El Tribunal Supremo de Bulgaria ha ratificado el derecho de la chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo a residir como matrimonio reconocido en el país, ejerciendo el derecho de moverse libremente dentro de la Unión Europea, válido para todos los ciudadanos de la UE y miembros de sus familias. El Supremo ha dictaminado que el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía tiene que cumplirse y respetarse.

A raíz de la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2018, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria.

Y eso aun sin que este país balcánico contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia. Independientemente de la claridad de la Directiva 2004/38 /CE sobre el derecho de libre circulación y residencia en la Unión Europea y del permiso previo a este respecto, a principios de 2018, la Dirección de Migración del Ministerio del Interior de Bulgaria rechazó la residencia de Cristina Palma, justificando su postura en el artículo 46, párrafo 1, de la Constitución búlgara y el Código de la Familia: «el matrimonio es una unión voluntaria entre un hombre y una mujer».

Un derecho fundamental garantizado en toda la Unión Europea

La decisión del alto tribunal, que confirma la decisión del Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía, también está en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en un caso similar en Rumanía (caso Coman, C-673/2016), que sostuvo que los países de la UE deben respetar el derecho de residencia de las parejas del mismo sexo, casadas en otro país, que deseen vivir juntas en su territorio, ya que circular libremente dentro de la Unión es un derecho fundamental garantizado a todos los ciudadanos comunitarios, que a menudo es utilizado por un gran número de búlgaros.

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentaban que se trataba de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio.

«Era la única resolución posible»

La decisión del Supremo de Bulgaria es definitiva y vigente y debe ser implementada por la Dirección de Migración en el Ministerio del Interior inmediatamente. «No nos sorprende la resolución, porque es la única posible en este caso. Esperamos que las instituciones en Bulgaria tengan en cuenta que tendrá un impacto en otros casos similares en los que los ciudadanos de la UE, incluidos los búlgaros, ejerzan el derecho a circular libremente dentro de la Unión y no desperdicien el dinero de los contribuyentes, como fue el caso aquí», explica la activista LGTBI Veneta Limberova.

Cristina Palma ha utilizado los servicios del «LGBT Youth Law Program, Action and Adv.». En este sentido, Denitsa Lyubenova, abogada de dicho programa, considera que «el tribunal Supremo ha aplicado de forma inequívoca la legislación y la práctica europeas del Tribunal de Justicia Europeo y ha reconocido un matrimonio homosexual en el extranjero. Este es un gran paso adelante en el camino hacia la igualdad de las parejas homosexuales en Bulgaria. Tenemos muchas más maneras de ir, pero ‘Action’ y los abogados con los que estamos trabajando establecen los cimientos de una nueva era en la lucha por la igualdad de las personas LGTBI en Bulgaria».

«¡La justicia ha triunfado! Las parejas del mismo sexo ya son bienvenidas en Bulgaria. Amamos tanto a este país, ¡nos ha dado más de lo que hemos esperado! La gente aquí ha sido buena y nos ha apoyado y tratado como a una familia. Sin el apoyo de ‘Action’ y, en particular, de nuestros grandes abogados Denitsa Lyubenova y Veneta Limberova, nada de esto hubiera sido posible. Hemos pasado por muchas dificultades durante el último año y medio debido a la incertidumbre de nuestro futuro en Bulgaria. Luchar fue el sueño de que nuestro trabajo abriría muchas puertas nuevas, no solo para la justicia y la igualdad, sino también para que las parejas del mismo sexo puedan vivir juntas en un entorno familiar seguro dentro de las fronteras de la Unión Europea», defienden Cristina Palma y Mariama Diallo.

El MOVILH de Chile y el resto del activismo LGTBI se felicita

La portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) Daniela Andrade valora que «la decidida y larga lucha de Cristina y Mariama ha rendido un fruto histórico con la sentencia de Tribunal Supremo, que las reconoce como matrimonio para los derechos de residencia y movilización. Un doble hito al tratarse de mujeres que deciden desarrollar su vida en un país que aún no reconoce el matrimonio igualitario, pero que desde ahora deberá garantizar la igualdad plena a enlaces similares contraídos en otros países de la UE».

Cristina y Mariama, en opinión del MOVILH, «son un esperanza para las parejas y familias homoparentales de Bulgaria que carecen de igualdad. También son un aliento especial para nuestro país dada la doble nacionalidad de Cristina (australiana-chilena), quien es un ejemplo de perseverancia y un testimonio vivo de que es posible derribar las barreras de las injusticias y abusos basados en la orientación sexual».

Por su parte, el activista LGTBI Marco Vidal, eslavista español residente en Sofía, añade que «con la sentencia favorable del Tribunal Supremo en favor de Cristina y Mariama queda constatado que la normativa europea (Directiva 2004/38 /CE) no es papel mojado y debe ser aplicada, por mucho que sea contradictoria a legislaciones nacionales, como es el caso de la Constitución búlgara, que define el matrimonio como ‘la unión voluntaria entre el hombre y la mujer’. Los partidos liberales búlgaros son firmes defensores de los valores europeos y de los beneficios económicos y la libertad de movimiento que trae para Bulgaria su permanencia en la UE. Sin embargo, son esos mismos partidos liberales y proeuropeistas los que mientras con una mano aceptan los eurofondos, con otra rechazan aceptar derechos básicos como es la libertad de movimiento y el derecho a residencia para las familias homoparentales».

Para Vidal, «a pesar de la firme decisión del parlamento europeo en este asunto, la oficina de inmigración de Sofia rechazó conceder a Cristina el permiso de residencia sin tener en cuenta su relación familiar con una ciudadana de la Unión Europea. Después de 2 meses desde el juicio que tuvieron sobre este asunto vemos una sentencia favorable para Cristina y Mariama que, además de aceptar y poner en práctica la legislación europea vigente, abre el camino hacia la lucha por los derechos civiles del colectivo LGTBI. Ahora será el momento de que las familias búlgaras que han contraído matrimonio en otro país de la UE sean reconocidas administrativamente como tales en su país de origen. No sabemos cómo será y cuándo, pero el caso de Cristina y Mariama es sin duda alguna un precedente».

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

En enero de 2018 publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también contactó en su momento con Babulkova para preguntarle por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio a registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que el suyo se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que nosotras no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero de 2018 en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de una (inexistente) «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero  del año pasado su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

Fuente Dosmanzanas

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La australiana-chilena Cristina Palma y la francesa Mariama Diallo acaban de abrir un importante camino en la conquista de derechos LGTB en Bulgaria. El Tribunal Administrativo de Sofía les ha reconocido como matrimonio, siendo la primera pareja del mismo sexo residente en este país balcánico que lo consigue. Su caso se ampara en la prominente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado mes de junio, por la que los cónyuges de parejas del mismo sexo pueden establecerse legalmente en cualquier país o territorio comunitario. El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía, explica que «esta es la naturaleza de la normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia», aunque se trate de un país en el que no se contemplen los matrimonios igualitarios en su legislación nacional. Dosmanzanas ha podido hablar con Cristina Palma, una de las cónyuges pioneras, que califica como «un momento histórico» el espaldarazo legal recibido y que, en sus propias palabras, «también es muy importante para el avance de la comunidad LGTB en Bulgaria».

A principios de junio recogíamos la importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según la cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a las parejas del mismo sexo, con independencia de que los Estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. «Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio».

A raíz de la citada sentencia europea, Cristina Palma y Mariama Diallo han conseguido que su matrimonio sea el primero entre contrayentes del mismo sexo que reconoce la justicia de Bulgaria, aun sin que este país contemple la institución matrimonial civil igualitaria. Palma nació en Chile y residió durante más de 20 años en Australia, por lo que dispone de doble nacionalidad. Diallo, por su parte, es francesa. Contrajeron matrimonio en Francia y solicitaron la residencia en Bulgaria en 2016; un país al que se trasladaron por motivos de trabajo en un principio, pero que «nos enamoró», lo que les motivó a establecer allí su residencia.

Según ha explicado Palma a dosmanzanas en una conversación telefónica, «en 2017, cuando fui a renovar, se tomaron mucho tiempo en responder y en marzo de 2018 me dijeron que no me daban la residencia, porque en Bulgaria no se reconocía el matrimonio del mismo sexo. En ese momento decidimos llevar el Departamento de Inmigraciones al Tribunal Administrativo de Sofía». Y este, amparándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se veía obligado a admitir legalmente su matrimonio y a concederle la residencia a Cristina Palma. «Además, hasta el 30 de junio Bulgaria ocupaba por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Europea y no podía desoír en esta posición un precepto emanado de la justicia de la propia Unión Europea», alega Palma.

Con todo, el Departamento de Inmigraciones de Bulgaria podría apelar el fallo del Tribunal Administrativo de Sofía, aunque teniendo en cuenta la jurisprudencia europea lo máximo que podría conseguir es alargar los plazos y dificultarle a la pareja los trámites de reconocimiento mientras pudiera extenderse el proceso de resolución la nueva y eventual sentencia (si bien es muy improvable que se cambie el sentido de la actual).

El activista LGTB Marco Vidal, establecido en Sofía, considera que «precisamente para cosas como esta es importante el acceso al matrimonio por parejas del mismo sexo: una pareja formada por una persona de la UE y otra que no es en muchos países no podrá conseguir el permiso de residencia, a pesar de estar casada, mientras en otros sí podrá conseguirlo fácilmente». Para el eslavista español «esta es la naturaleza de esta normativa europea: que no haya desigualdad en el territorio de la UE a la hora de conseguir el permiso de residencia».

Felices e integradas en su entorno rural de Bulgaria

Cristina Palma y Mariama Diallo viven en Palamartsa, una pequeña población al norte de Bulgaria (relativamente próxima a la frontera con Rumanía). El municipio cuenta con apenas 450 habitantes y Palma reconoce que es algo «peculiar» en comparación con otras zonas rurales del país, en parte porque buena parte de la población es de origen extranjero (aproximadamente, unas 150 personas). En sendas noticias, dosmanzanas se ha hecho eco, en boca de expertos y activistas como Marco Vidal o Miguel Rodríguez, de la LGTBfobia social, cultural y política de los Balcanes. Rodríguez argumentaba que «las sociedades balcánicas son eminemente rurales y la vida en el pueblo o en las pequeñas ciudades para las personas LGTB es opresiva».

Sin embargo, quizá por el carácter extraordinario y diferencial de Palamartsa o porque algo está empezando a cambiar, Palma y Diallo afirman que «nunca hemos sentido discriminación aquí». Paradójicamente, desde el punto de vista de la convivencia social, señalan haber tenido más problemas en otros países como Francia que en Bulgaria, aunque reconocen que «puede que las parejas de hombres lo tengan más difícil».

En todo caso, como ejemplo de respeto, aplauden la actitud del alcalde de Palamartsa, Georgi Georgiev, que ha sido uno de los primeros regidores del país en apoyar públicamente en los medios de comunicación locales y nacionales a una pareja del mismo sexo.

El Movilh festejó la medida y felicitó a la pareja considerándolo un “hecho histórico para las parejas LGBTI de ese país y una alegre noticia para nosotras y nosotros”, sostuvo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Para la vocera del Movilh. Daniela Andrade, “es gran motivo de Orgullo que sea una chilena quien esté haciendo historia para los derechos LGBTI en Bulgaria y en el mundo. A ella, y a Mariamma, les deseamos toda la felicidad. Han abierto puertas para un mundo mejor y han dado una señal de esperanza para los chilenos y chilenas”.

Añadió que “el Estado de Chile sigue estando en deuda con las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, a las cuales considera de segunda categoría y les niega derechos por su orientación sexual. Este abuso y desigualdad es cada vez más dañino y requiere llegar a su fin.- Reafirmamos nuestra lucha por el matrimonio igualitario, y exigimos al Estado cumplir el compromiso que firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH a favor de la plena de igualdad para las familias homoparentales y para las parejas del mismo sexo”.

El precedente de Adrian Coman y Robert Hamilton

Adrian Coman, ciudadano rumano, y Robert Hamilton, ciudadano estadounidense, presentaron una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio, celebrado en Bélgica. Una falta de reconocimiento legal que impedía a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre de 2016 el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo. Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) anunciaba que la Gran Sala se haría cargo de las deliberaciones. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia.

Semanas después, en enero de 2018, nos llegó una primera noticia muy positiva: el prestigioso jurista belga Melchior Wathelet, uno de los once abogados generales con los que actualmente cuenta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión (él mismo fue juez de la Corte Europea de Justicia) daba la razón a los demandantes. Y aunque las conclusiones del abogado general no vinculan necesariamente al Tribunal de Justicia (su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa), finalmente el Tribunal coincidía con su criterio. Oor fin, en junio pasado conocíamos la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que afirmaba que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado

El caso de Lily Babulkova y su esposa Dary

El pasado mes de enero publicábamos que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen, solo unas semanas después, no admitía su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia.

Dosmanzanas también ha contactado con Babulkova para preguntar por su situación, en comparación con el éxito que ha obtenido la pareja formada por Cristina Palma y Mariama Diallo. «Actualmente, tenemos nuestro caso pendiente ante el Tribunal Supremo Administrativo. Después de que el Tribunal Administrativo de la ciudad de Sofía confirmara el rechazo del municipio para registrar nuestro matrimonio, apelamos y nuestro caso está programado para audiencia el 30 de septiembre de 2019. Después del caso Coman y este reciente juicio en Bulgaria, podríamos solicitar que el caso sea escuchado antes, pero no sabemos si esto será permitido por el tribunal», narra Babulkova.

Esta mujer luchadora y activista agrega que «en sus aspectos prácticos, nuestro caso es bastante diferente al de Cristina y Mariama, ya que su caso se refiere a la cuestión de la residencia, un problema que no tenemos, ya que ambas somos ciudadanas de la UE. Lo que importa es que, hasta donde yo sé, este es el primer caso en Bulgaria en el que se reconoce cualquier derecho relacionado con el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Por lo menos, lo veo como una señal de que los derechos de las familias del mismo sexo entran en la agenda legal búlgara, que es un buen punto de partida para nuestra lucha».

El Convenio de Estambul desataba una ola de LGTBfobia en Bulgaria

En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres salieron a las calles en marzo para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del «Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres» (popularmente conocido como «Convenio de Estambul») y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se mostraron detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. El debate se ha mantenido candente desde entonces en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) retiraba su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul ha sido la supuesta introducción de la «ideología de género» en la sociedad búlgara.

¿Referéndum sobre el matrimonio igualitario en este país?

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre «entre un hombre y una mujer», por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Pero a raíz del amplio debate que generó la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria y la cuestión de los derechos del colectivo LGTB, el nacionalista y ultraconservador ministro de Defensa, Krasimir Karakachanov, anunciaba en febrero su solicitud al resto del gobierno de convocar un referéndum sobre el matrimonio igualitario. Para Lily Babulkova, «desafortunadamente, está bastante claro lo que puede mostrar un referéndum, por eso es una manera fácil de tratar de intimidar a los activistas LGTB en Bulgaria. No puedo estar segura, pero realmente creo que no hay posibilidades realistas de que se celebre un referéndum sobre ese tema en un futuro cercano».

«La elite política búlgara ha actuado como si las personas LGTBI no existieran, con la excepción de los populistas de extrema derecha que tienden a ganar puntos con sus votantes al atacar públicamente a las personas LGTBI. En los últimos meses, el Partido Socialista Búlgaro se unió a los nacionalistas en esto. Realmente no veo ningún partido político búlgaro dispuesto a expresar una actitud positiva ante el problema y mucho menos mostrar cualquier voluntad política de acción. Por lo que respecta a los políticos, no tengo mucha esperanza», apostilla Babulkova.

General, Historia LGTBI Adrian Coman, Balcanes, BSP, Bulgaria, Convenio de Estambul, Cristina Palma, Daniela Andrade, Denitsa Lyubenova, Deystvie LGBT, Emil Radev, Georgi Georgiev, GERB, Homofobia, Kornelia Ninova, LGTBfobia, Lily Babulkova, Marco Vidal, Mariama Diallo, Matrimonio, Melchior Wathelet, Miguel Rodríguez, MOVILH, Palamartsa, Reino Unido, Robert Hamilton, Rumen Radev, Sofía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unión Europea, Violencia de género, Youth LGBT Action

A principios de año recogíamos la ola de discursos políticos LGTBfóbicos que se desataba en Bulgaria a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul. El debate se fue ensuciando y se vio salpicado por protestas y manifestaciones basadas en el desconocimiento, los prejuicios y la intolerancia, hasta el punto de que el gobierno retiró en vísperas del 8 de marzo su proyecto para llevar al parlamento dicha ratificación. En este sentido, los sectores más retrógrados de Croacia están siguiendo los pasos de sus colegas búlgaros y azuzan el miedo a que se introduzca “propaganda ideológica izquierdista en nuestras escuelas”, basada en la “ideología de género”. Los vociferantes manifestantes de Zagreb (capital de Croacia) han exigido que el país no ratifique el “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) e incluso han reclamado la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković, que puede acabar retirando su propuesta, como hizo el gobierno búlgaro.

Los sectores más retrógrados de Croacia, espoleados por la jerarquía católica y otras confesiones, así como por algunos destacados líderes derechistas y nacionalistas, salían a las calles de Zagreb el pasado fin de semana para exigir que el país no ratifique el Convenio de Estambul. Sus motivos contra el citado convenio son de carácter LGTBfóbico: se niegan a cualquier reconocimiento del matrimonio igualitario y de los derechos de las personas trans, aún a costa de renunciar a instrumentos internacionales para la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. Además de exhibir cientos de carteles y pancartas con las iniciales en croata del Convenio de Estambul tachadas (IK), los asistentes corearon gritos exigiendo la dimisión del conservador primer ministro, Andrej Plenković.

Aunque al determinar la cifra de manifestantes siempre conviene hacerlo con cautela y citando las fuentes, sigue habiendo polémica en Croacia ante la abismal diferencia planteada por las distintas partes: entre 5.000 personas (según los primeros datos de la policía) y 70.000 (según los organizadores). U ime obitelji (el movimiento “En nombre de la familia”, que fue uno de los impulsores del referéndum croata contra el matrimonio igualitario en 2013) acusa al Ministerio del Interior de “manipular” las cifras y alega que esta es una práctica “muy peligrosa para la democracia”, a través de una carta de Ivan Munjin publicada este lunes, en calidad de miembro de su junta directiva.

En un comunicado emitido por la oficina de prensa de la Archidiócesis de Zagreb se recoge que la Conferencia Episcopal de Croacia ha declarado en repetidas ocasiones su posición contraria sobre el Convenio de Estambul. La jerarquía católica croata aduce que la ratificación del citado convenio en el sistema jurídico conllevaría la adopción de “ideología de género no científica y extremadamente perjudicial” a la que, como dicen literalmente, “Francisco llama colonización ideológica”. Además, agregan que “los creyentes están llamados a testificar públicamente sobre su identidad cristiana, especialmente cuando se trata de cuestiones morales fundamentales relacionadas con el individuo, la familia y la sociedad en su conjunto”.

Lo que está sucediendo en Croacia tiene muchas similitudes con el rechazo que despertó en Bulgaria la ratificación del Convenio de Estambul en parte de la sociedad y de la clase política. Pero en Croacia la respuesta en las calles ha estado más organizada y ha contado con más respaldo ciudadano. En el otro extremo, también han sido muy visibles y mediáticas las protestas feministas exigiendo que sí se ratifique el documento.

“Una deriva retrógrada que se vuelve en contra de la Unión Europea”

Preguntado por dosmanzanas, Miguel Rodríguez, escritor y polítologo español residente en Serbia, así como autor de Homofobia en los Balcanes, explica que “la sociedad croata está muy polarizada entre el frente liberal y de izquierdas y el frente conservador y nacionalista. La entrada en la Unión Europea en 2013 no ha ido acompañada de avances en cuanto a conquistas sociales. De hecho, diría que la condición de miembro europeo ha espoleado a los sectores tradicionalistas que se sienten actualmente protegidos por el gobierno actual de derechas, pero paradójicamente pro europeo”.

Este movimiento, en su opinión, “se engarza con las tendencias de la derecha etnonacionalista en los Balcanes y en toda Europa oriental. La UE no ha mostrado firmeza durante los últimos años en cuanto a la defensa de la sociedad civil y los valores europeos, especialmente en el sudeste europeo, consintiendo una deriva retrógrada que ahora se vuelve en su contra. El problema fundamental, además, es que esta militancia en Croacia está más cohesionada, organizada y sus valores más definidos que la izquierda, letárgica incluso en los centros urbanos. Así se demostró durante la celebración del referéndum contra el matrimonio igualitario en 2013”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Fuente Dosmanzanas

Imágenes Getty

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Todavía resuenan los ecos de las gigantescas movilizaciones feministas en España y en cientos de países de todo el mundo. En Bulgaria, un país balcánico con un arraigado heteropatriarcado (todavía más profundo en las zonas rurales), las mujeres también salieron a las calles para reivindicar la plena igualdad de derechos y exigir el fin de la violencia machista. Pero con otra razón de peso: el gobierno retiró su proyecto para llevar al parlamento la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”) y lo hizo, precisamente, en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Organizaciones religiosas y destacados líderes políticos de Bulgaria se muestran detractores por miedo a la transexualidad, el matrimonio igualitario y los refugiados.

A finales de enero en dosmanzanas nos hacíamos eco de la ola de discursos políticos LGTBfóbicos a cuenta del debate sobre la ratificación del Convenio de Estambul en Bulgaria. Y hasta estos días se ha mantenido el debate candente en este país. Hasta tal punto que el gobierno derechista del GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha retirado su proyecto de llevar dicha ratificación al parlamento nacional, debido a los ataques del Partido Socialista Búlgaro (principal partido de la oposición y miembro del Partido Socialista Europeo); las jerarquías religiosas y la amenaza de la perdida de estabilidad en el ejecutivo. El discurso común a los detractores del Convenio de Estambul es la supuesta introducción de la “ideología de género” en la sociedad búlgara.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión que han ejercido a partes iguales la Iglesia Ortodoxa, los grupúsculos ultranacionalistas y el retrógrado Partido Socialista Búlgaro ha provocado que el gobierno conservador de Borisov haya decidido echar para atrás la ratificación del Convenio de Estambul”.

Este eslavista español  explica que la clave del revuelo ha sido “el concepto de género social, al hablar de los roles de géneros como construcciones sociales, de defender a las minorías sexuales, incluida las trans, y también por defender la educación escolar en la diversidad sexual y de género. Todo esto, alimentado por la transfobia propia que caracteriza a los defensores del modelo tradicional y patriarcal de la familia, así a los detractores de la supuesta ‘ideología de género’”.

Previamente a la retirada de la ratificación, el pequeño partido nacionalista VMRO del ministro de Defensa Krasimir Karakachanov, un socio menor de la coalición con el GERB, aseveraba (aunque sin ningún tipo de veracidad) que el Convenio de Estambul es una forma de “introducir programas escolares para estudiar la homosexualidad y el travestismo y crear oportunidades para sacar adelante los matrimonios entre personas del mismo sexo”.

Para Marco Vidal “es cuanto menos llamativo que todos los que critican cualquier avance en materia de derechos sociales y civiles respecto al colectivo LGTB utilicen esa misma nomenclatura, la de ‘ideología de género, cuando precisamente lo que se critican son los géneros impuestos socialmente, sus roles y sus consecuencias. En Bulgaria, por desgracia, no es la izquierda parlamentaria la que aborda este tema ni se posiciona a favor del colectivo, sino que han decidido darle la mano a la Iglesia y aumentar y alimentar el monstruo de la transfobia”.

Un instrumento para la protección de las mujeres

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (solo 18 de ellos lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El pasado 18 de enero, Armenia era uno de los últimos países en rubricarlo (y no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

El propio Consejo de Europa manda un mensaje a Bulgaria

La ingente desinformación con la que distintos estamentos de poder (incluyendo políticos, religiosos y culturales) han sometido a la sociedad búlgara obligaron al Consejo de Europa a emitir un comunicado de prensa el 7 de marzo, en el que se criticaba que “en algunos países se están difundiendo ideas erróneas sobre el propósito” del Convenio de Estambul.

El Consejo de Europa alega que “con demasiada frecuencia” los roles asociados a mujeres y hombres “están definidos por estereotipos desactualizados y pueden hacer que la violencia contra las mujeres, la intimidación y el miedo sean más ‘aceptables’”. Asimismo, el Consejo explica que “algunos afirman que nuestra Convención promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no hace referencia al reconocimiento legal de dicho matrimonio. Ciertamente, el Consejo de Europa apoya los derechos LGTBI y la Convención se opone a cualquier forma de discriminación. Pero el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo está fuera del alcance de la Convención de Estambul”.

Fuente Dosmanzanas

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Los políticos búlgaros están desplegando en los últimos días un abanico de declaraciones LGTBfóbicas en el marco del debate sobre la ratificación del “Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres” (popularmente conocido como “Convenio de Estambul”). En el Gobierno, el derechista GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo), es partidario de la firma, dejando claro que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo), principal partido de la oposición, justifica su rechazo a la violencia contra las mujeres, pero no apoya el convenio porque, según alega, fomenta la “ideología de género” y “la introducción de esta nueva ideología nos obligará a cambiar nuestra legislación”. Por su parte, la Iglesia Ortodoxa Búlgara (institución representativa de la religión mayoritaria del país) asegura que la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

Bulgaria no ratificará por el momento el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres o Convenio de Estambul (aunque sí lo firmó el 21 de abril de 2016). Incluso el presidente de la república, Rumen Radev, ha dejado claro que, en su opinión, “no es el momento de ratificar el Convenio de Estambul”. Radev hacía estas declaraciones en la rueda de prensa, ofrecida el pasado lunes, con motivo de su primer año de mandato (recordemos que, aunque se presentó como independiente, contó con el respaldo de los socialistas y alcanzó la presidencia en la segunda vuelta).

El presidente, que tiene capacidad de veto si una ley o norma no cuenta con mayoría absoluta, considera que “un documento no debe ser firmado sin ser debatido en Bulgaria y sin saber lo que realmente se deriva de él”. Para el jefe del Estado, “detrás de la noble iniciativa de reducir la violencia contra mujeres y niños, otra ideología ha salido a la luz” y, en consecuencia, añade, “la convención disocia al público”. Esa “otra” ideología a la que se refiere Radev hace referencia a los derechos de las personas trans y a la no discriminación por orientación sexual.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres es el primer instrumento jurídicamente vinculante que “crea un marco jurídico integral y un enfoque para combatir la violencia contra la mujer” y se centra en la prevención de la violencia machista, la protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los acusados. El artículo 4 del mismo establece la necesidad de proteger a las víctimas sin discriminación, entre otras causas, por identidad de género u orientación sexual.

La convención se abrió en 2011 a la firma de los países en Estambul (por lo que también recibe el nombre de “Convenio de Estambul”) y entró en vigor en 2014. Hasta el momento, ha sido apoyado por 47 países (18 de ellos lo han firmado y otros 28, además, lo han ratificado). España fue, en mayo de 2011, uno de los primeros países en firmarlo (todavía con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno), ratificándolo en 2014. El último en rubricarlo, el pasado 18 de enero, ha sido Armenia (que no destaca, precisamente, por sus políticas igualitarias en materia LGTB; en 2015, de hecho, prohibía en su Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo).

Llamada LGTBfóbica de Iglesia Ortodoxa Búlgara

El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara ha sido una de las primeras voces de este país balcánico en alertar del “peligro” de la ratificación del Convenio de Estambul. A su juicio, conduce a la “muerte espiritual de la humanidad”. La Iglesia Ortodoxa argumenta, en este sentido, que la posibilidad de reconocer la libre autodeterminación de género “deja abiertas, de par en par, las puertas de la desintegración moral que conducirá a nuestra autodestrucción psíquica y física”.

El activista LGTB Marco Vidal, residente en Sofía (la capital búlgara), explica en declaraciones a dosmanzanas que “la presión de la Iglesia Ortodoxa, que tiene enorme influencia sobre la población de más edad del país, así como el bombo y la desinformación que se ha generado por la simple inclusión de las expresiones ‘tercer género’ y ‘género social’ ha provocado que un debate que debería ser sobre la situación de la mujer en Bulgaria, y cómo luchar, en definitiva, contra la violencia machista, se convierta en un debate sobre cuestiones de género. Un debate que realmente nadie esperaba y que ha cogido a todo el mundo por sorpresa, colectivos LGTB incluidos”.

Este eslavista español aclara que “hubo mucho revuelo por el concepto de ‘género social’ (‘социален пол’) y se propuso que se volviera a traducir al búlgaro el texto del convenio. En búlgaro ‘пол’ significa ‘género’ y ‘sexo’ y no existe el concepto de ‘género social’ y precisamente por este motivo fue por lo que se propuso, incluso, que se rehiciera la traducción”.

Vidal agrega que “la Iglesia Ortodoxa consideró desde un principio, usando su típico lenguaje apocalíptico, que aceptar y ratificar este convenio denigrará a la sociedad y la moral búlgaras; por otra parte, los neonazis y grupúsculos de patriotas varios también se han posicionado e incluso han convocado manifestaciones por el país negándose a una futura educación ‘de género’ en las escuelas”.

Al rechazo del Convenio de Estambul de la Iglesia Ortodoxa, en el ámbito confesional, se suman el de las iglesias evangélicas y la Oficina del Gran Muftí de Bulgaria, que lo califica de “amenaza para la identidad de los musulmanes búlgaros”. En su opinión, “este acuerdo internacional perjudica la estabilidad de la familia”, además de introducir “conceptos como ‘género’, ‘tercer sexo’ o ‘tercer género’ y ‘sociedad gay’, que son trampas peligrosas que presagian un gran drama para Bulgaria que vive una grave crisis demográfica”.

El Gobierno de derechas y los socialistas, unidos contra la “ideología de género”

Grupúsculo homófobo cuya pancarta dice: “Bulgaria es cristiana, no maricona”

Según se desprende del Eurobarómetro de noviembre de 2017, Bulgaria es, con un 81%, el Estado miembro de la Unión Europea con un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que el rol más importante de las mujeres es cuidar de la casa y de la familia. Una cifra que contrasta con el 11% de Suecia, el 14% de Dinamarca, el 15% de los Países Bajos, el 27% de Francia, el 28% de Alemania o el 29% de España. Maya Manolova, Defensora del Pueblo búlgara, añade otro dato relevante para ponerse en contexto: “una de cada cuatro mujeres en Bulgaria ha sido víctima de violencia doméstica y así este fenómeno afecta a casi 1 millón de búlgaras”.

La ministra de Justicia de Bulgaria, Tsetska Tsacheva, añade que “el Convenio de Estambul es el primer documento que sienta un marco jurídico integral con vistas a la defensa de las mujeres y chicas contra cualesquiera formas de violencia, incluida la doméstica”, pero niega que “tras el noble motivo de la igualdad entre el hombre y la mujer se escondan otros pensamientos”.

Y es que el gobernante partido de derechas GERB o Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (adscrito al Partido Popular Europeo) ha impulsado la ratificación del Convenio de Estambul por parte de este país balcánico, aunque aclara que “no deberíamos asustar a los ciudadanos búlgaros”, ya que “no abre la puerta a ninguna ideología de género”. El eurodiputado de esta formación Emil Radev defiende que “no hay motivo para preocuparse por la ratificación”, en tanto que “el derecho de familia, el matrimonio, la cohabitación, etc. se encuentran en el campo de la subsidiariedad”.

Emil Radev, en calidad de abogado, ha sido uno de los líderes en tratar de calmar a la derecha búlgara al aseverar que “no podemos tener ningún ‘tercer sexo’ o matrimonios del mismo sexo, ni ningún otro caso atípico para las relaciones de la comunidad con el Convenio de Estambul. No abre la puerta a ninguna ideología de género”. Pese a la discrepancia sobre el alcance del convenio, tanto el GERB como el BSP o Partido Socialista Búlgaro (miembro del Partido Socialista Europeo) dicen compartir la necesidad de luchar contra la violencia machista y ambos comparten, además, su tajante posición contraria a una supuesta “ideología de género”.

Kornelia Ninova, líder de los socialistas búlgaros, declara que “el convenio ha generado una enorme tensión en la sociedad búlgara, diferencias de opiniones, la opinión de la Iglesia y una enorme discusión. Esto es división. En el convenio no hay un informe explicativo ni tampoco un informe del Consejo de Ministros que indique qué leyes nacionales hay que cambiar después de su ratificación. No está nada claro”. Para Ninova y el Partido Socialista, la única vía posible para la ratificación del Convenio de Estambul es mediante la celebración de un referéndum (que, más que presumiblemente, lo rechazaría con una amplia mayoría de los ciudadanos en contra).

El activista LGTB español Marco Vidal cree que “lo que provoca más shock y sorpresa es ver que, pese a la presión del Partido Socialista Europeo, el BSP se ha negado a firmar la ratificación de este convenio apoyándose en el argumento de que se está transmitiendo la ‘doctrina e ideología de género’ a los menores a través de la educación y consideran, falsamente, que se está usando el drama de la violencia machista para adoctrinar en esta supuesta ‘ideología’”.

Para Vidal, “el Partido Socialista Búlgaro ha demostrado estar más cerca de posiciones de la derecha conservadora y de la Iglesia que los propios conservadores. Estos últimos no son, en ningún caso, grandes defensores de los derechos civiles y de las minorías sexuales, pero su política neoliberal y pro europeísta les conduce a votar cualquier cosa, estén o no de acuerdo, por tal de acercar su entrada al euro”.

La puerta al matrimonio igualitario está cerrada en Bulgaria

Hace solo unas semanas, dosmanzanas recogía la noticia de que una pareja de mujeres llevaba por primera vez ante los tribunales de Bulgaria el derecho al matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary se casaron en el Reino Unido en 2017, pero su país de origen no ha admitido su unión matrimonial en el registro y tampoco a través de su denuncia ante la justicia, como adelantamos a través de Twitter:

La justicia búlgara, finalmente, se pronuncia en contra del matrimonio igualitario. Lily Babulkova y su esposa Dary, por el momento, no verán reconocido su enlace (contraído en el Reino Unido en 2017). https://t.co/suPtc72TcL

— dosmanzanas.com (@dosmanzanas) 12 de enero de 2018

Desde 1991, el artículo 46 la Constitución de este país balcánico define el matrimonio como la unión libre “entre un hombre y una mujer”, por lo que para llegar a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo sería necesario reformar la Carta Magna búlgara (un proceso más complicado que, por ejemplo, la modificación del Código Civil).

Tampoco las personas trans lo tienen fácil: hasta 1999 no hubo ninguna referencia legislativa que permitiera el cambio de identidad de género en el país y, todavía a día de hoy, a las personas trans que no se someten a una cirugía se les impide modificar la identidad en cualquier documento oficial, con el consiguiente estigma y discriminación al que se las somete.

Sí que hay que indicar que, muy lentamente, se van logrando pequeñas conquistas LGTB en Bulgaria. Según señala el último informe de ILGA-Europa sobre Bulgaria, “en 2016, tres personas trans recibieron reconocimiento legal de su identidad género por los tribunales sin tener que someterse a esterilización”.

Fuente Dosmanzanas

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