Este 26 de junio, a las 20:00, tendrá lugar el segundo Orgullo LGTB de Castilla y León, saliendo de la Plaza Mayor de la localidad tras la izada de la bandera arcoiris en el Ayuntamiento.

Tras 20 años, el pasado viernes las organizaciones LGTB castellanoleonesas entraron en el ayuntamiento de Valladolid en una jornada histórica.

En rueda de prensa, el alcalde Óscar Puente informó que el viernes 26, a las 20:00, se izará la bandera arcoiris, símbolo del colectivo LGTB, para dar paso a la manifestación, de lema y pancarta de cabecera “Ley de Igualdad LGTB+ YA!”, que contará con la presencia de diversos dirigentes regionales de partidos políticos, como por ejemplo, Luis Tudanca (PSOE), Pablo Fernández (PODEMOS) o José Sarrión (IU), que ya han confirmado su presencia, y otros por confirmar.

Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+ declaró en la rueda de prensa que “Por fin entramos en la casa de todos como ciudadanos de primera en Castilla y León. Por fin lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y cualquier forma de diversidad sexual o de género sentimos el apoyo institucional que necesitamos en esta comunidad tan dura con la diversidad”

Marina Sáenz, de Fundación Triángulo Valladolid ha declarado que “asistimos a un final de ciclo. La situación de inmovilismo y prejuicio que ha atenazado a Castilla y León por decenios llega a su fin. Es el momento de legislar por la igualdad real de gais lesbianas y transexuales”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Castilla y León, Fundación Triángulo, IU, José Sarrión, Luis Tudanca, Marina Saenz, Orgullo LGTB, Óscar Puente, Pablo Fernández (PODEMOS, PSOE, Valladolid

Menos mal que ya va a ser desalojado el PP y su alcalde homófobo y machista, gracias a haber sido condenado por un delito de desobediencia judicial en una sentencia que supone su inhabilitación durante 13 años. En la fotografía podéis leer varias de sus “perlas”… Lo peor es que fue votado y tuvo mayorías absolutas durante años… Quien se las reía y le votaba tiene un nombre: Cómplice.

Sufrirían trato discriminatorio del que es objeto por parte de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid con motivo de la 15.ª Muestra Internacional de Cine LGBT de Castilla y León.

COMUNICADO DE FUNDACIÓN TRIÁNGULO CASTILLA Y LEÓN

Con fecha 20 de enero de 2015 se nos notificó la baja en el Registro Municipal de Asociaciones, con el argumento de que Fundación Triángulo no había aportado la acreditación de la organización mediante copia del C.I.F. y demostración de su domicilio efectivo en el municipio de Valladolid. No tuvimos conocimiento de dicha notificación, al contrario de lo indicado por la propia copia escaneada del mensaje que el Ayuntamiento nos ha proporcionado.

Toda esa información solicitada ya había sido aportada en el mes de mayo de 2014 mediante los mecanismos adecuados de la administración electrónica, cuyas pruebas se adjuntaron al recurso para la suspensión cautelar de la expulsión de nuestra organización del Registro Municipal de Asociaciones.

Con fecha 17 de febrero se nos comunica que estamos inscritos de nuevo en el Registro Municipal de Asociaciones de la ciudad de Valladolid, lo que deja sin efecto la baja en el mismo de fecha 9 de enero de 2015. Como todos los años, solicitamos la subvención correspondiente para la celebración de CINHOMO 2015, uno de los festivales de cine más importantes de Castilla y León y el único certamen cinematográfico LGBT de nuestra comunidad autónoma, en el que cada año se dan cita más de 3 000 espectadores durante su semana de duración.

Con fecha 19 de mayo de 2015 recibimos notificación por parte de la Fundación Municipal de Cultura de que se nos ha denegado la subvención para dicho festival de cine por “No estar inscritos en el registro Municipal de Asociaciones a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes” (6 de febrero de 2015), periodo en el que ya no tenía efecto la baja como Asociación en el Registro Municipal.

Fundación Triángulo de Castilla y León quiere señalar que todo indica que esta exclusión se hizo de forma premeditada, para así evitar concedernos a nosotros y a otras ONGs cualquier tipo de subvención, lo que, una vez más, nos hace sentir discriminados, apartados y olvidados, en las políticas públicas municipales y regionales. Una vez más, vemos pisoteados los derechos que tenemos las personas LGBTI como ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Valladolid.

Solicitamos al Ayuntamiento que rectifique su resolución y conceda la subvención que nos corresponde como Asociación que fomenta la cultura y el respeto por los Derechos Humanos en nuestra ciudad. Anunciamos, igualmente la presentación del correspondiente recurso, y por motivos obvios ante las últimas noticias judiciales, celebramos que esta pueda ser la última vez que se proceda con semejante desprecio al procedimiento y con intenciones tan claramente excluyentes.

Marina Saenz es coordinadora de Fundación Triángulo Castilla y León

Fuente Fundación Triángulo

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento, Castilla y León, CINHOMO 2015, Discriminación, Fundación Triángulo, Valadolid

Mariano Rajoy y el ministro de Sanidad Alfonso Alonso

El gobierno equipara a las familias LGTB a otras familias “con problemas”: con enfermos graves, mayores, madres reclusas…

El gobierno de Rajoy presentó el viernes, en vísperas de la conmemoración del día de las familias, el plan aprobado en Consejo de Ministro de Ayuda a las familias. En la presentación, el ministro de Sanidad Alfonso Alonso denominó a las familias LGBT como “familias con problemas”.

Aprovechando el tirón del 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, el Consejo de Ministros aprobó este jueves el denominado Plan de Apoyo a la Familia con el objetivo de “mejorar la protección de las familias en todas las políticas y de forma transversal”. Se trata de un conjunto de acciones entre las que se incluyen muchas ya en marcha, otras sobre las que en realidad el gobierno central no tiene competencia y alguna promesa electoralista, como la de subir las pensiones a mujeres con dos o más hijos. El anuncio del plan incluye una mención a las familias LGTB, que el gobierno incluye en el cajón de sastre de “familias con necesidades especiales”: quienes tienen enfermos graves, mayores, familias inmigrantes, de empleados en el servicio exterior o madres reclusas o exreclusas con menores.

Según el anuncio oficial, y a la espera de conocer los detalles del plan, estos colectivos cuentan con “medidas específicas”, sin precisar nada más. Especialmente significativo fue que el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, encargado de presentar el plan en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, se refiriera a estas familias con “necesidades especiales” como familias “con problemas diversos”:

A la espera, insistimos, de conocer los detalles, no parece desde luego muy prometedora la forma en la que las familias LGTB han sido finalmente consideradas en un plan que desde su inicio se planteó como un guiño del PP a su sector más conservador y al frente de cuya preparación ha estado la directora general de Servicios para la Familia e Infancia, Salomé Adroher, que en octubre de 2012 no tuvo problema en inaugurar el congreso “El matrimonio sí importa, el divorcio no es la solución”, organizado por el ultraconservador y homófobo Foro de la Familia, y para el que se ha contado, por ejemplo, con la colaboración de Acción Familiar, organización contraria al matrimonio igualitario y a la que se subvencionó con 18.000 euros para que elaborase un informe sobre la situación socioeconómica de las familias.

La FELGTB señala al Ministro que el “problema” de nuestras familias es la existencia de la LGTBfobia

Esa es también la impresión de los colectivos LGTB, que han expresado su desagrado por la forma en la que las familias LGTB han sido incluidas en el plan.

La FELGTB ha señalado al ministro Alonso que “las familias LGTB no presentamos ningún ‘problema’ especial ni específico, los numerosos estudios realizados  sobre nuestras familias tienen una concordancia en sus conclusiones al afirmar que nuestras familias presentan un grado de aceptación social elevado y un desarrollo intelectual y psicoafectivo adecuado”. “Las necesidades específicas de las familias que formamos lesbianas, gais, transexuales y bisexuales pasan únicamente por promover un espacio libre de homofobia, bifobia y transfobia, donde la igualdad legal y administrativa acabe con las trabas que nos encontramos y donde se promuevan políticas educativas, sociales y sanitarias inclusivas que logren que la vivencia de la diversidad familiar sea reconocida como una riqueza social imprescindible”, añaden desde la FELGTB. Hoy, y todos los días, reclamamos que las familias LGTB existen y enriquecen la diversidad familiar. ¡Felicidades, familias!

Fundación Triángulo exige que se modifique el Plan tanto en su contenido como en su lenguaje

Desde Fundación Triángulo exigen que se modifique el Plan tanto en su contenido como en su lenguaje y piden al gobierno que las legislaciones sobre familias se basen en la diversidad y pluralidad que existe en esta materia como elemento positivo, y no contribuyendo al aumento de las discriminaciones y estigmatización de nuestras familias.

Silvia Tostado, miembro del área de familias de Fundación Triángulo ha expuesto que “es inadmisible que se siga legislando en materia familiar de espaldas a la realidad, nuestras familias no son problemáticas como insinuó el señor Alonso y por el hecho de ser LGTB no tiene problemas, nuestras dificultades nacen de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia de algunos sectores de la sociedad que sí tienen problemas y cuentan con el respaldo del gobierno, como las entidades de familias que nos quieren sacar de las leyes y se manifiestan con miembros del gobierno año tras año; las discriminaciones las sufrimos también por la eliminación en los planes de estudio de la diversidad, como pasó con la eliminación de educación para la ciudadanía”. Un colectivo que acaba de hacer públicas sus reivindicaciones en materia familiar: dar marcha atrás en la exclusión de la reproducción asistida de mujeres sin pareja masculina en la sanidad pública; regular la filiación de los hijos e hijas teniendo en cuenta la realidad de la diversidad familiar actual, garantizando a todos y todas, en igualdad de condiciones, los mismos procedimientos; regular y reconocer la gestación subrogada en España de una forma garantista con respecto a los derechos de las mujeres y dar a todas las familias el mismo valor visibilizándolas y reconociéndolas en el currículo educativo, entre otras medidas que deberían incluirse en una ley estatal de igualdad.

José María Núñez, Presidente de Fundación Triángulo exige al gobierno del PP una rectificación pública y le insta a sentarse con los grupos y asociaciones de familias “en primer lugar-ha manifestado- para aprender y en segundo para abordar cuales son las necesidades de las familias lgbt teniendo en cuenta a sus protagonistas, esto pasa cuando se gobierna de espaldas a la realidad social que va muy por delante de quienes han aprobado este plan”.

COGAM: “seguimos estando cuestionados, siendo vulnerados sistemáticamente nuestros derechos por la velada falta de iniciativa de este gobierno“

El colectivo COGAM, por su parte, ha hecho uso de la ironía para agradecer al ministro que reconozca que las familias LGTB son familias “con problemas, ya que efectivamente somos víctimas de la LGTBfobia y el acoso que todavía siguen existiendo en la sociedad y en la administración, donde nuestras familias, nuestras niñas, niños y las personas que nos reconocemos como LGTB seguimos estando cuestionados, siendo vulnerados sistemáticamente nuestros derechos por la velada falta de iniciativa de este gobierno en la consecución y realización de acciones firmes que se plasmen en una legislación nacional que proteja a las personas y familias LGTB persiguiendo y condenando la LGTBfobia como ya han hecho Cataluña, Andalucía o Extremadura”. COGAM recuerda la eliminación de Educación para la Ciudadanía, la retirada de la prestación sanitaria pública en materia de reproducción asistida a las mujeres sin pareja masculina, los problemas para que los menores transexuales accedan a bloqueadores hormonales, el convenio de adopción firmado con Rusia que asume la homofobia de estado en ese país o la negativa al asilo de personas LGTB. “El cajón de sastre en el que nos ha metido el ministro es un verdadero desastre. Creemos que el gobierno tiene la obligación de proteger especialmente a los colectivos que estamos siendo víctimas de delitos de odio y esto se hace legislando y desarrollando acciones eficaces para combatir la LGTBfobia y cualquier tipo de discriminación”, ha asegurado Jesús Grande, presidente de COGAM.

COLEGAS exige al Gobierno que no trate a las familias homoparentales como “familias con problemas”

Desde la Confederación COLEGAS SE exige su rectificación y han informado por su parte al ministro Alonso que “nuestras familias no tienen problemas y sí necesitan más protección y ayudas”. “El gobierno debe interiorizar de una vez por todas que no existe un único modelo de familia, y que el modelo tradicional está pasando a una diversidad de modelos de familias que tienen los mismos derechos. Estamos cansados de la invisibilidad de nuestras familias, porque hasta en el nombre del citado Plan de Apoyo a la Familia, parece sólo hacer de un único modelo de familias, cuando debería denominarse Plan de Apoyo a las Familias”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

COLEGAS también ha pedido una reunión urgente con el Ministro Alonso para aclarar la política del gobierno español acerca de las familias homoparentales y ha aprovechado también este 15 de mayo para insistir en sus reivindicaciones en este campo: una ley de gestación subrogada similar a la británica (que prohíbe el ánimo de lucro); resolver las lagunas legales que persisten en España sobre la filiación (en el caso de las parejas de mujeres, no se reconoce por ejemplo la maternidad de la pareja no biológica sin no existe matrimonio, a diferencia de las parejas heterosexuales); incluir en el catálogo de prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud los tratamientos de reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina y fomentar la visibilidad de las familias homoparentales.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que los homosexuales pueden ser excluidos permanentemente de donar sangre si lo justifica la situación sanitaria en su país.

Colegas califica de “inaudita” e “injusta” esta decisión y pide a Europa que “reaccione ante este atropello antes de que sea tarde”.

Es posiblemente la sentencia más preocupante de la que nos hemos hecho eco en nuestros casi diez años de existencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que “puede resultar justificado excluir permanentemente de la donación de sangre a los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres, habida cuenta de la situación predominante en el Estado miembro de que se trate” (reproducción literal del comunicado de prensa en castellano del tribunal). Más allá del litigio concreto, el que una institución así anteponga un prejuicio social a la evidencia científica para justificar la discriminación de un colectivo supone un retroceso que bien podemos calificar de histórico.

Este miércoles 29 de abril, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido una discriminatoria sentencia que permite excluir a los homosexuales de la donación de sangre. Así, a partir de ahora un Estado miembro pueda establecer una excepción permanente con hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres por el “alto riesgo” de contraer enfermedades infecciosas que presentan. El tribunal, no obstante, deja en manos de la justicia francesa -la que elevó la cuestión a instancias europea- decidir si las leyes de ese país son proporcionales al riesgo y si la evidencia científica disponible basta para justificar tal medida.

El origen de esta sentencia surgió en el 29 de abril de 2009, cuando en la ciudad francesa de Metz un médico rechazó la donación de sangre del señor Léger porque este había mantenido relaciones homosexuales. Tal negativa estaba basada en una orden ministerial francesa que permite excluir permanentemente a los homosexuales de la donación. El donante recurrió la decisión al considerar que esa norma infringe las normas europeas y el Tribunal Administrativo de Estrasburgo, encargado de pronunciarse sobre el litigio, elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronunciase, tal como apunta la agencia EFE, y si esa exclusión permanente es compatible con la directiva que determina que las personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre sean excluidas permanentemente de la donación de sangre (se trata, en concreto, de la directiva 2004/33/CE).  La sentencia europea, por tanto, tiene amplia repercusión porque vincula a cualquier otro tribunal europeo que se enfrente a un caso similar, no solo al que preguntó.

En palabras llanas, lo que la justicia francesa ha preguntado a la europea es si el hecho que un hombre tenga relaciones con otro hombre puede ser considerado “de alto riesgo” para así encajar la discriminación como una consecuencia de la directiva. Y la justicia europea, atribuyéndose una autoridad científica de la que carece, responde que sí, obviando un principio fundamental y básico: que para prevenir la transmisión del VIH debe atenderse a la existencia o no de prácticas de riesgo, con independencia del sexo de las personas que las practican. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se atreve incluso a argumentar, para reforzar su postura, que “en el periodo comprendido entre 2003 y 2008 la práctica totalidad de las contaminaciones por el VIH se ha debido a una relación sexual, y la mitad de las nuevas contaminaciones afectan a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”.

El alto tribunal europeo con sede en Luxemburgo determinó que “para ello es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH“. También corresponderá al país en cuestión demostrar que “no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores“. Lanzada la piedra, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esconde la mano, y considera que en el caso francés quizá sí pueda bordearse la discriminación ya que “no cabe excluir la posibilidad de que el VIH pueda detectarse mediante técnicas eficaces que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores. El tribunal nacional deberá verificar si existen estas técnicas, teniendo en cuenta que las pruebas deben realizarse siguiendo los procedimientos científicos y técnicos más recientes. De no existir tales técnicas, el Tribunal Administrativo de Estrasburgo deberá determinar si existen o no métodos que garanticen un alto nivel de protección de la salud de los receptores y sean menos coercitivos que la exclusión permanente de la donación de sangre y, en particular, si el cuestionario y la entrevista personal a cargo de un profesional sanitario pueden permitir identificar con más precisión las conductas sexuales de riesgo”.

La directiva comunitaria indica también que las personas cuya conducta sexual supone un alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre quedan excluidas permanentemente de la donación de sangre, recordó el Tribunal europeo. En su sentencia de hoy el TJUE declara que la corte de Estrasburgo “deberá determinar si en Francia un hombre que ha tenido relaciones sexuales con otro hombre está expuesto a un elevado riesgo de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles por la sangre” y para ello tendrá que tener en cuenta la situación epidemiológica en Francia.

La corte europea señaló también que según datos europeos entre 2003 y 2008 la práctica totalidad de las contaminaciones por el VIH se debió a una relación sexual, y la mitad de las nuevas contaminaciones afectan a hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. También indica que “en ese mismo periodo, estos últimos constituían la población más afectada por la contaminación por el VIH, en un porcentaje 200 veces superior al de la población heterosexual francesa”. Agrega también que “de entre todos los países de Europa y de Asia central, Francia es el que presenta una mayor prevalencia del VIH en el grupo de los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres”.

Al respecto de la normativa francesa, indica la corte que “puede entrañar una discriminación por razón de la orientación sexual en contra de las personas homosexuales de sexo masculino”. La corte europea subraya que “sólo se pueden introducir limitaciones al ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE cuando éstas sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la UE o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás“. También señala que el TJUE “no resuelve el litigio nacional” y que es la justicia nacional quien debe hacerlo conforme a la decisión del europeo, que “vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar”.

Consciente del alcance de una decisión así, el tribunal con sede en Luxemburgo insta al tribunal francés –y a cualquier otro que examine una demanda de este tipo- a que garantice que la medida es proporcionada. “Una contraindicación permanente para la donación de sangre aplicable a la totalidad del grupo constituido por los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres solo resulta proporcionada si no existen métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores”, indica la sentencia. Medio centenar de países en el mundo tienen la donación prohibida a los homosexuales.

En la práctica, será cada tribunal nacional el que decida si la sanidad pública de su país tiene alternativas para garantizar la seguridad de las donaciones de sangre. El Gobierno francés alega que existe un periodo inmediatamente posterior a la infección viral en el que, aunque se hagan pruebas de VIH, no es posible detectar el virus en el enfermo, aunque parece que los heterosexuales son inmunes a este virus, pues para ellos no hay esa ventana de precaución. Aun así, los datos que supuestamente justifican esa mayor situación de riesgo entre el colectivo homosexual resultan dudosos. Entre 2003 y 2008, casi todas las contaminaciones de sida se produjeron por contacto sexual y el 48% de las nuevas, por hombres que mantuvieron relaciones homosexuales (nada se dice del 52% restante). Este colectivo gay constituía la población más afectada por el VIH, en un porcentaje 200 veces superior al de los heterosexuales franceses. Y Francia es el país de Europa y Asia central que presenta mayor prevalencia entre los homosexuales, según la información del tribunal.

El daño,  ya está hecho. Haga lo que haga finalmente la justicia francesa, el alto tribunal europeo ya ha construido una argumentación jurídica que facilita a cualquier estado miembro de la Unión la posibilidad de discriminar legalmente.

Sanidad recuerda que en España no se pregunta si se es homosexual para donar sangre

Hace años que los expertos consideran obsoleto prohibir donar en función de la orientación sexual. En España, por ejemplo, la ley establece la exclusión de la donación de sangre en función de la existencia previa de conductas de riesgo, con independencia de la orientación sexual. Tras el cese de la conducta de riesgo la ley marca que se excluya la donación “durante un periodo determinado por la enfermedad en cuestión y por la disponibilidad de pruebas apropiadas en cada caso”. En la práctica este periodo suele ser de un año. Hay que tener en cuenta que la sangre donada es sometida a tests de VIH, entre otros agentes infecciosos. Y aunque existe la posibilidad de que una infección recién transmitida no sea detectada debido a la existencia de un “periodo ventana” entre el momento preciso de la transmisión y el momento en que las pruebas dan positivo, la introducción de pruebas más sensibles (que detectan material genético del virus en lugar de anticuerpos) ha reducido este periodo ventana al mínimo. Como bien señala el diario El País, en los últimos diez años no se ha producido en España ni un solo caso de transmisión del VIH debido a una transfusión de sangre o hemoderivados (y no es que la situación epidemiológica del VIH en el colectivo de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres sea en España mucho mejor que en Francia).

En España Sanidad ha tenido que salir a aclarar que en este país no se pregunta si se es homosexual a la hora de donar, y que en la última década no ha habido “ni un sólo contagio de virus como el VIH o la Hepatitis”. Así lo ha recordado este miércoles el Ministerio de Sanidad, que dispone de un sistema de “hemovigilancia” que monitoriza estos sucesos.

Fuentes consultadas por la agencia de comunicación Europa Press se referían así a la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según la cual puede “estar justificado”, como hace Francia, prohibir que los hombres homosexuales donen sangre, eso sí, no habiendo protocolos sanitarios eficaces para cribar si la donación está sana o por el contrario, porta enfermedad.

Desde el departamento que dirige Alfonso Alonso, inciden en que “España cuenta con unos requisitos clínicos que garantizan la seguridad de los receptores” y que “no pasan por preguntar la orientación sexual de nadie” que se acerque a donar sangre.

En particular, destacan que se hacen “entrevistas” a los futuros posibles donantes pero también “pruebas para ciertos virus” una vez se ha recogido la muestra de sangre y si se detecta alguna afectada, esta “se desecha”. “Son sistemas de vigilancia“, según explican, para tener la “garantía de que no hay riesgo de un contagio”.

Sin embargo son muchos los países en los que el peso del prejuicio es mayor que la evidencia científica. Es el caso de los Estados Unidos, donde este tema viene siendo objeto de debate desde hace varios años. En 2010, de hecho, la FDA (Food and Drug Administración, la agencia federal responsable de la regulación de medicamentos) sorprendía al decidir el mantenimiento de la prohibición pese al criterio favorable de instituciones como la Cruz Roja, la Asociación Médica Americana o la Asociación Americana de Bancos de Sangre. El propio comité reconocía entonces que dicha postura excluía muchas donaciones de bajo riesgo y permitía otras potencialmente más peligrosas. Cuatro años después, en 2014, la FDA recomendaba por fin levantar la prohibición, aunque manteniéndola de facto: solo los gais célibes durante un año podrán donar. Una medida similar a las adoptadas por Suecia (en 2009) y Reino Unido (en 2011), que también exigen a los hombres que mantienen relaciones homosexuales y que quieren donar sangre un año de abstinencia, aunque algo menos rígida que la de Canadá, que desde 2013 exige a los gais donantes de sangre cinco años sin mantener relaciones sexuales.

Más razonables han sido los cambios de normativa en Alemania, que eliminó de su normativa la mención explícita a la homosexualidad en 2010, o en México y Chile, por mencionar dos países de América Latina con una normativa más acorde a la evidencia científica, y que eliminaron en 2012 y 2013 (respectivamente) la prohibición de donar a hombres homosexuales y bisexuales, supeditando la selección no a la orientación sexual, sino a la existencia o no de prácticas de riesgo previas.

Sentencia “injusta” e “inaudita”

Las reacciones de los colectivos LGTB y de lucha contra el VIH no se han hecho esperar. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) “recuerda que el género de las parejas sexuales no es un criterio de riesgo en la transmisión de ninguna infección, tampoco del VIH”. “Para la FELGTB, la alta prevalencia de VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres comparada con población general no justifica la exclusión porque con las pruebas diagnósticas con las que cuenta un país como Francia, se puede detectar la infección del VIH en sangre, en el caso de darse. Las prácticas sexuales con riesgo para la transmisión del VIH están perfectamente descritas y determinadas y no tienen que ver con la orientación sexual de las personas”, añade. “Francia, como Canadá o Reino Unido, deben revisar sus legislaciones y basarlas en criterios científicos y no estigmatizantes. La exclusión per se de una persona por ser homosexual o bisexual es discriminatoria e insostenible en unos países cuyas legislaciones deben garantizar la igualdad”, ha afirmado el presidente de la organización, Jesús Generelo.

Para Fundación Triángulo, en palabras de su presidente José María Núñez, “resulta inadmisible que en pleno siglo XXI veamos cómo el mas alto tribunal de la Unión Europea ampara la discriminación, y mas aún que esta se produzca en Francia. Ningún criterio científico puede avalar que a un ciudadano se le impida realizar donaciones de sangre por mantener relaciones homosexuales. Hace tiempo que la comunidad científica tiene claro que no existen grupos sociales de riesgo ante las enfermedades de transmisión sexual, sino conductas de riesgo. El hecho de que la prevalencia de transmisión de VIH sea mayor entre hombres que tienen sexo con hombres no justifica esta prohibición, porque toda la sangre donada se analiza, porque prácticas de riesgo las pueden tener heterosexuales, bisexuales y homosexuales, y porque además el periodo ventana existe para todos. No es de recibo que la sanidad pública de cualquier país europeo pueda no garantizar un correcto proceso de donaciones de sangre, por lo que la discriminación ante las donaciones a los homosexuales ni se justifica ni se puede permitir. La Unión Europea debería instar a los cambios normativos necesarios para que no pueda tener lugar en ningún país miembro”.

Desde la Confederación Española LGBT COLEGAS aseguran estar “sorprendidos e indignados por esta polémica sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Nos parece inaudito que una sentencia de este calibre pueda afectar y poner dudas en las actuales leyes permisivas sobre la donación de sangre a homosexuales que abundan en la mayoría de los países europeos. La mayoría de países occidentales que hasta hace poco tenían leyes prohibitorias las están aboliendo tras las sólidas evidencias científicas que avalan los controles existentes para detectar el virus VIH, como Estados Unidos que las permite de nuevo tras prohibirlas durante 31 años”. “Esta polémica sentencia vuelve a poner la diana en el grupo de los homosexuales o de Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH), como principales responsables de la expansión del VIH en el mundo. Creíamos que hace años que habíamos superado que los culpables del mal llamado ‘cáncer rosa’ no eramos los homosexuales, sino las prácticas de riesgo de algunos homosexuales y también de heterosexuales por supuesto. Nos negamos a pagar justos por pecadores. No todos los homosexuales tenemos prácticas de riesgo, y no todas las prácticas de riesgo son realizadas por homosexuales”, afirma Paco Ramírez, presidente de COLEGAS. “Esta sentencia además de injusta y discriminatoria es peligrosa al dar argumentos a la minoría de violentos de la sociedad que aún no acepta la diversidad sexual para volver a ser diana del odio y podrían incrementar la discriminación y las agresiones en la sociedad. También dará alas a las teorías de la conspiración que nos señalan como iniciadores y propagadores de la pandemia del SIDA”, continúa Ramírez. “Europa y España debe reaccionar ante este atropello antes de que sea tarde. Como miembros del Comité Asesor y Consultivo de ONGs de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de Programas de Prevención del Sida(COAC), COLEGAS propondrá un rechazo total a esta sentencia”, finaliza Ramírez.

Son solo algunos ejemplos. En parecidos términos se han expresado Projecte dels NOMS-Hispanosida, XEGA, Algarabía, etc. El gerente de CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/Sida), Toni Poveda, aseguraba a El País que “hay tecnología para asegurar esto sin necesidad de aplicar una medida que es discriminatoria, obsoleta y que, además, puede llevar a una relajación a otras poblaciones que pueden pensar que a ellas no les afecta el VIH”.

#MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra y #StopHomofobia: las redes responden ante la prohibición a los gays de donar sangre

Por este motivo, las redes sociales han estallado en protestas con el hastag #StopHomofobia y #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra. Recopilamos algunos de los mejores tuits que se han publicado, incluso algunos rostros populares, como el periodista Oriol Nolís o la cantante María Carrasco:

“Homofobia intolerable en el seno de la UE. ¡Vergonzoso! #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra #Europa #gay #StopHomofobia” @OriolNolis

“Si no quedara sangre bien que aceptarían la nuestra #StopHomofobia” @SrPaceWolf

“O sea, que si quiero a alguien de mi mismo sexo no puedo donar sangre. Ojalá sus vidas dependan alguna vez de nuestra sangre. #StopHomofobia” @SheilaCP_98

 “Hola, buenas, aquí os traigo mi certificado de heterosexualidad, ¿puedo donar ya?” #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra” @OvejaPelirroja

“Ahora resulta que tendré la sangre diferente y no se puede donar no vaya a contagiar a alguien…Que asco de UE #StopHomofobia” @RobertoJotaG

“¿Perdón? ¿Impedir donar sangre por ser homosexual en pleno siglo XXI? ¿Pero qué tipo de broma es esta? #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra”  @Maria_CarrascoJ

“Parece vergonzoso que a nivel europeo, un continente entero supuestamente desarrollado, planteen si quiera una ley así. #StopHomofobia” @IhumeWild

“¿Grupo sanguíneo? Señale: – maricón – bollera – le doy a tó ¿Así lo vais a hacer ahora @EUCourtPress ? #MiSangreEsLaMismaQueLaVuestra” @MaluYVane

Un precedente inquietante

En cualquier caso, lo que más preocupante resulta a nuestro juicio es que una institución del calado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea pueda emitir, en pleno siglo XXI, una sentencia en la que de una forma tan obvia se anteponga el prejuicio a la evidencia científica para justificar una discriminación. No es, desde luego, un buen presagio.

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Este domingo se celebra en España el Día de la Visibilidad Lésbica, que cada 26 de abril desde el 2008 reclama el papel que les corresponde a las mujeres lesbianas en el espacio público.

Cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica como herramienta para vivir sin discriminación y con igualdad de derechos.

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) piden en un comunicado  a las mujeres no heterosexuales que trabajan en el ámbito público que den un paso al frente y se conviertan en referentes sociales positivos que contribuyan a visibilizar la diversidad existente también entre las mujeres lesbianas.

Además, el manifiesto que se leerá en los actos convocados en diferentes ciudades por las organizaciones miembro de la Federación exige a las instituciones que pongan fin a la discriminación en el acceso a la reproducción asistida y se comprometan con la protección de la salud sexual de las mujeres que tienen sexo con otras mujeres a través de formación específica y adecuada al personal sanitario.

“Hoy, como cada día, damos un portazo a los armarios, por nosotras y por nuestra felicidad, por la libertad de las generaciones futuras, por la dignidad de quienes lucharon cuando lo tenían todo en contra, arriesgándolo todo por su empeño en pro de la igualdad”, recoge el manifiesto.

El grupo de políticas lésbicas de la Federación estará también presente en Twitter mediante el hastag #SoyLesbiana reclamando, en un año marcado por las citas electorales, que los partidos políticos visibilicen la realidad LGTB y conviertan sus demandas en políticas públicas que garanticen una vida plena y la igualdad real.

Isabel Gómez, portavoz de FELGTB, ha afirmado que “el Día de la Visibilidad Lésbica sigue siendo necesario, diez años después del matrimonio igualitario que puso la base para la igualdad del colectivo, porque aún queda camino pendiente y las mujeres lesbianas tenemos que hacer un sobre esfuerzo para que se nos vea y se nos tenga en consideración, libres de prejuicios y estereotipos”.

Este domingo, en la Puerta del Sol de Madrid, a las 18:30 tendrá lugar la lectura del manifiesto, que contará con la asistencia de mujeres lesbianas de los partidos políticos de la Comunidad de Madrid, que se visibilizarán leyendo el manifiesto propuesto por las asociaciones, apoyando estas reivindicaciones. Entre los actos que han convocado las organizaciones de la FELGTB, Arcópoli, Fuenla Entiende realizarán como acto central un juego para destruir los estereotipos y prejuicios que existen sobre las lesbianas, bajo el nombre “Dale la vuelta a la tortilla”. También repartirán guías de sexo lésbico e información sobre las reivindicaciones de estas asociaciones.  Y en Valencia, las mujeres del colectivo Lambda han preparado una performance reivindicativa bajo el Puente de las Flores, que dará comienzo a las 12:00 horas, así como un debate a las 17:00 horas en su sede.

El Área de Mujer de Fundación Triángulo, por su parte, se llama la atención sobre los mayores índices de discriminación a las que se enfrentan las lesbianas tanto a las que se deben al hecho de ser mujeres como las que se producen por su orientación sexual. “Nosotras no hemos escapado al sistema patriarcal y tampoco al heterosexista, y ambos nos están asfixiando. Para alcanzar la igualdad necesitamos no solo que acaben las discriminaciones al colectivo que aún se fomentan desde esferas políticas, religiosas y de poder, para lo que leyes como la extremeña son una herramienta imprescindible; también necesitamos referentes y la implicación valiente de más mujeres lesbianas que se conviertan en referentes, sin duda necesarias”, ha declarado Silvia Tostado, vicepresidenta de la organización.

Como hacía la FELGTB, desde el Área de Mujer de Triángulo también recuerdan la exclusión de la sanidad pública de las prestaciones de reproducción asistida a mujeres lesbianas decretada por el gobierno de Mariano Rajoy, y cuya retirada exigen. En palabras de su coordinadora Inmaculada Esteban “necesitamos defender nuestros derechos como mujeres que amamos a mujeres; necesitamos defender nuestro derecho a ser madres, en pareja o en solitario, si queremos serlo; necesitamos defender nuestro derecho al trabajo; necesitamos defender una educación pública donde la diversidad sea reconocida y nunca ocultada y necesitamos exigir que las leyes y los textos normativos incluyan las especificidades de las mujeres lesbianas y no permitir que los vacíos legales nos perjudiquen”.

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Para Zerolo, según informa el PSOE, “es inaceptable que las autoridades españolas exijan pruebas de una situación conocida mundialmente y condenada en reiteradas ocasiones por el propio Parlamento español”. El dirigente socialista ha recordado al Gobierno las resoluciones aprobadas por unanimidad en el Debate del Estado de la Nación de 2014.

Entre ellas figuraba “instar al Gobierno español a buscar todas las fórmulas legales que permitan establecer un protocolo que garantice una especial atención a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas perseguidas por su identidad u orientación y/o por su compromiso en la defensa de los derechos humanos de estas“.

También ha recordado que la Comisión de Asuntos Exteriores del 24 de septiembre de 2014 aprobó de forma unánime “instar al Gobierno a facilitar la posibilidad de admitir solicitudes de asilo del colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales que se encuentren en territorio español“.

Y es que Christelle Nangnou se encuentra en un  duro momento. Si el Ministerio del Interior se mantiene impasible y no da marcha atrás en la posible deportación a Camerún de esta mujer lesbiana, la estará enviando a la boca del lobo. Camerún es uno de los países africanos más beligerantes contra las personas LGTB y que menos respeto muestran por el cumplimiento de los derechos humanos más elementales. De hecho, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel y, aunque solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”, aumentan las detenciones arbitrarias vinculadas a la orientación sexual. En este sentido, la FELGTB ha enviado una misiva a Interior en la que exige que “cumpla la ley” en el caso de Nangnou, a la que la policía camerunesa acusa de “lesbiana”.

“Estando en Camerún la policía fue a buscarme acusándome de lesbiana. Fue así como mi familia se enteró de mi orientación sexual. Mi propia familia me dijo que me repudiaba por ello. El asunto se extendió por toda mi comunidad de un día para otro, recibí cartas amenazantes, incluso con amenazas de muerte y por eso decidí huir”. Atemorizada por las amenazas y sin el apoyo de su entorno familiar, Christelle Nangnou decidió huir el pasado 25 de marzo. Para poder escapar, Nangnou camufló su identidad, utilizando la documentación de otra persona, pero no consiguió pasar la frontera aeroportuaria española. Emprendió rumbo a Madrid en busca de protección y en lugar de ello, se encuentra recluida en la zona de inadmitidos del aeropuerto de Barajas y ya ha sufrido tres intentos de expulsión y devolución a su país. “Han intentado expulsarme y meterme en un avión tres veces, pero me he resistido. Tengo un golpe en el ojo derecho, una uña arrancada, me duele todo el cuerpo y estoy mareada por todo el trajín. Les he dicho que no puedo volver a mi país porque allí no puedo tener vida”, ha narrado entre lágrimas.

La Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’

Christelle se encuentraba recluida en Barajas porque en el momento de su huida portaba un documento de identidad falso y a pesar de haber aportado pruebas de la persecución que estaba sufriendo en Camerún por causa de su orientación sexual, las autoridades le han denegado el asilo político. Su abogado ha explicado que han puesto sobre la mesa varios recortes de prensa de Camerún donde aparece la foto de Christelle junto con la oferta de una recompensa para quien la entregue a las autoridades para su detención por cometer “prácticas satánicas” pese a la posición del gobierno frente a la homosexualidad. “Pese a ello, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la solicitud esgrimiendo que su versión era ‘poco creíble’ y que no les quedaba claro si realmente era perseguida en su país o no. Debe ser que tienes que llegar con un cuchillo clavado en la espalda para que tu versión sea ‘creíble’”, lamenta el abogado. La defensa interpuso entonces el recurso correspondiente ante la Audiencia Nacional y solicitó junto a él, como medida cautelar, que Christelle no fuera expulsada hasta que se resolviera el recurso. Pero la Audiencia Nacional también denegó esa solicitud. El caso se encuentra ahora en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha ordenado que se paralice temporalmente la expulsión. Christelle tiene hasta el próximo 17 de abril para aportar más documentación que demuestre el verdadero peligro que corre en Camerún.

Al parecer, uno de los argumentos esgrimidos por el instructor del caso para denegar el asilo político de Nangnou estaba estaba embarazada cuando solicitó el estatuto de refugiada.  Se trata de un argumento fácilmente desmontable ya que sabemos que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con que esta (voluntaria o involuntariamente) se haya quedado embarazada”. La maternidad se utiliza, nuevamente, como una supuesta “prueba” de que en realidad la activista camerunesa no sería lesbiana. La misma acusación que sufre Aderonke Apata en el Reino Unido, tal y como se desprende del auto del juez John Bowers. Tanto en lo referente a Apata como a Nangnou, lo que sí parece probado es el desconocimiento de la realidad social y familiar de las personas LGTB por parte de los magistrados e instructores responsables de sendos casos. Vincular la maternidad exclusivamente a la heterosexualidad no hace sino reforzar la idea de que quien utiliza este argumentarlo ignora la diversidad familiar y afectivosexual del colectivo LGTB.

Movilizaciones sociales a favor de Christelle

Ahora que ha comenzado la cuenta atrás para su expulsión, varias asociaciones y ONG por los derechos humanos se han movilizado para exigir al gobierno que proporcione asilo político a la joven camerunesa, dado el grave peligro que corre si la devuelven a su país. La propia Christelle ha hecho su petición: “Pido a Estrasburgo que no me devuelva a mi país, porque allí no voy a poder vivir. Todas las mujeres que conozco que fueron condenadas por lesbianas han desaparecido, nunca más he sabido de ellas. En Camerún iría a la cárcel por ser lesbiana y mi propio entorno me repudia”.

La FELGTB ha enviado una carta al Ministerio de Interior, responsable de las concesiones de asilo político, exigiéndole que cumpla la ley que ampara a Christelle Nangnou para que sea protegida en España. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha movilizado para evitar la extradición de Christelle Nangnou a Camerún. Además de presentar en el Ministerio del Interior una carta para exigirle que “cumpla la ley” en el caso de Christelle Nangnou (a la que la policía camerunesa acusa de lesbiana), la FELGTB ha pedido a los miembros que conforman la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados que se impliquen en el caso de Nangnou y no permitan que la devuelvan “a un país donde será excluida y posiblemente encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres”. A la carta de la FELGTB pidiendo al Ministro de Interior que cumpla la ley, se suma una acción de recogida de firmas a través de Change.org pidiendo la concesión de asilo. En el momento de redactar este post, se habían recogido más de 60. 699  firmas. La diputada socialista en la cámara autonómica madrileña Carla Antonelli es una de las muchas personas que ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar su apoyo a la campaña.

Para la Fundación Triángulo, “la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior debe replantearse la decisión que ha tomado ante esta petición de Christelle, dado que devolverla a Camerún la condena a la cárcel, como mínimo, además de al escarnio público. Es inhumano deportar a una mujer que se sabe que está abocada a ser encarcelada por el simple hecho de amar a otras mujeres. No podemos permitirlo”, ha afirmado José María Núñez Blanco, presidente de la Fundación. En Extremadura, donde cuenta con un especial arraigo, Fundación Triángulo está además trabajando con la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y la Delegación del Gobierno para instar a Interior “a que cambie su decisión de manera inminente”.

Patricia Bárcena, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado la mala praxis en cuanto a la gestión de las peticiones de asilo político en España. Bárcena lamenta que, a pesar de que la ley no exige una prueba plena de la situación de peligro, en la práctica sí que se está exigiendo. “Para aceptar la solicitud no hace falta que haya una amenaza concreta justo contra la persona demandante de asilo, sino una situación de guerra o persecución contra un grupo de gente que implica riesgo para esa persona“, ha explicado.

La violación de los derechos humanos del colectivo LGTB es una triste y reiterada realidad en Camerún, una situación de la que han alertado las ONG,s. En los últimos años, hemos conocido numerosas historias de amenazas, ataques, encarcelamientos y asesinatos de personas debido a su orientación homosexual. En una carta abierta al presidente Paul Biya, la organización Human Rights Watch (HRW) denunciaba en 2013 los oídos sordos que hacen las autoridades al acoso al que son sometidos los abogados que defienden a las personas acusadas bajo la ley contra la sodomía vigente en el país africano. Cabe señalar que la profundidad de la homofobia en Camerún no solo afecta a la administración, sino que está instalada en todas las capas de la sociedad. En septiembre de 2014, por ejemplo, un activista LGTB se veía obligado a abandonar su domicilio por las amenazas de muerte de sus vecinos.

En 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún. Cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido: dos hombres condenados a dos años y a un año de prisión, respectivamente, tras ser encontrados culpables de homosexualidad en julio de 2013, la detención de al menos tres mujeres lesbianas en febrero de 2012, cuatro jóvenes detenidos acusados de homosexualidad en enero de 2012, otros cuatro hombres arrestados en agosto de 2011. Y las detenciones siguen remontándose en el tiempo: en abril de 2011, en octubre de 2010, en mayo de 2010 (los dos detenidos entonces fueron luego condenados a cinco meses de cárcel), en marzo de 2010 (en este caso la detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano) o en diciembre de 2009 (en este caso el joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables).

También son interesantes la serie de 5 vídeos realizados por Quijada Producciones, que llevan por título “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano. Son pequeños reportajes que recogen cinco testimonios personales. Su objetivo es doble: por un lado, denunciar internacionalmente la situación de hostigamiento que sufren las personas homosexuales en Camerún; por otro, darles visibilidad dentro de su propio país. Ya os hemos presentado tres: el primero recoge la historia de Roger, condenado a tres años de cárcel por declarar su amor por SMS a otro hombre. El segundo vídeo nos presenta a Pascaline, violada cuando era solo una adolescente, madre de dos hijas y repudiada por su familia por ser lesbiana. El tercero recoge la historia de Esther, pareja de Pascaline, junto a la que en febrero de 2011 fue detenida (su caso está pediente de un tribunal de apelación).

A continuación podéis ver el testimonio de Marc Lambert, en francés con subtítulos en castellano:

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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La discriminación sexual será multada en Extremadura

Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado con la unanimidad de todos sus grupos políticos la “Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género” (cuyo texto puedes descargar aquí), promovida por el Partido Popular (que gobierna Extremadura sin mayoría absoluta) y consensuada con el resto de grupos de la cámara y con los colectivos LGTB extremeños. Un buen ejemplo de que es posible avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos LGTB por encima de otras diferencias políticas, y que ojalá marque al PP un rumbo diferente al seguido hasta ahora en el resto del país, donde su mayorías absolutas han frenado la aprobación de leyes en este sentido.

Extremadura cuenta ya con un Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales que, impulsada por el Gobierno de José Antonio Monago (PP) y con la participación de los citados colectivos, ha sido respalda unánimemente por el Parlamento.

Activistas y organizaciones LGTB han asistido al debate final y votación de la norma desde la tribuna del público, donde la aprobación de la propuesta de ley ha sido recibida con una gran ovación, a la que se han sumado los parlamentarios desde sus escaños.

La ley, en la que ha estado trabajando la entidad federada Extremadura Entiende, junto a otros colectivos LGTB, ha conseguido promover el consenso y la necesidad de abordar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con medidas sancionadoras y la inversión de la carga de prueba que ofrece especial protección a las víctimas de delitos de odio. Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La norma, calificada hoy de “histórica” por los cuatro grupos parlamentarios, contempla el reconocimiento legal de la financiación pública de la reproducción asistida de lesbianas y bisexuales, y la protección ante la denominada “violencia intragénero”, entre las personas del mismo sexo.

Encarnita y Paulita (derecha), pareja desde hace 43 años, emocionadas en el pleno de la Asamblea de Extremadura con el nacimiento de la Ley LGTBI / Susana Sauceda

Crea un protocolo policial ante delitos de odio que se basen en la homofobia y la transfobia, además de un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación sexual que puede ser de hasta 45.000 euros en las infracciones muy graves.

La ley incluye otro protocolo para que las personas transexuales tengan garantizadas la atención necesaria para poder hacer realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido, con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

La ley recoge la inclusión de todas las mujeres en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y el acceso a los recursos de protección para las víctimas de violencia intragénero así como la consideración de víctimas de violencia de género a las mujeres transexuales en relación con hombres, tengan o no modificada su documentación. Los menores transexuales también son protagonistas de la ley y tendrán acceso a prestaciones sanitarias acorde con el libre desarrollo de su personalidad en sociedad.

Asimismo con esta ley se dota a Extremadura de un Observatorio Extremeño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que puede ser un instrumento útil para alcanzar la igualdad real, meta final de la misma.

Como adelantamos en enero, cuando el grupo popular registró la propuesta en el Parlamento regional, se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad. El texto consagra la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar y recoge la gran mayoría de las demandas del activismo en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura, entre ellas la creación de un observatorio regional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.

En el terreno de la asistencia sanitaria, por ejemplo, la ley establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. El proyecto también recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La ley recoge medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace meses despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo, y que finalmente ha quedado perfectamente aclarado.

Respecto a las denuncias por discriminación, la ley introduce el principio de inversión de carga de la prueba (artículo 43): “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye además un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Las infracciones más graves, en este sentido, podrán se sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma por un periodo de hasta dos años: la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos también por un periodo de hasta dos años.

Entre las enmiendas aprobadas durante su trámite parlamentario, los grupos de la oposición han sumado sus votos para incluir el reconocimiento a la memoria histórica del colectivo, duramente represaliado durante décadas, muy especialmente durante los años del franquismo. En este sentido, destaca la creación (artículo 29) del Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI de Extremadura.

La parlamentaria popular Francisca Rosa ha resaltado que iniciativas como ésta dignifican la política y que con esta ley se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria. Al margen del contenido concreto, ha considerado que es un “homenaje” a las personas que han sufrido la intolerancia, aunque el dolor es difícil de reparar. Rosa ha valorado la “sensibilidad” del Gobierno regional del PP en este asunto y su disposición a acercar posiciones hasta el último momento, ya que hoy se han votado las últimas enmiendas que no se habían incorporado al texto en comisión, 13 de ellas presentadas conjuntamente.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha considerado que esta sesión debería ser recordada por el paso adelante dado en favor de los derechos del colectivo LTGB. “No se trata de creer en la igualdad sino de tomar decisiones que la hagan posible”, ha aclarado Gil Rosiña, que ha destacado la firmeza en las convicciones de su partido, al apoyar una norma a pesar de haber sido presentada por el PP.

El diputado de IU Víctor Casco ha recordado el caso de Paulina y Encarna, presentes en la tribuna, una pareja de lesbianas que tuvieron que irse de Extremadura. Casco ha recibido la llegada de esta ley con “emoción”, ya que garantiza que nadie sea perseguido e injuriado por querer ser amado por otro ser humano. El parlamentario de IU, que hace tiempo confesó su homosexualidad, ha destacado la histórica lucha de mucha gente para conseguir aprobar esta ley por unanimidad. “Nunca más ni armarios ni prisiones” para estas personas, ha dicho Casco en su despedida de la primera línea política, antes de anunciar solemnemente que su grupo pulsaría el botón del sí.

La diputada del PREX CREX Fernanda Ávila ha considerado importantísimo que se reconozca en la exposición de motivos de la ley la “memoria histórica” de las personas que han sufrido este problema.

Los activistas de Fundación Triángulo Extremadura, estaban exultantes. “Aprobada por unanimidad, que no es algo irrelevante, la Ley LGBTI extremeña, muy grande, ha sido algo realmente grande lo vivido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, pero ahí está. Gracias a todos los que lo han hecho político, diputados, grupos políticos, gobierno regional, organizaciones cómplices… y todas y todos los activistas LGBT extremeños. Un abrazo enorme a todos y todas los compañeros/as de Fundación Triángulo, cuando nos lo proponemos somos imparables! Gracias!”, podía leerse en su página de Facebook. Su presidente, José María Núñez, se mostraba muy emocionado por lo conseguido en Extremadura, “donde parecía siempre que era el sitio donde peor se vivía y donde peor se podían disfrutar de estas emociones y la igualdad”.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción. “Nos sentimos muy orgullosas de que Extremadura, junto con Cataluña, se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esperamos que este ejemplo cunda y que el PP, que aquí ha aprobado esta ley, no la paralice en otras comunidades autónomas ni a nivel estatal”, declaraba su presidenta, Marisa González.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, celebra la aprobación de la Ley de Igualdad Social LGTBI aprobada por unanimidad en el Parlamento extremeño. Para que la ley cumpla con sus objetivos, Extremadura Entiende con la ayuda de FELGTB trabajará con todos los partidos políticos, agentes sociales y organismos públicos y privados. Jesús Generelo, presidente de FELGTB, ha destacado que “Una de nuestras demandas más urgentes es la aprobación de una ley semejante a nivel estatal. Se trata de un paso importantísimo que va a mejorar el día a día de la vida de miles de personas”.

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Maribel Blanco

El caso fue recurrido por la madre biológica apoyada por sectores conservadores alegando indefensión, un modelo de familia ideológico tradicional y “discriminación del menor”. El tribunal supremo ha desestimado todas las alegaciones por unanimidad.

El Tribunal Supremo ha desestimado por unanimidad, el recurso contra la sentencia del caso Maribel Blanco que reconocía la filiación del hijo, nacido antes de la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo, a una madre lesbiana, no biológica.

El pasado 18 de febrero de 2015 el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó el recurso de nulidad contra la sentencia que, tras una ardua lucha de años, amparaba el derecho de Maribel Blanco a ser reconocida como madre del hijo gestado con su pareja mediante técnica de reproducción asistida, antes de la separación de hecho y mediando años de convivencia como pareja.

El caso Blanco ha sido objeto de atención mediática en diversas ocasiones por representar lo más duro de la lucha por el reconocimiento de la maternidad y los derechos familiares para aquellas personas LGBT que se ven afectadas por la ausencia de una ley igualitaria en el acceso al matrimonio antes del año 2005.

El litigio se resolvió en favor de la madre no gestante y en interés del menor tras una ardua pelea en los tribunales. Marina Sáenz, que junto con el abogado Andrés Díaz Barbero y el equipo jurídico de Fundación Triángulo ha dirigido la defensa de M. Blanco, reconocía: Tras la celebración del éxito la alegría se vio empañada cuando se presentó recurso de nulidad contra la sentencia en un escrito que en el fondo planteaba al TS un pronunciamiento sobre un modelo de familia y maternidad único y basado en modelos tradicionales. Como no podía ser de otra manera, El alto tribunal ha desestimado la apelación por unanimidad, tanto en el plano procesal como en los alegatos de indefensión y discriminación de la recurrente.

Fundación Triángulo confía en que los sectores conservadores que han alentado este recurso no utilicen la sentencia como excusa para plantear un debate puramente ideológico ante el tribunal constitucional.

Silvia Tostado, representante del Área de Familias de Fundación Triángulo manifestaba: “Esperamos que esta familia no sea utilizada como excusa para intentar ganar en el Tribunal Constitucional lo que en la ley y en la sociedad está claramente establecido; que la sociedad española reconoce la pluralidad y diversidad familiar y que no existe ni se puede imponer un modelo de familia único basado en criterios religiosos ni biológicos”.

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Ignacio Paredero (FECyLGTB) y Marina Sáenz (Fundación Triángulo)

A pesar de tener solicitadas tres reuniones con diversas Consejerías, denuncian que no han recibido respuesta.

Las organizaciones LGTB están reuniéndose con todos los partidos políticos para trasladarle sus propuestas.

Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) y Marina Saenz, del Patronato de Fundación Triángulo Valladolid han denunciado el desprecio por parte de Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, que se ha negado a reunirse con estos colectivos en dos ocasiones, derivándonos en la última ocasión a la Consejería de Igualdad desde donde tampoco les ha concedido ninguna entrevista.

Desde estas organizaciones no comprenden esta marginación, este “no reconocimiento” de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales “como ciudadanos con demandas legítimas”. Asimismo, consideran “inaceptable” esta situación, “sobre todo teniendo en cuenta que no hay, en Castilla y León, una sola ley que recoge o trabaja la realidad del colectivo LGTB, una realidad muy dura en esta comunidad por la discriminación social existente, una realidad que si no se trabaja desde las instituciones, se perpetua como una terrible discriminación“.

Desde estas organizaciones LGTB consideran “urgente” trabajar desde las instituciones la discriminación social y laboral que sufren las personas transexuales y apremian a las instituciones a trabajar el ámbito rural, “uno de los lugares más difíciles de todo el estado para las personas LGTB” y abordar la lucha contra el acoso escolar homófobo, con asignaturas que recojan la diversidad afectiva sexual y protocolos que acaben con el acoso escolar a las y los niños lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

Para Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB, “es incomprensible que Juan Vicente Herrera no reciba nuestras demandas. Somos ciudadanas y ciudadanos como cualquier otro y tenemos que tener el mismo trato y reconocimiento que cualquiera de parte de las instituciones el estado”.

Marina Sáenz, de Fundación Triángulo considera que “es el momento de realizar un gesto publico y de que la totalidad de los responsables institucionales asuman la igualdad de derechos de las personas LGBT y acepten la diversidad por orientación sexual o identidad de genero”.

General, Homofobia/ Transfobia. Castilla y León, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Juan Vicente Herrera, Marina Saenz

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones, Arcópoli, Carla Antonelli, COGAM, COLEGAS, Cristina Cifuentes, DiversaAH, Fuenla Entiende, Fundación Respeta, Fundación Triángulo, Madrid, Rubén López

La Afilarmónica NiFú-NiFá (“la Fufa”), murga tinerfeña que hace pocos días sorprendía desagradablemente con Ya somos mayoría, canción de vergonzante letra homófoba, ha decidido dar marcha atrás y retirarla del próximo Carnaval de Tenerife después de haber recibido, según asegura su director, “amenazas de muerte”. Tanto el colectivo Algarabía como Fundación Triángulo Canarias han aplaudido la decisión, desvinculándose de cualquier tipo de amenaza.

El director de la murga, José Antonio González, se reunía inicialmente con el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el socialista Florentino Guzmán -primero en dar la voz de alarma-, al que transmitió la decisión. Eso sí, decía hacerlo movido por las amenazas que según afirma ha recibido la murga. “Esto es una bajada de pantalones y una derrota con todas las de la ley, pero nos hemos visto obligados a retirar la canción por las amenazas, hasta de muerte, que hemos recibido. En las redes sociales se ha llegado a incitar a entrar al local de ensayo con un AK-47 y matar al letrista, o pedir que se queme a la murga en la plaza pública”, declaraba. González se comprometía a retirar por completo la canción de su repertorio, incluyendo los CD grabados, aunque a continuación lamentaba la pérdida económica que ello les iba a suponer.

González se reunía después con representantes de los colectivos LGTB, que en evidente esfuerzo de generosidad han “aplaudido” la decisión de la murga, a la que han tendido la mano. “Las distintas entidades y colectivos que trabajamos por la igualdad de derechos de las personas LGBTI queremos manifestar nuestro aplauso ante la retirada (…) Entendemos que el carnaval es un espacio abierto al respeto y a la diversidad, por lo que rechazamos la violencia y las amenazas vertidas hacía miembros de la NiFú-NiFá, siendo de nuestro asombro y desconocimiento las mismas, que en ningún momento han sido alentadas por nuestras asociaciones”, expresaba su comunicado. “También queremos agradecer a los movimientos sociales y en general a la ciudadanía canaria, que ha mostrado una vez más con un sentimiento de unión y fuerza, su apuesta por una sociedad igualitaria, sabiendo que queda mucho por hacer, y que juntos seguiremos trabajando por la igualdad real de las personas LGBTI”, han añadido.

“Estamos convencidas que este hecho (…) ha supuesto un antes y un después respecto a la diversidad sexual y de género. Y así se ha manifestado en la reunión mantenida entre el Consejo Municipal LGBTI de nuestro Ayuntamiento y el director de la NiFú-NiFá, donde hemos llegado al compromiso de sentarnos una vez terminen estas fiestas para conocernos y llegar a puntos de encuentro construyendo juntos un carnaval y una ciudad respetuosa y orgullosa de su diversidad” , ha declarado el presidente de Algarabía, Carlos Marrero.

Fuente Dosmanzanas

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General Boti García Rodrigo, Casa Real, Estilo vida, Familia Real, FELGTB, Felipe VI, Fundación Triángulo, Gente, Homosexualidad, Jefe de Estado, José María Núñez, Letizia Ortiz, Política, Ragap, Sexualidad, Sociedad, Soraya Sáenz de Santamaría

El pasado 15 de enero, el grupo popular en el Parlamento extremeño registró en dicha cámara la Propuesta de Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales y de Políticas Públicas Contra la Discriminación por Homofobia y Transfobia. Se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad y no discriminación. La noticia, por otra parte, deja al descubierto lo ”moldeable” de las políticas del Partido Popular, capaz de defender posiciones opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política.

Desde Fundación Triángulo, de hecho, consideran la propuesta “histórica” por recoger “la gran mayoría de las demandas del activismo LGBT a día de hoy”. “Desde que hace mas de un año apareciera esta posibilidad, Triángulo dejó claro que si se legislaba, debía hacerse al mismo nivel que se ha hecho en Cataluña en su ley contra la discriminación a LGBTI, o en Andalucía sobre transexualidad. Queríamos y queremos la mejor ley, y la ley mas participada, para todos los extremeños, LGBT o no. Que un chico en Piornal sea agredido por ser gay le afecta y le importa a él, a sus amigos, familiares, y a toda la gente que cree en la igualdad, que es mucha”, declaraba José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.

La propuesta de ley (que puedes descargar aquí en su integridad) consagra, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar; crea un observatorio regional contra la homofobia y la transfobia y establece medidas de apoyo y protección a los grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTB, incluyendo las víctimas de la violencia homofóbica y/o transfóbica.

En el terreno de la salud, la propuesta incluye dos aspectos fundamentales. Por un lado, establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. Por otro, el proyecto recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La propuesta prevé medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando la independencia física y económica de la víctima, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace pocas semanas, recordemos, despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo.

El proyecto también incluye medidas en el ámbito educativo y laboral. Respecto a las denuncias por discriminación, introduce el principio de inversión de carga de la prueba: “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio tiene límites y “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye, por último, un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Los colectivos se felicitan

Fundación Triángulo,  como antes dijimos, se muestra satisfecha con el texto y anuncia su disposición a mejorarlo. “Triángulo ha trabajado hasta ahora con el gobierno, y lo seguirá haciendo en el trámite parlamentario con todos los grupos políticos, porque cree firmemente que esta ley es necesaria, y porque debe consolidar lo que se ha conseguido en estos veinte años de activismo LGBT, debe reconocer como derecho la atención a las víctimas de homofobia o transfobia, y una atención completa a nivel sanitario, psicológico, social y jurídico, debe establecer protocolos correctos de atención a transexuales e intersexuales en el Servicio Extremeño de Salud, debe comprometer una acción integral en cuanto a prevención de la discriminación por esta causa, y atención en las agresiones que se den, y debe cuidar de la discriminación a nuestros hijos, hayan llegado como hayan llegado a nuestras familias”, expresaba Triángulo en su comunicado.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción por un texto que considera más global que los recientemente aprobados en Cataluña -en materia de igualdad y no discriminación- o en Andalucía -en materia de transexualidad- y anima a otras comunidades a seguir el ejemplo. “El sistema patriarcal heterosexista que continúa generando en Extremadura, por su marcado carácter rural, estructuras simbólicas y reales que generan profundas, injustas y dolorosas desigualdades en función del género, el sexo, la orientación sexual, la identidad y los roles de género, va a verse desmoronado, en gran medida, con la regulación de los derechos de personas LGTBI mediante esta ley. Además, a través de la máxima feminista de que lo personal es político, creemos en la visibilidad como herramienta de nuestra realidad y diversidad LGTBI, y es la mejor estrategia para producir cambios en nuestra sociedad. A partir de hoy, las personas lesbianas, gais, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales de Extremadura vamos a ser mucho más visibles”, expresaba en su comunicado.

PP, un discurso en cada comunidad

Desde luego, si algo queda claro tras lo sucedido en Extremadura es lo moldeable -algunos dirán hipócrita- del discurso del Partido Popular, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en las leyes de Galicia y Cataluña (en este caso de forma virulenta) pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura.

Un partido, en definitiva, al que no le importa defender políticas diametralmente opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política. En el caso extremeño, afortunadamente, esta coyuntura (falta de mayoría absoluta y necesidad de contar al menos con la abstención de Izquierda Unida para sacar adelante sus proyectos) ha jugado en esta ocasión a favor de la igualdad.

Fuente Dosmanzanas

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La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, ha manifestado que para que la norma tenga “éxito” se necesita “la colaboración de los auténticos destinatarios, de sus protagonistas”.

Fundación Triángulo reclama políticas sociales que tengan en cuenta la diversidad familiar

Durante la inauguración en Cáceres de la I Jornada Técnica de Diversidad Familiar organizada por la Fundación Triángulo, Muñoz ha anunciado que el borrador de la Ley de Igualdad entre Heterosexuales, Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales estará “en breve” y que se trasladará al colectivo LGTB para que hagan aportaciones.

En cualquier caso, ha asegurado que estará aprobada antes de que finalice la legislatura con el objetivo de que esta Ley contribuya a “garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en todos los ámbitos”, como el laboral, el educativo, el social o el sanitario.

Muñoz ha manifestado que con esta Jornada y el encuentro previsto para esta tarde de unas 20 familias formadas por lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con hijos, “Cáceres se convierte este fin de semana en capital LGTB de la Comunidad Autónoma y en capital de la libertad”.

Asimismo, ha explicado que el apoyo del Gobierno extremeño se materializa en varias líneas de colaboración, entre ellas el Proyecto Plural, que desarrolla la Fundación Triángulo gracias a una subvención de 55.000 euros que este año le ha concedido la Dirección General de Política Social y Familia.

A este respecto, la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales ha resaltado que la política de atención del Gobierno de Extremadura al colectivo LGTB “va mucho más allá” y, como ejemplo, ha mencionado el protocolo específico para las personas transexuales en el que está trabajando el Servicio Extremeño de Salud.

Por último, ha felicitado a la Fundación Triángulo por la organización de las Jornadas Técnicas celebradas en Cáceres, dirigidas especialmente a los profesionales de los Servicios Sociales de Base y los Programas de Atención a las Familias de Extremadura.

“Foros especializados constituyen, sin duda, espacios de aprendizaje para acercar la realidad de las familias LGTB a los profesionales del ámbito de lo social por parte de sus protagonistas”, ha apuntado.

La Fundación Triángulo de Extremadura ha reclamado que las políticas sociales y las leyes tengan en cuenta la diversidad de las familias que cuenten en su seno con personas del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) y aquellas que estén formadas por personas del mismo sexo y con hijos porque es una “realidad” que necesita de una atención por parte de las administraciones.

De esta forma, la fundación ha organizado en Cáceres durante este fin de semana unas jornadas dirigidas a los trabajadores de los servicios sociales de base de la región para ofrecerles unas pautas de actuación a la hora de atender, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños núcleos rurales, a estas familias de una forma integral.

Desde el colectivo se reclama, por ejemplo, que se adapte desde el lenguaje administrativo hasta las política activas para abordar esta situación desde todos los ámbitos ya que la sociedad tiende a reproducir un único modelo de familia con padre y madre con hijos pero existe un porcentaje “muy amplio” con familias homoparentales, uniparentales o reconstituidas que hay que tener en cuenta.

La vicepresidenta de la Fundación Triángulo y coordinadora del área de familia, Silvia Tostado, ha señalado minutos antes de comenzar las jornadas, que el colectivo “necesita” que se empiece a reconocer “de verdad” la diversidad de las familias LGTB que tienen hijos e hijas y a las que “hay que dar respuestas”.

Aunque no existen estadísticas de cuántas familias hay compuestas por miembros LGTB, Tostado ha explicado que “aproximadamente” un 10 por ciento de la población se reconoce homosexual, por lo que “hay que pensar que al menos un diez por ciento de las familias tienen algún miembro LGTB“.

“Es imprescindible dar repuesta a esa realidad en toda Extremadura”, ha resaltado Tostado, porque los problemas de estas familias se reproducen a la hora de acudir a los registros a inscribir a los hijos, o en la atención sociosanitaria ya que “hay profesionales que todavía no han asumido que la diversidad familiar es un hecho” y por eso desde la fundación se trabaja para que “se vea la pluralidad familiar que hay”.

En las jornadas, que tienen lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, se ha proyectado un documental grabado en la región titulado ‘Tengo una familia’ y después se han desarrollado varias mesas redondas con la participación de expertos de otras comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa, entre otros asuntos, la realidad de jóvenes que se han criado con padres LGTB.

Las charlas y conferencias se sucederán a lo largo del fin de semana y también tendrá lugar un encuentro de una veintena de familias LGTB que intercambiarán sus experiencias y pondrán en común los principales problemas con los que se encuentran.

Fuente Cáscara Amarga

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El presidente de la Fundación Triangulo, José María Nuñez, ha criticado que la declaración de 2014 como ‘Año de los Derechos Humanos LGBT’ por parte del Congreso de los Diputados, dado que “existe una completa ausencia de acciones concretas o políticas de cooperación internacional coherentes con esta intención”.

La Fundación Triangulo ha denunciado que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no haya apoyado “ni un solo programa de cooperación al desarrollo” en defensa de los derechos del colectivo LGTB, durante la presentación este martes de las actividades conmemorativas del día internacional de los Derechos Humanos.

Nuñez ha señalado que la educación en materia de derechos del colectivo LGTB es la “asignatura pendiente” de España, criticando también, los “recortes del 75% en la lucha contra el VIH” en esta legislatura. A su juicio, “en América Latina se están dando pasos más grandes que en países más avanzados”.

Situación de las personas LGTB en el mundo

Durante el acto, Nuñez ha calificado de “inaceptable” que la pena de muerte para lesbianas y gais sigue vigente en siete países: Sudan, Mauritania, Somalia, Arabia Saudí, Yemen, Irán, y algunas zonas de Nigeria. Ser homosexual o transexual aún es ilegal en 78 países o territorios, de los cuales más de 34 son de mayoría musulmana, y otras de mayorías cristianas o induistas entre otras. En este sentido, ha exigido al Ministerio de Exteriores y a la UE un “mayor posicionamiento internacional en este sentido”.

Triángulo ha recordado que la situación LGBT africana sigue siendo “muy crítica”. Durante la presentación, Bard, miembro de la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad de Túnez, ha explicado la “situación de vulnerabilidad” que se vive en su país, donde una ley penaliza a las personas por ser homosexuales y en donde se ha reavivado, desde 2008, la persecución contra este colectivo, con tres muertes en los últimos años. Además, ha criticado que la recién aprobada constirución “no reconoce la no discriminación por identidad de género”

Aún así, la Fundación destaca algunos datos “esperanzadores”, como la Declaración de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos pidiendo la decriminalización de la homosexualidad, o la legalización de una organización LGBT en Botswana, una trans en Kenia o la creación de varias organizaciones LGBT en Cabo Verde.

Avance en América Latina

Por otra parte, la asociación ha destacado positivamente la situación en América Latina donde existe una “mayor aceptación social y avances legislativos”. Concretamente, ha señalado que en países como Argentina, Uruguay, Chile e incluso Colombia, donde “van dando pasos hacia delante”, aunque otros países como Honduras siguen siendo “enormemente violentos y los crímenes de odio son continuos”.

En este sentido, el director de Políticas Sociales del gobierno de José Mújica en Uruguay, Andrés Scagliola, ha afirmado durante el acto que la lucha de los derechos LGTB es “nadar a contracorriente”. A pesar de los avances, ha recordado qeu se trata de “una lucha global. “No basta con celebrar los avances de nuestro país“, señaló Scagliola.

Por su parte, Ramón Gómez, miembro de Movilh de Chile, entidad que promovió la Ley Zamudio contra el acoso escolar por homofobia, ha defendido cambiar la conciencia social con pequeñas acciones como la publicación del cuento infantil Nicolás tiene dos papás, que ha generado gran repercusión en su país.

Fuente Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Andrés Scagliola, Chile, Cooperación, España, Fundación Triángulo, José Mujica, Ley Zamudio, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MOVILH, Ramón Gómez, Uruguay

Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cubre voluntariamente los tratamientos de transexualidad sin necesidad de ley autonómica o de fallo judicial.

Un año de negociación entre Fundación Triángulo y el SaCyL culmina con el acuerdo que restaura los derechos sanitarios de las personas transexuales en Castilla y León.

– Descargar el protocolo de atención a personas trans de CyL –

Tras un año de negociaciones entre el área trans de la Fundación Triángulo y responsables del Sacyl, Castilla León se suma a las comunidades que ofrecerán tratamiento integral a la identidad de género. Hasta ahora, sólo las CCAA que acordaron aumentar la cartera de servicios por ley (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Extremadura, Navarra) y las que fueron obligadas por la Justicia a cubrir el tratamiento por sentencia de tribunales superiores (Asturias, Galicia…) ofrecían un tratamiento integral a la identidad de género, si bien existen notables diferencias en los niveles y formas de asistencia. Con el acuerdo publicado por el Sacyl y notificado a los centros de salud, Castilla y León se suma voluntariamente a las CCAA que entienden que la actual redacción de la ley de SS implica la atención íntegra de las personas transexuales en igualdad con el resto de la población, aunque no exista mención expresa en el catálogo general de servicios.

“Es un acuerdo que restaura una deuda de igualdad y de dignidad” señala Marina Sáenz, responsable del área trans de FT. “Un acuerdo que evitará el sufrimiento y ayudará a disminuir la marginación que sufrimos las personas transexuales en esta comunidad” en palabras de Lunara Santamaría, Coordinadora regional del área trans de Fundación Triángulo en Castilla y León.

En los términos del protocolo para la atención a la identidad de género, las personas trans de Castilla y León podrán solicitar atención médica a la identidad de género a sus médicos de cabecera, que les derivarán a los servicios de salud mental y endocrinología más cercanos, que actuarán asesorados por la unidad de referencia, o bien solicitar derivación voluntaria a la unidad de referencia establecida en Valladolid con el fin de recibir atención por especialistas en la materia. La atención en salud mental se concibe no como un proceso de “diagnóstico de admisión” sino como un proceso de acompañamiento y refuerzo ante los retos sociales que afronta la persona trans en su manifestación de identidad. Aunque el protocolo menciona por referencia al CIE y DSM V el llamado “test de la vida real”, aclara que no es elemento del diagnóstico o criterio de elegibilidad y que no se puede exigir un itinerario único u obligado en la manifestación de identidad de género, siendo cada persona la que según sus circunstancias sociales y familiares elige la forma y los tiempos en los que expresa su identidad. El protocolo, ampara además a los menores de edad sin exclusiones ofreciendo una vía específica de tratamiento para estos casos.

El protocolo compromete las operaciones “menores” de adaptación a la identidad de género manifestada en centro de proximidad ubicado en la comunidad y las cirugías de reasignación genital mediante derivación a centro de referencia en el que existan medios y experiencia en la materia, si bien, por fallo de última hora en la coordinación con el País Vasco, aún queda por fijar que centro efectuará este tipo de operaciones, previsiblemente, la Unidad de género de Madrid.

“Queda por rematar el mecanismo de derivación a Madrid o a otra comunidad pero ya existe un compromiso firme de atención que acaba con la situación irregular que hemos vivido los últimos quince años, durante los que se comenzaba el tratamiento hormonal, se establecía la necesidad de la cirugía y se abandonaba al paciente a su suerte, lo que ha provocado que más del 70 % de las personas transexuales de esta comunidad terminaran abandonándola por la dificultad de integración social y la ausencia de tratamiento especializado” señala Marina Sáenz. “Confío en que esto funcione con normalidad y nos ayude a disminuir la discriminación, la transfobia y el sufrimiento personal que muchas sufrimos en carne propia” declara Lunara Santamaría.

En la actualidad existen unas 42 personas transexuales en los listados del SaCyL de las que aproximadamente siete son menores de edad, o adolescentes, siendo esta última categoría la que crece a ritmo vivo, pues la mejora de las situaciones sociales está haciendo que se manifiesten y se detecten a los menores trans con mayor facilidad y en edad cada vez más temprana.

Fuente Fundación Triángulo

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El gobierno extremeño pretende incluir en la futura ley LGBT extremeña esta violencia como casos de violencia de género para apoyar a las víctimas.

Fundación Triángulo agradece la intención de atender a las víctimas de violencia en parejas del mismo sexo, pero discrepa de considerarlo violencia de género.

En un segundo comunicado de prensa dado a conocer este sábado, Fundación Triángulo se extendía más a fondo, explicando que en el diálogo que viene manteniendo con el gobierno extremeño cara a una futura ley contra la discriminación de las personas LGTB “ha manifestado las demandas que considera prioritarias, entra las que no estaba esta cuestión, que hasta el momento no ha sido debatida con profundidad ni por el colectivo ni por quienes hasta hoy han venido trabajando en materia de violencia en la pareja, que fundamentalmente han sido las organizaciones feministas”.

A través de un comunicado, Fundación Triángulo ha manifestado algunas cuestiones con respecto a lo avanzado por el ejecutivo regional como una medida a incluir en la futura ley LGBT extremeña, sobre la que la ONG LGBT viene dialogando con el gobierno desde hace año y medio, y ante el cual ha manifestado las demandas que considera prioritarias, entra las que no estaba esta cuestión, que hasta el momento no ha sido debatida con profundidad ni por el colectivo ni por quienes hasta hoy han venido trabajando en materia de violencia en la pareja, que fundamentalmente han sido las organizaciones feministas.

“En primer lugar queremos manifestar que este debate debe plantearse de una manera mas sosegada y tranquila, y no a golpe de titulares de prensa”, afirman desde la asociación. Fundación Triángulo ha asegurado que no tenía conocimiento alguno de que esta medida se pretendía incluir en la ley, y no conoce en que términos se pretende hacer. Espera poder conocerlo en breve, pero también cree que el debate sobre este punto debe consensuarse con las organizaciones de mujeres que hasta hoy se han ocupado y han liderado todos los avances relativos a violencia de género.

“En segundo lugar queremos matizar que aun agradeciendo la intención de tratar y abordar este asunto, que creemos debe plantearse porque aun no siendo elevado el número de casos que deben tratarse, reconocerse y debe acompañarse a las víctimas, creemos que debe quedar claro que la posible violencia en parejas del mismo sexo no puede considerarse violencia de género, que es la que se da cuando en la pareja un rol de género abusa del otro”, han recalcado. “Por definición ese no es el origen de las situaciones de violencia que se da en aquellas parejas homoparentales en las que se produce, dado que los dos miembros de la pareja tienen el mismo género“.

“Es probable que haya quien estime que esto es un matíz sin relevancia, pero en nuestra opinión no es así”, afirman al animar a que “todas las situaciones de violencia en la pareja deben combatirse, pero la lacra de la violencia machista debe seguir siendo combatida de manera singular y prioritaria, porque a día de hoy el número de mujeres asesinadas por sus maridos sigue siendo inaceptable”.

Desde esta oragnización se dirigen al gobierno extremeño agradeciendo “al ejecutivo que cualquier otra cuestión que pretenda plantearse como innovación en la futura posible ley, sea planteada con anterioridad a quienes llevamos casi veinte años trabajando contra la discriminación LGBT en nuestra comunidad autónoma, a fin de poder evitar discrepancias públicas innecesarias“.

Desde Triángulo dicen que la ONG no avalará ni apoyará cualquier ley LGBT. “Defendemos los derechos de este colectivo por encima de cualquier color político o interés de partido, y solo apoyaremos una ley que recoja todas las demandas planteadas al ejecutivo. Y las que se planteen adicionalmente las analizaremos antes de avalarlas”.

La organización ha manifestado en reiteradas ocasiones al gobierno que quiere la mejor ley LGBT extremeña, que debe estar como mínimo a la altura de la aprobada por el Parlamento catalán en fechas recientes, y en materia de transexualidad a la altura de la aprobada por el parlamento andaluz. “Por supuesto, en el marco de nuestras competencias autonómicas”, añaden.

“De la misma manera hemos manifestado que queremos una ley que de participación a todas las voces políticas, por lo que hemos demandado en reiteradas ocasiones que el trámite parlamentario de opción a ese debate, para que todos los partidos políticos puedan aportar su visión, para que sea una ley de todos y de todas”, han concluido.

Fuente Fundación Triángulo

General Extremadura, Fundación Triángulo, Koldo Losada, Ley, Violencia intragénero

Contará con un régimen sancionador que incluye multas de hasta 45.000 euros

La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, aviva de nuevo la vieja polémica sobre si la violencia en el seno de parejas del mismo sexo puede equipararse o no a la violencia de género. En lo que bien podría ser visto como una utilización populista del asesinato del actor Koldo Losada a manos de su marido, el Gobierno extremeño ha anunciado que incluirá como violencia de género el maltrato entre parejas del mismo sexo dentro de la futura ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB. Un anuncio que ha pillado con el pie cambiado al principal colectivo LGTB extremeño, Fundación Triángulo Extremadura, que considera que el tema requiere una reflexión cuidada e insiste en que la violencia en el seno de parejas del mismo sexo y la violencia de género son realidades distintas.

“Los casos en los que una persona abusa con violencia psíquica o física de otra del mismo sexo o del sexo opuesto para destruir perversamente su autonomía o libertad son un ataque a toda la sociedad española, no solo a la víctima”, asegura el presidente Monago al anunciar una ley pionera en nuestro país.

La noticia saltaba este viernes, cuando el gobierno extremeño anunciaba que las personas víctimas de maltrato en el seno de parejas del mismo sexo contarían con el mismo grado de protección en la región que las víctimas de violencia de género, incluyendo una ayuda de 450 euros para garantizar la independencia económica durante nueve meses. Según el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, “los casos en los que una persona abusa con violencia psíquica o física de otro del mismo sexo o del sexo opuesto para destruir perversamente su autonomía o libertad son un ataque a toda la sociedad española, no sólo a la víctima”.

Monago, es muy dado a estos golpes de efecto. De hecho, asegura que la norma está consensuada con las asociaciones de la región, y, sin embargo, sus representantes aseguran que, aunque se han mantenido reuniones, están muy sorprendidos con el anuncio. Algo que no tendría por qué ser fuente de polémica, si no fuera por la intención del gobierno extremeño -al menos eso parece desprenderse del anuncio- de considerar la violencia en el seno de parejas del mismo sexo como una forma más de violencia de género y de utilizar para ello la futura ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB, que el gobierno regional lleva más de año y medio negociando con Fundación Triángulo Extremadura. Todo ello sin que este colectivo tuviera noticia alguna de las intenciones de Monago. Es más, el presidente extremeño instaba al gobierno de España a modificar la ley nacional de violencia de género para incluir en ella a las parejas del mismo sexo.

La norma “abordará la violencia intergénero con la máxima contundencia”, según el ejecutivo autonómico, incluirá un régimen sancionador con multas de hasta 45.000 euros por discriminación sexual. Asimismo, contempla la creación de un cuerpo de profesionales sanitarios experimentados, especialmente en el ámbito de la transexualidad, e incide en la formación adecuada para docentes, alumnos y asociaciones de padres. También se avanza que la ley hace hincapié en el ámbito laboral, en la contratación, la búsqueda de empleo o la inspección. En el ámbito familiar, regula asuntos relacionados con la adopción, la filiación, las familias monoparentales, las parejas de hecho y los colectivos más vulnerables. Por último, el texto incide en el ámbito del lenguaje en los medios de comunicación o las nuevas tecnologías, así como en el ámbito del deporte o la juventud.

En un primer comunicado a los medios, difundido inmediatamente después del anuncio del gobierno extremeño, Fundación Triángulo Extremadura hacía saber que este aspecto “no se había reflexionado en las reuniones mantenidas entre Triángulo y el gobierno para abordar los contenidos de la ley”. “Triángulo Extremadura, que valora positivamente la preocupación del gobierno por este asunto y la comparte como no podía ser de otra manera, espera conocer en breve en qué términos el gobierno pretende incluir en la ley contra la homofobia y transfobia en la que se está trabajando la violencia en parejas del mismo sexo”, añadía este primer comunicado.

Triángulo destacaba que “este debate es sensible y requiere una reflexión cuidada” y precisaba que no podía hacerse de espaldas a las entidades que trabajan y lideran la lucha contra la violencia de género en Extremadura.

Fuente Hoy.es

General, Historia LGTBI Discriminación, Extremadura, Fundación Triángulo, José Antonio Monago, Koldo Losada, Ley, Violencia de género, Violencia intragénero

El objetivo del encuentro es “profundizar” en el conocimiento de la situación “legal” y “social” de las familias LGBT con hijos, así como de la de aquellas en las que algún miembro del núcleo familiar es gay, lesbiana, bisexual o transexual.

La Fundación Triángulo ha organizado unas jornadas técnicas sobre diversidad familiar dirigidas a trabajadores de Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos de toda la región, que se desarrollarán el próximo 12 de diciembre en el complejo San Francisco de Cáceres.

Según ha explicado la vicepresidenta de la fundación, Silvia Tostado, este viernes en rueda de prensa, las jornadas surgen de la “necesidad” de “abrir un espacio de aprendizaje” para los trabajadores públicos sobre la realidad de las familias LGBT, ya que desde la fundación detectaron que hacia falta un “trabajo de formación” para que de alguna manera la diversidad familiar “fuera asumida por todo lo público”.

Unas jornadas, ha dicho, que “vienen para quedarse“, al tiempo que ha considerado “necesario” organizar, un encuentro similar en los distintos sectores de la Administración pública.

Junto a Tostado, ha estado presente en la rueda de prensa, el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo que ha destacado que iniciativas como ésta representa “la inquietud e interés” de la sociedad por “mejorar y avanzar” en las políticas de apoyo a las familias, así como en los “cambios” que se están produciendo en los últimos años y que han incidido “de forma directa en la conformación de las familias y su apreciación por la sociedad“.

Según Bravo, la palabra que “mejor” define el concepto de familia en la actualidad es “diversidad“, ya que las familias “no tienen un significado único y excluyente”, ha resaltado.

Por último, ha felicitado a la fundación, “por hacer visible esta nueva modalidad de familia en Extremadura y avanzar en lo que es la normalización, de este tipo de familias en la sociedad”.

Encuentro de familias LGTB en Cáceres

Por otra parte, la vicepresidenta de la Fundación Triángulo ha avanzado que a las jornadas técnicas sobre diversidad familiar, le seguirá un encuentro de familias LGBT de Extremadura.

El objetivo del mismo, es habilitar un espacio para que gays, lesbianas, bisexuales y transexuales con hijos donde puedan “compartir”, “hablar de sus experiencias”, “retos”, “necesidades“, y sobre todo, porque necesitan espacios donde sus hijos “compartan con otros niños que tienen modelos familiares similares a los suyos”.

Según la vicepresidenta, este es un ámbito en el que “queda mucho por hacer” porque son niños que tienen modelos familiares “distintos a los que se nos han marcado como norma“. En este sentido, ha indicado que el trabajo debe hacerse desde “muchos frentes”, entre ellos, los cuentos infantiles, los libros de texto o series de televisión, donde aparece otro “referente” de familia y sus hijos “no encuentran” su modelo familiar.

Por ello, ha añadido, es “importante” que se “mantengan” estos espacios, algo por lo que van a seguir “trabajando” ha asegurado.

Fuente 20Minutos

General Cáceres, Diversidad Familiar, Familias LGBT, Fundación Triángulo, Jornadas, Juan Bravo, Silvia Tostado