La policía de Indonesia detiene a una pareja gay por promover una página pro-LGTB en Facebook
La policía se incauta de condones y vaselina en una fiesta gay celebrada en Cipanas en enero de 2018 (Java Occidental, Indonesia).
La policía indonesia ha arrestado a dos hombres homosexuales solo por dirigir una página de Facebook con temas LGTB. Los agentes allanaban este pasado jueves una casa de Batununggal, Java Occidental, que fue alquilada por un hombre que supuestamente creó la página de Facebook «Gay Bandung» con su compañero. Este es el primer caso de criminalización LGTB en las redes sociales en Indonesia, según medios como The Straits Times. La policía, además de detener a la pareja, se incautó de varios teléfonos móviles y 25 preservativos. Estas víctimas de la LGTBfobia de Estado se enfrentan ahora a un máximo de seis años de prisión, acusados de «transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad».
En apenas unas horas, la página en cuestión de Facebook pasaba de 4.000 seguidoreshasta los más de 31.000 en apoyo a la pareja. Pero lo cierto es que la LGTBfobia, instigada abiertamente por las administraciones, las jerarquías religiosas y ejecutada por las supuestas fuerzas de «seguridad» de Indonesia está creciendo como la espuma. Los hombres acusados por promover la página proLGTB, según el subdirector de «delitos especiales» de la policía, Hari Brata, habrían cometido el «delito» de querer «hacer amistades entre personas del mismo sexo».
Echando un vistazo a la página, sin embargo, también se puede leer información sobre noticias a favor de los derechos del colectivo LGTB, así como cuestiones de utilidad, salud, VIH/sida o entretenimiento. Los «sospechosos» han sido acusados en virtud del Artículo 27, Punto 1, de la Ley de Transacciones Electrónicas e Información (ITE) sobre «la transmisión y difusión de información electrónica que contiene inmoralidad». La citada ley conlleva una sentencia máxima de seis años de prisión y una multa de hasta mil millones de rupias (unos 60.000 euros, aproximadamente).
Lo sucedido se enmarca en el clima de acoso contra las personas LGTB que se vive en Java Occidental, cuyo jefe de policía ya hizo pública hace año y medio su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Hace solo un par de semanas, otra página de Facebook relacionada con el tema generó controversia en la ciudad de Garut. La protesta local provocó que los administradores escolares prohibieran la presencia de estudiantes LGTB en las escuelas. El miércoles 17 de octubre, la administración de la regencia de Cianjur dio instrucciones a las mezquitas de la región pidiéndoles que prediquen sobre los peligros de la comunidad LGTB y el VIH/sida en las oraciones del viernes.
La peor situación, en Aceh
Por desgracia las noticias sobre LGTBfobia de Estado en Indonesia son incesantes. La peor situación, posiblemente, es la que se vive en la provincia de Aceh, donde dos hombres recibían el pasado mes de julio 80 latigazos acusados de practicar la homosexualidad. Un castigo semejante al que recibieron en mayo de 2017 otros dos jóvenes. En aquella ocasión recibieron 83 latigazos, también ante una multitud exaltada. Amnistía Internacional lo calificó de «repugnante espectáculo» y se sucedieron las condenas internacionales.
Debido a ello, el presidente indonesio, Joko Wivodo, presionó al gobernador de Aceh, Irwandi Yusuf, para que finalmente emitiese una orden en la que se establecía que los castigos físicos debían ejecutarse en el interior de las prisiones y se prohibía la grabación o difusión de imágenes de los mismos. No obstante, hubo una gran oposición por parte de los sectores religiosos, que consideraron que si los castigos no eran públicos perderían su carácter de «ejemplarizantes», idea que, al parecer, ha terminado prevaleciendo.
También hace unos meses recogíamos la detención de cuatro personas en Banda Aceh (capital de la provincia), a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentarían a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. Y a principios de año contábamos como la policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como «hombres normales».
En la provincia de Aceh, recordemos, rige la sharía desde 2005. Fue una concesión de Indonesia a los separatistas en el marco del acuerdo de paz que tuvo lugar poco después del tsunami que asoló la región. Aunque no fue hasta septiembre de 2014 cuando finalmente se aprobó la ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de flagelación (que entró en vigor en octubre de 2015).
La sharía también rige en Sumatra Meridional (en este caso solo para los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría).
La persecución se extiende por el conjunto de Indonesia
Pero la persecución no se limita ya a los territorios donde rige la sharía. Ya en febrero de 2016 hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos indonesios. Desde entonces no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. En diciembre de 2017, por ejemplo, nos hacíamos eco de la condena de diez hombres a dos años de cárcel por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital del país, donde las relaciones homosexuales no son ilegales. Los detenidos fueron entonces condenados por violar la ley contra la pornografía. El que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación.
En mayo de 2017, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres.
Esta espantosa situación podría además agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión, si bien el proyecto de ley ha sido aplazado provisionalmente.
Fuente Dosmanzanas
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