El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se desarrollarán los acuerdos alcanzados en junio por los sindicatos, la patronal, Trabajo y entidades LGTBI+ como la Federación Estatal LGTBI+ 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) aplaude la aprobación del Real Decreto por el que se desarrollará el Conjunto Planificado de medidas relativas a la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, este martes, al decreto que formaliza el acuerdo suscrito el pasado junio por los sindicatos, la patronal, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y entidades LGTBI+, como la Federación Estatal LGTBI+; Fundación Triángulo; COGAM y Fundación 26 de diciembre.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, señala que “se trata de otro hito histórico alcanzado en favor de los derechos del colectivo”. “Esta medida mejorará la vida de miles de personas LGTBI+ porque contribuirá a la generación de espacios seguros libres de LGTBIfobia en los entornos laborales. En esos en los que tantas horas pasamos y que tan importantes son para garantizarnos una vida digna” recuerda.

Además, incide en que “volvemos a ser vanguardia, porque este paso histórico convierte a España en el primer país del mundo en legislar para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral”.

Agradecemos a Trabajo que el Real Decreto haya incluido las reivindicaciones trasladadas por los colectivos LGTBI+

Sangil, que dejará su cargo como presidenta de Federación el próximo 20 de octubre tras el X Congreso de la Federación Estatal LGTBI+, asegura que “este paso es un motivo más para dejar mi última y segunda legislatura consecutiva orgullosa de los logros compartidos”.

“Agradecemos a Trabajo que el Real Decreto haya incluido las reivindicaciones trasladadas por los colectivos LGTBI+. No obstante, insistimos en la necesidad de concretar y aprobar, el protocolo para el acompañamiento laboral a las personas trans al que la ministra se comprometió en el Orgullo 2024, a petición del activismo LGTBI+”, manifiesta.

El Real Decreto aprobado este martes incluye la obligatoriedad para las empresas de disponer de cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en los convenios colectivos; medidas para garantizar un acceso al empleo sin discriminación; mandatos de criterios para la clasificación y promoción profesional que no supongan discriminación directa o indirecta; medidas de sensibilización y formación; un protocolo de actuación para la atención del acoso y la violencia contra las personas LGTBI; acceso a los derechos laborales de todas las familias LGTBI+ e infracciones y sanciones contra comportamientos discriminatorios o que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual.

NOTA. Conjunto planificado de medidas -OCT 2024

Fuente FELGTBI+

🏛 Las empresas deberán a contar un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

📍 Las empresas con más de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a llevar acabo estas medidas pic.twitter.com/v9mvfVDUP4

— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 8, 2024

‼️ La formación será clave.

Los planes de formación incluirán módulos específicos sobre los derechos de las personas LGTBI en el trabajo, con especial incidencia en la igualdad de trato y en la no discriminación.

La formación irá dirigida a toda la plantilla. pic.twitter.com/As0TXrXj5A

— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 8, 2024

🏛 La comisión negociadora de las medidas deberá constituirse, con carácter general, dentro de los tres meses siguientes de la entrada en vigor de la norma y de seis meses si no cuentan con convenio colectivo. pic.twitter.com/wnuXElGtFt

— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) October 8, 2024

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El Centro Canario de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ estará en las instalaciones de la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado que se va destinar este año 100.000 euros a comenzar a dotar de contenido el que será su centro de interpretación

El Cabildo de Fuerteventura y el colectivo ALTIHAY han dado a conocer al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el proyecto del Centro Canario de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ en las instalaciones del Albergue Juvenil de Tefía.

El Gobierno va a reconocer formalmente como Lugar de Memoria a la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, “el símbolo” de la represión franquista contra las personas del colectivo LGTBI, el lugar donde se sometía a años de trabajos forzados a personas solo por su orientación sexual.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se ha desplazado este viernes hasta esa localidad del municipio de Puerto del Rosario para anunciar que ya está en trámite la protección de Tefía bajo esa figura y también que el Gobierno de España va destinar este año 100.000 euros a comenzar a dotar de contenido el que será su centro de interpretación.

La presidenta del Cabildo, Lola García, y el vicepresidente, Blas Acosta, junto a otras personalidades públicas, recibieron al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su visita a la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía que se ubicaba en dichas instalaciones.

Lola García agradeció la visita del ministro “para conocer uno de los proyectos importantes que va a convertir a Fuerteventura en referente de la Memoria Histórica LGTBIQ+ de la mano de ALTIHAY con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura y otras instituciones”.

La presidenta de la Corporación insular afirmó que “estamos seguros de que, después de conocer el proyecto, se establecerán convenios para contribuir a que sea una realidad y ya hemos conseguido el apoyo económico del Ministerio para que este Centro de Interpretación esté cada vez más cerca y así recordar a las víctimas que durante mucho tiempo fueron perseguidas por la Ley de Vagos y Maleantes, y, especialmente, a las que fueron recluidas en estas instalaciones durante once años”.

Según ha explicado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, “estamos en un espacio que fue de reclusión, de ignominia y de vergüenza que se va a convertir en un lugar de memoria conforme a la Ley de Memoria Democrática del año 2022, con todas las instituciones volcadas en que así sea.”

El ministro también anunció que “en el presupuesto del Gobierno de España del presente año 2024 se van a habilitar 100.000 euros para que se inicie el proyecto y de esta forma las próximas generaciones conozcan y valoren que lo que verdaderamente es delito es considerar delito la libertad sexual”.

Monumento inaugurado en 2008.

Torres ha agradecido a Altihay, el colectivo LGTBI de referencia en la isla de Fuerteventura, que haya impulsado este reconocimiento para Tefía, porque cree necesario que las nuevas generaciones sepan que allí la dictadura de Franco “marginó y sometió a trabajos forzados a personas solo por ese hecho”, por ser homosexuales.

“Es importante que no se olvide para que nunca más se repita, para hacer ver al resto de España, cuando algunas regiones derogan su Ley de Memoria Democrática, que estoy en una comunidad con distintos colores políticos (en los cabildos insulares y gobierno autonómico), pero en la que no hay fisuras para estas cuestiones”, ha señalado.

El ministro ha recordado que el franquismo reformó la Ley de Vagos y Maleantes el 15 de julio de 1954 para perseguir como delincuentes a los homosexuales, que habían sido libres de amar a quien quisieran durante la República, y que la colonia de Tefía se creó “exclusivamente” para condenarlos a trabajos forzados, a picar piedra y roturar terrenos en una instalación agrícola que en realidad fue “un campo de concentración”.

“Este es el centro emblemático de reclusión, de concentración, que un régimen totalitario imponía a quienes eran condenados por amar a personas de su mismo sexo. Aquí vinieron homosexuales de Canarias, pero también del resto de España”, ha añadido

El ministro ha subrayado que los jóvenes “tienen que entender, apreciar y defender lo que significa poder tener matrimonios del mismo sexo, legales, con los mismos derechos, y saber que eso es un logro de la democracia”, una conquista, ha continuado, que “está en riesgo por la amenaza del totalitarismo, de los mensajes de aquellos que intentan recuperar lo peor de nuestra historia”.

(Fotograma de la película Las Noches de Tefía)

“Sería un error olvidarlo, pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es reconocer a las personas que aquí sufrieron aquella ignominia”, ha concluido.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Fuerteventura y ALTIHAY, a través de la Consejería de Acción Social, Diversidad, LGTBIQ+, en colaboración con el resto de las administraciones, instituciones, entidades y colectivos se vienen coordinando las acciones necesarias para materializar este Centro de Interpretación.

Tanto el consejero de Acción Social, Diversidad y LGTBIQ+, Víctor Alonso, como el consejero de Juventud, Adargoma Hernández, esperan que el espacio sirva de reclamo para todas aquellas personas que quieran conocer la historia, manteniendo vivo el movimiento LGTBIQ+ en Fuerteventura y Canarias. Esta colaboración es esencial para asegurar la preservación de la memoria histórica y los valores fundamentales de igualdad y respeto en nuestra sociedad, según informa un comunicado.

Fuente Agencias/RTVC

General, Historia LGTBI Altihay, Angel Víctor Torres, Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, España, Franquismo, Fuerteventura, Gobierno de España, Historia LGTBIQ+, Homofobia/Transfobia, Memoria Histórica, Tefía

Representantes sociales han señalado el pasado lunes 29 de enero, que los discursos de odio emanan en delito y han pedido “políticas reales de prevención” en el acto Discursos de Odio, un riesgo para la democracia, celebrado en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados. Por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Sumar han apuntado que este tipo de mensajes pertenecen a “unas siglas determinadas“.

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Con un acto inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo

“Es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante”

“Fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos”

El PSOE apunta a “hombres blancos” entre 26 y 40 años

Las ONG firmantes del Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables y los grupos parlamentarios PP, PSOE, Sumar y Podemos han dado, este lunes (29 de enero), los primeros pasos de trabajo institucional para la creación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio que proteja a los colectivos en situación de vulnerabilidad del odio que se vierte desde las instituciones públicas y las redes sociales.

En el acto, inaugurado por la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, han intervenido representantes de la Federación Estatal LGTBI+; CCOO, CESIDA, SEDOAC y Fundación Secretariado Gitano, así como de PP, PSOE, Podemos y Sumar. Durante sus intervenciones, los colectivos sociales han contado en primera persona el impacto sobre los grupos vulnerables de los discursos de odio y los partidos políticos han debatido sobre cómo abordar políticamente la lucha contra estos discursos.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, que ha apuntado que la acción contra los discursos de odio “no puede quedarse en un mero ejercicio de control y eliminación de los episodios puntuales que surjan“, sino que “debe tener el calado suficiente para llegar a la raíz de un problema complejo y estructural“, así como “una vocación transformadora y de permanencia“.

Además, ha recalcado la importancia de “asegurar la protección y la reparación del daño de la víctima“. En este punto, ha indicado que es preciso “perseverar en la construcción de una cultura y un discurso de paz, de no discriminación“.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, pidió el pasado jueves 25 de enero en la comisión de Igualdad, que se celebró en el Congreso, un “acuerdo de país” contra los discursos de odio hacia las personas y colectivos “más vulnerables“. “Un acuerdo para reforzar el consenso social y político de rechazo a los discursos de odio hacia los distintos grupos en situación de vulnerabilidad social que informe y proteja a las víctimas de la discriminación“, matizó. De esta forma, se daría cumplimiento al acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Sumar, que recogía la firma de un pacto de Estado, similar al de la violencia de género.

En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, ha recordado que “es fundamental frenar los discursos de odio ya que construyen una sociedad intolerante, con más violencia, con más odio, una sociedad mucho peor, en la que no queremos vivir.”. “Se trata de mensajes que atentan directamente contra los valores democráticos y contra los derechos humanos. Perjudican seriamente la cohesión social y la calidad de vida de muchas personas. Son el odio por el odio”, denuncia, y ha pedido “compromiso” a los grupos parlamentarios, así como “políticas reales de prevención del discurso de odio” y “que se pongan a trabajar ya”, que “no demoren”. Además, ha destacado la necesidad de un Pacto de Estado para las personas LGTBI, que “defienda” la “dignidad” y la “salud” del colectivo.

Por su parte, Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, ha subrayado que las discriminaciones estructurales “se pueden combatir desde las leyes cuando el tejido social se escucha por el Parlamento y por los gobiernos”. En esta línea, ha señalado que “sólo colectivamente se transforma la sociedad“. En todo caso, ha apuntado que se tiene que intervenir, no solamente en los medios de comunicación y en las grandes empresas digitales, sino también “en el consenso de los gobiernos y quien puede legislar”.“Es fundamental erradicar el odio del espacio público e incidir, además, especialmente en los entornos laborales”. Así, ha añadido que “los discursos de odio se traducen en discriminaciones en el acceso al empleo y situaciones de acoso y violencia en los trabajos que es imprescindible combatir”.

Asimismo, Carmen Martín, secretaria de Cesida, advierte de la necesidad de este Pacto, “ya que los discursos de odio no solo fomentan la serofobia, xenofobia, homofobia y transfobia, sino que también fomentan la desigualdad que lleva a una vulneración de derechos y, por lo tanto, afecta a la calidad de vida de estas personas”.

En la misma línea se ha manifestado la tesorera de la Asociación de Mujeres Empleadas de Hogar y Cuidados (SEDOAC), Edith Espinola, quien ha recalcado que este tipo de mensajes “generan muchísimo dolor, angustia, baja autoestima“. Asimismo, ha criticado los estereotipos que sufren los migrantes en España. “No es igual venir de la comunidad musulmana que venir de África y mucho menos venir de América Latina. Si somos latinos, generalmente estamos en bandas latinas, que se utiliza muchísimo como arma arrojadiza para decir que somos malos, que venimos en oleadas a violar y matar mujeres españolas o europeas”, ha afirmado

Igualmente, José Santos, periodista del área de comunicación de la Fundación Secretariado Gitano, ha advertido sobre el impacto que tienen estos discursos en las personas que pertenecen a grupos tradicionalmente discriminados, contra los que se dirigen. “Estos mensajes, como puede ser el caso del discurso antigitano, parten de unos estereotipos arraigados en la sociedad y tienen unas consecuencias concretas en las personas, que se traducen en vulneraciones de derechos en nuestro día a día”, ha declarado. Ha centrado su discurso en el lenguaje, en la manera que tiene la sociedad y los medios de comunicación de dirigirse al pueblo gitano. En este punto, ha denunciado que a esta parte de la población se la “deshumaniza“, se la compara “con animales“, se dice que es “una plaga“, e incluso que debería de haber sido “exterminada” en la Segunda Guerra Mundial en las cámaras de gas. También ha criticado que cada vez hay más insultos y cada vez se incita más a la violencia.

Asimismo, ha intervenido por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada Sonia Guerra, que ha manifestado que la línea que diferencia el discurso de odio y el delito de odio es “demasiado sutil”. “En el momento en el que hay discurso, hay delito, y en el momento en el que hay delito, hay odio“, ha afirmado. Igualmente, ha explicado que este tipo de mensajes “nacen a partir de una ideología política”, de “unas siglas determinadas“, que “está presente a nivel internacional y a nivel mundial”. Además, ha añadido que “mayoritariamente son racistas” y de “orientación e identidad sexual” y que pertenecen a “hombres blancos” con una edad comprendida entre los 26 y los 40 años. En este sentido, ha pedido hacer “un gran pacto social y político” y que se luche “contra el fascismo y contra los discursos de odio”.

Por Sumar, Tesh Sidi ha explicado que los discursos de odio se dan “por un avance de la extrema derecha en toda Europa, en todo el mundo”. Igualmente, ha pedido hacer “mucha pedagogía” y que, si se vulnera un derecho, es “fundamental” que “todos” vayan “con ese derecho”, o no vamos.

Aunque estaba prevista su presencia  “disculparon” su ausencia la representante de Podemos Noemí Santana y del PP Jaime De los Santos.

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«Discursos de Odio. Un riesgo para la democracia» 

Es fundamental identificar  el papel de los que promueven estos discursos y el  de actores sociales y políticos en la lucha contra los discursos de odio.

Los discursos de odio son la causa. Los delitos de odio, la consecuencia. Por eso, promovemos el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio.

Fuente FELGTBI+/Infolibre/Agencias

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Así lo ha trasladado la ministra de Igualdad a los colectivos LGTBI+ 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) informa de que el Ministerio de Igualdad se ha comprometido a apoyar el Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia grupos en situación de vulnerabilidad. Así lo ha trasladado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una reunión mantenida con distintas organizaciones sociales.

Rendondo también ha trasladado en el encuentro que “cualquier persona de su equipo que no trabaje por implementar la Ley Estatal LGTBI+, aprobada en 2023, no formará parte del equipo del Ministerio”. En este sentido, Sangil ha reivindicado que la ley se reglamente e implemente “a máximos, para garantizar derechos y ejercer como dique de contención contra los recortes de PP y Vox en las autonomías”, algo que ha apoyado el Ministerio.

“Blindar las instituciones públicas contra los discursos de odio es la única vía para reducir la discriminación”

Según explica la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, “el Pacto de Estado contra los discursos de odio es un compromiso político fundamental para frenar el odio que se vierte desde hace años desde las instituciones públicas. Se trata de un odio no solo contra el colectivo LGTBI+, sino también contra personas que viven con vih, personas con discapacidad, migrantes, personas gitanas o en situación de sinhogarismo, a quienes no podemos dejar atrás”.

“Blindar las instituciones públicas contra los discursos que alimentan el odio y señalan a los grupos vulnerables como amenazas es la única vía para reducir la discriminación y las agresiones que estas personas sufren en las calles. Y es que, tal y como indican diversos organismos internacionales, los discursos de odio son las causas y los delitos de odio las consecuencias”, declara Sangil.

NOTA. Valoración reunión ministra

Fuente FELGTBI+

General, Historia LGTBI Ana Redondo, Delitos de Odio, DerechosLGTBI, España, FELGTBI+, Gobierno de España, Ley Estatal LGTBI, Ministerio de Igualdad, Pacto contra el odio, Pacto Social, Uge Sangil

El 22 de diciembre se cumple un año de la aprobación en el Congreso de la Ley Estatal LGTBI+

Fuente FELGTBI+

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans* Chrysallis, derechos Trans, DerechosLGTBI, Encarni Bonilla, FELGTBI+, Fundación Triángulo, Gobierno de España, Homofobia/Transfobia, José María Núñez, Ley Estatal LGTBI, Ley Integral Trans LGTBI, PP, PSOE, Sumar, Uge Sangil, VOX

En esta revista sentimos un gran cariño y admiración por Empar Pineda. Esta activista tiene una trayectoria que todas las personas del colectivo LGTB deberíamos admirar.

Empar Pineda Erdozia, nacida en Hernani (Guipúzcoa) en 1944,  es una activista feminista española, premiada con la Cruz de San Jordi en 2008 a la que renunció en el año 2011 jugó con otro dirigente LGTBI, Jordi Petit, anunciaron que no seguirían llevando la Cruz de Sant Jordi como protesta para denunciar la “insensibilidad” de la Generalitat al no galardonar ese año a “ninguna persona vinculada a la lucha contra el VIH/SIDA, en el 30 aniversario de la pandemia”, a pesar de que muchas entidades lo habían solicitado y también como protesta por haberse concedido el galardón a Josep Antoni Durán i Lleida.

Luchadora antifranquista, fue detenida por las autoridades y pasó un tiempo en la prisión de Martutene. En los años 70, durante la transición democrática se trasladó a Barcelona, donde fue dirigente del Movimiento Comunista de Cataluña, al que representó en la Asamblea de Cataluña.

En 1977 llevó la primera pancarta en la primera manifestación del Orgullo LGTB. En 1981 fue cofundadora del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. En el año 1985 le realizaron una entrevista en la revista Interviú con el titular “soy lesbiana porque sí”, para reclamar el fin de la represión a las mujeres homosexuales.

En la actualidad, forma parte activa del Colectivo LGTB de mayores Fundación 26 de Diciembre.

Empar recibió el pasado 28 de septiembre la Medalla de Promoción de los Valores del Ministerio de Igualdad, en un acto celebrado en el Centro LGTBI de Barcelona. La Medalla reconoce la trayectoria, la implicación y el firme compromiso de Empar Pineda, a lo largo de toda su vida, con los valores de igualdad y de lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

“Tengo que agradecer esta Medalla que me han concedido en nombre del Ministerio por una trayectoria que, desde el punto de vista feminista, para mí empieza en mayo de 1976 en las primeras Jornades Catalanes de la Dona. Miles y miles de mujeres de todo el Estado español participamos en ello, y ellas son también merecedoras de esta Medalla”, ha dicho.

El acto ha sido presidido por Boti García Rodrigo, directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad. Ha querido dar las gracias a Empar Pineda “por tu lucha, tu valor y tu amable y determinada manera de ser visible”, recordando sus palabras de 1985 “en un conocido y potente medio de comunicación: Soy lesbiana porque sí”.

El acto también ha contado con la presencia del director del Centro LGTBI de Barcelona, Andreu Agustín, ha expresado que Empar Pineda es “una activista de referencia y una persona muy querida” por todas las personas que trabajan en el centro, en el que Pineda colabora en tareas de clasificación de documentos en el archivo y Centro de Documentación Armand de Fluvià de la entidad Casal Lambda.

Fuente Oveja Rosa/Wikipedia

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El Ministerio de Igualdad acaba de lanzar la primera campaña que se hace a nivel estatal para poner en valor la diversidad sexual.

Se titula «Diferentes es iguales», y quiere acercar a la población la riqueza que tiene la diversidad, a la vez que exige respeto y muestra las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género desde una perspectiva que el Ministerio ha calificado de «positiva» y «luminosa».

Esta campaña, que  ha estado en activo del 23 al 29 de mayo, está compuesta por un vídeo, una cuña de radio y materiales gráficos tanto para medios digitales como para exteriores para los que se ha tomando como inspiración el muy conocido juego de mesa ‘Quién es quién’.

La campaña no está protagonizada por modelos, sino que por personas LGTB+ reales. «El resultado muestra el arcoíris social y la belleza de la diversidad humana desde una perspectiva positiva y no victimista», sostienen desde el Ministerio de Igualdad.

«Para ello se muestra igualmente la diversidad dentro de la diversidad sexual y de género, no solo dando protagonismo a un amplio abanico de identidades, sino también evidenciando las diferencias étnico-raciales, corporales o de edad que en el colectivo LGTBI se dan con la misma frecuencia que en la propia sociedad», ha concluido Igualdad.

Fuente Oveja Rosa

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El Ministerio de Igualdad de España va a poner en marcha una línea telefónica “arco iris” para asesorar y prevenir la discriminación de las personas LGTBI+.

Incorporará asistencia jurídica con información general sobre los derechos LGTBI+, así como apoyo psicológico cuando sea necesario. También ofrecerá información y asesoría específica para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo LGTBI.

El departamento, dirigido por la ministra Irene Montero, pretende que el número sea el 028, aunque todavía no está confirmado, según informa El Diario.

El número es simbólico porque el Día Internacional del Orgullo se celebra cada año el 28 de junio.

“Se prestará en colaboración con las comunidades autónomas y en referencia a los servicios disponibles en ellas”, dijo una fuente al medio.

El servicio será gratuito, accesible en varios idiomas y estará disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

La fuente continuó: “Se trata de reforzar el mapa de atención en aquellos territorios donde no se ofrece o donde no se hace a todas horas y todos los días del año”.

La línea de ayuda forma parte de un intento más amplio del gobierno español de mejorar la vida de su ciudadanía LGTBI+ abordando aspectos como la discriminación y la violencia homófoba.

El gobierno espera que el servicio comience a funcionar en junio o julio, aunque aún no se ha determinado la fecha exacta.

Tras conocer la noticia, Kifkif aplaudió la medida, que a su juicio es todo un logro y una conquista que tendrá un impacto positivo para las personas LGTBI en España. La organización que agrupa a las personas migrantes LGTBI se mostró especialmente agradecida por la inclusión de una atención específica y profesionalizada para las personas migrantes y refugiadas LGTBI, así como por la prestación de una atención multilingüe

Fuente El Diario, vía KifKif

General, Historia LGTBI Gobierno de España, Línea telefónica Arco Iris, Ministerio de Igualdad

Paso trascendental parra llegar a la UNESCO. Más cerca la defensa del Nacimiento

Detrás de este objetivo están cinco países, Italia, España, Alemania, Austria y Malta

Belenismo es defender un patrimonio artístico que sigue vivo, una industria que mueve la economía de algunas zonas del país; una tradición asentada en las familias

05.01.2022 | Vicente Luis García Corres (Txenti)

General Alemania, Austria, Belenismo, Dirección General de Bellas Artes, España, Gobierno de España, Italia, Malta, Ministerio de Cultura y Deporte, Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Trans, que reconoce la “autodeterminación de género” de forma que una persona pueda cambiar su sexo ante la administración sin necesidad de presentar ningún tipo de informe médico

La norma incluye entre otros preceptos la prohibición de las terapias de conversión, a las que la ministra Montero se ha referido como una “gravísima vulneración de los derechos humanos”

Para el portavoz de la CEE, “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”

Luis Argüello: “Desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”

29 de junio de 2021. Marta Borraz

Tras una dura disputa en el seno del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes la ‘ley trans’ finalmente fusionada con la LGTBI. Arranca así, en plena semana del Orgullo, el trámite del proyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que ha tensionado a los socios del Ejecutivo durante el último año. La norma, que aún debe pasar por órganos consultivos, volver al Gobierno y de ahí pasar al Congreso antes de su aprobación definitiva, contempla la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para modificar su sexo legal en el DNI. Lo harán en base a la libre manifestación de su voluntad y reafirmarán la decisión ante el Registro Civil a los tres meses.

Esta fue la fórmula que finalmente desencalló las duras negociaciones entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y la vicepresidencia primera del Gobierno, cuyos desencuentros han atrasado la aprobación del texto. Se une así España a un puñado de países que han despatologizado el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros seis en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. La norma reconoce que toda persona mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral del sexo. Reforma así la ley de 2007, considerada un hito en su momento, pero que obliga a quienes lo requieran a contar con un informe que les diagnostique disforia de género y estar dos años hormonándose.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que en este Orgullo LGTBI “hacemos historia” al dar lo que ha considerado “un paso de gigante en los derechos LGTBI y particularmente lo derechos de las personas trans”. La ministra ha reconocido a los colectivos LGTBI y trans que han empujado por la despatologización en las últimas décadas y ha señalado que ellos y ellas son “las protagonistas” de la ley, pero también “las mujeres feministas de este país”, ha dicho en referencia a la brecha que hay en el movimiento ante esta norma. “Es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o no llegarán ninguna […] Hay miles de mujeres feministas en nuestro país, entre las que me incluyo, que estamos convencidas de que siempre que se garantizan los derechos humanos hacemos una sociedad más libre”, ha manifestado.

La pugna por la legislación LGTBI, que finalmente será una sola ley como pedía el PSOE, se ha alargado en el seno de la coalición. El pasado febrero el departamento dirigido por Irene Montero presentó sendos borradores de los que al momento se desmarcó Carmen Calvo, negándose a que se llevara a cabo basándose en la “mera voluntad” de la persona y haciéndose eco de la oposición de un sector del movimiento feminista. El cambio de sexo legal ha sido el principal escollo durante estos meses: los socialistas esgrimían que permitirlo afectaba a la “seguridad jurídica” y llegaron a proponer que se hiciera mediante testigos, pero la autodeterminación era una línea roja para Igualdad y los colectivos LGTBI, que han desempeñado un papel clave y decisivo en la marcha del proceso.

Un avance “a la vanguardia” de Europa

Ninguno de los ministros –también ha comparecido el de Justicia, Juan Carlos Campo y la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero– han querido evidenciar una brecha en la coalición y han cerrado filas en admitir el texto como un avance que sitúa España “a la vanguardia” de Europa, pero la titular de Igualdad sí ha reconocido “debates profundos” y “negociaciones largas y difíciles”. Aún así, a su juicio, estas conversaciones “han dado sus frutos” y la ley “es una muestra de la fortaleza del Gobierno de coalición” y de su capacidad de “dialogar, cumplir con el acuerdo y garantizar que hacemos políticas que mejoran la vida de la gente y amplían sus posibilidades de ser felices”.

“Hoy será un día que va a ser recordado” porque la norma hará “que haya personas que puedan respirar más tranquilas”, ha dicho Campo, que se ha dedicado a explicar algunas cuestiones técnicas de la norma. El ministro ha hecho hincapié en el proceso para modificar la mención registral y ha incidido en que hacer una segunda comparecencia ante el Registro Civil a los tres meses es un mecanismo que “marca la estabilidad en la decisión”. El texto cerrado permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. También da la posibilidad de revertir el cambio a los seis meses, mediante resolución judicial.

En las últimas semanas, y ante la inminente llegada del Orgullo LGTBI, se intensificaron las negociaciones ante el temor de los socialistas de ser vetados en la fecha más simbólica para el colectivo. El PSOE presentó en 2017 una proposición de ley que estuvo a punto de aprobar el Congreso en los mismos términos del borrador de Igualdad, pero su posición ha ido cambiando desde entonces. El pasado junio, un argumentario interno era contundente contra la autodeterminación y aseguraba que carecía de “racionalidad jurídica”. Tras el acuerdo, las consignas repartidas por la dirección aceptan que el texto, que no explicita como tal el derecho a la libre autodeterminación de género, “reconoce la voluntad libremente manifestada” y señalan que el procedimiento en dos fases lo convierte en “plenamente garantista”.

Según han dado a entender tanto Campo como María Jesús Montero, este mecanismo sería el que ha conferido a la norma las “garantías jurídicas” que demandaba la parte socialista del Gobierno. “La ley establece ese derecho a la libre determinación del género, siempre desde la madurez y la estabilidad”, ha manifestado la ministra de Hacienda, en contra de lo que la vicepresidencia primera del Gobierno ha estado recalcando en las últimas semanas. Montero también ha afirmado que “la ley salvaguarda los derechos de las mujeres y reconoce los derechos de las personas LGTBI”.

El inicio del trámite de la norma ha provocado la oposición de parte del movimiento feminista, que ven en la autodeterminación de género una amenaza para las mujeres. También ha reaccionado ya el Partido Popular, para el que la ley “genera una gran inseguridad jurídica” y lamenta que “la radicalidad de Irene Montero se ha impuesto” a Carmen Calvo “y sectores feministas del PSOE”. La portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, ha acusado al presidente, Pedro Sánchez, de depender “de minorías ideológicas radicales para mantenerse en La Moncloa” que “siempre consiguen imponer sus planteamientos” y de dejar “a los pies de los caballos a su propia vicepresidenta”.

La norma ha sido duramente criticada también en redes sociales por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha apuntado que “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”, informa Jesús Bastante. En opinión del obispo auxiliar de Valladolid, la futura norma “ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”

“Un primer paso”

Para la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) Triángulo y Chrysallis el inicio del trámite es un “primer paso para que los derechos del colectivo comiencen su andadura”, y confían en incorporar varias cuestiones en el Congreso y el Senado. Más críticos se han mostrado otros colectivos como la Federación Plataforma Trans o la asociación de familias de menores trans Euforia, que reprochan al Gobierno que la norma se haya dejado por el camino cuestiones como la autodeterminación sin distinción de edad o a las personas no binarias.

El anteproyecto no es al final una ley integral trans, sino que este contenido es parte de una ley LGTBI en forma de capítulo específico. Aunque todas las miradas se han centrado estos meses en el cambio de sexo legal, también incorpora otras medidas. Así, incluye protocolos específicos en el ámbito de la salud para la atención a las personas trans, prohíbe las llamadas terapias de conversión, que normalmente en forma de terapias psicológicas se destinan a modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, o prohíbe las cirugías por motivos no médicos a personas intersexuales.

Se pone fin además a dos discriminaciones largamente esperadas por las mujeres lesbianas y bisexuales: la derogación de la orden ministerial que aprobó el PP en 2014 y que las excluyó de las técnicas de reproducción asistida y permitir a las parejas de mujeres que puedan filiar a sus hijos e hijas en el Registro Civil sin obligación de casarse, como ocurre actualmente. Las personas trans con capacidad de gestar también serán incluidas en las técnicas de reproducción asistida.

La norma se ha reducido considerablemente respecto a los borradores elaborados por Igualdad: se han eliminado los incentivos directos a las empresas que contraten personas trans, o la inclusión de la hormonación de los menores en la cartera básica de servicios, uno de los puntos de mayor fricción. Esto implica que, como ocurría hasta ahora, ello dependa de la regulación que hagan las comunidades autónomas. En la mayoría, confirman los colectivos LGTBI, ya se puede acceder a bloqueadores hormonales al inicio de la pubertad y hormonas a partir de los 16. También ha renunciado el texto a incorporar cuestiones que afectaban a las personas no binarias que sí contemplaba Igualdad.

29.06.2021 Jesús Bastante

Adiós a las ‘terapias de conversión’ auspiciadas por destacados sectores de la Iglesia y publicitadas hasta la extenuación por el obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de Ley Trans, que reconoce la “autodeterminación de género” de forma que una persona pueda cambiar su sexo ante la administración sin necesidad de presentar ningún tipo de informe médico.

Según ha informado la ministra de Igualdad, Irene Montero, la norma incluye entre otros preceptos la prohibición de las terapias de conversión, a las que se ha referido como una “gravísima vulneración de los derechos humanos”. “Son un trato inhumano y degradante, una tortura”, ha destacado

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha anunciado además el acceso a las técnicas de reproducción asistida para “personas trans con capacidad de gestar”. De esta forma, las mujeres lesbianas y bisexuales podrán acceder a este tipo de técnicas dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Críticas de los obispos

La norma ha sido duramente criticada en redes sociales por el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien ha apuntado que “la ‘ley trans’ transforma el sentimiento en categoría jurídica y entroniza la voluntad de poder sin ningún límite objetivo”.

En opinión del obispo auxiliar de Valladolid, la futura norma “ignora la realidad sexuada de todas las células del cuerpo y, sobre todo, desprecia a las personas que sufren al proponerles como salida el cambio del DNI”.

En su día, los obispos consideraron que los cursos de Reig (que fueron denunciadas ante la justicia) no son terapias reparativas, sino “de sanación espiritual”. En una nota pública, hace dos años, la CEE mostraba “su apoyo y afecto a monseñor Juan Antonio Reig Pla y a los colaboradores del Centro de Orientación Familiar (COF)” frente a “un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el ‘odio’ que se dice querer evitar o denunciar”.

De hecho, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española entonces, Luis Argüello, aprovechaba en su día para denunciar la“liturgofobia” que, en su opinión, se escondía detrás de la concentración contra las terapias restaurativas en la catedral de Alcalá, pese a que admitió que “la homosexualidad no se puede ‘curar'”, y apuntando que solo se hablaba desde “un punto de vista espiritual”. De aprobarse la ley, los obispos ya saben a lo que se enfrentan.

Fuente Religión Digital/El Diario

General, Historia LGTBI Autodeterminación de género, Gobierno de España, Ley LGTBI, Personas trans, “Terapias de conversión”

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España celebrará un acto online en donde se premiará a distintas personas e instituciones cuya labor en la erradicación de la violencia contra las mujeres ha destacado especialmente. Entre ellas, Carla Antonelli.

Dicho acto comenzará con un minuto de silencio a las 12h, en recuerdo de las víctimas. Acto seguido, se procederá a reconocer la labor de distintas instituciones y personas que han sido relevantes este año. Las menciones especiales serán para Jen Brockman, profesora de la universidad de Kansas, experta en violencia sexual, y para las delegadas y delegados de Gobierno contra la violencia de género anteriores.

En el ámbito cultural, se reconocerá el valor de la obra Prostitución, de Andrés Lima, protagonizada por Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste. Justa Montero recibirá la mención a toda una vida de activismo, y la diputada Carla Antonelli, reconocida activista trans de los derechos LGBTI, será reconocida por su compromiso vital por la igualdad.

Una nueva prueba del valor que se da al compromiso de Antonelli con la defensa de los derechos humanos, que lleva demostrando a lo largo de toda su trayectoria. Y un galardón más para ella, incansable activista que siempre visibiliza la lucha por la igualdad de los derechos LGTBI, y que en esta ocasión es reconocida de un modo más amplio, porque Antonelli es todo un referente que demuestra día a día su voluntad por que todes seamos reconocides como iguales.

Fuente Shangay

General, Historia LGTBI 25 de noviembre, Carla Antonelli, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, Personas trans

El Gobierno de España introduce el odio a los pobres en el Código Penal  

 Adela Cortina: “Es una medida de justicia, porque la regulación en estos casos se debe al interés del Estado de proteger a colectivos desfavorecidos, cuya vulnerabilidad resulta de la propia realidad social”

La edad ha sido incorporada como una causa de discriminación, con lo que la nueva normativa también amparará a las personas mayores solas o discriminadas por cualquier razón

10.06.2020 Jesús Bastante

General Adela Cortina, Aporofobia, Delito de Odio, Gobierno de España, Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Pobres, Pobreza

Y luego el sr Abascal dice que defiende a las personas LGTBI…

Este fin de semana, en medio de la pandemia por el COVID-19, la ultraderecha voxasuna se ha manifestado por casi toda España contra el Gobierno de Pedro Sánchez sin respetar las medidas de distanciamiento social, poniendo en riesgo a la población y extendiendo sus actitudes homófobas por doquier…

Durante la marcha, un manifestante insultó y amenazó a un chico que portaba una bandera LGTBI entre las calles de Bailèn y València. Tras atender a la víctima, y mientras estudia denunciar al agresor, el Observatori Contra l’Homofòbia pide que Vox se disculpe públicamente ante este suceso acontecido durante la manifestación que ellos organizaron.

“Baja, marica; baja, hijo de puta”, improperios similares se pudieron escuchar en la manifestación de Vox que tuvo lugar este sábado en Barcelona para protestar contra la gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria. De esa manera le gritaban desde un coche, a un chico llamado David que salió a la calle con la bandera LGTBI, mientras su compañero le pide que quitara la bandera, asustado por la situación.

Pero David no se amedrentó y no bajo la bandera. Esta es la situación actual de nuestro país, crispación total, dejando al margen cualquier opinión o crítica sobre la situación sanitaria que estamos viviendo, estas situaciones tienen que parar. Que personas así, sigan libres, impunes ante la ley, es inadmisible.

La #CaravanaPorLaLibertad ha dejado imágenes de todo tipo. Por supuesto, no podían faltar los insultos homófobos seguidos de amenazas: ‘baja marica’ o ‘te voy a matar’. En serio, #ElVirusSoisVoxotros @ObsMadLGTB @OCL_H @FELGTB #homofobia pic.twitter.com/95qMl1u1az

— Jose Cuadrado (Josemola) (@josecuadrado) May 23, 2020

Ante semejantes hechos, no podemos quedarnos callados, y queremos aplaudir la actitud de David de no dar un paso atrás en defender nuestros derechos y condenar enérgicamente la actitud de esta gentuza..

Un árbitro de la NBA sale del armario para criticar los insultos homófobos

Que siga habiendo gente que piense de la siguiente manera, solo parece indicar que no estamos viviendo en el siglo XXI:

Quiero que veáis esto. Simplemente tiene que verse la cara del individuo gritando como un mono.
No podemos permitir esto..
Vídeo de mi colega:https://t.co/6Uv5Tf64Kz
Barcelona 23/5/2020 pic.twitter.com/Qr3lH7JHMc

— mario cantos (@mariocantos) May 23, 2020

Tras conocer el suceso, el ayuntamiento de Barcelona, junto con l’Observatori Contra l’Homofòbia, están estudiando las posibles medidas a emprender contra el agresor. “No descartamos nada, tanto aplicar las ordenanzas municipales, la ley catalana contra la homofobia o elevar el caso a la fiscalía por tratarse de un delito de odio y discriminación”, ha explicado el presidente de l’Observatori, Eugeni Rodríguez. “Ante todo pedimos que los organizadores de la manifestación, en este caso VOX, pidan disculpas por haberse producido estos comportamientos intolerables durante la marcha”, ha advertido Rodríguez. La entidad ya brindado atención psicológica a la víctima, y espera que los Mossos estén ya en vías de identificar al agresor.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, tras conocer los hechos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el consistorio emprendería la vía penal trasladando estos insultos a la Fiscalía por delitos de odio. “En Barcelona todo el mundo tiene derecho a manifestarse, incluso unos machirulos desfasados en coches pijos. Lo que no permitiremos en ningún caso es la intolerancia ni la homofobia”, escribía la alcaldesa Ada Colau en su cuenta de Twitter.

En Barcelona todo el mundo tiene derecho a manifestarse, incluso unos machirulos desfasados en coches pijos.

Lo que no permitiremos en ningún caso es la intolerancia ni la homofobia. Por ello trasladaremos a fiscalía estos hechos por posible delito de odio. https://t.co/zjxhmZp3SY

— Ada Colau (@AdaColau) May 23, 2020

Fuente Agencias

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La Asociación Mujeres Avenir convocó el acto “El Colectivo LGTBi: Contexto Profesional y Marco Legal” con ocasión de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT.

La Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres Avenir trabaja activamente en el cambio social, cuyo fin más inmediato es poner punto y final a todas las manifestaciones de intolerancia y de discriminación laboral por razones de homofobia con las que todavía se convive en la actualidad.

Dña. María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir y Secretaria General de Renault en España presentó el acto y reivindicó “la necesaria lucha que hoy más que nunca debemos de protagonizar desde las empresas y desde la sociedad para evitar un retroceso en los derechos”. También recordó que “hoy no somos muchas las que estamos realizando un acto público para luchar contra la discriminación LGTBi; para nosotros es tan importante hablar del problema que vivimos como hacerlo visible en la sociedad, y parece que hoy hay más miedo que en años anteriores”

“Este retroceso puede venir provocado por los últimos cambios políticos que ha vivido y está viviendo España desde los municipios a las autonomías, con la incorporación en las áreas de poder de personas que rechazan la defensa de los derechos de todos y todas, por razón de su diversidad”.

“Las PYMES y multinacionales ocultan la realidad del entorno laboral español, donde un porcentaje de entre un 6% y un 10% de los profesionales tienen una condición LGTBi, que hoy no se atreven a mostrar públicamente y las empresas tampoco quieren hacer visible, nos dicen que en sus plantillas esa realidad no existe y el índice es cero.  La realidad es muy diferente, siguen insistiendo en ocultarla y nosotras luchamos por normalizarlo. La igualdad no se negocia y no admite retrocesos”, concluyó María Luisa de Contes.

El acto fue inaugurado por D. Ignacio Sola Barleycorn, Director General de Igualdad de Trato y Diversidad del Gobierno de España, que incidió en la importancia de normalizar la identidad de las personas: “no puede ser impedimento u obstáculo para el correcto desarrollo personal y profesional su condición LGTBi. Una sociedad justa y cohesionada se basa en la no discriminación, en no recortar los derechos de las personas, los derechos de toda la sociedad”.

Dña. Laura Pérez, socia del despacho Pérez-Llorca y experta en Derecho de la Diversidad, incidió en la necesidad de un marco legal de la diversidad en las empresas y para ello marcó una serie de medidas imprescindibles para erradicar la discriminación, desde la formación, la utilización de un lenguaje inclusivo y el fomento de la visibilidad de esta realidad.

Para esta profesional, “es muy importante realizar en paralelo un diagnóstico de la empresa, comprobar que no hay discriminación, crear códigos éticos de conducta con los valores de la empresa, negociar protocolos de acoso e informar a los empleados y directivos de posibles actos injustificados y sus consecuencias”.

Dña. Marta Fernández, fundadora de LesWorking -primera red profesional internacional para mujeres lesbianas- y codirectora general de la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBT en España; recordó que vivimos en un país que oculta la diversidad, “En España se estima que el 10% de la población pertenecen al colectivo LGTBi, pero solo un 38% de este colectivo se atreven a mostrar su realidad en sus empresas, se ocultan por miedo a las posibles represalias”.

Para esta profesional el futuro no pinta mejor: “las nuevas generaciones tienen más miedos y son muy pocos los que se atreven a salir del armario en su entorno profesional, en sus primeros años laborales,  por miedo a discriminaciones e incluso el despido”.

“Los estudios han demostrado que las empresas que hacen visible y normalizan la diversidad aumentan la retención de talento entre todos los colectivos y mejoran la productividad hasta en un 20%, razones más que suficientes para que las empresas aplique ya nuevos procesos de normalización”, concluyó Marta Fernández.

Dña. Carla Antonelli, parlamentaria autonómica y reconocida activista defensora de los derechos LGTBi, se lamentó de que “hemos perdido una generación completa de personas trans, se han quedado por el camino por leyes que las impedían estudiar, donde solo les quedaba como medio de vida la venta de su cuerpo o el espectáculo y en las que el SIDA se cebó con ellas. Aquellas que lo sortearon, acabaron en muchos casos buscando una salida en el suicidio, abandonadas por sus familias y por toda la sociedad”

“Solo hemos quedado las supervivientes, que afortunadamente vemos como, desde hace no muchos años, la realidad está cambiando para las trans; hoy podemos estudiar e incluso llegar a puestos de responsabilidad, pero aún son casos aislados”.

“En nuestro colectivo la tasa de paro supera el 60%, a causa de décadas de información sesgada que ha inducido a esta terrible discriminación, pero ahora estamos en lucha para que ninguna renuncie a uno solo de nuestros derechos adquiridos”, concluyó Carla Antonelli.

D. Ramón Martínez Rodríguez, profesor de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y activista LGTBi, expresó que “en 2018 ha habido 319 victimas de homofobia en la Comunidad de Madrid, casi una al día, pero hay muchos más casos de personas que no se atreven a denunciar, y esto ha de cambiar”.

“Pensamos que es solo en la enseñanza privada donde hay prejuicios a la hora de dar visibilidad a un profesor o un alumno LGTBi, pero en las instituciones públicas la situación no es mucho mejor. Hoy hay muchas familias que siguen pensando que un profesor LGTBi es una mala influencia para sus hijos, nuestro trabajo es convertir al colectivo LGTBi en algo cotidiano y cercano”, concluyó Ramón Martínez.

El acto fue moderado por Dña. Marta Blázquez, Vicepresidenta de Faconauto y miembro de la Junta Directiva de Mujeres Avenir, que recordó a los asistentes el compromiso que tenemos todos y todas por conseguir una sociedad más justa, talentosa y feliz. Para Marta Blázquez, “el conocimiento en profundidad de los problemas que vivimos es fundamental, y debemos entender que nuestra sociedad no se compone exclusivamente de hombres y mujeres, hay muchas más tonalidades”.

Este importante evento sobre integración se celebró gracias a la colaboración y el patrocinio de Sodexo, Grupo Renault con Mobilize para la Inclusión y Bodegas Licinia.

Como es habitual en los eventos organizados por la Asociación, al finalizar el acto se realizó un cóctel donde ponentes y asistentes continuaron intercambiando posiciones sobre aquellos temas que fueron debatidos a lo largo de la jornada.

Fuente Cáscara Amarga

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Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

El Gobierno acuerda eliminar de las causas de exclusión para el acceso al #empleopúblico enfermedades como: el VIH, la diabetes, la celiaquía y la psoriasis.
⛑😷Acabando así con la discriminación que venían soportando más de 7 millones de personas.#CMin pic.twitter.com/vTCPhRhvCv

— La Moncloa (@desdelamoncloa) 30 de noviembre de 2018

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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El texto no incluye reparación económica a las víctimas, algo que los supervivientes consideran imprescindible

Se prohibirá quedarse a solas con un menor, y nunca a puerta cerrada, y se limitarán las muestras públicas de afecto

El pasado martes, la Iglesia católica española anunció que constituirá una comisión que redactará una nueva normativa para la prevención y protección contra los abusos sexuales a menores dentro de esta institución y que revisará sus protocolos de actuación ante estos casos.

Las nuevas normas sustituirán a los protocolos de actuación elaborados en 2010 conforme a la legislación española y al ordenamiento canónico que orientan a obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre cómo proceder en caso de detectar agresiones o abusos sexuales cometidos con menores o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

La creación de esta comisión ha estado rodeada de polémica, ya que al frente de la misma estará el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, que fue duramente criticado por su actuación ante un caso de abusos sexuales ocurrido en su diócesis.

(Jesús Bastante).- “La responsabilidad de valorar, verificar o confirmar el abuso no corresponde al comunicante, sino a los servicios especializados“. El nuevo protocolo en el que trabaja la Iglesia española obligará a todos aquellos que tengan contacto con menores a denunciar cualquier indicio de abusos ante la Justicia, pero no establecerá la obligación de indemnizar a las víctimas.

“Nuestra obligación como Diócesis es notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido. No es necesario tener la certeza de que el menor está siendo abusado“ se lee en un documento que servirá de base al nuevo texto normativo, que está elaborando la ‘Comisión Antipederastia‘ que, presidida por el polémico obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ya ha empezado a trabajar.

“Deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”, se lee en el futuro texto, que subraya que, independentemente de lo que pueda suceder en un juicio canónico, en el ámbito civil la Iglesia no tiene capacidad de juzgar, pero sí obligación de “notificar los indicios detectados y la comunicación de los datos que nos han ofrecido” ante las autoridades competentes.

El documento, según han confirmado a RD miembros de la citada comisión, se basará en el texto que recientemente aprobó la diócesis de Astorga, y que ya están implementando otros obispados, como el de Sigüenza. Este diario ha tenido acceso a este último, un texto de 16 páginas que detalla qué deben hacer los agentes eclesiales para prevenir los abusos, detectarlos y denunciarlos. El texto, sin embargo, no dice nada de la reparación económica a las víctimas y la restauración de su honor, algo que los supervivientes de abusos consideran imprescindible.

Prevenir, detectar y denunciar

“El documento está orientado a prevenir y, en su caso, a detectar y denunciar, así como a actuar con rapidez y firmeza ante el abuso sexual perpetrado por cualquier persona implicada en las actividades pastorales (…), informando sobre las leyes civiles y eclesiásticas actualmente vigentes sobre este asunto”, apunta el documento.

En este sentido, el protocolo establece una serie de obligaciones, morales y legales, tras el conocimiento de un caso de abusos. En este sentido, por primera vez, la Iglesia reconoce que “la notificación es una obligación legal para todos los ciudadanos, especialmente para los profesionales que trabajan con menores de edad”.

Así, los responsables que conozcan un supuesto caso de abusos estarán obligados a “notificar, transmitir la información”, que se debe hacer al Obispado. “En un segundo nivel, igualmente imprescindible -añade el protocolo-, deberá ser el Obispado quien notifique a los servicios especializados esta información (Institución de protección de menores) y al Ministerio Fiscal”.

En este punto, el avance es evidente respecto al actual protocolo, vigente desde 2010 pero que no se dio a conocer hasta que este diario lo publicó en 2015. Al tiempo, la Iglesia estará obligada a “informar inmediatamente a los padres de la denuncia recibida por parte del menor, recabar su información sobre los indicadores, la sospecha o la revelación de su hijo/a ante un posible abuso y acordar con ellos la estrategia y actuaciones a partir de ese momento”.

Es importante, recalca el protocolo, “poner por escrito lo que acabamos de oír: tras el encuentro con el niño, y ante los padres, es importante que tomemos notas de lo que acaba de contarnos lo más pronto posible, reflejando el día y la hora, recogiendo lo que recordemos literalmente de su discurso, escribiendo sus palabras y explicando si mostró algún comportamiento relevante al decirlo”. Y hacerlo con tranquilidad, escuchando al menor y ofreciéndole confianza, sin mostrar dudas ante su relato.

Rechazo expreso a cualquier tipo de abuso sexual

En lo tocante a la prevención, el futuro protocolo de la Iglesia española considerará “obligatorio” un certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales que demuestre que no han sido condenados por delitos relativos al trato con menores, y la firma de un documento escrito, en el que “se manifestará de forma expresa” el rechazo a todo tipo de abuso sexual, el conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre el particular y que “si cometen cualquier acto de abusos de menores lo hacen engañando y traicionando la voluntad de la Iglesia, siendo responsables de los mismos única y exclusivamente quien los realice“.

Del mismo modo, el protocolo incluirá hasta 16 “aspectos preventivos” para el trato con menores. Entre ellos, “llevar a cabo las muestras físicas de afecto con mesura y respeto”; evitar “quedarse a solas mucho tiempo con un menor”, y “nunca con la puerta cerrada”; incorporar espacios con “puertas de cristales transparentes o cristaleras” en los despachos de sacerdotes, formadores y animadores de menores o, en su defecto, “dejar la puerta abierta cuando se habla con un menor en un despacho o habitación”.

Las medidas también incluyen “informar a los padres de una situación inusual en la que se va a estar o se ha estado a solas con un menor, o cuando se va a tener o se ha tenido un contacto físico relevante por razones sanitarias o disciplinarias”, y “prohibir absolutamente juegos, bromas o castigos que puedan tener connotación sexual, evitando cualquier tipo de conductas que impliquen o sugieran desnudarse o besarse“.

Del mismo modo, también se prohíbe el castigo físico, las novatadas “que puedan llevar consigo actos vejatorios, denigrantes o sexistas“. Respecto a salidas, convivencias o campamentos, el protocolo subraya que “nunca un adulto debe compartir habitaciones de hotel o tiendas de campaña” con menores, ni entrar en vestuarios, baños o duchas cuando éstos estén.

VÍDEO | El obispo que no expulsó al cura de La Bañeza por abusos presidirá la Comisión de la Iglesia contra la pederastia https://t.co/FHVK7W6JxS

— laSexta Noticias (@sextaNoticias) 16 de octubre de 2018

No enamorarse, ni deja que lo haga el menor

“Es motivo de cese inmediato en la actividad pastoral cualquier relación sentimental, consentida o no, de un adulto con menores de edad, monaguillos/ as, miembros de grupos de catequesis, de otros grupos infantiles o juveniles de parroquia o colegio”, añade el protocolo, que apunta que, en el caso de que algún menor se enamore de un sacerdote, catequista, profesor o monitor, éste “en ningún momento debe responder o insinuarse positivamente a ese tipo de afecto, sino establecer de forma inequívoca y con buenas maneras los límites adecuados de comportamiento, relación y aprecio”.

Finalmente, el protocolo impide “realizar tomas privadas de imágenes de menores, y si se hacen en el desarrollo de actividades pastorales”, y si se hacen se informará a los padres, “no se hará exhibición ni difusión pública o privada sin el consentimiento de éstos y se guardarán en un archivo único del que será responsable la parroquia o centro educativo diocesano”.

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Por otra parte, por el momento el Gobierno de Pedro Sánchez no investigará los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica, pero sí pide a la Conferencia Episcopal que “aclare” estos “repugnantes” delitos, que además han tenido una repercusión “tan grave” sobre las víctimas.

Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha expresado la solidaridad del Ejecutivo con todas las víctimas de abusos.

“Todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más y además el lugar donde supuestamente se produce lo hace aún más repugnante”, ha aseverado Celaá tras ser preguntada por si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos de la Iglesia católica pidiendo datos a la Conferencia Episcopal Española.

“Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y católicas, hemos de decir que efectivamente queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que han tenido sobre las víctimas”, ha afirmado.

Celaá ha señalado, no obstante, que no corresponde al Gobierno la persecución del delito, sino a los tribunales “y por tanto serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor”

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, Comisión Antipederastia, Gobierno de España, Iglesia Católica, Isabel Celáa, Juan Antonio Menéndez, Pedro Sánchez, Protocolo, Registro Central de Delincuentes Sexuales

Carmen Montón es la nueva ministra de Sanidad del gobierno de España. Todos estábamos expectantes por saber cuáles serían sus primeras medidas y sobre todo ver si recuperaría la reproducción asistida para mujeres solteras y parejas de lesbianas, servicio que hizo desaparecer el reciente gobierno del Partido Popular alegando, en la voz de la anterior ministra Ana Mato, que “la falta de varón no es un problema médico”. Solo las mujeres con problemas probados de fertilidad tenían acceso desde entonces a este método de gestación, aunque algunas Comunidades Autónomas presididas por otros partidos se revelaron a la medida y se negaron a cambiar su legislación. Felices hemos escuchado a Montón explicarle ayer a los periodistas de La Sexta que por supuesto recuperaría esta medida. De nuevo, no depende de dónde residas en España para tener acceso o no a la R.A.

“Mi compromiso es recuperar todos los derechos arrebatados”, son las palabras con que Montón, refiriéndose también a la sanidad universal -con o sin papeles- y la eliminación de los copagos en farmacia de los pensionistas, confirmó que solteras y/o lesbianas volveríamos a tener un acceso gratuito a la maternidad.

Desde que el pasado viernes 1 de junio Mariano Rajoy se despidierafuera de su cargo como presidente del Gobierno tras 6 años y medio en La Moncloa, el gobierno presidido por Pedro Sánchez traía el primer gobierno con más mujeres que hombres de la historia de España y también el más visible. Con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, el Partido Socialista ganaba una moción de censura y formaba un gobierno con dos ministros homosexuales y visibles, Grande Marlaska y el ya dimitido Maxim Huerta, y con Francisco Polo, también homosexual y exdirector de Change.org al que premiamos en nuestro último Festival, como secretario de estado de Agenda Digital

Fuente Oveja Rosa

General, Historia LGTBI Carmen Montón, Gobierno de España, Pedro Sánchez, Reproducción asistida

Política Social, Medio Ambiente y Acogida a Refugiados, ejes de la colaboración Iglesia Ejecutivo

Los obispos ven con buenos ojos la llegada de Pedro Duque y la ministra de Sanidad, Carmen Montón

(Jesús Bastante).- Los obispos españoles han acogido con prudencia y expectativas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Un Ejecutivo con rostro femenino, compuesto por profesionales en su sector… y con una sola católica practicante: la titular de Educación, Isabel Celáa, que además será portavoz del Gobierno.

Mientras Pedro Sánchez ultimaba su Gobierno, la cúpula de la Conferencia Episcopal se encontraba en Roma,celebrando su Convención Anual. Ayer mismo, el Papa saludaba, al término de la audiencia de los miércoles, tanto al presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, como a su secretario general, José María Gil Tamayo. Oficialmente, la CEE no ha valorado la composición del Gobierno ni la situación en el país tras la moción de censura, aunque la carta que Blázquez dirigió a Sánchez sí denotaba una mano tendida para trabajar “por el bien común“.

El primer Ejecutivo de Sánchez, como apuntó el propio presidente durante su presentación, quiere un Gobierno “paritario, integrador, abierto al mundo, anclado en la Unión Europea, comprometido socialmente y altamente cualificado“. Un Ejecutivo que podría avalar buena parte de las tesis contra la pobreza que, en su día, apuntó Cáritas Española y que le valieron la descalificación pública del ya ex ministro Montoro.

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La realidad de la sociedad española también se ha impuesto en un Gobierno, y en un partido (el PSOE), cuya mitad de electorado es católica, pero que ha abandonado la práctica y la doctrina tradicional. Así, el único miembro del Ejecutivo declarado católico, y practicante, es la titular de Educación, la vasca Isabel Celáa. Según El Correo, Celáa, que estudió en el colegio Sagrado Corazón de Bilbao, “asume sin problemas su militancia de izquierdas con su condición de católica practicante“.

En ámbitos valencianos, se destaca la excelente relación que, durante su etapa como arzobispo de la capital del Turia, mantuvieron Carlos Osoro y la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, que a buen seguro retomarán en Madrid.

Este es uno de los pocos puentes directos que, a día de hoy, conservan Iglesia y Ejecutivo. Aunque entre los cargos intermedios, aseguran fuentes bien informadas, el diálogo se mantendrá como hasta ahora, e incluso podría mejorar en ámbitos relacionados con la lucha contra la desigualdad social, la cooperación internacional o la acogida a los refugiados.

Del otro lado, la preocupación por el medio ambiente coincide en sus puntos esenciales de con las preocupaciones del Papa Francisco, plasmadas en Laudato Si. En este sentido, tanto el nombramiento del astronauta Pedro Duque (Ciencia, Innovación y Universidades), que tuvo la oportunidad de hablar con Bergoglio hace unos años, y que en una reciente entrevista en Radio Vaticana saludaba la encíclica verde papal, puesto que Francisco “convence a mucha más gente de que tenemos un equilibrio en la Tierra que no es tan sólido como pensábamos”; como el de Teresa Ribera (Transición Ecológica), una de las mayores críticas del cambio climático.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Acogida a Refugiados, Carlos Osoro, Carmen Montón, Conferencia Episcopal Española, Gobierno de España, Isabel Celáa, José María Gil Tamayo, Medio Ambiente, Pedro Duque, Pedro Sánchez, Política Social, PSOE, Ricardo Blázquez, Teresa Ribera

Fernando Grande-Marlaska y Màxim Huerta, designados como ministros de Interior y Cultura y Deporte, respectivamente, son abiertamente homosexuales y han abanderado los derechos del colectivo LGBTIQ. 

Tras la conformación del equipo de trabajo que lo acompañará en el año y medio de gestión, el mandatario español, Pedro Sánchez, ha tuiteado que “el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI”.

El nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir. Una sociedad paritaria, abierta, comprometida e intergeneracional. Un Gobierno progresista, modernizador y europeísta preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI.

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 de junio de 2018

Así lo ha llevado a la práctica con la designación de un gabinete integrado en su mayoría por mujeres. En 11 de los 17 Ministerios estarán al frente mujeres, incluidos el área económica.

El presidente del Gobierno español ha asegurado que el equipo que trabajará junto a él es “fiel reflejo” del movimiento feminista que brotó en España a partir del 8 de marzo de este año. Para el mandatario ese evento marcó “un antes y un después” en la sociedad española. Asimismo, ha hecho énfasis en que “está comprometido con la igualdad”.

Dejando claro su compromiso con las causas sociales y con la diversidad, Pedro Sánchez se pone a la vanguardia al incluir en su Gobierno a dos destacadas figuras defensoras de los derechos del colectivo LGBTIQ. En el Ministerio de Interior nombró al reconocido juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y en la cartera de Cultura y Deporte designó al periodista y escritor Màxim Huerta, ambos abiertamente gays.

Este es el nuevo Gabinete

Estas son las 17 personas que acompañarán al mandatario Pedro Sánchez en su Gobierno:

Ministro del Interior: Fernando Grande-Marlaska, juez, 55 años

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: Josep Borrell, ingeniero aeronáutico, 71 años

Ministra de Economía y Empresa: Nadia Calviño, economista, 49 años

Ministra de Justicia: Dolores Delgado, fiscal, 55 años

Ministra de Defensa: Margarita Robles, jueza, 61 años

Ministra de Hacienda: María Jesús Montero, licenciada en Medicina, 52 años

Ministro de Fomento: José Luis Ábalos, profesor de primaria, 58 años

Ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del gobierno: Isabel Celaá, licenciada en Filología Inglesa, Filosofía y Derecho, 69 años

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades: Pedro Duque, astronauta, 55 años

Ministro de Cultura y Deporte: Màxim Huerta, escritor, 47 años

Ministra de Política Territorial y Función Pública: Meritxell Batet, profesora de Derecho Constitucional, 45 años

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: Magdalena Valerio,licenciada en Derecho, 58 años

Ministra de Industria, Comercio y Turismo: Reyes Maroto, economista, 44 años

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación: Luis Planas, licenciado en Derecho, 65 años

Ministra para la Transición Ecológica: Teresa Ribera, licenciada en Derecho, 49 años

Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social: Carmen Montón, licenciada en Medicina, 42 años

Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional, 60 años.

Fuente Universogay

General, Historia LGTBI Feminismo, Fernando Grande-Marlaska, Gobierno de España, Igualdad, Màxim Huerta, Mujeres, Pedro Sánchez, Personas LGTBI, Visibilidad LGTBI