física.

El joven universitario, de 19 años, cuenta que su hermano lo trata de “idiota“, porque publica en las redes sociales algunos artículos que reivindican los derechos LGTB. Participar en manifestaciones y asistir a reuniones para dialogar sobre los problemas que afectan a su comunidad le ha permitido liberar el miedo al rechazo.

Vasilis discute constantemente su situación con otros voluntarios de la organización Juventud de Color (Colour Youth). Sus compañeros creen que la sociedad griega podría cambiar de mentalidad si la ley se transforma.

Todavía el Código Penal Griego contempla normas discriminatorias, como la diferencia de edades para consentir relaciones sexuales (las mujeres y los heterosexuales a los 15 y los homosexuales hombres a los 17).

Los jóvenes insisten en que la Iglesia y el Estado deben separarse para que la sociedad deje de rechazarlos. Para este grupo, comprender su situación también es cuestión de “sentido común”. Vasilis lo define como un asunto de “principios fundamentales; de derechos humanos”.

Fuente Cáscara Amarga

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La nueva ley de uniones civiles aprobada en Chipre concederá derechos semejantes a los del matrimonio, aunque no permitirá la adopción conjunta ni tampoco la de los hijos del otro miembro de la pareja. A falta de la firma del presidente del gobierno para su promulgación definitiva, esta nueva figura jurídica situará a Chipre a la vanguardia del mundo ortodoxo en materia de derechos LGTB.

La ley de uniones civiles ha sido aprobada por el Parlamento chipriota en segunda lectura este 26 de noviembre, por una contundente mayoría de 39 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones. El proyecto de ley fue impulsado por el Ejecutivo de centroderecha liderado por el presidente Nicos Anastasiades el pasado 7 de mayo, iniciándose posteriormente el trámite parlamentario. Presentado en primera lectura ante el Parlamento el 18 de junio, allí experimentó la modificación de la denominación de la nueva figura jurídica de “acuerdo de convivencia” a “unión civil”, aunque siempre se mantuvo la idea de que estuviera abierta a parejas del mismo o distinto sexo.

Los diputados de las tres principales fuerzas políticas chipriotas (los conservadores de la gobernante Agrupación Democrática, los comunistas del Partido Progresista del Pueblo Obrero y los liberales del Parido Democrático) han votado mayoritariamente a favor de la ley, a pesar de habérseles concedido libertad de voto por parte de sus grupos. Esta amplia aceptación entre los partidos mayoritarios contrasta con la encarnizada oposición de la iglesia ortodoxa, cuyo dirigente, el arzobispo Chrysostomos, acusó a la clase política de “debilitar la integridad moral” de los chipriotas al reconocer algún tipo de derecho a las personas LGTB.

Una vez que el presidente Anastasiades promulgue con su firma la nueva normativa, las parejas unidas civilmente obtendrán derechos semejantes a los del matrimonio en materias como la propiedad, sucesiones, prestaciones, disolución de la unión o pensiones alimenticias, pero no podrán adoptar conjuntamente, ni tampoco a los hijos del otro miembro de la unión. En todo caso, con esta ley, Chipre se sitúa a la vanguardia de los derechos LGTB entre los países de tradición ortodoxa, por delante de Grecia, cuyo proceso para la aprobación de una legislación semejante permanece aún estancado.

Los activistas de Accept-LBGT Cyprus, a cuya persistencia se debe en gran parte la nueva legislación, han expresado su alegría por su aprobación con el siguiente comunicado: “Chipre está cambiando y mirando hacia el futuro. ¡Y todos tenemos que formar parte de este cambio! Gracias por vuestra paciencia y la confianza que habéis depositado en nosotros. Este es un momento significativo en la historia de los derechos humanos en Chipre”.

Por su parte, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA-Europa, también se congratulaba por la decisión del Parlamento chipriota, pues, para ella, “las parejas del mismo sexo y sus familias son merecedoras de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales. No se trata de dar ‘derechos especiales’ a un grupo, sino de reconocer la maravillosa diversidad de familias que habitan en Europa”.

El avance que supone la nueva normativa en el reconocimiento de los derechos de las parejas LGTB chipriotas es indudable, significativo y ejemplar para una sociedad de tradición ortodoxa fuertemente conservadora. Sin embargo, los responsables de organizaciones europeas como ILGA-Europa no deben olvidar que las parejas del mismo sexo chipriotas o maltesas siguen sin haber alcanzado la plena igualdad, al no poder decidir entre unirse civilmente o contraer matrimonio, como sí que pueden hacer las parejas heterosexuales. En esos países, a día de hoy, existen legislaciones distintas y separadas para las parejas del mismo sexo, que aún no son merecedoras “de la misma protección que las de sus amigos y vecinos heterosexuales”.

Una isla dividida

Chipre permanece dividido en dos entidades: la grecochipriota al sur y la turcochipriota al norte. En 2004 Naciones Unidas propuso un acuerdo de reunificación que permitiera la convivencia de las dos comunidades, pero los grecochipriotas lo rechazaron. A día de hoy coexisten dos estados de facto independientes y enfrentados: la República de Chipre (internacionalmente reconocida y miembro de la Unión Europea) y la República Turca del Norte de Chipre (reconocida solo por Turquía).

En el sur, y desde la época colonial británica, las relaciones entre varones fueron ilegales hasta que el deseo de incorporarse a la Unión Europea forzó su despenalización en 1998. Desde entonces, la situación ha evolucionado favorablemente, y en 2014 se celebró —con gran éxito de asistencia— el primer Orgullo LGTB en su capital, Nicosia. La aprobación de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo en noviembre de 2015 supone otro paso de enorme envergadura en el camino hacia la igualdad de derechos.

La parte turcochipriota, sin embargo, mantenía la ilegalidad de las relaciones homosexuales (a diferencia, curiosamente, de la propia Turquía) hasta enero de este 2015, con penas que podían llegar hasta los cinco años de prisión. Se trataba del último territorio de Europa en el que la homosexualidad estaba penada.

Fuente Dosmanzanas

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El ministro de Justicia de Grecia, Nikos Paraskevopoulos, ha hecho honor a la promesa que hizo hace dos semanas e inició el pasado lunes un proceso de consultas para ampliar a las parejas del mismo sexo la legislación sobre uniones civiles. La nueva regulación abrirá a estas parejas a la mayoría de los derechos y obligaciones de los matrimonios, pero excluirá el acceso a la adopción conjunta.

Paraskevopoulos asumió su compromiso en un acto organizado por ILGA Europe, que celebró del 28 al 31 de octubre su conferencia anual en Atenas. Representantes de los principales partidos políticos de Grecia coincidieron en la necesidad de consensuar un paquete de reformas en favor de la igualdad de las personas LGTB en ese país, que cuenta con muchas papeletas (con el permiso de Chipre, que tramita una ley similar) para convertirse en el primero del ámbito cultural ortodoxo en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo.

En junio pasado el Ministerio griego de Justicia presentó su proyecto de actualización de la ley de uniones civiles, pero la convocatoria adelantada de elecciones paralizó el proceso. El Gobierno griego buscaba, con aquel proyecto, dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados.

El proyecto presentado en junio daba cumplimiento a la sentencia de Estrasburgo y revisaba además los derechos de las parejas unidas civilmente, mejorándolos en materia patrimonial y de herencia y acercándolos a los del matrimonio. Dejaba fuera, eso sí, la adopción conjunta. La noticia fue recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntaron por qué un gobierno liderado por Syriza no tenía el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar (56% frente a un 35% de opuestos). La adopción conjunta, sin embargo, sigue contando con un rechazo mayoritario (56% frente a un 30%).

La convocatoria de nuevas elecciones en septiembre dejó en suspenso la aprobación del proyecto. Syriza revalidó su triunfo y Paraskevopoulos volvió a repetir como ministro de Justicia, por lo que ya se esperaba que el asunto fuera retomado. Más aún, en ese mismo acto representantes de Nueva Democracia (principal partido de la oposición), PASOK, Izquierda Democrática, To Potami y la Unión de Centristas, partidos que reúnen una gran mayoría parlamentaria, se comprometieron a mejorar la situación de los derechos LGTB en Grecia.

Igual que en el proyecto presentado en junio, la nueva legislación ampliará las atribuciones actuales de las uniones civiles para equipararlas en su mayoría a los de los matrimonios y, además, permitirá contraerlas a las parejas del mismo sexo. Los derechos que se verán equiparados incluyen ventajas fiscales, de herencia y beneficios para los funcionarios unidos civilmente iguales a los que disfrutan los casados. La adopción conjunta, eso sí, queda por el momento excluida. El texto también aborda la normativa antidiscriminatoria para castigar los delitos con agravantes racistas o motivados por el sexo o la religión de la víctima.

Como era de esperar, la iglesia ortodoxa griega ha mostrado su total oposición a lo que considera “una mala imitación” del matrimonio y “una recompensa neoliberal a la irresponsabilidad en las relaciones interpersonales que las relega a una simple transacción”.

Fuente Dosmanzanas

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¿Pero tendrá en cuenta la adopción conjunta?

El ministro de Justicia de Grecia, Nikos Paraskevopoulos, se ha comprometido a reanudar el proceso legislativo para ampliar a las parejas del mismo sexo la legislación griega de uniones civiles. Lo ha hecho, además, en un acto organizado por ILGA Europe, que celebra del 28 al 31 de octubre su conferencia anual en Atenas, en el que representantes de los principales partidos políticos de Grecia coincidieron en la necesidad de consensuar un paquete de reformas en favor de la igualdad de las personas LGTB en ese país, que cuenta con muchas papeletas (con el permiso de Chipre, que tramita una ley similar) para convertirse en el primero del ámbito cultural ortodoxo en reconocer derechos a las parejas del mismo sexo.

En junio pasado el Ministerio griego de Justicia presentó su proyecto de actualización de la ley de uniones civiles que dejaba fuera la adopción conjunta, pero la convocatoria adelantada de elecciones paralizó el proceso. El Gobierno griego buscaba, con aquel proyecto, dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados (ha habido luego tímidos intentos de reconocimiento, pero nunca llegaron a prosperar, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 Estrasburgo emitió su sentencia).

La llegada de Syriza al poder, en enero pasado, abrió un nuevo escenario. En su congreso de 2013 Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de las elecciones de enero optó por silenciar el tema. Alexis Tsipras no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental, respondiendo entonces que esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. Una discusión que había sido introducida en el debate por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso de su gobierno en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar. Pese a todo, para algunos, la victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB.

El proyecto presentado en junio daba cumplimiento a la sentencia de Estrasburgo y revisaba además los derechos de las parejas unidas civilmente, mejorandolos en materia patrimonial y de herencia y acercandolos a los del matrimonio. Dejaba fuera, eso sí, la adopción conjunta. La noticia fue recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntaron por qué un gobierno liderado por Syriza no tenía el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar (56% frente a un 35% de opuestos). La adopción conjunta, sin embargo, sigue contando con un rechazo mayoritario (56% frente a un 30%).

La situación económica y política de Grecia y su complicada relación con los poderes europeos llevó sin embargo a la convocatoria de nuevas elecciones en septiembre, dejando en suspenso la aprobación del proyecto. Syriza revalidó su triunfo y Nikolaos Paraskevopoulos volvió a repetir como ministro de Justicia, por lo que se esperaba que el asunto fuera retomado. Así será, según el propio ministro confirmó en un acto organizado por ILGA Europe, que celebra estos días su conferencia anual. Más aún, en ese mismo acto representantes de Nueva Democracia (el principal partido de la oposición), PASOK, Izquierda Democrática, To Potami y la Unión de Centristas, partidos que reúnen una gran mayoría parlamentaria, se comprometieron a mejorar la situación de los derechos LGTB en Grecia promoviendo mejoras no solo en el campo del reconocimiento de las parejas, también en materia de identidad de género, código de familia y lucha contra la discriminación y el acoso a las personas LGTB. La próxima semana se pondrá en marcha un proceso de consultas para avanzar en estas reformas.

Un compromiso que ha sido saludado por ILGA Europe, que espera que los partidos griegos, y muy singularmente el Gobierno de Alexis Tsipras, hagan efectivo a la mayor brevedad posible. “Estamos emocionados por el impacto que esta legislación tendrá en las vidas de tantas personas LGTBI de Grecia y deseando ya celebrar su aprobación con nuestros amigos y aliados de Europa”, ha declarado por su parte Panagiotis Damaskos, representante del colectivo griego OLKE.

Fuente Dosmanzanas

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El nuevo viceministro griego de Transportes, Dimitris Kamenos, ha dimitido a las pocas horas después de prestar juramento. Unos supuestos post antisemitas, racistas y homófobas en las redes sociales han forzado su salida del recién elegido gobierno de Alexis Tsipras. Kammenos se preguntó en 2014 en su cuenta de Twitter (que por cierto, la ha borrado) por qué el grupo neonazi Amanecer Dorado no había impedido “un desgraciado desfile gay” frente al Parlamento. Pero no es la única ‘cagada’ del ya exviceministro en las redes sociales. Mientras se celebraba la jura en el palacio presidencial, en las redes sociales corrían como la pólvora varios mensajes suyos, entre ellos, uno del 11 de septiembre de 2013 en el que lamentaba que en el atentado en las Torres Gemelas de Nueva York no había ningún judío en el edificio de los muchos que trabajaban habitualmente allí.

Kammenos ha borrado su cuenta de Twitter cuando han empezado a circular sus mensajes de los últimos años. Algunos de ellos fueron conocidos en junio, como un post en Facebook con una imagen retocada de la entrada al campo de concentración de Auschwitz, lo que le obligó a pedir disculpas. La fotografía mostraba el letrero sobre la entrada que dice “Nos vamos a quedar en Europa” en lugar de “Arbeit Macht Frei” (El trabajo os hará libres). “Nos vamos a quedar en Europa” fue el lema utilizado para manifestaciones a favor del euro en el centro de Atenas durante el verano. “Tal vez la comparación era lamentable pero mi país está viviendo un holocausto económico”, escribió en Facebook.

Aunque Tsipras pidió inmediatamente a su socio de coalición investigar la autoría de estos mensajes y a pesar de que el viceministro aseguró que no precedían de su mano y pidió a las autoridades competentes aclarar este asunto, finalmente dimitió de su cargo. Kamenos se disculpó en un comunicado pero incriminó indirectamente a sus colaboradores, al afirmar que su cuenta no solo la manejaba él sino sus 15 asistentes. Como alternativa, sugirió que había sido víctima de un ataque cibernético. Una excusa que suelen utilizar aquellos políticos que echan balones fuera para exculparse de las tropelías que cometen y, sobre todo, este político que escribió estas barbaridades durante años en las redes sociales. ¿Es que no controlaba lo que aparecía con su nombre, si era verdad que los post los escribieron sus ‘ayudantes’?.

Se trata de la primera baja política del nuevo Gobierno del primer ministro, Alexis Tsipras, en un caso que caso estalló hace horas, cuando en las redes sociales se formó un revuelo por varios mensajes insultantes de Kamenos en Twitter.

Según señala hoy el rotativo Kathimerini, el nombramiento había sido de antemano un punto de discordia entre Tsipras y su socio de coalición. De acuerdo al diario, parece ser que el líder los Griegos Independientes había insistido en tener a Dimitris Kamenos, hasta entonces únicamente diputado, en el gabinete, y aunque Tsipras se resistió inicialmente, acabó accediendo.

Kamenos comparte apellido y militancia en el partido nacionalista Griegos Independientes con su líder, Panos Kamenos, pero entre ambos no hay parentesco alguno.

Fuente Ragap

General, Homofobia/ Transfobia. Alexis Tsipras, Antisemistismo, Dimitris Kamenos, Grecia, Panos Kamenos, Racismo, Viceministro de Transportes