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Hospitalidad.es: España no es país para refugiados (ni quiere serlo).

Martes, 3 de octubre de 2017
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Hospitalidad.es constata la “falta de voluntad política y liderazgo del Gobierno español”

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Las personas que llegan a España huyendo de guerras, conflictos armados y violencia ya han sufrido terriblemente. Tienen derecho a ser recibidos con dignidad y respeto a sus derechos

(Hospitalidad.es).- Desde hace dos años se viene produciendo la mayor llegada de personas refugiadas a Europa desde la II Guerra Mundial, muchas de ellas familias sirias huyendo de la guerra, pero también personas procedentes de Irak, Eritrea, Venezuela o El Salvador.

En verano de 2015, la elevada cifra de llegadas a Grecia e Italia desbordó la capacidad de acogida de estos países y planteó la necesidad de una respuesta a nivel europeo. Tras mucho debate interno, se acordó la distribución equitativa entre los distintos países en dos años de 160.000 refugiados que estaban en Italia y Grecia, una cifra muy pequeña, pero que suponía un primer paso en la dirección de una respuesta conjunta y solidaria de la Unión Europea.

España asumió el compromiso de acoger a 17.337 refugiados de las cuotas europeas de reubicación y reasentamiento. Sin embargo, transcurridos los dos años de plazo, España ha incumplido su compromiso. Sólo ha reubicado a 1.983 refugiados (11%). El resto, siguen esperando en los hotspots de Grecia e Italia, y cientos de miles de personas más son retenidas en las fronteras exteriores de la Unión Europea mientras los gobiernos avanzan en las políticas de externalización y cierre de fronteras por medio de acuerdos con terceros países que difícilmente pueden ser calificados de seguros como Libia, Turquía, Líbano, Níger o Chad.

hosp2Durante estos dos años, hemos constatado la falta de voluntad política y liderazgo del Gobierno español para cumplir con los acuerdos de reubicación y reasentamiento. Pero hay más. El incumplimiento de las cuotas europeas por parte de España va parejo con el deplorable comportamiento de nuestro país en otros ámbitos de asilo.

Las personas refugiadas no solo llegan por la vía de las cuotas, muchas llegan directamente a España por sus propios medios. Las llegadas en patera a las costas españolas o a través de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla continúan aumentando conforme las rutas del mediterráneo central y oriental se hacen más impracticables e inseguras.

En 2015 llegaron a España 14.600 solicitantes de asilo, 15.570 en 2016 y este año 2017 las previsiones son que se duplicará esa cifra. Para muchos, España es solo país de tránsito hacia otro país europeo, pero la normativa europea obliga a los solicitantes de asilo a solicitar la protección en el país europeo al que llegan. Las devoluciones de solicitantes de asilo a España desde otros países europeos son diarias. Sin embargo, a su llegada, estas personas quedan fuera del sistema de acogida, muchas veces en la calle, porque el Gobierno entiende que  al salir de España renunciaron a los derechos de acogida. La desprotección de estas personas es palmaria, pudiendo verse fácilmente abocadas a la exclusión.

Además, el sistema de asilo español tiene una capacidad extremadamente reducida que se muestra, entre otros, en los siguientes aspectos:

La primera fase del sistema de acogida (que puede extenderse hasta seis meses) solo cuenta con 5.000 plazas, a todas luces insuficiente en el contexto de crisis humanitarias y personas refugiadas que vivimos. Actualmente, a quienes solicitan asilo no se les da plaza en el sistema de acogida hasta que tienen la entrevista de asilo, que llega a demorarse durante varios meses y, en muchos casos, ni siquiera entonces se les da plaza. El resultado es que muchos solicitantes de protección quedan  en la calle, a pesar de que el manual de gestión del sistema de acogida estipula que: “se considera solicitante de protección internacional a la persona que desee solicitar protección internacional en España y esté pendiente de formalizar su solicitud de asilo” por lo que desde ese momento debe poder acceder a la protección y derechos como solicitantes de asilo.

Pasividad y demora en la tramitación de expedientes a solicitantes de asilo. La tramitación de los expedientes de protección internacional se demora de manera sistemática más allá del plazo de los seis meses establecidos en la Ley. Todo parece indicar que la línea que se quiere seguir es la de mantener a las personas como meros solicitantes de asilo sin resolver su situación, elevando la cifra de expedientes a un número récord.

La reducida capacidad de la Oficina de Asilo y Refugio para hacer frente a las necesidades de los de solicitantes de protección. Con capacidad para atender a 100 personas al día, se forman enormes colas para cualquier gestión (hay gente esperando desde las 6.30 de la mañana y antes de abrir las colas ya superan las 200 personas).

 Todo ello hace de España un país al que los refugiados no desean venir, perciben que no son bienvenidos. No les falta razón. La debilidad y el mal funcionamiento de nuestro sistema de asilo desincentivan la llegada de refugiados y revelan falta de voluntad política para cumplir los compromisos internacionales y nacionales en la materia.

Ante una situación excepcional de personas refugiadas en las fronteras de Europa, desde la campaña Hospitalidad.es solicitamos al Gobierno de España:

Que cumpla con los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea en relación con las cuotas de reubicación desde Italia y Grecia a la mayor brevedad.

Que promueva activamente más vías de acceso legales y seguras para las personas refugiadas (reasentamiento, visados humanitarios, agilizar y flexibilizar la reunificación familiar, visados de estudiantes, visados por motivos médicos, patrocinios privados…)

Que amplíe las plazas de acogida del sistema español.

Que revise el sistema de acogida para mejorar sus resultados en términos de integración social de las personas refugiadas en nuestro país.

Que refuerce significativamente la política de Cooperación internacional al Desarrollo. Los países vecinos a los conflictos son los que acogen a la inmensa mayoría de las personas refugiadas. Sin embargo, la Ayuda Oficial al Desarrollo española ha sufrido significativos recortes en estos años y el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria está en mínimos históricos.

La Ayuda Humanitaria asegura una protección vital básica y la cooperación al desarrollo facilita la integración social de los refugiados, apoyando los servicios sociales de los países receptores.

Las personas que llegan a España huyendo de guerras, conflictos armados y violencia ya han sufrido terriblemente. Tienen derecho a ser recibidos con dignidad y respeto a sus derechos. Las entidades y personas que integramos la Campaña Hospitalidad.es estamos dispuestas a comprometernos en primera persona para que se lleven a cabo las iniciativas propuestas más arriba. Sin embargo, debemos recordar que la responsabilidad principal de protección de refugiados y migrantes recae en los Estados y que España no está dando una respuesta adecuada.

Hospitalidad.es

26 de septiembre de 2017

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El Gobierno de España llega a un acuerdo con la Junta de Andalucía y no recurrirrá ante el TC la Ley de transexualidad

Jueves, 21 de mayo de 2015
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827565_1Susana Díaz, Presidenta de la Junta de andalucía en funciones, con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro

El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que considera “resueltas” las “discrepancias” sobre varios artículos de la Ley integral para la no discriminación por motivos de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales que aprobó el Parlamento andaluz en junio de 2014 por unanimidad de todos los grupos políticos y, en consecuencia, renuncia a recurrir dicha norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

Ambas administraciones acordaron el pasado 15 de octubre designar un grupo de trabajo para poner solución a dichas “discrepancias” en el seno de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía que ha cerrado sus trabajos con acuerdo el pasado 26 de marzo.

El acuerdo, suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia en funciones, Manuel Jiménez Barrios, da por “solventadas” las discrepancias existentes sobre el alcance de artículos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la “identidad de género manifestada” por las personas transexuales; el reconocimiento del derecho de los menores “con disconformidad de su identidad de género” a “utilizar libremente el nombre que hayan elegido” o la inclusión en la “cartera básica de servicios” sanitarios de tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad de género.

Así, el acuerdo establece que “el sistema sanitario público de Andalucía garantizará el acceso a la cartera de servicios existentes a todas las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley y con derecho a dicha asistencia sanitaria, conforme a su identidad de género”, así como que “considerará en su cartera de servicios complementarios, dentro del marco de sus competencias, los tratamientos que tiendan a la modulación del tono y timbre de la voz, por cuanto no constituyen para las personas transexuales una cuestión estética o cosmética, sino su correspondencia y adecuación a su identidad de género“.

También han acordado una interpretación coincidente de la norma por la que se determina que “la disposición reglamentaria que establezca el procedimiento de acreditación velará porque se mantenga la debida separación entre el nombre del Registro Civil y el nombre elegido por razones de identidad de género, de tal forma que la acreditación de dicha identidad de género se entienda exclusivamente a los efectos de la propia Ley y en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía“.

Con los términos de este acuerdo, Gobierno y Junta coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas” y dar por “concluida la controversia planteada”, con lo que se descarta la posibilidad de recurrir ante el TC.

Fuente Cáscara Amarga

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La Alianza de Plataformas de VIH y Sida denuncia el abandono del Gobierno a la respuesta al VIH y el sida

Sábado, 29 de noviembre de 2014
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sida-mayoCritican que “el actual Gobierno impide que los cauces de participación sean fluidos, deslegitimando a la sociedad civil e imponiendo una visión única en la respuesta al VIH y al sida”.

Expertos plantean incrementar los test de VIH para ayudar al diagnóstico precoz.

Primer seguro médico con cobertura para personas que viven con el VIH.

Campaña machista contra el VIH en Argentina

#weareALLclean: un ‘selfie’ bajo la ducha para luchar contra el sida

Dos ambulatorios de Barcelona ofrecen de manera confidencial el test rápido de VIH

Intentarán reproducir el único caso de curación del VIH

Con motivo del 1 de diciembre, Día Mundial del Sida, la Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español quiere denunciar la falta de estrategia clara para el abordaje de la respuesta al VIH, al sida y a otras ITS por parte del Gobierno, que la está sometiendo a un paulatino deterioro y abandono. Esta falta de voluntad política y liderazgo pone en peligro los avances alcanzados durante los últimos 30 años.

A juicio de la Alianza, el Plan Nacional sobre el Sida (PNS) ha dejado de ejercer su papel de liderazgo estatal que tenía antes de su reestructuración en 2012, cuando perdió peso político dentro del organigrama del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), sufriendo una descapitalización económica y humana, y paralizando numerosas estrategias e intervenciones de educación, investigación, prevención, vigilancia epidemiológica y atención sanitaria.

Las recomendaciones internacionales establecen que sin la participación de la sociedad civil, muchas de las estrategias y de los objetivos previstos por los países y la comunidad internacional para responder al VIH son inalcanzables, puesto que la experiencia, capacidad, compromiso, trayectoria y proximidad de las ONG a las poblaciones más vulnerables son de suma importancia para la formulación de la política nacional y para el desarrollo más fuerte de los sectores de la salud.

Sin embargo, el actual Gobierno no sólo impide que los cauces de participación sean fluidos, tampoco tiene en cuenta las propuestas de las organizaciones como demuestra la reciente publicación del “Plan Estratégico de prevención y control de VIH y otras ITS 2013-2016”, tras dos años de retraso y en el que el Ministerio se ha negado a incorporar la visión de las ONG y sus propuestas más esenciales.

Julio Gómez, representante de la Alianza, destaca que “todo el proceso de aprobación del Plan Estratégico muestra la falta de voluntad y de capacidad del Ministerio para la respuesta al VIH. Es sorprendente que el Plan, que no se ha publicado hasta hace pocos días en la web del Ministerio, refleje que se aprobó en diciembre de 2013, cuando no tuvimos la primera versión completa hasta el mes de marzo de 2014. Además, no nos vemos reflejados en ese Plan, por lo que, como en otros documentos, solicitaremos la retirada de nuestros nombres de los créditos del Grupo Revisor”.

La Alianza valora que la gestión que hace el gobierno de la relación con la sociedad civil, representada formalmente a través del COAC (Comité Asesor y Consultivo de ONG de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del sida), impide su efectivo funcionamiento como órgano de representación, consulta y conocimiento técnico y presupuestario para la sociedad civil tal como describe su protocolo.

Por todo ello, la Alianza de Plataformas del VIH y el sida del Estado Español exige al Gobierno Español y al MSSSI:

Que se constituya de nuevo la SPNS y que se dote de los recursos económicos y personales adecuados para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las políticas de prevención, asistencia e investigación relacionadas con el VIH, el sida y otras ITS, así como que se consigne explícita e inequívocamente en los Presupuestos Generales del Estado los recursos económicos destinados para su funcionamiento y actividad.

Que la participación de la sociedad civil en las políticas relacionadas con el VIH se defina de acuerdo a las recomendaciones internacionales que señalan esta colaboración como prioritaria. Para ello, el gobierno debe garantizar la participación eficaz y efectiva de la sociedad civil, y en particular, de las personas con VIH, en todos los aspectos de la respuesta nacional desde la prestación de servicios a la planificación y análisis de políticas y presupuestos asignados.

Montserrat Pineda, representante de la Alianza, afirma que “queremos trabajar con el Gobierno, coordinarnos, avanzar en la respuesta al VIH y al sida, pero vemos cómo el trabajo de tantos años se resquebraja por la falta de interés y consideración del Ministerio de Sanidad”.

Juan Ramón Barrios, representante de la Alianza, lamenta que “sin una estrategia clara, sin capital económico y humano, sin escuchar a quienes llevamos trabajando en esto muchos años y representamos las demandas de las personas afectadas, la respuesta al VIH está abocada al fracaso. Necesitamos que el Gobierno se tome en serio sus responsabilidades al respecto”.

Fuente FELGTB

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