La ley impedirá que las compañías de seguros bloqueen el acceso a medicamentos que salvan vidas.

Por Mira Lazine martes 9 de julio de 2024

El gobernador de Rhode Island, Daniel McKee (D), firmó una ley que protege los derechos de las personas a acceder a medicamentos contra el VIH, incluidos los profilácticos previos a la exposición (PrEP), todos los cuales reducen en gran medida las posibilidades de contraer o transmitir el VIH.

El proyecto de ley —H7625/S2255, también conocido como “Ley relacionada con la cobertura de seguros para la prevención de la infección por VIH”— protege a los pacientes de las barreras del seguro médico para acceder a dichos medicamentos.

La ley se aplica a cualquier medicamento contra el VIH, y se centra particularmente en mecanismos de seguro prohibitivos como el reparto de costos, que incluye copagos y deducibles elevados; la autorización previa que requiere que las aseguradoras obtengan la aprobación de su compañía antes de permitir que los pacientes accedan a los medicamentos; y la “interrupción de la terapia”, que requiere que los pacientes prueben otros medicamentos y tratamientos antes de darles acceso a los que prefieren.

Restringir estos aspectos es particularmente importante porque son barreras comunes para la atención médica. Los altos costos de los seguros son inasequibles para las personas de bajos ingresos, lo que puede ser un problema importante debido a las mayores tasas de transmisión del VIH entre las personas más pobres. Además, la autorización previa puede agobiar a los pacientes con largos tiempos de espera y mucho papeleo antes de poder acceder a la atención que necesitan.

“He visto de primera mano cómo el reparto de costos y la autorización previa funcionan como barreras para que los pacientes accedan a la PrEP y a la forma del medicamento que es mejor para ellos”, dijo Joseph Metmowlee Garland, vicepresidente de la junta directiva de GLAD, en un comunicado de prensa. “Las clínicas más pequeñas que no cuentan con el apoyo de un sistema de salud más grande obviamente tienen muchas más dificultades para obtener la autorización previa para sus pacientes, y a menudo esos pacientes simplemente dejan de intentar obtenerla”.

La PrEP tiene una eficacia de casi el 100% en quienes la toman correctamente. Ha demostrado ser fundamental para reducir las tasas de infección por VIH y concienciar a los pacientes sobre otras infecciones de transmisión sexual (ya que las prescripciones de PrEP suelen requerir pruebas de ITS una vez cada tres meses). La PrEP ha sido particularmente útil para proteger a los grupos marginados que de otro modo podrían correr un mayor riesgo de infección, incluidas las minorías raciales y las personas LGBTQ+.

La forma inyectable de PrEP ha sido particularmente difícil de conseguir para muchos pacientes debido a las restricciones de los seguros. Según Garland, solo 35 pacientes en Rhode Island estaban tomando PrEP inyectable.

Garland continuó: “La ley S.2255/H.7625 es revolucionaria e increíblemente significativa para nuestra comunidad y cambiará por completo el panorama del acceso a la PrEP en el estado. Con esta ley, Rhode Island demuestra su compromiso con la atención compasiva, de alta calidad y basada en evidencia, y con garantizar que ponemos todas las herramientas posibles a disposición de quienes las necesitan en la lucha contra el VIH”.

Fuente LGBTQNation

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Varias organizaciones, incluidos grupos católicos, han presentado informes amicus curiae en un caso de la Corte Suprema de EE. UU. que podría decidir si las protecciones contra la discriminación para las parejas LGBTQ+ son aplicables, según Crux..

El caso, 303 Creative v. Elenis,  está a cargo del Tribunal Supremo del país en su sesión actual. Se trata de la demandante Lorie Smith, una diseñadora web de Colorado que reclama un derecho de la Primera Enmienda para negar sus servicios a las bodas de parejas del mismo género. La demanda se presenta contra miembros de la Colorado Civil Rights Commission (CCRC)- Comisión de Derechos Civiles de Colorado (CCRC).

Dos grupos de defensa católicos LGBTQ+, New Ways Ministry y DignityUSA, firmaron un informe pro-CCRC de 30 grupos que apoyan las protecciones contra la discriminación LGBTQ+. El escrito dice, en parte:

“‘Elaborar esta amplia exención permitiría a las empresas públicas excluir legalmente a los clientes en función de sus identidades. . .en lugar de salvaguardar el derecho de todos los ciudadanos a comprar bienes y servicios de negocios abiertos al público. . .[la exención propuesta] dañaría aún más a las mismas personas que estas leyes de derechos civiles fueron diseñadas para proteger’”.

Por otro lado, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. y la Conferencia Católica de Colorado presentaron un escrito de amicus curiae a favor del demandante LGBTQ-negativo. El escrito apela al juez Clarence Thomas, quien ahora tiene mayor influencia en la corte dada la gran mayoría conservadora, que decidirá la dirección de la corte este año. Grupos religiosos de derecha como Catholic Vote, la Thomas More Society, y Becket también han presentado informes.

El caso es una continuación del caso de la Corte Suprema de 2020 Masterpiece Cakeshop contra la Comisión de Derechos Civiles de Colorado, que dictaminó que CCRC manejó mal un caso que involucraba al dueño de una pastelería que se negó a atender a parejas del mismo género. La decisión de la corte en ese caso no abordó la pregunta más amplia de si los dueños de negocios deberían tener el derecho legal de discriminar a las parejas LGBTQ+ cuando brindan servicios. Cruz informó:

“Una diferencia es que en el caso actual, la artista, Lorie Smith, no está luchando contra un incidente específico, como lo estaba el panadero que negó haber horneado un pastel personalizado para una pareja del mismo sexo. Smith quiere que la corte intervenga antes de que se le pida que diseñe un sitio web para una pareja del mismo sexo.

“Aunque ella no desea brindar un servicio basado en sus creencias cristianas sobre el matrimonio, el caso depende de su reclamo de libertad de expresión.

“[La profesora de derecho Amanda] Shanor dijo que los paneles preliminares de la Corte Suprema en 2017 probablemente no predijeron que el panadero ganaría, pero ahora ya está bastante segura de que la corte probablemente fallará a favor del artista y dijo que el caso podría tener amplias implicaciones sobre quién puede ser visto como un artista”.

Varias otras organizaciones de defensa de los derechos civiles y LGBTQ+ han presentado escritos amicus curiae a favor de CCRC. La The American Civil Liberties Union (ACLU) – (Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó un informe que cita el caso de derechos civiles de 1984 Hishon v. King & Spalding, que, según argumenta la ACLU, establece que la constitución no protege la discriminación perpetrada por empresas públicas:

“La discriminación por parte de empresas abiertas al público ‘nunca ha recibido protecciones constitucionales afirmativas’”.

Lambda Legal, GLAD, Human Rights Campaign, National Center for Lesbian Rights y National LGBTQ Task Force presentaron un informe conjunto en apoyo de CCRC. El informe destacó el potencial de una nueva segregación de la economía de EE. UU., que podría ocurrir si se permite a las empresas discriminar a los clientes por su orientación sexual:

“Este Tribunal ha rechazado repetidamente los intentos de crear exenciones de la Primera Enmienda para lugares públicos y otras leyes contra la discriminación. La salida instada por los peticionarios de este acuerdo de larga data de la ley de derechos civiles invita a una regresión a los mercados segregados”.

Mary Bonauto, directora de derechos civiles de GLAD, ilustró aún más los problemas que ocurrirían si los dueños de negocios recibieran protecciones constitucionales para negar servicios a los clientes:

“‘La gente no debería tener que llamar con anticipación para averiguar si un negocio atiende a personas de su fe u otras características personales’”.

Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights-Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, argumentó que las protecciones constitucionales para la discriminación anti-LGBTQ+ causarían una mayor división social:

“‘Somos un solo país, y garantizar que todos tengan el mismo acceso a los bienes y servicios comerciales juega un papel esencial en la prevención del conflicto social y la fragmentación’”.

Dado que la Corte Suprema es notablemente más conservadora de lo que era cuando Masterpiece Cakeshop compareció ante los jueces, la perspectiva para los defensores LGBTQ+ es menos optimista.

 La USCCB no debe utilizar los recursos de la iglesia para perseguir la legalización de la discriminación contra las personas LGBTQ+. Los esfuerzos por legitimar la negación de servicios a las personas queer socava la dignidad de todas las personas y es una afrenta a la imagen de Dios de la que están hechos todos los seres humanos.

—Andru Zodrow (él/él), New Ways Ministry, 14 de octubre de 2022

Fuente New Ways Ministry

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El juez federal Marvin J. Garbis ha ordenado la paralización cautelar de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe incorporar a personas transexuales para servir en el Ejército de los Estados Unidos y desfinancia los tratamientos de reasignación de los militares trans. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, el juez considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. Amplía así el alcance con respecto a un fallo similar adoptado por otra juez federal hace tres semanas.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la Justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política se limitaría a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB. Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre emitió un fallo en el que suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paralizaba la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) seguía vigente. La jueza no se consideró competente para paralizarla a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo ha hecho, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis de Baltimore, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). La presentó la American Civil Liberties Union (ACLU) en Maryland el pasado mes de agosto, en representación de seis personas trans que están en activo en el Ejército. El juez federal ordena que se reinstaure la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans, porque al igual que su homóloga Kollar-Kotelly, considera probable que los demandantes ganen el caso basándose en la protección igualitaria recogida en la Constitución estadounidense.

Garbis rechaza que su orden cautelar sea prematura y argumenta que las personas trans que sirven en el Ejército ya están sufriendo las consecuencias de la medida. A pesar de que por ahora no se han anunciado despidos, viven con el miedo a un futuro despido y el estigma de ser señalados como incapaces de servir. El juez carga contra el presidente Trump, al que acusa de actuar a golpe de tuit en lugar de escuchar un análisis fundamentado de los representantes militares sobre las consecuencias de la decisión. El abogado de la ACLU Joshua Block ha celebrado el fallo, que calificó de “victoria para el personal militar trans en todo el país” y mostró su satisfacción por la decisión del tribunal de “asegurar que se trate a los militares trans con la dignidad y el respeto que se merecen”. Veremos si la decisión final de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

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La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly ha ordenado la paralización parcial de la orden del presidente Donald Trump que prohíbe a las personas transexuales servir en el Ejército de los Estados Unidos. En respuesta a una de las demandas interpuestas por diferentes personas y organizaciones, y considerando que sus argumentos tienen altas probabilidades de ganar, la jueza considera oportuno mantener la situación previa a la orden de Trump hasta que la justicia aclare todas las dudas. La supensión de la orden es parcial, ya que no incluye la desfinanciación de los tratamientos de reasignación de los militares trans.

La orden de Donald Trump

Recordamos brevemente los antecedentes. A diferencia de la derogación del “Don’t ask, don’t tell”, que precisaba un cambio legislativo, el final de la prohibición de servir en el Ejército a las personas transexuales (teóricamente una causa de exclusión “médica”) fue una decisión administrativa, que Barack Obama pudo impulsar sin necesidad de someterla al Congreso. En 2015, el entonces secretario de Defensa de Obama, Ash Carter, anunciaba la puesta en marcha del proceso para acabar con la discriminación tránsfoba en el Ejército, mediante la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar las regulaciones militares y de evaluar las implicaciones jurídicas, sanitarias y administrativas del cambio. Un año después, en junio de 2016, se anunciaba el fin de la prohibición, si bien el despliegue efectivo de la nueva normativa se fue retrasando hasta ya comenzada la era Trump y oficialmente nunca se llegó a implementar. En la práctica, sin embargo, la prohibición se dio por derogada y numerosos militares trans comenzaron a salir del armario y a dar a conocer su realidad a mandos, compañeros y subordinados sin temor a ser expulsados. Se desconoce con exactitud a cuántas personas afectaba el cambio, aunque algunas estimaciones han situado la cifra de personas trans en el Ejército en unas 15.000, teniendo en cuenta tanto a militares en activo como reservistas.

Conquistada la Casa Blanca, y olvidados ya los coqueteos de Donald Trump con el colectivo LGTB durante la campaña electoral, los republicanos se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son a día de hoy su objetivo principal. El pasado mes de julio Trump anunciaba en Twitter la reinstauración de la prohibición de servir en el Ejército, que pocas semanas después hacía efectiva mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior (ya que la Guardia Costera, aunque forma parte de las Fuerzas Armadas estaodunidenses, depende de este departamento). El documento, al que puedes acceder aquí, critica expresamente a la administración Obama por su decisión de permitir a las personas trans servir en el Ejército y ordena poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, retomando la situación previa a junio de 2016, vetando la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpiendo la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso.

El documento, no obstante, no despejaba ni mucho menos todos los interrogantes. No aclaraba, por ejemplo, que sucedería con los militares trans que ya sirven en en Ejército. Fuentes de la Casa Blanca aseguraron entonces que serían los departamentos de Defensa e Interior los que deberían evaluar cada caso, en función de cómo afectase al servicio, de la “cohesión” de las unidades, de las limitaciones presupuestarias y de “todos aquellos factores que puedan ser relevantes”. Inseguridad e incertidumbre, en definitiva, a la espera de que se produzca el despliegue de todas las órdenes contenidas en el documento de Trump para conocer el alcance real del daño y saber cómo se procederá respecto a la reubicación/expulsión de los militares trans. La fecha estipulada para ello es el 23 de marzo de 2018, después de que el secretario de Defensa, Jim Mattis, haya presentado un plan detallado y acordado con el departamento de Interior antes del 21 de febrero.

La respuesta de la justicia

La decisión de Trump, a todas luces discriminatoria, pilló por sorpresa a colectivos LGTB y grupos de defensa de los derechos civiles, que en realidad se estaban preparando para otra batalla. Días antes del primer anuncio de Trump, de hecho, habían trascendido los esfuerzos del vicepresidente Mike Pence (un político marcadamente anti-LGTB) por evitar que el Congreso destinara una asignación presupuestaria a los gastos sanitarios derivados del proceso de reasignación de los militares transexuales. El sentimiento más extendido era que la batalla política tendría lugar en torno a la financiación de estos gastos, pero nadie imaginaba que la mera existencia de personas trans en el Ejército estaba en la cuerda floja.

Quizá por eso se encontró con una inesperada oposición. De hecho, no faltaron los políticos republicanos moderados, como John McCain (precisamente el presidente del comité militar del Senado), que se manifestaron abiertamente en contra. Y sobre todo, y más importante: rápidamente comenzaron a anunciarse demandas judiciales. La primera de ellas, Doe v. Trump, fue interpuesta, en representación de ocho personas trans que sirven en el Ejército y que ya se han visibilizado como tales, por dos organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB: NCLR (National Center for Lesbian Rights) y GLAD (GLBTQ Legal Advocates & Defenders). Su argumentación jurídica es que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al “debido proceso”.

Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estima pertinente, sino que considera que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que en su fallo suspende cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronuncie de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no paraliza la aplicación de todas las disposiciones. En concreto, la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación de los militares trans (salvo aquellos casos que se encuentren en estos momentos en pleno proceso) sigue vigente. No se trata, en cualquier caso, de una decisión de fondo: la jueza Kollar-Kotelly argumenta que, a diferencia de la amenaza de expulsión de los militares representados en la demanda, esta no contempla por qué la suspensión de los tratamientos de reasignación les afectaría, razón por la cual no se considera competente para paralizarla.

El fallo judicial ha sido recibido con optimismo por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB, que lo consideran una importante primera victoria en la que se adivina larga lucha contra las disposiciones tránsfobas de la administración Trump. “Esta es la primera decisión que tumba la prohibición del presidente Trump, pero no será la última. Los tribunales federales reconocen lo que todo el mundo ya sabe: que la decisión impulsiva del presidente Trump de prohibir a las personas transexuales servir en el Ejército es manifiestamente inconstitucional”, ha declarado Joshua Block, abogado de ACLU (American Civil Liberties Union). Veremos si es así, y sobre todo si finalmente la decisión de los tribunales es favorable.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ACLU, Ash Carter, Colleen Kollar-Kotelly, Discriminación, Donald Trump, Ejército, Estados Unidos, GLAD, Jim Mattis, Joshua Block, LGTBfobia, NCLR, Pentágono, Transexualidad, Transfobia

Estar casado con un hombre no es motivo justificado para discriminar a un trabajador en un centro católico: así de rotunda ha sido la sentencia de un juez en Massachusetts (Estados Unidos). La sentencia apela a una ley antidiscriminatoria del Estado y rechaza la aplicación de una excepción por libertad religiosa.

Matthew Barrett recibió una oferta para trabajar como director de servicios alimentarios en el colegio católico Fontbonne Academy (una escuela preparatoria para chicas de Milton, al norte de Boston) en 2013. Cuando tuvo que rellenar un formulario para empleados con sus datos, se encontró con una casilla destinada a indicar un número de contacto en caso de emergencia. Puso el de su marido, Ed Suplee. Ante ello, las autoridades del colegio le indicaron que no se le iba a contratar porque, según alegaban, su matrimonio era inconsistente con las enseñanzas de la iglesia. Barrett decidió entonces presentar una demanda, siendo representado por la Gay and Lesbian Advocates and Defenders (GLAD) de Boston.

Los representantes del colegio alegaron su derecho a la libertad religiosa, un argumento bastante habitual para justificar este tipo de actos. La sentencia ha rechazado este argumento y ha dejado claro que el colegio violó la legislación del Estado contra la discriminación hacia las personas LGTB. En el veredicto, del juez Wilkins, ha sido determinante la consideración de que el trabajador en realidad no suponía en sí mismo riesgo para la transmisión de la doctrina oficial de la Iglesia, dado que no se trata de un “profesor, ministro o portavoz de Fontbonne” y “no se ha visto comprometido en la defensa pública del matrimonio entre personas del mismo sexo“.

Wilkins señala igualmente que el colegio también da empleo a no católicos excepto en la dirección y como profesores de religión; los admite como alumnos y hasta tiene su propia política interna contra la discriminación por orientación sexual. El colegio trató de alegar que el rechazo se debía a que estaba casado y no a su sexualidad, pero el juez no aceptó el argumento.

Tras esta sentencia vendrá ahora una audiencia para abordar los daños y perjucios, según informa GLAD. También es cierto que Fontbonne podría apelar la decisión pero hasta la fecha el colegio ha rechazado hacer declaraciones.

Este caso no es sino uno de tantos de discriminación por parte de empleadores con afiliación religiosa contra personas que están en matrimonios con alguien de su mismo sexo. Por ello, esta sentencia es importante, al establecer una clara limitación a la alegación de libertad religiosa. En este caso, no basta con estar casado y que se sepa; es necesario mostrar que activamente la persona supone un “foco de difusión” de doctrinas no acordes con la enseñanza católica. Cierto es que se mantiene el problema de si bajo la “libertad religiosa” puede hacerse lo que, a fin de cuentas, es privar de un trabajo (es decir: causar un daño objetivo y no una ofensa subjetiva, más cuando el trabajo escasea y perder un empleo puede suponer un serio perjuicio al desempeño de la propia vida) y de que la sentencia ha sido posible gracias a que el estado de Massachusetts dispone de una legislación antidiscriminatoria por razones de orientación sexual. En cualquier caso y con todas las salvedades es de agradecer que sentencias como esta restrinjan el alcance de las pretendidas “exenciones” en nombre de la libertad religiosa.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Ámbito laboral, Boston, Discriminación, Ed Suplee, Estados Unidos, Fontbonne Academy, GLAD, Iglesia Católica, Massachusetts, Matrimonio, Matthew Barrett, Milton, Visibilidad LGTB