En el marco de la campaña #ReconocerEsReparar, el día jueves 6 de octubre a las 15hs en el Anexo A del Honorable Congreso de la Nación, piso 3, Sala 5, se realizará el acto de presentación del proyecto de ley “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género”.

El 3/10 entre los trending topic de Twitter apareció: #ReconocerEsReparar

Hace años, cuando la Ley de Identidad de Género no era ni siquiera una posibilidad, cuando el silencio y la muerte trans no eran noticia, cuando el Estado criminalizaba a determinadas identidades de género y sexualidades, cuando los edictos policiales apañaban la violencia que el personal de las fuerzas de seguridad aplicaba sobre cuerpas trans, hace años (no tantos), muchas personas trans padecieron esta violencia sistemática y periódica. Por esto, y por mucho más, hace tiempo el Estado y la sociedad tienen una deuda enorme para con estas identidades, #ReconocerEsReparar

Para eso se está impulsando un proyecto de ley nacional que consiste en una reparación histórica para personas trans víctimas de este aparato del terror avalado por el Estado.

La campaña fue iniciativa de ALITT, ABOSEX y Futuro Transgenérico, que retomaron el proyecto original impulsado por Lohana Berkins y Marlene Wayar junto al acompañamiento de Diana Sacayán por MAL, y cuenta con el apoyo de varias organizaciones que militan en el área de género y diversidad sexual.

El proyecto, que lleva la primera firma de la diputada Diana Conti (FpV), en los próximos meses, espera sea tratado en la comisión de Seguridad Interior, para luego pasar a las de Previsión y Seguridad Social, Derechos Humanos y Garantías y Presupuesto y Hacienda.

La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos sociales considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el estado-nación.

En el libro “Cumbia, Copeteo y Lágrimas, informe nacional sobre la situación de las travestis, transexuales y transgéneros”, se registran datos de distintos tipos de violencia sufrida por personas trans, entre las cuales figura la cometida como consecuencia de la aplicación de las contravenciones y edictos. Interesa resaltar que: “el llamado ‘Estado terrorista’ (que refiere a esa extraña combinación en la que quien debería custodiar las leyes es su principal violador), el Estado vuelto contra la sociedad, sigue siendo una realidad cotidiana para un conjunto de sectores subordinados.”

Este proyecto de ley se justifica por la directriz marcada por el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que indica: “toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos.”

El proyecto de ley 2526 precisa del impulso transversal de todos los espacios sociales y políticos de militancia.

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Fuente: Friendly Life, vía SentidoG

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Lohana Berkins, presidenta de ALITT, una de las promotoras de esta iniciativa.

Se trata de una compensación económica, que correspondería a aquellas personas que fueron privadas de su libertad mientras rigieron los edictos policiales que castigaban la expresión de género, o que sufrieron violaciones a sus derechos por parte de las fuerzas de seguridad.

El resarcimiento económico en forma de pensión graciable se podrá reclamar si prospera un proyecto de ley que presentó este lunes la diputada Diana Conti (FpV), elaborado con cuatro organizaciones del colectivo.

La iniciativa fue presentada en la Sala I del segundo piso del anexo A de Diputados, y junto a los legisladores que la impulsan estarán los autores de la idea originaria: la activista Marlene Wayar, de Abosex (Abogad*s por los Derechos Sexuales) y referentes de ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual), Futuro Transgenérico y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).

El proyecto “es de un gran impacto para nuestra comunidad, porque sería la primera vez que el Estado, así como nos reconoció en términos de la documentación legal, nos reconocería ahora en nuestra condición de víctimas” de gestiones anteriores “que solo aparecían frente a nuestros cuerpos de manera punible”, dijo a Télam la fundadora y actual presidenta de ALITT, Lohana Berkins. “Que esto salga a la luz, que las compañeras sientan que el Estado las reconoce y reconoce todas las consecuencias que produce la violencia, el encarcelarmiento y todo el sufrimiento, es muy importante para nosotros”, afirmó.

Más allá de su presentación formal, el “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género” ya fue ingresado en la Cámara baja a fines de octubre y girado para su tratamiento a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

CHA adhiere al proyecto de resarcimiento económico para las personas trans

A través de un comunicado, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) expresó su apoyo y adhesión al proyecto de ley que establece un régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivos de género.

Al respecto, César Cigliutti, Presidente de la CHA dijo: “Durante la vigencia de los edictos policiales, derogados hace 18 años, fue una época de persecución hacia nuestra comunidad LGBTI que duró más de 12 años en plena democracia en nuestro país. La derogación de los edictos policiales fue el primer objetivo de la CHA. Este proyecto de ley es un reconocimiento a esa persecución y también una reparación a las consecuencias que muchas personas sufrieron durante ese tiempo”.

Por su parte, Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA, sostuvo: “Este proyecto de ley es de un estado democrático que desde el reconocimiento de la diversidad sexual se hace cargo de un pasado de discriminación y violencia hacia nuestra comunidad.”

Fuentes: Télam; CHA, vía SentidoG

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