El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha desvelado hoy que el presupuesto de la Fundación V Encuentro de las Familias para construir el altar de la visita del Papa a Valencia en 2006 costó 1,5 millones de euros, mientras que facturó 1,7 millones de euros en alojamientos hoteleros.

Puig ha ofrecido estos datos en la sesión de control de las Cortes en respuesta a una pregunta de Compromís y también ha anunciado una regulación sobre las fundaciones públicas de la Generalitat, que será “de punto final del despilfarro de los recursos públicos de los valencianos” y aplicará transparencia y control en este sector.

El presidente ha afirmado que el PP convirtió la visita del Papa “en un acontecimiento de corrupción más”, que costó a las arcas públicas más de 22 millones de euros y que según el informe de la Intervención de 2010 sobre esa fundación hubo una “ausencia general” del cumplimiento de la legalidad y control en las contrataciones.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha manifestado que las fundaciones han servido para las “mangarrufas del PP” y ha revelado que la Fundación Jaume II El Just pagó 56 facturas a la empresa de catering Thematica Events por 1,6 millones de euros en menos de dos años, por conceptos como organizar el Festival de música de tecla (239.131 euros) o el evento “Multaqa“(100.000 euros).

Ferri ha agregado que esta empresa fue la elegida en agosto de 2005 por la Fundación Palau de Les Arts para la contratación urgente de los actos inaugurales del coliseo, que se abrió en octubre de 2006, a la que pagó 495.000 euros más IVA en un concurso negociado sin publicidad que “huele muy mal”.

El presidente ha afirmado que los “tiempos de vino y rosas” de las fundaciones han acabado “en una enorme resaca”, y ha considerado que el “paradigma” es la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, con datos “sorprendentes” como el coste de construir el altar o lo pagado por alojamientos hoteleros.

Además, ha asegurado que había “un dopaje institucional” a través de las fundaciones, como en la de Agua y Progreso, creada en 2004 para “abrir la guerra del agua contra el Gobierno de Zapatero”, que se dejó “en el camino” 7,2 millones de euros y que también pagó a la trama Gürtel.

El presidente ha explicado que en estos momentos hay once fundaciones públicas activas y cuatro en proceso de liquidación, que tienen contratadas a 1.200 personas (os terceras partes en fundaciones sanitarias), y ha afirmado que hay que dar “un giro de 180 grados” en la gestión “negativa” que han tenido.

Por ello, ha anunciado que la nueva ley del sector público instrumental de la Generalitat “blindará” la equiparación de las fundaciones a los mecanismos de control y tutela financiera del resto de entidades del sector público.

Así, ha adelantado que la creación de una fundación pública exigirá un plan de actuación que incluya un estudio económico financiero, y se creará una comisión de diálogo social que hará una propuesta de negociación colectiva, porque “se han acabado chiringuitos donde cada uno se pone el sueldo que quiere”.

Puig ha añadido que todas las ofertas de empleo y contratación tendrán que publicarse en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana; habrá un Registro de los entes que integran el sector instrumental y una normativa que rija la contratación como en la Generalitat, con cláusulas de responsabilidad social, y estarán sometidas a supervisión continua de la Generalitat.

Ferri ha asegurado que las fundaciones han sido “un buen caldo de cultivo” para los “chanchullos”, como en la Jaume II El Just, que contrató con una empresa del caso Taula, Thematica Events, que servía “tanto para captar contratos de la Administración pública como para blanquear las mordidas que obtenía”.

Ha afirmado que la Fundación fue “saqueada” por Vicente Burgos, ha recordado, quien pagó a Thematica Events 270 euros por un traslado de Simat a Torrelodones, 430 euros por alquilar un vehículo dos días y 364 por el arreglo de desperfectos en el vehículo, pese a ser, ha recordado, una empresa de catering.

Religión Digital/Agencias