24 diputados costarricenses, conservadores y evangélicos, presenta moción para retrasar la entrada en vigor del matrimonio igualitario en Costa Rica
Una exasperante noticia que no va a impedir lo inevitable, mal que les pese a los homófobos ultraconservadores y evangélicos: El matrimonio igualitario llegará a Costa Rica a finales de este mes. Q Costa Rica informa de que el registro civil del país centroamericano comenzará a procesar las solicitudes de matrimonio de parejas del mismo sexo el 26 de mayo.
Un oficiante de la oficina, Luis Guillermo Chinchilla, aseguró a la revista de noticias LGBTQ+ que se han hecho “importantes esfuerzos” para actualizar los sistemas informáticos de la oficina para acomodar los nuevos registros y que no habrá retrasos debido a la actual crisis sanitaria. “El Registro Civil ha realizado importantes esfuerzos para ajustar todos los sistemas informáticos en materia de registro civil, con el fin de gestionar estos registros de manera oportuna y expedita, siempre dentro del marco de seguridad de registro adecuado y efectivo como es habitual en nuestra institución”, dijo Chinchilla.
Sin embargo, un grupo de 24 diputados costarricenses, entre conservadores y evangélicos, propuso una moción para retrasar la entrada en vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que llevó a un enfrentamiento entre un diputado y un asesor del mismo partido.
Los legisladores pertenecen a las fracciones evangélicas Restauración y Nueva República, conservadores del Partido Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, Integración Nacional Republicano Calderonista, así como dos independientes vinculados con agrupaciones conservadoras y evangélicas.
De acuerdo con testigos el diputado del PLN, David Gourzong Cerdas, habría arremedtido a golpes contra el asesor del también diputado verdiblanco Gustavo Viales, Giancarlo Cassasola.
El asesor criticó la moción que pretende retrasar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario hasta dentro de 18 meses, una vez concluida la pandemia a causa de la Covid-19. “En 15 días el matrimonio igualitario será una realidad. Y, al propio, porque así es, un grupo de Diputados sale con esta despreciable ocurrencia”, escribió Cassasola en Facebook. Además, resaltó “Espero que NO tenga el apoyo de NINGÚN diputado liberacionista y que se una vez por todas superen y respeten el fallo judicial constitucional que dispuso para Costa Rica igualdad”.
El diputado Gustavo Viales, quien también es Secretario General del PLN, dijo a la emisora Radio Monumental que apoyará a su asesor en los procesos penales que interponga y solicita que Gourzong renuncie a la agrupación política. Además, según Monumental, Viales manifestó que en la discusión sobre el matrimonio igualitario y en cualquier otro tema en el que haya diferencia de criterios no se debe permitir la violencia.
El jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez Carballo, se opone a que se discuta una moción que pretende solicitar a la Sala Constitucional retrasar la entrada en vigor del matrimonio igualitario. Según el legislador “querer retrasar esta discusión, una vez más, es querer lucrar electoralmente con los derechos de las personas LGBTI. Es el único sentido que tiene. Suficiente“. Para Sánchez Carballo, el primer diputado abiertamente homosexual en Costa Rica, “polarizar con este tema, en mitad de la crisis por COVID-19 se llama irresponsabilidad”.
El matrimonio igualitario sería legal en Costa Rica a partir del 26 de mayo, según sentencia de la Sala IV de hace dos años, pero los diputados firmantes rechazan el voto y sostienen que el tema debe ser discutido y aprobado por la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, para la comunidad LGTBI el tema del matrimonio igualitario es un asunto de derechos humanos que no debe ser resuelto por los diputados conservadores y evangélicos, formado por un grupo de 26.
Un largo camino hacia el matrimonio igualitario
Costa Rica dio un paso de gigante en su relación con el colectivo LGTB. el jueves 10 de diciembre de 2015, cuano el Frente por los Derechos Igualitarios de Costa Rica (FDI) presentó un nuevo proyecto de matrimonio igualitario, con el apoyo de múltiples grupos del Congreso.
El sabor de la victoria resultaba doblemente dulce por culminar meses de duro esfuerzo. Desde el año 2013, el Tribunal Supremo del país costarricense llevaba postergando una decisión sobre la inconstitucionalidad de los enlaces del mismo sexo. La cuestión parecía que se iba a alargar ad infinitum, así que varios activistas decidieron encadenarse todas las semanas en la Sala Constitucional de Costa Rica, para que la Asamblea Legislativa legislase en torno a las uniones de personas del mismo sexo.
Este proyecto era producto del trabajo conjunto de organizaciones y activistas, y contaba con el apoyo de más de 55.000 costarricenses que habían firmado respaldado el proyecto. Así lo confirmó Larissa Arroyo, portavoz del FDI: “Este proyecto viene a proteger legalmente la vida en común de las parejas del mismo sexo, con los mismos derechos y deberes que cualquier otra pareja. Hace ya 10 años se presentó el primer proyecto de reconocimiento de uniones, y aún en este momento, estas parejas sufren de una odiosa discriminación a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las demás”.
Como decimos, Costa Rica lleva años discutiendo el posible reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo, sin que haya sido posible ni siquiera la aprobación de una ley de uniones civiles debido a las múltiples maniobras de los opositores a la igualdad. Ni siquiera la llegada a la presidencia del anterior presidente, Luis Guillermo Solís, un político abiertamente pro-LGTB, permitió avanzar. Pero lo que sí hizo el Gobierno de Costa Rica fue elevar la cuestión a la Corte Interamericana, que en enero de este año emitió su histórica opinión. El que era todavía presidente aseguró entonces su disposición a acatarla íntegramente, si bien Solís estaba ya a punto de finalizar su mandato. El asunto del matrimonio igualitario, de hecho, ocupó un papel central en la campaña electoral de las recientes elecciones presidenciales y dio un importante empujón al candidato evangélico Fabricio Alvarado, que llegó a disputar la segunda vuelta frente al centroizquierdista Carlos Alvarado. Este último, sin embargo, acabó imponiéndose el pasado 1 de abril con más del 60% de los votos, en lo que supuso un cierto alivio para el colectivo LGTB costarricense.
Sin embargo, el camino hacia la igualdad matrimonial en Costa Rica fue posible gracias a dos sentencias judiciales previas. En 2016, el entonces presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, prometió ampliar los derechos de las personas LGBTQ+ en la nación. Para ello, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, que dictaminara sobre la igualdad del matrimonio. Dos años más tarde, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en las mismas condiciones que una pareja heterosexual y dictaminó que todos los países firmantes debían conceder a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las de sexo opuesto. La sala constitucional de Costa Rica dijo que las opiniones de la CIDH son vinculantes en el país.
Sin embargo, no era el último paso para el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Consejo Superior del Notariado de Costa Rica se negó a emitir licencias hasta que la Corte Suprema o la asamblea legislativa levantara la prohibición legal de la práctica en el país.
En agosto de 2018, la Corte Suprema, después de escuchar varios casos, votó a favor de levantar la prohibición – con una advertencia. Los legisladores tenían 18 meses para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo después de que se publicara el fallo del tribunal el 26 de noviembre de 2018. Si no se tomaba ninguna medida, la igualdad en el matrimonio se convertiría automáticamente en la ley del país después de ese período.
“El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con las disposiciones de los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los términos establecidos en los párrafos 200 a 218,” dijo el tribunal internacional con sede en San José, Costa Rica.
Sin embargo, para cumplir con la decisión de la CIDH, se requirió un fallo del Tribunal Constitucional de Costa Rica. El tribunal resolvió el 8 de agosto de 2018 contra la subsección 6 del artículo 14 del Código de Familia, que, expresamente, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En su resolución, la Corte otorgó a la Asamblea Legislativa 18 meses, a partir del 26 de noviembre de 2018, para legislar el matrimonio entre personas del mismo sexo en Costa Rica; de lo contrario, permitiría automáticamente los matrimonios del mismo sexo.
La legalización del matrimonio homosexual fue una importante promesa de campaña del presidente Carlos Alvarado Quesada, quien asumió el cargo en mayo de 2018. “He coordinado con Imprenta Nacional (impresora nacional) la resolución sobre matrimonio igualitario del Tribunal Constitucional que se publicará en el Boletín Judicial N ° 219 del lunes 26 de noviembre de este año. Es solo cuestión de tiempo antes de que la plena igualdad de derechos se haga realidad ”, anunció el presidente Carlos Alvarado en ese momento en un Tweet.
Este 26 de mayo, precisamente, la fecha límite expirará sin que el Congreso haya realizado ninguna modificación legal, lo que permitirá automáticamente el registro de matrimonios entre personas del mismo sexo.
El martes 5 de mayo, según datos del Registro Civil, había 54 solicitudes de registro pendientes, es decir, matrimonios del mismo sexo realizados por notarios, pero que aún no se han podido registrar. “Como en cualquier proceso de registro de matrimonio, dicho análisis involucra un estudio sobre el cumplimiento de las regulaciones actuales, relacionadas con la libertad de estado y los impedimentos legales que los cónyuges pueden tener. Una vez que se haya completado esta etapa, se llevará a cabo el registro correspondiente, un hecho que puede demorar entre 10 y 15 días hábiles ”, explicó Chinchilla.
Las circunstancias particulares de la pandemia de covid-19 que enfrenta el país no representarán ningún retraso para que las acciones pendientes puedan llevarse a cabo, confirmó el funcionario. “Las restricciones sanitarias que el TSE ha adoptado en respuesta a las pautas que el Ministerio de Salud ha emitido sobre este asunto, tendrán el mismo efecto en la presentación de estos matrimonios para su registro que en el registro de cualquier otro matrimonio y que tiene que ver con los controles de acceso regulados a nuestras instalaciones para evitar multitudes ”, especificó.
Los notarios que hayan llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo sin que la prohibición haya sido levantada aún, podrían estar expuestos a una investigación por parte del Tribunal Notarial. Los datos del Registro Civil indican que a partir de este miércoles, 15 nombres de notarios que habían formado estos sindicatos han sido enviados a la Dirección Nacional de Notarios (DNN).
El número de notarios no coincide con el número de matrimonios pendientes de registro porque algunos profesionales formaron parte de matrimonios múltiples. Los notarios podrían enfrentar la suspensión, como en el caso del notario Marco Castillo, suspendido por 13 años, luego de casar a Jazmín Elizondo Arias y Laura Flórez-Estrada en julio de 2015. Tres meses después de ese matrimonio entre mujeres, el notario logró registrarlo en el Registro Civil debido a un error, ya que una de las partes contratantes apareció en el registro público como hombre. A continuación, se iniciaron una serie de procesos para anular el registro del matrimonio y sancionar a los involucrados. El caso penal contra el notario no prosperó después de la opinión de la Corte Interamericana y la decisión de la Sala IV (Corte Constitucional).
El 26 de mayo de 2020 marca el final del plazo de dieciocho meses y el comienzo de la igualdad del matrimonio en Costa Rica. Hasta el martes, 54 solicitudes de registro de matrimonios del mismo sexo ya están pendientes, informa Q Costa Rica. El tiempo para procesar un registro puede tomar de 10 a 15 días hábiles, según Chinchilla.
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