El obispo de Málaga se enfrenta a una querella por el caso de la niña transexual.
Leemos en Cáscara amarga
Carla Gómez. 23 Marzo 2014
La familia de la pequeña Gabriela ha interpuesto dos querellas, una contra la directora del colegio San Patricio y otra contra el obispo por un delito de negación de servicio público por motivo discriminatorio.
“No es de recibo que el obispo diga públicamente que la familia es la culpable de que su hija se sienta niña y no niño sin conocerla si quiera. Jamás ha hablado con la mamá y está echando la culpa a esta señora de que, como no ha tenido hijas hembras, ella misma ha querido diseñar la sexualidad de su hija transexual. Una locura total”, con estas declaraciones, Oliver Roales, el abogado de la familia de Gabriela, la niña transexual cuyo caso saltó a los medios de comunicación por la discriminación sufrida en el colegio católico San Patricio de Málaga, anunciaba que ha presentado dos querellas: una contra la directora del centro escolar y otra contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá. La familia de la niña exige justicia porque entiende que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.
“Una niña en el cuerpo de un niño. Gabriela nació en un ‘envase’ equivocado, pero a un señor que representa a la Iglesia y es obispo, le cuesta entenderlo y califica el hecho como casi de ‘monstruosidad’ culpando a la madre de querer tener una hija en vez de un hijo, como si fuera un capricho”, dice Oliver Roales. El letrado también ha presentado en el juzgado de Málaga un acto de conciliación a la querella por “injurias graves con publicidad” a la que puede enfrentarse Jesús Catalá si no rectifica “las duras acusaciones que ha hecho”.
El conflicto entre la Iglesia y la familia se originó el día que los padres pidieron al colegio San Patricio, centro al que asistía la niña transexual, que fuera respetada su identidad de género, que fuera llamada por el nombre con el que se identificaba, que pudiera vestir de acuerdo a ello y que pudiera elegir el aseo que quería utilizar. El centro se lo denegó. Roales explica que ha habido una “discriminación clara” y que “había que tratarla como una niña, no porque me lo invente yo, los padres o la propia Gabriela, sino porque existen informes de todo tipo que así lo acreditan. No tienen relevancia los genitales que tenga un transexual para que se le trate de una manera u otra”. El abogado insiste en que “no se puede acreditar una fundamentación razonable para seguir tratándola como un niño“. Es por lo que los padres pidieron “clemencia a la Junta de Andalucía”. El Gobierno regional los escuchó y la Delegación Territorial de Educación tiró por tierra lo que el obispo Catalá argumentaba: “Es un niño que tiene siete años, que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio y lo lógico es que siga así”. Un inspector se presentó en el centro e instó al San Patricio a cumplir las instrucciones dadas para adecuar el trato al menor transexual. La Delegación les recomendó que en el desarrollo de las actividades el profesorado considerara el sexo con el que la menor se siente identificada, “así como reconocer y aceptar la posibilidad de vestir con uniforme en función de la identidad de género”.
Si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula
Por su parte, más de un centenar de padres de niños matriculados en el San Patricio firmaron en su día un documento explicando que no estaban de acuerdo con la decisión de la Junta de Andalucía de que se respetase la identidad de género de la menor alegando que a ellos no se les había escuchado antes de decidir que la transexual pudiera llevar falda y no pantalones, usar los baños de mujeres y aparecer en la documentación interna según su identidad de género: “En ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias, y han aceptado sin más la opción de sus progenitores por feminizar al niño”.
La Junta, de momento, no ha retirado el concierto educativo con el San Patricio, pero el colegio ha sido apercibido para que retire de sus normas de funcionamiento la obligatoriedad de llevar uniforme. Se le ha advertido de que, si no procede de esta forma, se iniciarán de nuevo los trámites para la retirada del concierto.
La nueva vida de Gabriela
Hace dos semanas, los padres de Gabriela optaron por cambiarla de colegio porque la situación era “insostenible”. La menor asiste ahora a sus clases en otro centro público, donde lleva falda y está feliz “aunque no entiende por qué ha tenido que dejar el San Patricio, donde van a clase su hermano y sus amigas”. “¿He hecho algo malo?”, se pregunta la pequeña. La familia, que no pide indemnización, quiere que el obispo reconozca que “es incierto que se haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña”. Los padres sostienen que su hija sufría una “discriminación constante“. La más dura tal vez, según el abogado, fue que “en el informe de Educación consta que el colegio manifestó que si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula. Se la llevaría a una habitación aparte, se llamaría a su madre y se la sancionaría”.
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