El Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento suizo, ha aprobado un proyecto de ley que simplifica el proceso para la modificación registral del sexo asignado al nacer. El nuevo texto elimina la tutela judicial y médica a la que obliga la legislación vigente, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero en el proceso. También suprime la necesidad de consentimiento parental para los menores que quieran ejercer su derecho al reconocimiento de su identidad. La medida incorpora los principios de autodeterminación y despatologización de las personas trans, en la línea de las normas que ya han aprobado otros países europeos.

En la actualidad, el proceso para modificar el sexo asignado al nacer en Suiza es complejo y varía según el cantón. Se trata de un procedimiento judicial que lleva aparejados elevados costes y plazos prolongados, además de una considerable inseguridad por depender de la decisión de un juez. En la mayoría de los cantones se exigen, además, informes médicos que apoyen la petición de la persona interesada.

En junio de este año, el Consejo de los Estados (la cámara alta) aprobó un proyecto de ley sobre identidad de género que pretende simplificar estos trámites. El texto elimina la tutela judicial y médica y consagra un sencillo procedimiento administrativo uniforme en todo el país. Ante la indignación del activismo, sin embargo, los legisladores añadieron la obligación del consentimiento parental para las personas menores de edad, requisito que no existe en la normativa vigente.

El pasado jueves, el Consejo Nacional aprobaba, por 121 votos a favor frente a 61 en contra, el proyecto de ley de la cámara alta. Además, con 100 síes frente a 93 noes, revertía la necesidad del consentimiento de un progenitor o tutor legal en el caso de menores. Un cambio que deberá ratificar el Consejo de los Estados, desdiciéndose o manteniendo su posición inicial. Los colectivos LGTBI se han felicitado por la rectificación de la cámara baja frente a una imposición que «añadía innecesariamente gasolina al fuego de posibles conflictos intrafamiliares».

Cuando entre en vigor, la norma colocará a Suiza en el grupo de cabeza de los países con legislaciones más avanzadas en materia de derechos trans. Una lista en la que se encuentran, en el continente europeo, países como Dinamarca, Grecia, Irlanda, Islandia, Malta, Bélgica, Noruega o Portugal y a la que podría añadirse próximamente Alemania. En España, mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. En el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

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Rescate en Lesbos AFP/Aris Messinis

Obispos católicos y luteranos piden no olvidar a los refugiados

“En este momento, nuestras fronteras físicas y mentales están siendo puestas a prueba por el nuevo coronavirus y la situación de los refugiados en la periferia de Europa”

“Es inaceptable que los seres humanos que huyen se consideren una amenaza, y que asegurar el orden y la prosperidad en Europa se haga al precio del caos en las fronteras exteriores”

10.03.2020 | RD/SIR

“Lo que sucede en la periferia de Europa, en la frontera entre Turquía y Grecia, pone a prueba nuestra humanidad”.  Una decena de obispos católicos y luteranos de varios países nórdicos han emitido una declaración conjunta en defensa de los derechos de los refugiados.

“En este momento, nuestras fronteras físicas y mentales están siendo puestas a prueba por el nuevo coronavirus y la situación de los refugiados en la periferia de Europa”, señala el texto, que aboga por “una responsabilidad personal y compartida, más allá de todas las barreras e independientemente de las posiciones políticas”.

Para los líderes de estas iglesias, la atención a los refugiados es un desafío para cada uno individualmente y como sociedad, que debe empujarnos a “compartir y llevar la carga juntos: si fallamos, perdemos nuestra humanidad”.

Asumir nuestras responsabilidades

“Los miedos deben ser tomados en serio, pero no deben mantenernos atrapados e impedirnos asumir responsabilidades” animan los obispos, que tildan de “inaceptable” que “los seres humanos que huyen se consideren una amenaza” e “incompatible con los valores éticos sobre los que se construye la Europa en la que vivimos” que “asegurar el orden y la prosperidad en Europa se haga al precio del caos en las fronteras exteriores“.

En opinión de los obispos, la UE “debe seguir siendo un proyecto de paz”, ayudando hoy “a resolver” situaciones “que obligan a la gente a huir”. Porque el peligro para Europa no es la gente de las fronteras sino “la falta de confianza en el futuro, la pérdida de los valores universales y una política a corto plazo”. “Somos una sola humanidad de Dios que vive junta bajo el mismo cielo”.

Fuente Religión Digital

Cristianismo (Iglesias), General, Iglesia Católica, Iglesia Luterana Europa, Grecia, Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Lesbos, Migrantes, Refugiados, Turquía

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

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El obispo Amvrosios de Kalavryta (C) recibió una sentencia suspendida de siete meses. (Apostratoia Igialeias / Facebook)

 Un obispo griego ortodoxo que fue condenado por incitar al odio y abusar de su posición después de instar a la gente a escupir a los homosexuales ahora está apelando el último cargo.

En 2015, el obispo Amvrosios de Kalavryta publicó una vil vociferación homofóbica en redes mientras Grecia estaba debatiendo un proyecto de ley de sociedad civil que finalmente se aprobó el 22 de diciembre de ese año.

“¡Escupir sobre ellos! ¡Desaprobarlos! ¡Vota en contra de ellos! ¡No son humanos! Son monstruos de la naturaleza! ¡Enfermo mental y espiritual! ¡Están locos mentalmente! ¡No lo dudes, entonces! Dondequiera que los veas, escúpelos. ¡No los dejes en paz! ¡Son peligrosos! ”, Dijo. Luego pasó a describir a los homosexuales como “restos de la sociedad” y “monstruosidades de la naturaleza”.

El obispo conservador, que tiene un historial de apoyo a las posiciones anti-LGBT +, así como al partido de extrema derecha Golden Dawn, afirmó que en realidad no se refería a las personas LGBT + sino a los políticos que apoyaban los proyectos de ley de sociedad civil.

The Economist informó que durante esa audiencia dijo: “Escupirles es lo de menos, si tuviera un arma y la ley me lo permitiera, lo usaría y terminaríamos las cosas”.

Sin embargo, en 2018 el obispo griego fue absuelto de los cargos de incitación pública a la violencia y el abuso de los deberes eclesiásticos. Se presentaron dos apelaciones después de su absolución y su caso fue llevado nuevamente a juicio.

En 2019, un tribunal de apelaciones en la ciudad peloponesa de Aigio finalmente lo declaró culpable de incitar al odio homofóbico y abusar de la oficina eclesiástica, y recibió una sentencia de prisión suspendida de siete meses más una multa de 10.000 euros.

Pero ahora está apelando a la Corte Suprema por un cargo más indulgente bajo el nuevo código penal del país, argumentando que no abusó de su posición al hacer la declaración.

Sin embargo, el fiscal adjunto sostuvo que el tribunal debería confirmar la condena por delito de odio del obispo.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Aigio, Amvrosios de Kalavryta, Golden Dawn, Grecia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Ortodoxa, Odio homófobo

La Comisión Europea ha publicado el resultado de una encuesta, conocida como Eurobarómetro, realizada el pasado mes de mayo entre los ciudadanos de la Unión Europea respecto a los derechos y aceptación social de las personas LGTBI. Si bien el resultado medio es positivo, la encuesta hace evidente la enorme distancia que existe entre los distintos países en cuanto al respeto y defensa de los derechos LGTBI. Mientras que la aceptación es ampliamente mayoritaria entre los países de la Europa occidental, en la mayoría de los países del antiguo bloque del este la LGTBIfobia es generalizada. España ocupa el tercer puesto entre los países cuyos ciudadanos estiman que gais, lesbianas y bisexuales deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales, y el primer lugar entre quienes opinan que las personas trans deben tener derecho a cambiar su documentación legal en consonancia con su identidad de género.

Este 23 de septiembre se ha dado a conocer el Eurobarómetro efectuado por la Comisión Europea sobre la aceptación social de las personas LGTBI en los países de la Unión Europea, que forma parte del estudio más amplio sobre la discriminación de las minorías que se publicará el próximo mes de octubre. La encuesta se realizó el pasado mes de mayo entre ciudadanos de sus 28 países, y trata de dilucidar cuál es la opinión de la ciudadanía europea respecto a los derechos y la discriminación de gais, lesbianas, bisexuales, personas trans y personas intersexuales. También ofrece una comparativa entre las respuestas dadas en esta encuesta y otra semejante realizada en 2015.

Las preguntas se han agrupado en diferentes apartados que reflejan la actitud de los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea ante la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Se observa con claridad la existencia de dos bloques claramente diferenciados, el de la Europa occidental y el formado por los antiguos países del bloque del este. En cuanto a la aceptación social de gais, lesbianas y bisexuales, en el bloque occidental destacan Suecia, Holanda, Dinamarca, España y Luxemburgo; esa aceptación disminuye en Austria, Italia, Grecia y Chipre, cuyos porcentajes se encuentran por debajo de la media europea. En el bloque de los antiguos países del este, todos ellos se hallan en esa franja inferior a la media, si bien parece haber una mayor aceptación social en la República Checa y Polonia, mientras que el menor grado se da en Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria.

En cuanto al respeto a la identidad de género, los bloques son semejantes. Sin embargo, en este caso en el bloque occidental destacan España, Malta y Dinamarca; Italia, Austria, Grecia y Chipre vuelven a ser los únicos países occidentales en estar por debajo de la media europea. Todos los países del antiguo bloque del este se sitúan en la franja inferior a la media, si bien la República Checa es el único país que supera el 50 % de población respetuosa con la identidad de género. Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria son los países con mayor transfobia social.

Derechos de las parejas del mismo sexo

La primera pregunta formulada es la siguiente: «¿Está de acuerdo en que las personas gais, lesbianas o bisexuales deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales?». Ha contestado favorablemente el 76 % de los encuestados (cinco puntos por encima del resultado en 2015) y ha mostrado su desacuerdo el 20 %, el resto se ha abstenido de dar alguna respuesta. España ocupa el tercer lugar, con un 91 % de ciudadanos que aboga por la igualdad de derechos, mientras que tan solo un 6 % se ha declarado contrario.

La siguiente pregunta es: «¿Está de acuerdo en que no hay nada malo en una relación sexual entre personas del mismo sexo?». El 72 % de los encuestados está de acuerdo con esa afirmación (también cinco puntos por encima del resultado de 2015), mientras que el 24 % considera que sí hay algo malo en ese tipo de relaciones. En España, el 89 % de los ciudadanos no ve nada malo en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y tan solo un 8 % opina lo contrario.

La tercera pregunta formula lo siguiente: «¿Está de acuerdo en que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería permitirse en toda Europa?». El 69 % de los encuestados ha afirmado estar de acuerdo (ocho puntos por encima del 2015), mientras que el 26 % se ha mostrado disconforme. El 86 % de los ciudadanos de España se ha mostrado favorable al matrimonio igualitario en toda Europa, mientras que tan solo un 9 % ha señalado su disconformidad. Cabe destacar que en la República Checa hay un empate entre los favorables y quienes se oponen, dato importante en un país donde la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo está en trámite parlamentario.

Reconocimiento legal del género

El siguiente grupo de preguntas, que atañe a las personas trans, comienza con la siguiente: «¿Cree que las personas transgénero o transexuales deberían poder cambiar sus documentos civiles para que coincidan con su propia identidad de género?». En este caso el porcentaje de quienes han respondido afirmativamente es del 59 %, mientras que el 29 % ha contestado en contra y el 12 % se ha abstenido. España encabeza la lista de quienes defienden los derechos trans, con un 83 % de encuestados favorables y un exiguo 8 % en contra.

La segunda pregunta dice así: «¿Cree que en los documentos públicos, como pasaportes y certificados de nacimiento, además de Mujer (M) y Varón (V), debería estar disponible una tercera opción como X u O (Otro) para aquellas personas que no se identifican como mujeres o varones?». En este caso, ninguna de las respuestas supera la mitad, pues se muestra favorable el 46 % de los encuestados, en contra el 42 % y un 12 % no da ninguna respuesta. En España, que ocupa el segundo puesto, sí hay una clara mayoría del 63 % a favor de una opción nueva en los documentos de identidad y un minoritario 21 % en contra.

Muestras de afecto en público

Este apartado trata de comparar la distinta aceptación social que las muestras públicas de afecto tienen entre la población. Por ello, ha preguntado no solo por cómo se perciben esas muestras de afecto por parte de personas del mismo sexo, sino también las de las parejas de distinto sexo. La cuestión planteada era la siguiente: «Usando una escala del 1 al 10, díganos por favor cuán cómodo se sentiría con personas que muestran afecto romántico en público (por ejemplo, besándose o cogiéndose de la mano) en cada uno de los siguientes grupos. ‘1′ significa que no se sentiría «nada cómodo» y ’10’ que se sentiría «totalmente cómodo»».

En el conjunto de la Unión Europea, las respuestas han sido las siguientes:

• Un hombre y una mujer: un 89% de los encuestados ha contestado que se siente totalmente cómodo (78 %) o moderadamente cómodo (11 %), mientras que el 8 % se siente totalmente incómodo.
• Dos mujeres: un 68 % se siente totalmente cómodo (53 %) o moderadamente cómodo (15 %). El 29 % se siente totalmente incómodo.
• Dos hombres: un 63 % se siente totalmente cómodo (49 %) o moderadamente cómodo (14 %). El 38 % se siente totalmente incómodo.

Como se puede comprobar, son las muestras de afecto entre dos hombres las que producen un mayor rechazo, hasta el punto de que son las únicas que no superan el 50 % de encuestados que se encuentren totalmente cómodos al observarlas. Aun así, la aceptación de las muestras de afecto en público ha subido desde el 2015 un 11 % en cuanto a las parejas masculinas y un 12 % respecto a las parejas femeninas.

En España, los resultados son bastante más alentadores:

• Un hombre y una mujer: un 93 % de los encuestados ha contestado que se siente totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (12 %), mientras que el 6 % se siente totalmente incómodo.
• Dos mujeres: un 81 % se siente totalmente cómodo (66 %) o moderadamente cómodo (15 %). El 17 % se siente totalmente incómodo.
• Dos hombres: un 79 % se siente totalmente cómodo (63 %) o moderadamente cómodo (16 %). El 19 % se siente totalmente incómodo.

Cabe destacar que la total comodidad con las muestras de afecto en público entre dos mujeres o dos hombres se ha incrementado en España un 12% y un 10% respectivamente desde 2015. Aun así, es reseñable que las muestras de afecto en público entre dos hombres sean intolerables para casi la quinta parte de la población.

Personas LGTBI en ámbitos sociales

A continuación, la Comisión Europea pretende dilucidar cuál es la aceptación social de las personas LGTBI. Se preguntaba a los encuestados sobre qué grado de comodidad sentían al considerar la presencia de una persona LGTBI en distintos ámbitos. En el conjunto de la Unión Europea estas eran las respuestas:

• En un alto cargo político.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 77 % se sentiría totalmente cómodo (64 %) o moderadamente cómodo (13 %). Un 18 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 68 % se sentiría totalmente cómodo (53 %) o moderadamente cómodo (15 %). Un 24 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 68 % se sentiría totalmente cómodo (54 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 21 % se sentiría incómodo.

• En el centro de trabajo.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 82 % se sentiría totalmente cómodo (72 %) o moderadamente cómodo (10 %). Un 12 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 76 % se sentiría totalmente cómodo (65 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 15 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 77 % se sentiría totalmente cómodo (66 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 14 % se sentiría incómodo.

• Como pareja sentimental de un hijo o hija.
  • Una persona de su mismo sexo: un 67 % se sentiría totalmente cómodo (55 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 27 % se sentiría incómodo.
  • Una persona trans: un 57 % se sentiría totalmente cómodo (43 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 34 % se sentiría incómodo.
  • Una persona intersexual: un 58 % se sentiría totalmente cómodo (44 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 31 % se sentiría incómodo.

Los datos de España, mucho más positivos, son los siguientes:

• En un alto cargo político.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 90 % se sentiría totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (9 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 85 % se sentiría totalmente cómodo (74 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 7 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 82 % se sentiría totalmente cómodo (72 %) o moderadamente cómodo (10 %). Un 6 % se sentiría incómodo.
• En el centro de trabajo.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 92 % se sentiría totalmente cómodo (86 %) o moderadamente cómodo (6 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 89 % se sentiría totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (8 %). Un 3 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 86 % se sentiría totalmente cómodo (79 %) o moderadamente cómodo (7 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
• Como pareja sentimental de un hijo o hija.
  • Una persona de su mismo sexo: un 83 % se sentiría totalmente cómodo (71 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 12 % se sentiría incómodo.
  • Una persona trans: un 75 % se sentiría totalmente cómodo (61 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 15 % se sentiría incómodo.
  • Una persona intersexual: un 73 % se sentiría totalmente cómodo (61 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 14 % se sentiría incómodo.

Diversidad y educación

La Comisión Europea también quiere conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la educación de la diversidad. Para ello, ha preguntado a los encuestados si están de acuerdo en que el temario y material escolar debe incluir información sobre la diversidad respecto a los distintos colectivos LGTBI.

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 71 % está de acuerdo en que se incluya información y un 24 % se declara en desacuerdo.
• Respecto a las personas trans: un 65 % está de acuerdo y un 28 % en desacuerdo.
• Respecto a las personas intersexuales: un 65 % está de acuerdo y un 28 % en desacuerdo.

Los datos de España son, de nuevo, más positivos:

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 84 % está de acuerdo en que se incluya información y un 11 % se declara en desacuerdo.
• Respecto a las personas trans: un 81 % está de acuerdo y un 13 % en desacuerdo.
• Respecto a las personas intersexuales: un 80 % está de acuerdo y un 13 % en desacuerdo.

Discriminación de las personas LGTBI

Por último, se ha preguntado a los encuestados sobre su percepción de la discriminación que sufren las personas LGTBI en su propio país. A la pregunta de si estiman que la discriminación está muy o bastante extendida, o, si bien, creen que es muy o bastante infrecuente, han contestado de la siguiente manera:

• Discriminación por razón de la orientación sexual (gais, lesbianas y bisexuales): un 53 % cree que está muy o bastante extendida y un 40 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas trans: un 48 % cree que está muy o bastante extendida y un 35 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas intersexuales: un 39 % cree que está muy o bastante extendida y un 39 % que es muy o bastante infrecuente.

El resultado que ofrecen los datos de España son reflejo de lo que sucede en otros países. En aquellos en que la población muestra más LGTBIfobia, los encuestados rehúsan que haya discriminación; en aquellos donde hay una mayor aceptación de las personas LGTBI, los encuestados reconocen la discriminación que experimentan:

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 54 % cree que la discriminación está muy o bastante extendida y un 43 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas trans: un 58 % cree que está muy o bastante extendida y un 31 % que es muy o bastante infrecuente
• Discriminación de las personas intersexuales: un 47 % cree que está muy o bastante extendida y un 35 % que es muy o bastante infrecuente

Fuente Dosmanzanas

General Austria, Bulgaria, Chipre, Comisión Europea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Eurobarómetro, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, LGTBIfobia, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia

Manifestar públicamente que los gais «apestan» y que si los padres practican sexo anal tendrán hijos homosexuales no merece reproche penal en Chipre. Es lo que se deriva de la decisión de la policía primero y de la fiscalía después, que no apreciaron un delito de odio en las diatribas homófobas de Neófitos, obispo ortodoxo de Morfú y Solos. El caso contrasta con el del prelado que sí fue condenado en la vecina Grecia por animar a escupir a las personas LGTB.

Las declaraciones de Neófitos se produjeron en un discurso el pasado mes de junio. El obispo ortodoxo citó a San Porfirio para sostener su idea de que la homosexualidad se adquiere cuando una mujer embarazada disfruta del sexo anal. La estrambótica afirmación fue muy comentada por redes sociales, principalmente en tono de burla hacia el religioso. Lo terrible es que 38 académicos defendieron a Neophytos (Masouras) . Pero Neófitos, lejos de retractarse, volvió a la carga un mes después con unas declaraciones cargadas de odio homófobo.

El obispo hizo un relato sobre un «joven muy atractivo» al que instó a dejar de mantener relaciones homosexuales: «Tienes una enfermedad, vas a morir joven», le habría dicho el prelado. El joven interpelado le preguntó que por qué pensaba eso de él, a lo que Neófitos le habría contestado: «Conforme pasabas a mi lado, olías mal. Apestas. Esas cosas que haces, compartir cama con hombres, provocan un hedor específico que yo reconozco», según su relato. El delirio no acabó ahí. Según el obispo ortodoxo, el joven habría «superado» su homosexualidad por los rezos de su familia y «ahora huele de maravilla».

La policía chipriota abrió una investigación sobre las afirmaciones de Neófitos. Su conclusiones, que hizo públicas la semana pasada, es que no son constitutivas de un delito de odio. Unos días después, el fiscal general Costas Clerides defendió la misma posición. Clerides se refirió a «expresiones criticables», pero no apreció delito en el discurso homófobo y se limitó a recomendar a los obispos que eviten las declaraciones «imprudentes y poco meditadas».

Los activistas de la organización Accept LGBTI han lamentado la decisión de la justicia, que deja impunes las diatribas de Neófitos, y recuerdan que el código penal chipriota recoge desde 2015 la prohibición de los llamamientos a la violencia contra un colectivo por su orientación sexual o identidad de género. El caso contrasta también con la reacción de las autoridades griegas ante otro episodio de odio homófobo por parte de un jerarca de la iglesia ortodoxa. En enero de este año, la justicia griega condenó al obispo Ambrosio por animar a «escupir» a las personas LGTB por ser «monstruos» que están «mental y espiritualmente enfermos». El prelado abandonó su cargo hace un mes.

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Ortodoxa Chipre, Costas Clerides, Delitos de Odio, Discriminación, Grecia, Homofobia, iglesias ortodoxas, LGTBfobia, Morfú, Obispo metropolitano Ambrosio (Grecia), Obispo Neófitos, Solos

Ampliamos la noticia de la que hablábamos el pasado día 27 de junio. El Parlamento de Islandia ha aprobado una reforma de la ley de identidad de género que incluye el reconocimiento, por primera vez, de una tercera opción de sexo legal. La medida se adoptó sin votos en contra y adopta el principio de autodeterminación de género para la modificación registral del sexo de las personas trans, un procedimiento que estará disponible también para menores de edad. El activismo lamenta que no se hayan abordado asuntos como la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. La ley, que ha contado con el apoyo de la Primera Ministra Katrín Jakobsdóttir,  reafirma la autonomía del cuerpo de cada individuo en la sociedad; también busca designar un grupo de trabajo que trate el estatus de las personas intersex.

La ley de identidad de género aprobada en 2012 contempló la creación de una unidad de disforia de género en el Hospital Universitario Nacional de Islandia, con la capacidad de llevar a cabo operaciones de reasignación. El proceso de reconocimiento de la nueva identidad legal se extendía durante 18 meses y se exigía una justificación de haber vivido de acuerdo con el género escogido durante al menos 12 meses. A continuación, un comité de expertos decidía sobre el diagnóstico de disforia de género y, en caso positivo, aprobaba la modificación registral del sexo y la expedición de los nuevos documentos de identidad. El texto no requería someterse a una operación de reasignación.

El proyecto de ley elaborado por el Gobierno islandés, de coalición entre el Movimiento Verde de Izquierda, el conservador Partido de la Independencia y el agrarista Partido Progresista, actualiza el texto de 2012 para adaptarlo a las demandas de despatologización y autodeterminación de género de la comunidad trans. El Parlamento islandés aprobó la reforma el pasado 19 de junio por 45 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones. Quince diputados no estaban presentes en el momento de la votación.

La medida adopta el principio de autodeterminación de género y elimina la necesidad de un diagnóstico de disforia de género para acceder a la modificación registral del sexo legal. Los trámites se simplifican y se acortan en el tiempo, y el procedimiento también estará disponible para los menores de edad, siempre que cuenten con la autorización de un progenitor. Como novedad, también se introduce una tercera opción de sexo legal «X», que ya existe en otros países europeos como Alemania (donde se denomina «diverso»), Austria o Malta.

A pesar de los avances, el activismo ha lamentado que el texto aprobado por el Parlamento no contemple la prohibición de las cirugías de «normalización» en menores intersexuales. El proyecto presentado por el Gobierno sí incluía la medida, que desapareció de la versión final. Un comité de expertos discutirá durante los próximos doce meses sobre un texto legislativo que aborde las necesidades de las personas intersexuales. Otro de los puntos que ha sido criticado se refiere al dilatado periodo de tiempo, de hasta 18 meses, que habrá que esperar para poder registrarse bajo el sexo legal «X».

En cualquier caso, la norma coloca a Islandia en el grupo de cabeza de los países con legislaciones más avanzadas en cuanto a reconocimiento de la autodeterminación de género. En Europa, países como Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta, Bélgica o Noruega   también han aprobado normas similares en los últimos años. En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. En el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alemania, Austria, Despatologización, Dinamarca, España, Género no binario, Grecia, Identidad de género, Intersexualidad, Irlanda, Islandia, Malta, Movimiento Verde de Izquierda, Partido de la Independencia (Islandia), Partido Progresista (Islandia), Portugal, Transexualidad

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Funeral en la parroquia de la Asunción de María por un refugiado camerunés/Claire Paccalin/Infomigrants

Cada vez más migrantes acuden al único templo católico de la isla para escapar de sus problemas

La parroquia ha crecido de solo un puñado de fieles en 2016 a más de 120 hoy en día

Los refugiados que llegan a Lesbos llaman a esta isla griega “la prisión” o “Guantánamo”. Porque aguantan el calor muchas veces sin suficiente agua para beber. Porque allí sufren otros problemas de salud física y mental que pueden llegar incluso a intentos de suicidio. Y porque pueden salir del campo de internamiento en el que viven para dar un paseo solo dos veces por semana. Pero hay un lugar en este “infierno” que les da esperanza. La única iglesia católica de la isla, que ha crecido de un puñado de fieles en 2016 a más de 120 hoy en día.

¿Cuál es el secreto, entonces, de la iglesia de la Asunción de María para atraer a tanta gente? No son el sacerdote francés y el subdiácono inglés que aterrizaron hace poco en la isla, aunque su presencia se agradece, ya que la vasta mayoría de los refugiados no hablan griego. Más bien, es la atención personal y la sensación de comunidad que se da en esta parroquia particular, tal y como se evidenciaban la semana pasada en el funeral por Jean-Paul, un migrante camerunés que murió hace poco en el campo de Moria, de acuerdo con lo publicado por Infomigrants.

Según el director del campo, Jean-Paul, que solo tenía 24 años, murió por problemas de salud ya existentes. Pero según sus amigos, su muerte fue provocada por las condiciones escuálidas del campo. Las mismas que sufren gente como el también camerunés ‘Christian‘ (un nombre asumido), que cuenta que “me llevó mucho tiempo llegar a Lesbos. En todo el viaje, me decía a mí mismo: ‘Evita el infierno que encontrarás en Libia’. Pero me encontré con el infierno en Europa“.

Y es que, para Christian, el infierno de Lesbos ha sido exacerbado por los tres meses que pasó nada más llegar en la sección de alta seguridad del campo de Moria. Está en esta sección donde acaban los recién llegados de países que se considera no están en conflicto, mientras que la zona principal del campo está reservada para refugiados de países como Siria, Afganistán o Iraq. Pero no es que esté mejor esta otra zona, como cuenta ‘Jean’, congoleño de solo 17 años, quien lamenta que su salud haya deteriorado en este tiempo que haya pasado viviendo en la sección reservada en Moria para menores no acompañados.

“A menudo tengo pensamientos oscuros”, admite este joven. “Es difícil hablar de ello. No lo hablamos entre nosotros. Pero muchos jóvenes han intentado suicidarse. No aguantan la vida aquí”.

Y es por eso que, en medio de tanta oscuridad, la iglesia de la Asunción de María tiene un futuro brillante. Los migrantes africanos tienen al menos un año en Lesbos hasta que se procesen sus solicitudes de asilo, y durante este tiempo no pueden trabajar. Pero al menos una hora o dos a la semana, en misa, pueden olvidarse de la miseria en la que viven y vislumbrar el futuro que tanto anhelan.

Jean-Paul, refugiado camerunés fallecido en Lesbos Claire Paccalin/Infomigrants

Fuente Religión Digital

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Una comisión del Senado rumano ha rechazado dos proposiciones de ley de uniones civiles para las parejas de distinto o del mismo sexo. El primer proyecto lo había redactado el Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación y contaba con el apoyo de 42 parlamentarios de cuatro partidos diferentes. Pero el senador socialdemócrata (PSD) Șerban Nicolae, vicepresidente de la comisión, opinó que la medida «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». A diferencia de la primera, que excluía la adopción conjunta, la segunda propuesta dejaba este asunto abierto. La habían elaborado los liberales del ALDE y se saldó también con el rechazo de la comisión.

La posibilidad de aprobar una ley de uniones civiles se viene discutiendo en Rumanía desde hace más de diez años. En 2008, el senador de la minoría húngara Péter Eckstein-Kovács presentaba una proposición de ley que decayó con la convocatoria de las elecciones de ese año. En 2011, fue un senador liberal-conservador (PNL), Viorel Arion, el que introdujo un nuevo texto, que llegó a recibir un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Pero el Gobierno del conservador Emil Boc rechazó su tramitación. Dos años después, el diputado verde Remus Cernea lo volvía a intentar en la cámara baja, donde se topó con el rechazo de la comisión.

Hace ahora un año, el Consejo Nacional contra la Discriminación (CNCD) redactó una propuesta legislativa que presentó al Gobierno y a los partidos con representación parlamentaria. En su elaboración participaron también asociaciones LGTB como ACCEPT y MozaiQ. Se trata de una regulación de las parejas del mismo o de distinto sexo que otorga derechos similares al matrimonio en áreas como la seguridad social, fiscalidad o prevención de la violencia doméstica. La medida excluye la posibilidad de la adopción conjunta para las parejas del mismo sexo, que en cambio verían reconocido su matrimonio contraído legalmente en otro país como una unión civil.

Se redactó una proposición de ley sobre la base del texto presentado por el CNCD, que fue secundada por 42 parlamentarios del PSD, PNL, USR (Unión Salvar Rumanía, anticorrupción) y UDMR (minoría húngara). El 31 de octubre del año pasado se registraba la medida ante el Parlamento. Paralelamente, el diputado Andrei Gerea y el senador Ion Popa, ambos de ALDE, presentaban su propia proposición de ley de uniones civiles el 2 de noviembre. El texto equipara las parejas unidas con los matrimonios en materia de herencia, pensión de viudedad, seguridad social y obtención de la ciudadanía, entre otros. A diferencia de la propuesta multipartita, no prohibía ni regulaba la adopción conjunta.

El pasado martes 12 de marzo, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, con mayoría socialdemócrata, rechazaba ambas propuestas. Sobre la primera, el vicepresidente Șerban Nicolae opinaba que «no está justificada» ni «responde a ninguna necesidad social». Edward Dirca, senador del USR y uno de los firmantes del texto, le replicó que «ya va siendo hora» de crear un marco legal de uniones civiles. Los representantes de las asociaciones LGTB también lamentaron el dictamen desfavorable y recordaron que Italia y Grecia recibieron sanciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no regular las uniones entre personas del mismo sexo.

El fracaso del referéndum contra el matrimonio igualitario

En julio de 2016 comenzó en Rumanía un proceso para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario. Fue cuando el Tribunal Constitucional dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación promovida por la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa), que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo de 2017 se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada en septiembre del año pasado. En ambos casos se alcanzó la mayoría requerida de dos tercios.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30% del censo electoral y los votos favorables superar el 50%. El plebiscito se celebró en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre y fracasó estrepitosamente al congregar tan solo al 20,41% de la población con derecho a voto.

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se desarrolló parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre de 2016 que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir. Expertos legales opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía sigue careciendo de una ley de uniones civiles tras el rechazo de las dos últimas propuestas.

Fuente Dosmanzanas

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Un juzgado de la ciudad griega de Egio ha condenado al obispo metropolitano de Kalávrita y Egialea a una pena de siete meses de cárcel por incitación al odio homófobo. Ambrosio, perteneciente a la iglesia ortodoxa griega, publicó una virulenta diatriba en la que entre otras cosas animaba a «escupir» a las personas LGTB por ser «monstruos» que están «mental y espiritualmente enfermos». Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2015, mientras se discutía y aprobaba la apertura de las uniones civiles a las parejas del mismo sexo. La sentencia, que no es firme, no supondrá la entrada en prisión del obispo por carecer de antecedentes.

Ya en su momento informábamos de la furibunda reacción de la Iglesia ortodoxa a la apertura de la ley griega de uniones civiles para las parejas del mismo sexo. Fue en diciembre de 2015, once meses después de la formación del Gobierno de Syriza y ANEL con Alexis Tsipras como primer ministro. La ley salió adelante en el Parlamento griego con un apoyo transversal de 194 votos a favor frente a 55 en contra.

Entre los que lamentaron esta reforma se encuentra el obispo metropolitano de Pireo, Serafín, que acusó a judíos y estadounidenses de promover la «agenda homosexual» en su país. Pero peor fue la reacción de Ambrosio, obispo metropolitano de Kalávrita y Egialea, que directamente hizo un llamamiento a la violencia contra los homosexuales: «Donde y cuando sea que se encuentren con esa gente: ¡Escúpanles! ¡Condénenlos! ¡Voten contra ellos!». Para el dirigente ortodoxo, las personas LGTB no son «humanos», sino «monstruos» que están «mental y espiritualmente enfermos». «No se acerquen a ellos. No los escuchen. No se fíen de ellos. Son unos parias de la sociedad», recomendaba en una entrada de su blog personal, que aún se puede leer.

El obispo fue absuelto en primera instancia, lo que provocó una oleada de indignación en la prensa y las redes sociales. La fiscalía recurrió la sentencia y un tribunal de tres jueces ha declarado a Ambrosio culpable de un delito de incitación al odio y de abuso de su posición. La sentencia, siete meses de prisión que serán conmutados por tres años de libertad condicional al carecer el delincuente de antecedentes. El fallo no es firme y los abogados del obispo han anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Supremo.

Ambrosio declaró a los medios a la puerta del juzgado que la ley que abrió las uniones civiles a las parejas del mismo sexo «legalizó la sodomía, va contra la palabra de Dios» y se mostró satisfecho de «ser perseguido por el amor a Cristo». El obispo es simpatizante del partido neonazi Amanecer Dorado, al que ha calificado de «esperanza para el pueblo». Además de su homofobia, ha hecho gala de su xenofobia: por ejemplo, cuando advirtió de la «desaparición» de Grecia a causa de la inmigración o la «esclavización» de los griegos a manos de los musulmanes. El arzobispo de Atenas y primado de la Iglesia ortodoxa griega, Jerónimo II, se ha intentado distanciar de Ambrosio asegurando que solo expresa «sus opiniones personales».

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Una vez más, Los gobiernos de Hungría y Polonia han impedido la aprobación de un documento de la Unión Europea que recoja la protección contra la discriminación de las personas LGTBIQ. En esta ocasión, al menos, otros 19 países han reaccionado de forma clara y han suscrito una declaración conjunta en la que se pide a la Comisión Europea que no dude a la hora de promover políticas efectivas de igualdad en esta materia. 

Ha sucedido este jueves. El Consejo de Ministros de la Unión Europea iba a aprobar un documento de conclusiones sobre la promoción de la igualdad de género en la era digital. El documento incluía una referencia a la necesidad de asegurar la no discriminación de colectivos juveniles vulnerables, mencionando expresamente a los jóvenes de bajo estatus socioeconómico; los jóvenes de minorias étnicas, como la gitana; jóvenes con discapacidades; jóvenes en el mundo rural; jóvenes de origen migrante y jóvenes LGTBIQ. La inclusión expresa de los jóvenes LGTBIQ encontró sin embargo la oposición de Hungría y Polonia. Austria, que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea, decidió retirarla en aras del «consenso» para así permitir la aprobación del documento, que requería unanimidad.

Por fortuna, el movimiento de la presidencia austriaca despertó en esta ocasión la indignación de varios países, encabezados por Holanda, cuyo ministro de Empleo y Asuntos Sociales, Wouter Koolmes, intervino para afirmar que no incluir al colectivo LGTBI en el texto del documento suponía un paso atrás inaceptable para su país. La firmeza holandesa fue secundada de inmediato por otros países, como Dinamarca, Malta, Portugal o España. Finalmente, La presidencia austriaca decidía volver al texto original. Lamentablemente, al carecer de unanimidad, este no pudo ser aprobado como conclusiones «del Consejo de Ministros», quedándose en «conclusiones de la Presidencia», que tienen un rango menor y carecen del carácter vinculante asociado a las conclusiones del Consejo. De esta forma fue aprobado por todos los países excepto por Hungría y Polonia.

La indignación que flotaba en el ambiente era tal que Malta propuso impulsar una declaración complementaria en la que los países signatarios se comprometían en firme a impulsar todos los esfuerzos necesarios en el seno de la Unión Europea para asegurar una protección completa de los derechos de las personas LGTBI, y el que pedían a la próxima Comisión Europea que implemente de forma coherente una estrategia en ese sentido. Este documento recibió el apoyo de 19 países. Además de Malta, el país impulsor, lo firmaron Alemania, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, la República Checa y Suecia. Destaca la ausencia en esta lista de la propia Austria. Otros países del Este de Europa que se mantuvieron en todo momento al margen de la discusión (aunque apoyaron el documento final de conclusiones de la presidencia austriaca) prefirieron quedarse al margen.

ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a numerosos colectivos lGTB de toda Europa, ha expresado su satisfacción por la reacción de los países que decidieron plantar cara a Hungría y Polonia. «Es tranquilizador ver a una mayoría de Estados miembro poniendo límites y pronunciarse de forma clara y rotunda sobre el hecho de que eliminar una referencia a las personas LGTBIQ como grupo protegido es inaceptable», ha expresado su directora ejecutiva, Evelyne Paradise. «Por decepcionante que sea el hecho de que no hayan podido ser adoptadas las Conclusiones del Consejo, la Unión Europea no puede ser rehén de dos países y obligada a desmantelar los estándares de no discriminación ya acordados», ha añadido su directora legal, Katrin Hugendubel.

Hungría y Polonia, punta de lanza contra los derechos LGTB

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Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Congreso de los Diputados, Dinamarca, eldiario.es, En Comú Podem, En Marea, España, FELGTB, Grecia, HazteOir, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, LGTBfobia, Malta, Noruega, Orgullo LGTB, Pablo Casado, Personas transgénero, Portugal, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos, UPN, World Pride, World Pride 2017

La Cámara de Diputados, el parlamento unicameral de Luxemburgo, aprobó el miércoles pasado un proyecto de ley que simplifica los trámites para modificar el nombre y el sexo legales. La norma, adoptada por abrumadora mayoría, permitirá la inscripción de los nuevos datos personales mediante una solicitud al Ministerio de Justicia y elimina el requisito de presentar informes psiquiátricos o someterse a tratamientos hormonales, intervenciones médicas y esterilización. En el caso de menores de edad, será necesario el consentimiento parental.

El texto aprobado coloca a Luxemburgo en el cada vez más numeroso grupo de países que incorporan a sus legislaciones el principio de autodeterminación de género. La nueva ley elimina de forma explícita la necesidad de haberse sometido a tratamientos médicos, operaciones quirúrgicas o esterilización. La persona interesada solo tendrá que enviar una solicitud motivada al ministerio de Justicia para reclamar la modificación del nombre y el sexo legal. Deberá justificar, eso sí, que utiliza la identidad de género especificada en su vida privada y laboral.

Para el cambio del nombre y el sexo legal de un menor de edad, sin embargo, será necesario el consentimiento de sus progenitores. Si hay desacuerdo decidirá un tribunal, salvo si se trata de un menor de cinco años, en cuyo caso siempre se tendrá que pronunciar la justicia. La norma también será aplicable a los extranjeros que hayan residido al menos un año en el país.

La tramitación del proyecto de ley, que presentó el Gobierno luxemburgués en mayo de 2017, se ha prolongado durante más de un año. Finalmente, la Cámara de Diputados le ha dado luz verde por 57 votos a favor frente a tres en contra, los de los representantes del derechista Partido Reformista de Alternativa Democrática (ADR). Las formaciones de la coalición de Gobierno entre liberales, socialistas y verdes han sumado también el apoyo de los democristianos y la izquierda anticapitalista.

Por delante de España

La nueva normativa coloca a Luxemburgo por delante de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura, como antes ya suciedese con  Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica, Noruega, o Portugal,  en Europa. En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

En España sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.

En el Congreso se presentó una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso , si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos en agosto, y la proposición sigue sin ser aprobada.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registró en pasado marzo, también en el Congreso, una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta de los «morados» contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.

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Gay Pride | Foto: Wavebreakmedia Ltd/Wavebreak Media/Thinkstock

Además de Polonia, otros países europeos, como Italia, Grecia, Lituania y Rumanía celebran el Orgullo LGBT defendiendo diferentes reivindicaciones en función de las respectivas legislaciones de cada país.

Si bien el Día Internacional del Orgullo LGBT es el 28 de junio, la mayoría de los países desplazan su celebración al primera sábado anterior o posterior a esa fecha o incluso en otras fechas relevantes en sus respectivos países para hacerlo coincidir con otras efemérides locales de acontecimientos relevantes para el colectivo en sus respectivas comunidades. Además de Polonia, el pasado sábado, 9 de junio, también en otros países europeos, como Italia, Grecia, Lituania o Rumanía, se celebra el Orgullo LGBT congregando a miles de manifestantes.

«Es muy importante que estemos aquí, porque tenemos que responder y demostrar que no es cierto que no existamos. Somos personas que pueden tener familias, y cuando decimos familia, todo lo que queremos decir es amor», declara un activista en Roma, donde miles de personas salen a las calles a manifestarse en favor de las familias homoparentales pocos días después de que el nuevo ministro de familias de Italia, Lorenzo Fontana, desatara la controversia al declarar que las familias homosexuales no existen legalmente. El nuevo gobierno de coalición que ha asumido el poder en Italia a principios de este mes incluye a Liga Nacionalista, un grupo de ultraderecha de larga tradición antigay.

Si bien las uniones civiles son legales en Italia desde 2016, lo cierto es que aún no disfrutan de los mismos derechos que las parejas heterosexuales, como por ejemplo acceder a tratamientos de fertilidad. «Hemos estado juntos durante 11 años y queríamos formar una familia, así que nos fuimos al extranjero, a Las Vegas. Regresamos a casa con ella y el estado no reconoce nuestra existencia», declara Simone, que junto con su pareja, Raffaele, tienen una hija de 14 meses, pero a pesar de pagar los mismos impuestos que las parejas de distinto sexo, siguen sin tener los mismos derechos.

En Bucarest, alrededor de 3000 personas celebran la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que gracias a su decisión de que un ciudadano rumano, Adrian Coman, tiene el derecho de vivir en su propio país con su esposo, Claibourn Robert Hamilton, ciudadano estadounidense con el que habría contraído matrimonio legalmente en los Estados Unidos, teniendo los mismo derechos que cualquier otro matrimonio de distinto sexo. Gracias a esta sentencia del tribunal europeo, las parejas del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho a vivir en cualquier estado miembro, sea cual sea que sea su nacionalidad, incluso en países que no reconocen el matrimonio homosexual, como sucede en Rumanía. «Clai y yo somos dos personas que no aceptamos la discriminación. Si más de nosotros hiciéramos lo mismo, el mundo sería mejor», declara Coman en la manifestación del orgullo de Bucarest.

Una asociación de policías LGBT se une a los miles de manifestantes que se congregan en la que es la 14.ª edición del orgullo en Atenas. Desde que se formara el Gobierno actual, en 2015, Grecia ha extendido las uniones civiles a las parejas del mismo sexo, autorizado el cambio de sexo de menores desde los 15 años de edad y permitido que los menores puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo.

«Letonia ocupa el último lugar en la Unión Europea en lo que respecta a los derechos de las personas LGBT. No hay protección contra los crímenes de odio, ni respeto por las personas trans, por eso creemos que este problema es muy urgente», declara Kaspars Zalitis, uno de los organizadores del que se ha denominado como el desfile del «Orgullo báltico» en Riga, incluyendo en su celebración a integrantes de la comunidad LGBT de países como Estonia y Lituania, que tuvieron que soportar las protestas de un grupo de 30 miembros de un grupo de derecha antes del inicio del desfile que protestaban contra «la promoción de la homosexualidad».

Fuente Universogay

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ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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Tinta Bruta, dirigida por Marcio Reolon y Filipe Matzembacher, se ha alzado con el Teddy 2018, el galardón que la Berlinale concede a la mejor película de temática LGTB presentada en cualquiera de sus secciones. La película brasileña recoge el cetro de Una mujer fantástica, que ganó ese mismo galardón el año pasado. No es el único reconocimiento que la cinematografía brasileña recibe, ya que el documental Bixa Travesty, de Claudia Priscilla y Kiko Goifman, se ha hecho con el Teddy al mejor documental. Otra de las películas premiadas, Obscuro Barroco, homenajea además la figura de la activista transgénero brasileña Luana Muniz, fallecida el año pasado. 

Tinta Bruta cuenta la historia de Pedro (personaje interpretado por Shico Menegat), un joven homosexual de Porto Alegre que, bajo el pseudónimo de NeonBoy, gana un dinero exhibiéndose a través de webcam mientras embadurna sensualmente su cuerpo con tinta fluorescente. Tímido y sin amigos, marcado por el acoso escolar y enfrentado a la decisión de su hermana -con la que compartido su vida hasta ahora- de independizarse, Pedro descubre que tiene un imitador…

Bixa Travesty, por su parte, es un documental que retrata la figura de la artista Linn da Quebrada, mujer negra y transgénero de la periferia pobre de São Paulo. Como bien explica la reseña de la película en la web de los Premios Teddy, “una mujer con pene, cuya identidad de género no está ligada a los genitales” que ha encontrado, a través de la música y de sus performances una forma de reivindicar, con orgullo y sin tapujos, la realidad de su comunidad.

Brasil: un país con una fortísima LGTBfobia social

El hecho de que Tinta Bruta y Bixa Travesty se hayan hecho con los dos principales galardones de los Teddy es significativo, especialmente si se tiene en cuenta que las películas proceden de un país, Brasil, con un altísimo grado de LGTBfobia social, que además va en aumento. Según datos del Grupo Gay de Bahía, entre enero y septiembre de 2017 un total de 277 personas LGTB fueron víctimas de homicidio en ese país, la cifra más alta desde que este colectivo comenzó hace ya más de tres décadas a hacer este recuento.

Un deterioro al que también nos hemos referido en fechas recientes al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología (el organismo que regula el ejercicio de esta actividad profesional en Brasil) que prohibía desde hace años las “terapias” reparadoras de la homosexualidad.

No debe perderse de vista el papel que la pujanza de los grupos evangélicos está jugando. A finales de 2016 Marcelo Crivella, un obispo evangélico con historial homófobo, se hacía con la alcaldía de Río de Janeiro. Y en estos momentos Jair Bolsonaro, un homófobo recalcitrante que pese a ser católico defiende sin tapujos la agenda conservadora del frente parlamentario evangélico (transversal a diversos partidos políticos) ha conseguido colocarse entre los favoritos para hacerse con la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar en octubre de este año. Unas elecciones que tienen lugar, recordemos, después de un periodo de profunda regresión política tras la polémica destitución de Dilma Rousseff y su sustitución por el conservador Michel Temer.

Otros galardones

Los de las dos cintas brasileñas no han sido los únicos galardones del palmarés de los Teddy. La británica Three Centimetres, de Lara Zeidan, ha obtenido el Teddy al mejor cortometraje. Ambientada en Líbano, recoge la animada conversación que cuatro amigas mantienen en la cabina de una noria… y que sufre un abrupto giro cuando una de ellas cuenta a las otras que tiene novia. Retablo, una coproducción peruano-alemano-noruega dirigida por Álvaro Delgado ha obtenido el Teddy L’Oreal, dedicado a premiar a nuevos talentos. Recoge la relación entre Noé, un artesano que hace retablos, y su hijo Segundo, un adolescente deseoso de conocer el mundo más allá del estrecho límite que le marca su padre.

La paraguaya Las Herederas, de Marcelo Martinessi, se alzó con el Teddy especial de los lectores, concedido por la revista gay Mannschaft. Cuenta la historia de Chela, una mujer que debe enfrentarse a una nueva vida tras el encarcelamiento de su pareja, Chiquita, que siempre ha sido la que ha llevado la iniciativa, por una cuestión de deudas. Cabe destacar que la actriz que da vida a Chela, Ana Brun, se ha alzado con el Oso de Plata a la mejor interpretación femenina de la Berlinale.

Y volvemos finalmente a Brasil, porque la película franco-griega Obscuro Barroco, finalmente, se ha hecho con el Teddy especial del jurado. Dirigida por Evangelia Kranioti, la película retrata la figura de otra destacada activista transgénero (y trabajadora del sexo) brasileña, Luana Muniz, fallecida el año pasado.

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El Tribunal Supremo de Grecia sentenció el pasado jueves en contra de Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis, una pareja del mismo sexo a la que casó el alcalde de la isla de Tilos en junio de 2008. Tasos Aliferis defendió entonces su decisión de celebrar el enlace por un vacío en la ley, que no especificaba que los contrayentes tuvieran que ser de diferente sexo. El matrimonio ya fue anulado en primera instancia, pero la pareja recurrió ante el Tribunal Supremo, que les ha dado un nuevo varapalo. Pero Katsagiannis y Tsambrounis no se rinden y ya han anunciado que están estudiando recurrir a la justicia europea.

Lo recogíamos entonces: en junio de 2008 tenían lugar las dos primeras bodas entre personas del mismo sexo en Grecia. Tassos Aliferis, alcalde de la isla de Tilos en el mar Egeo, celebró las uniones con el argumento de que la ley sobre el matrimonio civil adoptada en 1982 no precisa que las bodas tengan que ser necesariamente entre personas de sexos opuestos. Se trataba de Katsagiannis y Tsambrounis y de una pareja de mujeres.

Varias horas después de la ceremonia, el fiscal de Rodas, que también tiene jurisdicción sobre Tilos, señalaba la nulidad de las bodas y pedía al alcalde que no las inscribiera en el registro civil. El fiscal también abrió una investigación preliminar por una presunta “falta de responsabilidad” del alcalde. “No hay marco legal que autorice matrimonios homosexuales en Grecia (…) la ley concierne clara y exclusivamente a las parejas heterosexuales”, reaccionaba también Sotirios Hatzigakis, el entonces ministro de Justicia del Gobierno conservador de Nueva Democracia, al calificar los enlaces de “ilegales e infundados”.

En 2012, Katsagiannis anunciaba su intención de llevar al Tribunal Supremo la anulación de su matrimonio con Tsambrounis. En caso de ser rechazada su petición, como ha ocurrido, ya avanzaban también la opción de acudir a la justicia europea. Su motivación principal, la de incrementar la concienciación de la sociedad griega sobre la igualdad LGTB: “Hasta que nos casamos, las relaciones entre personas del mismo sexo no eran realmente un asunto en las mentes de la gente”, mientras que a partir de entonces, se abrió el debate que culminó, por ahora, en la apertura de las uniones civiles a todas las parejas bajo el Gobierno de Alexis Tsipras en diciembre de 2015.

Ahora, el Supremo griego ha confirmado la anulación del matrimonio por considerarlo contrario a la legislación del país, que según los jueces “refleja la moral y los valores sociales y las tradiciones del pueblo griego, que no apoya la legalización del matrimonio para las parejas homosexuales”. El alto tribunal recomienda a la pareja contraer una unión civil, figura en la que no hay distinciones entre las parejas del mismo o de distinto sexo, aunque confiere un reconocimiento inferior al del matrimonio. Los demandantes no se dan por satisfechos con el fallo y ya han expresado su disposición a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que ya han salido varias sentencias favorables a la igualdad LGTB. Estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alexis Tsipras, Dimitris Tsambrounis, Discriminación, Grecia, Homofobia, Matrimonio, Nueva Democracia, Rodas, Sotirios Hatzigakis, Tassos Aliferis, Themis Katsagiannis, Tilos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Supremo (Grecia), Uniones Civiles